La Asociación de Trabajadores del Estado rechaza el ajuste sobre salarios públicos

“La crisis se resuelve con aumentos salariales que potencian el mercado interno”
El Consejo Directivo Nacional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE-CTA) expresa su rechazo al decreto de Necesidad y Urgencia Nº 324/2011 (dispuesto a fines de 2011 por el Gobierno Nacional) que somete a revisión los salarios de los empleados de la Administración Pública Nacional, en todo aquello que denomina como pagos "extraordinarios", o que no se adecuen a la normativa general.
ATE-CTA plantea que, tal como lo establece la Constitución nacional en su artículo 14 bis, el Estado debe garantizar un "salario digno", que asegure al trabajador (como lo define la ley) "alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión".
Desde ya esta garantía constitucional no se cumple porque los salarios en el Estado Nacional son significativamente inferiores a lo necesario. Es por ello -y mucho más en las provincias y municipios-, que se condena a los trabajadores del Estado a resignar algunas de esas garantías.
La mayoría de los trabajadores del Estado Nacional están regidos por un Convenio Colectivo de Trabajo General, y a su vez por convenios colectivos sectoriales por escalafón, mientras que otras áreas descentralizadas del Estado cuentan con sus propios convenios colectivos de trabajo. Sin embargo desde hace seis años que en el Estado Nacional la negociación colectiva está herida de muerte por la instauración de topes salariales "anunciados" desde la Casa Rosada, que no son acordados con los trabajadores contrariando de esta manera la vigencia de paritarias libres. En cambio si estuvieran plenamente vigentes las negociaciones colectivas serían éstas las que establezcan los salarios y las que se encargarían de disponer los ítems salariales. Pero nunca el Gobierno de manera unilateral.
Es por eso que al no garantizarse un salario general digno los trabajadores reclaman en cada organismo un incremento que supere ese piso, que sólo se consigue mediante sumas fijas, rubros salariales específicos, o bien mediante pagos de fin de año.
Esas sumas y pagos que se consiguen a nivel sectorial acaban integrando el salario normal y habitual de los trabajadores involucrados, por lo tanto su restricción o eliminación implica una reducción salarial, con el agravante de que se trata de acuerdos colectivos y no de graciosas concesiones de un funcionario en particular. También porque los acuerdos y Convenios Colectivos de Trabajo no pueden modificarse a la baja por decretos o leyes.
Desde ATE-CTA planteamos que "no se permitirá que por la aplicación de este Decreto o cualquier otra norma, se eliminen de las remuneraciones de los trabajadores del Estado cualquier rubro o suma que sea percibida como contraprestación por el trabajo".
El Consejo Directivo Nacional sostiene que más allá de la defensa del salario y su poder adquisitivo, ninguna crisis (nacional o internacional), ni la emergencia económica, "se enfrenta congelando o rebajando salarios, sino garantizando para todos los trabajadores –estatales y privados- salarios dignos". Menos si se quiere potenciar el consumo del mercado interno.
Este Decreto, así como las políticas de ajuste y prescindibilidad impulsadas en las provincias de Río Negro y Santa Cruz a finales de año, van en sentido contrario, y frente a ellas ATE se declara en estado de alerta, proclamando la defensa irrestricta de los salarios y demás derechos laborales y sociales del conjunto de los trabajadores.