Respuesta de Abuelas a José María Arancedo
El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), José María Arancedo, se escudó en el papa Francisco para destacar la “actitud de la Iglesia de promover una cultura del encuentro y fortalecer lazos de amistad social” y justificar así el nuevo intento de la máxima autoridad de la Iglesia Católica del país de “reconciliar” a víctimas y victimarios del terrorismo de Estado. Lo hizo en la homilía que inauguró anoche una nueva asamblea plenaria del organismo, la número 113, en la que los obispos de todo el país escucharán “testimonios de familiares de personas que sufrieron las consecuencias de este período marcado por la violencia en distintos ámbitos de la sociedad”. Así lo informó el Episcopado en un comunicado en el que evitó referirse a familiares de desaparecidos durante la última dictadura cívicomilitar y a agrupaciones que bregan por la “memoria completa”, integradas mayoritariamente por familiares y amigos de represores condenados y procesados por delitos de lesa humanidad. La iniciativa fue rechazada de plano por los organismos de derechos humanos. “¿Ahora vienen a pedir reconciliación? Deberían decirles a los militares genocidas que vayan a los tribunales a declarar toda la verdad sobre nuestros hijos”, advirtió Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo de la línea fundadora. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo opinó en la misma línea: “No tenemos que reconciliarnos con nadie; yo no agravié a nadie; fui agraviada con el asesinato de mi hija y el robo de mi nieto”, remarcó. Abuelas aún busca a más de 300 bebés apropiados durante el terrorismo de Estado.
“Esta parte de la Iglesia maneja un nivel de hipocresía total”, sentenció Cortiñas. Sin incluir a la Iglesia de “la opción por los pobres, que trabajó en las villas, que soñó como nuestros hijos e hijas por un país mejor, y que por eso perdió a integrantes a manos de los monstruos del terrorismo de Estado”, la Madre de Plaza de Mayo descartó toda posibilidad de participar en la iniciativa de “reflexión sobre los acontecimientos ocurridos durante la última dictadura militar” que la CEA planteó como eje de su nueva asamblea plenaria y como el primer paso de “un camino de diálogo entre los obispos en el marco de la cultura del encuentro y la amistad social”, tal como lo describió en el comunicado de anuncio del plenario que se realizará en Pilar y durará cinco días.
Durante la apertura del encuentro, Arancedo confirmó la idea. “Nos hemos acostumbrado a una cultura del enfrentamiento, la violencia y la anomia que nos debilita como nación”, desafió. Se escudó en el papa Francisco y su referencia a una “nueva evangelización que anima a todo bautizado a ser instrumento de pacificación y testimonio creíble de una vida reconciliada” y mencionó que la “misión de la Iglesia” es “contribuir con su palabra a una cultura del encuentro y fortalecer lazos de amistad social”. “No se trata de una mirada ingenua sino de poner al hombre en el centro de la cuestión social, y verlo como responsable de la misma realidad e instituciones de la República, que son la necesaria mediación en un estado de derecho en el marco de una vida en democracia. Esta actitud nos hace protagonistas de un futuro que nos compromete”, concluyó.
Metodología de la amistad social
Según un breve documento de prensa, la CEA apuntó que el “tiempo de reflexión” que abrirán en el plenario “se limitará a la escucha de algunos testimonios de familiares de personas que sufrieron las consecuencias de este período marcado por la violencia en distintos ámbitos de la sociedad”, por lo que descartan “intercambio entre los participantes”. Mencionaron que “se ha invitado a un número acotado de personas para contar con un tiempo suficiente para narrar sus experiencias”. Una de ellas es Graciela Fernández Meijide, quien confirmó a este diario que aceptó la invitación con la aclaración de que “aceptaran” en el Episcopado su postura de “rechazo a toda posibilidad de reconciliación mientras no exista la menor demostración de conciencia del daño que provocó la otra parte”, informó. “Ellos aceptaron y dijeron que solo están recogiendo testimonios, que les va a llevar como un año”, añadió.
Abuelas, Madres y Familiares de desaparecidos, en tanto, rechazaron de plano la iniciativa. “No hay diálogo posible con quienes secuestraron, torturaron y desaparecieron a nuestros hijos e hijas; con quienes niegan información sobre su destino final; con quienes saben dónde están los más de 300 nietos y nietas que aún son esclavos de la mentira y, a 40 años de su apropiación, continúan viviendo bajo una identidad falsa”, respondieron desde Abuelas de Plaza de Mayo. Graciela Lois, de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, reforzó el argumento: “Es ridículo el planteo de un diálogo en términos de igualdad de condiciones entre partes que claramente no las tienen. Nuestros desaparecidos fueron víctimas del terrorismo de Estado, de un Estado que estaba en manos de esta gente con la que la Iglesia nos invita a reconciliarnos”.
“Es un disparate”, calificó Carlotto. “¿Cómo vamos a ir a dialogar? Lo que hay que hacer es cumplir con la democracia y con lo que pedimos: Verdad, Memoria y Justicia”, continuó. Lois también habló del pedido histórico: “Es imposible que dialoguemos cuando nuestros reclamos de Memoria, Verdad y Justicia no fueron satisfechos. Porque la memoria la construimos nosotros a fuerza de lucha, la Justicia llega con cuentagotas y a una minoría, y ninguno de nosotros contó con la verdad de cómo, dónde y por qué han desaparecido los nuestros”. Carlotto completó el sentido de la reflexión: “Tuvimos la paciencia de esperar 40 años. Se cometió un genocidio y se declaró delito de lesa humanidad. Hay que buscar la reparación por medio de la justicia y del respeto a la verdad absoluta”.
Ailín Bullentini
Página/12
jueves, 4 de mayo de 2017
La Corte Suprema también votó por el cambio
Tres jueces decidieron aplicar la ley “del 2x1” aunque el beneficio fue derogado antes de que los represores fueran detenidos.
Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Elena Highton formaron la mayoría. Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti se opusieron.
La Corte Suprema aceptó aplicar el beneficio de reducción de la pena conocido como “2 x 1” a un condenado por crímenes de lesa humanidad, a pesar de que el proceso judicial en su contra y su detención fueron posteriores a la derogación de aquella ley que permitía computar dobles los días de detención a quienes no tenían sentencia firme. Uno de los argumentos centrales es que se debe tener en cuenta la ley penal más benigna. Pero el fallo es, sin dudas, la confirmación de un cambio de paradigma judicial y político frente a los crímenes del Terrorismo de Estado, del cual los supremos venían dando algunos indicios en decisiones previas. Los organismos de derechos humanos y sus referentes hicieron sentir ayer mismo su rechazo a la sentencia que, anticipan, traerá una fila de reclamos de otros represores que intentarán recuperar la libertad con el mismo argumento. El Gobierno, en cambio, con el ademán de no hacer ninguna crítica aún frente a los pedidos de opinión, le estaba dando la bienvenida.
El fallo tiene una mayoría justa, de tres votos. Así salen últimamente muchas sentencias supremas (la unanimidad es una rareza), aunque la composición del grupo que define hacia donde se inclina la balanza va cambiando. En esta ocasión lo integran los dos jueces nombrados por Mauricio Macri, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, más Elena Highton de Nolasco, quien en rigor también le debe su permanencia pos 75 años en el tribunal al Gobierno, que decidió no apelarla. Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda votaron en disidencia, en un intento por sostener la misma línea de sus sentencias de los últimos años en casos de lesa humanidad.
En el caso de la jueza, lo más notable es que cambia su postura respecto de sentencias anteriores. En una decisión de 2009 donde se discutía la aplicación de la ley penal más benigna ante el delito permanente de apropiación de niños, el voto mayoritario que ella firmó argumentaba que una persona sufre el delito hasta que recupera su identidad, y la ley aplicable es la vigente al momento que eso sucede, pero no la ley penal más benigna. Lorenzetti también hizo alguna modificación en su fundamentación (cierta vez abonó aplicar la ley penal más benigna), pero no cambió el sentido de sus decisiones.
El represor que logró tener a la Corte de su lado es Luis Muiña, un civil que formó parte del llamado “grupo Swat”, que operó en el Hospital Posadas. Era parte de la seguridad interna del establecimiento y el 28 de marzo de 1976 participó de un operativo con tanques y helicópteros que comandó Reynaldo Benito Bignone, quien era el delegado de la junta miliar en el área de “Bienestar Social”. Su intervención en el hospital Posadas consistió en el secuestro de 22 personas, de las cuales seis continúan desaparecidas. Muiña quedó detenido en octubre de 2007 y fue condenado a fines de 2011 a 13 años de prisión por cinco casos de secuestros y torturas. Fue el propio tribunal Oral Federal 2 el que le computó la pena ya reducida. Luego la Sala IV de la Cámara de Casación lo revocó, y dijo que tenía que cumplir la pena. El condenado llegó en queja hasta la Corte. Desde el año pasado gozaba de libertad condicional.
El voto de la mayoría suprema sentencia que: “Las leyes penales intermedias, promulgadas después de la comisión del delito pero derogadas y reemplazadas por otra ley antes de dictarse una condena, se aplican retroactivamente cuando son más benignas y tendrán ultraactividad cuando son intermedias, siempre que fueran más benignas que las posteriores”. Agregan los supremos que “la solución más benigna debe aplicarse a todos los delitos, inclusive los de carácter permanente” Entonces recuerdan que la ley llamada del “2 x 1” (24.390) estuvo vigente desde 1994 hasta 2001, que es un lapso intermedio entre el delito y la condena, y señalan que no se planteó una distinción para los crímenes de lesa humanidad. También se aferran a un precedente, “Arce”, que especifica que no es determinante si el imputado estaba detenido o no cuando regía aquella norma.
Una simple mirada de la sentencia permite deducir también que los únicos que se podrán beneficiar de sus efectos y de la ley del “2 x 1” son los genocidas y los apropiadores de niños. Son contados los acusados de delitos comunes que podrían invocarla: quienes cometieron un delito antes de 2001, cuando fue derogada, ya se habrán beneficiado con ella o tendrán sentencia, o los delitos ya esta altura estarán prescriptos. Por esta razón algunos organismos planteaban que es falaz que la Corte Suprema esté aplicando la ley del mismo modo para todos, porque los beneficiarios principales sólo serán represores e involucrados en robo de hijos de desaparecidos. El costo será para las víctimas, y la sociedad en general, que ve dañado el proceso de memoria, verdad y justicia.
Un párrafo que causó especial irritación en quienes esperaron los juicios después de los treinta años de impunidad generados por la vigencia de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida es el que dice que “la mejor respuesta que una sociedad respetuosa de la ley puede darle a la comisión de delitos de lesa humanidad y la única manera efectiva y principista de no parecerse a aquello que se combate y se reprueba es el estricto cumplimiento de las leyes y de los principios que caracterizan el Estado de Derecho, lo que en este caso requiere decidir con absoluto apego a lo que está claramente ordenado por el art. 2° del Código Penal”, que ese el que se refiere a la ley penal más benigna y que, insiste la Corte, no admite excepciones. El voto de Rosatti hace una especie de mea culpa, ya que expresa un “dilema moral” por aplicar el “criterio de benignidad” a condenados por delitos de lesa humanidad. Pero insiste en que para los represores no hay un régimen diferenciado y se debe aplicar la ley con ecuanimidad.
El voto en minoría de Lorenzetti, junto con Maqueda, refleja en buena medida la situación actual del presidente supremo, quien ha perdido injerencia a la hora de la confección de los fallos, y más aún temas de lesa humanidad, donde en otros tiempos fue determinante, y su predicamento era determinante para todo el Poder Judicial. En más de un discurso público y ante la corporación de jueces, Lorenzetti dijo que con los juicios de lesa humanidad no había “marcha atrás” y que eran parte de una “política de Estado”.
Su voto explica que el derecho a la ley penal más benigna requiere evaluar si la ley posterior al hecho es la expresión de un cambio en la valoración de la clase de delito correspondiente a los hechos de la causa en juego. Sólo en ese caso, señala, se la podría habilitar. Pero la ley 24.390, explica Lorenzetti, no surgió porque se reprobaran los delitos de lesa humanidad sino que fue un mecanismo para limitar la prisión preventiva, fue una medida procesal, pensada para causas en trámite. Que no era el caso de Muiña que, como otros represores, pudo gozar de una larga temporada de impunidad y fue juzgado mucho después. Junto con Maqueda, comparte otro razonamiento: al tratarse de delitos permanentes, no es que durante su consumación rigieron dos leyes penales sino que coexistieron. Se debe aplicar, dicen, la última, que es la que derogó a la del “2 x 1”. Ambos jueces disidentes recuerdan también que el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos obliga a los estados parte “a perseguir, investigar y sancionar adecuadamente a los responsables de delitos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos”. Un cálculo aritmético aplicado en un caso que no corresponde, atenta contra ese deber de sanción apropiada, señalan.
Es cierto que la Corte no se había expedido nunca sobre el fondo de la discusión en los reclamos de “2 x 1” en casos de lesa humanidad. Pero no es menos cierto que su comportamiento había sido rechazar, cuanto menos con la fórmula “280” ese tipo de planteos. El fallo de ayer llega en un contexto, además, de estancamiento de los juicios de lesa humanidad denunciado por Abuelas de Plaza de Mayo ante el Consejo de la Magistratura, y de una seguidilla de otros fallos de este año que anunciaban una nueva mirada: el caso “Fontevecchia” sentenció que la Corte Interamericana no puede revocar sentencias de la Corte argentina (sólo Maqueda votó en disidencia); ratificó la prescripción de las acciones civiles contra el Estado para las víctimas de lesa humanidad (la disidencia fue de Maqueda y Rosatti) y habilitó la prisión domiciliaria para el represor Felipe Alespeiti (se opusieron Lorenzetti y Highton) Anoche, Alan Iud, abogado de Abuelas, resumía los efectos de la sentencia suprema: “Con este criterio, Videla hubiera quedado en libertad el día de la sentencia de Plan Sistemático de Apropiación de Niños”.
Irina Hauser
Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Elena Highton formaron la mayoría. Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti se opusieron.
La Corte Suprema aceptó aplicar el beneficio de reducción de la pena conocido como “2 x 1” a un condenado por crímenes de lesa humanidad, a pesar de que el proceso judicial en su contra y su detención fueron posteriores a la derogación de aquella ley que permitía computar dobles los días de detención a quienes no tenían sentencia firme. Uno de los argumentos centrales es que se debe tener en cuenta la ley penal más benigna. Pero el fallo es, sin dudas, la confirmación de un cambio de paradigma judicial y político frente a los crímenes del Terrorismo de Estado, del cual los supremos venían dando algunos indicios en decisiones previas. Los organismos de derechos humanos y sus referentes hicieron sentir ayer mismo su rechazo a la sentencia que, anticipan, traerá una fila de reclamos de otros represores que intentarán recuperar la libertad con el mismo argumento. El Gobierno, en cambio, con el ademán de no hacer ninguna crítica aún frente a los pedidos de opinión, le estaba dando la bienvenida.
El fallo tiene una mayoría justa, de tres votos. Así salen últimamente muchas sentencias supremas (la unanimidad es una rareza), aunque la composición del grupo que define hacia donde se inclina la balanza va cambiando. En esta ocasión lo integran los dos jueces nombrados por Mauricio Macri, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, más Elena Highton de Nolasco, quien en rigor también le debe su permanencia pos 75 años en el tribunal al Gobierno, que decidió no apelarla. Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda votaron en disidencia, en un intento por sostener la misma línea de sus sentencias de los últimos años en casos de lesa humanidad.
En el caso de la jueza, lo más notable es que cambia su postura respecto de sentencias anteriores. En una decisión de 2009 donde se discutía la aplicación de la ley penal más benigna ante el delito permanente de apropiación de niños, el voto mayoritario que ella firmó argumentaba que una persona sufre el delito hasta que recupera su identidad, y la ley aplicable es la vigente al momento que eso sucede, pero no la ley penal más benigna. Lorenzetti también hizo alguna modificación en su fundamentación (cierta vez abonó aplicar la ley penal más benigna), pero no cambió el sentido de sus decisiones.
El represor que logró tener a la Corte de su lado es Luis Muiña, un civil que formó parte del llamado “grupo Swat”, que operó en el Hospital Posadas. Era parte de la seguridad interna del establecimiento y el 28 de marzo de 1976 participó de un operativo con tanques y helicópteros que comandó Reynaldo Benito Bignone, quien era el delegado de la junta miliar en el área de “Bienestar Social”. Su intervención en el hospital Posadas consistió en el secuestro de 22 personas, de las cuales seis continúan desaparecidas. Muiña quedó detenido en octubre de 2007 y fue condenado a fines de 2011 a 13 años de prisión por cinco casos de secuestros y torturas. Fue el propio tribunal Oral Federal 2 el que le computó la pena ya reducida. Luego la Sala IV de la Cámara de Casación lo revocó, y dijo que tenía que cumplir la pena. El condenado llegó en queja hasta la Corte. Desde el año pasado gozaba de libertad condicional.
El voto de la mayoría suprema sentencia que: “Las leyes penales intermedias, promulgadas después de la comisión del delito pero derogadas y reemplazadas por otra ley antes de dictarse una condena, se aplican retroactivamente cuando son más benignas y tendrán ultraactividad cuando son intermedias, siempre que fueran más benignas que las posteriores”. Agregan los supremos que “la solución más benigna debe aplicarse a todos los delitos, inclusive los de carácter permanente” Entonces recuerdan que la ley llamada del “2 x 1” (24.390) estuvo vigente desde 1994 hasta 2001, que es un lapso intermedio entre el delito y la condena, y señalan que no se planteó una distinción para los crímenes de lesa humanidad. También se aferran a un precedente, “Arce”, que especifica que no es determinante si el imputado estaba detenido o no cuando regía aquella norma.
Una simple mirada de la sentencia permite deducir también que los únicos que se podrán beneficiar de sus efectos y de la ley del “2 x 1” son los genocidas y los apropiadores de niños. Son contados los acusados de delitos comunes que podrían invocarla: quienes cometieron un delito antes de 2001, cuando fue derogada, ya se habrán beneficiado con ella o tendrán sentencia, o los delitos ya esta altura estarán prescriptos. Por esta razón algunos organismos planteaban que es falaz que la Corte Suprema esté aplicando la ley del mismo modo para todos, porque los beneficiarios principales sólo serán represores e involucrados en robo de hijos de desaparecidos. El costo será para las víctimas, y la sociedad en general, que ve dañado el proceso de memoria, verdad y justicia.
Un párrafo que causó especial irritación en quienes esperaron los juicios después de los treinta años de impunidad generados por la vigencia de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida es el que dice que “la mejor respuesta que una sociedad respetuosa de la ley puede darle a la comisión de delitos de lesa humanidad y la única manera efectiva y principista de no parecerse a aquello que se combate y se reprueba es el estricto cumplimiento de las leyes y de los principios que caracterizan el Estado de Derecho, lo que en este caso requiere decidir con absoluto apego a lo que está claramente ordenado por el art. 2° del Código Penal”, que ese el que se refiere a la ley penal más benigna y que, insiste la Corte, no admite excepciones. El voto de Rosatti hace una especie de mea culpa, ya que expresa un “dilema moral” por aplicar el “criterio de benignidad” a condenados por delitos de lesa humanidad. Pero insiste en que para los represores no hay un régimen diferenciado y se debe aplicar la ley con ecuanimidad.
El voto en minoría de Lorenzetti, junto con Maqueda, refleja en buena medida la situación actual del presidente supremo, quien ha perdido injerencia a la hora de la confección de los fallos, y más aún temas de lesa humanidad, donde en otros tiempos fue determinante, y su predicamento era determinante para todo el Poder Judicial. En más de un discurso público y ante la corporación de jueces, Lorenzetti dijo que con los juicios de lesa humanidad no había “marcha atrás” y que eran parte de una “política de Estado”.
Su voto explica que el derecho a la ley penal más benigna requiere evaluar si la ley posterior al hecho es la expresión de un cambio en la valoración de la clase de delito correspondiente a los hechos de la causa en juego. Sólo en ese caso, señala, se la podría habilitar. Pero la ley 24.390, explica Lorenzetti, no surgió porque se reprobaran los delitos de lesa humanidad sino que fue un mecanismo para limitar la prisión preventiva, fue una medida procesal, pensada para causas en trámite. Que no era el caso de Muiña que, como otros represores, pudo gozar de una larga temporada de impunidad y fue juzgado mucho después. Junto con Maqueda, comparte otro razonamiento: al tratarse de delitos permanentes, no es que durante su consumación rigieron dos leyes penales sino que coexistieron. Se debe aplicar, dicen, la última, que es la que derogó a la del “2 x 1”. Ambos jueces disidentes recuerdan también que el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos obliga a los estados parte “a perseguir, investigar y sancionar adecuadamente a los responsables de delitos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos”. Un cálculo aritmético aplicado en un caso que no corresponde, atenta contra ese deber de sanción apropiada, señalan.
Es cierto que la Corte no se había expedido nunca sobre el fondo de la discusión en los reclamos de “2 x 1” en casos de lesa humanidad. Pero no es menos cierto que su comportamiento había sido rechazar, cuanto menos con la fórmula “280” ese tipo de planteos. El fallo de ayer llega en un contexto, además, de estancamiento de los juicios de lesa humanidad denunciado por Abuelas de Plaza de Mayo ante el Consejo de la Magistratura, y de una seguidilla de otros fallos de este año que anunciaban una nueva mirada: el caso “Fontevecchia” sentenció que la Corte Interamericana no puede revocar sentencias de la Corte argentina (sólo Maqueda votó en disidencia); ratificó la prescripción de las acciones civiles contra el Estado para las víctimas de lesa humanidad (la disidencia fue de Maqueda y Rosatti) y habilitó la prisión domiciliaria para el represor Felipe Alespeiti (se opusieron Lorenzetti y Highton) Anoche, Alan Iud, abogado de Abuelas, resumía los efectos de la sentencia suprema: “Con este criterio, Videla hubiera quedado en libertad el día de la sentencia de Plan Sistemático de Apropiación de Niños”.
Irina Hauser
miércoles, 3 de mayo de 2017
2x1 para los genocidas: el mamarracho oficial

El máximo tribunal declaró por mayoría aplicable la derogada ley del 2 x 1 (ley 24.390) en casos de lesa humanidad.
La Corte Suprema tomó mano de la derogada ley del 2 x 1 (Ley 24.390) para beneficiar al genocida Luis Muiña, quien en 2011 fue condenado a 13 años de prisión por la privación ilegítima de la libertad y torturas de Gladys Evarista Cuervo, Jacobo Chester –desaparecido-, Jorge Mario Roitman (desaparecido), Jacqueline Romano y Marta Elena Graiff, todos ellos fueron secuestrados el 28 de marzo de 1977 en en el Hospital Posadas y permanecieron cautivos en el centro clandestino conocido como “El Chalet”. La condena contra Muiña fue ratificada por los tribunales superiores en el año 2013.
La ley del 2x1 permitía computar dos días por cada uno que una persona procesada permaneciera en prisión preventiva, de manera tal que, una vez condenado, se disminuía la pena recibida. Estuvo vigente entre 1994 y 2001, es decir en un breve interregno entre la comisión del hecho y la condena.
Los jueces Highton, Rosenkrantz y Rosatti arguyeron que esta ley se encuadra en el principio rector del proceso penal de “la ley más benigna en favor del reo”. Destacan en sus fallos que este principio tiene raigambre constitucional por los diversos tratados de derechos humanos incorporados en la Constitución Nacional con la reforma de 1994, y que por ende no debe valorarse ninguna otra situación o agravante en el tipo de delito por el cual fuera juzgado el condenado. Con el cinismo que abunda en ciertos “hombres de Derecho”, Rosatti divaga en su fundamento sobre el “dilema moral” que implica la aplicación de este criterio sobre delitos de lesa humanidad, el cual resuelve “mediante la estricta aplicación de la Constitución y las leyes”. El colmo es que Muiña ya se encontraba gozando de libertad condicional.
En realidad, el fallo mayoritario de los cortesanos es un mamarracho jurídico a la medida de los genocidas. Se les aplica la ley más benigna en razón de que estuvo en vigencia aunque sea por un breve lapso en el curso de los treinta años que transcurrieron entre la comisión del hecho y el inicio de los juicios. Ni Muiña ni ninguno de los militares procesados o condenados actualmente cumplió prisión preventiva en los años de vigencia del 2x1. Ni siquiera se encontraban procesados antes de 2001, ya que en ese período de tiempo eran beneficiados por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Es un premio a la impunidad. El alcance de este fallo se extenderá a otros represores, ya que es una práctica habitual de sus abogados defensores hacer presentaciones similares a las que realizó Muiña.
El voto decisivo de los jueces nombrados por el actual gobierno pone en evidencia el carácter concertado de una política de impunidad que baja desde el poder político, que se enlaza con los dichos negacionistas de Darío Lopérfido, Gómez Centurión y otros funcionarios; las reuniones con los familiares de las “víctimas de la subversión”, la presencia de represores y carapintadas en los desfiles oficiales del 9 de julio y las editoriales de La Nación a favor de la dictadura, entre otros. El fallo, sintoniza, además, con el proyecto de “reconciliación” impulsado por la Iglesia.
Los genocidas nunca brindaron datos sobre dónde se encuentran los desaparecidos, ni sus hijos apropiados, ni a quienes se los entregaron, por lo que siguen perpetrando el delito, y de ahí su carácter permanente. Esto es responsabilidad del Estado y la iglesia que mantienen secretos los archivos y piden a gritos la reconciliación.
El próximo 11 de mayo nos movilizamos a Plaza de Mayo contra la represión de Macri y los gobernadores y contra la impunidad de ayer y de hoy.
Cárcel común y efectiva para todos los represores.
Claudia Ferrero y Liliana Alaniz (Apel)
"Un fallo a favor de la impunidad"

La Corte Suprema falló a favor de la impunidad de los genocidas. Aprobó, por mayoría, aplicar el cómputo del 2x1 en el caso del genocida Muiña, conforme la ley vigente entre 1994 y 2001, que paliaba la situación de presos comunes que padecen larguísimas prisiones preventivas sin sentencia.
Muiña formaba parte del autodenominado grupo "SWAT", un comando paramilitar interno del Hospital Posadas. Los SWAT se paseaban cargando armas por los pasillos del Hospital, deteniendo y torturando a trabajadores y vecinos, muchos de los cuales siguen desaparecidos.
Muiña fue condenado en 2011 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal nº 2 a la pena de trece años de prisión, fallo que quedó firme en 2013.
Desde el Encuentro Memoria Verdad y Justicia repudiamos este fallo en consonancia con las políticas de impunidad que pretende imponer el Gobierno Nacional. La reivindicación del terrorismo de estado y las políticas de reconciliación impulsadas por el Gobierno y la cúpula eclesiástica son funcionales a la política represiva desplegada a lo largo y ancho del país.
Para los genocidas que torturaron, secuestraron y desaparecieron a nuestros compañeros, pedimos cárcel común y efectiva desde hace más de 30 años. Denunciamos que este fallo, además de ser una verdadera provocación para quienes hemos luchado por décadas para obtener justicia, resulta un verdadero mamarracho fascista, pues la regla de aplicar la norma más benigna resulta absurda, ya que la ley del 2x1 no existía en el momento de cometerse los delitos.
CADA DÍA EN EL QUE NO SE ABREN LOS ARCHIVOS DE LA DICTADURA LOS GENOCIDAS SIGUEN COMETIENDO UNA Y OTRA VEZ EL MISMO CRIMEN. SEGUIMOS SIN SABER DÓNDE ESTÁN NUESTROS COMPAÑEROS DETENIDOS DESAPARECIDOS.
· CÁRCEL COMÚN Y EFECTIVA A TODOS LOS GENOCIDAS
11 DE MAYO A LAS 17 HS MAYO MARCHAMOS DESDE CONGRESO HASTA PLAZA DE MAYO
· CONTRA LA REPRESIÓN DE MACRI Y LOS GOBERNADORES
· CONTRA LA IMPUNIDAD
ENCUENTRO MEMORIA VERDAD Y JUSTICIA
3/5/2017
Marcelo Ramal: “un 2x1 que apuntala el rescate oficial de los genocidas”
El legislador porteño del PO-FIT denunció la resolución de la Corte Suprema que beneficia a represores de la dictadura militar.
Marcelo Ramal, legislador porteño y precandidato a diputado nacional por el Partido Obrero en el Frente de Izquierda, se refirió al fallo de la Corte Suprema: “aunque parte del máximo poder judicial, el fallo que le otorga el 2 x 1 a los genocidas se encuentra en completa sintonía con una orientación estratégica del macrismo: el rescate de los genocidas de la dictadura para reinsertar a las fuerzas armadas en la represión interior”.
Ramal señaló que “el mismo Estado que discute el agravamiento de penas en todos los planos de la vida social –y particularmente el de la protesta– se vuelve garantista a la hora de juzgar al cuerpo de oficiales que ejecutó el genocidio dictatorial. Para ello, no ha tenido reparos en echar mano de una ley derogada hace más de quince años. Este fallo ha sido piloteado por los jueces de la Corte nombrados por el macrismo, con el acuerdo, claro está, de los senadores del Partido Justicialista y del Frente para la Victoria. Es claro que la orientación de impunidad a los genocidas no se limita a los funcionarios que hicieron declaraciones minimizando el genocidio, sino que se trata de una política de Estado”.
Ramal concluyó llamando a “reforzar la convocatoria del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que marchará el próximo 11 de mayo contra la impunidad a los genocidas y la actual represión a la protesta social”.
Marcelo Ramal, legislador porteño y precandidato a diputado nacional por el Partido Obrero en el Frente de Izquierda, se refirió al fallo de la Corte Suprema: “aunque parte del máximo poder judicial, el fallo que le otorga el 2 x 1 a los genocidas se encuentra en completa sintonía con una orientación estratégica del macrismo: el rescate de los genocidas de la dictadura para reinsertar a las fuerzas armadas en la represión interior”.
Ramal señaló que “el mismo Estado que discute el agravamiento de penas en todos los planos de la vida social –y particularmente el de la protesta– se vuelve garantista a la hora de juzgar al cuerpo de oficiales que ejecutó el genocidio dictatorial. Para ello, no ha tenido reparos en echar mano de una ley derogada hace más de quince años. Este fallo ha sido piloteado por los jueces de la Corte nombrados por el macrismo, con el acuerdo, claro está, de los senadores del Partido Justicialista y del Frente para la Victoria. Es claro que la orientación de impunidad a los genocidas no se limita a los funcionarios que hicieron declaraciones minimizando el genocidio, sino que se trata de una política de Estado”.
Ramal concluyó llamando a “reforzar la convocatoria del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que marchará el próximo 11 de mayo contra la impunidad a los genocidas y la actual represión a la protesta social”.
Santa Cruz: ataques y amenazas a dos dirigentes de Adosac
En el marco de una lucha que se viene dando hace meses por parte de los docentes santacruceños, dos referentes se han visto atacados y amenazados como método de amedrentamiento
El pasado lunes 1 de mayo atacaron al Secretario General de Adosac Caleta Olivia, mientras se dirigía al gremio para realizar una actividad para el fondo de huelga. De repente apareció un sujeto que sin mediar palabras atacó al dirigente docente con golpes de puño y amenazas de muerte reiteradas. En tanto el martes 2 de mayo fue amenazada la Secretaria General de 28 de Noviembre, mediante una llamada telefónica anónima.
No es casual que esto ocurra en una situación de lucha aguda contra el ajuste que está aplicando el gobierno de Alicia Kirchner. Hay antecedentes como cuando fueron salvajemente golpeados los caceroleros el 26 de abril del 2002 por una patota dirigida por el gobernador Néstor Kirchner, durante la dura huelga docente del 2007 fue incendiado el auto de Adosac, en éste mismo conflicto prendieron fuego la carpa docente frente a la casa de gobierno de la provincia, el 12 de abril del 2011 fueron atacados los docentes que se manifestaban en 28 de Noviembre por la patota de la Uocra dejando varios heridos.
A pesar de todos estos ataques, Alicia Kirchner se victimiza en los medios de prensa como ocurrió hace dos semanas cuando los trabajadores se manifestaron en su residencia exigiendo una solución a los salarios adeudados, pero fueron reprimidos por la policía provincial.
Los docentes de Santa Cruz, junto al resto de los trabajadores repudian todo tipo de apriete que vaya en contra de los derechos de ejercer la huelga y otros tipos de manifestaciones.
LID
El pasado lunes 1 de mayo atacaron al Secretario General de Adosac Caleta Olivia, mientras se dirigía al gremio para realizar una actividad para el fondo de huelga. De repente apareció un sujeto que sin mediar palabras atacó al dirigente docente con golpes de puño y amenazas de muerte reiteradas. En tanto el martes 2 de mayo fue amenazada la Secretaria General de 28 de Noviembre, mediante una llamada telefónica anónima.
No es casual que esto ocurra en una situación de lucha aguda contra el ajuste que está aplicando el gobierno de Alicia Kirchner. Hay antecedentes como cuando fueron salvajemente golpeados los caceroleros el 26 de abril del 2002 por una patota dirigida por el gobernador Néstor Kirchner, durante la dura huelga docente del 2007 fue incendiado el auto de Adosac, en éste mismo conflicto prendieron fuego la carpa docente frente a la casa de gobierno de la provincia, el 12 de abril del 2011 fueron atacados los docentes que se manifestaban en 28 de Noviembre por la patota de la Uocra dejando varios heridos.
A pesar de todos estos ataques, Alicia Kirchner se victimiza en los medios de prensa como ocurrió hace dos semanas cuando los trabajadores se manifestaron en su residencia exigiendo una solución a los salarios adeudados, pero fueron reprimidos por la policía provincial.
Los docentes de Santa Cruz, junto al resto de los trabajadores repudian todo tipo de apriete que vaya en contra de los derechos de ejercer la huelga y otros tipos de manifestaciones.
LID
La Conferencia Episcopal Argentina impulsa “reconciliación” con genocidas
La Conferencia Episcopal Argentina comunicó este martes que la próxima Asamblea Plenaria de la institución religiosa “iniciará un tiempo de reflexión sobre los acontecimientos ocurridos durante la última dictadura militar” para lograr “un camino de diálogo”. Contundente rechazo de Abuelas de Plaza de Mayo.
Luego que la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) emitiera este martes un comunicado con precisiones respecto a la 113º Asamblea Plenaria, las Abuelas de Plaza de Mayo respondieron con un fuerte mensaje de rechazo a la idea de reconciliación con los genocidas.
“Ante esta información, decimos nuevamente: no hay diálogo posible con quienes secuestraron, torturaron y desaparecieron a nuestros hijos e hijas; con quienes niegan información sobre su destino final; con quienes saben dónde están los más de 300 nietos y nietas que aún son esclavos de la mentira y, a 40 años de su apropiación, continúan viviendo bajo una identidad falsa”.
El organismo de Derechos Humanos manifestó su profunda preocupación por la idea de “reconciliación” entre víctimas y victimarios del terrorismo de Estado que está impulsando la la institución encabezada por Monseñor José María Arancedo.
La CEA anunció que en su asamblea plenaria recibirá a familiares de desaparecidos y de represores para iniciar “un itinerario de trabajo sobre el tema de la reconciliación en el marco de la cultura del encuentro”.
Abuelas recordó que una parte de la Iglesia fue cómplice de las desapariciones; con doble moral avaló las torturas y omitió información para el encuentro de lxs hijxs y nietxs. “A través del Movimiento Familiar Cristiano se blanquearon como adopciones lo que en realidad fueron apropiaciones de, al menos, dos de nuestras nietas”, rememoraron.
Por otra parte, en abril de 2015, luego de la visita de Estela de Carlotto al Vaticano, el Papa Francisco ordenó la apertura de los archivos secretos de la Iglesia Católica: unas 3000 cartas y documentos que se conservan en el Episcopado, en la Nunciatura Apostólica y en la Santa Sede, con pedidos que llegaron a la Iglesia para conocer el paradero de detenidos y desaparecidos y reclamar gestiones ante las autoridades.
Pese a que trascendió que durante esta Asamblea de la CEA se dará a conocer el protocolo para acceder a estos documentos, la información indica que solo podrán solicitarlos las víctimas y familiares o los jueces y fiscales que los requieran durante la instrucción de las causas por delitos de lesa humanidad. En este sentido, Abuelas espera que se revea esta decisión que restringe el acceso a documentos que desde hace 40 años venimos reclamando.
Finalmente, ante la propuesta de reconciliación las Abuelas de Plaza de Mayo reafirmaron que seguirán luchando “hasta que el último de los responsables sea juzgado y condenado, hasta que aparezcan los restos de todos nuestros hijos e hijas desaparecidos, hasta que el último nieto apropiado recupere su verdadera identidad. Porque no hay amor en la mentira; no hay reconciliación sin arrepentimiento; no hay perdón sin justicia.
Militar acusado por crímenes de lesa humanidad pidió asilo político al Vaticano
El teniente coronel (R) Emilio Guillermo Nani pidió este martes asilo diplomático en la Nunciatura Apostólica a través de una carta en la que dijo que lo están por detener en el marco de dos causas por delitos de lesa humanidad y alegó que en Argentina hay una “ausencia casi absoluta” de “garantías constitucionales y procesales”.
La Tinta
Luego que la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) emitiera este martes un comunicado con precisiones respecto a la 113º Asamblea Plenaria, las Abuelas de Plaza de Mayo respondieron con un fuerte mensaje de rechazo a la idea de reconciliación con los genocidas.
“Ante esta información, decimos nuevamente: no hay diálogo posible con quienes secuestraron, torturaron y desaparecieron a nuestros hijos e hijas; con quienes niegan información sobre su destino final; con quienes saben dónde están los más de 300 nietos y nietas que aún son esclavos de la mentira y, a 40 años de su apropiación, continúan viviendo bajo una identidad falsa”.
El organismo de Derechos Humanos manifestó su profunda preocupación por la idea de “reconciliación” entre víctimas y victimarios del terrorismo de Estado que está impulsando la la institución encabezada por Monseñor José María Arancedo.
La CEA anunció que en su asamblea plenaria recibirá a familiares de desaparecidos y de represores para iniciar “un itinerario de trabajo sobre el tema de la reconciliación en el marco de la cultura del encuentro”.
Abuelas recordó que una parte de la Iglesia fue cómplice de las desapariciones; con doble moral avaló las torturas y omitió información para el encuentro de lxs hijxs y nietxs. “A través del Movimiento Familiar Cristiano se blanquearon como adopciones lo que en realidad fueron apropiaciones de, al menos, dos de nuestras nietas”, rememoraron.
Por otra parte, en abril de 2015, luego de la visita de Estela de Carlotto al Vaticano, el Papa Francisco ordenó la apertura de los archivos secretos de la Iglesia Católica: unas 3000 cartas y documentos que se conservan en el Episcopado, en la Nunciatura Apostólica y en la Santa Sede, con pedidos que llegaron a la Iglesia para conocer el paradero de detenidos y desaparecidos y reclamar gestiones ante las autoridades.
Pese a que trascendió que durante esta Asamblea de la CEA se dará a conocer el protocolo para acceder a estos documentos, la información indica que solo podrán solicitarlos las víctimas y familiares o los jueces y fiscales que los requieran durante la instrucción de las causas por delitos de lesa humanidad. En este sentido, Abuelas espera que se revea esta decisión que restringe el acceso a documentos que desde hace 40 años venimos reclamando.
Finalmente, ante la propuesta de reconciliación las Abuelas de Plaza de Mayo reafirmaron que seguirán luchando “hasta que el último de los responsables sea juzgado y condenado, hasta que aparezcan los restos de todos nuestros hijos e hijas desaparecidos, hasta que el último nieto apropiado recupere su verdadera identidad. Porque no hay amor en la mentira; no hay reconciliación sin arrepentimiento; no hay perdón sin justicia.
Militar acusado por crímenes de lesa humanidad pidió asilo político al Vaticano
El teniente coronel (R) Emilio Guillermo Nani pidió este martes asilo diplomático en la Nunciatura Apostólica a través de una carta en la que dijo que lo están por detener en el marco de dos causas por delitos de lesa humanidad y alegó que en Argentina hay una “ausencia casi absoluta” de “garantías constitucionales y procesales”.
La Tinta
Abelardo Castillo (1935-2017): el que muere de sed

El autor de Crónica de un iniciado falleció a los 82 años.
Nadie muere del todo: su obra continúa. Y la obra es de cualquiera, de todos: la famosa trilogía del hijo, el árbol y el libro no excluye a casi nadie, si no se toma en su totalidad. Cuando muere un escritor siguen hablando sus personajes. Poemas, cuentos, novelas, dramas, ensayos, estimulan la lengua, abren la mente como ventanas, y por el hueco entra el aire que no dejará de oxigenarnos.
Abelardo Castillo ha muerto. “Soy libre; soy una individualidad desolada pero libre. Por eso no puedo más que ser malo. Todo individuo es un anticristo, al ser libre, al crearse, está en un continuo choque con su prójimo: tiende a sobrevivir y a hacer sobrevivir aquello que ama. Mientras no choquemos con otros, seremos buenos, pero esto no es sino temporal. Finalmente aniquilamos a nuestro prójimo. O nosotros o él, es la ley. Y elegimos siempre el nosotros o de lo contrario nos sacrifican y somos Cristo. Nada que nace debiera morir, esto lo intuimos y luchamos por nuestra sobrevivencia”, escribió en 1956, en un texto recogido en sus Diarios. Todo individuo es político. Su lucha es la lucha por sobrevivir, pero sobrevivir depende de alianzas y de combates.
Castillo combatió, a su modo y con sus armas: “Los padres mandan a sus hijos al colegio para que sean empleados de banco. Porque también eso se ha degradado: la sabiduría. Que trabajen los brutos y que estudien los locos; el porvenir del género humano está detrás de un escritorio. Si Sócrates resucitara, sería gerente”, dice en “Also sprach el señor Núñez”, cuento de Las otras puertas (1961), en una profecía que retrata al gobierno macrista y, por qué no, a varios de sus antecesores.
El autor de cuentos inolvidables, como “Las panteras y el templo”, “La madre de Ernesto”, “Patrón”, “El marica”; de novelas que han marcado una época, como Crónica de un iniciado o El que tiene sed; de ensayos, como Ser escritor; de obras de teatro, como Israfel, pertenece a un canon de escritores únicos, por la amplitud y profundidad con que trató sus temas, por el compromiso con que se entregó a su arte. “La normalidad es como el frío, no existe. El frío es un poco más o un poco menos de calor, y la normalidad es un poco más o un poco menos de locura”, dice en “La que espera”, un cuento de El espejo que tiembla, de 2005.
Fue fundador de revistas que han dejado una huella indeleble en varias generaciones de intelectuales: El Grillo de Papel, El Escarabajo de Oro, El Ornitorrinco, donde han colaborado, entre muchos otros, Liliana Heker, Vicente Battista, Ricardo Piglia, Sylvia Iparraguirre, Irene Gruss. Su literatura se inscribe en normas éticas y estéticas sintetizadas en sus Diarios: “La literatura no es más que amor y trabajo”; “Es más difícil ser sincero que ser genio”.
Julio Cortázar dijo que “Castillo escribe cuentos, es decir sistemas cerrados, y no meros relatos en los que habitualmente no se pasa del recorte arbitrario de una situación, sin esa tensión que le da al cuento su valor de trampolín psíquico”. Una definición del cuento que también lo involucra a él y que da cuenta de la literatura de toda una generación de clásicos que parece llegar a su fin.
Vendrán otros tiempos literarios. Nuevos escritores crearán sobre ese suelo. Toda tradición está hecha de rupturas que son su continuidad.
Eduardo Mileo
martes, 2 de mayo de 2017
Docentes: Vidal insiste en una oferta salarial ruinosa

El triste papel de la Lista Celeste de Roberto Baradel y el planteo de la Multicolor.
La reunión paritaria del martes 2 de mayo ha terminado con una nueva frustración: por octava vez, la gobernadora María Eugenia Vidal ha reiterado la mísera oferta del 19 por ciento en cuatros cuotas, con el único cambio de aumentar de $750 a $1500 una suma especial de reconocimiento por la pérdida salarial ante la inflación del 2016.
Esa variación, que los jubilados ni siquiera cobrarían por ser en negro, según los gremios significa una diferencia respecto del último ofrecimiento de apenas $62 por mes.
Si el gobierno mantiene los descuentos por los días de paro, a pesar del fallo judicial que lo obliga a lo contrario, los docentes cobrarán este mes un salario menor que el actual. El balance no podría ser más lapidario.
La respuesta de la dirección del Suteba ha sido poner otra carpa… ahora en La Plata. Un plenario de secretarios generales que se está realizaba luego de la frustrada reunión paritaria, de espaldas a una docencia que no es convocada a asambleas ni plenarios de delegados con mandato, evaluaba alguna marcha y algún paro aislado para salvar las formas.
Elecciones
A dos semanas de la elección del Suteba, la campaña de opositora Lista Multicolor crece día a día en las escuelas de toda la provincia de Buenos Aires. Es una campaña electoral inédita, en la cual las presentaciones de las listas seccionales se han transformado en encuentros masivos, de cientos de docentes en cada distrito, con la presencia de Romina Del Plá –candidata a secretaria general del Suteba Provincial-, y de varios dirigentes provinciales, como Alfredo Cáceres (Tigre), Lidia Braseras (Quilmes) y Enrique Gandolfo (Bahía Blanca).
En San isidro, General Sarmiento, Mar del Plata, Tigre, Esteban Echeverría-Ezeiza, Pilar, Vicente López, Marcos Paz, Hurlingham, Merlo, San Martín-Tres de Febrero, entre muchas otras seccionales, las presentaciones se transformaron en verdaderas asambleas, que organizan la lucha electoral por la recuperación del gremio, por un “Suteba que represente a los docentes para ganar”.
Los compañeros de las escuelas viralizan los spots y los volantes de la Multicolor por toda la provincia, y miles de ellos se han sumado ya como fiscales.
No es esa la realidad que se conoce de la Lista Celeste. Roberto Baradel en persona ha recibido en muchas escuelas la crítica fuerte de compañeras que rechazan su accionar y el de la conducción que encabeza, y que coinciden con la caracterización de la Multicolor de que la directiva ha desperdiciado la voluntad de lucha de los trabajadores de la educación.
La impresión de las compañeras, críticas de la conducción celeste, es más que justa.
Campaña sucia y fraude
La Lista Celeste ha lanzado una costosa campaña de mentiras, injurias y macartismo contra la Lista Multicolor, y especialmente contra la persona de Romina Del Plá. Es una campaña sucia, de una dirección que no va más, ante el rechazo creciente de la base docente.
Esta campaña recrudeció a partir de los recientes episodios en Santa Cruz, donde la gobernadora Alicia Kirchner ordenó la represión contra los manifestantes que rodeaban la residencia oficial. En la misma sintonía que Macri, Alicia reprime a los docentes (que llevan adelante una formidable huelga) y realiza su propia oferta miserable (3% de aumento). A diferencia de la Celeste, que por sus vasos comunicantes con el kirchnerismo se limitó a sacar un hipócrita comunicado ante la represión en Santa Cruz, la Multicolor planteó la necesidad de un paro nacional de repudio, como ocurrió ante la represión en Congreso cuando Ctera instaló la carpa itinerante (sin consulta, aclaremos, con ningún docente del país).
El rechazo a los ataques contra Romina Del Plá por su condición de militante socialista y revolucionaria ha sido contundente. A su vez, en forma pública, ya registrada por varios medios, Romina desafió a Baradel a un debate público en un canal de TV a su elección, que deje claramente negro sobre blanco qué defiende la Lista Multicolor y quién es quién en el Suteba para el conjunto de los afiliados.
La otra cara de la moneda de las mentiras de la Celeste es la sustanciación de un fraude gigantesco que la dirección está preparando desde por lo menos el año 2016.
Ya en las asambleas ordinarias de noviembre del año pasado nos sorprendimos en todas las seccionales con padrones en los que figuraban funcionarios de las diferentes alas del PJ/FpV y afiliados no docentes.
A dos semanas de la elección, no entregan los padrones electorales generales ni en la provincia ni en las seccionales, ni a los afiliados y ni a la lista opositora Multicolor. Rechazaron las denuncias de “afiliados” comprobadamente no docentes que aparecen en los padrones, como fue demostrado en las presentaciones realizadas por la Multicolor en La Plata, Ensenada, La Matanza, San isidro, San Martín-Tres de Febrero, entre otras. Inflaron el padrón de los distritos Multicolores con afiliaciones que jamás pasaron por las seccionales. No entregan a los apoderados de la Lista Multicolor el listado de las autoridades de mesa. Se niegan a realizar una reunión conjunta entre autoridades de mesa y la junta electoral y los apoderados de las listas para acordar acerca del reglamento electoral, las planillas a completar en el escrutinio, la salida y el regreso de las urnas. Han armado los lugares de votación en función de impedir a los votantes de la Multicolor una participación fluida, reduciendo las mesas de votación y obligando a escuelas que consideran “opositoras” a trasladarse hasta 30 cuadras para ejercer su derecho a elegir.
Exigimos que se respete la voluntad de los docentes establecida por su voto. El 17 de Mayo, para quebrar el fraude llamamos a los docentes a votar masivamente, y a sumarse como fiscales de la Multicolor.
Daniel Sierra
El “empalme” de los planes sociales no crea empleo, es un subsidio a las empresas
El anuncio de Macri esconde que quieren quitar la ayuda
El anuncio del presidente Mauricio Macri en el acto convocado por el burócrata de Uatre (Trabajadores Rurales), Gerónimo Venegas, sobre el tema del “empalme” por el cual podría utilizarse el monto de los planes sociales que paga el gobierno como parte del salario si un beneficiario es incorporado como empleado en una empresa, no beneficia a los trabajadores sino a los capitalistas.
Esto porque así se le está dando un subsidio a la patronal por esa cifra -que hoy alcanza a los $4.030-, que se descontará del monto que deben pagar por salario.
Además, va a terminar agravando la calidad del empleo ya que impulsa que, mediante diversos mecanismos, se despida a los efectivos actuales y se los reemplace por trabajadores más precarizados, con salarios menores y a los cuales, además, el gobierno les pagará una parte importante del sueldo.
El proyecto -que alcanzaría a un universo de alrededor de 280.000 beneficiarios- financia con fondos públicos, costeados por toda la población, los salarios que deben pagar las patronales. Según estimaron fuentes gremiales, durante el año 2016 hubo más de 400 mil despidos, es decir que si estos fueran efectivamente nuevos empleos, el proyecto ni siquiera llegaría a compensar los puestos de trabajo perdidos.
“Es una orientación de recursos hacia los empresarios en la línea del ajuste que llevan adelante el gobierno nacional y los gobernadores y no una creación de empleo para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores desocupados y precarizados”, dijo Gabriel Solano, dirigente del Partido Obrero.
Además, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, aclaró que el voucher de $4000 del plan social solo servirá para ser utilizado en salarios de un máximo de $12.000 brutos, es decir de algo menos de $10.000 de bolsillo. Por eso, estima que sólo permitiría alcanzar a obreros superexplotados y con salarios de miseria, de los sectores rural, textil y de la construcción.
El proyecto establecería también que el subsidio se extenderá por un máximo de 24 meses y aún no está claro qué sucedería siquiera con la indemnización que debería cobrar el trabajador en caso de ser despedido. Si el subsidio -o voucher- no forma parte del salario, la indemnización podría llegar a ser considerablemente más baja para la patronal y un nuevo subsidio para los capitalistas, en este caso directamente para que despidan a su gusto o necesidad.
Por otra parte, tampoco es seguro que el plan efectivamente se mantenga en caso de despido. Es que Macri, en el acto, aclaró que la idea es “reconvertir” los planes que se cobran desde la crisis del 2001 y que eran “transitorios”, pero “pasaron los años y siguen en la misma situación” y Triaca recalcó que se trata de pagar los voucher “por un plazo máximo de dos años”. Es decir que no aparece muy oculta la intención de terminar con ellos.
De todas maneras, aun con todas estas características, el plan no termina de resultar atractivo para los empresarios. Es que quieren garantías de una extensión del subsidio en el tiempo o la gratuidad del despido, ya que ni siquiera quieren asumir el compromiso de estabilidad a plazo para los trabajadores que eventualmente incorporen.
El gobierno del ajuste, de los despidos masivos, de los salarios a la baja, de los subsidios a los capitalistas, no da ni dará un paso en la mejora del empleo.
El programa obrero frente a la crisis y el desempleo es:
*Prohibición de despidos.
*Reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario.
*Estatización de toda empresa que cierre y su puesta en marcha bajo control obrero.
*Trabajo para todos los beneficiarios de planes sociales.
*Salario igual al costo de la canasta familiar.
Nelson Marinelli
El anuncio del presidente Mauricio Macri en el acto convocado por el burócrata de Uatre (Trabajadores Rurales), Gerónimo Venegas, sobre el tema del “empalme” por el cual podría utilizarse el monto de los planes sociales que paga el gobierno como parte del salario si un beneficiario es incorporado como empleado en una empresa, no beneficia a los trabajadores sino a los capitalistas.
Esto porque así se le está dando un subsidio a la patronal por esa cifra -que hoy alcanza a los $4.030-, que se descontará del monto que deben pagar por salario.
Además, va a terminar agravando la calidad del empleo ya que impulsa que, mediante diversos mecanismos, se despida a los efectivos actuales y se los reemplace por trabajadores más precarizados, con salarios menores y a los cuales, además, el gobierno les pagará una parte importante del sueldo.
El proyecto -que alcanzaría a un universo de alrededor de 280.000 beneficiarios- financia con fondos públicos, costeados por toda la población, los salarios que deben pagar las patronales. Según estimaron fuentes gremiales, durante el año 2016 hubo más de 400 mil despidos, es decir que si estos fueran efectivamente nuevos empleos, el proyecto ni siquiera llegaría a compensar los puestos de trabajo perdidos.
“Es una orientación de recursos hacia los empresarios en la línea del ajuste que llevan adelante el gobierno nacional y los gobernadores y no una creación de empleo para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores desocupados y precarizados”, dijo Gabriel Solano, dirigente del Partido Obrero.
Además, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, aclaró que el voucher de $4000 del plan social solo servirá para ser utilizado en salarios de un máximo de $12.000 brutos, es decir de algo menos de $10.000 de bolsillo. Por eso, estima que sólo permitiría alcanzar a obreros superexplotados y con salarios de miseria, de los sectores rural, textil y de la construcción.
El proyecto establecería también que el subsidio se extenderá por un máximo de 24 meses y aún no está claro qué sucedería siquiera con la indemnización que debería cobrar el trabajador en caso de ser despedido. Si el subsidio -o voucher- no forma parte del salario, la indemnización podría llegar a ser considerablemente más baja para la patronal y un nuevo subsidio para los capitalistas, en este caso directamente para que despidan a su gusto o necesidad.
Por otra parte, tampoco es seguro que el plan efectivamente se mantenga en caso de despido. Es que Macri, en el acto, aclaró que la idea es “reconvertir” los planes que se cobran desde la crisis del 2001 y que eran “transitorios”, pero “pasaron los años y siguen en la misma situación” y Triaca recalcó que se trata de pagar los voucher “por un plazo máximo de dos años”. Es decir que no aparece muy oculta la intención de terminar con ellos.
De todas maneras, aun con todas estas características, el plan no termina de resultar atractivo para los empresarios. Es que quieren garantías de una extensión del subsidio en el tiempo o la gratuidad del despido, ya que ni siquiera quieren asumir el compromiso de estabilidad a plazo para los trabajadores que eventualmente incorporen.
El gobierno del ajuste, de los despidos masivos, de los salarios a la baja, de los subsidios a los capitalistas, no da ni dará un paso en la mejora del empleo.
El programa obrero frente a la crisis y el desempleo es:
*Prohibición de despidos.
*Reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario.
*Estatización de toda empresa que cierre y su puesta en marcha bajo control obrero.
*Trabajo para todos los beneficiarios de planes sociales.
*Salario igual al costo de la canasta familiar.
Nelson Marinelli
La Iglesia, cómplice de la dictadura, postula la reconciliación

La asamblea plenaria del Episcopado recibiría esta semana a familiares tanto de desaparecidos como de represores.
La Conferencia Episcopal Argentina anunció que esta semana, durante su asamblea plenaria, los obispos recibirían a familiares tanto de desaparecidos como de militares partícipes en la dictadura militar. La acción constituiría un primer paso en un proceso orientado a la “reconciliación en el marco de la cultura del encuentro” (Infobae, 2/5), una tentativa que apunta contra el histórico reclamo de "memoria, verdad y justicia" de las organizaciones populares.
Que la orientación eclesiástica de “reconciliación” se dirige a garantizar la impunidad de los represores lo han puesto de manifiesto las gestiones del obispo de San Isidro, Jorge Casaretto, quien preside una comisión especial para la reducción de penas de los genocidas –fin para el cual en estos días recorre las cárceles visitando a los (pocos) militares condenados.
La movida también sirve a los fines de enterrar la complicidad de la curia con el genocidio. Como han señalado numerosos testimonios, la jerarquía eclesiástica estuvo directamente involucrada en la apropiación ilegal de hijos de desaparecidos y asesinados, persiguió a los curas villeros y estimuló activamente la eclosión de la dictadura: en sus últimos días, Jorge Rafael Videla calificaba como “un santo” al monseñor Adolfo Servando Tortolo, titular del episcopado en marzo del ‘76, “un entusiasta impulsor del golpe de Estado, como un capítulo inevitable de una ‘guerra santa y purificadora’ contra las guerrillas y el marxismo” (Infobae, 29/10/16). Es conocido también que los jerarcas eclesiásticos visitaban los centros de exterminio de la dictadura genocida.
El episcopado sale nuevamente con la promesa de abrir sus archivos sobre el período de la dictadura, “unas 3.000 cartas y documentos (…) sobre pedidos que llegaron a la Iglesia para conocer el paradero de detenidos y desaparecidos, y reclamar gestiones ante las autoridades militares de entonces” (ídem, 2/5), anunciando la aprobación de un protocolo para que víctimas y familiares de desaparecidos puedan acceder a los mismos. Los límites del asunto saltan a la vista tanto por su contenido –solamente se hacen públicas cartas que las y los familiares conocen, por haberlas escrito– como por su destino, ya que no podrán acceder a los documentos investigadores ni organismos de Derechos Humanos –es decir que no aportarán al esclarecimiento histórico ni al desarrollo de los juicios contra los genocidas.
La operación de la Iglesia entronca con la tentativa gubernamental de “reconciliar” a los militares con la sociedad, reinstaurando la teoría de los dos demonios y allanando el camino a la impunidad de los genocidas. De fondo, el macrismo trabaja en el re-involucramiento de los militares en la represión interna –un derrotero iniciado por el gobierno de CFK con la designación de César Milani al frente del ejército y del que forma parte la participación de los militares en asistencia social y “lucha contra el narcotráfico”. Una avanzada repudiada por la movilización popular decenas de miles de manifestantes el pasado 24 de marzo.
Tomas Eps @tomaseps
1º de Mayo de 1974: La JP se retira de la plaza

Hace cuarenta y tres años, hacia el fin de la tarde, miles de jóvenes encuadrados en la JP dejaron vacía la mitad de la Plaza al escuchar a Juan Perón elogiar como prudentes y sabios a los burócratas sindicales y denostar como estúpidos e imberbes a los jóvenes que habían impuesto como consigna "Qué pasa general, está lleno de gorilas el gobierno popular". Fotos de ese momento reproducen un hecho histórico: jóvenes que al margen de su dirección y con lágrimas en los ojos se marchan de la Plaza, en un acto de ruptura memorable. Horacio Verbitsky uno de los supervivientes de la dirección montonera acaba de repudiar esa acción. Política Obrera en aquel tiempo, el Partido Obrero hoy, la reivindica y exhuma la síntesis del balance de entonces: "a la JP se le abren dos caminos: o profundiza su adaptación a los partidos patronales y Perón, o rompe con ellos y se suma a la tarea... de construir el Partido Obrero".
El gobierno de Perón desnaturalizó el 1º de Mayo convocando a un Festival de la Unidad Nacional y llegó al punto de prohibir cualquier otra convocatoria para ese día y reprimir el acto clasista convocado por PO en la Federación de Box.
Este acto de unidad nacional era una cita insoslayable para los representantes del empresariado, de la burocracia sindical, de las fuerzas armadas y de los partidos políticos.
Se había impuesto un Pacto Social para congelar precios, salarios y paritarias, hasta el 1º de junio de 1975. En sólo seis meses de gobierno Perón desenvolvió un copioso arsenal de medidas para disciplinar y reprimir al movimiento obrero, que tuvieron el apoyo o la sumisión de la JP. Acataron la ley de Asociaciones Profesionales, que establecía la virtual dictadura de la burocracia en los sindicatos ("Aquí manda Perón", sostuvo "El Descamisado", su órgano), se llamaron a silencio frente al arbitraje obligatorio en los conflictos, amagaron enfrentar las disposiciones reaccionarias del Código Penal para luego hacer renunciar a ocho diputados y dejar a los otros la tarea de votarlas para no entorpecer la conducción de Perón. La ley Antisubversiva, que anuló el derecho de huelga y penó la actividad "comunista" y toda expresión democrática, tampoco tuvo respuesta.
A la altura del acto del 1º de mayo de 1974 se había producido el golpe de Estado en Córdoba y en Buenos Aires, para deponer a los gobernadores de la izquierda del peronismo que apoyaba la JP. En este contexto contrarrevolucionario, el gobierno puso en marcha a la Triple A, con mano de obra provista por la burocracia sindical y el ministerio de López Rega. En los puestos decisivos de la Federal actuaban dos torturadores de la talla de Villar y Margaride. La masacre selectiva de los parapoliciales iba de la mano de una escalofriante represión "oficial" que abatía más de dos "sospechosos" por día sólo en el conurbano.
En una declaración de Política Obrera, se constataba lo siguiente: "a diferencia de sus gobiernos anteriores -en referencia a Perón- existe hoy una poderosa corriente obrera que combate por las posiciones de clase y no está dispuesta a dejar pasar la ofensiva antiobrera gubernamental. La ocupación de Acindar, Panam, Insud, la lucha de los bancarios del Nación, son expresiones de la tendencia que se desarrolla en todo el movimiento obrero" (PO Nº 192, 26/4/74).
La JP dice no, en la Plaza
Perón se empeñó en que la JP fuese al Festival de la Unidad Nacional aquel 1º de mayo de 1974. "La función de la JP, decía una declaración de PO (8/5), es mantener dentro del peronismo y el Estado burgués a los sectores activos de la clase obrera y de la pequeño burguesía que luchan contra la burocracia y la ultraderecha. La JP es por esto el principal agente de la burguesía dentro del movimiento obrero antiburocrático y de la pequeña burguesía radicalizada. Pero, para cumplir este rol, la JP está obligada a canalizar las presiones de su base contra Perón. Estas presiones llegaron a un punto tan alto en relación al rol capitulador de la JP que ésta perdió su poder de movilización en un cincuenta por ciento en los últimos seis meses... La base de la JP, rebalsando la política de su dirección, y Perón no logrando controlar nada, prueban el grado de descomposición de la política populista del peronismo" (PO Nº 193, 8/5/74).
La desilusión
El acto en la Plaza, más allá del repudio de la base de la JP, marcó otro fracaso del gobierno. Los 90.000 convocados, en el marco de un colosal esfuerzo de aparato, eran menos de la mitad de los movilizados en circunstancias similares un año antes. Este debilitamiento ostensible y la agudización paralela de la crisis política, fue una de las razones que llevó a la constitución del Bloque de los 8, por parte de un conjunto de partidos patronales y la izquierda representada por el PC y el PST. El propósito era crear un contrapeso democrático a la manifiesta descomposición del Estado. Este bloque apoyó la intervención a la provincia de Córdoba y el relevo golpista en la provincia de Buenos Aires, mantuvo silencio frente al terrorismo derechista organizado desde el propio estado y fue parte del cordón de defensa política de Perón frente a las masas.
La juventud del peronismo fue a la plaza de quien ya consideraba como su enemigo, con consignas propias, y fue su propia base la que inició la retirada, ante los ataques de Perón. No fue una iniciativa de la dirección de Montoneros. Un mes y medio después, Montoneros llamaría a concurrir a otra convocatoria de Perón, el 12 de junio, en lo que interpretó como un ‘giro’ a la izquierda de Perón. No fue de ningún modo la JP la que polarizó el antagonismo político luego de la muerte de Perón, el 1º de julio -fueron la derecha peronista, la burocracia sindical, las fuerzas armadas y la diplomacia norteamericana.
La tragedia de los luchadores de la JP fue que no tenían la capacidad para hacer una crítica socialista de la política suicida, en primer lugar de apoyo a Perón, y en segundo lugar de una política foquista y militarista, o sea de una política que no tenía como punto de partida y, como base, la lucha de clases. El retiro de la Plaza (eso fue, no una expulsión), fue un acto de dignidad y la oportunidad de un cambio político profundo, que nunca tuvo lugar.
Christian Rath
Madres de Plaza de Mayo: 40 años de una lucha contra la impunidad y por el futuro

Este domingo se realizó un homenaje a las Madres al cumplirse 40 años de su primera Ronda en 1977. En el acto de Madres Línea Fundadora se redobló el compromiso de seguir su lucha.
El 40 Aniversario de la Primera Ronda de las Madres reunió en la Plaza de Mayo a organismos de derechos humanos, sobrevivientes, trabajadores, estudiantes, jóvenes, artistas, niños y niñas. La Línea Fundadora realizó un acto donde se redobló el compromiso de lucha, independiente del Estado, contra la represión y la impunidad de ayer y de hoy.
Canciones, palabras y poesías para estas valientes mujeres que se plantaron ante la dictadura genocida para exigir la aparición con vida de sus hijos e hijas, las de sus nietos, nietas y por la de todos los desaparecidos.
Hoy las Madres, con edades entre 80 y 90 años, siguen firmes como el primer día. No sólo pelean contra la impunidad y por poder saber dónde están sus hijos e hijas y nietos y nietas, si no también por los derechos de los trabajadores y el pueblo pobre y para que las nuevas generaciones tomen como propia esta pelea.
En estas cuatro décadas han sabido hacerse cada vez más fuertes, manteniendo la convicción de ser independientes del Estado y de todos los gobiernos, que es la única manera de poder lograr el juicio y castigo, la aparición de los nietos y nietas que faltan y que tanto militares como civiles vayan a cárcel común y efectiva.
Trabajadoras y trabajadores de distintas fábricas estuvieron presentes en el acto. Y hoy volverán a la misma Plaza de Mayo a conmemorar el Día Internacional de los Trabajadores y participar del acto del Frente de Izquierda.
María de los Angeles, trabajadora de la gráfica recuperada Madygraf (ex Donnelley), dijo que ella va a cumplir 39 años y le pone “la piel de gallina pensar que estas mujeres que están acá hoy, las Madres que son independientes del Estado, son capaces de llevar toda mi vida de lucha por sus hijos. En un momento en el que yo como trabajadora también estoy peleando dentro de mi fábrica, me hace pensar que ellas pelean por personas que son como yo”.
“Primero pelean porque son 30 mil, porque realmente fueron 30 mil, bajo el gobierno de Macri intentan meter esta discusión que es maligna para la lucha de todos los sectores del movimiento obrero, pero nosotros no vamos a dejar que mientan. Pensar que están luchando desde el día que yo nací y hasta el día de hoy. Es un día muy especial, yo vine con Sofia, mi hija, hoy le decía vamos con las Madres, vamos por la expropiación pero también vamos por una nueva generación que sea más consciente. Entonces para mí estar acá como trabajadora que está peleando por la expropiación de Madygraf, es estar peleando por la lucha que llevan las Madres”, dijo María de los Ángeles.
Y finalizó recordando que “no es la primera vez que estuvimos acá. Estuvimos la otra vez en el Bauen, vinimos a una ronda a acompañarlas, porque su lucha es nuestra lucha y así lo expresan ellas. Para mí realmente es un orgullo muy grande y pienso que éste es el camino y ésta es la forma en que los trabajadores tenemos que salir adelante, luchando, uniéndonos por la causa de la clase. La lucha de las Madres es de todos y para mí es clave estar acá”.
Por su parte Gabriel Fernández, miembro de la Comisión Interna de Mondelez Victoria e integrante de la Agrupación Bordó de la Alimentación, fue con su hija a la Plaza. “Vine con ella y con algunos compañeros de la fábrica para estar acá en este día tan especial, que para nosotros es un día de lucha. También vamos a venir mañana (por hoy) al acto del Frente de Izquierda pero nos parecía muy importante poder estar porque son las Madres, las compañeras de Línea Fundadora las que siempre están con nosotros cada vez que los trabajadores necesitamos un apoyo por nuestra reincorporación, para luchar contra la persecución de las patronales y de los sindicatos burócratas”.
“Son ellas las que están dándonos una mano siempre así que venimos a acompañarlas en un día tan importante como hoy que es un nuevo día de lucha, que se cumple el 40 aniversario. Vinimos a darles nuestro saludo y nuestro apoyo a las Madres”, agregó Gabriel.
Carina Brzozowski, trabajadora de Felfort y también miembro de la Agrupación Bordó del gremio alimenticio, planteó que “vinimos a la plaza porque creemos que tenemos que darle continuidad a la lucha de las Madres, ellas que hace más de 40 años están luchando para recuperar a sus hijos, a sus nietos, para recuperar la memoria. Siempre acompañaron la lucha de los trabajadores y se mantuvieron independientes de todos los gobiernos de turno y siempre estuvieron con nosotros en la Panamericana, bancaron la represión en Lear, siempre junto a los trabajadores, siempre junto a la Agrupación Bordó. Por eso nos hicimos presentes, para acompañarlas a ellas”.
Cristian Juárez, otro trabajador de Mondelez Victoria y de la Agrupación Bordó dijo que era la primera vez que iba. “Es reemocionante su lucha. Yo hace poco empecé a organizarme y luchar como trabajador. Cuando supe y me enteré cómo fueron los 70 y cómo desaparecieron los 30 mil compañeros y compañeras, fue un golpe terrible para la clase obrera. Nosotros tenemos que seguir luchando y levantar sus banderas, es la lucha que quiero y pienso seguir”.
También estuvo allí Rubén Matu, trabajador de Lear que se encuentra en lucha por su reincorporación. “Hoy es un día muy importante y por eso vine a la Plaza con mi hija de un año a acompañar a las Madres. Lo primero que se me pasa por la cabeza es que ellas empezaron las rondas en esta misma plaza y en plena dictadura, cuando se estaba llevando adelante un genocidio y desaparecieron 30 mil compañeros y compañeras. La mayoría de los desaparecidos eran trabajadores, jóvenes y estudiantes que luchaban por un cambio social, por una sociedad sin explotados ni explotadores”.
“Las Madres Línea Fundadora siguieron peleando en forma independiente durante todos los gobiernos por la aparición de sus hijos y nietos, por la de Julio López y por la cárcel a todos los genocidas, civiles y militares. ¿Cómo no estar hoy con Mirta, Nora, Elia y todas las Madres de Línea Fundadora? Si son luchadoras incansables que estuvieron y están siempre junto a los trabajadores que somos y fuimos perseguidos, despedidos bajo este gobierno o el anterior. ¿Cómo no estar acá si son ellas las que jamás se abrazaron con el genocida Milani? Hoy el gobierno de Macri niega que en este país en los 70 hubo un genocidio, por eso es muy importante que los trabajadores y las nuevas generaciones tomemos las banderas de las Madres, de sus hijos, las de la clase trabajadora”, finalizó Matu.
Al finalizar el acto, Nora Cortiñas dijo, como lo hace todos los jueves desde hace 40 años: “El jueves que viene estaremos de nuevo en la plaza aunque llueva, haya tormenta o caiga granizo”. Sabemos que va a ser así y ahí estaremos.
Andrea López
CeProDH Zona Norte del Gran Buenos Aires
lunes, 1 de mayo de 2017
1 de mayo: entre el clasismo y las burocracias, un abismo

Las distintas convocatorias expresan las posiciones frente al ajuste: solamente el Frente de Izquierda, en Plaza de Mayo, levantará una tribuna de lucha.
El 1 de mayo, el Día Internacional de los Trabajadores y su tradición de lucha obrera y socialista serán honrados por la tribuna de lucha que, en la Argentina, levantará el Frente de Izquierda en la Plaza de Mayo. Allí estarán representados el activismo obrero que arrancó el paro general del 6 de abril, en abierto choque con la burocracia; la docencia combativa, la ocupación de AGR-Clarín, la rebelión popular de Santa Cruz, el combativo movimiento de mujeres que protagonizó el 8M, entre otros, bajo la consigna "abajo el ajuste de Macri y los gobernadores". Son luchas que se realizaron contra la burocracia, que es cómplice en sus diferentes variantes de los gobiernos ajustadores y que poblarán la Plaza de Mayo para discutir una orientación para intervenir en el periodo inmediato.
Del otro lado, la CGT se recluirá en un acto cerrado en el estadio Obras Sanitarias, al que se sólo se podrá acceder con invitaciones nominales y habrá butacas preasignadas para cada uno de los asistentes. La organización del evento de la burocracia refleja un temor proverbial a la base obrera, luego de que durante el acto del 7 de marzo la multitud les reclamara ponerle fecha al paro y obligara a los triunviros a huir como ratas del escenario. Pero también da cuenta de la crisis al interior de la dirección de la central, cuya última reunión terminó en medio de acusaciones cruzadas por el mayor o menor apoyo al macrismo y a los exponentes gubernamentales del ajuste en las provincias. Por eso, Juan Carlos Schmid oficiará como único orador en una muestra de la unidad para mantener la tregua, pese al tembladeral de las internas que se cuecen dentro. La CGT ha cancelado toda posibilidad de darle continuidad al parazo del 6 de abril, dejando librada a su suerte la lucha por el salario y contra los despidos, y se apresta a retornar a una "mesa de diálogo" con el gobierno en mayo. "Descartan un llamado de Macri para una foto apresurada o una convocatoria de alto nivel hasta entonces, por entender que los ecos de la huelga nacional todavía demandan un tiempo de cicatrización", informa Ámbito Financiero (18/4). Estos dinosaurios hace mucho que perdieron todo decoro.
Por otra parte, la CTA de Yasky y la CTA de Micheli se unirán para hacer un acto en Plaza Congreso, frente a la "Escuela Itinerante". Más allá de la pretensión de postularla como un "símbolo" de la lucha docente, retrata el modo que la burocracia de Ctera encontró para clausurarla y estirar su deceso decretado hasta que se realicen las elecciones en Suteba, donde las agrupaciones antiburocráticas pisan fuerte. Las dos CTA dicen que "seguirán la lucha", pero anunciaron una "marcha federal" para recién el 20 de junio, en otra demostración de cómo se puede acompañar el ajuste con declaraciones grandilocuentes.
Por último, el apoyo a las políticas antiobreras del gobierno nacional y los gobernadores provinciales será llevado al paroxismo en el acto convocado por Gerónimo "Momo" Venegas, el socio de los hacendados que dirige el gremio de los trabajadores rurales, que invitó a participar de la reunión en el estadio cerrado de Ferro al ajustador Mauricio Macri. Venegas lidera las 62 Organizaciones, que agrupa a la burocracia sindical que desconoce a la burocracia sindical liderada por los triunviros de la CGT, y su apoyo al gobierno es explícito.
Compañero, compañera: las luchas obreras, socialistas e internacionalistas se expresarán en la Plaza de Mayo, en el acto del Frente de Izquierda, y allí estarán representados los que pelean contra el ajuste de Macri y los gobernadores en todos los rincones del país.
Juan Manuel Cicala
Para pensar en el 1° de Mayo, día internacional de las trabajadoras y los trabajadores
Se viene el Día Internacional de las trabajadoras y los trabajadores y conviene recuperar algunas cuestiones, entre ellas, de carácter cuantitativo, para reconocer la extensión de lo que se califica como trabajadores y trabajadoras según las estadísticas oficiales, locales y globales, pero también, otras consideraciones conceptuales o relativas a la situación, a la vida cotidiana y a la organización y sus límites y dificultades en el marco de la sociedad contemporánea.
En el ámbito mundial, la OIT [1] informa que la economía mundial mantiene un bajo nivel de crecimiento, del 3,1% para el 2016 y apenas imagina un 3,4% para el 2017, lejos de los guarismos necesarios para contener en el empleo el crecimiento vegetativo de la población. Por ello, esperan 3,4 millones de nuevos desempleados en 2017 y una suba del desempleo del 5,7% al 5,8% entre 2016 y 2017. Los desempleados del mundo totalizan así 201 millones de trabajadores. El pronóstico para el 2018 sumaría 2,7 millones de nuevos desempleados. En América Latina y el Caribe el desempleo sube del 8,1% en 2016 a 8,4% en 2017 y es Brasil uno de los países de mayor incidencia en la referencia, afectando la situación en toda la región, especialmente en Sudamérica.
Resulta interesante considerar la huelga general convocada por todas las centrales sindicales del Brasil para el 28/4/17, anticipando la protesta en conmemoración del 1° de Mayo contra los proyectos regresivos de reforma laboral y previsional. Será una lucha emblemática que suma a la protesta chilena contra las Administradoras de Fondos de Pensión (AFP) en el país que inició la secuela de privatizaciones de las jubilaciones. América Latina y el Caribe asisten a una nueva oleada regresiva en la distribución del ingreso y de la riqueza como forma de solventar una salida pro ganancias de la crisis mundial capitalista.
La vulnerabilidad del empleo mundial es un dato relevante y la OIT confirma que el 42% de la fuerza de trabajo se encuentra en esa situación. Se trata nada menos que de 1.400 millones de trabajadoras y trabajadores. El problema se agudiza con cada año y se espera que en 2017 sean nuevos 11 millones de trabajadoras y trabajadores los que adquieran el carácter de vulnerables o carentes de seguridad social. No debe sorprender en ese plano la identidad entre trabajadores empobrecidos y pobres con ingresos menores a 3,10 dólares diarios, que para los países en desarrollo alcanza la cifra del 30% promedio. El empobrecimiento de los trabajadores y su vulnerabilidad es una constante en el capitalismo contemporáneo.
Todas las estadísticas de la OIT muestran resultados más negativos para mujeres y jóvenes, alentando un clima de malestar social que entre otras cuestiones explica el fenómeno recurrente de las migraciones, que tiene especial impacto en la región latinoamericana y caribeña, agudizado con las políticas anti migrantes que impulsa Donald Trump en EEUU y que pueden copiar gobernantes de países receptores de migración en nuestros territorios. Con relación a las expectativas de la economía mundial, la OIT señala que desde el 2012 existe un fenómeno de desaceleración, especialmente en aquellos países que explicaban el crecimiento de la economía mundial luego de la gran crisis recesiva del 2009. China bajó sus tasas de crecimiento del 9/10% a 6/6,5% privilegiando su mercado interno más que la expansión de su comercio mundial.
Según la OIT existe una menor participación del salario sobre la renta generada socialmente, lo que expresa la agravada ofensiva del capital sobre el trabajo en esta etapa del desarrollo capitalista.
Argentina
Los datos del Ministerio de Trabajo a Febrero del 2017 [2] señalan la existencia de 12.105.500 trabajadores, entre los cuales:
a) 8.624.800 pertenecen al sector privado (6.224.300 asalariados + 461.900 asalariados de casas particulares + 406.100 independientes autónomos + 1.532.600 independientes monotributistas),
b) 3.100.000 pertenecen como asalariados al sector público y
c) 380.700 son independientes monotributistas sociales.
Una realidad es el crecimiento de la conflictividad derivada del malestar que genera entre las trabajadoras y trabajadores la situación económica. Los datos de conflictividad oficial del Ministerio de Trabajo solo llegan al tercer trimestre del 2016 y destacan el incremento de las protestas, los paros y la cantidad de personas involucradas. Es una situación agudizada recientemente, entre marzo y abril, especialmente con el paro general con adhesión de las tres centrales sindicales, la CGT y ambas CTA.
El Primero de Mayo, día internacional de lucha de los trabajadores será un momento de expresión del descontento por varias razones.
· Por un lado se registran salarios afectados en la capacidad de compra por efecto de la inflación y la pérdida de poder de compra por actualizaciones salariales por debajo de la evolución de precios. Es algo que acompaña al conjunto de los ingresos populares, especialmente a los millones de jubilados y pensionados y perceptores de planes sociales. Situación extensiva al sector de pequeños empresarios que venden su producción o comercializan bienes y servicios demandados por perceptores de ingresos fijos.
· Por el desempleo y subempleo, que no registra mayor aumento por el efecto desaliento en la búsqueda de trabajo (según informa el propio estudio del INDEC).
· Por la precariedad, manifestada en el 33% de trabajo irregular y por ende sin seguridad social.
· Por las tendencias crecientes a la flexibilización salarial, laboral y a la tercerización que promueven las empresas, disminuyendo el salario de los contratados tercerizados (una práctica de contratación en expansión).
· Por la afectación de jubilaciones y pensiones, más allá del restringido ingreso previsional y especialmente por las condiciones de vida y seguridad social del régimen previsional para las personas mayores.
No solo se trata de cuestionamientos económicos, sino también políticos y sociales ante la ofensiva del capital sobre el trabajo, la naturaleza y la sociedad.
· Es evidente que la renta se distribuye a favor de la ganancia y a costa del salario, un tema agravado con el ajuste en proceso y políticas deliberadas para favorecer inversiones y rentabilidad empresarial, con intencionalidad de modificar convenios colectivos e insistir en reformas laborales y previsionales reaccionarias.
· Crece el reconocimiento que la súper explotación de los recursos naturales afecta las vidas y los territorios donde habitan los trabajadores, no solo de la actividad específica (la soja, la mega minería o la energía con el petróleo o el gas). Crece el conflicto en defensa del medio ambiente, los recursos estratégicos, el agua, el aire y la tierra.
· Un dato relevante en la cotidianeidad deviene del aliento a un consumo que fortalece el poder de dominación de la producción monopolizada, además, estimulado con un sistema de crédito que hipoteca a las familias en aras del consumismo estimulado desde el marketing y la publicidad.
Todo esto ocurre asentado en una lógica de deslegitimación de las formas asociativas y colectivas en defensa de la mayoría social trabajadora, tal el caso de los sindicatos, las cooperativas y/o mutuales u otros emprendimientos desplegados por trabajadoras y trabajadores ante la imposibilidad de resolver sus ingresos regulares en el mercado laboral tradicional.
No solo no se estimulan estas formas de organización sino que se las combate, ejemplificado en las dificultades jurídicas, económicas y políticas para el crecimiento y expansión de las empresas recuperadas y toda forma de auto organización social y productiva. La autogestión no es motivo de política deliberada, salvo en sentido asistencialista para contener el conflicto social. La represión de estas formas de organización son crecientes y con búsqueda de apoyo social.
Claro que a la estrategia de las clases dominantes contra las formas organizativas de las trabajadoras y trabajadores, se debe adicionar la práctica burocrática, corrupta y mafiosa de varias de las organizaciones sindicales tradicionales, hegemónicas en cantidad de afiliación y asociadas política y económicamente a la lógica del poder.
El desprestigio sindical en la sociedad está trabajado desde las clases dominantes y asociado a una práctica sindical de enriquecimiento personal de la cúpula en desmedro de los derechos e intereses de las trabajadoras y los trabajadores. Contra esa realidad y ese argumento se formuló la perspectiva de un nuevo modelo sindical sustentado en la libertad y democracia sindical con articulaciones diversas del movimiento social y territorial a comienzos de los 90 con el surgimiento de la CTA y es aún una asignatura pendiente y un proyecto que se desafía en estas horas de unidad de acción con acto compartido el 1/5/17, que no supone reunificación orgánica. El proyecto de autonomía de la CTA está en disputa.
Mapa sindical y debates estratégicos
Resulta imprescindible realizar un mapa del sindicalismo y la organización obrera en la Argentina, la región y el mundo. No alcanza con la institucionalización de Centrales Mundiales o nacionales que dejan afuera a la mayoría de las trabajadoras y trabajadores del mundo, la región y del país.
Hacer el mapa es una asignatura pendiente, que debe recoger la multiplicidad de formas de auto organización obrera, en las tomas de tierra para la producción del abastecimiento y la distribución mercantil del excedente mientras no se integre a una lógica productiva alternativa. Vale para la consideración de emprendimientos asociativos entre los que cuentan las empresas recuperadas, las cooperativas y mutuales, tentadas a subordinarse a la lógica del mercado o su contrario, integrarse en un circuito de cooperación y en la producción de valores de uso y no de cambio.
En el plano sindical debe superarse el reconocimiento institucional, con tendencia a restringir las opciones de representación de los trabajadores, con un Ministerio de Trabajo orientado a limitar el avance del clasismo y el sindicalismo comprometido con sus bases, ahora es el caso de los Judiciales de Mendoza, en una actitud ilegal que se anticipa al proceso judicial y desoye la realidad del pronunciamiento de las propias trabajadoras y los trabajadores mendocinos del poder judicial, nada menos con una mujer encabezando la lista ganadora. La violación a los derechos laborales se extiende a las violaciones recurrentes de la cotidianeidad de la explotación y el patriarcalismo.
Más allá del mapa del movimiento obrero, lo que está en discusión es la estrategia, en una perspectiva emancipadora y de poder. En realidad, muy pocas dirigencias discuten una estrategia más allá del conflicto presente y bueno sería reconocer que no alcanza con la táctica de la lucha y que además, se requiere proyecto estratégico, de unidad obrera y popular contra el capitalismo, que no ofrece soluciones a la mayoría de la sociedad, por ende, a las trabajadoras y trabajadores.
Julio C. Gambina
Notas:
[1] OIT. Perspectivas sociales y del empleo en el mundo – Tendencias 2017
http://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2017/lang--es/index.htm (consultado el 28/4/17) fsm
[2] Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DEL TOTAL DE TRABAJADORES REGISTRADOS. SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO SIPA
http://www.trabajo.gov.ar/left/estadisticas/novedades/novedad_trabajadores.asp (consultado el 28/04/17)
En el ámbito mundial, la OIT [1] informa que la economía mundial mantiene un bajo nivel de crecimiento, del 3,1% para el 2016 y apenas imagina un 3,4% para el 2017, lejos de los guarismos necesarios para contener en el empleo el crecimiento vegetativo de la población. Por ello, esperan 3,4 millones de nuevos desempleados en 2017 y una suba del desempleo del 5,7% al 5,8% entre 2016 y 2017. Los desempleados del mundo totalizan así 201 millones de trabajadores. El pronóstico para el 2018 sumaría 2,7 millones de nuevos desempleados. En América Latina y el Caribe el desempleo sube del 8,1% en 2016 a 8,4% en 2017 y es Brasil uno de los países de mayor incidencia en la referencia, afectando la situación en toda la región, especialmente en Sudamérica.
Resulta interesante considerar la huelga general convocada por todas las centrales sindicales del Brasil para el 28/4/17, anticipando la protesta en conmemoración del 1° de Mayo contra los proyectos regresivos de reforma laboral y previsional. Será una lucha emblemática que suma a la protesta chilena contra las Administradoras de Fondos de Pensión (AFP) en el país que inició la secuela de privatizaciones de las jubilaciones. América Latina y el Caribe asisten a una nueva oleada regresiva en la distribución del ingreso y de la riqueza como forma de solventar una salida pro ganancias de la crisis mundial capitalista.
La vulnerabilidad del empleo mundial es un dato relevante y la OIT confirma que el 42% de la fuerza de trabajo se encuentra en esa situación. Se trata nada menos que de 1.400 millones de trabajadoras y trabajadores. El problema se agudiza con cada año y se espera que en 2017 sean nuevos 11 millones de trabajadoras y trabajadores los que adquieran el carácter de vulnerables o carentes de seguridad social. No debe sorprender en ese plano la identidad entre trabajadores empobrecidos y pobres con ingresos menores a 3,10 dólares diarios, que para los países en desarrollo alcanza la cifra del 30% promedio. El empobrecimiento de los trabajadores y su vulnerabilidad es una constante en el capitalismo contemporáneo.
Todas las estadísticas de la OIT muestran resultados más negativos para mujeres y jóvenes, alentando un clima de malestar social que entre otras cuestiones explica el fenómeno recurrente de las migraciones, que tiene especial impacto en la región latinoamericana y caribeña, agudizado con las políticas anti migrantes que impulsa Donald Trump en EEUU y que pueden copiar gobernantes de países receptores de migración en nuestros territorios. Con relación a las expectativas de la economía mundial, la OIT señala que desde el 2012 existe un fenómeno de desaceleración, especialmente en aquellos países que explicaban el crecimiento de la economía mundial luego de la gran crisis recesiva del 2009. China bajó sus tasas de crecimiento del 9/10% a 6/6,5% privilegiando su mercado interno más que la expansión de su comercio mundial.
Según la OIT existe una menor participación del salario sobre la renta generada socialmente, lo que expresa la agravada ofensiva del capital sobre el trabajo en esta etapa del desarrollo capitalista.
Argentina
Los datos del Ministerio de Trabajo a Febrero del 2017 [2] señalan la existencia de 12.105.500 trabajadores, entre los cuales:
a) 8.624.800 pertenecen al sector privado (6.224.300 asalariados + 461.900 asalariados de casas particulares + 406.100 independientes autónomos + 1.532.600 independientes monotributistas),
b) 3.100.000 pertenecen como asalariados al sector público y
c) 380.700 son independientes monotributistas sociales.
Una realidad es el crecimiento de la conflictividad derivada del malestar que genera entre las trabajadoras y trabajadores la situación económica. Los datos de conflictividad oficial del Ministerio de Trabajo solo llegan al tercer trimestre del 2016 y destacan el incremento de las protestas, los paros y la cantidad de personas involucradas. Es una situación agudizada recientemente, entre marzo y abril, especialmente con el paro general con adhesión de las tres centrales sindicales, la CGT y ambas CTA.
El Primero de Mayo, día internacional de lucha de los trabajadores será un momento de expresión del descontento por varias razones.
· Por un lado se registran salarios afectados en la capacidad de compra por efecto de la inflación y la pérdida de poder de compra por actualizaciones salariales por debajo de la evolución de precios. Es algo que acompaña al conjunto de los ingresos populares, especialmente a los millones de jubilados y pensionados y perceptores de planes sociales. Situación extensiva al sector de pequeños empresarios que venden su producción o comercializan bienes y servicios demandados por perceptores de ingresos fijos.
· Por el desempleo y subempleo, que no registra mayor aumento por el efecto desaliento en la búsqueda de trabajo (según informa el propio estudio del INDEC).
· Por la precariedad, manifestada en el 33% de trabajo irregular y por ende sin seguridad social.
· Por las tendencias crecientes a la flexibilización salarial, laboral y a la tercerización que promueven las empresas, disminuyendo el salario de los contratados tercerizados (una práctica de contratación en expansión).
· Por la afectación de jubilaciones y pensiones, más allá del restringido ingreso previsional y especialmente por las condiciones de vida y seguridad social del régimen previsional para las personas mayores.
No solo se trata de cuestionamientos económicos, sino también políticos y sociales ante la ofensiva del capital sobre el trabajo, la naturaleza y la sociedad.
· Es evidente que la renta se distribuye a favor de la ganancia y a costa del salario, un tema agravado con el ajuste en proceso y políticas deliberadas para favorecer inversiones y rentabilidad empresarial, con intencionalidad de modificar convenios colectivos e insistir en reformas laborales y previsionales reaccionarias.
· Crece el reconocimiento que la súper explotación de los recursos naturales afecta las vidas y los territorios donde habitan los trabajadores, no solo de la actividad específica (la soja, la mega minería o la energía con el petróleo o el gas). Crece el conflicto en defensa del medio ambiente, los recursos estratégicos, el agua, el aire y la tierra.
· Un dato relevante en la cotidianeidad deviene del aliento a un consumo que fortalece el poder de dominación de la producción monopolizada, además, estimulado con un sistema de crédito que hipoteca a las familias en aras del consumismo estimulado desde el marketing y la publicidad.
Todo esto ocurre asentado en una lógica de deslegitimación de las formas asociativas y colectivas en defensa de la mayoría social trabajadora, tal el caso de los sindicatos, las cooperativas y/o mutuales u otros emprendimientos desplegados por trabajadoras y trabajadores ante la imposibilidad de resolver sus ingresos regulares en el mercado laboral tradicional.
No solo no se estimulan estas formas de organización sino que se las combate, ejemplificado en las dificultades jurídicas, económicas y políticas para el crecimiento y expansión de las empresas recuperadas y toda forma de auto organización social y productiva. La autogestión no es motivo de política deliberada, salvo en sentido asistencialista para contener el conflicto social. La represión de estas formas de organización son crecientes y con búsqueda de apoyo social.
Claro que a la estrategia de las clases dominantes contra las formas organizativas de las trabajadoras y trabajadores, se debe adicionar la práctica burocrática, corrupta y mafiosa de varias de las organizaciones sindicales tradicionales, hegemónicas en cantidad de afiliación y asociadas política y económicamente a la lógica del poder.
El desprestigio sindical en la sociedad está trabajado desde las clases dominantes y asociado a una práctica sindical de enriquecimiento personal de la cúpula en desmedro de los derechos e intereses de las trabajadoras y los trabajadores. Contra esa realidad y ese argumento se formuló la perspectiva de un nuevo modelo sindical sustentado en la libertad y democracia sindical con articulaciones diversas del movimiento social y territorial a comienzos de los 90 con el surgimiento de la CTA y es aún una asignatura pendiente y un proyecto que se desafía en estas horas de unidad de acción con acto compartido el 1/5/17, que no supone reunificación orgánica. El proyecto de autonomía de la CTA está en disputa.
Mapa sindical y debates estratégicos
Resulta imprescindible realizar un mapa del sindicalismo y la organización obrera en la Argentina, la región y el mundo. No alcanza con la institucionalización de Centrales Mundiales o nacionales que dejan afuera a la mayoría de las trabajadoras y trabajadores del mundo, la región y del país.
Hacer el mapa es una asignatura pendiente, que debe recoger la multiplicidad de formas de auto organización obrera, en las tomas de tierra para la producción del abastecimiento y la distribución mercantil del excedente mientras no se integre a una lógica productiva alternativa. Vale para la consideración de emprendimientos asociativos entre los que cuentan las empresas recuperadas, las cooperativas y mutuales, tentadas a subordinarse a la lógica del mercado o su contrario, integrarse en un circuito de cooperación y en la producción de valores de uso y no de cambio.
En el plano sindical debe superarse el reconocimiento institucional, con tendencia a restringir las opciones de representación de los trabajadores, con un Ministerio de Trabajo orientado a limitar el avance del clasismo y el sindicalismo comprometido con sus bases, ahora es el caso de los Judiciales de Mendoza, en una actitud ilegal que se anticipa al proceso judicial y desoye la realidad del pronunciamiento de las propias trabajadoras y los trabajadores mendocinos del poder judicial, nada menos con una mujer encabezando la lista ganadora. La violación a los derechos laborales se extiende a las violaciones recurrentes de la cotidianeidad de la explotación y el patriarcalismo.
Más allá del mapa del movimiento obrero, lo que está en discusión es la estrategia, en una perspectiva emancipadora y de poder. En realidad, muy pocas dirigencias discuten una estrategia más allá del conflicto presente y bueno sería reconocer que no alcanza con la táctica de la lucha y que además, se requiere proyecto estratégico, de unidad obrera y popular contra el capitalismo, que no ofrece soluciones a la mayoría de la sociedad, por ende, a las trabajadoras y trabajadores.
Julio C. Gambina
Notas:
[1] OIT. Perspectivas sociales y del empleo en el mundo – Tendencias 2017
http://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2017/lang--es/index.htm (consultado el 28/4/17) fsm
[2] Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DEL TOTAL DE TRABAJADORES REGISTRADOS. SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO SIPA
http://www.trabajo.gov.ar/left/estadisticas/novedades/novedad_trabajadores.asp (consultado el 28/04/17)
Luego de hacer un paro general contundente la CGT salió más debilitada que el Gobierno que la sufrió
Panorama sindical
Las disputas entre las famiglias Daer y Moyano parecen inclinarse a favor de estos últimos. En el acto del 1° de Mayo en Obras Sanitarias donde participarán unos 4.000 invitados de los gremios que integran el Consejo Directivo de la organización para evitar los incidentes que empañaron la última movilización de la central obrera el 7 de marzo pasado, habrá un sólo orador: Juan Carlos Schmid. Pablo Moyano, lugarteniente de Hugo en Camioneros y secretario gremial de la CGT, será el responsable central de la seguridad y la producción del acto.
La decisión de contar con un único orador surgió de la reunión del Consejo Directivo la semana pasada, que terminó en un escándalo por el enfrentamiento verbal que mantuvieron Héctor Daer y Facundo Moyano y que se extendió a otros dirigentes con pases de factura y acusaciones cruzadas. La mesa chica de la central obrera acordó que parte de los incidentes en la última movilización fueron disparados por los discursos erráticos y heterogéneos de Schmid, Daer y Carlos Acuña.
“Momo” Venegas, líder de las 62 Organizaciones Peronistas, festejará con Mauricio Macri en el microestadio de Ferrocarril Oeste, emulando a Luis Barrionuevo quien el año pasado quebró el acto unitario del 1° de mayo para almorzar con el Presidente.
Para ese encuentro en el Ministerio de Trabajo preparan anuncios del mandatario relacionados con el Impuesto a las Ganancias y la reconversión de planes sociales en empleo genuino.
Mientras los burócratas sindicales se refugian en actos cerrados, el Frente de Izquierda convoca su acto en la Plaza de Mayo bajo la consigna central “Abajo el ajuste de Macri y los gobernadores”.
El acto tendrá como oradores a los protagonistas más importantes de las luchas del momento. Harán uso de la palabra Romina del Plá, que encabeza la lista Multicolor que disputará con el kirchnerista de Baradel la dirección del Suteba el próximo 17 de mayo; estarán compañeros ferroviarios y telefónicos, que también disputan la dirección de FOETRA Buenos Aires; será orador, representando la lucha de los trabajadores de Santa Cruz, Miguel del Plá, dirigente del Partido Obrero de la provincia y del gremio docente y la CTA. Junto con ellos estarán los dirigentes políticos de los partidos del FIT.
El lugar elegido para el acto no es casual. Desde el Argentinazo del 2001 la izquierda y las organizaciones independientes vienen ocupando todos los 1° de mayo la Plaza de Mayo, que es el centro del poder político nacional.
El acto del FIT denunciará la tregua de la burocracia, y llamará a una campaña por un paro activo de 36 horas y un plan de lucha nacional en defensa del salario, los puestos de trabajo y contra la represión.
El acto también será una tribuna para postular una alternativa política de los trabajadores en oposición a los partidos del ajuste.
Despidos y suspensiones
La Federación de Choferes de Camiones realizó el lunes un paro de actividades que afectó la distribución y reparto de productos lácteos en repudio a los despidos y suspensiones en la empresa Sancor.
Mientras tanto, el Gobierno se entusiasma con poder avanzar con el gremio de la industria láctea (Atilra) en un acuerdo similar al que arribó en su momento con el sindicato de petroleros en Vaca Muerta.
Hay una negociación abierta entre el Gobierno, la industria lechera y el gremio sobre cuatro puntos: paritarias, el bono solidario, deudas por el bono solidario y la discusión del Convenio Colectivo de Trabajo.
Desde el oficialismo buscan que el gremio no acuerde salarios por el segundo semestre, acepte refinanciar las deudas de las empresas por el bono solidario, que reformule el monto de dicho bono y que abra la discusión de la letra chica del Convenio Colectivo.
El calzado es uno de los rubros donde se está sintiendo más fuerte el cimbronazo al empleo que generó el cambio de perfil económico. En las industrias de la actividad los despidos y las suspensiones se cuentan por miles y desde el gremio están alarmados por la situación.
En ese contexto, la empresa Paquetá radicada en Chivilcoy blanqueó un intento de avanzar con un plan de adelanto de vacaciones al personal, por las dificultades que tendría para sostener los niveles de producción. La decisión, dejada trascender a través de la prensa local, alarmó el gremio de calzado, Uticra, que rechazó de plano la propuesta.
Así lo hizo saber con un comunicado de prensa en el que expresa: “Ante comentarios vertidos en diferentes medios de comunicación, UTICRA informa que el día 19/04/2017 mantuvo una reunión con Directivos y Apoderado de Perchet Argentina S.A., en la que la firma manifestó su intención de adelantar vacaciones, debido -y así expresamente lo aclararon- a dificultades en las tratativas por pedidos con la marca Adidas Argentina S.A. El sindicato tomó conocimiento formal de la situación, rechazó in limine la propuesta, y solicitó un cuarto intermedio hasta tanto ambas partes se encuentren en audiencia a estipular ante el Ministerio de Trabajo Delegación Chivilcoy”.
Los trabajadores de AGR Clarín, que han cumplido más de 100 días de lucha por la reincorporación ante el lock out que la empresa impuso en su planta gráfica de Pompeya, jueves y viernes desde las 14:00 realizarán actividades para difundir la situación a la que los somete el Grupo Clarín en las puertas de la Feria del Libro, el principal evento financiado por el grupo empresario. El viernes 28 a las 17:00 realizarán una concentración y acto frente a la misma.
Pasaron cuatro meses del convenio firmado entre el Ministerio de Ciencia y los 508 investigadores que ganaron su ingreso a la Carrera de Investigador del Conicet y no pudieron efectivizarlo por el recorte. Tras la histórica toma de la cartera que conduce Lino Barañao, las autoridades se comprometieron a incorporarlos en otras instituciones públicas, pero acaban de reconocer que no van a cumplir.
Los investigadores apenas cuentan con una beca que terminará en siete meses, aunque 107 de ellos aún no la recibieron. Las agrupaciones que los nuclean volvieron a movilizarse al Ministerio el jueves 20, y decidieron una vigilia con acampe para el 8 de mayo en la explanada de la sede en Palermo, previo a la tercera reunión de la Comisión Mixta de Seguimiento, el órgano que debe garantizar el cumplimiento del acta.
En la segunda reunión, el 12 de abril pasado, los representantes del Ministerio admitieron que no cuentan con los fondos para garantizar la reinserción del medio millar de despedidos. Agregaron que las condiciones de contratación dependerán de la entidad receptora, incumpliendo el punto 3 del convenio, que ordenaba mantener las mismas condiciones laborales y salariales que en el Conicet.
En casa de herrero…
El lunes se realizó en la Cámara de Diputados de la Nación una masiva Audiencia Pública organizada por los diputados del Partido Obrero, Néstor Pitrola, Pablo López y Soledad Sosa, en defensa de los 130 trabajadores tercerizados de limpieza del Ministerio de Trabajo, que se encuentran en una grave situación laboral, con salarios atrasados, despedidos a partir de un cambio de concesión, sin garantizar derechos, antigüedad, continuidad laboral y ninguna indemnización. En la Audiencia estuvieron presentes, además, el diputado Leonardo Grosso (Movimiento Evita) y la legisladora Laura Morrone (IS), y se contó con la adhesión de los diputados nacionales Alcira Argumedo y Juan Carlos Giordano.
Los trabajadores en conflicto denunciaron que desde la cartera que conduce Jorge Triaca, contrataron rompe huelgas para realizar las tareas de limpieza en el edificio de Alem, pero la situación sigue lejos de resolverse.
Los empleados en cuestión están tercerizados por la firma Imantec S.A. y en febrero no percibieron la totalidad de sus sueldos. Algo que viene repitiéndose mes a mes.
Mientras tanto en las oficinas las condiciones de trabajo desmejoraron, se empezó a acumular basura, las condiciones de limpieza son muy malas y desde hace días son varios los funcionarios y empleados que empezaron a ver desechos de roedores en las distintas plantas del edificio del Ministerio de Trabajo.
Crónica de una muerte anunciada
El 1º de abril, el gobierno eliminó el 35% de arancel a la importación de notebooks, PC y tablets. Como consecuencia de la medida PC Arts cerró su fábrica de notebooks Banghó en Vicente López y suspendió a 185 empleados; Air Computers (CX) cerró su planta de Rosario y está viendo cómo reubicar a 100 trabajadores; y la fábrica Informática Fueguina (BGH Positivo) cerró en Tierra del Fuego, dejando sin empleo a 164 personas.
Luján (provincia de Buenos Aires) declaró a fines de febrero la emergencia textil, a partir de un pedido de la Cámara Textil, la Asociación Obrera Textil (AOT) y el Movimiento de Empresarios Nacionales para el Desarrollo, que además solicitaron al gobierno suspender las importaciones.
Con poco más de 100.000 habitantes y 100 empresas del rubro, en Luján el sector textil nuclea al 24% de los empleos industriales: más de 5.000 trabajadores. De ellos, ya fueron despedidos 600.
En todo el país a mediados de marzo, ya se registraron 1.500 despidos y 3.600 suspensiones en el sector. Otros polos textiles en peligro son Villa Martelli y San Martín, donde ya cerraron cinco plantas: Sedler Hermanos, Vecchi Godoy, Galitex, Edolan y Broderie Suizo.
En Baradero se repiten las movilizaciones de obreros frente al cierre de fábricas, despidos, salarios atrasados y un avance sobre los convenios laborales. La química Atanor dejó a 60 trabajadores en la calle. La alimentaria Ingredion eliminó a 84 de sus 400 operarios. Los 40 de la aceitera Germaiz no cobran desde hace un año y la alimentaria BRF presentó el “preventivo de crisis”. Son cuatro de las seis empresas más importantes de la localidad de 25.000 habitantes.
También en Chacabuco, Ingredion despidió a 112 trabajadores y en Munro, Atanor dejó a otros 80 operarios en la calle.
El mundo del revés
En momentos donde la destrucción de empleos formales e informales en nuestro país, afecta a más de medio millón de compatriotas, y la apertura indiscriminada de importaciones hunde cada día más a la industria nacional, el ingeniero ocupante de la Casa Rosada, Mauricio Macri, inaugurará el próximo miércoles en Houston, Texas, -previo a su reunión con su par estadounidense, Donald Trump- una planta que producirá tubos de acero sin costura para la industria del petróleo y gas no convencional, perteneciente al grupo Techint. La inversión realizada por el empresario Paolo Rocca superó los 2 mil millones de dólares, y generará 1.500 puestos de trabajo pero en Estados Unidos.
Mientras tanto, el cierre de seis fábricas en la provincia de San Luis y la pérdida de 500 puestos de trabajo directos encendió la luz roja. El gobernador puntano, Alberto Rodríguez Saá, advirtió que fábrica que cierra, será expropiada y reabierta por sus trabajadores. Cumpliendo con su palabra, promete que en 45 días recuperará el predio que perteneció a Cerámica San Lorenzo, empresa que cerró en enero pasado dejando a 160 obreros en la calle, para asignárselo a los trabajadores que fueron despedidos y reabrir la fábrica.
El ministro puntano de Medio Ambiente, Campo y Producción, Cristian Moleker, comentó que "estamos sacando las cuentas para recuperar el predio. Sería por la Ley de Patrimonio Productivo provincial votada hace siete años que busca entender que el capital es social. A las empresas que la provincia le dio beneficios fiscales y luego cierran, debe quedarles claro que esos beneficios fueron un esfuerzo de todos los contribuyentes, y fueron dados con un fin social. Podríamos recuperarlo por el régimen general de apropiaciones. Si la empresa no tiene deuda fiscales, pagaremos lo que establezca el tribunal de tasación". De los 160 trabajadores despedidos, 80 ya decidieron sumarse a la reapertura. El ministro Moleker agregó que "la provincia cubrirá el capital de trabajo inicial y a los trabajadores les daremos una ayuda social hasta que arranque la cadena de comercialización. Aunque no sean competitivos, son productivos".
El panorama en la provincia es crítico, como en el resto del país, por eso el Ministro planteó que "la gente que se queda desempleada en una economía en retracción, difícilmente consiga trabajo. Hay dos caminos alternativos: o esperamos que se quede sin su indemnización, empezamos a darles planes sociales y esperamos que el mercado se reactive o nos adelantamos a los tiempos y recuperamos las fábricas".
Si bien el gobierno de San Luis aún no logró determinar de cuánto será la inversión destinada a la reapertura, el ministro Moleker aclaró que "la situación de la industria nacional es muy crítica, no queremos esperar a llegar a una crisis social. No podemos ser indiferentes, esto lo podemos hacer porque tenemos fondos y un presupuesto ordenado". Sobre los fondos que destinarán para impulsar estas fábricas recuperadas sostuvo que "son todos recursos provinciales, no nos estamos endeudando. Tenemos un fondo anti crisis que equivale a más de un presupuesto anual para asignar a las políticas que lo necesiten".
Las fábricas que cerraron son Georgalos, Alpargatas, Herzo, Tramontana y un textil local. "La siguiente en reabrirse como fábrica recuperada será la fábrica de bolsitas de plástico Tramontana", aseguró el ministro Moleker.
Pero parece que no son las únicas que están al borde del cierre. La caída de la demanda y las importaciones complican seriamente a toda la industria de línea blanca. Mabe, Kohinoor, Rheem y Orbis están atravesando una situación compleja y trabajan al 60% de la capacidad instalada.
Siguiendo los pasos de María Eugenia Vidal y Mauricio Macri
El Gobierno de Alicia Kirchner denunció penalmente la manifestación del sábado por la madrugada por ''daños, atentado al orden constitucional, sedición y violación de domicilio''. Además, solicitó una orden de restricción de acercamiento a edificios públicos para el ex secretario general del gremio de Judiciales y referente de la CTA Autónoma Santa Cruz, Juan José Ortega.
El kirchnerismo interpreta como un ‘’atentado al orden constitucional’’ la legítima lucha de los trabajadores de Santa Cruz por sus derechos más elementales: el pago de salarios en tiempo y forma, la cobertura de prestaciones de salud y la lucha por un sueldo que alcance para cubrir el elevado costo de vida de la Patagonia.
Alicia Kirchner sigue, en su provincia, la orientación represiva más general pactada por Macri y el PJ cuya expresión máxima es la reforma represiva del Código Penal. Fue el propio presidente, Mauricio Macri, quien se expresó solidario con la Gobernadora y acuso de ‘’violencia’’ a las movilizaciones de los trabajadores provinciales que en respuesta el sábado pasado se movilizaron pacíficamente para repudiar la represión del Cuerpo de Infantería de la PSC que dejó un saldo de varios trabajadores heridos.
El Gobierno de Santa Cruz, ante la falta de respuestas a las demandas obreras y las grandes huelgas, opta por el camino de la represión y la criminalización de la protesta. La acción es plenamente política e intenta desacreditar la masividad del paro convocado por la Mesa de Unidad Sindical y la CTA-A Santa Cruz que nuevamente el lunes paralizó las escuelas y dependencias públicas de toda la provincia con un acatamiento del 100% entre los docentes de Río Gallegos.
En esta nueva jornada de paro ATE armó una impresionante carpa en pleno centro capitalino, lugar donde también se armó una olla popular que comparten con los gremios judiciales y los jubilados que llegaron a realizar una sentada frente a las puertas del Banco Santa Cruz.
En este contexto el Secretario General de ATE, Alejandro Garzón, manifestó que, “esta medida de protesta se da en el marco de lo sucedido el pasado sábado pero quiero recordarles además que el miércoles 26 tenemos otra medida de fuerza en defensa de los puestos laborales de los trabajadores de YCRT y Petroleros”.
La crisis de los pequeños productores de las economías regionales
En CABA, el miércoles 26 de abril a las 9:00 concentraron en Parque Lezama los pequeños productores de las economías regionales con el apoyo de los movimientos sociales. Luego marcharon al Ministerio de Agroindustria y a las 13:00 a Plaza de Mayo, exigiendo medidas urgentes para la emergencia:
20.000 salarios sociales complementarios, para los afectados por la crisis a nivel nacional.
Línea de créditos especiales para los pequeños productores. Ejecución del fondo fiduciario de $ 1.700 millones para los pequeños productores.
Reglamentación y presupuesto para la Ley de Agricultura Familiar.
Ley de tierras. Que permita el acceso a la tierra a miles de campesinos. Proyecto de Ley de semillas.
Prórroga de la Ley 26160 de Emergencia territorial de las Comunidades Indígenas. Basta de desalojos.
Insumos para la producción. Financiamiento para obras hidráulicas. Proyectos productivos y de comercialización.
Paritarias
En las negociaciones salariales de los judiciales porteños, el Consejo de la Magistratura ofreció una recomposición salarial del 18% dividida en dos tramos, (10% en marzo y 8% en agosto) propuesta que fue rechazada de plano por el Sindicato de Trabajadores Judiciales (SiTraJu) que lidera Vanesa Siley.
El borrador que elevó el Consejo, que además promovía incrementos a la ayuda por guardería y viáticos, fue descartado por el gremio que resolvió un cese de actividades para el jueves, día en que se realizará el nuevo encuentro paritario, desde las 11:00 con una movilización para acompañar a los representantes.
La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) cerró un aumento en los salarios del 22,14%, en el marco de la negociación paritaria para el personal no docente de las casas de altos estudios.
Las subas se abonarán en tres tramos : 4%, retroactivo al 1º de marzo, sobre los salarios de setiembre/2016; 8% a partir del 1º de junio, sobre los salarios de marzo/2017.; y 8,75 % a partir del 1º de setiembre, sobre los salarios de junio/2017. Los aumentos acumulados representan una suba salarial del 22,14%.
También se acordó una garantía de r evisión automática de las escalas salariales cuando la inflación supere los porcentajes pactados en este acuerdo. La primera revisión será en el mes de julio (cuatrimestral de marzo a junio), y a partir de allí será trimestralmente.
Los trabajadores docentes de la provincia de Santa Fe tendrán un aumento salarial del 25% , tras la aceptación de los gremios del sector de la propuesta realizada por el gobierno provincial que conduce Miguel Lifschitz.
La Asamblea Provincial de AMSAFE -gremio que representa a docentes de escuelas estatales- resolvió aceptar por el 85% de los votos la propuesta salarial que el gobierno de Santa Fe realizó en la mesa paritaria el pasado 18.
El Sindicato de Empleados de ANSES (SECASFPI) inició las negociaciones salariales con las autoridades del organismo estatal y reclamó un incremento en los haberes del 32% y el pase a planta de todos los trabajadores precarizados.
Salarios y consumo
En la primera semana de marzo se realizó en el Hotel Hilton una reunión del CEA (Congreso Económico Argentino) donde Roberto Frenkel afirmó que hoy “el salario real está 4% por debajo del de 2011 y que medido contra la evolución de alimentos y bebidas nunca volvió a alcanzar el nivel que tenía en 2001”.
Al respecto, Miguel Bein, señaló: “Durante todo el verano y aún antes creí que los salarios iban a ganarle nítidamente a la inflación y que eso le pondría pimienta al consumo privado. Hoy no veo que mi pronóstico esté cumpliéndose”. De allí que acabe de bajar su anterior proyección optimista de crecimiento económico del 4,2% al 3,4%, que equivale a un recorte del 20%.
Según sus cálculos más recientes, las paritarias cerrarían en torno al 24%, lo que lleva a reducir a la mitad el aumento del consumo imaginado. La idea del gobierno gira en torno al 18/20%, buscando atar la política salarial a las necesidades antiinflacionarias, como reclama el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, con el aval de Mauricio Macri.
Las subas en la electricidad, el gas y otros servicios, añadirán entre 4 y 5 puntos al índice de precios, lo que lleva la inflación del primer cuatrimestre muy cerca del 9%, la mitad de la pauta anual fijada por el gobierno.
No obstante, el gobierno confía que con el aumento de las jubilaciones y planes sociales, más las paritarias y el alza del crédito, reactivará el consumo. Sumando los 3 rubros, el dinero en el bolsillo de los argentinos pasaría de $ 4,4 billones el año pasado a $ 5,6 billones este año, con una suba nominal del 28,1%, o 5% real. Descontando la inflación que, según los funcionarios, treparía al 22%, son $ 22.549 millones adicionales más por mes que entrarán al bolsillo de los argentinos que por sí solos explicarían un crecimiento del PBI del 3,6%.
En la Ciudad de Buenos Aires
En 2016, el sueldo promedio en la Ciudad de Buenos Aires subió 31,9%, informó la Dirección de Estadísticas del gobierno porteño. Es 9 puntos menos que la inflación que midió ese mismo organismo (41%).
El informe anual del Consejo Económico y Social, una suerte de radiografía de la calidad de vida en la Ciudad, da cuenta de una fuerte caída en los consumos culturales durante 2016. Dos de cada 3 porteños debieron hacer ajustes en este rubro. El 37% afirmó haber reducido la frecuencia de asistencia al cine respecto de 2015. El pasado, fue el peor año desde 2009 en cantidad de público que asistió a cines ubicados en shoppings. En 12 meses se llegó a 6.189.108 tickets, un promedio de 7.935 por sala. En 2015 fueron 6.563.302, con un promedio de 9.000 por sala.
Carlos Díaz, director de Editorial Siglo XXI, resalta que “en 2016 las ventas cayeron un 20%, y en los primeros dos meses de este año bajaron otro 10% respecto del mismo período del año anterior”. En el sector se suma otro factor negativo, como la importación de libros que, solo en el primer semestre de 2016, aumentó un 50%.
Prácticamente uno de cada dos porteños (47%) asistió a recitales de música en vivo en los últimos seis meses. Sin embargo, la mitad fue a alguna obra de teatro, pero el 21% redujo su frecuencia respecto del año pasado. En 2016, los costos operativos de energía y de servicios de los teatros, que iban del 2 al 4% de sus costos totales, pasaron a ser de casi el 20%. “En estos meses se ve una baja de casi el 30% en las localidades”, afirma Sabrina Cassini, ex directora de Proteatro e integrante del colectivo Escena, que agrupa a más de 20 salas independientes, con un promedio de 60 butacas.
En medio del ajuste el gobierno porteño mantiene sin funcionar desde hace casi cuatro años al Teatro San Martín, que ahora promete abrir el próximo 25 de mayo, y el Alvear. Desde 2013, no habilitó una sola sala nueva de teatro, a lo que se suman clausuras de centros culturales, quita de subsidios y pagos adeudados a artistas. El único teatro que creció fue el Colón: pasó de 418.000 visitas en 2015, a 503.564 el año pasado.
También en setiembre realizaron una encuesta que reveló una mayor confianza en la escuela pública (56%) respecto a la privada (44%), desmintiendo el discurso oficial que hace hincapié en una desvalorización de los colegios públicos. Mientras tanto el presupuesto de educación bajó 10 puntos porcentuales durante la última década. Para 2017 representa apenas un 18,2%, la proporción más baja en los últimos 15 años.
Mario Hernandez
Fuentes: Resumen Latinoamericano, Infobae, Página 12, Tiempo Argentino, Clarín, Prensa del Partido Obrero, www.diariobae.com, www.infogremiales.com.ar, www.ambito.com, www.agenciacta.org, Anred, Red Eco Alternativo.
Las disputas entre las famiglias Daer y Moyano parecen inclinarse a favor de estos últimos. En el acto del 1° de Mayo en Obras Sanitarias donde participarán unos 4.000 invitados de los gremios que integran el Consejo Directivo de la organización para evitar los incidentes que empañaron la última movilización de la central obrera el 7 de marzo pasado, habrá un sólo orador: Juan Carlos Schmid. Pablo Moyano, lugarteniente de Hugo en Camioneros y secretario gremial de la CGT, será el responsable central de la seguridad y la producción del acto.
La decisión de contar con un único orador surgió de la reunión del Consejo Directivo la semana pasada, que terminó en un escándalo por el enfrentamiento verbal que mantuvieron Héctor Daer y Facundo Moyano y que se extendió a otros dirigentes con pases de factura y acusaciones cruzadas. La mesa chica de la central obrera acordó que parte de los incidentes en la última movilización fueron disparados por los discursos erráticos y heterogéneos de Schmid, Daer y Carlos Acuña.
“Momo” Venegas, líder de las 62 Organizaciones Peronistas, festejará con Mauricio Macri en el microestadio de Ferrocarril Oeste, emulando a Luis Barrionuevo quien el año pasado quebró el acto unitario del 1° de mayo para almorzar con el Presidente.
Para ese encuentro en el Ministerio de Trabajo preparan anuncios del mandatario relacionados con el Impuesto a las Ganancias y la reconversión de planes sociales en empleo genuino.
Mientras los burócratas sindicales se refugian en actos cerrados, el Frente de Izquierda convoca su acto en la Plaza de Mayo bajo la consigna central “Abajo el ajuste de Macri y los gobernadores”.
El acto tendrá como oradores a los protagonistas más importantes de las luchas del momento. Harán uso de la palabra Romina del Plá, que encabeza la lista Multicolor que disputará con el kirchnerista de Baradel la dirección del Suteba el próximo 17 de mayo; estarán compañeros ferroviarios y telefónicos, que también disputan la dirección de FOETRA Buenos Aires; será orador, representando la lucha de los trabajadores de Santa Cruz, Miguel del Plá, dirigente del Partido Obrero de la provincia y del gremio docente y la CTA. Junto con ellos estarán los dirigentes políticos de los partidos del FIT.
El lugar elegido para el acto no es casual. Desde el Argentinazo del 2001 la izquierda y las organizaciones independientes vienen ocupando todos los 1° de mayo la Plaza de Mayo, que es el centro del poder político nacional.
El acto del FIT denunciará la tregua de la burocracia, y llamará a una campaña por un paro activo de 36 horas y un plan de lucha nacional en defensa del salario, los puestos de trabajo y contra la represión.
El acto también será una tribuna para postular una alternativa política de los trabajadores en oposición a los partidos del ajuste.
Despidos y suspensiones
La Federación de Choferes de Camiones realizó el lunes un paro de actividades que afectó la distribución y reparto de productos lácteos en repudio a los despidos y suspensiones en la empresa Sancor.
Mientras tanto, el Gobierno se entusiasma con poder avanzar con el gremio de la industria láctea (Atilra) en un acuerdo similar al que arribó en su momento con el sindicato de petroleros en Vaca Muerta.
Hay una negociación abierta entre el Gobierno, la industria lechera y el gremio sobre cuatro puntos: paritarias, el bono solidario, deudas por el bono solidario y la discusión del Convenio Colectivo de Trabajo.
Desde el oficialismo buscan que el gremio no acuerde salarios por el segundo semestre, acepte refinanciar las deudas de las empresas por el bono solidario, que reformule el monto de dicho bono y que abra la discusión de la letra chica del Convenio Colectivo.
El calzado es uno de los rubros donde se está sintiendo más fuerte el cimbronazo al empleo que generó el cambio de perfil económico. En las industrias de la actividad los despidos y las suspensiones se cuentan por miles y desde el gremio están alarmados por la situación.
En ese contexto, la empresa Paquetá radicada en Chivilcoy blanqueó un intento de avanzar con un plan de adelanto de vacaciones al personal, por las dificultades que tendría para sostener los niveles de producción. La decisión, dejada trascender a través de la prensa local, alarmó el gremio de calzado, Uticra, que rechazó de plano la propuesta.
Así lo hizo saber con un comunicado de prensa en el que expresa: “Ante comentarios vertidos en diferentes medios de comunicación, UTICRA informa que el día 19/04/2017 mantuvo una reunión con Directivos y Apoderado de Perchet Argentina S.A., en la que la firma manifestó su intención de adelantar vacaciones, debido -y así expresamente lo aclararon- a dificultades en las tratativas por pedidos con la marca Adidas Argentina S.A. El sindicato tomó conocimiento formal de la situación, rechazó in limine la propuesta, y solicitó un cuarto intermedio hasta tanto ambas partes se encuentren en audiencia a estipular ante el Ministerio de Trabajo Delegación Chivilcoy”.
Los trabajadores de AGR Clarín, que han cumplido más de 100 días de lucha por la reincorporación ante el lock out que la empresa impuso en su planta gráfica de Pompeya, jueves y viernes desde las 14:00 realizarán actividades para difundir la situación a la que los somete el Grupo Clarín en las puertas de la Feria del Libro, el principal evento financiado por el grupo empresario. El viernes 28 a las 17:00 realizarán una concentración y acto frente a la misma.
Pasaron cuatro meses del convenio firmado entre el Ministerio de Ciencia y los 508 investigadores que ganaron su ingreso a la Carrera de Investigador del Conicet y no pudieron efectivizarlo por el recorte. Tras la histórica toma de la cartera que conduce Lino Barañao, las autoridades se comprometieron a incorporarlos en otras instituciones públicas, pero acaban de reconocer que no van a cumplir.
Los investigadores apenas cuentan con una beca que terminará en siete meses, aunque 107 de ellos aún no la recibieron. Las agrupaciones que los nuclean volvieron a movilizarse al Ministerio el jueves 20, y decidieron una vigilia con acampe para el 8 de mayo en la explanada de la sede en Palermo, previo a la tercera reunión de la Comisión Mixta de Seguimiento, el órgano que debe garantizar el cumplimiento del acta.
En la segunda reunión, el 12 de abril pasado, los representantes del Ministerio admitieron que no cuentan con los fondos para garantizar la reinserción del medio millar de despedidos. Agregaron que las condiciones de contratación dependerán de la entidad receptora, incumpliendo el punto 3 del convenio, que ordenaba mantener las mismas condiciones laborales y salariales que en el Conicet.
En casa de herrero…
El lunes se realizó en la Cámara de Diputados de la Nación una masiva Audiencia Pública organizada por los diputados del Partido Obrero, Néstor Pitrola, Pablo López y Soledad Sosa, en defensa de los 130 trabajadores tercerizados de limpieza del Ministerio de Trabajo, que se encuentran en una grave situación laboral, con salarios atrasados, despedidos a partir de un cambio de concesión, sin garantizar derechos, antigüedad, continuidad laboral y ninguna indemnización. En la Audiencia estuvieron presentes, además, el diputado Leonardo Grosso (Movimiento Evita) y la legisladora Laura Morrone (IS), y se contó con la adhesión de los diputados nacionales Alcira Argumedo y Juan Carlos Giordano.
Los trabajadores en conflicto denunciaron que desde la cartera que conduce Jorge Triaca, contrataron rompe huelgas para realizar las tareas de limpieza en el edificio de Alem, pero la situación sigue lejos de resolverse.
Los empleados en cuestión están tercerizados por la firma Imantec S.A. y en febrero no percibieron la totalidad de sus sueldos. Algo que viene repitiéndose mes a mes.
Mientras tanto en las oficinas las condiciones de trabajo desmejoraron, se empezó a acumular basura, las condiciones de limpieza son muy malas y desde hace días son varios los funcionarios y empleados que empezaron a ver desechos de roedores en las distintas plantas del edificio del Ministerio de Trabajo.
Crónica de una muerte anunciada
El 1º de abril, el gobierno eliminó el 35% de arancel a la importación de notebooks, PC y tablets. Como consecuencia de la medida PC Arts cerró su fábrica de notebooks Banghó en Vicente López y suspendió a 185 empleados; Air Computers (CX) cerró su planta de Rosario y está viendo cómo reubicar a 100 trabajadores; y la fábrica Informática Fueguina (BGH Positivo) cerró en Tierra del Fuego, dejando sin empleo a 164 personas.
Luján (provincia de Buenos Aires) declaró a fines de febrero la emergencia textil, a partir de un pedido de la Cámara Textil, la Asociación Obrera Textil (AOT) y el Movimiento de Empresarios Nacionales para el Desarrollo, que además solicitaron al gobierno suspender las importaciones.
Con poco más de 100.000 habitantes y 100 empresas del rubro, en Luján el sector textil nuclea al 24% de los empleos industriales: más de 5.000 trabajadores. De ellos, ya fueron despedidos 600.
En todo el país a mediados de marzo, ya se registraron 1.500 despidos y 3.600 suspensiones en el sector. Otros polos textiles en peligro son Villa Martelli y San Martín, donde ya cerraron cinco plantas: Sedler Hermanos, Vecchi Godoy, Galitex, Edolan y Broderie Suizo.
En Baradero se repiten las movilizaciones de obreros frente al cierre de fábricas, despidos, salarios atrasados y un avance sobre los convenios laborales. La química Atanor dejó a 60 trabajadores en la calle. La alimentaria Ingredion eliminó a 84 de sus 400 operarios. Los 40 de la aceitera Germaiz no cobran desde hace un año y la alimentaria BRF presentó el “preventivo de crisis”. Son cuatro de las seis empresas más importantes de la localidad de 25.000 habitantes.
También en Chacabuco, Ingredion despidió a 112 trabajadores y en Munro, Atanor dejó a otros 80 operarios en la calle.
El mundo del revés
En momentos donde la destrucción de empleos formales e informales en nuestro país, afecta a más de medio millón de compatriotas, y la apertura indiscriminada de importaciones hunde cada día más a la industria nacional, el ingeniero ocupante de la Casa Rosada, Mauricio Macri, inaugurará el próximo miércoles en Houston, Texas, -previo a su reunión con su par estadounidense, Donald Trump- una planta que producirá tubos de acero sin costura para la industria del petróleo y gas no convencional, perteneciente al grupo Techint. La inversión realizada por el empresario Paolo Rocca superó los 2 mil millones de dólares, y generará 1.500 puestos de trabajo pero en Estados Unidos.
Mientras tanto, el cierre de seis fábricas en la provincia de San Luis y la pérdida de 500 puestos de trabajo directos encendió la luz roja. El gobernador puntano, Alberto Rodríguez Saá, advirtió que fábrica que cierra, será expropiada y reabierta por sus trabajadores. Cumpliendo con su palabra, promete que en 45 días recuperará el predio que perteneció a Cerámica San Lorenzo, empresa que cerró en enero pasado dejando a 160 obreros en la calle, para asignárselo a los trabajadores que fueron despedidos y reabrir la fábrica.
El ministro puntano de Medio Ambiente, Campo y Producción, Cristian Moleker, comentó que "estamos sacando las cuentas para recuperar el predio. Sería por la Ley de Patrimonio Productivo provincial votada hace siete años que busca entender que el capital es social. A las empresas que la provincia le dio beneficios fiscales y luego cierran, debe quedarles claro que esos beneficios fueron un esfuerzo de todos los contribuyentes, y fueron dados con un fin social. Podríamos recuperarlo por el régimen general de apropiaciones. Si la empresa no tiene deuda fiscales, pagaremos lo que establezca el tribunal de tasación". De los 160 trabajadores despedidos, 80 ya decidieron sumarse a la reapertura. El ministro Moleker agregó que "la provincia cubrirá el capital de trabajo inicial y a los trabajadores les daremos una ayuda social hasta que arranque la cadena de comercialización. Aunque no sean competitivos, son productivos".
El panorama en la provincia es crítico, como en el resto del país, por eso el Ministro planteó que "la gente que se queda desempleada en una economía en retracción, difícilmente consiga trabajo. Hay dos caminos alternativos: o esperamos que se quede sin su indemnización, empezamos a darles planes sociales y esperamos que el mercado se reactive o nos adelantamos a los tiempos y recuperamos las fábricas".
Si bien el gobierno de San Luis aún no logró determinar de cuánto será la inversión destinada a la reapertura, el ministro Moleker aclaró que "la situación de la industria nacional es muy crítica, no queremos esperar a llegar a una crisis social. No podemos ser indiferentes, esto lo podemos hacer porque tenemos fondos y un presupuesto ordenado". Sobre los fondos que destinarán para impulsar estas fábricas recuperadas sostuvo que "son todos recursos provinciales, no nos estamos endeudando. Tenemos un fondo anti crisis que equivale a más de un presupuesto anual para asignar a las políticas que lo necesiten".
Las fábricas que cerraron son Georgalos, Alpargatas, Herzo, Tramontana y un textil local. "La siguiente en reabrirse como fábrica recuperada será la fábrica de bolsitas de plástico Tramontana", aseguró el ministro Moleker.
Pero parece que no son las únicas que están al borde del cierre. La caída de la demanda y las importaciones complican seriamente a toda la industria de línea blanca. Mabe, Kohinoor, Rheem y Orbis están atravesando una situación compleja y trabajan al 60% de la capacidad instalada.
Siguiendo los pasos de María Eugenia Vidal y Mauricio Macri
El Gobierno de Alicia Kirchner denunció penalmente la manifestación del sábado por la madrugada por ''daños, atentado al orden constitucional, sedición y violación de domicilio''. Además, solicitó una orden de restricción de acercamiento a edificios públicos para el ex secretario general del gremio de Judiciales y referente de la CTA Autónoma Santa Cruz, Juan José Ortega.
El kirchnerismo interpreta como un ‘’atentado al orden constitucional’’ la legítima lucha de los trabajadores de Santa Cruz por sus derechos más elementales: el pago de salarios en tiempo y forma, la cobertura de prestaciones de salud y la lucha por un sueldo que alcance para cubrir el elevado costo de vida de la Patagonia.
Alicia Kirchner sigue, en su provincia, la orientación represiva más general pactada por Macri y el PJ cuya expresión máxima es la reforma represiva del Código Penal. Fue el propio presidente, Mauricio Macri, quien se expresó solidario con la Gobernadora y acuso de ‘’violencia’’ a las movilizaciones de los trabajadores provinciales que en respuesta el sábado pasado se movilizaron pacíficamente para repudiar la represión del Cuerpo de Infantería de la PSC que dejó un saldo de varios trabajadores heridos.
El Gobierno de Santa Cruz, ante la falta de respuestas a las demandas obreras y las grandes huelgas, opta por el camino de la represión y la criminalización de la protesta. La acción es plenamente política e intenta desacreditar la masividad del paro convocado por la Mesa de Unidad Sindical y la CTA-A Santa Cruz que nuevamente el lunes paralizó las escuelas y dependencias públicas de toda la provincia con un acatamiento del 100% entre los docentes de Río Gallegos.
En esta nueva jornada de paro ATE armó una impresionante carpa en pleno centro capitalino, lugar donde también se armó una olla popular que comparten con los gremios judiciales y los jubilados que llegaron a realizar una sentada frente a las puertas del Banco Santa Cruz.
En este contexto el Secretario General de ATE, Alejandro Garzón, manifestó que, “esta medida de protesta se da en el marco de lo sucedido el pasado sábado pero quiero recordarles además que el miércoles 26 tenemos otra medida de fuerza en defensa de los puestos laborales de los trabajadores de YCRT y Petroleros”.
La crisis de los pequeños productores de las economías regionales
En CABA, el miércoles 26 de abril a las 9:00 concentraron en Parque Lezama los pequeños productores de las economías regionales con el apoyo de los movimientos sociales. Luego marcharon al Ministerio de Agroindustria y a las 13:00 a Plaza de Mayo, exigiendo medidas urgentes para la emergencia:
20.000 salarios sociales complementarios, para los afectados por la crisis a nivel nacional.
Línea de créditos especiales para los pequeños productores. Ejecución del fondo fiduciario de $ 1.700 millones para los pequeños productores.
Reglamentación y presupuesto para la Ley de Agricultura Familiar.
Ley de tierras. Que permita el acceso a la tierra a miles de campesinos. Proyecto de Ley de semillas.
Prórroga de la Ley 26160 de Emergencia territorial de las Comunidades Indígenas. Basta de desalojos.
Insumos para la producción. Financiamiento para obras hidráulicas. Proyectos productivos y de comercialización.
Paritarias
En las negociaciones salariales de los judiciales porteños, el Consejo de la Magistratura ofreció una recomposición salarial del 18% dividida en dos tramos, (10% en marzo y 8% en agosto) propuesta que fue rechazada de plano por el Sindicato de Trabajadores Judiciales (SiTraJu) que lidera Vanesa Siley.
El borrador que elevó el Consejo, que además promovía incrementos a la ayuda por guardería y viáticos, fue descartado por el gremio que resolvió un cese de actividades para el jueves, día en que se realizará el nuevo encuentro paritario, desde las 11:00 con una movilización para acompañar a los representantes.
La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) cerró un aumento en los salarios del 22,14%, en el marco de la negociación paritaria para el personal no docente de las casas de altos estudios.
Las subas se abonarán en tres tramos : 4%, retroactivo al 1º de marzo, sobre los salarios de setiembre/2016; 8% a partir del 1º de junio, sobre los salarios de marzo/2017.; y 8,75 % a partir del 1º de setiembre, sobre los salarios de junio/2017. Los aumentos acumulados representan una suba salarial del 22,14%.
También se acordó una garantía de r evisión automática de las escalas salariales cuando la inflación supere los porcentajes pactados en este acuerdo. La primera revisión será en el mes de julio (cuatrimestral de marzo a junio), y a partir de allí será trimestralmente.
Los trabajadores docentes de la provincia de Santa Fe tendrán un aumento salarial del 25% , tras la aceptación de los gremios del sector de la propuesta realizada por el gobierno provincial que conduce Miguel Lifschitz.
La Asamblea Provincial de AMSAFE -gremio que representa a docentes de escuelas estatales- resolvió aceptar por el 85% de los votos la propuesta salarial que el gobierno de Santa Fe realizó en la mesa paritaria el pasado 18.
El Sindicato de Empleados de ANSES (SECASFPI) inició las negociaciones salariales con las autoridades del organismo estatal y reclamó un incremento en los haberes del 32% y el pase a planta de todos los trabajadores precarizados.
Salarios y consumo
En la primera semana de marzo se realizó en el Hotel Hilton una reunión del CEA (Congreso Económico Argentino) donde Roberto Frenkel afirmó que hoy “el salario real está 4% por debajo del de 2011 y que medido contra la evolución de alimentos y bebidas nunca volvió a alcanzar el nivel que tenía en 2001”.
Al respecto, Miguel Bein, señaló: “Durante todo el verano y aún antes creí que los salarios iban a ganarle nítidamente a la inflación y que eso le pondría pimienta al consumo privado. Hoy no veo que mi pronóstico esté cumpliéndose”. De allí que acabe de bajar su anterior proyección optimista de crecimiento económico del 4,2% al 3,4%, que equivale a un recorte del 20%.
Según sus cálculos más recientes, las paritarias cerrarían en torno al 24%, lo que lleva a reducir a la mitad el aumento del consumo imaginado. La idea del gobierno gira en torno al 18/20%, buscando atar la política salarial a las necesidades antiinflacionarias, como reclama el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, con el aval de Mauricio Macri.
Las subas en la electricidad, el gas y otros servicios, añadirán entre 4 y 5 puntos al índice de precios, lo que lleva la inflación del primer cuatrimestre muy cerca del 9%, la mitad de la pauta anual fijada por el gobierno.
No obstante, el gobierno confía que con el aumento de las jubilaciones y planes sociales, más las paritarias y el alza del crédito, reactivará el consumo. Sumando los 3 rubros, el dinero en el bolsillo de los argentinos pasaría de $ 4,4 billones el año pasado a $ 5,6 billones este año, con una suba nominal del 28,1%, o 5% real. Descontando la inflación que, según los funcionarios, treparía al 22%, son $ 22.549 millones adicionales más por mes que entrarán al bolsillo de los argentinos que por sí solos explicarían un crecimiento del PBI del 3,6%.
En la Ciudad de Buenos Aires
En 2016, el sueldo promedio en la Ciudad de Buenos Aires subió 31,9%, informó la Dirección de Estadísticas del gobierno porteño. Es 9 puntos menos que la inflación que midió ese mismo organismo (41%).
El informe anual del Consejo Económico y Social, una suerte de radiografía de la calidad de vida en la Ciudad, da cuenta de una fuerte caída en los consumos culturales durante 2016. Dos de cada 3 porteños debieron hacer ajustes en este rubro. El 37% afirmó haber reducido la frecuencia de asistencia al cine respecto de 2015. El pasado, fue el peor año desde 2009 en cantidad de público que asistió a cines ubicados en shoppings. En 12 meses se llegó a 6.189.108 tickets, un promedio de 7.935 por sala. En 2015 fueron 6.563.302, con un promedio de 9.000 por sala.
Carlos Díaz, director de Editorial Siglo XXI, resalta que “en 2016 las ventas cayeron un 20%, y en los primeros dos meses de este año bajaron otro 10% respecto del mismo período del año anterior”. En el sector se suma otro factor negativo, como la importación de libros que, solo en el primer semestre de 2016, aumentó un 50%.
Prácticamente uno de cada dos porteños (47%) asistió a recitales de música en vivo en los últimos seis meses. Sin embargo, la mitad fue a alguna obra de teatro, pero el 21% redujo su frecuencia respecto del año pasado. En 2016, los costos operativos de energía y de servicios de los teatros, que iban del 2 al 4% de sus costos totales, pasaron a ser de casi el 20%. “En estos meses se ve una baja de casi el 30% en las localidades”, afirma Sabrina Cassini, ex directora de Proteatro e integrante del colectivo Escena, que agrupa a más de 20 salas independientes, con un promedio de 60 butacas.
En medio del ajuste el gobierno porteño mantiene sin funcionar desde hace casi cuatro años al Teatro San Martín, que ahora promete abrir el próximo 25 de mayo, y el Alvear. Desde 2013, no habilitó una sola sala nueva de teatro, a lo que se suman clausuras de centros culturales, quita de subsidios y pagos adeudados a artistas. El único teatro que creció fue el Colón: pasó de 418.000 visitas en 2015, a 503.564 el año pasado.
También en setiembre realizaron una encuesta que reveló una mayor confianza en la escuela pública (56%) respecto a la privada (44%), desmintiendo el discurso oficial que hace hincapié en una desvalorización de los colegios públicos. Mientras tanto el presupuesto de educación bajó 10 puntos porcentuales durante la última década. Para 2017 representa apenas un 18,2%, la proporción más baja en los últimos 15 años.
Mario Hernandez
Fuentes: Resumen Latinoamericano, Infobae, Página 12, Tiempo Argentino, Clarín, Prensa del Partido Obrero, www.diariobae.com, www.infogremiales.com.ar, www.ambito.com, www.agenciacta.org, Anred, Red Eco Alternativo.
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