¿La Fragata Libertad en los tribunales imperialistas?

El affaire sobre la Fragata Libertad disparó otra disputa en el gabinete gubernamental, salpicando al canciller Héctor Timerman, al ministro de Defensa Arturo Puricelli y al secretario de Comercio Guillermo Moreno.
Alineado con la ministra de Seguridad Nilda Garré, el periodista Horacio Verbitsky adjudicó las culpas en Puricelli por una “renacida autonomía castrense” de las FF.AA. en el trazado de los itinerarios marítimos (Página/12, 14/10). Acaso como secuela del amotinamiento de gendarmes y prefectos, que también prendió una brasa en los marinos, fueron expulsados el jefe de la Armada y dos altos oficiales jerárquicos, mientras su ex titular, el almirante Godoy, acusó la responsabilidad de la Cancillería. La fragata que lleva su nombre en “homenaje” a la Revolución Libertadora fue retenida en Ghana, tras una acción judicial elevada por el fondo buitre Elliot Management Corp.–NML, que amenaza con un embargo como prenda de cambio de su reclamo por el pago de bonos de deuda externa en su poder por U$1.600 millones. Los bonistas de NML extendieron una “oferta” por U$20 millones en concepto de fianza para permitir zarpar a la nave, un chantaje inaceptable que sentaría precedente sobre la “legitimidad” de su demanda.
La justicia comercial de Ghana sostiene que Argentina habría cedido la inmunidad diplomática de jurisdicción que confiere la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar a los barcos de guerra, cuando emitió los bonos que detenta en su poder NML. Como señala una fuente del Ministerio de Defensa, la causa de que la Fragata se encuentre en Ghana fue “producto de la responsabilidad de quienes renunciaron en forma amplia a inmunidades de bienes para garantizar la emisión de bonos de deuda que contrajeron y que nunca pagaron” (La Nación, 15/10), aludiendo claramente a Menem, virtual aliado K.
Impulsando el canje de deuda externa, los Kirchner “honraron” esa deuda fraudulenta, concediendo un negocio fabuloso a los bonistas (predominantemente bancos y fondos de inversión) que compraron esos títulos depreciados por centavos, con el consentimiento de Verbitsky y los feligreses nac. & pop, bajo el cuento del “desendeudamiento”.
Pero NML forma parte de la American Task Force Argentina (ATFA), el grupo de lobbistas que no entró en el canje de deuda en 2005 y 2010 exigiendo mayores beneficios. Por medio de sus autoridades, Robert Shapiro y Nancy Soderberg, ATFA tiene múltiples vínculos con el gobierno de Obama y el partido demócrata. No fue casual que el secretario de Asuntos Públicos del Departamento de Estado, Michael Hummer, desprendiera formalmente la responsabilidad de EE.UU. en el affaire a la vez que exhortó a “normalizar la situación de Argentina con sus acreedores” (La Nación, 15/10).
El gobierno “nacional y popular” cerró la boca, envió a sus funcionarios a sortear la maniobra del fondo buitre y declaró por medio del jefe de la Comisión de Cascos Blancos, Gabriel Fuks, que recurrirá a “los tribunales internacionales” (La Nación, 16/10). La subordinación a los tribunales imperialistas no es nueva. Desde 2005 el gobierno dejó en manos del CIADI, organismo de arbitraje del Banco Mundial, los litigios con Électricité de France, SAUR International, León Participaciones, así como de otras seis empresas extranjeras instaladas en el país, que obtuvieron sentencias favorables por más de U$1.000 millones.
La épica de “soberanía” propagada tras la expropiación parcial de YPF reveló su verdadera esencia pro imperialista en el acuerdo con Chevrón y otras petroleras norteamericanas. Es el gaje y oficio de un gobierno de “pequeña política”, que como señalaba Antonio Gramsci, apunta a “la conservación del status quo ya existente”.

Miguel Raider