Culminó este viernes la séptima jornada de la primera megacausa por delitos de lesa humanidad en Tucumán. Con 41 represores sentados en el banquillo juzgados por un total de 235 víctimas, fue el turno de las declaraciones indagatorias de 14 de los imputados. Si bien se abstuvieron de ejercer ese derecho, varios afirmaron “desconocer” los motivos por los que se los juzga. En las primeras jornadas la fiscalía presentó un completo informe preliminar sobre el esquema de funcionamiento coordinado de Centros Clandestinos de Detenciones en la provincia que ayuda a entender la magnitud de la megacausa. Por ContraPunto – RNMA
Por ANRed - Sur (redaccion@anred.org)
Tucumán fue, a partir del Operativo Independencia que se inició en 1975 -por decreto durante la presidencia de María Estela Martínez de Perón-, el banco de pruebas de la represión ilegal que ya se había iniciado con la triple A y los grupos de tarea en varias provincias.
La megacausa que inició el pasado 12 de noviembre tiene una importancia central para la provincia, ya que es la oportunidad de ofrecer un panorama completo del funcionamiento del aparato represivo. “La megacausa es un punto de inflexión en nuestra provincia. La envergadura que tiene no ha cumplimentado lo que tuvimos hasta ahora. Nosotros pasamos por varios juicios ya, -este va a ser el sexto en la provincia por delitos de lesa humanidad-, pero en esta causa estamos hablando de 235 víctimas, estamos hablando de los dos centros clandestinos de detención (CCD) más importantes de la provincia”, manifestó Natalia Ariñez de HIJOS Tucumán.
En el año 2010, durante el juicio contra 5 represores, el testigo Juan Carlos Clemente, sobreviviente del CCD que funcionó en Jefatura de Policía, aportó un listado sustraído de la Oficina de Archivos del Servicio de Información Confidencial de ese lugar. Allí estaban los nombres de 293 personas que pasaron por Jefatura, las cuales además de numeradas tenían anotadas a un costado las palabras “libertad” o “PEN” o “DF”.
En la jerga de los genocidas, “DF” era cuando se definía que a esa persona se la asesinaba o desaparecía. “PEN” era para quienes eran “puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional”. Una muestra pequeña de la magnitud e impunidad con la que ejecutaron el genocidio.
El juicio de Jefatura en el 2010 permitió visualizar el plan y la sistematicidad del exterminio en la provincia, que además figura en los propios documentos militares de la época, pero la actual megacausa complejizará y ampliará lo que se conocía hasta el momento.
El circuito
Los fiscales ad-hoc Pablo Camuña y Patricio Rovira presentaron en la audiencia un informe que incluyó un esquema del funcionamiento coordinado de los distintos CCD. El croquis –que es considerado provisorio-, fue realizado según la prueba recolectada en la etapa de instrucción y que puede enriquecerse o cambiar conforme se vaya desarrollando las audiencias y declaraciones.
El Arsenal Miguel de Azcuénaga (1976 – 1978) funcionó como Centro Clandestino de Detención (CCD) de cientos de víctimas del terrorismo de estado. El mismo es considerado el más grande del NOA ya que cumplía una función de campo de exterminio: allí se ejecutaba y se enterraba clandestinamente a los detenidos desaparecidos provenientes de otros CCD (como EUDEF, Reformatorio, El Motel) e incluso de otras provincias. Quienes intervenían en el Arsenal eran personal del Ejército, principalmente del Destacamento de Inteligencia 142, encargados de extraer informacion mediante la tortura de los cautivos.
El CCD Arsenal funcionaba coordinadamente con Jefatura de Policía y ambos a su vez articulados con el llamado "Puesto de Comando Táctico" del ex ingenio Nueva Baviera (Famaillá) desde donde se remitían personas secuestradas en el sur de la provincia, por la policía o por las "Fuerzas de Tarea" que operaban en Caspinchango y Santa Lucía.
El Fiscal Camuña explicó que esta es una descripción "desapasionada y aséptica de un aparato criminal total montado sobre la estructura del estado con un altísimo nivel de eficacia y profesionalismo, cruzando las intervenciones de fuerzas armadas y de seguridad en un órgano (la Comunidad Informativa) encargado de decidir la vida o la muerte de miles de opositores políticos".
Bajo el mando de la Vta. Brigada, precisamente en la llamada "Comunidad Informativa" se definía el destino de los detenidos-desaparecidos: “Libertad”, “DF” o “PEN”. Podían ser liberados, llevados a la cárcel de Villa Urquiza ("blanqueados" por la intervención de la Justicia Federal) o asesinados y desaparecidos, muchos de ellos en el propio Arsenal. El Equipo Argentino de Antropología Forense rescató casi intacta una de las cinco fosas comunes descubiertas en el Arsenal, y ya se identificaron 12 de los cuerpos inhumados clandestinamente con signos de haber sido ejecutados.
Ariñez sostiene que con la megacausa se va a “demostrar el circuito represivo, donde se utilizó a los centros clandestinos de detención como herramientas para el exterminio. También se demuestra que fue un genocidio, porque en la causa los imputados están procesados en el marco de un genocidio, no solamente se cometieron delitos de lesa humanidad”.
Las 235 víctimas de esta megacausa son algunas de las sufrieron este circuito represivo, desde el cual los que hoy se encuentran sentados en el banquillo de los acusados llevaron adelante su plan sistemático de exterminio para desarticular las organizaciones obreras y aniquilar las organizaciones revolucionarias y populares. A pesar de alegar desconocimiento, hay verdades que ya no se podrán ocultar.
ContraPunto – Prensa Alternativa
Integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos
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