La primera bomba de tiempo es la cuestión de las tarifas. La famosa “segmentación socioeconómica”, el corazón del planteo de Fernández-Guzmán, está al borde de ser arrojada al canasto de residuos. Es que, si la aplicación de la tarifa “plena” se circunscribe al 5% de la población de altos ingresos, la eliminación de los subsidios sería entonces irrelevante. Ello no conforma al FMI ni tampoco a los monopolios petroleros. La factura del tarifazo incorpora otro ingrediente explosivo: la triplicación del costo del gas importado, en medio de la inflación y los aprestos de guerra internacionales, un gas que el gobierno debe pagar con dólares contantes y sonantes. Como los contratos de extracción del fluido en el país también están dolarizados, una devaluación de la moneda -también contemplada en el acuerdo- le pone al tarifazo un piso del 80-100% sobre los valores actuales. Por este motivo, el FMI rechazó por irrisorios los aumentos ´sugeridos´ en las audiencias públicas por la luz y el gas, de entre el 20 y 35%.
Las sorpresas continuaron, en las últimas horas. En el borrador de acuerdo que algún funcionario dejó filtrar, el FMI coloca la lupa en los regímenes jubilatorios especiales, que afectan, entre otros, a los docentes nacionales y universitarios. Aunque Fernández se apresuró a ´aclarar´ que sólo están en la mira los magistrados y diplomáticos, los embajadores o jueces no mueven el amperímetro del ajuste. El bisturí del Fondo, naturalmente, está interesado en las jubilaciones docentes, judiciales y otras. El combo se completa con la ´recomendación´ acerca de los salarios estatales - “que crezcan junto a la economía”, cuando son erosionados por la inflación, que en algunas estimaciones llegaría al 60% anual. Los Yasky y Baradel, pactaron una paritaria nacional que llevaría el básico a 60 mil pesos en septiembre (con cobro en octubre).
En la cuenta de los ajustadores tampoco está ausente un aumento de impuestos – el IVA sube con la inflación. El inmobiliario también se irá para arriba como consecuencia del revalúo fiscal. Como consecuencia de la caída del Presupuesto 2022, la Sociedad Rural ha presentado la derogación de las retenciones en sede judicial.
Crisis política
La refinanciación de la deuda dejada por Macri con el FMI, más los nuevos intereses sobre ella y la sobrecarga por el tipo de préstamo, asegura la necesidad de una nueva reestructuración de deuda a 3 o 4 años. El ajuste no sacaría a Argentina del default. Por eso se han elevado voces en el sector financiero a favor de declarar la cesación de pagos de inmediato y reestructurar todas las deudas otra vez -las de la administración nacional y provincias, con acreedores privados y entidades públicas- por 200 mil millones de dólares. Con un default asegurado en dos o tres años, más el ajuste, se da por descontada la derrota del gobierno en 2023, lo cual lo convierte en un ´pato cojo´, incapaz de gobernar.
Este escenario lleva a algunos kirchneristas a querer “saltar del barco”. Los senadores K que “resisten” el acuerdo se han aferrado a la bandera de “más años de gracia”, o sea sin pagar deuda. Los izquierdistas K critican al “acuerdo corto” porque “no restablecerá la confianza de los mercados y el crédito”, como acaba de concluir Claudio Lozano. El acuerdo con el FMI nace mal parido, por lo que algunos, en el Congreso, proponen el aborto. Se teme que el número de abstenciones supere la suma de votos positivos y negativos. Un derrumbe político y financiero.
Por abajo
La perspectiva de un supertarifazo y una devaluación coloca en crisis a las negociaciones paritarias. La pandemia, que no ha concluido, dejó un tendal de retiros y reducciones de planteles, que pretende ser compensada con cláusulas de sobreexplotación. Por ese mismo motivo, las patronales incorporan trabajadores de a cuentagotas, y los movimientos de desocupados deben redoblar su movilización por el alimento y el derecho al trabajo. Estas condiciones, consideradas de conjunto, han planteado al activismo desafíos que ha empezado a recoger. Las iniciativas de convocar asambleas y plenarios abiertos ha comenzado a crecer, y con ello también crecerán los planes de lucha, las movilizaciones y las huelgas.
Para los desocupados, el gobierno ha anunciado el recorte absoluto de asistencia, que en todo caso ya son una pensión vitalicia de miseria social. Además de las contradicciones insalvables de la política oficial y del acuerdo fondomonetarista, asoman una crisis económica mundial y la guerra.
Marcelo Ramal
22/02/2022
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