Los niños apropiados en Campo de Mayo

Los represores Antonio Bussi y Santiago Onar Riveros otra vez a juicio.

La Cámara Federal rechazó un planteo de nulidad de la defensa de los dos jefes de la represión y confirmó que van a juicio. También serán juzgados dos médicos.
El ex gobernador tucumano Antonio Domingo Bussi y el ex jefe de Campo de Mayo Santiago Omar Riveros irán a un nuevo juicio oral, esta vez por apropiación de bebés en esa guarnición durante la dictadura. Así lo confirmó la Cámara Federal porteña, que rechazó los planteos de nulidad formulados por las defensas de los represores y de dos médicos acusados en la causa.
Riveros fue titular del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo y Bussi segundo comandante, luego de haber estado a cargo en Tucumán del Operativo Independencia. Los médicos acusados son Jorge Habid Haddad, que se de-sempeñó como subdirector del Hospital Militar de Campo de Mayo, y Ramón Oscar Capecce, ex jefe del Servicio de Cirugía, ambos a cargo de la maternidad clandestina donde las mujeres secuestradas dieron a luz a sus hijos luego apropiados.
Los represores deberán responder por los delitos de “sustracción, retención, ocultamiento y supresión de identidad” de los bebés nacidos en Campo de Mayo entre 1976 y 1978. Los casos concretos que se ventilarán en el juicio oral ahora confirmado son el robo de los bebés de María Eva Duarte de Aranda, Marta Graciela Alvarez, Susana Stritzler, Myriam Ovando y Liliana Isabel Acuña.
Los abogados defensores de los acusados habían pedido la nulidad de las elevaciones a juicio, aduciendo que los pedidos de la fiscalía y de los querellantes –entre quienes están la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y Abuelas de Plaza de Mayo– eran “imprecisas”.
Sin embargo, la Cámara Federal señaló que no encontró “defectos formales que justifiquen la sanción procesal pretendida”. El fallo fue firmado por los jueces Eduardo Farah y Jorge Ballestero.
Bussi tiene en el haber una condena a prisión perpetua, que cumple en un country de Yerba Buena, en Tucumán. Riveros, que también fue condenado a cadena perpetua por violaciones a los derechos humanos, consiguió que la Cámara de Casación le concediera el beneficio de la prisión domiciliaria.

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