Paradójicamente, la desintegración del gobierno del Frente de Todos se ha acelerado después que el tándem Fernández-Guzmán anunciara un acuerdo con el FMI. Pero si eso ocurre, es porque el acuerdo no tiene condiciones para superar la cesación de pagos, que en el mejor de los casos sólo postergaría durante dos o tres años y a costa de agravar todas las contradicciones de la bancarrota argentina. Justamente en estas horas, otro especialista en quiebras nacionales, Domingo Cavallo, puso la lupa en el otro default en puertas -el de la deuda pública en pesos, que se redoblará explosivamente con la suba de las tasas de interés y la política de emisión "cero", ambas reclamadas por el Fondo.
En el medio, la coalición de los Fernández deberá rematar lo que le queda de autoridad política con tarifazos, devaluaciones y recortes sobre los salarios y jubilaciones. Este es el fardo con el que los Kirchner no quieren cargar, aún cuando del otro lado de la calle los espera un vacío político: a las pocas horas del acuerdo anunciado el viernes pasado, Lula y otros progresistas continentales saludaron sin vacilaciones el “temple de Alberto”. Los amigos continentales de Cristina no se saldrán del escenario armado por el capital financiero, al cual han “honrado” sin vacilaciones cuando gobernaron. Pero lo mismo vale para los Kirchner, pagadores seriales de la deuda defolteada en 2001 y revalorizada por los canjes de 2005 y 2010. El propio acuerdo con el FMI estuvo siempre en la agenda los K y del Frente de Todos. Los K apenas pretendían otro tipo de arreglo: uno que rigiera durante veinte años, y estirara la devolución del préstamo de Macri a costa de un régimen de coloniaje económico, no ya durante una década, sino durante toda una generación. Apostaron también a una gestión del G20 para reducir los cargos extraordinarios del préstamo a Argentina, la cual no tuvo destino. En la carta de renuncia a la presidencia de su bloque, Máximo K reivindica, además, “su apoyo a la reestructuración de la deuda privada”, sin quita de capital y con intereses leoninos, que La Cámpora votó con las dos manos en el 2020. El fracaso de todas estas tentativas de salida del defolt y la subsiguiente descomposición del gobierno, son la expresión política de una desintegración de las relaciones sociales capitalistas, que se manifiesta en un tendal de deudas públicas y privadas de carácter impagable.
Vaciamiento
El portazo de Máximo K ha dejado al acuerdo con el FMI y al régimen político que depende de él, balanceándose sobre una cuerda muy delgada. Si el gobierno insiste en refrendar el acuerdo en el Congreso, debería buscar un pacto con el radical-macrismo y el pejotismo, siempre y cuando los primeros aceptaran actuar como rescatistas de un barco a la deriva. La alternativa de un acuerdo reducido a los Larreta y a los Morales es también improbable: el declive del gobierno ha avanzado demasiado como para que los “dialoguistas” de la otra vereda se jueguen por la "gobernabilidad".
Por todo lo anterior, el gobierno está buscando gambetear al Congreso, con el argumento de que sólo se estaría aprobando una “refinanciación”. Si lo consigue, el acuerdo con el FMI se convertirá en el decreto de un gobierno fracturado, con el solo apuntalamiento de la burocracia sindical y de algunos gobernadores. El acuerdo, que ya era precario en términos económicos -porque no evitaba un nuevo y próximo default- también será endeble en términos políticos. Así las cosas, la perspectiva de subir la cotización de la deuda argentina y recuperar el crédito –ansiada por toda la burguesía argentina- se torna más improbable. La cuestión del poder está colocada con toda su fuerza. En los bordes del arco político, los lenguaraces se confiesan: Milei ha sugerido “explorar la variante del default”, una forma sinuosa de pedir la caída del gobierno y rediscutir la hipoteca argentina sobre otra plataforma política.
El movimiento obrero
La burocracia sindical, en todos sus pelajes, ha sido una impulsora férrea del acuerdo con el Fondo. Antes de ello, colaboró en el monumental ajuste perpetrado en estos dos años contra los salarios y jubilaciones. Ahora, la fractura del gobierno, ni duda cabe, revolverá el avispero de los sindicatos obreros, multiplicando el campo de maniobras "por arriba" y la deliberación "por abajo". Con seguridad, aparecerán los “críticos del acuerdo” a lo “Cristina-Máximo”. O sea, rumiando las “inconveniencias” del mismo, pero sin interferir en su aplicación -es el sentido "patriótico" de la carta de renuncia del propio Máximo K. En el plano sindical, esto se expresará en declaraciones "críticas", por un lado, y en la pasividad frente a los agravios contra la clase obrera, del otro. El kirchnerismo político y sindical, en suma, quiere preservar su capacidad de maniobra contra cualquier acción independiente de la clase obrera. Ello, frente al agravamiento de la crisis social que augura el plan fondomonetarista, y la crisis de poder planteada por el desmoronamiento de la coalición de gobierno. En ese cuadro, convocar “a la acción” a los socios del ajuste y el pago serial de la deuda es una vía muerta. El activismo obrero y los luchadores tienen la gran tarea de abrir una deliberación sobre la crisis planteada por el default económico y político del gobierno. Promovamos un congreso obrero que prepare un plan de acción por las reivindicaciones amenazadas y le oponga, al régimen del hipotecamiento nacional y la agresión a los explotados, la lucha por un gobierno de trabajadores.
Marcelo Ramal
01/02/2022
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