El presupuesto aprobado supone gastos totales por unos $43 billones, mientras que los recursos totales alcanzan los $41,5 billones –de ahí la necesidad perentoria de poder acceder a financiamiento externo. Se establece la declaración de la emergencia económica en toda la provincia hasta el 31 de diciembre de 2026 y prorrogable por un año. Los fundamentos de la ley plantean que la situación deficitaria “es causada por la profunda recesión y el incumplimiento, mora y/o detracción por parte del Estado Nacional de las transferencias automáticas y no automáticas que corresponden a la provincia”. No señala, sin embargo, los subsidios y exenciones impositivas al gran capital, ni el congelamiento de los valores del impuesto inmobiliario al capital agrario. El establecimiento de una alícuota del 9% a la renta que las entidades financieras obtengan por la compra de títulos públicos emitidos por la Nación, significa un aumento de recursos del 20,2% y del 17,7% de los gastos totales. Se empeorará la ruinosa infraestructura urbana, los salarios y la educación y salud pública. No está previsto gasto alguno para la reactivación del Astillero Rio Santiago.
Kicillof se apresta a gobernar mediante un fuerte ajuste de los gastos sociales, reforzando la subvención impositiva a las grandes riquezas. Los legisladores ‘libertarios’ y los resabios del PRO han votado en contra del proyecto y denunciado que los ‘impuestos que asfixian a los bonaerenses’. El FITU denunció que se trata de un ‘presupuesto de ajuste’.
El acuerdo mayoritario para aprobar presupuesto reunió a todas las facciones del peronismo; Kicillof tuvo que condonar deudas de los municipios provenientes de la pandemia. Sin embargo, no sucedió lo mismo con la solicitud de endeudamiento - US$ 3.035 millones que exige los dos tercios de los votos. El punto fundamental de discordia es cómo se repartirán los ingresos del endeudamiento. Mayra Mendoza, la intendenta camporista de Quilmes, encabeza una campaña que denuncia a Kicillof por asfixia presupuestaria del municipio. En cualquier caso, los US$ 3.035 millones estarán destinados mayoritariamente a pagar intereses y representan solo el 30% del total de la deuda externa actual de la provincia que pegó un salto enorme durante el gobierno de Vidal y continuó siendo ‘honrada’ luego por Kicillof.
El otro punto del ‘toma y daca’ establecido para conseguir la autorización para contraer deuda, son las bancas en el directorio del Banco Provincia ($ 80 millones de sueldo por mes). Según Clarín, solo luego de aprobarse estos pliegos que requiere la modificación de la Carta Orgánica del Banco, vendrían los votos para el endeudamiento. Antes de esto, Kicillof ya había tenido que ceder asientos en organismos de control, en el Consejo de Educación y en el Tribunal Fiscal de la Provincia.
En medio de estas negociaciones, voceros de Kicillof deslizaron que “podría tener dificultades para pagar aguinaldos de 550.000 empleados públicos que tiene la provincia”. Esta extorsión fue recibida por parte de los Baradel con una campaña en apoyo al gobernador. Cuando se votó el presupuesto provincial, una nutrida columna de docentes principalmente de La Plata, Ensenada y Berisso convocados por la Multicolor, se movilizó para rechazar los ajustes salariales y educativos.
Emiliano Fabris
02/12/2025
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