Manos a la obra

El fenómeno de las fábricas recuperadas por sus obreros surgió a fines de los noventa, razones de su expansión y los nuevos desafíos

Ocupar, resistir, producir”. Las primeras experiencias de empresas recuperadas surgidas al calor de la crisis política, económica y social que sacudió a la Argentina a principios del nuevo siglo tenían un lema cuyo foco estaba centrado en la resistencia, en la urgente necesidad de salvaguardar los puestos de trabajo de aquéllos que habían sido abandonados a suerte o verdad por empresarios que quebraban y huían despavoridos. Aunque el eje laboral siga tan vigente como entonces, hoy son otros los desafíos -mayormente asociados al tercer punto de esas consignas- que se le presentan a un proceso que continúa desarrollándose, aunque en el marco de años de crecimiento económico. El motor, sin embargo, sigue siendo el mismo: es posible trabajar sin patrón; y hacerlo, aun con evidentes dificultades, exitosamente.
Según datos del Programa de Trabajo Autogestionado, que depende del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el total de empresas recuperadas sobre las que se registran datos era de 280 en octubre de 2010. Esos números son menores si la fuente de consulta es el Programa Facultad Abierta que lleva a cabo la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA) desde 2002 y que tiene como uno de sus principales objetivos la realización de un seguimiento sostenido en el tiempo de la evolución de las Empresas Recuperadas por sus Trabajadores (ERT), a través de relevamientos generales donde se indaga sobre las cuestiones generales y los problemas y datos que se consideran más importantes para reflejar la realidad del sector.
En su último relevamiento, finalizado en marzo de 2010 y presentado en el mismo mes que el de Trabajo, estimaron en 205 la cantidad de empresas recuperadas, partiendo de la explicitación de algunos criterios metodológicos específicos, como el “conocimiento en el campo por parte del equipo, informes inequívocos de los trabajadores, haberlos ubicado telefónicamente o por medio de Internet, u otro tipo de referencia comprobable”, que permitan un acercamiento fidedigno al fenómeno.
Aunque esos números pueden haber crecido en los siete meses que difieren entre un informe y otro, la distancia no se hubiera acortado significativamente. Y más allá de las diferencias en los totales, ambos registros aportan la magnitud de un proceso que se pensó coyuntural pero se mantiene en pie.

LA EXPANSIÓN

“No hay trabajador en la Argentina que no sepa que esto se puede hacer y que existen otras empresas que son gestionadas por los trabajadores y que les ha ido bien”, sostiene Andrés Ruggeri, antropólogo y director de Facultad Abierta. También enfatiza el arraigo de una perspectiva que constituye “un nuevo recurso de lucha en los trabajadores”. Una metodología que continúa con el transcurrir de los años y que se puede visualizar tanto en el informe del programa de la UBA -que además tiene su lugar físico en la Cooperativa de Artes Gráficas Chilavert, donde funciona el Centro de Documentación de Empresas Recuperadas- como en los datos del Ministerio de Trabajo. Para los primeros, el 21 por ciento de las empresas recuperadas que relevaron tienen como fecha de inicio el año 2005, mientras que para el organismo público nacional se constituyeron cerca de 80 cooperativas de trabajo a partir de 2004, cuando entre 2000 y 2003 -con los años más críticos de la última década con respecto a los niveles de desocupación, entre otras variables de la economía- fueron 75.
El mantenimiento de un “flujo regular de nuevas recuperaciones”, como señala el análisis de Facultad Abierta o “un nivel de mortandad bajo de estas experiencias”, según la mirada del sociólogo e integrante del Observatorio Social sobre Empresas Recuperadas (OSERA), Rodrigo Salgado, son algunos de los factores que continúan dando impulso a un proceso que, entre otras cuestiones, no sólo ha preservado fuentes laborales sino que ha generado nuevos puestos de trabajo. Y, en este aspecto, la coincidencia de los testimonios es unánime y el relevamiento de Facultad Abierta especifica un salto de menos de 7.000 trabajadores en 2004 a alrededor de 9.400 en 2010. Según Salgado, “ése es el observable principal de que no es necesaria la mediación del capital en la producción o, dicho de otra manera, la función de dirección de una unidad productiva no es un atributo inherente al capital, es posible producir sin ‘patrón’”.
Los empresarios son tan conscientes de esa posibilidad como los trabajadores y la herramienta de lucha se vuelve arma de presión creíble y legítima. “Ahora lo tienen que pensar dos veces”, reflexionó Ruggeri respecto de los comportamientos que desembocaban en cambios de razones sociales, quiebra de empresas, dejar colgados a proveedores y trabajadores o “el camino de la plata fácil”. “En algunas entrevistas a empresarios pymes que realizaron compañeros del programa, aparece el miedo como una sensación ante esa posibilidad”, asegura el director de Facultad Abierta.

DESAFÍOS

Expectativa y cautela. Con la reforma a la Ley de Concursos y Quiebras en junio de 2011, que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner promulgó a fines de ese mes, se abrió un nuevo escenario para las fábricas recuperadas que busca garantizar la continuidad a manos de los trabajadores de una empresa quebrada. A pesar del signo positivo que diferentes protagonistas reconocen en un cuerpo legal que responde a una más amplia agenda de reclamos del movimiento, también se abren algunas dudas sobre la capacidad de solucionar problemáticas centrales de las distintas experiencias así como también sobre su aplicación concreta.
¿Cuáles son los aspectos centrales de la Ley 26684, que modificó el marco regulatorio de la anterior Ley 24522 sobre los concursos preventivos y las quiebras empresarias? Los trabajadores de una firma que quiebra pueden continuar la producción si manifiestan su voluntad al respecto, aun si la cooperativa de trabajo -forma legal que adquiere cualquier empresa recuperada- se encuentra en proceso de formación. Pueden y tienen prioridad para hacer una oferta de cara a que los bienes de la fábrica se les adjudiquen de forma directa. Durante la quiebra, los intereses de los sueldos que no se pagaron desde que se inició el proceso no se suspenden, sino que se produce una actualización hasta la fecha de pago efectivo. Los créditos laborales debidos al trabajador por su carácter alimentario son habilitados en un ciento por ciento para su cobro y pueden actuar como moneda de pago en la propuesta que se realiza para adjudicarse la mercadería otrora empresarial.
Para Rodrigo Salgado, del Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, la reforma “podría facilitar la continuidad inmediata de la producción a través de los trabajadores organizados en cooperativas de trabajo, jerarquizando los créditos laborales y habilitando la adjudicación directa de las empresas a las cooperativas, lo cual constituiría un significativo aliento político-institucional para el proceso”. Sin embargo, también marca como un aspecto a considerar con atención que “hay varios casos de empresas recuperadas que no se adecúan” a una situación que exige sí o sí una quiebra de la antigua empresa y la capacidad por parte de los trabajadores de financiar la compra de los bienes con sus acreencias laborales, gestión productiva y otros recursos. La vía institucional de acceso a la tenencia de la unidad productiva, la propiedad en términos más simples, continúa siendo un tema complejo de resolver.
En el análisis de Ruggeri, “es una ley que no soluciona el problema de las recuperadas, pero que da una herramienta que no estaba”. Antes, un juez comercial definía si cedía los derechos a los trabajadores para hacerse cargo de una determinada fábrica en un caso de quiebra aunque de modo transitorio, a la espera de una ley de expropiación o un improbable consentimiento con el anterior dueño. En la actualidad, producto de un nuevo marco normativo, parecería allanarse el camino para una gestión obrera sin que el peso mayoritario esté en la palabra de un juez. De todas maneras, el investigador de Filosofía y Letras señala que “la mayoría de las empresas recuperadas funcionan hoy por permisos legales medio precarios que dan los jueces y por leyes de expropiación. Con éstas se lograba frenar los procesos de quiebra, pero no extinguirlos. Esos juicios existen todavía. Ahí no ha tenido efectos la ley”.
Sin embargo, la ley sí se aproxima a una primera aplicación exitosa en el caso de la cooperativa de trabajadores de Lacar, la marca de camperas que comercializaba la empresa Nostarco y cuyo dueño, José Raúl Tarica, practicó una política de “tierra arrasada” -vaciamiento fraudulento en lenguaje jurídico- que dejó a 250 empleados en la calle desde el 19 de setiembre de 2011 (ver recuadro).
Otras experiencias, en cambio, atraviesan situaciones más complejas que se debaten entre la legitimidad y la legalidad. El emblemático Hotel Bauen, de Callao y Corrientes, se encuentra en el medio de una realidad en que ya no tiene más instancias legales para apelar a su favor, en una causa en la cual sus antiguos dueños argumentan que los empleados que hoy lo autogestionan usurparon la propiedad. “Jurídicamente estamos en el horno”, asegura Jorge Bevilacqua, miembro fundador de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados (FACTA), aunque al mismo tiempo manifiesta que “políticamente no estaría bien visto que no se resuelva”. Estos contrapuntos entre lo jurídico y lo político, entre lo legal y lo legítimo, son una añeja discusión, reactualizada en la última década. “¿Quién es el juez que va a decir ‘desalojen’ y quién es el ministro que va a avalar eso?”, se pregunta Andrés Ruggeri.
La solución formal y definitiva estaría dada por una ley nacional de expropiación (aunque una ley particular para el hotel también la dejaría en un escenario menos ambiguo) que genere las condiciones para que el Estado nacional pueda expropiar empresas fallidas o declaradas en lockout patronal. En tanto, si uno repasa la breve pero intensa trayectoria de este fenómeno, la afirmación que realiza Ruggeri, en su mirada de largo alcance sobre el proceso, cobra un sentido inalterable y expone tanto las debilidades como las potencialidades: “Toda la historia de las recuperadas es como una negación de las leyes vigentes pero apoyadas en una enorme legitimidad política, social y de derechos”.
Otro de los ejes que se destacan como desafíos para esta nueva etapa pasa por las condiciones de empleo de quienes se desempeñan en empresas recuperadas. Salgado hace hincapié en uno de los reclamos que han surgido desde distintos movimientos de fábricas respecto de un estatuto del trabajador autogestionado que “tiene que ver no sólo con el reconocimiento de este nuevo trabajador que desempeña sus tareas en condiciones y bajo relaciones sociales particulares de naturaleza asociativa, sino también con el reconocimiento por parte del Estado de ciertos derechos no contemplados, por ejemplo jubilaciones dignas o asignaciones familiares”.
En la misma línea, Bevilacqua asegura que “las cooperativas de trabajo no sólo han aumentado los puestos de trabajo directo sino también los indirectos” y que dicha situación sería más alentadora si esos derechos estuvieran presentes al momento de la incorporación laboral. Debido a las características particulares de la organización cooperativa, Ruggeri considera que, en algunas ocasiones, “a los trabajadores se los toma como si fueran dueños pero siguen siendo trabajadores”.

LA DINÁMICA INTERNA

“No hay un modelo de autogestión”, reconoce Ruggeri. Este antropólogo social sostiene que no existe una teoría o un camino establecido y que, de algún modo, es una contradicción en sí misma la definición de autogestión, ya que si es autogestión tiene la propiedad de definir las cosas, como el grupo en cuestión decida. En este sentido, parece más sencillo darse cuenta de lo que no es autogestión y de qué procesos van en contra de esa idea, que determinar con exactitud académica cuáles sí son prácticas autogestivas.
Ruggeri también considera que, genéricamente, la organización interna en las fábricas recuperadas responde a dos modelos centrales. Por un lado, las que están más cercanas a un cooperativismo tradicional. Por otro, aquéllas que tienen una lógica más asamblearia, con una dinámica que va surgiendo a partir de criterios propios y de diversas soluciones que se van adoptando.
Por su parte, Salgado plantea su hipótesis de que el tipo de organización es una consecuencia de los niveles de conflictividad que mostraron previamente las experiencias de recuperación. En donde los conflictos fueron de gran intensidad (Zanon o el Bauen son dos casos paradigmáticos), “existe un mayor grado de ruptura frente a los diseños institucionales previamente existentes y por lo tanto mayores grados de innovación social, igualación y democratización de los espacios de toma de decisiones”. En cambio, en los procesos con menor grado de conflictividad en la recuperación, según el investigador del Germani, “se observa más una adecuación de los diseños institucionales previamente existentes que una elaboración de nuevos diseños institucionales”.
Autor del libro Gestión colectiva y poder popular, Bevilacqua señala que los trabajadores no están preparados para dirigir una empresa y reconoce que falta una mirada estratégica desde las propias organizaciones que nuclean al movimiento de fábricas recuperadas. Además, el referente de FACTA es tajante a la hora de calificar si hubo o no cambios en la conciencia de los trabajadores que participaron o se sumaron a esa otra forma de producción: “En una empresa recuperada decidimos trabajar en conjunto, pero no se acaba el individualismo”.

CADENA DE FAVORES

Uno de los aspectos más llamativos y novedosos en algunos procesos de recuperación de empresas es que sus trabajadores, luego de que consiguieran poner en funcionamiento la producción, abrieron la fábrica a iniciativas culturales o educativas que significaron un estrechamiento de lazos entre “los de adentro” y “los de afuera”, y expandieron los excluyentes marcos económico-productivos que caracterizan al resto de las empresas.
Las diferentes miradas coinciden en una palabra para explicar ese fenómeno: solidaridad. Ruggeri explica que los trabajadores argumentan esas prácticas como herramientas para devolver el apoyo que recibieron cuando lucharon para recuperar su fuente de trabajo. Aunque también posee la lógica, a su entender, de “ampliar la legitimidad, de tener como más círculos de defensa, frente a intentos de acabar con la empresa recuperada, de desalojos o de algún tipo de persecución”. Salgado, en tanto, aporta una perspectiva similar: “Creo que estas relaciones son principalmente resultantes de la alianza social que viabilizó la recuperación”.
Con avances significativos, y con obstáculos que aún tienen vigencia, la recuperación de fábricas es un hecho que se ha instalado socialmente en la Argentina de la última década. Si en sus inicios causó sorpresa por su lógica “rupturista”, la actualidad marca un diagnóstico distinto: el conocimiento y la aceptación de la modalidad se expandió y lo que entonces era la última opción para salvar el trabajo, hoy aparece bajo una mirada más amplia. Si el impacto siempre es noticia, la estabilidad y el surgimiento de otros desafíos -más complejos, síntomas de una etapa de “sintonía fina”- también pueden serlo. Es una buena señal que así sea.

Lacar, empezar de cero

El lunes 19 de setiembre de 2011, la fábrica de camperas Lacar, ubicada en Yerbal al 5200 en el barrio de Villa Luro, amaneció con un cartel que decía: “Nostarco se mudó”. Era la firma que comercializaba los famosos abrigos que, según sus propios empleados y los gremios que los agrupan, se vendían, y muy bien, generando ingresos millonarios que vuelven inexplicable lo acontecido. Ante ese mensaje, los trabajadores que se habían dado cita allí como cualquier día laboral -lo mismo que en la mayoría de los locales que la marca tiene en el país- se sorprendieron, aunque no tanto, porque ya venían circulando sucesivos rumores acerca de que la empresa “estaba mal”. Rápidamente, tuvieron en claro que la mudanza era sólo una artimaña y que ellos debían poner manos a la obra para frenar lo que en ese momento parecía una certeza innegable: se habían quedado de un día para el otro, y sin aviso previo, en la calle. Los telegramas que durante la jornada llegaron a sus hogares así lo certificaron.
Hernán Brizuela, actual secretario de la cooperativa de trabajadores de Lacar, reflexiona sobre esa desagradable sorpresa: “Siempre había algún rumor de que un día de éstos iban a cerrar la persiana, que se iba a ir todo al carajo. Era como el cuento de Juanito y el lobo. Siempre te dicen que va a pasar algo y nunca pasa nada, uno se descuida, y luego pasa”. Y cuando ocurrió, en lugar de la resignación, apareció la lucha que llevó a 250 empleados a emprender un intenso camino hacia lo que constituye todo un hito: la primera fábrica recuperada bajo el marco institucional de la nueva Ley de Quiebras.
La fábrica estaba vacía. Durante el fin de semana previo, los vecinos habían observado movimientos de camiones que, evidentemente, se dedicaron a llevarse la mercadería y la maquinaria del lugar. ¿Pero dónde? Esa pregunta tuvo respuesta unos días después, cuando la gente de La Alameda –una organización que se dedica a combatir el trabajo esclavo y que comenzó a asesorar a los trabajadores de Lacar– descubrió que parte de lo trasladado estaba escondido en un depósito en la calle Malabia, propiedad de José Raúl Tarica, el dueño de Nostarco S.A. “Cuando nos enteramos de dónde estaba la mercadería y parte de las maquinarias, fuimos a hacer un escrache y nos quedamos 11 días cuidando las cosas”, recuerda Brizuela. Así, junto a sus compañeros, iniciaron un nuevo camino. El 4 de octubre fue el “Día D”. El juez Federico Guerri, del juzgado comercial nº 17, declaró la quiebra de Nostarco. “Ahí decidimos armar la cooperativa”, rememora.
Sin embargo, el juzgado había tomado la decisión de rematar los bienes de Nostarco sin base. Los trabajadores sospecharon que existía la posibilidad de que algún amigo del aun prófugo Tarica se hiciera con la empresa por una baja suma de dinero. Pero las cosas se pusieron en su lugar: no se podía contrariar la Ley de Quiebras, que le da prioridad a los trabajadores para ofertar y preservar la fuente laboral.
Con la ayuda de La Alameda y del Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas, Lacar ya está inscripta como cooperativa en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y tiene su lugar de trabajo en el Polo Textil de Barracas. “Sólo nos falta la autorización del juez para poder ir a buscar las cosas a los depósitos y empezar a trabajar”, indica Brizuela.
La larga resistencia de IMPA Ubicada en el corazón del barrio de Almagro, Industrias Metalúrgicas y Plásticas Argentinas, más conocida como IMPA, es uno de los casos más significativos dentro del movimiento de fábricas recuperadas. Por un lado, debido a su antigüedad, ya que la recuperación data de 1998, cuando la crisis social, política y económica del país no había estallado en toda su magnitud. Por otro, gracias a su importancia económico-productiva en la industria nacional, ya que procesa y comercializa aluminio en sus fases de fundición, laminación, extrusión e impresión. Además, IMPA impulsó una febril actividad cultural y educativa que la convierte en un símbolo de este modelo de relación con la comunidad que atraviesa distintas experiencias de recuperación. Ya pusieron en marcha un centro cultural, un bachillerato popular que es iniciativa de la Cooperativa de Educadores e Investigadores Populares (CEIP) y hasta una Universidad de los Trabajadores, coordinada por Vicente Zito Lema, el ex rector de la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo. Diez años después de que la fábrica pasara a manos de sus trabajadores, el terreno legal enfatizó ese traspaso con la Ley de Expropiación 2969. Pero en 2009, la Justicia la declaró inconstitucional. A partir de entonces, comenzó una serie de idas y vueltas que derivaron en intentos de desalojo, el último de ellos en mayo del año pasado. Los círculos de defensa que menciona el antropólogo de Facultad Abierta, Andrés Ruggeri, posibilitaron una encomiable resistencia que la mantiene en pie.
El veto de Mauricio Como un regalo de Navidad que jamás hubieran deseado, los movimientos de empresas recuperadas recibieron con sorpresa el veto número 84 de la gestión de Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires que dio marcha atrás con la Ley 4008, que prorrogaba hasta 2017 la protección estatal a los inmuebles e instalaciones de 29 establecimientos porteños recuperados por sus trabajadores. Según referentes de las distintas organizaciones y dirigentes políticos opositores, la decisión macrista abre la puerta a la derogación de las leyes de expropiación que hoy permiten, no sin inconvenientes, el funcionamiento de las fábricas. El 17 de noviembre la Legislatura porteña había otorgado un nuevo aval, incluso con el apoyo de la bancada PRO, a la experiencia de las recuperadas en la Ciudad.
Se trataba de una norma que tenía sus antecedentes. En 1999, se había sancionado la Ley 238, que disponía los mecanismos para que el Estado declarara la utilidad pública de los bienes de las empresas en quiebra e impulsaba su expropiación para evitar la pérdida de las fuentes de trabajo. En 2004, la Ley 1592 efectivizó la declaración de utilidad pública de los inmuebles e instalaciones donde funcionaban 17 empresas recuperadas. Y en 2008, se habían renovado los plazos para promover los juicios de expropiación. El argumento central que expone el veto está referido a la conformación de una mesa participativa para la ejecución de la ley, que estaría compuesta por dos representantes del Ministerio de Desarrollo Económico, los integrantes de la comisión legislativa de esa área y un representante de cada empresa. Para el Ejecutivo porteño, esa mesa es “contraria a la división de poderes”. Desde la Nación, el ministro de Trabajo Carlos Tomada salió a diferenciarse y señaló que Macri “rechaza de manera profunda la participación de los trabajadores en las empresas recuperadas”.

Sebastián Tafuro
Revista Debate