La mecha del tarifazo

A pocas horas de anunciado el "entendimiento” del gobierno argentino con el FMI, la vicepresidenta del organismo se encargó de subrayar que un acuerdo debía implicar "una baja sensible de los subsidios a la energía", es decir, un tarifazo en regla. Los subsidios en cuestión representan más de 2% del PBI, es decir, las dos terceras partes del déficit fiscal que el gobierno debería eliminar hasta el 2025, según el acuerdo que se quiere firmar con el Fondo. Guzmán y Fernández se han empeñado en edulcorar los aumentos tarifarios en puerta, asegurando que sólo lo pagarán aquellas familias de altos ingresos. Pero esa versión, a esta altura, se está viniendo abajo: a efectos de lo que exige el FMI, el aumento de tarifas sólo podría ser efectivo con un alcance bien más amplio. A partir de allí, la crisis política del gobierno comienza a desarrollar su onda expansiva hacia todos los estamentos de la administración del Estado.

 "Segmentación" 

Desde que comenzó el año, los entes reguladores del gas y la energía vienen sostienen audiencias públicas para fijar los nuevos valores de la luz y el gas. En el caso de la energía eléctrica, las empresas generadoras plantearon aumentos del orden del 20%. Este aumento, sin embargo, sólo corresponde a la primera fase de la actividad, y no incluye a las transportadoras y distribuidoras de energía. En la audiencia del gas, los aumentos anunciados llegaron al 35%. 

 Pero estos valores aparecen como un promedio de diferentes aumentos, ya que entraría en juego la famosa segmentación de consumos, una reedición de la fracasada “sintonía fina” que Cristina Kirchner intentó aplicar después de ser reelecta en el 2011. La “segmentación” implica aumentos diferenciados, desde aquellos que pagarán la tarifa “plena” (sin subsidios) hasta la tarifa social.

 La liberación plena de tarifas sólo estaría confirmada para unos 480.000 usuarios de Capital y gran Buenos Aires que viven en barrios privados o en zonas de valor inmobiliario elevado. En ese caso, los aumentos previstos estarían entre el 100 y 120% de las tarifas actuales. Pero incluso si se comprobara que todas las familias de ese “segmento” tienen un alto poder adquisitivo, ellas representan menos del 10% de los hogares del AMBA. Por lo tanto, es muy poco lo que pueden contribuir para atenuar el tarifazo general. Una estimación privada sostiene que, para lograr que los subsidios se reduzcan en un punto del déficit fiscal, el aumento promedio debería situarse en torno de “la tasa de inflación que por ahora los estudios privados la ubican en el rango de 55% a 60%” (Infobae, 4/2). 

 Pero como el aumento promedio debe contemplar a la tarifa social, que subiría menos, algunos calculan que el tarifazo que le cabrá al resto de la población debe llegar al 80% (Clarín, 6.2). 

 Al gobierno le va costar presentar a esa masa afectada por el tarifazo como “privilegiada”: en la Argentina, según la última estimación de distribución del ingreso (tercer trimestre de 2021), no más del 10% de los hogares supera la actual canasta familiar, que se ubica en los 160.000 pesos; el 40% de los hogares, por otra parte, está por debajo de la línea de pobreza. Entre ellos, se encuentran millones de asalariados –incluso en blanco o efectivos- que no cubren sus necesidades elementales. El tarifazo agrandará considerablemente al lote de familias pobres. Si el gobierno decide ampliar la “segmentación”; y cobrarle la tarifa plena a una mayor porción de la población, inevitablemente golpeará a asalariados que no alcanzan a cubrir la canasta familiar. 

 El tarifazo choca de frente con el derrumbe del salario y de las condiciones de miseria general –los salarios y jubilaciones acumulan cuatro años de caída. Ninguna segmentación va a evitar la conmoción popular que plantean estos aumentos. 

 Crisis política 

Así las cosas, los diarios informan de los enfrentamientos entre el ministerio de economía, de un lado, y la secretaría de energía, dominada por funcionarios de La Cámpora. La disputa parece una reedición, aguas abajo, de la crisis protagonizada por Máximo Kirchner en el Congreso, aunque con un componente de particular perfidia: desde la época de Kicillof-Gallucio, el camporismo es un abanderado de la dolarización de los precios del gas para incentivar la producción en Vaca Muerta. Estos aumentos en beneficio de los monopolios petroleros no sólo presionan sobre la tarifa del gas domiciliario sino también sobre la luz, porque una parte importante de las usinas eléctricas se alimentan con gas. El kirchnerismo, partícipe necesario de los intereses capitalistas que conducen al tarifazo, no quiere hacerse cargo de sus consecuencias políticas. 

 La crisis política y la desintegración del gobierno avanza, sin pausa, hacia todos los estamentos del Estado. Ninguno de los protagonistas de esta riña ignora lo fundamental: los tarifazos han sido un componente crucial en todas las rebeliones populares que han surcado a América Latina en estos años.

 Marcelo Ramal 

 06/02/2022