Represión modelo 2012

Desde 2010 en nuestro país se observa un fenómeno de crecimiento de la conflictividad sindical que va de la mano con un ascenso de la represión como respuesta. Hay una diversidad de posibilidades que expresan las salidas represivas y presentan aristas políticas, judiciales, policiales y parapoliciales que suelen ir de la mano.
Al repasar los números que expresan la conflictividad sindical encontramos que el aumento entre 2010 y 2011 fue de un impactante 96%. Las cifras difundidas por el Observatorio del Derecho Social de la CTA expresan que mientras que en 2010 se relevaron un total de 385 conflictos, en 2011 la cifra relevada llegó a un total de 754. Esta tendencia en 2012 se mantiene y nos presenta diariamente un panorama complejo que muestra protestas causadas por reclamos por salario, por reconocimiento de derechos, por el fin de tercerizaciones, por condiciones laborales, por situaciones de precarización, por despidos, por persecuciones a activistas, etc.
El aumento de la conflictividad tiene causas concretas de fondo. Al revisar estudios estructurales hallamos que en los últimos dos años, según un trabajo realizado por la Revista “Apuntes para el Cambio” de FLACSO, se encuentra en caída la participación de la masa salarial que reciben los trabajadores en el valor agregado. Desde 2009 a 2011 se han perdido 2,8 puntos porcentuales, cayendo a valores por debajo de los existentes en 2006. La estadística se combina con lo que el economista Rolando Astarita define como un proceso en el que “el capital necesita bajar los salarios para recuperar competitividad en el mercado mundial”. La competitividad conseguida a costa de reducir salarios encuentra su némesis en el crecimiento de los conflictos gremiales.
El cambio de perfil de un gobierno que hasta hace unos años sostenía fervientemente que no reprimiría la protesta social, se hace evidente al repasar los hechos sucedidos en los últimos meses. Sin ánimo de hacer una revisión exhaustiva, sino más bien una muestra representativa, podemos mencionar que se reprimieron protestas de trabajadores estatales en Córdoba, Neuquén, Jujuy, Chaco y Chubut. Además se reprimieron protestas encaradas por trabajadores tercerizados en la Ciudad de Buenos Aires (Aerolíneas Argentinas, Molinos), Salta (ingenio El Tabacal) y Chubut (Cerro Dragón). También se reprimieron protestas de Camioneros en Trelew, de beneficiarios de planes Argentina Trabaja en Pacheco y la reciente a trabajadores de la Cooperativa de Transporte Estrella del Norte en Salta. Estos hechos, a los que se les podrían seguir sumando distintos episodios, demuestran que las provincias y la nación optaron por la salida represiva para encausar la protesta social ascendente.
Es muy importante contextualizar este avance represivo a los trabajadores que se organizan. Mientras palos y balas de goma abundan, avanzan los juicios al ex presidente Fernando De la Rúa por los sobornos pagados para flexibilizar derechos laborales y a José Pedraza por el asesinato de Mariano Ferreyra en una lucha por el fin de las tercerizaciones en el Ferrocarril Roca. Ambos juicios, que de prosperar pueden ser ejemplificadores por el entramado político sindical que atacan, no tienen correlación en las políticas de gobierno y con el perfil represivo consolidado en 2012. Muchas de las políticas de precarización del empleo que se impusieron en los noventa siguen intactas y son las mismas que se aplican hoy para aplicar ajustes sobre los trabajadores. Como ejemplo podemos destacar el caso de las tercerizaciones laborales que siguen siendo una de las mayores causas de conflictividad sindical que termina en duras represiones. Esas tercerizaciones, que se repiten indiscriminadamente en el sector público y en el sector privado, no han sido abordadas por la legislación de la década kirchnerista a pesar del proyecto legislativo impulsados por el Diputado Facundo Moyano, integrante del propio bloque del FPV.
La represión encarnada por los aparatos represivos del Estado muestra sólo una parte del fenómeno. Otra arista del tema, se encuentra en el recrudecimiento de las patotas sindicales que funcionan como suerte de grupos parapoliciales y que se encargan de aleccionar a aquellos que no responden a las direcciones gremiales burocratizadas. Patotas de la UTA, del SUTNA, de la Unión Ferroviaria y de la UOCRA en los últimos días se han hecho presentes para reprimir a quienes expresan posiciones sindicales que no responden a los acuerdos entre los gremios y las patronales. Las patotas, que buscan imponer el orden de la dirección sindical, son un primer paso represivo que se complementa con los despidos a quienes se organizan. Patotas y despidos consensuados con las dirigencias gremiales expresan el nudo de los acuerdos entre gremios burocrtizados y patronales opresoras.
Es importante destacar que los conflictos sindicales en muchas ocasiones no terminan simplemente en la represión a quienes protestan, sino que tiene continuidad en un proceso judicial. Actualmente detectamos más de 6 mil personas procesadas por participar de distintas protestas sociales. Esta tendencia a la judicialización de la protesta, encuentra un marco propicio de crecimiento para la criminalización en la ley antiterrotista aprobada en diciembre de 2011. La pata judicial no es menor y se hace una realidad concreta en la gran cantidad de trabajadores procesados en los gremios combativos. Las sanciones judiciales a trabajadores, se combinan con las sanciones del Ministerio de Trabajo a los gremios que persisten en posturas combativas y terminan de conformar un sistema de represión complejo. El Ministerio de Trabajo que en 24 horas puede imponer una multa millonaria a un sindicato, no es capaz de sancionar a empresas que se niegan a pagar salarios de convenio a sus trabajadores o los despide discriminatoriamente. Sanciones expeditivas para trabajadores, omisiones para empresas.
El aparato represivo del Estado, las patotas sindicales, la criminalización de la protesta y las sanciones del Ministerio de Trabajo es el combo al que se enfrentan los trabajadores y sus organizaciones cuando salen a la calle en la búsqueda de derechos y la defensa del salario. El 2012 consolida el aumento de la conflictividad sindical y la respuesta está a la vista.

Jorge Duarte
Marcha - ANRed