jueves, 25 de noviembre de 2021
El acuerdo con el FMI y la huelga general
El acuerdo demora, sin embargo, porque su efecto no sería calmar las aguas. En la agenda se encuentra una mega devaluación. De otro modo no se podría liberar, al menos en gran parte, el mercado de cambios. No ha trascendido que en las negociaciones se encuentre la posibilidad de que la devaluación vaya a ser respaldada por un préstamo internacional. Esto implica que tampoco será "ordenada" sino más bien caótica. Los Fernández están negociando el pago de una deuda descomunal, no un nuevo endeudamiento.
El gobierno "nacional y popular" ha llevado adelante una política de corte del gasto social y desvalorización de salarios y jubilaciones en medio de una pandemia, con vistas a preparar la firma de lo que ya resulta un acuerdo largamente demorado. No por eso ha logrado disminuir la inflación, ni tampoco cuando recurrió a retrasar la devaluación del dólar oficial. La inflación ha sido funcional al "ajuste" contra los ingresos de los trabajadores y a la reducción del déficit fiscal, pero también al desajuste de la valuación del peso con relación al dólar. El gobierno se ha pisado la cola todo el tiempo con una política incoherente. Al final de las cuentas, el desbarajuste aún no ha volado por los aires debido a que el comercio internacional de Argentina es activo –no crece pero deja un superávit comercial. De otro lado, a ese superávit se "lo come" el pago de intereses de la deuda y la retención de divisas por parte de los exportadores. Es un desequilibrio explosivo, como lo demuestra la inflación, que lleva a una explosión mayor. La devaluación que se pacte con el FMI llevaría la inflación a tres dígitos.
Mientras el gobierno se enrosca en una plurianualidad decenal, los tiempos que había creído ganar se han acortado. La reestructuración de los plazos de la deuda del estado nacional y las provincias con los acreedores privados, habrían debido crear un espacio para obtener nuevos financiamientos. Hasta ahora ha ocurrido lo contrario. La mitad del tiempo de esos plazos han vencido, de modo que se va con certeza a una crisis con la deuda reestructurada. En cuanto a la sustitución del financiamiento interno, por medio de bonos que ajustan por dólar o inflación, una devaluación pulverizará la capacidad de pago del Tesoro y planteará un default con la deuda local. Todo este escenario, al que hay que añadir la crisis política en ambos lados de la "grieta", en nada será proclive siquiera para el ingreso de capitales "golondrinas". En cuanto a la deuda del Banco Central con los bancos locales, las "famosas" Leliq, que es de más de u$s 40 mil millones al cambio oficial, su desvalorización por medio de una devaluación hundiría el balance del Banco Central por la escasez de reservas de divisas disponibles. Los Fernández y Guzmán tienen hartas razones para seguir dilatando un acuerdo con el FMI o lanzarse a aventuras devaluatorias autónomas, y seguir huyendo hacia adelante. En la última renegociación de vencimientos de deuda en el mercado local, la deuda del Tesoro tuvo una buena recepción, mientras caía la cotización de la deuda externa renegociada y las acciones de las empresas principales, tanto en Buenos Aires como en Nueva York. Nadie avizora en estos medios un acuerdo inminente con el FMI.
Política Obrera
En los últimos días se ha hablado de una tercera revisión de paritarias, como consecuencia del fracaso de todos los pronósticos oficiales de inflación. Lo mismo ocurre con los reclamos de la provisión de alimentos a los comedores, el aumento de la remuneración de Potenciar Trabajo y el pago del medio aguinaldo. La burocracia de los sindicatos, así como también la de las organizaciones sociales oficialistas, ya han dicho que no se interpondrán a un acuerdo con el FMI –sin preguntarse antes de qué clase de acuerdo se trata. Los acuerdos salariales y remunerativos de otro orden, no son sometidos al voto de las bases. Estamos ante un escenario cada vez más inestable, que amenaza quebrarse en cualquier momento.
El sometimiento a un dictamen del FMI sigue siendo la variante más probable en el corto plazo y la más segura en un plazo mayor. No hay evidencias de un plan B. La cuestión del acuerdo con el FMI plantea la huelga general. Las variantes del tipo "plan de lucha" o "paros" se transformarían enseguida en una huelga general o, en su defecto, serían la vía para una derrota. Al acuerdo con el FMI se responde por medio de una acción de la clase, no mediante la propaganda de propuestas alternativas. Una campaña en la clase obrera por nuevas paritarias y aumentos de salarios, sujetos a la aprobación de la base, debe unificarse con una agitación por la huelga general y la organización de coordinadoras y frentes de lucha en todo el país.
La capacidad de la burocracia de los sindicatos y de los aparatos peronistas para bloquear una huelga general debe ponerse a prueba por medio de la agitación y de la organización. Los aparatos sindicales, tomados en su conjunto, no han declarado nunca una huelga general: ella ha sido siempre una decisión de la base, que se ha visto sobrepasada por la magnitud del ataque descerrajado contra ella. La burocracia ha sido pródiga en paros aislados, incluidos los paros activos aislados. Una huelga general, por su lado, debe ser preparada en forma sistemática, porque es difícil que su dirección y organización surja sobre la marcha sino que los elementos y organizaciones activos de ella se hagan activamente visibles con anticipación. Cuando el FMI y los partidos patronales coinciden en que el acuerdo se rubrique en el Congreso -algo que no ha ocurrido con anterioridad- es porque quiere levantar una autoridad que movilice a una parte de la sociedad contra la huelga general, sin tener que recurrir de entrada a otros medios –la represión. El Parlamento, y fue advertido hace más de cien años, tiende a ser un bastión único contra la clase obrera, cuando se trata de una lucha como la huelga general. En las condiciones actuales, una huelga general sería sinónimo de una huelga política de masas. La consigna de un Congreso Obrero de luchadores, formado por delegados electos y con mandatos, es una herramienta para preparar esta lucha.
En los últimos meses, e incluso desde el comienzo de la pandemia, se han destacado las luchas de la salud, de la educación, de los choferes, de trabajadores rurales y en la industria. Es probable que de aquí partan las primeras manifestaciones y huelgas si la situación ya intolerable se convierte en explosiva. Si algo enseñan las crisis que se desarrollan en todo el mundo, es la brusquedad de los giros políticos que tienen lugar, en gran parte determinados por la enorme carga que ha representado la pandemia para el mundo del trabajo.
La salida de conjunto al derrumbe capitalista se presenta, desde este ángulo, de una forma concreta particular. La huelga política de masas plantea un salto histórico en la organización de los trabajadores. Es de aquí que debe partir una salida a la crisis –de un programa elaborado y puesto en marcha por las fuerzas del trabajo con conciencia de clase. Los ritmos y alcances de la intervención obrera en la crisis, deben ser sometidos al veredicto de la práctica, o sea por medio de la lucha.
Jorge Altamira
23/11/2021
miércoles, 24 de noviembre de 2021
Piden que tres represores sean juzgados por nuevos delitos de lesa humanidad en San Nicolás
Quedaron a un paso del juicio oral por secuestros, torturas y asesinatos de referentes y militantes del Partido Comunista y el Partido Justicialista de esa zona durante el primer año de la última dictadura cívico militar eclesiástica.
Tres represores que actuaron en la inteligencia del Ejército sobre la ciudad bonaerense de San Nicolás y sus alrededores quedaron a un paso del juicio oral por secuestros, torturas y asesinatos de referentes y militantes del Partido Comunista y el Partido Justicialista de esa zona durante el primer año de la última dictadura cívico militar eclesiástica. El juez federal Carlos Villafuerte Ruzo deberá decidir sobre los requerimientos de elevación a juicio que presentaron la Fiscalía y las querellas días atrás contra Antonio Federico Bossie, Guillermo Aníbal Piccione y Omar Andrada, militares retirados que purgan ya condenas a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad recibidas tras otros debates.
Entre diciembre de 1973 y diciembre de 1976, Bossie fue oficial de Operaciones y oficial de Inteligencia del Batallón de Ingenieros de Combate de San Nicolás. Para esa misma época, Piccione era oficial de Logística y de Personal e integraba la plana mayor del Batallón de Ingenieron de Combate 101. Andrada, por último, fue jefe del Destacamento de Inteligencia 101. En febrero pasado quedó fuera de juicio por “incapacidad” un cuarto imputado, Luis Américo Muñoz. Todes cumplieron funciones en la denominada Área Militar 132, cuya cabecera fue San Nicolás.
Los tres son responsables, según la conclusión del fiscal federal de San Nicolás, Matías Di Lello, de secuestrar y torturar a una veintena de personas, todas militantes políticas del Partido Comunista y el Partido Justicialista, muchas de ellas adolescentes, y de asesinar a dos de ellas, hechos por los cuales solicitó sean sometidos a juicio oral y público.
El representante del MPF consideró que “queda claro que el Área Militar 132 constituyó el segmento del aparato terrorista estatal planificado que tenía su sede en el Batallón de Ingenieros de Combate 101 de San Nicolás siendo esta la estructura estatal que tuvo a su cargo la ‘lucha antisubversiva’ en la mencionada jurisdicción territorial y de la cual los imputados formaban parte”. Por tal motivo, los imputados “deben responder en calidad de coautores” ya que debido a sus posiciones en la cadena de mando y por los cargos asignados dentro del Área Militar 132 y el Destacamento de Inteligencia 101 “cumplieron un rol central en la estructura de la unidad militar que ejercía el control jurisdiccional del Área referida, y en consecuencia han tenido la capacidad de dirigir parte de la estructura para la consecución de los hechos ilícitos investigados”.
El mismo pedido recibió Villafuerte Ruzo semanas atrás, de parte de la querella que sostiene en la misma causa la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires.
Los hechos están incluidos en la “Causa Berg” y comprenden diversos episodios violatorios de los derechos humanos sucedidos entre mayo y diciembre de 1976 en las ciudades de San Nicolás, Pergamino y Ramallo. Se cuentan entre ellos los secuestros y asesinatos de José María Pellita y Julio Omar Di Gangi, secretario del Partido Comunista de Pergamino y delegado en la empresa metalúrgica Lucini S.A el primero; militante del Partido Justicialista el segundo. Pellita fue secuestrado en septiembre de 1976 por personal del Ejército y de la policía federal que lo fueron a buscar a la casa de sus padres y desde entonces no se supo más de él. Di Gangi fue secuestrado en la calle en octubre, mientras esperaba el colectivo para ir a su trabajo. Su cuerpo fue hallado en una fosa común en el cementerio de Avellaneda y recientemente identificado por el Equipo Argentino de Antropología Forense.
Los otros delitos que cuenta la causa por la que se solicitó juicio oral incluyen secuestros y torturas de 18 militantes, además del allanamiento ilegal de sus casas. “Todas (las víctimas eran) militantes del Partido Comunista y de la Federación Juvenil Comunista, sufriendo persecuciones, feroces tormentos, encarcelamientos y desapariciones”, sostuvo en su requerimiento el fiscal Di Lello. “Varios de ellos, eran apenas adolescentes”, aclaró. Las víctimas son Juan Berg Frank y María Mayer de Berg y sus hijos Jorge Alberto, Carlos Enrique y José Luis Berg; Gabriela Flores y sus hijos Jorge Rubén Moreyra, Hugo César Moreyra y Félix Moreyra; los hermanos Daniel Jomich y Jorge Alberto Jomich; Anabel Longinotti, Liliana Sofía Longinotti y Roberto Longinotti, Omar Cortez, Ramón Miguel Valor, Daniel Laredo y Natalia María Ratcheff.
Las víctimas permanecieron secuestradas en el Batallón de Ingenieros de Combate 101 de San Nicolás, Unidad Penal Nº 3 de San Nicolás, el Destacamento de Somisa y la Delegación Local de la Policía Federal.
Para Di Lello, los hechos endilgados a Bossie, Piccione y Andrada “fueron perpetrados en el marco del plan sistemático de represión y exterminio llevado a cabo por el último gobierno de facto que asumió el poder en nuestro país, a partir del golpe de Estado cívico militar acontecido el 24 de marzo del año 1976”.
Ailín Bullentini
24 de noviembre de 2021
martes, 23 de noviembre de 2021
Ley de Humedales...cajoneada
El proyecto había logrado ser aprobado en algunas comisiones el año pasado en medio de las masivas manifestaciones en Rosario y Santa Fe capital por los incendios intencionales en el Delta del Paraná, con una clara denuncia: los incendios buscaban avanzar con negocios inmobiliarios, mineros y agrarios en la zona.
Ese avance en los recintos duró un suspiro, así lo señala Julieta Bernabé, una de las integrantes de la Multisectorial Humedales Santa Fe: “el proyecto de ley que fue aprobado el año pasado en la Comisión de Ambiente y pasó a la Comisión de Agricultura y Ganadería en el mes de noviembre, quedó muerto en esa comisión y nunca más tuvo ningún tratamiento ni ningún avance”. (Urgente24, 19/11)
Esta sería la tercera vez que pierde el estado parlamentario el proyecto de ley, que daría un marco normativo nacional sobre un territorio que representa el 20% del suelo argentino, un número nada despreciable. Según estimaciones e informes realizados por el Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) “ya lleva más de 600 mil hectáreas arrasadas por el fuego si se tiene en cuenta el saldo del año pasado y lo que va de este año” (Ídem). En otro documento las organizaciones ambientalistas aseguran que solo en 2020 “más de 1.200.000 hectáreas afectadas por el fuego, miles de ejemplares de nuestra fauna muertos y cientos de casas perdidas.”
Bernabé además afirma que en las islas se siguen realizando actividades relacionadas a la minería, al sector inmobiliario, a la siembra y la ganadería, aunque están prohibidas. El lucro capitalista está por encima del sacrosanto Derecho. Así se lo dejaron en claro varios diputados Bernabé y otros representantes cuando en agosto pasado fueron recibidos por un grupo de diputados: “Cuando hicimos la travesía en agosto y llegamos hasta el Congreso Nacional fuimos atendidos por algunos diputados que no pertenecían a las comisiones que estaban trabajando el proyecto de ley. Estos diputados muy atentamente nos dijeron que difícilmente iba a ser aprobado este proyecto y adujeron básicamente intereses productivos e inmobiliarios”. (Ídem)
El proyecto prohíbe la realización de determinadas actividades que puedan resultar en daño a los ecosistemas, como la fumigación aérea. Incluye sanciones económicas y administrativas al tiempo que propone la creación de un inventario de humedales. Entrega a un fondo fiduciario, o sea a capitales privados y públicos, la conservación de los humedales.
Existe un largo entramado entre los gobiernos provinciales y el Estado nacional con grupos capitalistas internacionales y nacionales para cajonear el proyecto de ley, a pesar de las enormes posibilidades de especulación para los grupos capitalistas. El ministro de Ambiente, Juan Cabandié, ya ha expresado que es “imposible pagar la deuda sin contaminar”. Una declaración de entrega a la soberanía nacional en toda regla.
La destrucción capitalista del ambiente ha sido la responsable de la presente pandemia y de aquellas que se incuban potencialmente por la relación hostil entablada con el ambiente, que afecta a su vez las condiciones de vida de la población humana. Ahora, el gobierno de los Fernández pretende avanzar en la destrucción de los humedales si esto resulta en una garantía de acuerdo con el FMI. Como ya ha señalado Marx, “el capitalismo tiende a destruir sus dos fuentes de riqueza: la naturaleza y el ser humano”. Es tarea de los trabajadores defender su vida y la del ambiente que lo alberga. Solo un gobierno de trabajadores podrá imponer una reconstrucción en las relaciones con el ambiente mediante la transformación revolucionaria de la vida social.
Joaquín Antúnez
21/11/2021
Sicariato político y grupos nacionalistas contra los mapuches en cordillera
Dos matones a sueldo asesinaron a un comunero de la lof Quemquemtrew e hirieron de gravedad a otro.
Elías Garay (27) y Gonzalo Cabrera (22) fueron fusilados en la lof Quemquemtrew por dos personas de civil que esgrimieron haber ido a cazar. Ambos cayeron abatidos sin posibilidad de defensa tras recibir al menos dos balazos de plomo cada uno. Gonzalo fue operado y pelea por su vida; Elías la perdió. No fue un accidente. “Les dispararon a dos metros de distancia”, nos informan Nelson Ávalos y Mauro Millán. El crimen fue respondido inmediatamente con una movilización y corte de ruta en El Bolsón que fue desalojado por un grupo de personas -varias de ellas vestidas de gaucho- que se encontraban en un campeonato provincial de jineteadas. La horda nacionalista fue arengada desde la propia organización del festival y, al igual que las ejecuciones en la lof- contó con la connivencia y complicidad de la policía provincial, informan vecinos de la localidad. Mientras golpeaban y tiraban tiros al aire, gritaban “¡Viva la Patria!”. El sicariato político en la zona no es nuevo: su existencia se remonta a la incorporación de lo que se conoce como Patagonia al territorio argentino y chileno, es decir, constituye una parte inescindible de la acumulación capitalista en la región y en ambos países, que compartieron - ¡y comparten! - gobiernos constitucionales y dictaduras militares.
La lof Quemquemtrew se encuentra sitiada por el COER, el Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate de la policía de Río Negro, desde mediados de septiembre luego que fuera recuperada a una familia de apellido Rocco, de vínculos estrechos con el poder económico y político de la zona. Se ubica en un paraje conocido como Cuesta del Ternero, entre las localidades rionegrina de El Bolsón y chubutense de El Maitén. Durante 55 días un grupo de miembros de comunidades mapuches, organizaciones de derechos humanos y activistas acamparon en solidaridad con la lucha pero tuvieron que levantar luego de que efectivos policiales acosaran sexualmente a dos mujeres mapuches. Cuarenta y ocho horas más tardes se produjo el crimen a cargo de estas personas vestidas de civil.
Para ingresar al lugar en auto necesariamente se debe pasar por alguno de los dos retenes que se encuentran en la Ruta Provincial N 6. Una comitiva de mapuches y militantes de derechos humanos se acercó esta mañana a la lof para acompañar a los comuneros. Nelson Ávalos, referente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) del Noreste del Chubut, en diálogo con Política Obrera, señaló que les dijeron que Garay y Cabrera se encontraban haciendo una de las tantas recorridas de seguridad por el territorio y en un momento vieron a dos hombres con armas largas entre los pinos. Cuando se acercan a ver quiénes eran, les dicen ´andamos cazando`. Y, por lo que nos relataron, no hubo una pelea ni una discusión, sino que pocas palabras y les dispararon a los dos a la altura del abdomen, a mitad del cuerpo. Ambos recibieron dos disparos, Elías a la altura de las costillas”. Fueron dos ejecuciones: les dispararon a 2 metros de distancia.
“Estos personajes aparecieron 10 minutos después de que un drone de la policía sobrevoló el lugar”, denuncia también en diálogo con Política Obrera, Mauro Millan, reconocido luchador mapuche. “El objetivo ellos asesinar”, completa.
En un comunicado oral enviado a la prensa y al activismo, Ávalos informó que el fiscal Martín Lozada le dijo que el Procurador General de Río Negro, Jorge Crespo, “comprometió a retirar al COER” del lugar y también a “dejar ingresar a toda la gente hasta la tranquera del territorio para que cuando saquen el cuerpo, que lo hará la comunidad, podamos despedirlo como se merece y sin policías del COER en el territorio. La única policía que va a quedar es la que está siempre en el puesto pero adentro, no mostrándose ni pidiendo datos a nadie”.
Ataque fascistoide antimapuche
La conmoción que generó el ataque a la lof se expresó en autoconvocatorias en distintas ciudades, con epicentro principal en El Bolsón. Allí se decidió un corte sobre Ruta Nacional 40, a la altura del ACA, en un lugar tradicional de manifestaciones en la ciudad. Mientras esto ocurría, a pocas cuadras de allí se desarrollaba la última jornada de un campeonato provincial de jinetada en el que se encontraban “personajes que históricamente generaron patotas de choques de los grandes terratenientes de la zona”, nos informa Diana, vecina de la localidad. Agrega que los organizadores del acto responsabilizaron en general a la gente que se movilizaba y a los mapuches en particular porque la fiesta terminaba antes en un momento en que además habían permitido una canilla libre generando una situación en la que el alcoholismo favorecía la violencia.
“Varios compañeros se acercaron a avisarnos que había habido una comunicación entre la policía y estas personas, se organizaron para salir a agredir”, prosigue. “Se acercó un montón de gente con facas, palos, borrachos, drogados, y empezaron a agitar a la gente, a retirar las quemas que se estaban realizando y a amedrentar, pegarles a mujeres, agarrar a patadas en el piso a gente”, denuncia Lucho, vecino de Lago Puelo que se acercó a la movilización. “De ahí fuimos al hospital de El Bolsón donde había más gente esperando porque estaba Gonzalo. A los pocos minutos vino otra vez esta gente, pasadas la medianoche, y empezaron a insultar, a pegar, a amenazar. La gente se tuvo que meter adentro de la guardia del hospital y otra gente se tuvo que ir corriendo. De hecho, la directora del hospital llamó a Pogliano (Bruno, intendente) y a varios más diciéndoles que venga la presencia policial porque estaba todo descontrolado”, continúa Lucho, y finaliza: “Lo que pasó fue una reacción de la derecha terrible, muy ligada al alcoholismo de la fiesta en sí”.
Diana también relata que varios compañeros les comentaron que vieron a “agentes encubiertos y personas que trabajan en la municipalidad direccionando las agresiones, rompiendo vidrios de una confitería donde se habían refugiado familias mapuches”.
Complicidad política
La mal llamada “Campaña del Desierto” no solo fue un genocidio legal por el cual se terminó de consolidar el Estado argentino, sino que además fue un proceso que involucró a un sinfín de métodos criminales para arrasar con la población mapuche y tehuelche de la zona que siguieron utilizándose con el correr de las décadas y es moneda corriente en la región patagónica de conjunto. Los asesinatos por encargo para hacerse de tierras, tanto de pobladores originarios o no, nunca se detuvieron, ya sea en gobiernos constitucionales o militares. Detrás de ellos no solo están los grandes terratenientes sino también sus abogados y los tres poderes del Estado. El régimen político es un sicariato legalizado contra las comunidades mapuches-tehuelches y el pueblo trabajador en general.
Estas bandas derechistas que asolan la Patagonia en defensa de los grupos capitalistas instalados en la región (inmobiliarios, mineros, petroleros) cuentan con el amparo del Estado y del gobierno provincial de Arabela Carreras. Recientemente, Aníbal Fernández se reunió para coordinar con el gobierno chileno la represión a los mapuches.
Iván Marín
22/11/2021
lunes, 22 de noviembre de 2021
El exintendente de Moreno dio su testimonio en el juicio por la masacre en la Quinta La Pastoril
Desde la docencia y la militancia, Ernesto Lombardi estrenó función pública junto con la democracia post última dictadura cívico eclesiástica militar: se convirtió en concejal y presidente del Concejo deliberante de Moreno. Y por ese cargo, fue denunciante y testigo de primera mano de la primera exhumación de restos de víctimas de la última dictadura cívico eclesiástica militar: la que se realizó en el cementerio de Moreno en diciembre de 1983. Allí hallaron los cuerpos de algunes participantes de la reunión del PRT-ERP en la Quinta La Pastoril, atacada por miembros del Ejército y la Policía. Lombardi testimonió esta mañana sobre esa historia en el juicio contra ocho militares y policías retirados por los crímenes de lesa humanidad que tuvieron lugar en aquel ataque, a días del golpe de Estado.
“Yo los ví a los cuerpos, por eso digo que fue un espectáculo macabro y yo me sentí conmocionado”, describió Lombardi con cierta impaciencia por la insistencia del abogado defensor del exmilitar Juan Manuel Giraud, uno de los acusados de interrogarlo sobre si había visto o no cuerpos con tiros en la cabeza. Para entonces, ya había relatado todo el recorrido que realizó en torno de los restos de víctimas nn enterrados en el cementerio de Moreno: cómo supo de la existencia de esos enterramientos NN y cómo se convirtió, la investigación sobre ese hecho, en el primer expediente de acción que inició el Concejo deliberante de Moreno post retorno democrático.
Lombardi, “Coco” su sobrenombre, testimonió convocado, entre otras partes, por la querella representada por el abogado Pablo Llonto en el juicio por los crímenes de la Quinta La Pastoril, que sigue el Tribunal Oral Federal número 5 de San Martín, desde hace un mes. El debate repasa la responsabilidad de Giraud y otros siete acusados en 15 casos de secuestros, torturas y muertes y en esta jornada contó también con el testimonio de Miguel Ángel Fernández quien, desde la dirección de Derechos Humanos de Moreno, contactó a sobrevivientes, testigos y familiares de víctimas del ataque al PRT-ERP en La Pastoril, como Viviana Losada y las hermanas María Ofelia e Iris Agorio.
La denuncia que confirmó el rumor
“Coco” asumió la presidencia del Concejo Deliberante de Moreno a principios de diciembre de 1983, con el regreso de la democracia. La intendencia del partido la asumió Héctor Ibañez. El 15 de diciembre de 1983, recibieron en el cuerpo legislativo municipal “una denuncia sobre tumbas NN en el cementerio que serían de personas desaparecidas durante la dictadura cívico militar. Esa denuncia la realizaba un vecino muy conocido y de alta credibilidad de Moreno así que para nosotros había que prestarle realmente mucha atención”, relató. El vecino “muy conocido” era Juan “Negro” Aleman, militante de la zona.
Para LomBardi y el resto de les concejales que oyeron --entre quienes destacó el presidente del bloque radical del cuerpo y titular de la comisión de Derechos Humanos del cuerpo, Miguel Ángel Fernández Pastor-- el relato de Aleman “venía a confirmar” un hecho que “tuvo mucha repercusión” en la zona. “Se comentó mucho sobre una reunión en una quinta de militantes del ERP, del ataque milico, así se decía en general, de persecuciones en los alrededores, gente de civil que corría. De que en ese lugar habría estado inclusive (Roberto) Santucho, el responsable máximo de la organización”, mencionó Lombardi, así como también detalló que “se habló y se siguió hablando de enterramientos de desaparecidos en el cementerio de Moreno”. “No era un secreto para nadie, estábamos en una etapa en la que hablar de estas cosas generaba mucho temor, se hacía en forma muy reservada”, aseguró.
En ese marco, recordó que Aleman tenía “mucho temor” cuando se acercó a denunciar ante el Concejo deliberante lo que sabía de esas tumbas y concluyó: “No nos generó una gran sorpresa, sino más bien fue una confirmación de que el cementerio era parte del plan sistemático como solución final al tema de los desaparecidos”.
Resolución de Concejo
La denuncia de Aleman, muy detallada, “acompañada de un plano, inclusive”, se trató en una sesión extraordinaria, el 22 de diciembre de 1983. El expediente resultante, el número 1001, fue denominado “Constatación de desaparecidos“ y facultó a los concejales a realizar la denuncia penal ante la Justicia federal de Mercedes --la correspondiente entonces a la zona--, que radicaron al día siguiente, También advirtieron del hecho al Ministerio del Interior nacional, al gobierno bonaerense, a las cámaras de Diputados nacional y provincial y a la Intendencia. Supieron allí que había otro expediente abierto en el que el relato de un trabajador municipal del cementerio también hacía referencia a tumbas nn cuya ubicación coincidía con la del vecino denunciante.
Plano de Aleman en mano, la exhumación de las fosas comunes se llevó a cabo el 27 de diciembre de 1983. Participaron los concejales denunciantes, las autoridades judiciales, y referentes de la política nacional y provincial, incluso representantes del entonces Presidente Raúl Alfosín. “Se constataron efectivamente cuerpos en los lugares que indicaban (el vecino denunciante y el trabajador municipal). Recuerdo que se hablaba de orificios de bala en la cabeza, cuerpos calcinados”, contó Lombardi que mencionó que había entre 20 y 25 cuerpos, que en una fosa había “siete cuerpos colocados uno al lado del otro, así”, describió y hizo una mímica con las palmas abiertas de las manos en paralelo tac tac tac. Entre esos restos fueron identificados, años después, los de algunas de las víctimas de la quinta: María Elena Amadío, Emilia Susana Gaggero de Pujals, Víctor Hugo González Lemos y Ruperto Méndez.
Ailín Bullentini
19 de noviembre de 2021
El “Día de la Militancia” y los 30.000 desaparecidos
Celebra el “primer retorno” de Perón a la Argentina, luego de 17 años de exilio. Es una rememoración acertada, pues, efectivamente, la “militancia” laboró por ese regreso, como salida al impasse terminal que el Cordobazo provocó en el régimen militar creado por el golpe de 1966. Perón volvió a Argentina como consecuencia de un pacto entre el jefe radical Balbín, el presidente militar Lanusse y Paladino, delegado de Perón. El pacto engendró ilusiones inimaginables en los círculos capitalistas, al punto que la Unión Industrial se disolvió por primera vez en la historia, para ingresar a la Confederación General Económica, un centro del ‘populismo’ y de la ‘sustitución de importaciones’, encabezado por un industrial ‘comunista’ –José Gelbard. La “militancia” operó como un auxiliar político de una operación del imperialismo, que los trabajadores habrían de pagar con la mayor tragedia de la historia.
Como en la famosa farsa que sigue a cualquier tragedia, los Fernández conmemoran la fecha para que el macrismo los acompañe en la firma de un acuerdo con el FMI. Es lo que reclama el segundo punto del programa que exhibió la burocracia de la CGT, cuando desfiló para celebrar el 17 de octubre, un mes atrás
Aquel 17 de noviembre, miles de militantes intentaron acercarse al aeropuerto de Ezeiza, bajo las versiones de un encarcelamiento de Perón en el propio aeropuerto. El temor obedecía a que Perón llegaba a destiempo para postularse como candidato para las elecciones que se acababan de convocar. Perón, por el contrario, salió caminando del Hotel del aeropuerto, para liderar al día siguiente una célebre reunión multipartidaria en un restoran de Vicente López, que reunió desde el radicalismo al partido comunista. El “Gran Acuerdo Nacional” en pos de un relevo ordenado de la dictadura ingresaba en su recta decisiva. Como último recurso del Estado ante una insurgencia popular, se cerraba la ‘grieta’, en apariencia insuperable, que había nacido en el golpe del 55.
Perón retornó a Madrid para volver seis meses más tarde, acompañado de un cortejo variopinto, en el que se destacaba Licio Gelli, jefe de la Logia P2, encubierto por los servicios italianos mientras preparaba un golpe de estado en esa península, contra el “acuerdo histórico” cristiano-comunista. El fascista pertenecía al círculo íntimo de Perón y tenía como agente, en la alcoba del futuro presidente, a López Rega.
Esta vez, el 20 de junio de 1973, Perón no salió caminando: las patotas y los esbirros de la burocracia sindical, de la derecha y de los ‘gellistas’, impediría que la Juventud Peronista se acercara a los estrados instalados en las cercanías del aeropuerto. El retorno definitivo de Perón no es objeto de ninguna celebración, aunque también fue el fruto de la “militancia”. Lo que se celebra hoy, en 2021, es el aniquilamiento, primero político y después físico, de una militancia que operaba como furgón de cola de una operación de salvataje de contenido capitalista y anti-obrero.
La criminal escalada de ese día contra “la militancia” fue el ensayo general de una política que el propio Perón se encargaría de concebir y promover cuando aún no había asumido la presidencia. Como relata Miguel Bonasso en uno de sus libros, en una conversación con el gobernador bonaerense Bidegain, Perón le señaló que la crisis nacional necesitaba de “un somatén” –así se llamaban los cuerpos parapoliciales fundados por el falangista español Primo de Rivera en 1923. A esa confesión, le siguieron reuniones y “circulares reservadas”, donde se diseñaron los propósitos y la estructura de las 3A. “La sombra de aquella charla se extendería sobre los cadáveres de Ezeiza”, concluye Bonasso, un militante que hoy no celebra nada.
Las 3A descerrajaron toda su furia criminal durante 1974 y 1975, y sólo fueron parcialmente frenadas durante la huelga general de junio y julio de 1975, que desalojó a José López Rega del gabinete. Las Tres A fueron el antecedente operativo de los “grupos de tareas” de la dictadura, y un semillero de los torturadores de los campos de detención.
El llamado día de la militancia, en definitiva, celebra al debut de un proceso político que condujo al asesinato de más de 1000 militantes hasta 1975, y la desaparición de otros 30.000 bajo la dictadura. La fantasía reaccionaria de la “comunidad organizada”, que reivindica el kirchnerismo, quedó al desnudo con el retorno de Perón.
Esto, que hoy es un recuento histórico, fue advertido por Política Obrera con anticipación. El único en toda la izquierda.
Marcelo Ramal
17/11/2021
domingo, 21 de noviembre de 2021
El “relanzamiento” del gobierno y el acuerdo con el Fondo Monetario
Sin embargo, el “relanzamiento” es la continuación de una orientación ya conocida. “El plan plurianual es el eufemismo del acuerdo con el Fondo”, se sinceró un funcionario del gobierno (La Nación, 17/11). En efecto, el organismo internacional venía reclamando un “plan” consensuado con la oposición para impulsar un mayor ajuste fiscal y tarifazos, achicar la “brecha cambiaria” (o sea, devaluar la moneda) y sostener determinados niveles de reservas; en definitiva, una pauta para asegurarse el repago de la deuda, en base a mayores penurias para las masas.
Después de denostar, durante la campaña, el acuerdo contraído por Macri para financiar la fuga de capitales, el gobierno busca un pacto con la derecha para pagar esa hipoteca.
Para congraciarse con el Fondo, el gobierno viene haciendo los deberes. Este año, sobrecumplirá las metas del déficit primario, que en lugar del 4,5% previsto en el presupuesto, cerraría en el 3%. Esto se ha hecho a costa del presupuesto de salud, las jubilaciones y los salarios del sector público.
El ajuste y el crecimiento de la pobreza es uno de los factores que explica la derrota oficial en las legislativas. El Frente de Todos perdió seis millones de votos con respecto a 2019 y perdió en la estratégica provincia de Buenos Aires. Y si bien Juntos por el Cambio se alzó con la victoria, dejó 1.700.000 votos en el camino. “En un cuadro de retroceso de las fuerzas políticas que han gobernado el país en las últimas décadas, resulta ganadora la coalición no que más avanza, sino la que menos retrocede”, señala Gabriel Solano en el editorial de Prensa Obrera.
En este cuadro se inscribe la gran elección realizada por el Frente de Izquierda, que logró 1.300.000 votos, coronó 4 diputados nacionales, legisladores en la ciudad y la provincia de Buenos Aires, y varios concejales en algunos de sus distritos (La Matanza, Merlo, José C. Paz, Moreno, Coronel Pringles). En el corazón del dominio peronista, el Conurbano bonaerense, la izquierda realiza una histórica elección. Esto, en el marco de un gran desarrollo del Polo Obrero -que aportó miles de fiscales- en las barriadas más humildes. “El apoyo recogido en las barriadas populares de la provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires, Jujuy desde ya y varias provincias del país son la expresión no ya de un voto bronca contra un ajuste, sino de una transición política de fondo que apunta a sustituir al peronismo por la izquierda que defiende las banderas socialistas”, plantea Solano.
En tanto, Javier Milei y José Luis Espert, los referentes de la derecha “libertaria” que hicieron una buena performance electoral en la ciudad (17%) y la provincia de Buenos Aires (7,5%), respectivamente, en base a un discurso demagógico contra la “casta política”, que omitió toda crítica a la clase capitalista, buscarán ahora, más abiertamente, jugar un lugar en la interna de Juntos por el Cambio para 2023. El “león” del liberalismo ya se vio en figurillas cuando tuvo que explicar por qué no consideraba a Macri y a Patricia Bullrich como parte de la “casta”.
Las bancas conquistadas por el FIT Unidad estarán al servicio de las luchas por venir y de la organización de la clase trabajadora. Por lo pronto, hay una convocatoria para el próximo viernes a una reunión abierta de organizaciones en el Parque Lezama, para preparar una marcha en diciembre a Plaza de Mayo bajo la consigna “Fuera el FMI”.
Apostilla
A pocos días de una elección en la que salieron a relucir los planteos de “mano dura” y mayores atribuciones para las fuerzas policiales, miembros de civil de la Policía de la Ciudad balearon en Capital Federal a un grupo de jóvenes, asesinando a Lucas González, joven de 17 años que hacía las inferiores en el club Barracas Central. Otro caso de gatillo fácil, siniestra modalidad que envuelve a las fuerzas de seguridad de todas las provincias en una lista luctuosa e interminable de caos. Patricia Bullrich, “halcón” del PRO, salió a defender a los efectivos. El Ministerio de Seguridad porteño los puso en disponibilidad, pero la “paloma” María Eugenia Vidal había calificado a la fuerza, durante la campaña, como “la mejor del país” (tuit del 10 de noviembre), pese a las decenas de casos que pesan en su contra.
El régimen político en su conjunto, incluyendo al gobierno, que tiene en sus filas a Sergio Berni, promueve un fortalecimiento del aparato represivo, con las consecuencias que vemos: el hostigamiento cotidiano de la juventud y los oprimidos. La próxima semana, volveremos a ganar las calles por justicia para Lucas y todas las víctimas de la violencia policial.
Gustavo Montenegro
Brasil se empobrece
Escenas terribles se han replicado en las últimas semanas, que muestran a familias que no llegan a comer todos los días. El consumo de carne se desplomó de 36 a 26 kilos por habitante. A fines de 2020, el hambre superaba los 19 millones de personas. Hoy esa situación se profundizó. Arriba del 55% de todos los hogares vive con inseguridad alimentaria, 116 millones de personas (esquerdaonline, 12/11). 108 millones de trabajadores solicitaron ayudas de emergencia durante la pandemia, pero sólo la recibieron 68 millones, y Bolsonaro las canceló en octubre de 2021. Hay 25 millones de personas completamente pauperizadas (ídem). El precio de los alimentos se ha elevado en más de un 30% en el año.
Organizaciones sociales realizaron este sábado la Marcha Contra el Hambre por las principales calles de Brasil. Participaron el Movimiento de Trabajadores Sin Techo (MTST) y el Frente Gente Sin Miedo. Decenas de miles se movilizaron en las capitales Aracaju, Belo Horizonte, Goiânia, Maceió, Porto Alegre, Recife, Río de Janeiro y São Paulo, además de Ceilândia (DF) y Montes Claros (MG). Exigieron acciones para mitigar la inflación en los precios de los alimentos y la situación de hambre desnudada por la Encuesta Nacional sobre Inseguridad Alimentaria en el Contexto de la Pandemia de Covid-19 en Brasil, elaborada por la Red Brasileña de Investigación sobre Soberanía y Seguridad Alimentaria, y Nutrición (Rede Pensan).
Bolsonaro pretende desmontar el plan Bolsa Familia, que llega a unas 15 millones de familias, y el Sistema Único de Asistencia Social (SUAS), para sustituirlos por el plan Auxilio Brasil, que será financiado por un cambio en las reglas fiscales, del orden 50 mil millones de reales (bloomberg, 10/11).
El plan de “Auxilio" será controlado por una parte de su base social de cara a las elecciones. Bolsonaro quiere reproducir el sistema de los punteros del Conurbano pero no para una provincia de 20 millones, sino para un país de 220 millones de personas. El plan llegaría a 17 millones de familias y tendría un monto de transferencia de 400 reales. Financial Times califica a este plan como la última esperanza de Bolsonaro para ser reelegido.
El aumento de la inflación al 10.25% anual, afecta directamente sobre los precios de los alimentos, la energía, el gas de cocina y el transporte. Más de la mitad de los trabajadores ha visto derrumbarse el salario real.
El 70% de las paritarias brasileñas fueron celebradas con acuerdos a la baja, y sólo el 10% la superó. Los salarios fueron descendiendo más luego de la reforma laboral de 2017. La tasa de desempleo no baja del 14%, pero con 5,6% de desalentados y más del 28% de subutilización de la fuerza laboral.
Emiliano Monge
16/11/2021
sábado, 20 de noviembre de 2021
La derrota de Perotti
Ningún partido ni los medios más importantes de la provincia, y probablemente del país, dudan de la crisis institucional que truena en el régimen político santafesino. El 50% de pobreza, la destrucción de puestos de trabajo y la falta de acceso a recursos básicos y esenciales es moneda corriente en el territorio que reúne a uno de los complejos industriales y exportadores del país, por no decir el principal cauce de ingreso de divisas. El quebranto y la incertidumbre sobre Vicentín, cuyos directivos se encuentran imputados por estafa y su rescate plagado de maniobras, los cierres “condicionados” como el de DOW, la cuestión de la hidrovía y el cierre de exportaciones como la carne, son solo la punta del iceberg del desencuentro que tiene el gobierno provincial, por un lado, y la clase capitalista cuyos negocios propina garantizar, por el otro.
Es sobre esta base que se ha conjugado la dislocación del PJ de Perotti. El desplante formalizado en la lista interna donde convergieron Agustín Rossi, la vicegobernadora Alejandra Rodenas, el Frente Renovador de Massa, el Movimiento Evita y el rebelde de la justicia, Armando Traferri, cristalizó un intento de recambio dentro del justicialismo.
Traferri, perteneciente al riñón histórico del peronismo desde hace por lo menos 30 años, reniega de presentarse a la audiencia imputativa -una asociación ilícita en torno al juego clandestino - que le endilga la fiscalía. Afincado en sus fueros de senador, esta discusión será asunto de la Corte Nacional, donde más temprano que tarde quedará sometido al proceso penal. Mientras tanto, la defensa “corporativa” de la legislatura sigue al vilo de que donde caiga uno, caen todos, sin distinción política. A la par, fiscales rosarinos que lo deschavaron, ligados al aparato del PJ, fueron condenados por delitos de cohecho en 2020.
Entre tanto, la legislatura se consideró competente para deponer cargos jerárquicos del Ministerio Público de la Acusación, un organismo que goza de “autarquía financiera y organizativa”. En el caso concreto, relevó de su cargo al ex ministro de Seguridad, Marcelo Saín. Saín, ya “fuera” del Estado, expuso el manto de impunidad que han tenido sobre el crimen organizado las fuerzas políticas, desde el Frente Progresista, el peronismo y los radicales-macristas.
Los gravísimos crímenes no cesan. Los homicidios en Rosario y sus alrededores, hasta las localidades de San Lorenzo, han sido noticia nacional. Los asesinatos de dos jóvenes han desembocado en una pueblada y marchas de pedido de justicia a los gobiernos locales, cuyas figuras políticas deslindan su responsabilidad y auguran la receta conocida de reformas represivas. Implosión política por arriba, bronca y movilización por abajo, son dos aspectos de una crisis de régimen.
Las elecciones
En este plano es que Perotti no logró revertir la derrota en las PASO, donde la provincia se tiñó de amarillo, “comandada” por la periodista de espectáculos Carolina Losada y el radical macrista Barletta. La canalización de la crisis de parte de la derecha no es un cheque en blanco ni una “consolidación”. A su vez, el rechazo al gobierno, y por elevación al régimen, se manifestó en una concurrencia baja a las urnas – un 70% por ciento. El Frente Progresista también sufrió el “castigo”: apenas ganó en Rosario sobre el candidato massista del FdT, quienes ya avisaron, serán 6 ediles en distintos monobloques, y perdió en la ciudad de Santa Fe contra JxC.
Con el diario del lunes, el gobernador asumió los reacomodamientos políticos que no se harán esperar. A fin de año, la renovación del gabinete es prácticamente un hecho, principalmente quitando a los hombres vinculados al chivo Rossi que aún persisten. A su vez, los radicales que tienen un pie dentro del Frente Progresista y el otro en Cambiemos, prometen disputar la presidencia de la cámara baja al socialismo.
En los mentideros se comenta un acuerdo entre el peronismo “díscolo” a Perotti con el macrismo, una fórmula que casi consagra como mandatario a Miguel Del Sel en 2015. A cambio, obtendría la impunidad judicial de este sector del PJ.
Perspectiva
Lo cierto también es que los trabajadores buscan encontrar una salida a sus reivindicaciones más sentidas. Las huelgas docentes, que se desarrollaron a principio de año y en esta última parte, contra los aumentos de miseria concretados entre la burocracia y el gobierno, junto a las movilizaciones autoconvocadas del personal de salud, tanto durante los meses más álgidos de la pandemia hasta la semana pasada, por el pase a planta, la recategorización y el ascenso a la carrera profesional, dan cuenta de que no es inmovilismo lo que prima entre los explotados. Más aún, la posibilidad de deliberación entre la clase obrera ante las elecciones sindicales que se abren en este período nos plantea importantes desafíos políticos.
Agustín Fernández
18/11/2021
Gatillo fácil en Barracas
Justicia por Lucas.
Ayer miércoles, alrededor de las 9.30 de la mañana, en el barrio de Barracas, tres agentes de civil de la brigada de la comisaría 4D de la Policía de la Ciudad balearon en la cabeza a Lucas Gonzalez, quien volvía de entrenar acompañado de un grupo de amigos. La policía intentó instalar la versión de un enfrentamiento para justificar un terrible caso de gatillo fácil.
Lucas, de 17 años, falleció producto de las heridas. Era jugador de las inferiores de Barracas Central y volvía de un entrenamiento a bordo de un automóvil junto a otros tres jóvenes cuando se les cruzó un Nissan Tiida Gris -que no pertenece a los vehículos de la brigada- sin identificación alguna. Tras impactar contra la puerta del conductor, intentan escapar pero del otro vehículo salen cuatro disparos, hiriendo en la cabeza a Lucas, que viajaba en el asiento del acompañante. La familia de Lucas convocó a una concentración frente a la comisaría.
La versión policial de los hechos ya lleva varias contradicciones en 24 horas. La primera versión de la brigada es que hubo un enfrentamiento, aunque el audio de la comunicación interna de los efectivos con la comisaría detalla que los disparos se efectúan luego de ver en el asiento trasero del VW Suran en el que se movían los jóvenes una supuesta arma de fuego. Antes habían sumado el dato falso de que el auto era robado, lo que fue rápidamente quedó desmentido. Los policías involucrados son Gabriel Isasi, Fabian Lopez y José Nievas. Estos justifican la persecución por verlos salir de la villa 21-24 -Luna e Iriarte- y por presuntas maniobras evasivas que levantaron la sospecha de los policías y decidieron perseguir e interceptar al auto sin mediar palabras. La policía federal, que se encargó de las pericias, asegura haber encontrado un arma de juguete en el baúl del auto luego de varias horas de peritaje.
Las familias de los jóvenes refutan esta versión. Sostienen que la razón por la que escaparon luego del choque fue porque creyeron que se trataba de un robo. Prueba de esto es que a las pocas cuadras se detuvieron a pedir auxilio a un policía uniformado. No hay ninguna prueba de que haya habido un tiroteo, ni que el arma de juguete en cuestión sea de los menores que, a excepción de Lucas -que fue trasladado al hospital del Cruce de Florencio Varela- acabaron detenidos por “averiguacion de ilicito”, mientras que los policías involucrados no fueron ni siquiera molestados.
La estigmatización de los jóvenes y la creciente represión que viene ejerciendo la policía de la ciudad en las barriadas tiene como resultado hechos como este. Mientras el narcotráfico y la bandas organizadas crecen en las narices de las fuerzas de seguridad de todos los colores, la policía de Larreta solo se endurece con la juventud y los desocupados que privan del derecho a movilizarse y amenazan constantemente con reprimir.
La inseguridad no es problema de rigurosidad de las fuerzas sino de complicidad: es la propia policía la que organiza la delincuencia y libera las zonas, como es la propia gendarmería la que deja actuar a los carteles narcos en las villas más grandes de la capital federal donde están apostados como “refuerzo”. El ataque sin motivo a estos jóvenes es un hecho gravísimo que debe ser rechazado por el conjunto de la sociedad y puesto a discusión en las barriadas donde se suceden los relatos de abuso policial y corrupción para discutir una salida a este problema que condiciona la vida de los jóvenes.
Juan Arrecegor
18/11/2021
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