El gobierno del presidente Javier Milei, como parte de todas las reformas antiobreras que pretende imponer en el próximo período, va también por una modificación de la Ley de Glaciares.
Todavía no está muy claro si intentará contrabandear los cambios en la Ley de Presupuesto o si lo haría a través de un proyecto independiente, con una ley complementaria, o la derogación directa de la norma. Pero lo que está claro es que busca que la determinación de las áreas periglaciares quede en manos de las provincias, a sabiendas que estas lo harán de acuerdo a la conveniencia de las empresas mineras y no de la preservación de los glaciares y las necesidades vitales de la población.
El presidente ya cuenta con el apoyo de gobernadores de provincias mineras como San Juan, Salta, Jujuy, Mendoza y Catamarca, quienes además han conformado la “mesa del cobre”.
La que expresó con total claridad cuál es el objeto y el apuro de avanzar con esto es la recientemente asumida senadora nacional por Salta, Flavia Royón, quien fue funcionaria del gobernador Gustavo Sáenz, de Alberto Fernández y de Javier Milei. En el programa "Ahora Energía" del streaming Ahora Play Royón dijo que el 80% de los proyectos de cobre están afectados por la Ley de Glaciares y habla de un “sentido de urgencia” porque el Rigi vence en julio del 2026.
La reforma no solo es exigida por las empresas mineras. También el imperialismo yanqui y sus representantes en el país, como Alejandro Díaz, CEO de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (AmCham), quien en una conferencia mencionó la Ley de Glaciares como una de las siete reformas que le piden a Milei.
Que las empresas mineras se quieran llevar puesta la Ley de Glaciares no es ninguna novedad. Recordemos que Cristina Fernández de Kirchner vetó la primera ley sancionada, luego de un encuentro en Canadá con el presidente de la Barrick Gold al que fue acompañada de varios gobernadores de provincias cordilleranas.
Recordemos también que Barrick Gold y Argentina Gold, junto a la provincia de San Juan, hicieron un planteo de inconstitucionalidad de la Ley de Glaciares que fue rechazado por la Corte Suprema de Justicia, que consideró que no se había demostrado que la ley les produjera algún daño, y que la protección del ambiente debe ser una tarea conjunta de la Nación y las provincias.
De modificarse la ley se estaría violando el principio de no regresión ambiental que establece que las modificaciones o derogaciones de las normas no se pueden hacer si implican una disminución en los niveles de protección. Esto está mencionado en el Acuerdo de Escazú, al cual nuestro país está adherido por ley.
Para el próximo 4 de diciembre asambleas y coordinadoras socioambientales convocan a una jornada de lucha en defensa de los glaciares. Vamos a impulsarla, con la perspectiva de que sea el puntapié de una masiva movilización para derrotar esta reforma, defender los glaciares y el agua, como parte de la lucha general de los trabajadores para derrotar la avanzada antiobrera de Milei.
Pablo López
No hay comentarios:
Publicar un comentario