Pero volviendo a la campaña, Alberto Fernández encabezó el relanzamiento del oficialismo con un acto en la cancha de Nueva Chicago, el jueves pasado. Estuvieron presentes Máximo Kirchner y Victoria Tolosa Paz. Frente a la militancia del Movimiento Evita y Somos-Barrios de Pie, el presidente criticó a Macri por el escandaloso préstamo contraído con el FMI, pero mientras tanto se apresta a sellar un pacto con ese organismo para pagarlo. Al mismo tiempo, su gobierno beneficia a los bancos con el negociado de las Leliq y a los especuladores en general con jugosas renovaciones de bonos de todo tipo. El proyecto de presupuesto 2022, a su turno, prevé tomar más deuda en dólares con organismos internacionales (nobleza obliga: el problema del endeudamiento es de características globales; en Estados Unidos ya supera el 100% del PBI, en Japón el 200% y en China el 300% -una eventual suba de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal norteamericana agravaría la situación).
En tanto, Diego Santilli, el candidato de Juntos por el Cambio en provincia, lanzó formalmente su campaña, junto a su rival en la interna, Facundo Manes, este viernes en Tigre. Pero su lanzamiento real fue dos días antes, en el hotel Alvear, frente a los empresarios reunidos en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP). Allí, ante los referentes de la UIA, la Bolsa, la Cámara de la Construcción, la Sociedad Rural y la Cámara de Comercio, el exvice de Horacio Rodríguez Larreta insistió en los planteos de su mentor, al reclamar una reforma laboral y fiscal, bajo el eufemismo de “consensos” en esas asignaturas. Además, el dirigente del PRO sostuvo que su fuerza acompañaría la firma de un acuerdo con el FMI, fundamentándolo en que “necesitamos políticas de Estado” (La Nación, 6/10). Es que en el desembolso a estos grandes organismos no hay grieta entre oficialismo y oposición. Esta política de sometimiento al capital financiero ha llevado al país a más de un 40% de pobreza.
Pero hay otra coincidencia entre Santilli y Fernández, ya que el primer mandatario venía de exponer él mismo en la Cámara de la Construcción, días antes. En su alocución, planteó que “el plan social debe convertirse en trabajo”, algo que repetiría luego en el acto de Nueva Chicago. El gobierno acaba de lanzar “A construir”, que en teoría “capacita” a beneficiarios de planes para su ingreso en la obra pública. Es un subsidio a las empresas, dado que el Estado solventaría, vía el plan, una parte del sueldo. No es una idea nueva: basta recordar el plan “empalme” del exministro Jorge Triaca. El planteo de la “reconversión” es una tentativa de mayor precarización de la fuerza de trabajo. En oposición a esta política, las organizaciones del Frente de Lucha Piquetero reclamaron en el “ollazo” nacional de esta semana trabajo genuino y la universalización del seguro al desocupado.
El relanzamiento electoral tuvo otro episodio en el debate de candidatos a legislador de la Ciudad de Buenos Aires. Allí, Gabriel Solano, del Frente de Izquierda – Unidad, denunció que tanto el macrismo, como el justicialismo y Javier Milei, comparten las políticas de ajuste del FMI, lo que en la Legislatura se traduce en votaciones comunes entre los dos principales bloques políticos.
En esa línea de ajuste se inscribe también el presupuesto 2022 del gobierno nacional, que plantea un recorte en términos reales en las partidas de salud. A su vez, se reducen los subsidios empresarios a compañías de servicios, pero con la perspectiva de habilitar tarifazos contra la población. El kirchnerismo ha planteado la posibilidad de establecer correcciones a la propuesta del ministro Martín Guzmán en el Congreso, pero no se alterará su contenido fundamental, el de ser un presupuesto de compromiso con el FMI.
A propósito del Congreso, esta semana la Cámara de Diputados debía tratar la ley de etiquetado frontal, que busca advertir sobre ciertos productos que pueden ser dañinos para la salud. Pero no hubo quórum. Juntos por el Cambio, haciéndose eco de la oposición de algunas empresas, boicoteó la sesión. En el Frente de Todos también hubo deserciones claves, y el jefe de gabinete Juan Manzur, hasta hace poco gobernador de Tucumán, es un lobista de la industria azucarera.
El gobierno ajustador de los Fernández es sostenido por todas las fracciones de la CGT, que no mueven un dedo por las reivindicaciones de los trabajadores pero preparan una movilización el 18 para apuntalar al presidente. Los medios informan que la cúpula cegetista se siente a gusto con la designación de Manzur. No obstante, las peleas de camarillas continúan en el seno de la burocracia: el reciente congreso de la CATT, que nuclea a los sindicatos del transporte, culminó con la salida de La Fraternidad y la UTA.
Frente a los partidos patronales, que impulsan el ajuste y el acuerdo con el Fondo, el FIT-U dará pelea con un programa de los trabajadores. Las actividades ya están en marcha, como la recorrida por Merlo que llevó a cabo Néstor Pitrola, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, junto a Flavia Tesone y la militancia de ese municipio.
Las posiciones que el FIT-U conquiste en noviembre serán una tribuna de desenmascaramiento del régimen y estarán al servicio de los reclamos populares y de las luchas.
Buen domingo.
Gustavo Montenegro
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