Testimonio de la primera testigo en el juicio por delitos de lesa humanidad en Salta.
“Irma Rosa, viuda de Jaime”, se presentó la primera testigo de la jornada de la víspera en el megajuicio que por delitos de lesa humanidad se lleva a cabo en Salta. Irma Rosa Chica rompió un silencio de más de 30 años para dar su testimonio ante el Tribunal en lo Federal. Acusó a los ex jefes policiales Joaquín Guil, Roberto Arredes, Enrique Trovatto y Abel Vicente Murúa de ser algunos de los autores del homicidio de su marido, el periodista y militante peronista Luciano Jaime, cometido entre el 12 y el 14 de febrero de 1975.
Guil está siendo juzgado por el secuestro y asesinato de Jaime. Arredes, recién comienza a ser investigado. Murúa y Trovatto están fallecidos.
“La Policía me lo ha matado. En ese entonces estaba un grupo, yo me acuerdo de 4 nombres pero era un grupo, que era una mafia que estaba metida en la Central (de Policía). Había sucuchos así, ahí picaneaban, torturaban a la gente”, aseguró Chica. Dijo que estas prácticas se aplicaban a los presos por razones políticas y los presos comunes, como en 1982 le pasó a su hermano, quien fue detenido acusado falsamente por un robo y sufrió la tortura.
Sobre la desaparición de su marido, Chica recordó que el 12 de febrero, cuando no regresó de su trabajo en el diario E Intransigente, se preocupó mucho porque no era común que no le avisara. Por eso comenzó a buscarlo esa misma noche. Al otro día difundió un comunicado de búsqueda de persona. El 15 la llamaron de la Central para que fuera a reconocer la ropa que supuestamente se había encontrado con los restos del cuerpo de Jaime, sometido a una explosión en el paraje El Encón Chico. “Entro y nada más ver la ropa, la reconocí”. “Me puse tan mal que empecé a gritar, porque yo me di cuenta quiénes lo habían matado”.
Chica recordó que su marido le dijo que vio en la Jefatura a Eduardo Fronda, el militante peronista que apareció asesinado el 8 de enero de 1975, sobre el que Jaime hizo la cobertura en El Intransigente y que al parecer fue uno de los motivos de su muerte. “La Policía le tenía bronca a él, le tenía una bronca espantosa, porque no podía pegar un soplido y ya se enteraba él, se enteraba de todos sus chanchullos”, aseguró.
Añadió que después del homicidio supo que Jaime se preparaba a exiliarse en Cuba, y que su salida se demoró porque pretendía ir con ella.
Chica fue secuestrada, unos seis meses después. Un grupo de hombres, ella está segura que eran policías, irrumpió en su casa a eso de las 2,30, le robaron joyas y libros que eran de Jaime y se la llevaron; “semidesnuda”, la arrojaron en la caja de una camioneta que usaba el Ejército, le taparon la boca con trapos y la sacaron hasta un monte, por la zona de Atocha, donde le exigieron que se pusiera de rodillas y comenzaron a alejarse apuntándole con armas largas tipo ametralladoras PAM: “Me encomendé a Dios porque yo no tenía culpa de nada, siempre he sido pobre”, recordó antes de largar el llanto. Pidió disculpas y siguió: “Doy gracias a Dios que no me mataron. Me dejaron tirada ahí. Si me mataban, bueno. Porque ellos eran dueños y señores de la vida de la gente. (…) Han hecho lo que se le ha dado la gana. ¿Por qué (mataban a la gente)? Por sus ideas. Entonces no se puede tener una idea. Hay que ser como ellos, maleantes, asesinos. Jamás en la vida he visto una cosa tan aberrante así”.
Un sumario de inconsistencias
El policía retirado Modesto Casimiro dijo ayer que no es suya la firma que aparece en el acta que da inicio al sumario policial comenzado el 14 de febrero de 1975, tras el hallazgo de los restos del cuerpo del periodista Luciano Jaime, en el paraje El Encón Chico, jurisdicción de Campo Quijano.
Esta es una más de las irregularidades del sumario realizado por el oficial auxiliar Víctor Hugo Almirón en la órbita de la Dirección de Contralor General, cuyo jefe era el comisario Roberto Arredes, uno de los sindicados como responsables del homicidio de Luciano Jaime.
Casimiro empezó su declaración contradiciendo afirmaciones que constan en el sumario. El querellante Matías Duarte le pidió que reconociera la firma en el acta del 14 de febrero de 1975, realizada por el suboficial Rómulo Sosa, y en cuyo pie aparece un Casimiro, como testigo presencial. El policía la desconoció: “Yo tengo otra firma”, insistió.
En esa época Casimiro era agente en el Destacamento de San Luis. Ayer recordó que ni bien tomó el turno del 14 de febrero, a las 7, recibió la orden de ir a inspeccionar el lugar donde el empleado rural Mariano Padilla había hallado los restos humanos. Aunque le hicieron notar que en el acta que se indica que la Policía recién se anotició de este hecho a las 18 de ese día, el policía insistió en que fue por la mañana. Tampoco recordó haber visto en ese lugar la ropa (retazos de una camisa y un pantalón) que figura en el acta como encontrada allí mismo y por la que la mujer de Jaime pudo reconocerlo.
El cuerpo de Jaime fue sometido a una explosión. Se estima que antes fue asesinado a tiros, porque se encontraron 5 vainas servidas calibre 11.25. El médico legal Ernesto Gómez, que realizó la autopsia, sostuvo que la muerte se produjo entre las 21 y 23 del 12 de febrero (la misma noche en que fue secuestrado), y que ya había comenzado el proceso de descomposición.
Casimiro dijo que no había olor, que los restos no parecían estar en descomposición, y que la explosión parecía reciente.
Las “inconsistencias” entre el relato del testigo y el sumario policial motivaron a la querella a pedir una nueva declaración de Gregorio Galo Rodríguez, del Cuerpo de Bomberos, quien inspeccionó el lugar donde se encontraron los restos.
El sumario tiene más anomalías: al comienzo los actuarios sostienen que interviene el juez de instrucción provincial Carlos Ulivarri; pero el 17 de febrero mencionan como actuante al juez federal Ricardo Lona. Y casi todos los informes son reenviados al director de Seguridad, Joaquín Guil, que está (precisamente) siendo juzgado ahora como uno de los autores del homicidio de Jaime.
Elena Corvalan
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