En lo que va del año, más de cien familias de pequeños productores recibieron intimaciones y órdenes judiciales para desalojar sus chacras. El modelo forestal avalado por el gobierno de Misiones, por medio de poderosos privados subsidiados por el Estado, sigue enviando poblaciones rurales a las villas para liberar miles de hectáreas y seguir impregnando las colonias de monocultivo. La complicidad de jueces y funcionarios confronta con la resistencia de los campesinos de 25 de Mayo, Mártires y Libertad.
En la recordada pelea entre el gobierno nacional y los agroexportadores de soja, una de las palabras que más se instaló en el debate fue "monocultivo". Se escucharon fuertes- y fundamentados - pronunciamientos oficiales en contra de los monocultivos. Se sabe: las grandes extensiones de un solo tipo de cultivo atentan contra la diversificación productiva pero también: expulsan poblaciones enteras de las chacras y campos, impregnan de agrotóxicos los suelos y propician la concentración de tierras en manos de unos pocos terratenientes.
De aquel fustigamiento, como un niño bien escondido jugando a la embopa, Misiones salió indemne: el gobernador Maurice Closs pudo mantener durante el conflicto su apoyo al gobierno nacional a pesar de que la provincia que gobierna basa su economía en el monocultivo de pino, según los especialistas incluso más nocivo que la soja, por su gigantesca absorción de agua. Astutamente, en Misiones al monocultivo se le llama "forestación", y es esta diferencia semántica un escudo que hasta ahora dio resultado: el gobierno nacional no se mete con los terratenientes forestales de Misiones ni cuestiona la política asumida por el gobierno provincial.
La provincia cuenta hoy con 400 mil hectáreas forestadas, lo que equivale al 13% de la superficie total de la provincia, y una proyección de incrementar en al menos otras 200 mil hectáreas esa superficie de monocultivo a mediano plazo.
Mientras, en lo que va de 2010 ya se conocieron casi cien casos de familias que en distintos parajes rurales de la provincia fueron intimadas para desalojar sus chacras e "invitadas" a correr el destino que sufrieron otras miles de familias exiliadas a la fuerza en pos del crecimiento forestal: dejar la producción de alimentos para terminar en villas y asentamientos urbanos como mano de obra barata, vaya paradoja, de las empresas forestales.
El Paraje Maybau se encuentra sobre la ruta 14 en el municipio de 25 de Mayo. Allí, 20 familias campesinas recibieron en abril de este año órdenes de desalojo libradas por Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 1 de Oberá. Son colonos que producen maíz, mandioca, hortalizas, leche, y en menor medida tabaco ("para tener la obra social"). Familias numerosas que viven y producen allí desde hace entre 10 y 20 años. El dueño de las 20 chacras que se pretenden desalojar, es según los registros catastrales el ciudadano Jorge Ribeiro, ex habitante del paraje. Las órdenes judiciales fueron libradas por el actualmente cuestionado - varios abogados obereños acaban de denunciarlo por irregularidades en otros casos - juez Ricardo Cassoni.
"Ya se fueron del paraje tres familias, que se asustaron al recibir las órdenes. Les dieron un terreno en una villa del otro lado de la ruta. Eso quieren hacer con nosotros, sacarnos de acá para plantar pino y que nos vayamos a las villas, eso están haciendo en toda la provincia: sacar al productor para llenar de pino. Nosotros estamos dispuestos a resistir porque no sabemos vivir de otra cosa, no queremos ir a una villa donde no podemos plantar nada ni tener animales, queremos futuro para nuestros hijos" le dijo a Superficie el colono Eloir Porfidio Piñeiro, uno de los que recibió la orden.
Mientras, en Mártires, sobre la ruta 103, 15 familias productoras y toda la comunidad aborigen Yatemy están siendo intimidadas por la policía local para ir desalojando sus chacras. En este caso, denuncian los productores, las intimaciones llegan con anuencia del intendente del municipio, Jorge Goncalves, quien mantiene un probado vínculo con quien se autoproclama dueño de esas chacras: Alberto Urrutia, un conocido terrateniente de la Zona Centro. "Varias veces vimos a Urrutia entrando a la oficina del intendente. Y este año comenzaron a enviarnos citaciones para acudir a la comisaría. Allí, a los que fueron les dijeron que se vayan, porque eran tierras privadas. Pero en la Dirección General de Catastro consta que son tierras fiscales. Nos quieren mandar a las villas" indicó uno de los colonos afectados, Orlando Vallejos. Estos vecinos de Mártires, también ya se plantaron en pie de guerra contra las intimidaciones, y vienen realizando asambleas y sumando adhesiones.
Y en el norte provincial, más precisamente en los parajes Tirica y Nueva Libertad (ambas del municipio de Puerto Libertad), medio centenar de familias se ve envuelta a diario en la lucha contra las topadoras, la Gendarmería y la Policía que la empresa chilena Alto Paraná les envía para expandir sus propiedades y seguir plantando pino en un pueblo que les pertenece catastralmente a los chilenos en un 85%. "Esta lucha tiene diez años ya. Mucha gente tuvo que irse en ese tiempo.
Productores que nunca más vuelven a producir. Familias que se destruyen. No queremos eso para nuestros hijos y por eso resistimos. El monocultivo y el modelo forestal están arruinando a los pequeños productores, generando pobreza y desocupación en toda la provincia para que unos pocos ganen más dinero" dijeron desde el Movimiento Sin Tierra de Libertad.
Agencia Rodolfo Walsh
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