jueves, 29 de febrero de 2024
miércoles, 28 de febrero de 2024
Se hunde la base social y política de Milei
La crisis desatada por el descuento de la coparticipación de impuestos a la provincia de Chubut no ha amainado. Milei ha incentivado el choque, en unos casos con una batería de tweets y en otros con un ‘me gusta’, que rivalizan en grosería. Desde el punto de vista político, reafirma el propósito de suplantar el régimen político vigente por un gobierno de poder personal. Como consecuencia del rechazo al paquete fiscal inicial y luego a la Ley Ómnibus, Milei y Caputo recurren al ‘ajuste’ financiero contra las provincias. Anteayer anunció la anulación del Fondo de Apoyo a la provincia de Buenos Aires. Para marcar al extremo el objetivo de neutralizar el Congreso, ha vuelto a dejar Argentina, esta vez para aparecer en una concentración conservadora en EE.UU. y en un acto de campaña de Trump, sin solicitud al Congreso, ni un acta de transmisión del mando a la Vice. En ausencia de su canino clarividente, el personaje que opera en la Rosada juega con la acefalía.
El apoyo que 23 de los 24 gobernadores han dado al gobernador de Chubut es menos robusto de lo que aparenta. El salteño Sáenz reunió a varios mandatarios del Norte para establecer un puente con el gobierno central, donde se hizo presente Victoria Villarruel. Otra tanda de gobernadores dieron el apoyo con cautela. El mismo gobernador afectado, Ignacio Torres, ha esgrimido la amenaza de un corte del suministro de combustible “a Argentina” para acentuar su enfrentamiento con el gobierno, sin la voluntad política de violentar las condiciones legales de la operación, ni los instrumentales para llevarlo a la práctica, porque para ello debería llamar a los trabajadores petroleros a ocupar yacimientos y refinerías. La crisis, a pesar de su intensidad mediática, no ha afectado, sin embargo, a los mercados de capitales, pues el gobierno continúa trasladando la deuda del Banco Central con los bancos al Tesoro, que va acumulado un pasivo financiero en forma de espiral. El Tesoro, al mismo tiempo, recompra títulos en dólares en poder del Banco Central. Con el pretexto de absorber pesos –el dinero que destina a la recompra- vacía el patrimonio real de la entidad financiera del Estado.
Inviabilidad del ajuste oficial
Los intentos de apaciguar la crisis, sin embargo, fracasan uno tras otro; Milei ha alineado incluso al Congreso a iniciar, a la noche, las sesiones legislativas del 1° de Marzo, para adoptar el uso y la costumbre de Estados Unidos. La razón del fracaso es simple: la violencia del ajuste fiscal es incompatible con el régimen de financiamiento actual de la Administración nacional como de las provincias. Esta violencia la observó la vicegerenta del FMI en su visita reciente a Argentina. De hecho, la funcionaria vino de urgencia para alertar acerca de la artificialidad del ajuste y de su inviabilidad. Podar salarios, jubilaciones, comedores populares y obras públicas, además de pisar el pago de gastos efectivamente realizados, no significa solamente destruir ingresos nacionales por medio de una recesión, con el consiguiente agravamiento del desfinanciamiento de ese mismo Estado y un mayor déficit fiscal. El desmantelamiento de una estructura estatal obsoleta, no viene acompañada por ninguna organización alternativa. La magnitud del ajuste no modifica en nada la situación de default de la economía argentina, cuyos bonos cotizan, aunque hayan aumentado de valor desde diciembre, con un descuento del 60% sobre su valor de emisión. El gobierno de Milei ha convertido la crisis del régimen político en una crisis de Estado, para beneficiar a una reducida camarilla financiera.
En medio del choque con las provincias, el Banco Nación ha anunciado el inicio de su conversión en sociedad anónima y su ulterior privatización. Ha entregado la tarea a una consultora que encabeza Horacio Liendo, un funcionario de Cavallo. Milei ha decidido avanzar con el DNU 70/2023, que no ha recibido la ratificación del Congreso. Clarín advierte, sin embargo, que el rechazo del decreto es un hecho consumado en el Senado y por lo tanto se conseguirá el número necesario también en Diputados. Para eso será necesario esperar a abril – el tiempo que se estima legislativamente necesario. La irrupción de Clarín en la crisis tampoco sería resultado de la objetividad periodística, porque Milei se apresta a autorizar a Elon Musk y a Amazon a ofrecer Internet por vía satelital. Este escenario demuestra que las estructuras capitalistas agotadas que sobreviven más en el tiempo, se derrumban en menor plazo y con mayor estrépito. Una coalición parlamentaria que derribe el DNU sólo sería viable si ha previsto organizar una sucesión de gobierno. Las negociaciones para desmantelar el DNU en un conjunto de leyes que serían votadas separadamente, como insinúan algunos medios, sería equivalente a intentar reflotar la Ley Ómnibus cuando los choques entre intereses capitalistas se han acentuado.
Un asunto no menor en todo esto es la decisión de La Rioja de incumplir con el pago de una cuota de 20 millones de dólares de una deuda externa total de 250 millones. Los acreedores podrían admitir una reestructuración de pagos o reclamar el cobro inmediato de la totalidad del préstamo. El default internacional de una provincia debería afectar la credibilidad de la deuda nacional. El riojano Quintenla, que ya comenzó a emitir moneda local, alega que el impago es consecuencia del ajuste de los Milei-Caputo. Es otro aspecto del choque federal que se ha acentuado con la crisis chubuteña.
Perspectivas
Una mirada de conjunto advierte que el recorrido de la crisis ha sufrido bifurcaciones llamativas. En lugar de una reacción histórica excepcional de la clase obrera ante la magnitud del golpe de Estado económico de la ultraderecha, el choque central lo protagonizan un conjunto de fracciones de la propia burguesía y del capital internacional, como ocurre incluso con el FMI. El diverso espectro político de la clase obrera, desde la CGT y la CTA, hasta el FIT-U se han puesto a la cola de este enfrentamiento. La burocracia sindical de petroleros, la construcción y camioneros se movilizó fuertemente en apoyo a Torres en Comodoro Rivadavía, el epicentro de la crisis. Las centrales de la burocracia operan a la cola del Poder Legislativo y el judicial; CTERA ha entregado las paritarias bonaerenses en apoyo a Kicillof, pero se ha puesto a la cabeza de los reclamos concernientes a los fondos fiduciarios en general y al del incentivo docente en particular. El FIT-U ha ‘sorprendido’ con una indomable voluntad de marchar con el kirchnerismo el 24 de Marzo; estamos ante el clásico aprovechamiento oportunista del odio creciente a Milei. El mismo Pro se ha partido y va camino a desaparecer, con muchos de sus integrantes acompañando la “avenida del medio” de Pichetto. Se ha roto el mini-bloque de LLA en la Legislatura bonaerense.
Esta oposición embrionaria y tardía a Milei ha terminado abriendo algunas compuertas al kirchnerismo, cuyos votos necesita en el Congreso. Precisamente por eso, el kirchnerismo ha entrado en proceso deliberativo, para alejar a la familia K en beneficio de Kicillof o Massa, partidarios de crear “músicas nuevas”. Pero debería ser claro que esta oposición en calidad de tentativa no reúne condiciones para pilotear una salida. Como ha ocurrido en numerosos episodios en la historia mundial, han servido para llevar la crisis a nuevos peldaños y para levantar las últimas barreras que obstaculizan el desencadenamiento de las fuerzas elementales de las masas trabajadoras. Por eso es fundamental concentrar los ataques contra el gobierno saqueador de Milei sin alentar ninguna confianza con los bloques opositores y sus planteos –por el contrario hay que someterlos a una crítica sistemática. Son los bloques que defendieron con uñas y dientes, no las jubilaciones, sino los intereses de la agroexportación cuando Milei propuso un aumento temporal de las retenciones.
La presente crisis tiene perspectivas revolucionarias amplias: en primer lugar porque ha quebrado al régimen político y en parte al Estado, y en segundo lugar porque se inserta en una crisis internacional sin precedentes, como lo demuestran las guerras imperialistas en Ucrania y en Medio Oriente. Para dar una respuesta a cada etapa de este proceso es necesario captar los eslabones de la crisis en su conjunto.
Jorge Altamira
27/02/2024
Jorge Macri y Milei, otra vez contra “las víctimas del sistema”
Recientemente elaboraron un “Protocolo de atención a personas en situación de vulnerabilidad habitacional con padecimientos de salud mental y/o consumo problemático”. Si bien cita a un marco legal regulatorio nacional e internacional de carácter garantista, no posee los recursos para su aplicación. Desarrolla una modalidad de intervención conjunta, donde el primer contacto lo toma el Programa Buenos Aires Presente (BAP) del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat en conjunto con otras direcciones de ese organismo. Se trata de una política que está en permanente desborde ante el aumento progresivo de personas en situación de calle. Por otro lado, la reducción de personal se evidencia en los despidos mencionados.
El protocolo comienza por la identificación de la persona, para constatar que no tenga una búsqueda de paradero. Pero quienes están en situación de calle, en su mayoría, no tienen la posibilidad de regresar a sus lugares de origen ni están siendo buscados. En la mayoría de los casos, estar en la calle es el resultado de problemáticas donde encontramos violencias, hacinamiento, abusos, abandonos, maltratos y destratos. Es una marca indudable de la pauperización económica de la clase obrera.
El protocolo intenta tapar de manera burda el borramiento de un verdadero programa. cuya existencia es esencial. Al mismo tiempo introduce a la intervención policial para validar la identidad de las personas, cuestión que no tiene justificación alguna. El sistema de identificación corresponde al Registro Nacional de las Personas, no a las fuerzas de seguridad.
Las modificaciones que introduce esta modalidad de intervención buscan consolidar la metodología de la internación involuntaria ante consumos problemáticos y padecimientos mentales severos. Queda de lado la apuesta por el fortalecimiento de lazos y de apoyo en la comunidad. Los operadores, trabajadores sociales y otros profesionales de la salud mental que se encontraban precarizados, en lugar de ser pasados a planta permanente para cumplir sus funciones de integración social y evitar internaciones, son despedidos. Este protocolo conduce a la sobrepoblación de los servicios de internación. Las internaciones compulsivas en salud mental, además de ineficaces, son más costosas para el Estado que las intervenciones en territorio.
La carencia de recursos en todos los organismos que figuran en el protocolo, hace que el mismo no tenga ningún tipo de posibilidad de aplicación. Acaba siendo un compendio de acciones que se adelantan a las pretendidas modificaciones libertarias de las leyes de Salud Mental 26.657 y 448, dirigidas a restablecer la internación compulsiva.
Silvia Allocati y Lucas García
28/02/2024
El falso saneamiento del BCRA
¿Cómo han logrado que los banqueros decidan pasarse? Les han ofrecido deuda del Tesoro con un seguro de contingencia (“puts” u opción de venta). Significa que el BCRA está obligado a comprar la deuda de los bancos, con un descuento de apenas 2% respecto de la cotización del dia anterior.
Pero la misma opción de venta en un pasivo remunerado, ya que el BCRA deberá emitir para afrontar el pago del bono que compra. Se estima que el 15 de febrero, los ´puts´ alcanzaron los 9,7 billones, representando un tercio de los pasivos remunerados (29 billones). ¿Por qué han aceptado los bancos? Porque el riesgo de default es menor, dado a que tienen el respaldo de la maquinita.
Si los bancos deciden activar los puts, van a generar una corrida cambiaria y una hiperinflación. Este es el motivo porque el cual el gobierno no elimina el cepo, ya que en ese caso los pesos irían en masa al dólar Una parte de la recaudación de pesos mediante la deuda del Tesoro ha ido a la recompra de títulos en dólares del Banco Central, con el propósito de subir la cotización de la deuda externa.
Pero lo más importante es que desmiente la especie del 'déficit fiscal cero'. Por medio de la deuda del Tesoro se financia el gasto público. Esta deuda pasa a ser parte, entonces, de la llamada “base monetaria amplia” – circulante, cuentas de ahorro, depósitos a plazo y deuda del Tesoro con seguro del Central. Milei pretende financiar el ajuste con mayor endeudamiento y, por sobre todo, la destrucción del salario, las jubilaciones, la destrucción de la obra pública y la recesión.
Marcos Dipi
28/02/2024
martes, 27 de febrero de 2024
En enero, el BCRA compró dólares porque se pisó el 74% de las importaciones
Un horizonte de más derrumbe salarial y desempleo.
El gobierno de Javier Milei festeja que el Banco Central obtuvo en enero un saldo comprador de U$S 3.272 millones. Sin embargo, ese logro fue posible porque en el mismo mes se pisaron importaciones por el mismo monto. Los compromisos con los proveedores del extranjero, los vencimientos de deuda externa y la presión devaluatoria de los exportadores pone en duda la posibilidad de recomponer las reservas y de mantener planchado el dólar.
En enero, se importaron bienes y servicios por U$S 4.372 millones, sin embargo, solo se pagó con dólares oficiales el 24% de esa cifra. De lo contrario, el BCRA no hubiera podido realizar compras netas de divisas. El gobierno prevé sostener el cepo importador hasta abril, cuando comience la liquidación de la cosecha gruesa.
Ahora bien, lo más probable es que el agro acepte liquidar en ese momento a cambio de una nueva devaluación. Sucede que el salto cambiario de diciembre desató una inflación que hizo caer el tipo de cambio multilateral (competitividad). A su vez, el gobierno prevé eliminar en junio el “dólar blend” para alcanzar la meta de acumulación de reservas del FMI. Recordemos que ese esquema les permite a los exportadores liquidar el 20% de sus exportaciones al dólar CCL y el BCRA se pierde de comprar esas divisas. Si ese beneficio se elimina, las patronales exportadoras exigirán ser compensadas mediante un aumento en la cotización del dólar oficial como condición para liquidar.
Una nueva megadevaluación volverá a enardecer los precios de los bienes transables y ejercerá presión sobre las tarifas, pulverizando aún más los salarios y jubilaciones. El gobierno dilata lo más posible esta medida, a sabiendas de que podría desencadenar una reacción popular de la que difícilmente logre reponerse. Además, la eliminación del dólar blend mientras se mantiene el cepo cambiario generaría un crecimiento de la brecha cambiaria, puesto que mermaría la oferta de CCL, reforzando así la presión devaluatoria.
Sin embargo, en caso de sostener el esquema del dólar blend hasta fin de año, habría unos U$S 15.600 millones de las exportaciones que ingresarían vía CCL y no irían a las reservas, según los cálculos de Fundación Capital. De ese modo, muy poco del superávit comercial previsto para este año de U$S 19.025 millones (debido a la caída que se espera en las importaciones por el cuadro recesivo) sería comprado por el Banco Central.
El pago de la usuraria deuda externa también implicará un golpe a las reservas. Habrá vencimientos por U$S 4.357 millones con los bonistas privados y pagos netos al FMI por U$S 828 millones. En cuanto a la deuda externa privada (gran parte de la cual está compuesta de autopréstamos entre filiales de la misma multinacional), según al consultora citada, se deberán cancelar este año U$S 8.500 millones. También proyecta una salida de U$S 773 millones en concepto de formación de activos externos. Como vemos, la fuga de divisas bajo diferentes formas continúa su curso.
Esto, cuando la previsión de las exportaciones del agro disminuyó en U$S 5.980 millones respecto de las estimaciones iniciales, como resultado de la caída en los precios internacionales del maíz y la soja (por mayor oferta desde Estados Unidos, Argentina, Rusia y Ucrania, y menor demanda de China) y una caída en la cosecha local tras los efectos de la ola de calor de enero.
Así las cosas, la mejora en las reservas de estos primeros meses de gobierno está atada con alambres. Para que perdure en el tiempo el oficialismo deposita esperanzas en posibilidad incierta de que aparezcan préstamos internacionales y en profundizar la caída de la actividad para planchar aún más las importaciones. Una vía de más endeudamiento, cierres, despidos y suspensiones. Tampoco descarta devaluar nuevamente para sostener la liquidación de exportaciones, cual es un espiral sin salida, porque rápidamente la inflación volverá a restar competitividad y resurgirán las presiones devaluatorias, generando una situación insostenible para el bolsillo popular.
Una perspectiva de mayor derrumbe salarial y desempleo. La CGT y la CTAs deben llamar a un paro de 36 hs ya mismo exigiendo un salario mínimo de $600 mil y cláusula gatillo ajustada a la inflación, prohibición de despidos y suspensiones y reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario. Debemos organizarlo desde abajo, para lo cual, poner en pie una asamblea de trabajadores ocupados y desocupados, asambleas barriales y movimiento de la cultura, será un paso muy importante en esa dirección. El 1° de marzo, nos toca movilizar a la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso para rechazar la agenda antiobrera de Milei y el FMI.
Sofía Hart
El gobierno excluye a millones de niños de las asignaciones familiares
Cada vez más niños acuden a comedores populares.
El gobierno nacional de Javier Milei acaba de reducir el monto a partir del cual las familias trabajadoras quedan por fuera del acceso a las asignaciones familiares que paga la Anses según ingresos y cantidad de niños. El ajuste fiscal no tiene reparo alguno y sigue avanzando con fuerza sobre los ingresos de los trabajadores y sus familias.
Se trata de la modificación del monto a partir del cual los trabajadores asalariados y sus familias quedan excluidos de las asignaciones familiares: algo que suscitó debates paramentes entre la burocracia sindical y el gobierno precedente del Frente de Todos, hasta que el gobierno saliente elevó el techo al equivalente al piso para el pago de Ganancias.
De esta forma, el gobierno redujo de $3.960.000 a $2.154.806 el límite a los ingresos familiares y de $1.980.000 a $1.077.403 el tope a los ingresos individuales para considerar el acceso o no a las asignaciones familiares. Estamos ante un mecanismo que en el cuadro de inflación actual deja a millones de niños y niñas por fuera de la compensación/asistencia del Estado, en el mercado de una liquidación progresiva del poder adquisitivo de los trabajadores.
A partir del mes de marzo la actualización del tope seguirá la evolución trimestral de la movilidad jubilatoria, por lo que se espera que nuevos trabajadores y sus familias se sumen a la lista de excluidos. Mismo criterio que se aplica para actualizar las asignaciones, las cuales se ubicaran el próximo mes en $26.277 para quienes no superen los $406.909 y $5.527 para quienes cobren entre $688.999 y $2.154.806, con escalas intermedias. El 27% de aumento de las jubilaciones está muy por detras delacumulado de la inflación que perfila a superar el 70%.
Para el acceso a las asignaciones familiares se toma el haber bruto (sin considerar el aguinaldo), por lo que una familia que dependen de un solo ingreso familiar en relación de dependencia con montos netos que oscilan los $800.000 quedarán por fuera de la cobertura.
La medida implica un ajuste del 45,6% en los topes salariales para excluir a una porción significativa de los trabajadores y sus familias. Pero no es el único recorte: durante el 2023, con una inflación anual del 211,4%, los montos de las asignaciones solo aumentaron un 110,9%, implicando un recorte del 32,3%. Si se hace el mismo cálculo contado desde enero el recorte asciende a 40,5%.
El gobierno afecta a la asignación mensual que cobran los hijos menores de 18 años e las y los trabajadores registrados, y también limita el rango de beneficiados de los $70.000 anunciados por el gobierno para ayuda escolar, reduciendo las medidas “asistenciales” de Milei a propaganda falsa. Quienes superen el tope tampoco podrán acceder a las asignaciones por nacimiento, adopción y matrimonio.
Como se deduce de estos montos, solo una minoría de los trabajadores asalariados, quienes se ubican debajo del umbral de la pobreza, accederán a valores precarios de entre $26.277 y $10.717. Esto explica porque son muchos los trabajadores y sus familias que acuden a los comedores populares de las barriadas obreras, los mismos que el presidente está desfinanciando y vaciando.
El gobierno de Milei avanza recortando el ingreso a la asistencia que opera como un paliativo en el marco de unos salarios ajustados sistemáticamente por las patronales, cuando los salarios no alcanzan a cubrir las necesidades básicas de los trabajadores y sus familias. Se cuentan de a millones los trabajadores que están por debajo del índice de pobreza. Lo que reclama la necesidad de un plan de lucha nacional de los trabajadores, comenzando por el paro activo de 36 horas, para evitar que sigan avanzando con el ajuste y dar un giro en la situación actual para imponer las reivindicaciones obreras y populares.
Marcelo Mache
lunes, 26 de febrero de 2024
El superávit de Milei es un dibujo
Gran parte fue producto de la licuación del “gasto” en salarios y jubilaciones, pulverizando los ingresos en términos reales, y en la motosierra aplicada a presupuestos elementales. La estrategia consiste en cabalgar la inflación sentado en el presupuesto nacional desactualizado de 2023.
Esta ventaja sólo puede ser momentánea debido a que la fórmula de actualización jubilatoria tiene un rezago trimestral que abultará la carga en los próximos meses. Aunque las jubilaciones están desenganchadas del índice inflacionario, se mueven con la recaudación del Anses y el índice de salarios, que traducirán parcialmente el impacto de la inflación pasada. Los salarios comienzan a empujar para arriba al calor de los conflictos por la miseria imperante, y por la inviabilidad de funcionar más allá de abril con esos magros presupuestos, como pasa por ejemplo con las universidades.
En cuanto a los recortes nominales, el ajuste se implementó en gran medida incumpliendo leyes y resoluciones vigentes. Tal es el caso del cese de transferencias al Fondo de Compensación Salarial Docente y de otros ítems salariales como Conectividad y Material Didáctico, además de los programas educativos nacionales y del Fondo de Infraestructura.
Sobre las transferencias a las provincias, el gobierno implementó las más variadas artimañas, desde desconocerlas por completo hasta implementar un cálculo desacoplado de la inflación.
Pero, sin lugar a dudas, el sablazo más sádico se produjo sobre la entrega de remedios oncológicos a pacientes sin cobertura y de los alimentos para los comedores populares, cuando la pobreza supera el 50 %.
La inviabilidad de este "estado de superávit" ha generado “inquietud” en los foros capitalistas internacionales por el temor a que detone una rebelión popular. Cabe agregar que este recorte representa un superávit primario de más de 2 billones de pesos, que en sus tres cuartas partes se empleó para el pago de intereses de la deuda pública.
El otro gran recurso para el “superávit” ha consistido en desconocer o postergar compromisos de pago. Es lo que ocurrió con las partidas de los subsidios de luz y gas a Cammesa -la compañía estatal que administra el mercado mayorista eléctrico-, para que esta le abonara a las generadoras de energía. Se trata de más de 1,5 billones de pesos que ponen en riesgo el funcionamiento de los generadores. Desde el gobierno alegan que esos pagos se harán efectivos más adelante. Entonces, el superávit se ha dibujado a costa de engrosar la deuda flotante: es como si uno se jactara de haber llegado a fin de mes sin pagar los servicios ni el resumen de la tarjeta.
La crisis financiera argentina está en la base de la crisis política presente. No hay sacrificio que alcance para ´honrar´ una deuda de 600.000 millones de dólares.
Luciana Diaz
26/02/2024
Jujuy: liberan a Villegas y Morandini tras permanecer presos 50 días por tuitear
El pedido de liberación fue presentado por el fiscal Rondón, con la oposición de los abogados de Tulia Snopek, esposa del ex gobernador, y de los representantes de la secretaria de la Niñez y el Concejo de la Mujer, también presentada como querellante.
Es evidente que la medida se toma luego de la repercusión nacional, inclusive internacional -El Pais de España recogió el caso en una nota publicada este fin de semana-, alcanzada por este atropello. Se trata de una detención completamente ilegal. La justicia justificó la liberación ante la inexistencia de riesgo de fuga o de entorpecer la causa, que son los causales contemplados para dictar una prisión preventiva, a pesar de haber rechazado el mismo pedido en varias oportunidades. Queda en evidencia que el viraje judicial se produce por la repercusión de la noticia y la denuncia de la arbitrariedad de la justicia jujeña, de la cual se han hecho eco juristas y magistrados enrolados en todas las tendencias políticas.
Nuevo pedido de detención
Sin embargo, en medio de los vaivenes de la causa y de la campaña por la libertad a Roque y Nahuel, se ha producido un nuevo pedido de detención por esta causa, en este caso, el de la arquitecta Lucía González.
El pedido de detención fue dictado por el juez Pullen Llermanos el 26 de enero, pero como la arquitecta no se encontraba en la provincia, no se concretó la detención. Los tres están imputados por los mismos cargos, que prevén penas que van de 2 a 8 años de prisión.
En el caso de Lucia González, se investiga una conversación privada de un grupo WhatsApp de 11 personas y que se habría filtrado. Las fuerzas represivas del Estado, su Justicia y sus servicios de inteligencia están al servicio del ex gobernador y sus caprichos represivos más alocados.
El fiscal acusó a los imputados de confabular con el propósito de “mellar la autoridad y dignidad” de Morales y su esposa, aunque ninguno de los tres imputados se conocen entre sí. El argumento de que alguien que comparte una publicación en las redes está armando una confabulación es insostenible.
La lucha por el sobreseimiento
Luego de 53 días de lucha contra la decisión política de perseguir y amedrentar a la población, ha quedado en evidencia la crisis del gobierno en conquistar su objetivo.
La población rechaza este atropello. A Morales el tiro le salió por la culata. La supuesta infidelidad se ha convertido en tema de los festejos de carnaval provincial, incluso en las comparsas. El gobierno ya no puede recular sin acusar un papelón ni puede ir hasta el final sin potenciar el escándalo político y jurídico que rodea estas detenciones. Buscarán una salida ´elegante´ o intermedia, como una pena excarcelable, para resguardar a los organismos del estado que se han visto involucrados en este verdadero complot.
Es por eso que la liberación de prisión preventiva de Nahuel y Roque es una gran conquista. Ahora exijamos el sobreseimiento definitivo de ambos.
Iñaki Aldasoro
26/02/2024
El cierre del INADI: despidos y una operación política reaccionaria en puertas
Las actividades del INADI las hacían 430 trabajadores, pero Milei redujo su personal a 355. Según afirma el gobierno, se les pidió la renuncia a delegados y cargos políticos.
ATE afirma que, en los últimos 8 años, “el organismo sufrió un achique presupuestario y un estancamiento en el despliegue de sus políticas. Lxs trabajadorxs resistimos a la falta de un criterio integral de gestión en materia de DDHH y no Discriminación, a los vaivenes de la sucesión de conducciones que tuvo el Instituto y al deterioro en las condiciones laborales y contractuales” (ATE.org.ar 29/12/23). En el marco del paro nacional, ATE Capital convocó a un abrazo simbólico al organismo para el lunes 26 a las 9.30 horas.
ATE INADI publicó en diciembre un comunicado en el que explica que el Instituto se creó como “producto directo de los atentados a la Amia y a la Embajada de Israel”. La DAIA, a su turno, manifestó su “preocupación” por la medida oficial. A partir de ese comunicado, el Ministro de Justicia no dejó pasar 24 horas para comunicar que el organismo que se haría responsable de sostener las políticas públicas “antidiscriminación” así como el personal que “desempeñe bien su trabajo”. El cierre del INADI no sólo acarreará despidos, sino que será también la punta de lanza de una operación política reaccionaria, al servicio del imperialismo y el sionismo.
Ningún despido. Abajo el ´ajuste´ de Milei. El lunes 26, paremos masivamente en todo el país.
Valu Viglieca - Delegada de ATE Cultura
25/02/2024
¿Quién va a defender al pueblo de Chubut y al de todas las provincias?
Milei y el capital financiero sin embargo quieren más. El plan de guerra contra los trabajadores amenaza con incendiar las provincias a las que, por ahora, les bloquea la autorización para endeudarse, les ejecuta todas las deudas pendientes y les corta toda transferencia de fondos nacionales específicos, como los de educación u obras públicas, además de los ATN discrecionales. Solo quedan las transferencias de la coparticipación, que cae en términos reales por la caída del consumo y la actividad económica. Por esta vía volverán los planteos de que las provincias son “inviables” como se decía en los ’90, para justificar la disolución de los Estados provinciales en regiones. El poder central es una máquina de concentrar recursos y las provincias meras oficinas de recaudación para el pago de la deuda, que en enero, cuando se impuso el déficit “0” se llevó el triple de recursos que hace un año atrás.
“Medidas de fuerza”
El gobernador de Chubut anunció ante una multitud de unos 15.000 obreros que está dispuesto a desafiar al poder central y propuso tomar una medida de fuerza parando la exportación de gas y petróleo, enseguida los gobernadores patagónicos le dieron su apoyo a la bravuconada. Los diarios de hoy comentan, con razón, que esta medida de fuerza solo la podrían materializar los obreros parando la producción y por lo tanto las exportaciones o su distribución nacional. Que solo los obreros petroleros pueden llevar adelante la medida está dado también por la ley de hidrocarburos, que todos los gobiernos defienden. Es que por esta norma, si bien las provincias tienen el dominio originario de los recursos, una vez extraído el producto pertenece a la empresa titular de la concesión.
Como en todas las grandes causas provinciales, han sido grandes puebladas y huelgas las que enfrentaron los salvajes ataques a los pueblos, la depredación de los recursos naturales las privatizaciones y los ajustes capitalistas. Ahí están en Chubut las puebladas que frenaron la megaminería y se plantaron en defensa del salario docentes y empleados públicos. En Cutral Co y en Mosconi las puebladas encabezadas por los trabajadores “ypefianos” contra la privatización de YPF. En todos los casos los gobernadores estuvieron abiertamente del lado de los ajustadores y mandaron a reprimir a sus pueblos movilizados.
Las contradicciones de los gobernadores, que ven peligrar los negocios de los grupos económicos para los que gobiernan, los han llevado a este “amague” de medidas de fuerza. Buscan algún tipo de pacto fiscal que preserve esos negocios a condición de mantener a fondo el ajuste contra los trabajadores ,así lo plantearon los gobernadores de Salta y Tucumán o el bloque de cuatro senadores que encabeza el salteño Juan Carlos Romero e incluye a dos senadores de Chubut -Andrea Cristina y Edith Terenzi- y a Lucila Crexell de Neuquén.
Derrotar el ajustazo demanda que los trabajadores y los pueblos tomemos la lucha en nuestras manos contra el ajuste de Milei y de los gobernadores. Es necesario, como en todas las grandes crisis, que organicemos la intervención de los trabajadores sobre la base de un programa propio de defensa del trabajo, del salario y de los recursos naturales de las provincias. A la tentativa de las petroleras, con YPF a la cabeza, de reorganizar sus negocios solo en las áreas más rentables como Vaca Muerta abandonando Chubut y otras provincias dejando miles de despidos y enormes pasivos ambientales, hay que oponer la exigencia de un plan de inversiones de YPF en todos las regiones, la defensa de todos los puestos de trabajo y un plan para industrializar en origen la producción bajo control de los trabajadores. Parar los yacimientos, cortar las exportaciones, debe estar al servicio de este programa, no de las maniobras de los gobernadores. Son indispensables asambleas en los yacimientos, en los pueblos y en todos los lugares de trabajo o estudio y la elección de comités de lucha.
Claudio Del Plá
domingo, 25 de febrero de 2024
Frente a la escalada de la crisis política
El choque entre el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y Javier Milei marca un nuevo salto en la crisis política nacional. En el choque hay centralmente dos aspectos en juego. Por un lado, el gobernador habló en el paro convocado por el sindicato petrolero que apoyó su candidatura (el de “Loma” Ávila), que advierte que el plan de desinversión de YPF en los yacimientos convencionales de la provincia traerá aparejados miles de despidos. La burocracia y el gobierno provincial buscan una negociación en torno al esquema de negocios petroleros, en asociación con el capital privado que actúa en la provincia y también al interior de YPF. El segundo motivo del choque es el recorte de fondos de coparticipación a los cuales el gobierno nacional decidió descontarle a la provincia 13.500 millones de pesos a raíz de la deuda con el fondo fiduciario para el desarrollo provincial. Antes, Chubut había ido a la justicia para pedir la suspensión de la eliminación de los subsidios al transporte para el interior del país.
El conjunto de los gobernadores de la Patagonia suscribió un comunicado respaldando la posición de Torres, comunicado que replicó Kicillof asociándolo a la denuncia del gobierno nacional. En respuesta, en un comunicado que escala en la crisis, el gobierno nacional le respondió a Torres que debía llevar adelante sus amenazas de cortar el abastecimiento petrolero y que recurrirían a la justicia para enjuiciarlo. A su vez, redobló la apuesta calificando las medidas del gobernador de “chavistas”.
El apoyo del conjunto de los gobernadores no debe sorprender. Es que todos tienen deudas con Nación, que se van refinanciando de pacto fiscal en pacto fiscal. Los préstamos en dólares de las provincias muchas veces tienen a la coparticipación como garantía. Lo mismo las líneas de crédito de Nación. El ataque a la coparticipación de Chubut, después de la eliminación de los subsidios al transporte, el Fonid y el Fondo Compensador docente, no sólo dejan a la provincia al borde de la bancarrota sino que son medidas extensibles al conjunto de las provincias.
La magnitud del enfrentamiento entre el gobierno nacional y las provincias da este salto luego del coqueteo de algunos gobernadores con quedarse con las divisas como era antes de la unidad nacional, o de la asociación de provincias exportadores para exportar a través del Banco Provincia de Buenos Aires. Semejante escalada, aunque trataran de encauzarla en una negociación contra las masas es indicativa de que la crisis capitalista conlleva tendencias a la fractura nacional que a su vez dividen a las fuerzas políticas de gobierno, cada vez más fragmentadas.
La crisis política está quebrando al PRO. Según se informa, Torres informó a Bullrich de su discurso, sin embargo, la presidenta del PRO salió a desmarcarse y respaldar la medida de Milei. Los medios informan que Macri intentó una fracasada mediación. El intento de formar un gobierno de coalición con Milei está cuestionado por la crisis política. Si Macri avanza sin que se resuelva el choque entre la Nación y las provincias, consolidará una ruptura de su propio espacio. Si no lo hace, la base de apoyo de Milei se verá todavía más afectada y el gobierno tenderá a cerrarse sobre una camarilla estrecha.
Resulta significativo que mientras todo esto ocurre el riesgo país baja y los mercados responden “positivamente” al plan Milei. Lo mismo ocurre con el Fondo Monetario. Ambas cuestiones ponen de manifiesto que la camarilla de Milei responde al capital financiero internacional y sus medidas bonapartistas están al servicio de servir a estos intereses. Esto más allá de las bravuconadas en las redes sociales y del apoyo que pueda conservar en una base explotando el descrédito del gobierno peronista que lo precedió. El ajuste impuesto y necesario para abrir una, de todas formas, lejana, nueva negociación con el Fondo, que tiene el requisito de este equilibrio de cuentas, es una apuesta salvaje a que un rebote económico termine atenuando las brutales contradicciones sociales que está colocando este proceso.
Los gobernadores
Estos choques no nos deben hacer perder de vista la sociedad de clase entre los gobernadores y Milei. Las denuncias de Torres se producen 24 horas después de que el gobierno se reuniera con los gobernadores del NOA para tender puentes nuevamente. El objetivo de esta colaboración es, de parte de los gobernadores, alcanzar algún tipo de acuerdo fiscal para las provincias, y, del lado del gobierno nacional, generar las condiciones que les permitan rearmar los pactos parlamentarios luego del fracaso de la Ley Ómnibus. Todos son partidarios de una reforma laboral, de nuevas desregulaciones e incluso el PJ está dispuesto a colaborar con el Plan Milei si le cuidan sus intereses provinciales, como lo mostraron los diputados tucumanos de Jaldo que la votaron a favor. Los de Torres, mientras tanto, se presentaron como colaboradores, como lo hizo todo el bloque del PRO.
Esta dependencia de intereses patronales de ambos lados del choque condiciona la “resistencia” de los gobernadores. Milei lo torea a Torres para que cumpla sus promesas porque especula con que este no será capaz de cortar ningún abastecimiento chocando con las petroleras por un lado y con todo el capital industrial del país por el otro. La hiperregimentada movilización petrolera no debe hacer perder de vista que Torres es un representante de los mismos que en Chubut enfrentaron con uñas y dientes el chubutazo antiminero. Torres se cura en salud antes de tener una rebelión popular en su provincia, pero ni sueña con medidas que involucren seriamente una acción obrera que no podría controlar. La memoria del chubutazo que hirió de muerte al gobierno de Arcioni está muy viva tanto en la memoria popular como en el gobierno.
La consecuencia lógica de esta orientación social de los gobernadores es que aplican a su vez un durísimo ajuste contra los trabajadores de sus provincias. Así vehiculizan el ataque a los salarios, el cierre de obras públicas y el deterioro de la educación y la salud. Y solamente reaccionan contra el gobierno nacional cuando están contra las cuerdas. Ni sueñan con colocarle impuestos extraordinarios a las petroleras, las mineras o el capital agrario que actúan en los territorios provinciales.
La lucha contra el ajuste del gobierno nacional requiere medidas de fondo. Al recorte de subsidios al transporte nacional hay que oponerle no sólo la pelea por su restitución sino la apertura de cuentas de las empresas y el control obrero de las mismas. Al recorte del Fonid le oponemos no solamente su restitución sino su incorporación al básico y en última instancia la nacionalización del sistema educativo para que los recursos nacionales permitan su reconstrucción. Frente al cierre de pozos petroleros, planteamos ocuparlos y el paro general de todos los gremios, la nacionalización integral y el control obrero de la producción energética.
Para los socialistas, se refuerza una conclusión que venimos sacando. El quiebre del frente patronal debe servir a los trabajadores para desarrollar una intervención propia, con un programa de independencia de clase. El apoyo a los gobernadores es un camino de derrota para el movimiento popular.
Con estos planteos hay que intervenir en todo el país, en todos los frentes, con un planteo de paro nacional y paros locales y provinciales por cada reivindicación atacada por el ajuste de Milei.
Juan García
¿Es el ajustador Nacho Torres un nuevo “arrepentido de Milei”?
Otro de los ejes del gobierno provincial de Torres es el planteo de “austeridad”, un eufemismo que abandonó en sus declaraciones actuales en los medios en las que se jacta abiertamente del ajuste. Dicha austeridad por supuesto no aplica para todos los sectores, puesto que hemos denunciado la millonaria dieta de diputados provinciales que fue anunciada mientras a los estatales (activos y pasivos) se les ofrecía 30 % en cuotas con salarios ya bajísimos (menos de 200 mil los docentes) y con el anuncio de descontar a los docentes que sufran problemas de salud. Tampoco vieron afectadas sus ganancias las grandes patronales provinciales, los principales beneficiarios de las distintas políticas de los gobiernos. También ejecutaron despidos masivos y arbitrarios a trabajadores estatales, al punto de tener que retrotraer parte de los despidos porque habían dejado sin servicio de limpieza a la clínica médica del hospital de Rawson. Los brigadistas provinciales arriesgaron su vida para controlar el brutal incendio por 300 mil pesos por mes. El gobierno está utilizando los presupuestos educativos y de salud del año pasado ya devaluadísimos, con la utilización discrecional de los fondos que eso implica. El problema de la vivienda escala a medida que los alquileres se vuelven impagables y que no hay un plan real de obra pública para construir viviendas.
En este cuadro de ajuste brutal tanto a nivel nacional como provincial, la legislatura aprobó por pedido del gobernador el desembarco del “Comando Unificado” en toda la provincia en el marco de la agudización de la orientación represiva, votado conjuntamente por JxC, UxP y los libertarios, a sabiendas que las tendencias de los trabajadores a salir a luchar se van profundizando. La presencia de Bullrich en la asunción de Torres marcaba esta orientación estratégica
El peso de la deuda
Chubut es de las provincias más endeudadas en relación a sus ingresos (la segunda según algunas consultoras). Esto es debido al gran endeudamiento (la tercera más endeudada en dólares), ligado a la baja recaudación propia (regalías petroleras del 12%, magros impuestos a la pesca, aluminio, ganado ovino etc). Esto explica el peso de la coparticipación en la economía provincial, amén de que es de las provincias que aportan a la recaudación nacional más de lo que reciben por coparticipación (índice de alrededor del 0,7).
El fantasma de Arcioni y el chubutazo estatal
Es recordado que a mediados del año 2019 el gobierno de Arcioni, tras ser reelecto, recurrió al pago escalonado a los estatales. Arcioni explicó en su momento que lo que desencadenó la incapacidad de pago a los trabajadores fue, al igual que ahora, el descuento compulsivo por parte del gobierno de Macri de desembolsos de la coparticipación federal frente al no pago de una cuota de 700 millones de pesos de la deuda que ya tenía Chubut con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial. Además, al igual que ahora Caputo hace con Torres, de la negativa para obtener una reestructuración o una facilidad de pago de dicha deuda. Sucedía por ese entonces que Arcioni no explicitaba su apoyo político para la reelección de Macri y se mantenía neutral, luego de haber sido su mejor alumno en 2017 con el ajuste fiscal. Ese fondo fiduciario, el mismo de ahora, era la chequera con la cual el entonces ministro Rogelio Frigerio disciplinaba a los gobernadores. Torres está siendo disciplinado por Milei con el mismo mecanismo que Macri, a quien Torres elogia, disciplinaba a los gobernadores. De fondo, estamos ante una puja entre ajustadores y camarillas al interior del Estado capitalista, la puja política “provincias vs Nación” no es lo central.
Las enormes movilizaciones docentes y estatales que se produjeron anticipan lo que podría producirse si Torres incurriera en una política similar, con el agravante de que en este momento el salario estatal está en pisos históricos: sería el principio del fin de la carrera política del gobernador, puesto que tampoco está en su agenda avanzar en impuestos progresivos a los grandes capitales provinciales.
Lobbista de los sectores provinciales
Los enfrentamientos de Torres con el gobierno nacional comenzaron con la intención de este último de modificar la ley de pesca en la “ley Ómnibus”. Torres, vocero del lobby de las patronales pesqueras locales (también terciando por estas contra los trabajadores en el conflicto actual), junto con otros gobernadores hicieron caer esta modificación y con ello brindaron su apoyo a esta ley clave del gobierno nacional que reforzaba el conjunto de los ataques del gobierno contra el pueblo trabajador.
El anuncio del gobierno nacional de la anulación del Fonid y el fondo compensador, entre otros montos, agravó la situación con las provincias. Torres fue felicitado por Caputo por absorber esa erogación nacional. Luego se cortó el Fondo Compensador al Transporte Público, pero la cautelar interpuesta por el gobierno provincial frenó esa medida, a partir de lo cual el gobierno nacional define la retención de un tercio de la coparticipación como herramienta de disciplinamiento y para hacer avanzar el ajuste a nivel nacional.
Una nueva crisis se venía produciendo por la definición de YPF–Tecprol, pero también PAE de migrar sus inversiones cada vez más hacia Vaca Muerta con el consecuente despido de más de 4 mil puestos de trabajo, que suscitó un paro y movilización al cual terminó yendo el intendente de Comodoro y Torres, plataforma que eligió para plantear el parate de la exportación de gas y petróleo sino se devuelve la coparticipación retenida.
¿Qué hay detrás?
Torres viene de reunirse con Macri y también con Stanley, el embajador norteamericano. Llevó adelante un acuerdo para colocar al FBI en la provincia. El FMI en su última visita observó la inquietud de que el gobierno nacional podría no tener las condiciones políticas para sostener su política. La iniciativa de Torres, detrás de la cual fueron todos los gobernadores del país (que también llevan adelante su propia política de ajuste), intendentes locales y la burocracia sindical, agudiza la crisis política a la vez opera como elemento de contención del descontento social y va generando las condiciones para un “recambio ordenado” que pueda seguir en la línea del ajuste y del saqueo ante una posible salida muy anticipada de Milei. Es una cuestión de forma, más que un arrepentimiento de fondo. Algunos analistas interpretan que detrás de esto están Macri y Villarruel, que hasta ahora no se han pronunciado públicamente al respecto.
Milei intenta montarse sobre el desprestigio de los gobernadores para lograr elevarse por encima de las instituciones hacia un régimen bonapartista de ultraderecha, hasta ahora empantanado con el fracaso de la ley ómnibus y el posible fracaso del DNU y con cada vez menor capital político incluso dentro de su propia base electoral en la que crece el descontento.
El final totalmente abierto y la intervención de la clase obrera y los movimientos de lucha de forma independiente se vuelven cruciales como elemento de la situación política.
Llamamos a reforzar las movilizaciones independientes de todos los gobiernos para tirar abajo el plan motosierra y terminar con el ajuste. Como parte de esta orientación denunciamos el recorte de coparticipación, la eliminación de los subsidios al transporte y el Fonid. Vamos por un nuevo paro nacional de todas las centrales con un plan de lucha hasta derrotar el ajuste. Impuestos progresivos y permanentes a los grandes capitales provinciales en el camino a la estatización de los grandes recursos de la provincia, bajo control de los trabajadores y puesta en funcionamiento al servicio de los intereses populares en sintonía con el ambiente. Investigación y no pago de la deuda con los acreedores privados. ¡Abajo el comando unificado! Salario mínimo estatal equivalente a la canasta familiar patagónica, con actualización automática.
Con esta orientación, planteamos un plenario provincial de todas las organizaciones obreras, populares, piqueteras y ambientales donde confluyan el conjunto de los movimientos de lucha para superar a la burocracia sindical entreguista y propatronal y a los políticos capitalistas del ajuste.
Santiago Vasconcelos
Diputado provincial por el PO-FITU
Los trabajadores tenemos que cerrar nuestro propio “grifo” con una huelga general
Como ocurre con las grandes crisis de poder, la herida putrefacta del “ajuste” libertario terminó estallando en la cima. Nada menos que un gobernador macrista colocó en pie de guerra a los mandatarios de casi todo el país contra Milei, después de haberle sido amputada la tercera parte de los fondos coparticipables a su provincia. La decisión del chubutense Torres de ‘cerrar los grifos del petróleo y el gas’ si el gobierno no se retrotrae, recibió la solidaridad de sus pares del PRO, incluyendo al ‘primo’ Macri de CABA. La movida de Torres, por lo tanto, ha sido, al menos, tolerada por Mauricio, que acaba de descartar un gobierno de coalición con Milei. Bullrich y Petri deberían renunciar al gabinete, o romper definitivamente con el PRO.
Torres lanzó su desafío desde una movilización masiva en Comodoro Rivadavia, convocada por la burocracia local de Petroleros y la UOCRA. Afirmó, además, que el cierre de válvulas ha sido ‘conversado’ con las patronales petroleras, incluyendo a las autoridades ypefianas de la zona.
Torres es el mascarón de proa de una fractura que envuelve al propio gobierno y al gran capital, y no sólo al radicado en la Patagonia. En la escalada de apoyos de gobernadores macristas y peronistas -con la excepción del tucumano Jaldo- han ingresado en la discusión los recortes al subsidio del transporte y los aportes docentes, que ahora se dirimen en varios juzgados federales del país. En cuestión de semanas, el hombre de las “Bases” alberdianas ha recreado el paisaje de la desintegración nacional.
Porqué ahora
El bloque que se rebela contra los recortes de Milei es el mismo que, hace unas semanas atrás, apoyó casi incondicionalmente a la ley ómnibus en el Congreso, y el que se ofrecía como ‘número puesto’ para sostener al DNU en su trámite parlamentario. ¿Por qué ahora estalla esta crisis, más allá de la provocación puntual sobre los fondos chubutenses? La razón hay que buscarla en el escenario de conjunto, y en lo que sucede “por abajo”: el día lunes, tendrá lugar una huelga nacional docente. Llega después de un paro nacional ferroviario, otro en la sanidad y, en la misma jornada del lunes, de los estibadores del puerto. El viernes, el país fue sacudido por una jornada de cortes y manifestaciones por el desabastecimiento de los comedores populares. Argentina ha ingresado en estado de “asamblea permanente”, aun cuando los aparatos burocráticos que han convocado a los paros parciales le temen más a una irrupción obrera a fondo que a los zarpazos de Milei. Ese ‘estado de asamblea’ es el que motivó la visita de Gopinath, la segunda del FMI. Es lo que los gobernadores advierten al decir que los recortes "agreden al pueblo de las provincias, no a sus mandatarios” – y no mienten, porque cada uno de ellos se ha ocupado de transferirle brutalmente las costas del ajuste a “sus” maestros o trabajadores de la salud. Pero el torniquete ha llegado demasiado lejos: su consecuencia inevitable es la rebelión popular que, de una u otra manera, asoma en el horizonte político. Es estrecho, por lo tanto, llamar a este choque “federal” una mera crisis “por arriba” – su telón de fondo es el movimiento de los “de abajo”, que todavía no ha dicho sus palabras mayores. El desenlace derechista de la perinola del balotaje ha sido, efectivamente, la transición a una situación prerrevolucionaria.
El capital financiero y la disolución nacional
Los gobernadores que en estas horas han salido a reivindicar al federalismo y los ‘pactos fundacionales de la república’ han apoyado sin reservas, como lo hizo toda la gran burguesía argentina, al coloniaje de los fondos financieros internacionales que está en el fondo de la presente crisis. El gobierno de Milei es sólo la expresión extrema de esa tendencia: bajo las órdenes de Caputo, el Tesoro nacional ha pagado los intereses de la deuda pública indexada y dolarizada -estallados por la megadevaluación y las elevadas inflaciones- a costa de licuar jubilaciones, gastos educativos, asistencia social y transferencias a las provincias. Con esos recursos, el Tesoro también ha recomprado parte de la deuda que tenía con el Banco Central, con el único propósito de pavimentar una eventual dolarización. Esa operación de vampirismo social tendrá que acentuarse, bajo el peso de una deuda que asciende a los 600.000 millones de dólares. Lo que revela la crisis de poder que estalla en estas horas es que la confiscación en curso es incompatible, no con la “organización federal”, sino con la supervivencia misma de los explotados del país, los cuales son empujados a barrer con el orden existente. El ‘revival’ federalista de macristas y pejotistas no es sólo improvisado sino tardío: con el concurso de todos ellos, las autonomías provinciales han sido largamente arrasadas por el gran capital que acaparó recursos petroleros, mineros o agrícolas sin dejar otra cosa en el camino que miseria social, por un lado, y desequilibrios ambientales del otro.
Los gobernadores, y las fuerzas sociales que representan, están históricamente descartados para una reorganización armónica de las fuerzas productivas de Argentina. Esa tarea le está reservada a la clase trabajadora en el poder político, como punto de partida de una unidad socialista continental.
Lo que viene
La crisis de poder que ha estallado con los gobernadores ha tocado al gobierno Milei en la línea de flotación. Si retrocede ante el ultimátum de Torres, tendrá por delante la exigencia de iguales recules en los subsidios para el transporte o la educación. Ello, en medio de las huelgas docentes y la conmoción popular creadas por los tarifazos intolerables. El paso siguiente a esos recules será el pulgar para abajo de los fondos especulativos, y un nuevo derrumbe de los títulos de deuda. Si Milei se mantiene en sus trece, puede iniciarse el derrotero de un aislamiento terminal: primero, un voto “no positivo” del DNU en el Congreso; después, el juicio político. La coalición de “unidad nacional” que debería reemplazar a Milei, sin embargo, aún no ha sido delineada. Sus eventuales integrantes cargan con el peso de las recientes bancarrotas nacionales.
Para los trabajadores y los explotados, esta crisis debe servir para abrirle paso a todos los reclamos en curso; para organizar plenarios y autoconvocatorias en todos los lados, por el salario, las jubilaciones, por los alimentos, contra los despidos. Las amenazas de Torres de “cerrar el grifo” y las proclamas de otros gobernadores procuran un acuerdo con Milei, a costa de los trabajadores de sus provincias. Para derrotar a Milei-Caputo, los trabajadores tenemos que cerrar nuestro propio “grifo”: paralizar el país con una huelga general por nuestras reivindicaciones. Es el camino para que la presente crisis terminal lleve al poder político a la clase obrera.
Marcelo Ramal
24/02/2024
La burocracia y el FMI “preocupados” por “la explosión de conflictos”
Una columna política de ayer, en Clarín, asegura que “la concreción del paro ferroviario sorprendió a Oscar Maturano, el dirigente de La Fraternidad. Maturano suponía, al igual que el resto de los actores sindicales, que el gobierno llamaría a conciliación obligatoria y que las negociaciones salariales seguirían su marcha”. Para cubrirse de que no es responsable del paro, “Maturano y su segundo pidieron que el acta constase que no se había dictado la conciliación obligatoria”.
La conclusión es rotunda: la burocracia de La Fraternidad llamó a un paro en el que no estaba interesada. Lo que el columnista ve como una posición firme de Milei, para confrontar con el sindicalismo, no es otra cosa que el pánico que se ha apoderado de la burocracia ante el desafío de responder al asalto que Milei ha lanzado contra los trabajadores. En nuestra edición del miércoles pasado, habíamos llamado a que los sindicatos rechacen cualquier conciliación obligatoria que pretendiera hacer recular el paro. En el paro de Sanidad ocurrió lo mismo: la burocracia de Daer esperaba el dictado de la conciliación obligatoria. Fingen una lucha que no están dispuestos ni les interesa dar. Consciente de que la burocracia sindical sigue la política de la retranca, Milei se jugó a desgastar los llamados “planes de lucha” de la burocracia. Maturano y Daer no volverían a insistir. La burocracia de la CGT dice que no tiene en la agenda un paro general. La burocracia tiene pánico al alcance que puede tener una movilización de la clase obrera, o sea que se convierta en huelga general.
Este escenario se ha desarrollado en la docencia, pero de un modo diferente. Milei convocó a los sindicatos a una reunión con la participación de los gobernadores y hasta de la patronal de la educación privada, advirtiendo que no se trataba de la paritaria docente nacional que reclaman los sindicatos. Este ‘gesto’ tramposo fue advertido por la dirección de CTERA y sus filiales sindicales, que sabían que las asambleas de escuela habían votado el paro de No Inicio y, en varios casos, un programa de huelgas parciales. Para no chocar con la base, el congreso digitado de CTERA (no son delegados de asamblea) votó parar el 26 de febrero, sin dejar la intención de concurrir a la ‘paritaria’ trucha –en realidad es una reunión de patronales-. Pero los sindicatos peronistas de la docencia tienen la intención de iniciar las clases sin paro; esto deberá llevar al frente docente en la provincia de Buenos Aires a una crisis. El derrumbe social ha tomado el cuerpo social de las masas en la forma de huelgas y movilizaciones, y descubierto una temprana crisis de la burocracia sindical. Clarín informa que “la CGT ni piensa en volver a convocar a un paro general”, incluso “si estima que se avecina una explosión de conflictos”. Pero la “explosión de conflictos” llevará a una huelga general por encima de la burocracia de la CGT. De todos los “actores sociales” en escena, la más aterrorizada es la burocracia sindical.
Esta “explosión de conflictos” preocupa sobre todo al FMI. Es “la preocupación”, dice el diario, que Gerardo Martínez, el titular de la UOCRA, le trasladará a la número dos del FMI” –que ha venido de sorpresa a Buenos Aires-. Pero esa “preocupación” es la que trajo esta mujer al país, en primer lugar. “En Buenos Aires”, tituló Clarín, “el FMI se reunió con Caputo para (…) ver si (el ajuste) es políticamente sostenible”. La economista del Fondo “mostró preocupación por la política fiscal”, que no tiene nada de fiscal porque se trata solamente de liquidar el gasto en jubilaciones. En otro titular, Clarín informa que “Inversores extranjeros piden hablar con Pichetto por el clima político”, “Algunos (de los inversores) valoran la voluntad y capacidad de pago de la deuda de Milei, pero también hay dudas sobre la gobernabilidad”.
Es que, como lo hemos señalado reiteradamente, Milei quiere pagar, y está pagando, los intereses y capital de una deuda monstruosamente alta. Está convirtiendo la deuda del Banco Central en deuda del Tesoro, a pagar con la caja fiscal, o sea los contribuyentes y los servicios públicos. Está licuando la base monetaria en pesos para forzar la circulación de dólares como alternativa monetaria. Es una gigantesca transfusión del ingreso nacional al capital financiero. Pichetto, que tiene buenas migas con el fondo BlackRock, es solicitado por los fondos internacionales para encontrar el remedio político que evite la caída del gobierno. Pero la vicegerenta del FMI fue más lejos. Luego de advertir acerca de la inconsistencia del ajuste y su precariedad en el tiempo, ofreció a Milei un nuevo acuerdo conforme a la percepción del FMI; según los medios, lo respaldaría con 15 mil millones de dólares. La condición política, ha dicho, es un gobierno de coalición con la oposición ‘dialoguista’. El macrista Luis Caputo no la ve así: poco conocido como comentarista político, rechazó un acuerdo con Macri a nivel ministerial, no digamos con el resto – “a nivel del Ejecutivo tiene que haber una sola persona”, dijo. El crujido del régimen político y el temor a una rebelión popular están al tope de la agenda capitalista.
En este cuadro de crisis política cada vez más aguda por arriba, y crecimiento explosivo del descontento social, es necesaria una política obrera que responda a estas condiciones. La ‘mediación’ de la burocracia es un peso muerto, sus ‘planes de lucha’ -raros- son cosa del pasado. El mismo diario de Magneto señala, al informar del paro ferroviario, que la confrontación es política, no reivindicativa o parcial. Milei es la punta de lanza de un cambio de régimen político, sólo puede responderle una lucha por un cambio de régimen -político y social- opuesto. El conjunto de la crisis nacional plantea la huelga política de masas; todo conflicto ‘sectorial’ se convierte en político en las presentes condiciones de crisis.
Jorge Altamira
23/02/2024
Jujuy: crece el repudio a las detenciones de Nahuel Morandini y Roque Villegas
Los compañeros Nahuel Morandini y Roque Villegas cumplieron 50 días de detención por haber compartido en las redes sociales memes y bromas sobre la supuesta infidelidad de la mujer del exgobernador Gerardo Morales. Este sábado se realiza un acto festival en los galpones recuperados para exigir su libertad y contra la politica de persecución que es marca registrada del gobierno. El tema también fue incorporado entre las consignas de la jornada nacional de lucha de las organizaciones de desocupados.
La prisión preventiva dictada por la justicia provincial -un apéndice que ejecuta las decisiones de casa de gobierno- ha generado un escándalo de alcance nacional, que produjo el pronunciamiento y la preocupación de varios juristas, organizaciones de DDHH y los grandes medios nacionales.
Los argumentos oficiales para justificar este atropello han sido desacreditados por juristas y abogados de todas las tendencias, al punto que el actual gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, trate de “desligarse” de este tema diciendo atribuyéndolo a una decisión estrictamente judicial (La Nación, 22/2). Sin embargo, como querellante en la causa, además de la esposa de Morales, actúa el Consejo Provincial de la Mujer, que es una dependencia del poder ejecutivo y está dirigido por la radical Lourdes Navarro.
La justicia provincial ha negado las garantías mínimas del debido proceso y rechazado la libertad condicional y hasta la prisión domiciliaria hasta que se sustancie el proceso judicial, sin ofrecer argumentos que lo justifiquen. La falta que se les atribuye, a lo sumo, podría corresponder al fuero civil (injurias), un delito de acción privada, pero ha sido armada como una causa penal con denuncias extravagantes que podría acarrearles a los acusados una pena de hasta 8 años de prisión. El fiscal Rondón -quien ha llevado adelante decenas de causas contra luchadores populares en Jujuy- argumentó que se puso en duda la “dignidad” de la esposa del exgobernador, algo que ni siquiera está regulado por el Código Penal. A medida que pasan los días, queda cada vez más en claro que se trata de una causa armada, dirigida arbitrariamente hacia ambos. El efecto buscado es el amedrentamiento de la población.
La denuncia fue realizada en el Ministerio Publico de Acusación, instrumento creado por Morales por decreto -y reconocido en su polémica reforma constitucional- que ha servido como órgano de persecución sistemática de todos los luchadores y opositores al gobierno.
El gobierno se encuentra en una encrucijada con esta causa: por un lado, es consciente de la perdida de apoyo y el rechazo a medidas al estilo ‘Putin’ para controlar el humor popular, y por otro lado ha decidido por el momento mantener la causa hasta el final, en una clara decisión política del exgobernador Morales, a quien responden la justicia y el gobierno.
Día a día se suman nuevas manifestaciones y expresiones de rechazo a esta detención arbitraria e ilegal.
La lucha por la liberación de Morandini y Villegas se funde también con la lucha contra las paritarias de hambre del gobierno y con las luchas sociales que se levantan en Jujuy.
Por la nulidad de la causa, ¡liberación inmediata de Morandini y Villegas!
Iñaki Aldasoro
23/02/2024
El piquetazo nacional por los comedores populares derrotó el protocolo represivo
La jornada del viernes configuró un verdadero piquetazo nacional, que desbordó cualquier intento de encuadrarla o reprimirla. Tanto a los empujones ante el gas pimienta en la puerta de la dependencia de Capital Humano de la calle Carlos Pellegrini y Juncal, donde Sandra Pettovello armó su oficina, como en los más de 500 cortes a nivel nacional, el movimiento de desocupados doblegó al protocolo represivo de Patricia Bullrich.
Los cortes y movilizaciones comenzaron temprano a la mañana, con el reclamo de la asistencia urgente a los comedores y merenderos que se encuentran sin alimentos y con una demanda creciente. En la jornada también se colocó el reclamo por el congelamiento de salarios y el desenganche de los planes sociales respecto del salario mínimo. "Estamos en una situación completamente crítica. Hoy 44 mil comedores que sostenemos los movimientos sociales hace dos décadas esperan que la ministra entregue el alimento" señaló Marianela Navarro del FOL.
El Polo Obrero Tendencia se movilizó a cada uno de los cortes. Entre los convocantes principales estuvieron la UTEP, el Polo Obrero oficial, el FOL, Coordinadora por el Cambio Social, CCC, Barrios de Pie, FENAT, MST-Teresa Vive, Frente Milagro Sala, Fetraes, MAR, Frente Popular Darío Santillán y el MTR-Histórico, entre otros.
Los cortes y el comunicado del Ministerio
En la CABA más de 7.000 personas cortaron la calle Carlos Pellegrini y las plazoletas aledañas. En provincia de Buenos Aires algunos de los cortes fueron en el Cruce de Varela, el Triángulo de Bernal, fábrica Alpargatas, Ruta 3 y camino de Cintura, rotonda de Los Polvorines. También en la rotonda de Lavallol en Echeverría con 2.500 compañeros, 197 y Panamericana con corte total, y la entrada de Plaza Oeste con más de 4.000 compañeros donde Eva Gutiérrez intervino en la asamblea de cierre. Hubo cortes en La Plata, en el cruce de Ruta 4 y 8. Estas fueron algunas de las decenas de rutas y plazas donde se desarrolló la jornada.
En muchos puntos, los cortes se extendieron y las rutas y avenidas se transformaron en verdaderas asambleas abiertas.
Los compañeros de Política Obrera repartieron miles de volantes y piquetearon la prensa con tapa de ‘Vayamos a la Huelga General’ que varios la llevaron bajo el comentario: “justo hablábamos de esto”.
En el interior del país la jornada fue intensa. Jujuy tuvo más de 13 cortes y concentraciones, que fueron fuertes en San Pedro, La Quiaca y en San Salvador. Este último incluyó una asamblea que votó el corte de ruta donde la Policía realizó contravenciones. En San Juan, en la capital, desde la Plaza Averastain se marchó al ministerio de la provincia, donde se sumó el reclamo de alimentos y kits escolares. Se logró pautar una reunión para el martes. En Mendoza, desde la Plaza Central se marchó al ministerio y se pautó una reunión con el director provincial de desarrollo social En Córdoba capital, marchamos junto al FOL por los alimentos. Estas son algunas de las acciones destacadas. La Tendencia del Polo también participó en los cortes de Chaco, Tucumán, Salta, Pergamino, Misiones y Santiago del Estero.
Para el mediodía desde la oficina de Sandra Pettovello se redobló la apuesta. Emitieron un comunicado adjudicándose la tarea de “terminar con la extorsión”. Anunciaron que la compra no realizada de alimentos para las organizaciones y sus comedores “solo es el 4,2% de la inversión del Estado en materia alimentaria" y explicó que el 50% de estos fondos será reasignado a otras áreas.
“Ya no van a ser las organizaciones piqueteras las que tengan a su cargo la distribución de los alimentos y de los planes sociales”, a sabiendas que tampoco asegurarán ningún tipo de asistencia alimentaria alternativa. En esos momentos el Ministerio dio noticia de que daba de baja 22.000 planes Potenciar Trabajo por “viajes al exterior”, una continuidad en los últimos meses.
Perspectiva
Esta jornada masiva y de conjunto el movimiento piquetero se encuentra frente a un doble desafío. Mientras el gobierno intensifica sus ataques, la situación de los barrios es desesperante. El ataque a los comedores es una tentativa de terminar con toda posibilidad de organización y resistencia de desocupados y precarizados. Incluso la orientación de una Tarjeta Alimentaria por beneficiario –que no pasa de las palabras- no tiene otro propósito que el de desarmar los comedores y merenderos como espacio de debate, discusión y lucha colectiva.
La jornada conjunta del movimiento piquetero con 500 cortes establece el principio de una lucha de conjunto, y se inscribe en una secuencia de huelgas obreras. La perspectiva de esa lucha es una Huelga General que derrote al gobierno del hambre.
Leonardo Perna
24/02/2024
viernes, 23 de febrero de 2024
jueves, 22 de febrero de 2024
Dos años de guerra en Ucrania
En el marco de un empantanamiento general y una guerra de trincheras desgastante, uno de los datos relevantes es que Moscú estaría sacando una ventaja que de todos modos no es suficiente para provocar un vuelco decisivo de las hostilidades. Las tropas rusas han logrado reconquistar la ciudad de Avdiivka, que es el logro militar más importante del Kremlin desde la toma de Bajmut en mayo. El alto mando occidental ha debido reconsiderar la capacidad militar del régimen de Putin. Rusia fabricó 4 millones de proyectiles de artillería y varios centenares de tanques durante el año pasado, a una velocidad que muchos occidentales habían considerado imposible. Este año reclutará otros 400.000 hombres sin recurrir a una movilización masiva, según prevén las autoridades ucranianas.
Por otro lado, las sanciones económicas no han logrado hacer la mella que se esperaba. Rusia ha logrado sortear las represalias y condicionamientos a través de un intercambio comercial con China e India. Y hay un consenso en Occidente de que no hay demasiadas balas más en el ámbito económico a las que se pueda apelar.
La contracara es el fracaso de la contraofensiva ucraniana y la caída de las expectativas que abrigaban un giro favorable de la guerra a favor de Kiev. Desde el verano de 2023, Ucrania se enfrenta con unas tropas rusas a la ofensiva, escasez de hombres, armas y municiones.
Esto ha ido de la mano con un desinfle de la adhesión a la causa ucraniana tanto en el plano internacional como interno. Las potencias occidentales han empezado a retacear su apoyo, en primer lugar el propio Estados Unidos, donde sigue trabado el envío de una nueva partida de 60.000 millones de dólares. En las actuales condiciones, el suspenso en la continuación de la ayuda estadounidense podría precipitar un derrumbe. El instituto de investigación alemán Kiel Institute afirmó que la Unión Europea deberá “al menos duplicar su ayuda militar” a Ucrania para compensar la inacción de Estados Unidos. “Es altamente incierto que Estados Unidos envíe ayuda militar adicional en 2024″, indicó el instituto, que recopila informaciones sobre la ayuda militar, financiera y humanitaria prometida y entregada a Ucrania desde la invasión rusa de 2022. Es muy dudoso, sin embargo, que Europa esté en condiciones de cubrir ese vacío, atravesada por choques y contradicciones internas y con sus propias economías entre las cuerdas.
Fracaso militar y salidas en danza
Este panorama está dejando sus huellas en Ucrania. El triunfalismo inicial ha ido cediendo su lugar a un malestar ascendente a medida que la guerra y sus penurias se prolongan en el tiempo. El gobierno de Zelensky tiene cada vez más dificultades en reclutar tropas y lo que impera es la deserción, en especial en la juventud. La conflagración está también extenuando a Ucrania en el frente económico. La deuda pública se habrá duplicado para fin de este año con respecto a la invasión, según datos del FMI.
No nos debe sorprender que esto haya desencadenado una severa crisis política, como lo revela la decisión del presidente ucraniano de reemplazar al comandante en jefe de las fuerzas armadas, Valeri Zaluzhny, quien no sólo cuenta con un predicamento entre los militares y en la propia población sino un fuerte reconocimiento en políticos opositores de corte nacionalista. El jefe del ejército destituido se perfilaba como el principal rival de Zelensky en las elecciones presidenciales que estaban previstas próximamente. Un síntoma de que la crisis está lejos de haberse cerrado es la decisión de Zelensky de suspender los comicios. No hay que olvidar que este cuadro se ve amplificado por los escándalos de corrupción dentro de las fuerzas armadas, donde se descubrieron casos de sobornos a cambio de no cumplir con el servicio; también se conoció en enero la compra ficticia de armas por hasta 40 millones de dólares.
Pero más allá del desgaste que provoca la guerra, lo que está en juego detrás del relevo de Zaluzhny es un replanteo de la estrategia política y militar en el conflicto. El jefe destituido estaría en la misma sintonía que el jefe del ejército estadounidense, Mark Milley, para quien no es viable una derrota de Rusia. Lo cierto es que en los círculos imperialistas está levantando cabeza la idea de bucear un acuerdo haciendo concesiones territoriales, cediendo las regiones del este ucraniano ocupadas por Rusia, y el establecimiento de algún tipo de salvaguardas a Moscú en cuanto a la presencia de la Otan en Ucrania a cambio del ingreso de Ucrania a la Unión Europea. Recordemos que este era el planteo que sostuviera el extinto Henry Kissinger y que recibió en su momento un rechazo mayoritario de las potencias occidentales. En esta línea, se ubican también la propuesta delineada por China quien ofreció sus buenos oficios como mediador y que fue desechada por la Otan.
De todos modos, es muy poco probable que este acuerdo cuente con el visto bueno de Moscú quien, a partir de los avances militares estaría más inclinado en endurecer sus exigencias. Pero además, porque especula con una vuelta de Trump, quien estaría más predispuesto a un arreglo. Por lo pronto, la respuesta inmediata de Putin ha sido una intensificación de sus bombardeos sobre Kiev y en todo el territorio ucraniano. Se espera que Rusia lance una intensa serie de ataques contra las infraestructuras ucranianas con la esperanza de paralizar el suministro eléctrico y la calefacción invernal del país. Moscú intentó lo mismo el invierno pasado y fracasó. Pero los rusos tienen ahora muchos más drones y misiles, gracias a Irán, Corea del Norte y el aumento de la producción nacional. Las defensas aéreas ucranianas parecen debilitadas en algunos puntos y podrían verse superadas.
Desmoronamiento del orden imperialista mundial
Hasta el propio futuro de la Otan se ha puesto en duda ante la perspectiva de un triunfo de Trump a la Casa Blanca. Hace unas semanas, Trump dijo que “animaría” a Rusia a atacar a cualquier miembro de la Otan que no alcanzara el objetivo de gasto en defensa de la alianza de 2% del PBI.
Lo que está como telón de fondo es la propia crisis política de Estados Unidos y el desmoronamiento del orden mundial. La división política y la agitación interna socavan el liderazgo estadounidense en el exterior. Financial Times (5/12/23) se interroga sobre la capacidad de lidiar con tantos frentes de tormenta internacionales al mismo tiempo “¿Cuántos conflictos internacionales puede manejar una superpotencia al mismo tiempo? Actualmente, la administración Biden está intentando lidiar con guerras en Medio Oriente y Europa, mientras se prepara para un aumento de las tensiones entre China y Taiwán”. A lo que se agrega, según el diario inglés, la creciente sombra de Donald Trump. Su posible regreso a la Casa Blanca plantea profundos interrogantes sobre el futuro de la democracia estadounidense y el papel del país en el mundo”.
Esto viene horadando la figura de Joe Biden, que encima carga con el cuestionamiento sobre su lucidez mental para postularse para un segundo mandato. La administración demócrata está pagando un alto precio político, dentro y fuera de su país, por su apoyo a Israel. Ahora Estados Unidos está presionando públicamente a Israel para que cambie sus tácticas militares en Gaza. Pero la preocupación de EE.UU. va mucho más allá de Gaza. Existe la amenaza de una guerra en Medio Oriente más amplia que arrastraría a EE.UU.
Existe un cauto optimismo en que la respuesta inicial de Beijing luego del triunfo de Lai Ching-te en Taiwán, a quien el gobierno chino considera un peligroso separatista, se concentrará en la presión económica y política. Pero, en el transcurso del año, China podría llevar una respuesta a nuevos niveles, sobre todo si EE.UU. parece debilitado por los acontecimientos en Ucrania y el Medio Oriente.
Guerra y objetivos estratégicos
Cualesquiera sean las vicisitudes, las elecciones estadounidenses contribuirán poderosamente a la debilidad y declive de EE.UU. Trazado este panorama de conjunto, la mesa de negociaciones es una perspectiva por ahora que no está a la vista. Por lo tanto, va a continuar el baño de sangre y, en un marco tan explosivo, el riesgo de una extensión de la guerra es una amenaza latente. Incluso si se llegara a acuerdo, eso no augura una paz duradera. Eso ya ocurrió con los acuerdos de Minsk, que fueron la antesala de nuevas hostilidades. El imperialismo no ha renunciado a su propósito estratégico de colonizar el ex espacio soviético y eso incluye a la propia Rusia. El objetivo es apuntar a un cambio del régimen político de Rusia o un eventual desmembramiento como en el pasado se consumó en Yugoslavia. Los países europeos de la Otan han aumentado su gasto en defensa en torno a un tercio en la última década, y algunos de ellos de forma significativa desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022. El rearme está en función de este objetico estratégico, aunque las potencias europeas no se privan de presentarlo al revés, a saber, como un recurso defensivo frente a la amenaza rusa.
Los funcionarios de defensa occidentales han lanzado en las últimas semanas un número sin precedentes de advertencias públicas sobre la posibilidad de un conflicto más amplio en Europa con una Rusia más confiada y rearmada. El ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen, dijo hace dos semanas que Rusia podría poner a prueba la cláusula de defensa mutua de la Otan “en un plazo de tres a cinco años”. Esta declaración sigue a las advertencias similares realizadas por funcionarios de Suecia, Reino Unido, Rumania, Alemania y altos cargos de la propia Otan desde principios de año.
Los funcionarios dijeron que una de las razones de las advertencias funestas era preparar a las sociedades para el peligro potencial y garantizar que la infraestructura civil estuviera preparada para las posibles consecuencias. Un centro de mando de la alianza con sede en la ciudad de Ulm, al sur de Alemania, está elaborando planes sobre cómo se desplegarían las fuerzas militares de la Otan por Europa y cómo se sostendrían y reforzarían en caso de conflicto, según informaron fuentes oficiales.
Esta histeria antirrusa, sin embargo, tiene poco asidero hasta el punto que otros funcionarios de la alianza militar salieron a pinchar el globo que se estaba creando, planteado que Rusia no tiene ningún interés en entrar en guerra con la Otan, partiendo del artículo 5 de esta alianza militar que establece que un ataque a un miembro representa un ataque a todos los países de la organización.
Reforcemos la movilización internacional
Llegando al segundo aniversario, está claro y más visible que nunca la atrocidad que representa para los pueblos la guerra de Ucrania, que tiene a Zelensky, como peón de la Otan, y a Putin, como responsables. Se trata de una guerra reaccionaria. Pasada la euforia inicial está a la vista que no hay ningún interés popular en juego sino el interés de rapiña de sus promotores. A la atrocidad ucraniana ahora se suma el genocidio palestino. Ambos conflictos tienen un hilo conductor pues son eslabones de una misma escalada destinada a defender el orden imperialista mundial.
No se puede disociar una cosa de la otra como ha terminado haciendo gran parte de la izquierda mundial que condena al imperialismo y a la Otan (y al sionismo) en Palestina pero se ha alineado con ambos en la guerra de Ucrania. Este lineamiento es lo que explica la pobre movilización que ha tenido lugar en Europa y mundialmente contra la guerra de Ucrania. La reacción internacional contra la masacre al pueblo palestino ha hecho que resoplen nuevos vientos y dio un envión para que se reactive una movilización internacional contra la guerra. En este contexto, es necesario valorar la jornada internacionalista que tendrá lugar este 24 de febrero, segundo aniversario de la guerra de Ucrania en la que habrá movilizaciones en todo el mundo en rechazo de la guerra imperialista y de los gobiernos que la generaron y la promueven. Guerra a la guerra. El enemigo está dentro de nuestras propias fronteras. Abajo los gobiernos capitalistas y el Estado genocida de Israel. Todo el apoyo al pueblo palestino. Por la unidad internacional de los trabajadores. Por gobiernos de trabajadores y el socialismo.
En el caso de Argentina, la movilización que se hará ese día frente a la Cancillería será una oportunidad también para denunciar el alineamiento del gobierno de Milei con el imperialismo, la Otan y el sionismo y su respaldo al baño de sangre en Ucrania y el genocidio del pueblo palestino.
Pablo Heller
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