El decreto 1772 que obliga a petroleras y mineras a liquidar sus dólares en el país y la resolución para que las aseguradoras repatríen sus activos en el exterior fueron forzadas por la incesante fuga de capitales, pero sirven para ganar autonomía en plena crisis internacional. También eliminan algunos de los privilegios que esos sectores mantienen frente a otros rubros de la economía. Para evitar una devaluación o un nuevo ciclo de endeudamiento, el kirchnerismo deberá regular las remesas de utilidades de todas las multinacionales.
“Lo que hacen las mineras es picar pedazos de los Andes, embarcarlos hacia el mundo desarrollado y guardarse afuera del país las divisas que consiguen a cambio”. La definición, simplista pero lapidaria, no es de Pino Solanas, de Luis Zamora, ni de una asamblea de campesinos envenenados con cianuro. Es de Miguel Bein, ex funcionario de la Alianza y uno de los consultores más cotizados de la City porteña. La soltó en un seminario del Banco Central, dos años atrás, cuando arreciaban las críticas por izquierda contra el kirchnerismo por su alianza política y económica con las multinacionales mineras.
El decreto 1772, publicado dos días después del triunfo de Cristina Kirchner con el 54% de los votos en las presidenciales, puso fin a uno de los privilegios más escandalosos reservados a las mineras y las petroleras durante toda la década de la posconvertibilidad: el derecho a no liquidar en la Argentina los dólares que obtuvieran por sus exportaciones. Gracias a leyes menemistas ratificadas durante el interinato de Eduardo Duhalde y en los inicios del mandato de Néstor Kirchner, las petroleras sólo debían traer el 30% de lo facturado afuera y las mineras, absolutamente nada.
Como la estatización de las AFJP, que Kirchner había prometido en su plataforma de 2003 y que recién se ejecutó en 2008, cuando hizo falta dinero fresco para capear el crac estadounidense, esta norma surgió al calor de la incesante fuga de capitales de 2011, que consumió todo el superávit de la balanza comercial y que obligó al Banco Central a deshacerse de más de 2 mil millones de dólares para satisfacer el apetito dolarizador de los ahorristas y los bancos. Pero no por improvisada deja de ser justa para todos los demás exportadores, que sí debieron cambiar en la plaza local cada billete verde que obtuvieron en estos años por sus granos, sus cereales, sus bienes industriales o sus servicios vendidos al extranjero.
Respuestas a la norma
Según las cuentas del Central, la nueva norma inyectará en el mercado doméstico unos 4 mil millones de dólares por año. A eso se suman los casi 1.600 millones que deberán cambiar por pesos en los próximos 50 días las aseguradoras nacionales en virtud de una resolución aprobada el mismo día por la Superintendencia de Seguros. Combinadas, ambas decisiones equivalen a que el BCRA venda 60 millones de dólares por día hábil hasta fin de año.
La cifra luce exigua frente a una salida de divisas que la consultora Ecolatina calcula en 22 mil millones de dólares para todo 2011. Pero atenúa las expectativas de devaluación para el futuro inmediato y hará que el Central deba sacrificar menos reservas para frenar una suba de la moneda norteamericana, como viene haciendo hasta ahora.
En las horas que siguieron a la publicación del decreto 1772, llamó la atención que las petroleras no protestaran por el “cambio de reglas de juego” ni la “inseguridad jurídica”, como suelen hacer los lobbies más concentrados ante cualquier medida que pueda llegar a rozar sus intereses. La pasividad tiene que ver con la caída de sus exportaciones en los últimos tres años, producto del agotamiento de los yacimientos descubiertos décadas atrás por la YPF estatal. Como hubo que importar cada vez más gas y fueloil para alimentar el crecimiento de la economía, la balanza energética se tiñó se rojo y el déficit ya supera los 3 mil millones de dólares en lo que va de 2001, según el INDEC.
Las mineras, en cambio, sí encendieron algunas alarmas por la medida. Pero no harán escándalos: saben que la onza de oro trepó de 640 dólares en 2007 a más de 1.700 este mes. Y que el cobre pasó en el último año de 7.500 a 8.700 dólares por tonelada. También son conscientes de que el único beneficio que les recortaron fue el cambiario. Siguen pagando poco y nada de Ganancias, ingresos brutos, retenciones, IVA y hasta impuesto a los sellos. Apenas dejan regalías a las provincias por un máximo del 3% del valor exportado en boca de mina, que además informan ellas mismas, sin que medie inspección alguna por parte del Estado.
¿Se profundizará el modelo?
Para cortar de cuajo esos privilegios habría que reformar o derogar la Ley de Inversiones Mineras, redactada por el menemismo en 1994, apoyada por el resto del arco parlamentario y ratificada por Duhalde y Kirchner. La sociedad, sin embargo, no parece demandar esa “profundización”. Que José Luis Gioja, personero indisimulado del sector minero, haya obtenido su re-reelección en San Juan con un 68% de los votos, es la prueba más cabal de ese desinterés.
A nivel macroeconómico, el bálsamo del decreto 1772 no durará por siempre. Si se mantiene el actual ritmo de fuga de divisas y el Gobierno no quiere devaluar bruscamente ni embarcarse en un nuevo ciclo de endeudamiento, deberá avanzar sobre la Ley de Inversiones Extranjeras, herencia de la última dictadura. Es la norma que permite la libre remisión de ganancias de las multinacionales hacia sus casas matrices. Remesas que el año pasado, dicho sea de paso, consumieron la mitad del superávit comercial. Habrá que ver si el 54% alcanza para tanto. O si lo quieren hacer alcanzar.
Alejandro Bercovich
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