Para corregir el término dado a los mal llamados “falsos positivos”, varias personalidades y medios de información trataron de rectificar diciendo que se trataba de “ejecuciones extrajudiciales”, cosa aún más complicada, esto quería decir que este tipo de asesinatos se podían realizar siempre y cuando se hicieran con la autorización de la justicia. Dicha denominación llevaba a reconocer que en Colombia existe la pena de muerte, y que el lio está en la medida que se hace por fuera de la justicia.
Nadie puede negar que toda Colombia es una fosa común, son miles las que se han descubierto y aún quedan incontables por salir a flote. La mayoría de ellas albergan cuerpos de víctimas de operaciones conjuntas entre el Ejército y los paramilitares.
Lo de actualidad es la fosa común de La Macarena, donde se dice están enterrados más de dos mil seres humanos. En el afán por limpiar la imagen del Estado colombiano ante la comunidad internacional, el funcionario de la onU tuvo el atrevimiento de manifestar que no había ninguna fosa común, sino que se trataba de un cementerio donde estaban enterrados sin identificar más de cuatrocientos muertos en combate a manos del Ejército nacional.
Lo que el mundo y el país normalmente conoce sobre las fosas comunes es que existen para ocultar asesinatos colectivos. Hoy lo que el delegado de la onU trata de legalizar es la existencia de “fosas comunes abiertas al público”. Pues queda claro que el Ejército gubernamental tiene la potestad de enterrar a sus víctimas anónimamente en cementerios públicos y sin que nadie lo llame a cumplir con la legislación existente.
Hay que preguntarse por qué lo hicieron de ésta manera, pues lo acostumbrado es que el tigre no se “caga en su madriguera”, o que por lo menos el gato la tapa. Aquí se trata de un asunto que está por desentrañarse, a menos que los mandos militares piensen que jamás los van a juzgar.
Revista Insurreccion ELN
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