El pacto con el FMI no contempla una sola de las modestas “exigencias” del gobierno, ni la extensión de los plazos de pagos ni la eliminación de la sobretasa. Las filtraciones confirman que el acuerdo fomenta una fuerte retracción de la economía, un incremento inflacionario y una mayor cobertura para los bancos y los especuladores. Esto porque aumenta las tasas de interés, aumenta tarifas en una magnitud muy superior a lo anunciado, establece un ritmo devaluatorio, coloca topes salariales en el Estado y obliga al Banco Central y al comercio exterior a condicionar su operatoria a acumular reservas para disponer los dólares para el repago de la deuda.
El escenario internacional, del cual depende enteramente el esquema económico argentino, no resulta favorable por la tendencia al aumento de las tasas de interés internacionales y a la fuga de capitales de los emergentes. Además. si bien la elevación de los precios de los commodities favorecen en parte la exportación de la primarizada economía nacional (soja y cereales), provocan el aumento del gas que importamos en invierno y el aumento del petróleo y con él de los combustibles. La inflación internacional pega también directo en los alimentos. El escenario bélico planteado en Ucrania agrava todo esto. A esto sumemos la sequía, que disminuye la producción y compensa en parte el aumento de la soja. Un cuadro antagónico al viento de cola internacional con el que contó Alberto Fernández cuando era jefe de gabinete de Néstor Kirchner cuyo mandato fue meneado en las promesas electorales.
Lo que dice la “letra chica”
Como ya señalamos en Prensa Obrera a horas de conocerse la filtración, los términos difundidos muestran un acuerdo aún más gravoso que el anunciado. En lo referido a la cuestión previsional, el borrador afirma que buscan “mecanismos que favorezcan la prolongación voluntaria de la vida laboral”, o sea la extensión de la edad jubilatoria, y que van a “revisar los regímenes especiales”, cuando desde el gobierno se afirmaba que el Fondo no buscaba ajustes previsionales. Ante esta difusión el propio presidente confirmó el borrador aclarando que en realidad solo se iban a revisar algunos regímenes especiales, el de diplomáticos y el de jueces y no los referidos a la docencia universitaria, la docencia no universitaria y a los investigadores. Sin embargo la distinción no figura en el texto difundido y lo cierto es que el gobierno ya avanzó recortando tempranamente las jubilaciones generales como ofrenda para el FMI. Las prevenciones de las y los trabajadores docentes e investigadores son totalmente genuinas.
Pero la “letra chica” va mucho más allá en la demostración de que el acuerdo es enteramente en los términos establecidos por el organismo multilateral de crédito. En lo relativo a los subsidios a empresas energéticas, se avanza en una detallada delimitación de zonas planteando incorporar “9 zonas urbanas” en la segmentación de tarifas. Las políticas económicas más finas se resuelven en la oficina de Kristalina. El país tampoco podría resolver sobre la recaudación fiscal incluso si supera las metas de reducción de déficit fijadas para el año, ya que la condición que pone el Fondo es que cada peso recaudado en demasía vaya a parar a la reducción del déficit. Esto explica que el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, recorra los medios vociferando que no habrá apertura de planes sociales, con más de un 40% de pobreza y una perspectiva de incremento de esta realidad. Pagan la deuda con el hambre del pueblo.
En este cuadro el proyecto parlamentario de extensión de un aporte extraordinario a las grandes fortunas durante los próximos años, que presenta el diputado sindical kirchnerista Omar Plaini con la pretendida finalidad de que se use para pagar al FMI, se catapulta a la cima de la hipocresía gubernamental en materia de iniciativas que se reducen a maniobras que legitiman el acuerdo general. Todos coinciden en pagar al FMI buscando no pagar el costo político de hacerlo. Pero señalemos que el “aporte solidario” del cual una parte debió (y deberá) ir al gasoducto que no se hizo, ni cubre el déficit ni cambia un ápice del regresivo sistema impositivo argentino, es muy inferior al IVA y ni hablar a ingresos brutos. La perspectiva de perder las elecciones de 2023 como fruto del brutal ajuste que supone el acuerdo, preocupa a quienes necesitan detentar el poder del Estado en defensa propia y de sus empresarios amigos..
El bloque kirchnerista se negó a cobrar un impuesto progresivo a las grandes rentas y fortunas, tal como planteaba el bloque parlamentario del FIT-U en el Congreso y tardaron más de un año en aprobar un “aporte extraordinario” que se cobró a cuentagotas y que fue a parar parcialmente, según fijaba la propia ley, al fracking en Vaca Muerta. Pero el cobro de cualquier impuesto extra, incluso progresivo, sigue siendo regresivo en este cuadro teniendo en cuenta que la firma del acuerdo impide al país gastar lo recaudado en otra cosa que no sea reducir el déficit fiscal, o sea para el FMI y los fondos de inversión del resto de la deuda. “Desendeudarse” con el hambre del pueblo, es la frase que La Cámpora debe agregar a sus canciones sobre el FMI. Recordemos que a pesar de la mística y la verba, lo cierto es que los gobiernos kirchneristas fueron pagadores seriales pero todos nos dejaron con más deuda de la que recibieron, incluso habiendo pagado “en efectivo” al propio FMI.
El otro dato político de la semana es la creación del Sistema de Información Abierta a la Comunidad sobre la Actividad Minera en Argentina (Siacam) y la Mesa Nacional sobre Minería Abierta a la Comunidad (Memac), instrumentos que según el ministro Matías Kulfas estarán destinados a brindar información fehaciente sobre la industria, afirmando que los ambientalistas no la tendrían y por eso inventan consecuencias nocivas de dicha industria. Lo cierto es que el ministro necesita rematar los recursos naturales de nuestro país para conseguir ingreso de dólares y ese es el único plan económico de sometimiento nacional que contempla el gobierno actual. No importa cuánto se peleen entre sí, dentro del propio gobierno no existe un plan económico alternativo a este. Y la completa complicidad y desidia ante los incendios sojeros intencionales que están devastando las provincias son otro testimonio de esta orientación.
Muchos sectores capitalistas están a la defensiva contra el acuerdo, es que el mismo si bien afecta mayoritariamente a las y los trabajadores, también toca intereses capitalistas. Algunos, que no se ven tan afectados, también hacen sus reclamos, aprovechando la oportunidad abierta por la crisis. Los empresarios que dependen de importaciones advierten sobre las desventajas de la reducción de importación de capital lo que provocaría una retracción de la economía. Aquellos que se verán afectados por el fin de los subsidios a la provisión energética de la industria también se encuentran reclamando para evitar el incremento. Los capitalistas del campo no pierden su oportunidad y han judicializado la eliminación de retenciones, al gobierno que ya supo bajarlas tanto a ellos como a la megaminería. Todos ellos han salido a dar respuestas y a reclamar modificaciones.
Por un paro nacional contra la entrega
La única “corporación” que no salió a defender a los suyos es la de las direcciones sindicales de la CGT y de la CTA que, lejos de eso, apoya el pacto con el FMI y respaldó todas las negociaciones de Guzmán. En el caso de Yasky la impostura no puede ser mayor, ya que prepara una movilización para cuando el acuerdo ya esté firmado, a fin de marzo. Solo desde los sindicatos recuperados se alza la voz en favor de las y los trabajadores y desde las organizaciones piqueteras independientes del gobierno.
La izquierda y los movimientos de lucha convocantes del 11 de diciembre y el 8 de febrero se reúnen para debatir acciones. En este marco resulta fundamental la propuesta del Sutna para reunir al Plenario del Sindicalismo Combativo y convocar a todo el sindicalismo antiburocrático y a las y los trabajadores y activistas en lucha el 5 de marzo, y la del Plenario Nacional Piquetero organizado por todas las corrientes de la Unidad Piquetera para los próximos 11 y 12 de marzo. Ambas instancias serán la oportunidad de organizar una serie de acciones con centro en una gran movilización cuando se trate en Diputados el pacto colonial, ocasión para exigir desde cada rincón del movimiento obrero y popular un paro nacional contra la entrega en marcha.
Los docentes neuquinos, que van al paro de 72 horas por su salario, marcan el camino al igual que el combativo movimiento piquetero. Al ajuste lo enfrentamos en la calle y con la lucha. Solo así se organiza la oposición a este acuerdo colonial y se defienden los intereses de la clase obrera.
Vanina Biasi
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