La prohibición de sacar madera de sus propias tierras transformó en delincuentes a muchos de sus habitantes, algunos de los pobladores más pobres de la Argentina.
Salta - Atilio Anakin:, de 22 años, caminó más de 20 kilómetros con su familia. Salió del paraje Desemboque para llegar a Balbuena, sobre la ruta provincial 135. Buscaba documentos para su mujer y sus cuatro hijos. Dos de ellos están en edad escolar, pero nunca asistieron a clases. Tres estaban descalzos y dos desnudos de la cintura para abajo. Atilio se decidió a sacar los DNI después de pasar ocho días preso, “por sacar del monte 125 estacones de quebracho”, dijo. Sabe que sin documentos no hay asignación universal, beneficio que nunca pudo cobrar. Su única fuente de ingresos se volvió un delito hace unos meses y nadie le dio la oportunidad de trabajar en otra cosa. Igual que Atilio Anakin, cientos de salteños, que viven en las 643.000 hectáreas de los lotes fiscales 55 y 14, en Santa Victoria Este, sufren la persecución del Estado por extraer madera de sus tierras.Un fallo de la Corte Suprema hizo lugar a una medida cautelar que prohibió la actividad forestal en los departamentos salteños de San Martín, Rivadavia, Orán y Santa Victoria hasta agosto de 2009. A partir de ese momento, la extracción de madera quedó restringida por efecto de la reglamentación de la ley de ordenamiento territorial de la Provincia. La medida impide toda actividad productiva en las zonas identificadas con el color rojo y parcialmente en las zonas de color amarillo.
Con esto, Salta cumplió con lo dictado por la ley nacional de bosques y accedió al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, que distribuye entre las provincias que adhieran a la norma nacional cerca de mil millones de pesos al año. Esos fondos, administrados a través del Ministerio de Medio Ambiente salteño, a cargo de Francisco López Sastre, son los que se entregaron a comunidades aborígenes locales, con la representación de organizaciones sin fines de lucro. Según publicó DIARIOS LOCALES, Fundapaz (Fundación para el Desarrollo en Justicia y Paz) y Asociana (Acompañamiento Social de la Iglesia Anglicana del Norte Argentino) obtendrían como intermediarios el 40% de los fondos en conceptos de viáticos y honorarios. El destino de los fondos también es investigado hoy por la Justicia, por supuestos desvíos y presuntas adjudicaciones a personas ya fallecidas.En los lotes 55 y 14, identificados con los colores rojo y amarillo, viven 52 comunidades indígenas de cinco etnias distintas y 462 familias criollas instaladas desde 1906. La prohibición de sacar madera de sus propias tierras transformó en delincuentes a muchos de sus habitantes, algunos de los pobladores más pobres de la Argentina.
Publicado por EL AWKA en jueves, agosto 04, 2011
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