La investigación de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado se encuentra entre fuegos cruzados, por características propias del caso y por otras más generales que ponen en cuestión quiénes y cómo se investigan los crímenes políticos, los crímenes de Estado.
Señalamos en una publicación anterior que la desaparición y la muerte de Santiago constituyen un crimen de Estado. Esta figura busca expresar que entre este tipo de crímenes y el Estado mismo hay una relación intrínseca y profunda. No son parte de errores ni excesos, son crímenes que se cometen desde el aparato estatal para defender los intereses de los grandes capitalistas y por eso se los encubre y justifica. En la sociedad capitalista, las fuerzas de seguridad son el brazo armado del Estado para mantener un férreo control social. Sus fuerzas represivas están al servicio, esencialmente, de defender la propiedad de los terratenientes, de los grandes empresarios. Esa intervención represiva es superior cuando se trata de manifestaciones y reclamos que cuestionan ese dominio.
Quién investiga un crimen de Estado
En los últimos días la fiscal Silvina Ávila y el juez Gustavo Lleral rechazaron los pedidos de la familia con relación a que se sumen expertos independientes de las fuerzas de seguridad y la propia justicia. Desde el inicio de esta causa venimos insistiendo en que es crítico que la mayoría de las pericias de la causa las realicen fuerzas como la Policía Federal o la Prefectura, que dependen de la misma ministra Patricia Bullrich, muy interesada en justificar el operativo represivo de aquel 1° de agosto en la Pu Lof en Resistencia Cushamen, momento en que desaparece por 78 días Santiago Maldonado. No cuentan con una mínima o elemental distancia con la causa y sus implicancias.
No es casual que toda la expectativa intenta ponerse en el resultado de las pericias relacionadas con la autopsia, aislándola del operativo represivo que colocó a Santiago a ese lugar. Es innegable cómo todo esto se rodea de una profunda manipulación mediática de determinados datos que supuestamente se filtran y que son utilizados para que a coro algunos de los grandes medios y el Gobierno sentencien un vengativo “¿vieron? se ahogó”. Sin embargo, el resultado final de la autopsia, sea cual sea, no nos dirá en qué circunstancias murió Santiago, no dirá ni porqué ni cómo llegó al río, no dirá nada del operativo represivo que con saña y odio se desplegó contra la comunidad mapuche ni en función de defender qué intereses económicos en la región actuaba la Gendarmería.
Una de las voceras del Gobierno, Elisa Carrió se refirió a la autopsia diciendo “el cuerpo hablará”. Lo hace no porque busque la verdad, sino porque busca distraer la atención sobre la responsabilidad gubernamental, sobre por qué desde el Ministerio de Seguridad se mandó a lavar las camionetas que intervinieron en el operativo antes que sean peritadas por el juez, por qué el funcionario de primera línea Pablo Noceti se negó a que periten su celular (amenazó con romperlo ante la mínima posibilidad de que ocurriera), ni por qué quemaron todos los bienes de los miembros de la comunidad en el violento operativo de agosto, entre otras cosas.
Todas esas circunstancias requieren urgente esclarecimiento. Que no nos distraigan, porque la autopsia es una parte, no el todo.
En la desaparición y la muerte de Santiago Maldonado están implicados no solo los autores materiales, sino todos aquellos que han encubierto y planificado. Pablo Noceti ordenó literalmente una cacería a los mapuches (“vamos a detener a todos y cada uno de los miembros de la RAM”) y el operativo realizado el 1° de agosto fue calificado como una acción “antiterrorista”. Fue Gonzalo Cané, secretario coordinador con los poderes judiciales, legislativos y ministerios públicos, quien redactó para el Gobierno un informe de 36 fojas cuya carátula reza: “R.A.M. Resistencia Ancestral Mapuche. Gendarmería 2017”, y lo introdujo dentro del expediente 8233/17 (Habeas Corpus), tal como lo señala Sebastián Premici.
En consonancia, hasta hoy Patricia Bullrich no tomó ni la elemental medida de separar de la fuerza al personal de Gendarmería que actuó ese día, ni siquiera a los que llegaron al río, a los que, como consta en la causa, gritaron “tenemos a uno”, “les dimos corchazos para que tengan”.
La corporación judicial actúa en el mismo sentido, centrando la expectativa en los resultados de la autopsia y cerrando filas para que no haya otras miradas sobre la investigación. Santiago murió indiscutiblemente en un operativo de Gendarmería. No hay un solo gendarme indagado por los dos jueces que ya tuvo la causa.
Técnicas de neutralización
No hay un gramo de improvisación en el plan de impunidad, encubrimiento y negación que se desplegó por parte del aparato estatal y mediático. Esa actividad puede ser encuadrada en lo que desde la criminología se ha señalado como “técnicas de neutralización”. Estas técnicas se disparan, justamente, para justificar la negación o el encubrimiento de un crimen político, y con ellas la criminología se refiere a los mecanismos para anular determinados preceptos o valores que llevarían a condenar determinado delito.
El concepto fue desarrollado inicialmente por David Matza y Gresham Sykes (1) en relación a la delincuencia juvenil. La idea de técnicas de negación y neutralización fueron luego adoptadas y desarrolladas por el prestigioso criminólogo Stanley Cohen (2) para analizar cómo en todo crimen de Estado, los implicados apelan a mecanismos para minimizar, ocultar y justificar sus crímenes.
Para ello, cuentan con todo el aparato estatal (funcionarios, fiscales, jefes y “científicos” de las fuerzas de seguridad), pero también con otros actores que son claves a tal fin. Entre ellos, algunos medios de comunicación, que montan y difunden junto a ese aparato estatal las más diversas operaciones, incluyendo la aparición de “personalidades expertas” que aparecen dando su opinión que intentan hacer pasar como desinteresada, construyendo así un relato que busca a través de esos mecanismos instalarse en la opinión pública como “la verdad”. Además, claro, de justificar todo el accionar estatal.
El uso de las técnicas de neutralización impulsa una espiral de negación que hace girar el discurso oficial justificando la violación de los derechos humanos. Los criminólogos señalan que en el crimen de Estado suele negarse el hecho mismo, o sea, directamente se afirma que los hechos no ocurrieron o no fueron como se los describe. Como el crimen es negado, se necesita del armado de un discurso de la negación oficial. Aquí lo vimos: “Santiago no estaba en el lugar, puede estar en Chile” dijeron por casi tres meses.
Cohen describe y tipifica esas técnicas, de tal modo que lo que estamos vivenciando en el caso de Santiago Maldonado, parece ser calcado de un manual de negación.
Veamos: a) La negación de la responsabilidad, quizás la más poderosa de las técnicas de neutralización, la primera que se ensaya en un crimen de Estado. Aquí se pudo ver desde el primer momento en la actitud de la ministra Patricia Bullrich, de defensa cerrada a la Gendarmería, exculpándola de todo el accionar (“no voy a tirar un gendarme por la ventana”) y de negación de la desaparición y muerte de Santiago instalando en cadena nacional la falsa pista del puestero que había herido de muerte al joven. Cuando decimos “el Estado es responsable” es precisamente para enfrentar el hecho de que esa responsabilidad es negada; b) la negación del daño causado y la negación de la víctima: el Gobierno, primero a través de Patricia Bullrich, y después con los funcionarios Daniel Barberis y Gonzaló Cané negó la existencia de Santiago y su presencia en la lof. Hasta dijeron que se había “escapado” a Chile? Se busca insistentemente sostener que Satiago no murió a manos de la Gendarmería sino que me metió al río y se ahogó, omitiendo claro, los motivos por los que se vio obligado a llegar al río; o bien, se descalifica la víctima de tal modo que el crimen está justificado (“era terrorista de la RAM”, “estaba cometiendo un delito como cortar la ruta”, etc). Es más, el daño social causado a la comunidad mapuche, la persecución sistemática a sus integrantes, la quema de sus pertenencias y viviendas por supuesto que no solo negada sino también justificada. Por último, c) la condena a quienes condenan, técnica que en todo crimen de Estado busca descalificar al entorno y la familia de la víctima, a quienes luchan por justicia, a los organismos de derechos humanos. En este caso, ni siquiera vale repetir todas las formas en que buscaron mancillar el reclamo de Sergio y la familia Maldonado, así como las organizaciones que lo acompañamos.
Estas son las actividades que conscientemente han desplegado el gobierno y algunos grandes medios, la puesta en práctica rigurosa de todos estos mecanismos. Eso explica también el espionaje que denunciamos judicialmente realizado contra la familia y organismos de derechos humanos por parte de la misma Gendarmería, es la persecución y control a “quienes condenan” la muerte de Santiago. Este espionaje fue realizado ante los ojos de la justicia que lo amparó abiertamente.
Podemos completar que todo esto se desarrolló con el aditamento de rodeos discursivos y de justificación, al decir de Cohen, la negación literal: “la víctima –o sus familiares, agregamos- está mintiendo porque tiene interés político en desacreditar al gobierno, los testigos son de poca confianza o parte de la oposición política, los organismos de derechos humanos trabajan con una agenda política oculta” (Estados de Negación, ensayo sobre atrocidades y sufrimiento).
El daño causado por Gendarmería y la negación de que Santiago es una víctima de ese accionar fueron desde el inicio la política estatal: no sólo pusieron en tela de juicio la presencia del joven la Pu Lof siendo que Gendarmería tenía fotos suyas desde ese mismo 1° de agosto, sino que luego sembraron todo tipo de pistas y relatos falsos: lo mató un puestero, pasea por Entre Ríos, estaría en Chile, lo vieron haciendo dedo, se cortó el pelo en San Luis. Ninguna de esas versiones fueron chismes de vecinos, sino versiones arrojadas a los medios por funcionarios del gobierno, lo que demuestra la planificación del encubrimiento. Que haga falta semejante operación demuestra que algo enorme se pretende negar: que a Santiago murió por el accionar de Gendarmería. Todavía resuena la risita de Elisa Carrió cuando lo comparó con Walt Disney. Macabro.
Días atrás, el asesor estrella de Cambiemos, Jaime Durán Barba, dio una entrevista en la Revista Perfil que no hace más que reforzar lo que hemos venido sosteniendo. Logra, en pocas palabras, condensar todos los mecanismos de neutralización y negación. Luego de desacreditar a los testigos de la comunidad mapuche (técnica que ya describimos y que el gurú ecuatoriano toma al pie de la letra), se despacha contra la familia de Santiago de una manera feroz:
-Noticias: ¿El Gobierno no debería haber tenido otro trato con la familia?
Durán Barba: Es una familia militante. Están contra el Gobierno, contra el sistema, y están dolidos por la muerte de un integrante. (…) No hay como hacerse amigo de ellos. Si Mauricio le manda un saludo, ellos lo van a rechazar igual.
Noticias: ¿No deberían haberse comunicado antes?
Durán Barba: Hubiera pasado lo mismo. No es por el tiempo, es por su ideología. Ellos creen que la Gendarmería lo mató. Yo entiendo totalmente ese mundo: es absurdo tratar de que alguien que milita en una opción que niega la legalidad del Estado diga la verdad. Dicen lo que conviene a su proyecto, como lo hacían todos los enfrentados en la época de la guerra fría.
Y sigue con su defensa a lo actuado por Patricia Bullrich:
-Noticias: ¿Bullrich no se equivocó a nivel comunicacional?
Durán Barba: Patricia es la jefa de la Gendarmería. Tú no puedes separar de sus cargos a gendarmes sin que haya pruebas en su contra. Ella tenía que ser solidaria con sus subordinados, que son la principal fuerza de la lucha contra el narcotráfico y están haciendo un trabajo fantástico. Se jugó por lo que creía verdad. Si Maldonado hubiera muerto en un cuartel, ella tendría que haber volado por los aires. Pero confío en que eso no era así, y le salió bien.
“Le salió bien” remata Durán Barba.
Por eso para concluir, volvemos a preguntarnos, si Santiago sencillamente se ahogó, ¿por qué semejante montaje calcado de manuales de criminología en los que se analiza el crimen de Estado y sus implicancias?
Más siniestro, más grave, resulta este crimen cuando se lo ve con este prisma, el de la planificación de la negación y el encubrimiento y sus técnicas de neutralización.
Nada fue azaroso y eso refuerza nuestra convicción de que la desaparición y muerte de Santiago es responsabilidad del Estado. Y refuerza aún más nuestra convicción de que solamente si seguimos luchando en las calles y denunciado cada maniobra de impunidad, habrá justicia por Santiago.
Myriam Bregman
Legisladora electa CABA - FIT | CeProDH | @myriambregman
Gloria Pagés
Hermana de desaparecidos | CeProDH | @Gloria_Pages
Notas:
(1)Técnicas de neutralización, una teoría de la delincuencia, traducido por María Florencia Vaquero, publicado originalmente en American Sociological Review, Vol 22, nro 4, agosto 1957
(2) Estados de Negación, ensayo sobre atrocidades y sufrimiento, Dpto de Publicaciones, Facultad de Derecho UBA, noviembre 2005. Conceptos que retoma Eugenio Zaffaroni en su trabajo “El crimen de estado como objeto de la criminología” (2006).
jueves, 16 de noviembre de 2017
Protestas y ollas populares
Los movimientos sociales comienzan hoy un plan de lucha
Las organizaciones nucleadas en la CTEP, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa reclaman una Ley de Emergencia Alimentaria y una política integral para los trabajadores de la economía social. Harán medidas durante tres semanas.
Los movimientos sociales nucleados en la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa comienzan hoy un plan de lucha para reclamarle al Gobierno una Ley de Emergencia Alimentaria y una política integral para los trabajadores de la economía social. Los dirigentes del sector señalan que para cubrir las demandas en los comedores son necesarios 10 mil millones anuales extra, y una política de fortalecimiento de la producción de la agricultura familiar. El proyecto de Ley de Emergencia Alimentaria fue presentado al Congreso en agosto, pero su tratamiento no tuvo avances. Las organizaciones acusan a Cambiemos de carecer de la voluntad de darle sanción.
Tras el anuncio de la protesta, desde la Casa Rosada hicieron saber que este diciembre no habrá bono de fin de año para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, ni para los jubilados y estatales; en definitiva, los únicos que recibirán la suma fija serán los trabajadores de la economía popular, en un gesto del Gobierno hacia las tres organizaciones sociales que mantienen una mesa de negociaciones permanente con el Ejecutivo, a través de la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley.
Desde la CTEP ratificaron que pese a este anuncio mantendrán las movilizaciones. Aclararon que el aguinaldo para los trabajadores de la economía social ya estaba acordado desde septiembre, por lo que no hay para ellos ninguna novedad, y que su plan de lucha tiene que ver con el reclamo de medidas de fondo para el sector.
La jornada de hoy incluirá con movilizaciones a las dependencias de Desarrollo Social y ollas populares. En la Ciudad de Buenos Aires, va a haber una en el Obelisco y están previstas otras cientos en el conurbano, en las que van a juntar firmas para reimpulsar el proyecto de emergencia alimentaria.
La jornada es también continuidad de la protesta que las organizaciones hicieron frente al Centro Cultural Kirchner hace quince días, cuando el presidente Mauricio Macri anunció el plan de reformas tributaria, previsional y laboral.
“A nosotros la reforma laboral no nos deja afuera: ya nos dejó fuera la del ‘90 y nunca pudimos volver a entrar. Sin embargo, es claro que las reformas van a tener un impacto de ajuste en toda la estructura económica y como trabajadores de la economía popular vamos a acompañar el rechazo el día que se marche al Congreso. Por otro lado, vemos que el Gobierno, al anunciar las reformas, tampoco tuvo la capacidad de pensar una agenda social, y en este marco queremos reclamar un paquete de leyes para nuestro sector. A fines de noviembre o principios de diciembre vamos a hacer una marcha masiva del conjunto de los movimientos sociales”, dijo a PáginaI12 Gildo Onorato, dirigente de CTEP y secretario de políticas sociales del Movimiento Evita.
Daniel Menéndez, de Barrios de Pie, aseguró que para esa movilización –la fecha exacta va a ser anunciada hoy– aspiran a reunir “a más de 100 mil trabajadores para instalar una agenda propia”.
El plan de lucha prevé tres semanas de movilizaciones. A las protestas de hoy seguirán el miércoles próximo marchas de los productores de la Agricultura Familiar al Ministerio de Agroindustria. Después, la movilización por leyes destinadas a promover el empleo en la economía social.
El paquete de normas reclamado incluye la sanción de un instrumento para crear trabajo en la construcción de infraestructura social y la urbanización de villas, con obras para el acceso a la electricidad, gas, agua y mejoramiento del transporte público. También presentarán una propuesta de fortalecimiento de la agricultura familiar, destinada a la creación de chacras, y la creación de una suerte de PAMI social para los sectores vulnerables e indigentes. El proyecto tiene una cuarta pata relacionada con la educación, que busca que en las escuelas de zonas de riesgo social se trabaje con dos docentes por aula -la llamada pareja pedagógica- y se sostengan estrategias de permanencia de los alumnos.
Laura Vales
Página/12
Las organizaciones nucleadas en la CTEP, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa reclaman una Ley de Emergencia Alimentaria y una política integral para los trabajadores de la economía social. Harán medidas durante tres semanas.
Los movimientos sociales nucleados en la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa comienzan hoy un plan de lucha para reclamarle al Gobierno una Ley de Emergencia Alimentaria y una política integral para los trabajadores de la economía social. Los dirigentes del sector señalan que para cubrir las demandas en los comedores son necesarios 10 mil millones anuales extra, y una política de fortalecimiento de la producción de la agricultura familiar. El proyecto de Ley de Emergencia Alimentaria fue presentado al Congreso en agosto, pero su tratamiento no tuvo avances. Las organizaciones acusan a Cambiemos de carecer de la voluntad de darle sanción.
Tras el anuncio de la protesta, desde la Casa Rosada hicieron saber que este diciembre no habrá bono de fin de año para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, ni para los jubilados y estatales; en definitiva, los únicos que recibirán la suma fija serán los trabajadores de la economía popular, en un gesto del Gobierno hacia las tres organizaciones sociales que mantienen una mesa de negociaciones permanente con el Ejecutivo, a través de la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley.
Desde la CTEP ratificaron que pese a este anuncio mantendrán las movilizaciones. Aclararon que el aguinaldo para los trabajadores de la economía social ya estaba acordado desde septiembre, por lo que no hay para ellos ninguna novedad, y que su plan de lucha tiene que ver con el reclamo de medidas de fondo para el sector.
La jornada de hoy incluirá con movilizaciones a las dependencias de Desarrollo Social y ollas populares. En la Ciudad de Buenos Aires, va a haber una en el Obelisco y están previstas otras cientos en el conurbano, en las que van a juntar firmas para reimpulsar el proyecto de emergencia alimentaria.
La jornada es también continuidad de la protesta que las organizaciones hicieron frente al Centro Cultural Kirchner hace quince días, cuando el presidente Mauricio Macri anunció el plan de reformas tributaria, previsional y laboral.
“A nosotros la reforma laboral no nos deja afuera: ya nos dejó fuera la del ‘90 y nunca pudimos volver a entrar. Sin embargo, es claro que las reformas van a tener un impacto de ajuste en toda la estructura económica y como trabajadores de la economía popular vamos a acompañar el rechazo el día que se marche al Congreso. Por otro lado, vemos que el Gobierno, al anunciar las reformas, tampoco tuvo la capacidad de pensar una agenda social, y en este marco queremos reclamar un paquete de leyes para nuestro sector. A fines de noviembre o principios de diciembre vamos a hacer una marcha masiva del conjunto de los movimientos sociales”, dijo a PáginaI12 Gildo Onorato, dirigente de CTEP y secretario de políticas sociales del Movimiento Evita.
Daniel Menéndez, de Barrios de Pie, aseguró que para esa movilización –la fecha exacta va a ser anunciada hoy– aspiran a reunir “a más de 100 mil trabajadores para instalar una agenda propia”.
El plan de lucha prevé tres semanas de movilizaciones. A las protestas de hoy seguirán el miércoles próximo marchas de los productores de la Agricultura Familiar al Ministerio de Agroindustria. Después, la movilización por leyes destinadas a promover el empleo en la economía social.
El paquete de normas reclamado incluye la sanción de un instrumento para crear trabajo en la construcción de infraestructura social y la urbanización de villas, con obras para el acceso a la electricidad, gas, agua y mejoramiento del transporte público. También presentarán una propuesta de fortalecimiento de la agricultura familiar, destinada a la creación de chacras, y la creación de una suerte de PAMI social para los sectores vulnerables e indigentes. El proyecto tiene una cuarta pata relacionada con la educación, que busca que en las escuelas de zonas de riesgo social se trabaje con dos docentes por aula -la llamada pareja pedagógica- y se sostengan estrategias de permanencia de los alumnos.
Laura Vales
Página/12
miércoles, 15 de noviembre de 2017
"Mercados" en alerta: el Merval se derrumbó 4,1 %
Es la peor caída en cinco meses. Algunas acciones cayeron más del 13 %.
El Merval porteño se hundió este martes 4,1 %. De este modo, van cinco jornadas consecutivas de retracción del principal índice bursátil del país.
Es la caída más importante en los últimos cinco meses desde el 21 de junio cuando el "mercado" descontaba que Argentina sería calificado como "emergente" por las calificadoras de riesgo, algo que finalmente no ocurrió.
Entre los factores internos que inciden en la baja se encuentra la alta tasa de interés y la retracción parcial del dólar, lo cual empuja a los especuladores hacia la “bicicleta financiera” con Lebac que ofrece mayor rendimiento.
Entre los operadores también existe la preocupación que la reforma tributaria que llegó al Congreso este lunes pueda terminar afectando la módica recuperación económica que el Gobierno logró este año gracias a medidas extraordinarios en función de obtener un buen resultado electoral.
La reforma tributaria contiene un gravamen para varios activos financieros. No obstante, las tasas que se aplicarán son leves en comparación con otros países.
Pero en la caída del Merval también jugaron factores externos, tales como la retracción del Bovespa de Brasil (-2,3 %) y el Dow Jones (-0,2 %) de Estados Unidos, junto a una baja en la cotización del petróleo.
En la city porteña también señalaron que la suba de la tasa de interés a diez años de los Estados Unidos podría complicar el endeudamiento externo, una de las principales armas de la política económica de Cambiemos.
Días atrás, Standard & Poors colocó a la Argentina entre los cinco países del mundo más vulnerables frente a posibles subas de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos.
Las acciones que más sufrieron fueron las del Banco Macro (-13,4 %), Petrobras Brasil (-8,2 %); y Central Costanera (-7,3 %). Entre otros, también fueron afectados negativamente los papeles de Distribuidora de Gas Cuyana y Petrolera Pampa.
En el caso del Banco Macro el derrumbe bursátil estuvo impregnado por los trascendidos de los medios de comunicación acerca de la posibilidad de que Jorge Brito podría ser incriminado por el "arrepentido" Alejandro Vandenbroele en el caso que se investiga a Amado Boudou.
"No hay un único driver; van varios días de corrección fuerte. Argentina cae más pero caen otros mercados emergentes. La tasa alta no ayuda y si bien los balances de las empresas fueron relativamente buenos se teme que el aumento impositivo frene un poco la recuperación", señaló a Ámbito Financiero Rafael Di Giorno, director de Proficio Investment.
LID
Gabriel Vommaro: “El PRO no tiene la cuestión republicana como una de sus grandes banderas”
La Izquierda Diario conversó con uno de los investigadores que más conoce a la derecha argentina, quien acaba de publicar un nuevo trabajo sobre esa experiencia política.
"Los jubilados van a financiar a los empresarios"
La reforma tributaria y previsional suma críticas. "Es una flagrante estafa", dijo Letcher, del CEPA.
El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) elaboró un informe en el que da cuenta cómo la reforma impositiva y previsional afectará a la Anses y a los haberes de los jubilados. "Ésta es una cuarta reforma que tenían previsto desde el principio en la negociación con los gobernadores básicamente y es la que cierra el rompecabezas", definió Hernán Letcher a Tiempo.
El economista explicó que la reducción de las contribuciones patronales que propone la reforma laboral implicará una pérdida de 42 mil millones de pesos. A esto se le suma que la parte mayoritaria, unos 70 mil millones de pesos de la coparticipación del 100% del impuesto a las ganancias, que incluye un 20% que iba a destinado a la Anses, ahora se pierde. "Son unos 110 mil millones que pierde la Anses, hay una parte que se compensa con el impuesto al cheque, pero circula también la versión de que lo van a derogar".
"Por la pérdida de las contribuciones patronales se perjudica a la Anses, y por la eliminación del 20% del impuesto a las ganancias que se destinaría a coparticiparse, y que no se compensa con el impuesto al cheque, porque queda con 60 mil millones de pesos abajo", desarrolló.
"Es una transferencia de ingresos desde los jubilados y beneficiarios de asignaciones se da hacia dos sectores: los empresarios y las provincias. Los jubilados están financiando a los empresarios, de manera directa e indirecta a través de las provincias. Es una transferencia de ingresos lisa y llana, es una flagrante estafa", definió.
Además sostuvo que estas reformas propuestas por el gobierno no discriminan a las empresas pequeñas de las grandes, por lo que sólo terminan beneficiando a las grandes. "Por ejemplo, Techint no tiene trabajadores en negro, a lo sumo los terceriza a través de otras empresas, o sea que la reforma es todo beneficio para ellos porque no va a blanquear a nadie. En cambio, la pyme la va a ver pasar ".
Tiempo Argentino
El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) elaboró un informe en el que da cuenta cómo la reforma impositiva y previsional afectará a la Anses y a los haberes de los jubilados. "Ésta es una cuarta reforma que tenían previsto desde el principio en la negociación con los gobernadores básicamente y es la que cierra el rompecabezas", definió Hernán Letcher a Tiempo.
El economista explicó que la reducción de las contribuciones patronales que propone la reforma laboral implicará una pérdida de 42 mil millones de pesos. A esto se le suma que la parte mayoritaria, unos 70 mil millones de pesos de la coparticipación del 100% del impuesto a las ganancias, que incluye un 20% que iba a destinado a la Anses, ahora se pierde. "Son unos 110 mil millones que pierde la Anses, hay una parte que se compensa con el impuesto al cheque, pero circula también la versión de que lo van a derogar".
"Por la pérdida de las contribuciones patronales se perjudica a la Anses, y por la eliminación del 20% del impuesto a las ganancias que se destinaría a coparticiparse, y que no se compensa con el impuesto al cheque, porque queda con 60 mil millones de pesos abajo", desarrolló.
"Es una transferencia de ingresos desde los jubilados y beneficiarios de asignaciones se da hacia dos sectores: los empresarios y las provincias. Los jubilados están financiando a los empresarios, de manera directa e indirecta a través de las provincias. Es una transferencia de ingresos lisa y llana, es una flagrante estafa", definió.
Además sostuvo que estas reformas propuestas por el gobierno no discriminan a las empresas pequeñas de las grandes, por lo que sólo terminan beneficiando a las grandes. "Por ejemplo, Techint no tiene trabajadores en negro, a lo sumo los terceriza a través de otras empresas, o sea que la reforma es todo beneficio para ellos porque no va a blanquear a nadie. En cambio, la pyme la va a ver pasar ".
Tiempo Argentino
martes, 14 de noviembre de 2017
¡Hasta el socialismo siempre, Nilda!
¿Cómo despedir a nuestros ídolos? A esos de carne y hueso, que son nuestros compañeros, de los que disfrutamos sus genialidades cotidianas.
Nilda fue nuestra compañera, nuestra formadora, nuestra amiga, muchas veces nuestra madre, y otras tantas nosotras la de ella.
Conocí a Nilda en el 2006 cuando me vine a estudiar a La Plata, en vísperas del primer juicio a Etchecolatz. Recuerdo una charla en la Facultad de Derecho como una de las primeras veces que la escuche hablar. La sala estaba llena, se produjo un silencio absoluto cuando tomó la palabra, con su tono pausado y contundente a la vez. Nos deslumbró a todos.
En el 2013 me incorporé a Justicia Ya! y empecé a militar cotidianamente con ella. Nos abrazó desde un principio y durante todo el juicio por el CCD La Cacha, nuestro primer juicio. Aprendimos todo de ella. Bastaba con mirarla desde el estrado para saber qué hacer, cómo intervenir. El día de la sentencia nos dijo que nosotras –chicas, mujeres y revolucionarias– ¡frente a los genocidas nos habíamos hecho enormes!
Ella nos hacía sentir así, nos hacía sentir que nos podíamos comer el mundo, que no había genocidas, canas, jueces, fiscales que no pudiéramos enfrentar. Nos enseñó a romper con todos los esquemas, nos dijo que nunca nos olvidemos que antes de ser abogadas somos militantes, que los códigos los dejáramos fuera de la sala de audiencias. Nos enseñó a perderle miedo a las formalidades y a los ritos; tanto que en el juicio contra la CNU –que tendrá sentencia en breve–, el tribunal nos llamó varias veces la atención por “no respetar las formas”. ¡Cómo te reíste cuando en la primera audiencia nos hicieron lugar al pedido de quitar ese crucifijo enorme que estaba en medio de la sala!
Nilda fue muchas cosas, pero sobre todo fue un cuadro político. Tenía una enorme capacidad de pronóstico, era una estratega. Siempre terminaba teniendo la razón, le sacaba la ficha a quien sea. Siempre tenía una salida para cualquier problema. Cuando se le metía una idea en la cabeza nadie podía frenarla, y así fue que con su tenacidad se conquistaron tantas cosas.
Recuerdo la sentencia de Fuerzas de Tareas N°5, cuando el tribunal dijo que condenaban por el delito internacional de genocidio (¡por primera vez!) y de los nervios dudaba de haber entendido bien, así que hice lo que hacemos siempre, mirar a Nilda, y allí estaba riendo sin parar, pícaramente. La lucha, emprendida cuando arrancaron los juicios desde el 2006, cuando todos consideraban que era una locura la condena por genocidio, había dado sus frutos. Con la misma tenacidad se hizo escuchar, y que escucharan a otros compañeros en Cámara, en los incidentes de prisión domiciliaria, donde hizo emocionar hasta los jueces.
Como te dolieron Santiago, Facundo Jones Huala, Agustín Santillán...
Tu firmeza hizo que hasta tus últimos días nos preguntaras por las cédulas que habían llegado, discutimos la estrategia para la próxima audiencia del juicio contra la CNU.
Nilda: nadie nunca te pudo quebrar jamás. Fuiste un baluarte para la lucha por los derechos humanos, independiente del Estado y de sus gobiernos. Como siempre decías, si tenemos que exigirle al Estado, no podemos nunca ser parte de él.
Cuando pudiste hablar, revolucionaste todo. Te tatuaste en la memoria cada nombre, cada detalle, cada dato de cada compañero que conociste, una enorme cantidad de familiares hoy saben que pasó gracias a vos. Nunca te colocaste en el lugar de víctima (cómo nos retabas cuando en las audiencias te llamábamos así…) porque nunca te moviste de tu lugar como militante.
Te voy a extrañar como compañera, ahora que ya no vamos a encontrar tu mirada cómplice en las audiencias. Y los asados, la quinta de Gonnet, las largas jornadas de trabajo con charlas infinitas. Tu fascinante humor ácido. Tu amor por la vida.
Tuvimos el honor de haberte conocido en profundidad. Nos dejaste mucho, hoy nos toca honrarte continuando firmemente con esta lucha.
Vos sabés, la única penalidad que les cabe a los genocidas es la destrucción de este sistema y la construcción de un mundo nuevo sin opresión ni explotación.
Así nos vamos a vengar, así va a ser nuestra verdadera justicia.
Así, por fin, vas a estar en paz.
Pía Garralda (APEL La Plata)
Periodismo, historias de terror
Esta semana se confirmó la noticia del cierre de la Agencia Diarios y Noticias (DyN), fundada hace 35 años. Más de 100 trabajadores de prensa quedaron en la calle porque así lo decidieron sus principales accionistas: Clarín, La Nación, Río Negro y La Gaceta de Tucumán.
Por falta de recursos no puede ser, si el Grupo Clarín es el más favorecido con la publicidad oficial del macrismo (337,2 millones de pesos sólo durante el primer semestre de 2017), además de que en estos casi dos años la empresa se reempoderó, incrementó sus ganancias y fortaleció sus múltiples negocios.
Cosas raras de la vida, entre más se enriquece el mayor grupo comunicacional de Argentina, más gente despide. En 2016, según Fopea, echó a 180 trabajadores, más que ningún otro medio. 2017 lo comenzó con el cierre de la planta gráfica AGEA: 380 personas más sin laburo. Y en el transcurso del año presionó a sus trabajadores para que aceptaran "retiros voluntarios".
Mientras se cerraba DyN, la hecatombe asomó en el Grupo Indalo. La empresa pagó salarios en dos cuotas y los trabajadores se declararon en asamblea permanente. La angustia de no poder cobrar y no saber si tendrás trabajo el próximo mes es infame. La situación se agrava porque los argentinos tienen encima la amenaza de una reforma laboral que buscará "bajar costos". Y los costos, ya lo sabemos, siempre somos los trabajadores.
Indalo incluye C5N y radios como la 10, Pop, Mega y Vale, en donde hubo cese temporal de actividades para reclamar el pago de los sueldos. Aunque ya les empezaron a pagar, la incertidumbre es total. Si lo sabrán los trabajadores de Radio del Plata o Ámbito Financiero. O los del Diario de Paraná, propiedad de la familia Etchevehere, que hace años cobran en cuotas. Capaz que ahora que Luis Miguel fue nombrado ministro de Agroindustria ya le alcanza para pagar completos los salarios.
También están los 30 trabajadores de Radio Continental Tucumán que la semana pasada quedaron en la calle de un día para el otro porque la empresa levantó por completo y sin previo aviso la programación local. Y ni hablar de Radio Emisora Cultural, propietaria de la legendaria Radio Rivadavia y de Radio Uno. La empresa quebró y sus trabajadores están en vilo. En Telefe, mientras tanto, esta semana hicieron un paro sorpresivo ante el temor de más despidos.
¿Y cómo olvidar el cierre del Buenos Aires Herald? ¿Y los despidos en Crónica y el cierre de las revistas de Editorial Atlántida y el periódico El Argentino? ¿Y los contratos precarios y el trabajo en negro?
Un solo dato para ilustrar un panorama desolador: la revista Anfibia anunció que necesitaba un editor y recibió más de 2000 solicitudes. Son más de 2000 periodistas que están buscando trabajo. Y casi no encuentran.
A los despidos masivos o por goteo y la desaparición de medios hay que sumar episodios preocupantes como la supuesta intención del gobierno, revelada en varias columnas y nunca negada por las autoridades, de empujar el cierre de Página/12 como represalia por las revelaciones de Horacio Verbitsky sobre el multimillonario y secreto blanqueo de familiares y amigos del presidente y de varios funcionarios. Decenas de periodistas de todo tipo de medios (Nelson Castro, Luciana Geuna, Jorge Fontevecchia, Miriam Lewin, Víctor Hugo Morales y Cynthia García, entre muchos otros), firmaron la solicitada "La información no puede ser silenciada" para alertar sobre el daño irreparable que provocaría esta medida.
Más allá de beneficiar con pauta oficial a medios amigos (como lo hicieron el kirchnerismo y los gobiernos anteriores) y desfilar incesantemente en programas de periodistas oficialistas, el gobierno calla ante episodios alarmantes:
-Periodistas de diversos medios fueron agredidos por violentos infiltrados en las marchas por la desaparición de Santiago Maldonado. Hay fotos y videos, pero seguimos sin saber quiénes son y por qué no los han detenido.
-El diputado electo por Cambiemos Fernando Iglesias agredió en las redes sociales (con su habitual estilo pendenciero nunca cuestionado por sus aliados políticos) a los periodistas María O'Donnell y Ernesto Tenembaum.
-Seis trabajadores de Perfil fueron procesados por ejercer sus derechos sindicales y luego absueltos gracias a la lucha de sus compañeros.
-La periodista Fabiana Bringas fue patoteada al aire por su jefe, el director de Radio Nacional Córdoba, Orestes Lucero.
-Los periodistas Germán de los Santos y Hernán Lascano tuvieron que cancelar la presentación de su libro "Los Monos" en Rosario por amenazas de familiares de narcos.
-El empresario estafador Mariano Martínez Rojas reapareció en horario central como supuesto testigo "arrepentido". Es el mismo que el año pasado destrozó junto con una patota las instalaciones de Tiempo Argentino y Radio América, caso que sigue impune.
La lista de ataques a la libertad de prensa es larga, tanto como el silencio del gobierno. Las denuncias se empañan por la leyenda urbana que hace creer que, si sólo cierran medios kirchneristas o son atacados periodistas kirchneristas, todo está bien: "se lo merecen". Alegrarse porque alguien, sin importar quién sea, pierda el trabajo, en principio es miserable. Pero resulta que ni siquiera tienen razón. La crisis abarca todo tipo de empresas, aun las más ricas, aun las más antikirchneristas.
Fopea reportó casi 1500 despidos de trabajadores de prensa en 2016. Según SiPreBA, fueron más de 2000. En lo que ya coinciden ambas organizaciones es en que, hoy, la cifra se acerca a los tres mil. Son 3000 voces menos. ¿Nos damos cuenta de la gravedad? Sin pluralidad de voces no hay democracia, ni libertad de prensa, ni derecho a la información.
Por eso, defender a los periodistas como trabajadores y al periodismo como oficio no es una cuestión corporativa. Son valores esenciales en cualquier sociedad. En muchos países de América Latina ya hemos padecido el daño que provoca la alianza entre millonarios y poderosos medios concentrados y los gobiernos de turno. Es un escenario en el que, siempre, ganan pocos.
Seguimos.
Cecilia González
Tiempo Argentino
Por falta de recursos no puede ser, si el Grupo Clarín es el más favorecido con la publicidad oficial del macrismo (337,2 millones de pesos sólo durante el primer semestre de 2017), además de que en estos casi dos años la empresa se reempoderó, incrementó sus ganancias y fortaleció sus múltiples negocios.
Cosas raras de la vida, entre más se enriquece el mayor grupo comunicacional de Argentina, más gente despide. En 2016, según Fopea, echó a 180 trabajadores, más que ningún otro medio. 2017 lo comenzó con el cierre de la planta gráfica AGEA: 380 personas más sin laburo. Y en el transcurso del año presionó a sus trabajadores para que aceptaran "retiros voluntarios".
Mientras se cerraba DyN, la hecatombe asomó en el Grupo Indalo. La empresa pagó salarios en dos cuotas y los trabajadores se declararon en asamblea permanente. La angustia de no poder cobrar y no saber si tendrás trabajo el próximo mes es infame. La situación se agrava porque los argentinos tienen encima la amenaza de una reforma laboral que buscará "bajar costos". Y los costos, ya lo sabemos, siempre somos los trabajadores.
Indalo incluye C5N y radios como la 10, Pop, Mega y Vale, en donde hubo cese temporal de actividades para reclamar el pago de los sueldos. Aunque ya les empezaron a pagar, la incertidumbre es total. Si lo sabrán los trabajadores de Radio del Plata o Ámbito Financiero. O los del Diario de Paraná, propiedad de la familia Etchevehere, que hace años cobran en cuotas. Capaz que ahora que Luis Miguel fue nombrado ministro de Agroindustria ya le alcanza para pagar completos los salarios.
También están los 30 trabajadores de Radio Continental Tucumán que la semana pasada quedaron en la calle de un día para el otro porque la empresa levantó por completo y sin previo aviso la programación local. Y ni hablar de Radio Emisora Cultural, propietaria de la legendaria Radio Rivadavia y de Radio Uno. La empresa quebró y sus trabajadores están en vilo. En Telefe, mientras tanto, esta semana hicieron un paro sorpresivo ante el temor de más despidos.
¿Y cómo olvidar el cierre del Buenos Aires Herald? ¿Y los despidos en Crónica y el cierre de las revistas de Editorial Atlántida y el periódico El Argentino? ¿Y los contratos precarios y el trabajo en negro?
Un solo dato para ilustrar un panorama desolador: la revista Anfibia anunció que necesitaba un editor y recibió más de 2000 solicitudes. Son más de 2000 periodistas que están buscando trabajo. Y casi no encuentran.
A los despidos masivos o por goteo y la desaparición de medios hay que sumar episodios preocupantes como la supuesta intención del gobierno, revelada en varias columnas y nunca negada por las autoridades, de empujar el cierre de Página/12 como represalia por las revelaciones de Horacio Verbitsky sobre el multimillonario y secreto blanqueo de familiares y amigos del presidente y de varios funcionarios. Decenas de periodistas de todo tipo de medios (Nelson Castro, Luciana Geuna, Jorge Fontevecchia, Miriam Lewin, Víctor Hugo Morales y Cynthia García, entre muchos otros), firmaron la solicitada "La información no puede ser silenciada" para alertar sobre el daño irreparable que provocaría esta medida.
Más allá de beneficiar con pauta oficial a medios amigos (como lo hicieron el kirchnerismo y los gobiernos anteriores) y desfilar incesantemente en programas de periodistas oficialistas, el gobierno calla ante episodios alarmantes:
-Periodistas de diversos medios fueron agredidos por violentos infiltrados en las marchas por la desaparición de Santiago Maldonado. Hay fotos y videos, pero seguimos sin saber quiénes son y por qué no los han detenido.
-El diputado electo por Cambiemos Fernando Iglesias agredió en las redes sociales (con su habitual estilo pendenciero nunca cuestionado por sus aliados políticos) a los periodistas María O'Donnell y Ernesto Tenembaum.
-Seis trabajadores de Perfil fueron procesados por ejercer sus derechos sindicales y luego absueltos gracias a la lucha de sus compañeros.
-La periodista Fabiana Bringas fue patoteada al aire por su jefe, el director de Radio Nacional Córdoba, Orestes Lucero.
-Los periodistas Germán de los Santos y Hernán Lascano tuvieron que cancelar la presentación de su libro "Los Monos" en Rosario por amenazas de familiares de narcos.
-El empresario estafador Mariano Martínez Rojas reapareció en horario central como supuesto testigo "arrepentido". Es el mismo que el año pasado destrozó junto con una patota las instalaciones de Tiempo Argentino y Radio América, caso que sigue impune.
La lista de ataques a la libertad de prensa es larga, tanto como el silencio del gobierno. Las denuncias se empañan por la leyenda urbana que hace creer que, si sólo cierran medios kirchneristas o son atacados periodistas kirchneristas, todo está bien: "se lo merecen". Alegrarse porque alguien, sin importar quién sea, pierda el trabajo, en principio es miserable. Pero resulta que ni siquiera tienen razón. La crisis abarca todo tipo de empresas, aun las más ricas, aun las más antikirchneristas.
Fopea reportó casi 1500 despidos de trabajadores de prensa en 2016. Según SiPreBA, fueron más de 2000. En lo que ya coinciden ambas organizaciones es en que, hoy, la cifra se acerca a los tres mil. Son 3000 voces menos. ¿Nos damos cuenta de la gravedad? Sin pluralidad de voces no hay democracia, ni libertad de prensa, ni derecho a la información.
Por eso, defender a los periodistas como trabajadores y al periodismo como oficio no es una cuestión corporativa. Son valores esenciales en cualquier sociedad. En muchos países de América Latina ya hemos padecido el daño que provoca la alianza entre millonarios y poderosos medios concentrados y los gobiernos de turno. Es un escenario en el que, siempre, ganan pocos.
Seguimos.
Cecilia González
Tiempo Argentino
lunes, 13 de noviembre de 2017
El Gobierno contra los jubilados
Si algo tienen en común el conjunto de reformas laboral, tributarias y previsionales que impulsa el gobierno es la destrucción de la Caja de los jubilados.
El presidente Mauricio Macri amenazó hace pocos días que “la ANSES no da para más”. De manera consecuente con ello, desde la mal llamada “Reparación Histórica” para Jubilados y Pensionados el gobierno había iniciado un camino de permanente socavamiento de las bases del sistema jubilatorio. En las últimas semanas, las noticias sobre los planes de avanzar con nuevas medidas encienden necesariamente un rojo de alarma. Hay cambios evidentes, pero otros más silenciosos, que en forma aparentemente desarticulada apuntan a lo mismo: meter mano en la Caja.
En eso consiste sencillamente la receta con la cual el gobierno pretende abordar sus distintos escollos -además de la postergación de los desequilibrios con el creciente endeudamiento externo. ¿Cómo resolver la disputa por el Fondo del Conurbano? De la plata que le correspondería a la ANSES por el Impuesto a las Ganancias. ¿Cómo reducir sensiblemente el gasto público con el menor costo político? Bajando las jubilaciones a través del cambio en la Movilidad Jubilatoria. ¿Cómo bajar el “costo laboral” y aumentar la ganancia empresaria? En gran parte con una estrepitosa liquidación de las contribuciones patronales. ¿Cómo condonar las deudas a los fugadores de capitales y a los evasores? Anexando el “blanqueo” de capitales con una supuesta medida de recomposición de haberes a un sector de jubilados, la Reparación Histórica, pero que en realidad nunca estuvo pensada para favorecerlos sino que abre la puerta a la liquidación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
De una u otra forma, sea en el borrador de la reforma laboral, sea en la reforma tributaria, sea en nuevas leyes o decretos, cada nueva medida contribuye a un alarmante desfinanciamiento de la ANSES. La coronación de este armado será la nueva ley jubilatoria que comenzará a tratarse en la “Comisión de Sustentabilidad” que se formará para ello en diciembre, según planea el gobierno, y de la que nada bueno puede esperarse para los jubilados.
Repasamos las implicancias de los cambios que el gobierno fue anunciando, en las distintas reformas que impulsa, sobre los recursos del sistema jubilatorio:
-* ANSES pierde $126 mil millones para destrabar el Fondo del Conurbano: La negociación con los gobernadores para que acepten acompañar las medidas de ajuste del gobierno es no afectar los recursos de las provincias para pagarle a Vidal $20.000 millones del Fondo del Conurbano, sino que se financiaría tal erogación mediante una modificación de las asignaciones específicas del Impuesto a las Ganancias. Esto es, principalmente, retirarle a ANSES el 20% de lo recaudado por el Impuesto eliminando el artículo 104 de la ley. Según el proyecto de Ley de Presupuesto 2018, esto implica una pérdida de $126 mil millones para el organismo, que pasarán a ser coparticipables. Declaraciones de funcionarios indican que el gobierno pretende realizar cambios en el impuesto al cheque para destinar lo recaudado a ANSES en compensación por la coparticipación total del Impuesto a las Ganancias.
Sin embargo, claramente se trata de un trueque poco favorable para el organismo que regula los recursos de la Seguridad Social. De acuerdo a un informe del Instituto de Trabajo y Economía (ITE), de la Fundación Germán Abdala, la pérdida de este enroque podría llegar hasta los $220.000 millones.
-* $150 mil millones en los cambios en la Movilidad Jubilatoria: Tanto el presidente Macri como el Jefe de Gabinete Marcos Peña afirmaron recientemente que proponen modificar la fórmulacon la cual se ajustan automáticamente las jubilaciones, AUH, pensiones no contributivas y otras transferencias. Los aumentos jubilatorios de los últimos dos años bajo la ley de Movilidad Previsional fueron por detrás de la inflación, significando una pérdida del poder adquisitivo equivalente a $7.751,4 para quienes cobran el haber mínimo. El cambio que propone el gobierno no apunta a recomponer lo perdido por las jubilaciones, sino por el contrario, evitar que la expansión de la economía que suponen para los próximos años pueda beneficiar a los jubilados, atando los haberes a la inflación y sin tener en cuenta las variaciones de los salarios ni el PBI.
-* $140 mil millones por reducción de contribuciones patronales: El borrador del gobierno de la llamada “reforma laboral” incluye una escandalosa transferencia de $139.882 millones anuales a las patronales hacia 2022 debido a la aplicación de un “mínimo no imponible” y una reducción de la alícuota de 21% a 19%. Esto significa una disminución de contribuciones del 41% promedio para todos los empleadores, aunque beneficiaría especialmente a las grandes empresas de servicios (como supermercados) y que pagan salarios bajos.
-* Un "blanqueo laboral" que legaliza el empleo en negro y los bajos salarios: La condonación de deudas a los empleadores que mantuvieron en negro durante años a los trabajadores, que pasarían a estar registrados, no significará una mejora de los ingresos de la AFIP, no sólo porque se perdona la deuda, sino porque se trata justamente de bajos salarios que serán alcanzandos por el "mínimo no imponible". Además, para los trabajadores sólo se les reconoce como aportes hasta un máximo de 5 años, independientemente de que hayan trabajado en negro mucho más tiempo.
-* Eliminación del tope de aportes personales y del haber máximo: También en el “borrador” de reforma laboral se incluye una eliminación del tope de aportes personales, que hoy equivale a un salario de $81.918, lo que va unido a una eliminación del haber máximo que alcanza a $53.090 en la actualidad. Esto significa un pequeño incremento en la recaudación hoy a cambio de fuertes gastos a futuro por jubilaciones muy elevadas para un grupo minúsculo y privilegiado de individuos. El cambio tiende a diferenciar y fragmentar aún más a los beneficiarios del sistema, generando fuertes desigualdades.
-* Reforma previsional: De acuerdo a la ley de “Reparación Histórica”, en un lapso menor a un año y medio el gobierno (contando desde ahora) ya debería haber presentado al Congreso un proyecto de ley de reforma previsional. El plan es hacerlo en los próximos meses, aprovechando la avalancha de reformas anunciadas y las negociaciones con los bloques peronistas y de la oposición patronal, los gobernadores y la burocracia sindical. Todo apunta a que el desfinanciamiento autoimpuesto sea utilizado como argumento para avanzar en fuertes reformas regresivas como un incremento de la edad jubilatoria de las mujeres y de los hombres, cambios en la fórmula de cálculo del haber jubilatorio, y no se descartan grietas donde puedan colarse privatizaciones de distinto tipo.
No hay que olvidar las implicancias ya actuantes sobre el financiamiento de ANSES de las medidas que el gobierno pudo aplicar en sus dos años de gestión, especialmente la “Reparación Histórica”. Esta ley redujo los recursos de ANSEdestinará a las provincias que no transfirieron sus aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). También la ley abrió la posibilidad de vender los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, lo que de concretarse dejaría sin espalda al sistema previsional ante eventuales crisis.
En forma inmediata, la “Reparación” se lanzó con el fin de terminar con los juicios por jubilaciones, poner fin a las moratorias que permitieron hasta ahora jubilarse a mucha gente que no llegaba con los aportes necesarios, y tender a una renta universal más baja que la mínima. Concretamente, la idea era que quienes aceptaran la “reparación histórica” terminaran recibiendo menos recursos que los que deberían cobrar según los dictámenes de la justicia.
Los trabajadores de hoy, los jubilados del futuro
Si en la actualidad el sistema jubilatorio “no da para más” es principalmente por la miseria que reciben actualmente los jubilados y pensionados. En marzo de este año, después de la Reparación Histórica, el 65% de los 6,8 millones de beneficios estaba en el haber mínimo jubilatorio (hoy de $7.245,37) según el Ministerio de Trabajo, mientras que el 88% se encontraba por debajo de la Canasta de los jubilados.
Las medidas de recorte del gobierno sólo apuntan a empeorar esta drástica situación. La propia Universidad Católica Argentina señala la pobreza que atraviesa a los adultos mayores. Los ajustes señalados arriba recaen no sólo sobre los actuales adultos mayores, sino especialmente a toda la masa de trabajadores activos en la actualidad, a quienes el gobierno pretende imponer una profunda flexibilización laboral pero también la extensión de esta precarización de la vida por más tiempo y con peores condiciones a futuro.
Por ello el enfrentamiento a las medidas de ajuste debe ser “en toda la línea”: Rechazar de conjunto la (contra) reforma laboral y tributaria, que el macrismo apunta a hacer avanzar en estas semanas mediante la negociación “punto por punto” que avala la burocracia de la CGT. Y también prepararse para enfrentar las medidas regresivas que se vienen con la reforma jubilatoria.
El desarrollo de la técnica ya permite terminar con la precarización y la flexibilización laboral, alcanzar un salario mínimo que cubra la canasta familiar y un haber jubilatorio que cubra la Canasta de jubilados así como el 82% móvil del último salario para los jubilados. Lejos de reducirlas, una medida urgente para evitar el desfinanciamiento de las jubilaciones es restituir las contribuciones patronales a los niveles previos a las reformas de los años ´90.
Es necesario apostar a un programa integral desde y para la clase trabajadora, activa y pasiva, es decir, un conjunto de medidas que defiendan "nuestra vida" atacando la ganancia de los capitalistas. Esas son las banderas a levantar en oposición a las contrarreformas del gobierno.
Lucía Ruiz
Economista
Los Estados nacionales y sus poderes relativos en la economía mundial
Una vez regresado de Nueva York el Presidente Mauricio Macri, EEUU informó oficialmente sobre las restricciones al ingreso del biodiesel argentino a su territorio. Algo similar hizo Europa en el 2013 y motivó demandas ante organismos internacionales que otorgaron la razón a la Argentina 4 años después.
Macri estaba en busca de inversores externos en EEUU y la realidad de la economía mundial le devuelve más problemas a la situación externa de la economía Argentina, ya que los aranceles superiores al 70%, establecido en Washington para el biodiesel argentino, frenan exportaciones por 1.200 millones de dólares y contribuyen al incremento del elevado déficit comercial del país, que se proyecta cercano a los 6.000 millones de dólares para el 2017. Un déficit que exige ingreso de divisas a cualquier costo.
El argumento estadounidense es que la Argentina subsidia a los exportadores de la agro-energía y perjudica al complejo agro energético en su territorio, por lo que sugieren aplicar retenciones a las exportaciones, sugiriendo guarismos en torno al 27%, algo que estaría a contramano de la “ideología” del equipo gobernante. Recordemos que una de las primeras medidas al asumir Macri en diciembre del 2015 se concentró en la eliminación y/o reducción de las retenciones a las exportaciones.
Ahora, el país llevará el tema a los organismos internacionales para obtener un laudo favorable en 3 o cuatro años. Las normas internacionales postergan decisiones que la lógica de la competencia capitalista dirime a favor de la Argentina y su modelo productivo agroindustrial, que no puede ser sostenido desde la debilidad relativa del Estado capitalista local ante otros con más poder, no solo económico, sino militar y cultural.
Es el precio del menor peso relativo de los Estados nacionales de la periferia capitalista. Aun con tecnología de punta en la agroindustria y la subordinación a la transnacionalización de la producción, el peso del Estado capitalista en la Argentina es reiteradamente subordinado a la lógica del poder mundial, sea de EEUU o de Europa Unida, o cualquiera de los países o bloques que disputa la hegemonía del capitalismo mundial.
Queda claro el pragmatismo “proteccionista” estadounidense (ayer europeo), que no le impide la formulación discursiva de la lógica “aperturista”, tal como ratificó en estas horas el acuerdo entre China y EEUU para liberalizar el sistema financiero del gigante asiático. Suscripto ante la presencia de Donald Trump en Beiging, se habilita el ingreso de la banca estadounidense o mundial a la posibilidad de adquirir paquetes accionarios de la banca china. Gradualmente se podrá adquirir paquetes accionarios de la banca china por capitales externos.
Los gobernantes del capitalismo desarrollado pueden actuar en simultáneo con un discurso contradictorio, de apertura y/o de protección, derivado en su capacidad relativa para intervenir en uno u otro sentido. Es algo que en mucha menor medida pueden realizar Estados nacionales de menor peso relativo, para el caso la Argentina.
Cada Estado nacional defiende sus intereses locales y en la disputa por un lugar en el sistema mundial. EEUU protege la producción local estadounidense y establece reglas que restringen el ingreso de la producción externa, p.e. de la Argentina, al tiempo que empujan la liberalización en otros países para favorecer el ingreso de sus productos y capitales.
En rigor, es lo que intentan todos los Estados nacionales y en función de sus tamaños relativos y su poder real es que pueden tener éxito en sus propósitos o no.
Las empresas transnacionales acumulan capital y capacidad de dominación articulando con el poder negociador de los Estados nacionales en donde originaron su potencial de acumulación económico. Se trata de una relación dialéctica entre acumulación de capitales privados y desarrollo del Estado capitalista en cada país.
Como trasfondo operan los acuerdos bilaterales y multilaterales en organismos internacionales y tratados regionales o globales. Trump dice privilegiar ahora los bilaterales desde una concepción “First America” mientras China sustenta la “globalización” y Argentina, anfitrión de la OMC en diciembre próximo promueve un librecambio ideologizado y alienta desde el Mercosur el asimétrico acuerdo con la Unión Europea.
Necesidad de financiar el déficit
Los problemas externos de la economía local demandan financiamiento y el ingreso de capital de préstamos es lo que está lubricando la economía en la Argentina. Es algo que escamotea problemas estructurales y al mismo tiempo contribuye a generar un clima social de evolución favorable de la economía local. Sin duda, es uno de los aspectos que interviene en el consenso electoral a la propuesta del oficialismo.
Argentina tiene el récord de endeudamiento entre los países emergentes para los años 2016 y 2017 por encima de China, México u otros tomadores de deuda en el mercado mundial. El stock de deuda del Estado argentino supera los 300.000 millones de dólares, casi un 60% de un PBI estimado en 550.000 millones de dólares y reservas internacionales por 50.000 millones de dólares.
El problema del stock de la deuda deviene de los compromisos de intereses anuales que devenga, ya que el capital se renueva recurrentemente y acrecienta la exigencia de cancelación de intereses, limitando el gasto público social para atender derechos, caso de educación o salud. Como en otras ocasiones de la historia local, los intereses de la deuda superan el presupuesto de educación y salud en conjunto. Un dato no menor está expresado en la tendencia al alza de la tasa de interés mundial empujada por la Reserva Federal de EEUU.
Junto a la deuda asumida por el Estado nacional e incluso las provincias, preocupa la creciente deuda asumida por el BCRA con la colocación de sus letras, las LEBAC. Estas se explican como instrumento anti inflacionario y más allá de su discutido éxito para una inflación superior al 20% para todo el año 2017, las LEBAC constituyen un mecanismo oneroso para el Estado que compite en el uso de la masa de dinero disponible para el crédito privado.
Veamos. El stock de LEBAC supera el billón de pesos y el total del crédito privado, según el BCRA alcanza a menos de 1,5 billones de pesos. A fines del 2015 el stock de LEBAC era de 300.000 millones de pesos, por lo que se multiplicaron por más de tres veces y pagan tasas gigantescas. Ese nivel de endeudamiento a elevadas tasas de interés, que esta semana volvieron a subir al 28,75% y negociaciones en el mercado secundario en torno al 30%, suponen un costo financiero muy importante para el sector público.
El BCRA es un gran captador de recursos y compite con otros demandantes de préstamos, que ante esas elevadas tasas prefieren postergar cualquier decisión productiva y privilegiar incluso opciones de tipo especulativo. Así, la economía argentina privilegia el sector especulativo financiero a contramano de la predica oficial por la recomposición de la actividad productiva a estimular con inversión productiva extranjera.
La política económica del Estado local está financiada con el ingreso de capital de préstamo que además favorece la fuga de capitales, sea por cancelaciones de los vencimientos de capital de deuda; por crecientes remesas de utilidades al exterior y saldo negativo de la balanza de turismo; sin perjuicio de otros mecanismos relativos a cuentas y empresas en el extranjero que involucran a principales funcionarios del gobierno nacional.
El FMI avala el ajuste y la reforma regresiva. ¿Cómo contra argumentar?
Lo explicitado son las razones del ajuste propiciado desde el gobierno y la batería de reformas reaccionarias en materia laboral, previsional o tributaria. Argumento coincidente con el balance de la misión del FMI sobre las cuentas argentinas. Dice el FMI que el rumbo es el correcto pero que hay que acelerar las “reformas” y bajar el déficit fiscal y comercial profundizando las medidas anunciadas desde el Poder Ejecutivo.
Más allá del debate y los consensos que puedan lograrse con gobernadores y parlamentarios; empresarios y dirigentes sindicales, la sociedad necesita discutir el orden socio económico y sus formas de financiamiento. Un desafío es que no solo actúe la iniciativa ideológica política del poder sobre la población. La propaganda del discurso oficial y el accionar de la prensa tradicional multimedia que habla al 42% del consenso electoral se transforman en “sentido común” favorable al único camino posible para resolver la cotidianeidad.
Necesitamos confrontar con ese diagnóstico gestando por la asociación entre el discurso oficial y la brega mediática mayoritaria, instalando que el presente de ajuste se deriva de la situación del paso reciente y es el único camino posible para un futuro de expectativas. Esto supone discutir el pasado, el presente y el futuro, que involucra una sustancial discusión sobre y contra el capitalismo imperante.
Los capitales asociados a la producción del vino o la cerveza presionan para evitar impuestos sobre sus productos. Lo mismo hace la Coco Cola, quien actúa sobre sus proveedores de jugos para incidir sobre el gobierno y limitar la pretensión tributaria. La transnacional amenaza con parar inversiones por 1.000 millones de dólares si prospera el impuesto sobre las aguas azucaradas.
Esa presión empresaria incluye el lobby sobre los consumidores, generando opinión pública, algo que no ocurre sobre aspectos esenciales de la tributación, tal como eliminar el impuesto a las ganancias sobre los salarios; o definir una estructura progresiva de los tributos. Desde los trabajadores se protesta contra la regresividad impositiva y se enfrenta la articulada acción de los capitales y el Estado, que buscan en la sociedad una opinión pública en defensa de los intereses empresarios en desmedro de derechos sociales para la mayoría de la sociedad.
Por eso, ¿con que discurso discutimos el régimen tributario y su impacto en el modelo productivo y de desarrollo? ¿Cómo explicitar que la reforma laboral es precarización del empleo? ¿Cómo discutir el régimen previsional y el deseo de profundizar el deterioro de los ingresos de jubilados y jubiladas con las reformas al régimen de actualización?
Empezar a desarrollar argumentos críticos al discurso oficial e instalar una perspectiva anticapitalista constituye un desafío para el movimiento popular.
Julio C. Gambina
Macri estaba en busca de inversores externos en EEUU y la realidad de la economía mundial le devuelve más problemas a la situación externa de la economía Argentina, ya que los aranceles superiores al 70%, establecido en Washington para el biodiesel argentino, frenan exportaciones por 1.200 millones de dólares y contribuyen al incremento del elevado déficit comercial del país, que se proyecta cercano a los 6.000 millones de dólares para el 2017. Un déficit que exige ingreso de divisas a cualquier costo.
El argumento estadounidense es que la Argentina subsidia a los exportadores de la agro-energía y perjudica al complejo agro energético en su territorio, por lo que sugieren aplicar retenciones a las exportaciones, sugiriendo guarismos en torno al 27%, algo que estaría a contramano de la “ideología” del equipo gobernante. Recordemos que una de las primeras medidas al asumir Macri en diciembre del 2015 se concentró en la eliminación y/o reducción de las retenciones a las exportaciones.
Ahora, el país llevará el tema a los organismos internacionales para obtener un laudo favorable en 3 o cuatro años. Las normas internacionales postergan decisiones que la lógica de la competencia capitalista dirime a favor de la Argentina y su modelo productivo agroindustrial, que no puede ser sostenido desde la debilidad relativa del Estado capitalista local ante otros con más poder, no solo económico, sino militar y cultural.
Es el precio del menor peso relativo de los Estados nacionales de la periferia capitalista. Aun con tecnología de punta en la agroindustria y la subordinación a la transnacionalización de la producción, el peso del Estado capitalista en la Argentina es reiteradamente subordinado a la lógica del poder mundial, sea de EEUU o de Europa Unida, o cualquiera de los países o bloques que disputa la hegemonía del capitalismo mundial.
Queda claro el pragmatismo “proteccionista” estadounidense (ayer europeo), que no le impide la formulación discursiva de la lógica “aperturista”, tal como ratificó en estas horas el acuerdo entre China y EEUU para liberalizar el sistema financiero del gigante asiático. Suscripto ante la presencia de Donald Trump en Beiging, se habilita el ingreso de la banca estadounidense o mundial a la posibilidad de adquirir paquetes accionarios de la banca china. Gradualmente se podrá adquirir paquetes accionarios de la banca china por capitales externos.
Los gobernantes del capitalismo desarrollado pueden actuar en simultáneo con un discurso contradictorio, de apertura y/o de protección, derivado en su capacidad relativa para intervenir en uno u otro sentido. Es algo que en mucha menor medida pueden realizar Estados nacionales de menor peso relativo, para el caso la Argentina.
Cada Estado nacional defiende sus intereses locales y en la disputa por un lugar en el sistema mundial. EEUU protege la producción local estadounidense y establece reglas que restringen el ingreso de la producción externa, p.e. de la Argentina, al tiempo que empujan la liberalización en otros países para favorecer el ingreso de sus productos y capitales.
En rigor, es lo que intentan todos los Estados nacionales y en función de sus tamaños relativos y su poder real es que pueden tener éxito en sus propósitos o no.
Las empresas transnacionales acumulan capital y capacidad de dominación articulando con el poder negociador de los Estados nacionales en donde originaron su potencial de acumulación económico. Se trata de una relación dialéctica entre acumulación de capitales privados y desarrollo del Estado capitalista en cada país.
Como trasfondo operan los acuerdos bilaterales y multilaterales en organismos internacionales y tratados regionales o globales. Trump dice privilegiar ahora los bilaterales desde una concepción “First America” mientras China sustenta la “globalización” y Argentina, anfitrión de la OMC en diciembre próximo promueve un librecambio ideologizado y alienta desde el Mercosur el asimétrico acuerdo con la Unión Europea.
Necesidad de financiar el déficit
Los problemas externos de la economía local demandan financiamiento y el ingreso de capital de préstamos es lo que está lubricando la economía en la Argentina. Es algo que escamotea problemas estructurales y al mismo tiempo contribuye a generar un clima social de evolución favorable de la economía local. Sin duda, es uno de los aspectos que interviene en el consenso electoral a la propuesta del oficialismo.
Argentina tiene el récord de endeudamiento entre los países emergentes para los años 2016 y 2017 por encima de China, México u otros tomadores de deuda en el mercado mundial. El stock de deuda del Estado argentino supera los 300.000 millones de dólares, casi un 60% de un PBI estimado en 550.000 millones de dólares y reservas internacionales por 50.000 millones de dólares.
El problema del stock de la deuda deviene de los compromisos de intereses anuales que devenga, ya que el capital se renueva recurrentemente y acrecienta la exigencia de cancelación de intereses, limitando el gasto público social para atender derechos, caso de educación o salud. Como en otras ocasiones de la historia local, los intereses de la deuda superan el presupuesto de educación y salud en conjunto. Un dato no menor está expresado en la tendencia al alza de la tasa de interés mundial empujada por la Reserva Federal de EEUU.
Junto a la deuda asumida por el Estado nacional e incluso las provincias, preocupa la creciente deuda asumida por el BCRA con la colocación de sus letras, las LEBAC. Estas se explican como instrumento anti inflacionario y más allá de su discutido éxito para una inflación superior al 20% para todo el año 2017, las LEBAC constituyen un mecanismo oneroso para el Estado que compite en el uso de la masa de dinero disponible para el crédito privado.
Veamos. El stock de LEBAC supera el billón de pesos y el total del crédito privado, según el BCRA alcanza a menos de 1,5 billones de pesos. A fines del 2015 el stock de LEBAC era de 300.000 millones de pesos, por lo que se multiplicaron por más de tres veces y pagan tasas gigantescas. Ese nivel de endeudamiento a elevadas tasas de interés, que esta semana volvieron a subir al 28,75% y negociaciones en el mercado secundario en torno al 30%, suponen un costo financiero muy importante para el sector público.
El BCRA es un gran captador de recursos y compite con otros demandantes de préstamos, que ante esas elevadas tasas prefieren postergar cualquier decisión productiva y privilegiar incluso opciones de tipo especulativo. Así, la economía argentina privilegia el sector especulativo financiero a contramano de la predica oficial por la recomposición de la actividad productiva a estimular con inversión productiva extranjera.
La política económica del Estado local está financiada con el ingreso de capital de préstamo que además favorece la fuga de capitales, sea por cancelaciones de los vencimientos de capital de deuda; por crecientes remesas de utilidades al exterior y saldo negativo de la balanza de turismo; sin perjuicio de otros mecanismos relativos a cuentas y empresas en el extranjero que involucran a principales funcionarios del gobierno nacional.
El FMI avala el ajuste y la reforma regresiva. ¿Cómo contra argumentar?
Lo explicitado son las razones del ajuste propiciado desde el gobierno y la batería de reformas reaccionarias en materia laboral, previsional o tributaria. Argumento coincidente con el balance de la misión del FMI sobre las cuentas argentinas. Dice el FMI que el rumbo es el correcto pero que hay que acelerar las “reformas” y bajar el déficit fiscal y comercial profundizando las medidas anunciadas desde el Poder Ejecutivo.
Más allá del debate y los consensos que puedan lograrse con gobernadores y parlamentarios; empresarios y dirigentes sindicales, la sociedad necesita discutir el orden socio económico y sus formas de financiamiento. Un desafío es que no solo actúe la iniciativa ideológica política del poder sobre la población. La propaganda del discurso oficial y el accionar de la prensa tradicional multimedia que habla al 42% del consenso electoral se transforman en “sentido común” favorable al único camino posible para resolver la cotidianeidad.
Necesitamos confrontar con ese diagnóstico gestando por la asociación entre el discurso oficial y la brega mediática mayoritaria, instalando que el presente de ajuste se deriva de la situación del paso reciente y es el único camino posible para un futuro de expectativas. Esto supone discutir el pasado, el presente y el futuro, que involucra una sustancial discusión sobre y contra el capitalismo imperante.
Los capitales asociados a la producción del vino o la cerveza presionan para evitar impuestos sobre sus productos. Lo mismo hace la Coco Cola, quien actúa sobre sus proveedores de jugos para incidir sobre el gobierno y limitar la pretensión tributaria. La transnacional amenaza con parar inversiones por 1.000 millones de dólares si prospera el impuesto sobre las aguas azucaradas.
Esa presión empresaria incluye el lobby sobre los consumidores, generando opinión pública, algo que no ocurre sobre aspectos esenciales de la tributación, tal como eliminar el impuesto a las ganancias sobre los salarios; o definir una estructura progresiva de los tributos. Desde los trabajadores se protesta contra la regresividad impositiva y se enfrenta la articulada acción de los capitales y el Estado, que buscan en la sociedad una opinión pública en defensa de los intereses empresarios en desmedro de derechos sociales para la mayoría de la sociedad.
Por eso, ¿con que discurso discutimos el régimen tributario y su impacto en el modelo productivo y de desarrollo? ¿Cómo explicitar que la reforma laboral es precarización del empleo? ¿Cómo discutir el régimen previsional y el deseo de profundizar el deterioro de los ingresos de jubilados y jubiladas con las reformas al régimen de actualización?
Empezar a desarrollar argumentos críticos al discurso oficial e instalar una perspectiva anticapitalista constituye un desafío para el movimiento popular.
Julio C. Gambina
Una Argentina offshore que sale a la luz
Nuevas revelaciones acerca de los manejos financieros de la cúpula empresaria en la oscuridad
La presencia argentina entre los titulares de cuentas en guaridas fiscales está dominada por representantes de la cúpula empresaria. Los datos publicados por el ICIJ confirman la trama revelada en Argenpapers, de reciente publicación.
Como sucedió con los Panama Papers, las presencias locales en la nueva megafiltración de 13,4 millones de documentos secretos del mundo offshore están dominadas por representantes de la cúpula empresaria nacional. El dueño de Pampa Energía, Edenor, Iecsa y Petrobras, Marcelo Mindlin, figura entre los archivos al frente de una offshore en las Islas Caimán que fue utilizada para adquirir activos en Argentina por 302 millones de dólares. El presidente del Banco Hipotecario, la desarrolladora inmobiliaria IRSA y el gigante agropecuario Cresud, Eduardo Elsztain, emerge como titular de sociedades y fideicomisos en Bermudas y la Isla de Man. Una tercera aparición corporativa es la del fundador de Mercado Libre, Marcos Galperín, que recurrió a una firma en las Islas Vírgenes Británicas para realizar inversiones agropecuarias. Una parte de los negocios offshore del dúo Mindlin y Elzstain figura entre los Panamá Papers. Las revelaciones estuvieron a cargo de los periodistas de los diarios Perfil y La Nación que accedieron a las bases de datos administradas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
La principal fuente para las maniobras financieras y comerciales abusivas canalizadas a través de la red global de guaridas fiscales son los actores económicos privados. Las grandes compañías y sus dueños explican el 63 por ciento de los flujos financieros ilícitos mientras que el restante 37 por ciento se origina en actividades estrictamente criminales. Los flamantes Paradise Papers corroboran las estimaciones realizadas por Global Financial Integrity.
Los nombres que expone la nueva filtración son una constante del mundo offshore. El libro Argenpapers: Los secretos de la Argentina offshore en los Panamá Papers identifica 135 sociedades offshore controladas por 74 grandes empresarios, políticos, abogados y futbolistas en 17 guaridas fiscales. Mindlin y Elsztain aparecen en ese listado como titulares un grupo de empresas radicadas en guaridas fiscales que realizan inversiones inmobiliarias en Venezuela entre 1996 y 1997. En la operación, sostuvo Elsztain, participó el magnate George Soros cuya fundación Open Society Foundations es una de las financistas del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) que dio a conocer los Panamá Papers y los Paradise Papers. Entre los archivos de Mossack Fonseca figuran las actas de una asamblea de accionistas del Fondo de Valores Inmobiliarios venezolano donde Elsztain se presenta como representante de tres empresas offshore. Dos fueron instaladas en Islas Vírgenes Británicas, IRSA International Limited y Quantum Industrial Partners. La tercera es Geosor Corporation domiciliada en Estados Unidos. Mindlin, por su parte, figura en ese documento en representación de la empresa Emerging Dolphin Limited, una sociedad establecida de acuerdo con las leyes de la Isla de Man. Quien también fue identificado en Argenpapers es su socio, el magnate británico y terrateniente patagónico Joseph Lewis, con dos offshore bahameñas llamadas Lago Escondido Inc y Lago Escondido Corp.
La investigación publicada ayer por la periodista Emilia Delfino en Perfil reveló que entre los Paradise Papers, la nueva megafiltración, figura la ingeniería financiera offshore diseñada para que Mindlin adquiriera en 2011 las eléctricas de San Luis (Edesal), La Rioja (Edelar) y Salta (Edesa) así como la distribuidora Eden, que operaba en el norte y el centro de la provincia de Buenos Aires. Pampa Inversiones SA en Uruguay, Inversiones Argentina I en Islas Caimán fueron las empresas montadas para la ocasión por la firma de abogados Appleby. En el caso de Elsztain se identificaron una serie de fondos donde fue accionista como Latin America Capital Partners II LP radicado en las Bermudas y Realty Partners Master Fund LP. Ambos empresarios, Mindlin y Elsztain, aparecen vinculados al Dolphin Global Fund registrado en la Isla de Man con activos por 400 millones de dólares.
La tercera presencia es la de Galperín que figura como como uno de los beneficiarios finales de una offshore de Islas Vírgenes Británicas creada para invertir millones de dólares en una de las diez empresas de producción de granos más importantes del país: El Tejar. La offshore Sur Capital Managers Land Investments Limited se creó el 9 de agosto de 2007. Junto al empresario que se convirtió en el abanderado de los reclamos de condiciones laboral más flexibles, el diario Perfil identificó a otros tres beneficiarios: Patricio Gómez Sabaini (director suplente de Cablevisión Holding SA en diciembre 2016 y accionista de GSC Asesores SRL); Juan Ignacio Cosentino (accionista de GSC Asesores SRL, quien figura además como director y responsable financiero de Sur Capital), y la sociedad Mendala SA.
El trío de empresarios argentinos presentes en los Paradise Papers se sumó al listado que comenzó a esbozarse una semana atrás con las presencias en guaridas fiscales de dos ministros del gobierno de Mauricio Macri: Luis Caputo, de Finanzas, y Juan José Aranguren, de Energía. No es casualidad que ambos provengan de grandes multinacionales como Deutsche Bank y Shell, respectivamente. En el registro nacional de los Paradise Papers difundido hasta el momento figuran además Antonio de la Rúa, Alan Faena, Ignacio Rosner y la minera Glencore.
La riqueza offshore de los argentinos representa entre 40 y 80 por ciento del PBI, dependiendo de las estimaciones. Argentina se ubica, en cualquier caso, dentro de los cinco países del mundo con mayor presencia en paraísos fiscales en relación a su producto. Un estudio realizado por los especialistas de Tax Justice Network revela que la pérdida de ingresos fiscales en el país como consecuencia de las técnicas de evasión utilizadas por las grandes corporaciones asciende a 4,4 por ciento del PIB, una medida que sólo superan Zambia, Guyana, Chad, Malta, Pakistán, Islas Camorras y Guinea. Las consecuencias exceden sin embargo a la recaudación; la fuga de capitales canalizada a través mundo offshore es una fuente permanente de inestabilidad económica.
Tomás Lukin
Página/12
La presencia argentina entre los titulares de cuentas en guaridas fiscales está dominada por representantes de la cúpula empresaria. Los datos publicados por el ICIJ confirman la trama revelada en Argenpapers, de reciente publicación.
Como sucedió con los Panama Papers, las presencias locales en la nueva megafiltración de 13,4 millones de documentos secretos del mundo offshore están dominadas por representantes de la cúpula empresaria nacional. El dueño de Pampa Energía, Edenor, Iecsa y Petrobras, Marcelo Mindlin, figura entre los archivos al frente de una offshore en las Islas Caimán que fue utilizada para adquirir activos en Argentina por 302 millones de dólares. El presidente del Banco Hipotecario, la desarrolladora inmobiliaria IRSA y el gigante agropecuario Cresud, Eduardo Elsztain, emerge como titular de sociedades y fideicomisos en Bermudas y la Isla de Man. Una tercera aparición corporativa es la del fundador de Mercado Libre, Marcos Galperín, que recurrió a una firma en las Islas Vírgenes Británicas para realizar inversiones agropecuarias. Una parte de los negocios offshore del dúo Mindlin y Elzstain figura entre los Panamá Papers. Las revelaciones estuvieron a cargo de los periodistas de los diarios Perfil y La Nación que accedieron a las bases de datos administradas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
La principal fuente para las maniobras financieras y comerciales abusivas canalizadas a través de la red global de guaridas fiscales son los actores económicos privados. Las grandes compañías y sus dueños explican el 63 por ciento de los flujos financieros ilícitos mientras que el restante 37 por ciento se origina en actividades estrictamente criminales. Los flamantes Paradise Papers corroboran las estimaciones realizadas por Global Financial Integrity.
Los nombres que expone la nueva filtración son una constante del mundo offshore. El libro Argenpapers: Los secretos de la Argentina offshore en los Panamá Papers identifica 135 sociedades offshore controladas por 74 grandes empresarios, políticos, abogados y futbolistas en 17 guaridas fiscales. Mindlin y Elsztain aparecen en ese listado como titulares un grupo de empresas radicadas en guaridas fiscales que realizan inversiones inmobiliarias en Venezuela entre 1996 y 1997. En la operación, sostuvo Elsztain, participó el magnate George Soros cuya fundación Open Society Foundations es una de las financistas del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) que dio a conocer los Panamá Papers y los Paradise Papers. Entre los archivos de Mossack Fonseca figuran las actas de una asamblea de accionistas del Fondo de Valores Inmobiliarios venezolano donde Elsztain se presenta como representante de tres empresas offshore. Dos fueron instaladas en Islas Vírgenes Británicas, IRSA International Limited y Quantum Industrial Partners. La tercera es Geosor Corporation domiciliada en Estados Unidos. Mindlin, por su parte, figura en ese documento en representación de la empresa Emerging Dolphin Limited, una sociedad establecida de acuerdo con las leyes de la Isla de Man. Quien también fue identificado en Argenpapers es su socio, el magnate británico y terrateniente patagónico Joseph Lewis, con dos offshore bahameñas llamadas Lago Escondido Inc y Lago Escondido Corp.
La investigación publicada ayer por la periodista Emilia Delfino en Perfil reveló que entre los Paradise Papers, la nueva megafiltración, figura la ingeniería financiera offshore diseñada para que Mindlin adquiriera en 2011 las eléctricas de San Luis (Edesal), La Rioja (Edelar) y Salta (Edesa) así como la distribuidora Eden, que operaba en el norte y el centro de la provincia de Buenos Aires. Pampa Inversiones SA en Uruguay, Inversiones Argentina I en Islas Caimán fueron las empresas montadas para la ocasión por la firma de abogados Appleby. En el caso de Elsztain se identificaron una serie de fondos donde fue accionista como Latin America Capital Partners II LP radicado en las Bermudas y Realty Partners Master Fund LP. Ambos empresarios, Mindlin y Elsztain, aparecen vinculados al Dolphin Global Fund registrado en la Isla de Man con activos por 400 millones de dólares.
La tercera presencia es la de Galperín que figura como como uno de los beneficiarios finales de una offshore de Islas Vírgenes Británicas creada para invertir millones de dólares en una de las diez empresas de producción de granos más importantes del país: El Tejar. La offshore Sur Capital Managers Land Investments Limited se creó el 9 de agosto de 2007. Junto al empresario que se convirtió en el abanderado de los reclamos de condiciones laboral más flexibles, el diario Perfil identificó a otros tres beneficiarios: Patricio Gómez Sabaini (director suplente de Cablevisión Holding SA en diciembre 2016 y accionista de GSC Asesores SRL); Juan Ignacio Cosentino (accionista de GSC Asesores SRL, quien figura además como director y responsable financiero de Sur Capital), y la sociedad Mendala SA.
El trío de empresarios argentinos presentes en los Paradise Papers se sumó al listado que comenzó a esbozarse una semana atrás con las presencias en guaridas fiscales de dos ministros del gobierno de Mauricio Macri: Luis Caputo, de Finanzas, y Juan José Aranguren, de Energía. No es casualidad que ambos provengan de grandes multinacionales como Deutsche Bank y Shell, respectivamente. En el registro nacional de los Paradise Papers difundido hasta el momento figuran además Antonio de la Rúa, Alan Faena, Ignacio Rosner y la minera Glencore.
La riqueza offshore de los argentinos representa entre 40 y 80 por ciento del PBI, dependiendo de las estimaciones. Argentina se ubica, en cualquier caso, dentro de los cinco países del mundo con mayor presencia en paraísos fiscales en relación a su producto. Un estudio realizado por los especialistas de Tax Justice Network revela que la pérdida de ingresos fiscales en el país como consecuencia de las técnicas de evasión utilizadas por las grandes corporaciones asciende a 4,4 por ciento del PIB, una medida que sólo superan Zambia, Guyana, Chad, Malta, Pakistán, Islas Camorras y Guinea. Las consecuencias exceden sin embargo a la recaudación; la fuga de capitales canalizada a través mundo offshore es una fuente permanente de inestabilidad económica.
Tomás Lukin
Página/12
domingo, 12 de noviembre de 2017
sábado, 11 de noviembre de 2017
Un pacto contra los trabajadores y jubilados
La presencia de los jefes de la CGT y los gobernadores en la presentación del “plan de guerra” de Macri contra trabajadores, jubilados y las provincias ha sido mucho más que un acto ceremonial. En estas horas, todos ellos avanzan junto al gobierno en la aprobación de este paquete reaccionario, cuyo núcleo, naturalmente, se encuentra en la reforma laboral.
El diario Ambito Financiero de este lunes alude a “un rápido acuerdo entre el gobierno y la CGT”, y detalla con pelos y señales la hoja de ruta de ese acuerdo. A pedido de la burocracia, el gobierno aceptaría modificar en su proyecto la redacción que presenta al “trabajo” como una “cooperación igualitaria” entre obreros y patrones -lo que aportaría la letra para que la Justicia laboral descarte cualquier principio compensatorio favorable al trabajador. Si el gobierno cede en este punto, es porque al mismo tiempo prepara una purga contra los actuales jueces laborales, para volcar a este fuero a resoluciones abiertamente propatronales sin necesidad de un cambio en la norma. Adicionalmente, el gobierno podría ceder en los plazos para la prescripción de los juicios laborales, que el proyecto original pretende acortar. La CGT podría “conseguir” también que se modifique el cronograma de reducción de los aportes patronales, en un marco general de apoyo a este amplio perdón a los empresarios. A cambio de estos cambios menores, la burocracia dejará pasar el corazón de la reforma, entre otros puntos, el recorte sustancial de las indemnizaciones, en cuyo cómputo no entrarían las horas extras, premios y otros beneficios, así como la puerta abierta a “fondos voluntarios” donde el trabajador termine pagándose de su salario su propia indemnización. El gobierno tampoco cedería en la posibilidad de que un trabajador acepte un contrato individual inferior al de su convenio, así como la rienda suelta a que la tercerización de actividades se extienda sin responsabilidades de la empresa principal.
Moyano, quien tampoco ha cuestionado a la reforma en su conjunto, está pugnando para eximir al transporte de este punto. El gobierno, por ahora, lo extorsiona con posibles carpetazos.
La negociación con la burocracia, sin embargo, no ha empezado ahora. En las reuniones previas a la publicación del proyecto oficial, ya estaban trazadas las líneas de fondo del acuerdo. A cambio de dejar pasar la andanada de medidas flexibilizadoras, la burocracia se llevaba dos cuestiones sustanciales: primero, la preservación del unicato sindical, que el gobierno ha salido a refrendar con una escalada contra los sindicatos simplemente inscriptos. Segundo, la creación de una “agencia evaluadora” de las prestaciones en las obras sociales, cuya misión será la de restringir los tratamientos más costosos y complejos. De este modo, el gobierno de la “anticorrupción” permitirá que la burocracia sindical le traslade a sus afiliados las costas del vaciamiento que perpetraron contra las obras sociales. Ese fue el acuerdo de fondo que la burocracia preparó, en todo el período previo, entregando conquistas fundamentales en varios convenios colectivos por gremio. La discusión de estos días es sólo la “letra fina” del acuerdo.
Gobernadores
Por cuerda separada, el gobierno también ha salido a asegurarse el acuerdo de los gobernadores y sus representantes parlamentarios, del Pejota, el FpV o el massismo. El anuncio simultáneo de todas las reformas -laboral, impositiva, jubilatoria- no ha sido casual. Las negociaciones en curso entrelazan a todas ellas, pero para sus participantes, el corazón de este paquete es la reforma laboral.
El gobierno, por eso, ya le adelantó a los lobbies capitalistas relacionados con la industria del vino u otras bebidas -y a los gobernadores o diputados asociados a ellos- su disposición a morigerar la carga de los impuestos internos anunciados con la reforma impositiva. La moneda de cambio será, naturalmente, el apoyo de todos ellos a la ley antiobrera en el Congreso. Del lado del gobierno, se va a compensar largamente esa concesión con otro mazazo -la modificación en el cálculo de los aumentos jubilatorios. La expresión política de este acuerdo de fondo no sólo involucra al massismo y al Pejota, sino que se extiende también al Frente para la Victoria. Alicia Kirchner, que estuvo presente en los anuncios del CCK, lleva adelante un brutal ajuste provincial en Santa Cruz en un acuerdo con el gobierno de Macri. En medio de semejante ofensiva, Cristina y los suyos han salido a invocar el “estado de derecho” en su propia defensa. Los que habían prometido ‘ponerle un freno’ al ajuste oscilan entre el desbande y la capitulación. En los antecedentes de flexibilización laboral “por gremio” se inscribe Atilra, cuya directiva se encuentra hegemonizada por la Corriente Federal del kirchnerismo.
El “plan de guerra” oficial ha servido para mostrar la completa sumisión al macrismo por parte de la oposición de cuño capitalista. Más allá de los roces menores con el gabinete, los mandantes de esa oposición, la UIA y la Asociación de Bancos han ordenado cerrar filas con el gobierno, en aras de imponer la reforma laboral.
Política de lucha
El cuadro que aquí presentamos destaca la responsabilidad del clasismo y de la izquierda para oponerle un programa (ver páginas centrales) y una política de lucha a este pacto en curso contra la clase obrera y sus conquistas históricas. Lo que tenemos planteado, en primer lugar, es un enérgico llamado a la deliberación en los lugares de trabajo y en todos los sindicatos, sobre los alcances de la reforma, sus implicancias en cada gremio y cómo la enfrentamos. Los Daer y compañía no tienen mandato para entregar, en la mesa de los ‘arreglos’ con el ministro Triaca, nuestros convenios colectivos, los derechos indemnizatorios, el salario y la estabilidad laboral. Junto al reclamo de asambleas en todas las organizaciones obreras, es necesario articular una política de movilización contra la parálisis y el pacto de los burócratas con el gobierno. La Coordinadora Sindical Clasista del Partido Obrero, que ha puesto en marcha una campaña contra la reforma antiobrera, ha comenzado una ronda de reuniones con sindicatos y centrales obreras para discutir un programa y una primera respuesta de lucha. La ofensiva oficial, y el compromiso de burócratas y seudoopositores con ella, abre un amplio terreno para sumar a los activistas y luchadores obreros a la pelea por una nueva dirección en los sindicatos y por una alternativa política de los trabajadores.
Marcelo Ramal
La investigación sobre el centro clandestino de La Matanza “Sheraton”
El centro clandestino “Sheraton”, que funcionó durante la última dictadura en la subcomisaría de Villa Insuperable,
Seis represores a juicio
El proceso comenzará el lunes con cuatro militares y dos ex policías como acusados. Se trata del centro clandestino que funcionó en la subcomisaría de Villa Insuperable y al que fue trasladado durante su cautiverio, entre otros, el guionista Héctor Oesterheld.
Cuatro militares y dos ex policías de la Bonaerense serán juzgados desde el lunes por delitos de lesa humanidad en el centro clandestino “Sheraton”, que funcionó durante la última dictadura en la subcomisaría de Villa Insuperable, en La Matanza, y al que fue trasladado durante su cautiverio el guionista Héctor Oesterheld. Apartado por problemas de salud el ex general Héctor Gamen (condenado a prisión perpetua por crímenes en Vesubio), los principales imputados son Rodolfo Enrique Godoy, ex segundo jefe del Grupo de Artillería Mecanizada 1 (GAM1) de Ciudadela, y el coronel (R) Manuel Antonio Luis Cunha Ferré, oficial de Inteligencia que tenía a su cargo “Sheraton”. Excepto Roberto Obdulio Godoy, preso en la cárcel de mujeres de Ezeiza, los acusados gozan de arresto domiciliario.
“Sheraton” funcionó entre diciembre de 1976 y abril de 1978 en la subcomisaría de Villa Insuperable, que dependía de la Comisaría 3ª de Villa Madero, bajo control de la Unidad Regional de Morón. Fue usada por el GAM1 para alojar ilegalmente y torturar a detenidos. El alojamiento principal, separado por una reja, fue el sector de calabozos, aunque también hubo secuestrados en la planta alta (lugar específico destinado a las torturas físicas), el patio y la propia entrada de la subcomisaría.
Los dos mayores responsables con procesamiento firme no llegaron a juicio. Gamen, de 92 años, fue segundo jefe de la Brigada de Infantería de la que dependía el GAM1. Juan Manuel Costa, que murió en 2014, fue subjefe de esa unidad militar hasta fines de 1977. Su reemplazante, que será juzgado a sus 80 años, fue Rodolfo Enrique Godoy, radicado en Mar del Plata. De ambos dependieron el entonces capitán Cunha Ferré, de 73 años, a quien la Cámara de Casación le otorgó el arresto domiciliario en septiembre, y el entonces mayor Roberto Obdulio Godoy. El cuarto militar es el coronel (R) José María Mainetti, en aquellos años teniente. Los ex policías son los ex titulares de la subcomisaría de Villa Insuperable, Leopoldo Luis Baume (82 años, de La Plata) y su reemplazante Juan Alfredo Battafarano (79 años, con arresto hogareño en el country Saint Thomas, en Esteban Echeverría).
Cunha Ferré, Roberto Godoy y Mainetti están acusados del homicidio de Carlos Alberto Hobert y Graciela María Maliandi el 17 de diciembre de 1976 en el marco de un operativo ilegal “intimamente ligado al Sheraton”, escribió el fiscal Federico Delgado en la elevación a juicio. Excepto Mainetti, el resto será juzgado por 18 secuestros agravados y ocho casos de tormentos.
Diez de las víctimas están desaparecidas: además de Oesterheld, Pablo Bernardo Szir, Luis Salvador Mercadal, Adela Esther Candela de Lanzillotti, Héctor Daniel Klosowski, Ana María Caruso, Roberto Eugenio Carri, Juan Marcelo Soler Guinard, Graciela Moreno y José Rubén Slavkin. Integran el Tribunal Oral Federal 1 los jueces José Michilini, Adrián Grumberg y Pablo Vega. La acusación estatal estará a cargo de la fiscal María Ángeles Ramos y las fiscales ad hoc María Saavedra y Marcela Obetko.
Página12
La economía nacional pendiente
La caracterización de la economía argentina radica en la necesidad de considerar su potencialidad efectiva en relación a su explotación real y en ese sentido su extensión territorial su dotación de recursos y su despareja distribución territorial, hacen pensar en la propuesta aun no definida de recrear un plan de desarrollo acorde a sus necesidades y a la inserción en el plano tanto regional como internacional.
Una Argentina a dos velocidades entre el desarrollo agroindustrial y otros sectores industriales -mas afectos al mercado interno- y cierta herencia de primor industrial en sectores claves dan una idea somera o de una base en común para prestar atención a la industrialización en el largo plazo capaz de sustituir bienes y así disminuir la necesidad de divisas externas diversificándose la matriz económica y de alentar en aquellos sectores donde el país puede dar una delantera en el mercado mundial.
Se debe contar –paralelamente– con un Estado proclive a este desarrollo capaz de orientar el crédito interno hacia esa función sin dejar de establecer un mercado interno de capitales y de fomentar los centros e institutos de investigación proclives a esta actividad localizados a lo largo del territorio nacional, tratando de imbricar Estado con Sector Privado pero sin dejar de lado la quizás necesaria creación de empresas industriales estatales en aquellos sectores donde los privados sean renuentes aun de desarrollarse.
Si bien el caso de Corea del Sur estuvo / está imbuido por cuestiones geopolíticas en relación a su largo desarrollo industrial previo pasado rural a partir de la década de los 60 existe un dato poco conocido y es que este país tomo varias lecciones de industrialización y estado industrial de la Argentina de aquellos tiempos.
La humilde experiencia de crecimiento industrial de la última década puede ser un puntapié para pensar en una propuesta extensa en el tiempo y en el espacio que pueda finalmente dar el estadio de desarrollo correspondiente y reducir en forma plena los todavía altos niveles de desempleo y pobreza estructural que afectan a delimitados espacios del país.
Un mercado interno de más de 40 millones de habitantes que son la 3ra economía latinoamericana no es un dato menor y de un contexto mundial donde re novadas geo potencias como China, Rusia, India y el Sudeste Asiático puede ser no solo destino de nuestras exportaciones, sino que podemos también intercambiar tecnología y así disminuir nuestra dependencia externa sobre el mundo occidental desarrollado.
Para ello no solo dependemos de una sólida estrategia que sea consensuada con todos los actores sino re direccionar los esfuerzos macroeconómicos dejando de ser solidos tomadores de deuda para financiar déficits comerciales fiscales y de cuenta corriente como la actual administración ha establecido y de implementar una política fiscal que aligera a los sectores concentrados y en favor de estos mismos afecta a los sectores medios y bajos de la sociedad imponiendo ajustes fiscales.
Las pequeñas y medianas empresas que son las generadoras netas del trabajo industrial deben ser las pioneras en este proceso radicando en el mercado interno y pudiendo establecer cierta internacionalización capaz de generar mayor valor agregado a la economía.
Los mitos construidos sobre las ventajas naturales allá por el siglo XIX fueron derribados por el caso de Japón país son recursos naturales que se ha convertido en potencia industrial a pesar de su trágica participación en el conflicto de la 2da Guerra Mundial, país casi sin espacio que concentra a más de 100.000.000 de habitantes que comenzó a copiar o a igualar productos occidentales para luego dar lugar a una producción de mayor competitividad tecnológica.
Los argentinos nos debemos un debate serio en lo que respecta a nuestro desarrollo a largo plazo que sea capaz de atravesar limitados periodos gubernamentales de lo contrario la agenda pendiente nublara nuestro destino de manera permanente.
Nunca es tarde mientras los actores propendan a pensar cuales son nuestras condiciones en función de un contexto mundial de tensiones geoeconómicas permanentes.
Ezequiel Beer. Geógrafo UBA y analista político.
Una Argentina a dos velocidades entre el desarrollo agroindustrial y otros sectores industriales -mas afectos al mercado interno- y cierta herencia de primor industrial en sectores claves dan una idea somera o de una base en común para prestar atención a la industrialización en el largo plazo capaz de sustituir bienes y así disminuir la necesidad de divisas externas diversificándose la matriz económica y de alentar en aquellos sectores donde el país puede dar una delantera en el mercado mundial.
Se debe contar –paralelamente– con un Estado proclive a este desarrollo capaz de orientar el crédito interno hacia esa función sin dejar de establecer un mercado interno de capitales y de fomentar los centros e institutos de investigación proclives a esta actividad localizados a lo largo del territorio nacional, tratando de imbricar Estado con Sector Privado pero sin dejar de lado la quizás necesaria creación de empresas industriales estatales en aquellos sectores donde los privados sean renuentes aun de desarrollarse.
Si bien el caso de Corea del Sur estuvo / está imbuido por cuestiones geopolíticas en relación a su largo desarrollo industrial previo pasado rural a partir de la década de los 60 existe un dato poco conocido y es que este país tomo varias lecciones de industrialización y estado industrial de la Argentina de aquellos tiempos.
La humilde experiencia de crecimiento industrial de la última década puede ser un puntapié para pensar en una propuesta extensa en el tiempo y en el espacio que pueda finalmente dar el estadio de desarrollo correspondiente y reducir en forma plena los todavía altos niveles de desempleo y pobreza estructural que afectan a delimitados espacios del país.
Un mercado interno de más de 40 millones de habitantes que son la 3ra economía latinoamericana no es un dato menor y de un contexto mundial donde re novadas geo potencias como China, Rusia, India y el Sudeste Asiático puede ser no solo destino de nuestras exportaciones, sino que podemos también intercambiar tecnología y así disminuir nuestra dependencia externa sobre el mundo occidental desarrollado.
Para ello no solo dependemos de una sólida estrategia que sea consensuada con todos los actores sino re direccionar los esfuerzos macroeconómicos dejando de ser solidos tomadores de deuda para financiar déficits comerciales fiscales y de cuenta corriente como la actual administración ha establecido y de implementar una política fiscal que aligera a los sectores concentrados y en favor de estos mismos afecta a los sectores medios y bajos de la sociedad imponiendo ajustes fiscales.
Las pequeñas y medianas empresas que son las generadoras netas del trabajo industrial deben ser las pioneras en este proceso radicando en el mercado interno y pudiendo establecer cierta internacionalización capaz de generar mayor valor agregado a la economía.
Los mitos construidos sobre las ventajas naturales allá por el siglo XIX fueron derribados por el caso de Japón país son recursos naturales que se ha convertido en potencia industrial a pesar de su trágica participación en el conflicto de la 2da Guerra Mundial, país casi sin espacio que concentra a más de 100.000.000 de habitantes que comenzó a copiar o a igualar productos occidentales para luego dar lugar a una producción de mayor competitividad tecnológica.
Los argentinos nos debemos un debate serio en lo que respecta a nuestro desarrollo a largo plazo que sea capaz de atravesar limitados periodos gubernamentales de lo contrario la agenda pendiente nublara nuestro destino de manera permanente.
Nunca es tarde mientras los actores propendan a pensar cuales son nuestras condiciones en función de un contexto mundial de tensiones geoeconómicas permanentes.
Ezequiel Beer. Geógrafo UBA y analista político.
El “ahora es cuando” del gobierno de Macri
Gradualismo acelerado
Macri llamó a centrarse en el futuro y en la generación de expectativas. El esquema es sencillo: república (democracia, transparencia, ciudadanía plena, eficiencia) vs. populismo (autoritarismo, corrupción, ciudadanos cautivos, ineficiencia).
El presidente Macri da muestras cotidianas de estar dispuesto a capitalizar el impacto de los resultados electorales del 22 de octubre pasado. No se habían terminado de computar los votos que ya había convocado a una amplia reunión para acordar lo que llamó los “Consensos Básicos” que facilitarán acelerar el gradualismo, tal como le piden los grandes capitalistas.
Ese acuerdo dio un primer paso bajo la forma de un monólogo presidencial con que el presidente apabulló a sus cuidadosamente seleccionados invitados -dirigentes empresariales, sindicales, judiciales, políticos y funcionarios- que en un número mayor a 150 se dieron cita el 30 de octubre en el Centro Cultural Kirchner (próximo a cambiar de nombre).
Filosofía barata (y zapatos Botticelli)
En el CCK, el presidente esbozó lo que puede ser una suerte de concepción filosófica de su gobierno: desterrar toda idea del pasado y dejar atrás los relatos historiográficos: el cambio de imagen en el papel moneda es una muestra no menor. Llamó a centrarse en el futuro y en la generación de expectativas. El esquema es sencillo: república (democracia, transparencia, ciudadanía plena, eficiencia) vs. populismo (autoritarismo, corrupción, ciudadanos cautivos, ineficiencia). Un pasado de decadencia frente a un futuro promisorio aunque indefinido. Apoyarse en la iniciativa privada, en el individualismo innovador, en el emprendedurismo. Llamó a “perder el miedo a los cambios y a dejar atrás los prejuicios”. El gobierno da así una disputa simbólico-cultural por el sentido de las cosas.
Los “Consensos Básicos” a los que convocó no lo son sobre un proyecto o modelo de país -se lo da por conocido y aceptado- sino sobre un conjunto de leyes y normas específicas con las que tomarían forma políticas de Estado de largo plazo. De alguna manera busca recuperar la lógica de los pequeños relatos propios de la década de los noventa.
Lo hemos dicho en notas anteriores: no hay que confundir consensos electorales con hegemonía política. Si la entendemos como la capacidad de una clase o fracción de clase de hacer valer como generales sus valores morales y culturales, si esa clase o fracción es capaz de conciliar en las diferencias los distintos antagonismos sociales, habrá entonces alcanzado la hegemonía.
Por ahora el macrismo la está disputando, el 2019 será un buen test.
Aprovechando el envión electoral
En el ínterin entre este presente cargado de un pasado que no pasa y el futuro esperanzador que promete pero para el que no hay plazo de llegada, es que el gobierno presentó con una velocidad inusitada una serie de medidas bajo el lema “Es ahora o nunca”. Es la idea fuerza del “reformismo permanente” que se corporiza en las reformas impositiva, laboral y previsional (también educativa y política). De conjunto medidas de largo alcance que supuestamente combatirán la pobreza, crearan empleo y aportarán al equilibrio fiscal, pero que la experiencia (desechada) indica que concluirán en una nueva transferencia de riqueza a los sectores más concentrados de la economía y en un cambio la relación de fuerzas sociales entre las clases.
En concreto
La reforma laboral diluye el pago de horas extras en un “Banco de Horas” que condiciona la jornada legal de 8 horas y la amplia según las necesidades empresarias; reduce las indemnizaciones por despidos, no contemplando para su cálculo horas extras, aguinaldo o bonificaciones; inventa nuevas categorías de trabajadores (pasantías) lo que implica pérdida de derechos; crea un Fondo de Despidos por el cual el trabajador paga su propia indemnización; elimina la responsabilidad solidaria en los casos de empresas subcontratistas; limita a un año el tiempo para iniciar juicios laborales y establece un blanqueo que reduce las contribuciones patronales. Cuando se refiere a la Ley de Contrato de Trabajo redefine el concepto del derecho laboral que nació para compensar las asimetrías entre el capital y el trabajo. Por el contrario este anteproyecto habla de la coordinación entre empresarios y trabajadores, poniéndolos en un pie de igualdad, dejando de lado su carácter de tutelar sobre el más débil. Adicionalmente busca reducir los ámbitos de actuación de los fueros laborales y el accionar de los sindicatos y sus centrales.
La reforma previsional no ha sido explicitada, aunque se reitera una y otra vez que es necesaria, salvo en cuanto a reemplazar el actual régimen de actualización de jubilaciones, pensiones y planes sociales -movilidad jubilatoria- por un ajuste trimestral por el índice de inflación. Según cálculos previos el Estado reduciría su gasto en no menos de 100 mil millones de pesos anuales.
En líneas generales, la reforma impositiva rebaja impuestos a las empresas y recarga a las personas físicas. Por ejemplo, entre otros, reduce 10 puntos la alícuota sobre las ganancias que se reinviertan; disminuye gradualmente hasta su eliminación el controvertido impuesto al cheque, que puede deducirse de ganancias y elimina el llamado impuesto tecnológico, que protegía la armaduría electrónica -y a sus trabajadores- de Tierra del Fuego a costa de altos precios para los consumidores al mismo tiempo que impulsa aumentos de impuestos internos sobre productos de consumo. Se supone que los cambios tributarios tendrán un saldo neutro. No se aumentan ingresos y lo que se logra bajar por rebaja de subsidios a los servicios públicos se los lleva el aumento de intereses de la deuda. Así la única baja del gasto público viene del régimen previsional.
Pero para que todo esto cierre es necesario que las provincias adhieran al Pacto de Responsabilidad Fiscal (mantener el gasto y el empleo en función de la inflación y el crecimiento vegetativo de la población). El gobierno presiona para que bajen o eliminen Ingresos Brutos, que es un impuesto sencillo de cobrar y el principal ingreso de las provincias (en total cerca de 4 puntos del PBI). Los gobernadores temen perder ingresos ante la posibilidad de que la Corte Suprema falle a favor de la provincia de Buenos Aires su reclamo de reponer su participación histórica en el Fondo del Conurbano bonaerense, por lo tanto se resisten a bajar el impuesto. Pero el gobierno tiene un as en la manga para presionarlos, si firman el pacto los fondos para el Conurbano no saldrían de las arcas provinciales sino del ahorro del sistema previsional por modificación del método de ajuste. Así el “todos tienen que ceder algo” que dijo el presidente pero serían los jubilados, pensionados y beneficiarios de subsidios sociales quienes financien la baja impositiva que favorecerá a los capitalistas.
En síntesis, la tríada de reformas busca aumentar la tasa de explotación del trabajo, promover la precarización, redefinir el concepto de trabajo y hace recaer el financiamiento de los cambios impositivos en los sectores más vulnerables de la sociedad.
Todo será discutido y el gobierno aspira a que el Congreso apruebe las leyes antes de abril de 2018. Es que no es solo una política de ajuste, se trata de toda una reformulación de la relación Estado-mercado, de un aparato estatal cada vez más vinculado y determinado por su asociación con sectores del capital más concentrado. El nombramiento del titular de la Sociedad Rural como nuevo ministro de Agroindustria y de un empresario citrícola como embajador en los EEUU; la puesta en venta de las represas en construcción en el sur y la eliminación de la obligación de liquidar las divisas de exportación son pruebas más que simbólicas.
Eduardo Lucita. Integrante del colectivo EDI (Economistas de Izquierda).
Macri llamó a centrarse en el futuro y en la generación de expectativas. El esquema es sencillo: república (democracia, transparencia, ciudadanía plena, eficiencia) vs. populismo (autoritarismo, corrupción, ciudadanos cautivos, ineficiencia).
El presidente Macri da muestras cotidianas de estar dispuesto a capitalizar el impacto de los resultados electorales del 22 de octubre pasado. No se habían terminado de computar los votos que ya había convocado a una amplia reunión para acordar lo que llamó los “Consensos Básicos” que facilitarán acelerar el gradualismo, tal como le piden los grandes capitalistas.
Ese acuerdo dio un primer paso bajo la forma de un monólogo presidencial con que el presidente apabulló a sus cuidadosamente seleccionados invitados -dirigentes empresariales, sindicales, judiciales, políticos y funcionarios- que en un número mayor a 150 se dieron cita el 30 de octubre en el Centro Cultural Kirchner (próximo a cambiar de nombre).
Filosofía barata (y zapatos Botticelli)
En el CCK, el presidente esbozó lo que puede ser una suerte de concepción filosófica de su gobierno: desterrar toda idea del pasado y dejar atrás los relatos historiográficos: el cambio de imagen en el papel moneda es una muestra no menor. Llamó a centrarse en el futuro y en la generación de expectativas. El esquema es sencillo: república (democracia, transparencia, ciudadanía plena, eficiencia) vs. populismo (autoritarismo, corrupción, ciudadanos cautivos, ineficiencia). Un pasado de decadencia frente a un futuro promisorio aunque indefinido. Apoyarse en la iniciativa privada, en el individualismo innovador, en el emprendedurismo. Llamó a “perder el miedo a los cambios y a dejar atrás los prejuicios”. El gobierno da así una disputa simbólico-cultural por el sentido de las cosas.
Los “Consensos Básicos” a los que convocó no lo son sobre un proyecto o modelo de país -se lo da por conocido y aceptado- sino sobre un conjunto de leyes y normas específicas con las que tomarían forma políticas de Estado de largo plazo. De alguna manera busca recuperar la lógica de los pequeños relatos propios de la década de los noventa.
Lo hemos dicho en notas anteriores: no hay que confundir consensos electorales con hegemonía política. Si la entendemos como la capacidad de una clase o fracción de clase de hacer valer como generales sus valores morales y culturales, si esa clase o fracción es capaz de conciliar en las diferencias los distintos antagonismos sociales, habrá entonces alcanzado la hegemonía.
Por ahora el macrismo la está disputando, el 2019 será un buen test.
Aprovechando el envión electoral
En el ínterin entre este presente cargado de un pasado que no pasa y el futuro esperanzador que promete pero para el que no hay plazo de llegada, es que el gobierno presentó con una velocidad inusitada una serie de medidas bajo el lema “Es ahora o nunca”. Es la idea fuerza del “reformismo permanente” que se corporiza en las reformas impositiva, laboral y previsional (también educativa y política). De conjunto medidas de largo alcance que supuestamente combatirán la pobreza, crearan empleo y aportarán al equilibrio fiscal, pero que la experiencia (desechada) indica que concluirán en una nueva transferencia de riqueza a los sectores más concentrados de la economía y en un cambio la relación de fuerzas sociales entre las clases.
En concreto
La reforma laboral diluye el pago de horas extras en un “Banco de Horas” que condiciona la jornada legal de 8 horas y la amplia según las necesidades empresarias; reduce las indemnizaciones por despidos, no contemplando para su cálculo horas extras, aguinaldo o bonificaciones; inventa nuevas categorías de trabajadores (pasantías) lo que implica pérdida de derechos; crea un Fondo de Despidos por el cual el trabajador paga su propia indemnización; elimina la responsabilidad solidaria en los casos de empresas subcontratistas; limita a un año el tiempo para iniciar juicios laborales y establece un blanqueo que reduce las contribuciones patronales. Cuando se refiere a la Ley de Contrato de Trabajo redefine el concepto del derecho laboral que nació para compensar las asimetrías entre el capital y el trabajo. Por el contrario este anteproyecto habla de la coordinación entre empresarios y trabajadores, poniéndolos en un pie de igualdad, dejando de lado su carácter de tutelar sobre el más débil. Adicionalmente busca reducir los ámbitos de actuación de los fueros laborales y el accionar de los sindicatos y sus centrales.
La reforma previsional no ha sido explicitada, aunque se reitera una y otra vez que es necesaria, salvo en cuanto a reemplazar el actual régimen de actualización de jubilaciones, pensiones y planes sociales -movilidad jubilatoria- por un ajuste trimestral por el índice de inflación. Según cálculos previos el Estado reduciría su gasto en no menos de 100 mil millones de pesos anuales.
En líneas generales, la reforma impositiva rebaja impuestos a las empresas y recarga a las personas físicas. Por ejemplo, entre otros, reduce 10 puntos la alícuota sobre las ganancias que se reinviertan; disminuye gradualmente hasta su eliminación el controvertido impuesto al cheque, que puede deducirse de ganancias y elimina el llamado impuesto tecnológico, que protegía la armaduría electrónica -y a sus trabajadores- de Tierra del Fuego a costa de altos precios para los consumidores al mismo tiempo que impulsa aumentos de impuestos internos sobre productos de consumo. Se supone que los cambios tributarios tendrán un saldo neutro. No se aumentan ingresos y lo que se logra bajar por rebaja de subsidios a los servicios públicos se los lleva el aumento de intereses de la deuda. Así la única baja del gasto público viene del régimen previsional.
Pero para que todo esto cierre es necesario que las provincias adhieran al Pacto de Responsabilidad Fiscal (mantener el gasto y el empleo en función de la inflación y el crecimiento vegetativo de la población). El gobierno presiona para que bajen o eliminen Ingresos Brutos, que es un impuesto sencillo de cobrar y el principal ingreso de las provincias (en total cerca de 4 puntos del PBI). Los gobernadores temen perder ingresos ante la posibilidad de que la Corte Suprema falle a favor de la provincia de Buenos Aires su reclamo de reponer su participación histórica en el Fondo del Conurbano bonaerense, por lo tanto se resisten a bajar el impuesto. Pero el gobierno tiene un as en la manga para presionarlos, si firman el pacto los fondos para el Conurbano no saldrían de las arcas provinciales sino del ahorro del sistema previsional por modificación del método de ajuste. Así el “todos tienen que ceder algo” que dijo el presidente pero serían los jubilados, pensionados y beneficiarios de subsidios sociales quienes financien la baja impositiva que favorecerá a los capitalistas.
En síntesis, la tríada de reformas busca aumentar la tasa de explotación del trabajo, promover la precarización, redefinir el concepto de trabajo y hace recaer el financiamiento de los cambios impositivos en los sectores más vulnerables de la sociedad.
Todo será discutido y el gobierno aspira a que el Congreso apruebe las leyes antes de abril de 2018. Es que no es solo una política de ajuste, se trata de toda una reformulación de la relación Estado-mercado, de un aparato estatal cada vez más vinculado y determinado por su asociación con sectores del capital más concentrado. El nombramiento del titular de la Sociedad Rural como nuevo ministro de Agroindustria y de un empresario citrícola como embajador en los EEUU; la puesta en venta de las represas en construcción en el sur y la eliminación de la obligación de liquidar las divisas de exportación son pruebas más que simbólicas.
Eduardo Lucita. Integrante del colectivo EDI (Economistas de Izquierda).
"La cheta de Nordelta" y la especulación inmobiliaria
Detrás de los bizarros dichos que se viralizaron, negocios espurios con los intendentes y destrucción del medio ambiente.
La popularización del mensaje de audio de “la cheta de Nordelta”, en el que una propietaria del condominio de Escobar despotrica contra sus vecinos venidos de barrios “visualmente no muy buenos” que en “reposeras de Mar del Plata toman mate”, no sólo revela el patetismo clasista de la cirujana que emitió el mensaje (que llega a llamar “bestias” a sus vecinos). Antes que eso, muestra el negocio inmobiliario desarrollado en estos countries a lo largo de estos años.
“Yo pagué un ambiente doscientos mil dólares”, dice Cinthia Solange Dhers y revela de ese modo la especulación inmobiliaria que encarece de un modo desorbitado las viviendas cuando la carencia habitacional condena a centenares de miles a la vivienda precaria en villas miseria y barrios precarios.
Eduardo Costantini es dueño de Nordelta a través de su empresa Consultatio SA, que obtiene grandes beneficios a través de negociados con las intendencias donde realiza sus desarrollos inmobiliarios para la burguesía -inclusa aquella con ínfulas clasistas, como la cirujana del audio de marras. Uno de los métodos de esos negociados consiste en que la desarrolladora cede una cantidad de hectáreas al municipio a cambio de que se apruebe el proyecto de construcciones de lujo.
Nordelta
Las edificaciones de Nordelta se han hecho mediante un avance sobre los humedales locales, ecosistemas híbridos entre tierra y agua que funcionan como atenuadoras del cauce hídrico, conteniéndolo durante los períodos de lluvias intensas y crecidas de los ríos. Así, la otra cara de los negocios de Costantini son las crecientes inundaciones sobre los barrios, como denuncian los vecinos y organizaciones populares de la zona.
El hogar de "la cheta del Nordelta" ostenta el triste registro de haber destruido un cementerio indígena de la zona debido a las inundaciones que causó: "El sitio 'Arroyo Sarandí' fue detectado en la década de 1920 cuando un conjunto de esqueletos humanos quedaron al descubierto por el arado en un campo; y fue excavado por el arqueólogo norteamericano Samuel K. Lothrop. En el 2001, el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (INAPL), organismo responsable del patrimonio arqueológico, informó a la Defensoría del Pueblo de la Nación sobre la desaparición de este patrimonio sagrado de los pueblos originarios" (puntaquerandí.com)
Hoy, los humedales se convirtieron en el objetivo de los emprendedores inmobiliarios: un 70% de estos hábitats naturales se encuentra bajo las sombras de megaemprendimientos.
Todas estas denuncias no solo no hicieron mella en la gobernadora María Eugenia Vidal, quien en junio colocó a Dante Galeazzi, yerno de Eduardo Costantini y ejecutivo de Nordelta, al frente de la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano... justamente el organismo que debe regular los countries. De la mano del macrismo, esta mafia inmobiliaria llega al Estado para garantizar un desenvolvimiento aun mejor de sus negocios.
Otros negocios
En el último emprendimiento de Costantini llamado "Puertos", los terrenos a ceder a la intendencia de Escobar, gobernada por el kirchnerista Ariel Sujarchuk, equivaldrían a 66 hectáreas. La intendencia y la empresa realizaron este acuerdo con la particularidad de que el municipio permitió que Costantini recomprara los lotes cedidos por un valor de diez dólares por metro cuadrado –un meganegociado, ya que los lotes del proyecto Puertos se venden a valores que oscilan entre los 150 y los 300 dólares por metro cuadrado.
Como se puede observar, los grandes megacountries del conurbano se rigen por un código no “estético” sino de clase, que beneficia a los sectores de la alta sociedad que pueden invertir en esos proyectos habitaciones sobrevalorados erigidos sobre la pobreza de las masas que viven a su alrededor y del medio ambiente que garantiza el futuro ecológico de estas zonas.
Antonia Torrebruna
La popularización del mensaje de audio de “la cheta de Nordelta”, en el que una propietaria del condominio de Escobar despotrica contra sus vecinos venidos de barrios “visualmente no muy buenos” que en “reposeras de Mar del Plata toman mate”, no sólo revela el patetismo clasista de la cirujana que emitió el mensaje (que llega a llamar “bestias” a sus vecinos). Antes que eso, muestra el negocio inmobiliario desarrollado en estos countries a lo largo de estos años.
“Yo pagué un ambiente doscientos mil dólares”, dice Cinthia Solange Dhers y revela de ese modo la especulación inmobiliaria que encarece de un modo desorbitado las viviendas cuando la carencia habitacional condena a centenares de miles a la vivienda precaria en villas miseria y barrios precarios.
Eduardo Costantini es dueño de Nordelta a través de su empresa Consultatio SA, que obtiene grandes beneficios a través de negociados con las intendencias donde realiza sus desarrollos inmobiliarios para la burguesía -inclusa aquella con ínfulas clasistas, como la cirujana del audio de marras. Uno de los métodos de esos negociados consiste en que la desarrolladora cede una cantidad de hectáreas al municipio a cambio de que se apruebe el proyecto de construcciones de lujo.
Nordelta
Las edificaciones de Nordelta se han hecho mediante un avance sobre los humedales locales, ecosistemas híbridos entre tierra y agua que funcionan como atenuadoras del cauce hídrico, conteniéndolo durante los períodos de lluvias intensas y crecidas de los ríos. Así, la otra cara de los negocios de Costantini son las crecientes inundaciones sobre los barrios, como denuncian los vecinos y organizaciones populares de la zona.
El hogar de "la cheta del Nordelta" ostenta el triste registro de haber destruido un cementerio indígena de la zona debido a las inundaciones que causó: "El sitio 'Arroyo Sarandí' fue detectado en la década de 1920 cuando un conjunto de esqueletos humanos quedaron al descubierto por el arado en un campo; y fue excavado por el arqueólogo norteamericano Samuel K. Lothrop. En el 2001, el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (INAPL), organismo responsable del patrimonio arqueológico, informó a la Defensoría del Pueblo de la Nación sobre la desaparición de este patrimonio sagrado de los pueblos originarios" (puntaquerandí.com)
Hoy, los humedales se convirtieron en el objetivo de los emprendedores inmobiliarios: un 70% de estos hábitats naturales se encuentra bajo las sombras de megaemprendimientos.
Todas estas denuncias no solo no hicieron mella en la gobernadora María Eugenia Vidal, quien en junio colocó a Dante Galeazzi, yerno de Eduardo Costantini y ejecutivo de Nordelta, al frente de la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano... justamente el organismo que debe regular los countries. De la mano del macrismo, esta mafia inmobiliaria llega al Estado para garantizar un desenvolvimiento aun mejor de sus negocios.
Otros negocios
En el último emprendimiento de Costantini llamado "Puertos", los terrenos a ceder a la intendencia de Escobar, gobernada por el kirchnerista Ariel Sujarchuk, equivaldrían a 66 hectáreas. La intendencia y la empresa realizaron este acuerdo con la particularidad de que el municipio permitió que Costantini recomprara los lotes cedidos por un valor de diez dólares por metro cuadrado –un meganegociado, ya que los lotes del proyecto Puertos se venden a valores que oscilan entre los 150 y los 300 dólares por metro cuadrado.
Como se puede observar, los grandes megacountries del conurbano se rigen por un código no “estético” sino de clase, que beneficia a los sectores de la alta sociedad que pueden invertir en esos proyectos habitaciones sobrevalorados erigidos sobre la pobreza de las masas que viven a su alrededor y del medio ambiente que garantiza el futuro ecológico de estas zonas.
Antonia Torrebruna
La lucha contra el macrismo reclama la mayor independencia del kirchnerismo.
Ante la convocatoria en “defensa de la democracia y el pluralismo”
Un grupo de personalidades que reivindican su pertenencia al kirchnerismo, entre los que se destacan Estela Carlotto y Raúl Zaffaroni, han realizado una convocatoria para defender “un piso mínimo por la democracia y el pluralismo”. En el texto convocante denuncia la persecución política del gobierno contra la oposición, en clara alusión a las detenciones de De Vido y Boudou, y el intento de copar la Justicia y en particular la Procuración General luego de la renuncia de Gils Carbó.
No cabe duda que el accionar de la Justicia se dirige exclusivamente contra los funcionarios del gobierno anterior, algo que salta más a la vista cuando surgen denuncias contra ministros de la actual administración por sus sociedades offshore que actúan como proveedoras del Estado argentino. Sin embargo, esta acción tendenciosa de la Justicia no elimina ni por un momento la responsabilidad del gobierno anterior en hechos gravísimos de corrupción, que estuvieron lejos de reducirse a casos aislados. Los Boudou y por sobre todo los De Vido fueron partícipes del saqueo del Estado llevado adelante con el propósito de `reconstruir a la burguesía nacional´. Este saqueo tuvo su manifestación más brutal en el crimen de Once, cuya trama de responsables es la misma que cometió el asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra. La falta de condena política a estos hechos, por parte de sus organizadores, convierte a la convocatoria en un acto de encubrimiento, o para ser más exactos, de autoencubrimiento.
Los firmantes pasan por alto, además, que la Justicia que actúa ahora como brazo político-represivo del macrismo es la misma que protegió al kirchnerismo durante sus 12 años de gobierno. La camarilla de los jueces federales, llámense Lijo, Bonadío o Oyarbide, aseguraron la corruptela oficial y hasta fueron parte de maniobras contra opositores políticos, incluso en vísperas de las elecciones, con el propósito avieso de influir en su resultado. Por caso, las denuncias luego reveladas como falsas contra Enrique Olivera y De Narváez a sólo días de las elecciones fueron difundidas desde el kirchnerismo con la complicidad de los mismos jueces federales que ahora se han pasado en masa al macrismo.
La mención en la convocatoria a un “piso mínimo de acuerdos” no es casual. Forma parte de la intención de subordinar al kirchnerismo a partidos y fuerzas políticas y sociales que se declaran independientes tanto del gobierno actual como del anterior. Para ello, incluso, el kirchnerismo ha decidido no dar la cara sino recurrir a personalidades de mayor consenso social que sus propios integrantes. Se trata de una maniobra de corto vuelo, condenada inexorablemente al fracaso. Mientras se plantea un “piso mínimo” de acuerdos los sindicatos ligados al kirchnerismo, como es el caso de Atilra, acaban de entregar el convenio colectivo de trabajo de los trabajadores lecheros. Y los intendentes que conformaron con Cristina Kirchner la Unidad Ciudadana están negociando con Pichetto y cía. viabilizar el paquete ajustador de Macri y Vidal. En estas condiciones, el “piso mínimo” se reduce a un pedido de salvación de la camarilla kirchnerista responsable de actos de corrupción. En vez de ser una convocatoria en defensa de los trabajadores, en un llamado a los trabajadores a que los salven a ellos.
El Partido Obrero está muy lejos de negar la política represiva del macrismo. La conversión del Poder Judicial en una fuerza disciplinadora de la oposición va en la línea de avanzar en este verdadero plan de guerra contra el pueblo anunciado por Macri. Pero la condición para denunciar este plan y, sobre todo, para enfrentarlo con éxito, es la más completa delimitación del kirchnerismo, una fuerza que, por el accionar desarrollado sobre sus propias premisas, se ha ganado el rechazo de una parte mayoritaria del pueblo argentino. La derrota en las tres últimas elecciones en la provincia de Buenos Aires (2013-2015-2017) es una prueba irrefutable de ello.
Denunciamos la persecución política del macrismo y la pérfida acción judicial, que incluso se arroga el derecho de pisotear al Congreso Nacional como ocurre con la causa del Memorándum con Irán, al cual desde el PO rechazamos y combatimos políticamente en su momento, pero que de ningún modo la Justicia tiene atribuciones para declarar ilegal o juzgar como un acto delictivo. Nuestro repudio a la judicialización de la política, en tanto la injerencia de un poder no electo por el pueblo en decisiones que corresponden al parlamento, no debe confundirse con la impunidad de los funcionarios corruptos.
La lucha contra la ofensiva macrista reclama la completa independencia con un kirchnerismo en estado de descomposición. Esta es la estrategia del Partido Obrero, integrante del Frente de Izquierda.
Gabriel Solano
Un grupo de personalidades que reivindican su pertenencia al kirchnerismo, entre los que se destacan Estela Carlotto y Raúl Zaffaroni, han realizado una convocatoria para defender “un piso mínimo por la democracia y el pluralismo”. En el texto convocante denuncia la persecución política del gobierno contra la oposición, en clara alusión a las detenciones de De Vido y Boudou, y el intento de copar la Justicia y en particular la Procuración General luego de la renuncia de Gils Carbó.
No cabe duda que el accionar de la Justicia se dirige exclusivamente contra los funcionarios del gobierno anterior, algo que salta más a la vista cuando surgen denuncias contra ministros de la actual administración por sus sociedades offshore que actúan como proveedoras del Estado argentino. Sin embargo, esta acción tendenciosa de la Justicia no elimina ni por un momento la responsabilidad del gobierno anterior en hechos gravísimos de corrupción, que estuvieron lejos de reducirse a casos aislados. Los Boudou y por sobre todo los De Vido fueron partícipes del saqueo del Estado llevado adelante con el propósito de `reconstruir a la burguesía nacional´. Este saqueo tuvo su manifestación más brutal en el crimen de Once, cuya trama de responsables es la misma que cometió el asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra. La falta de condena política a estos hechos, por parte de sus organizadores, convierte a la convocatoria en un acto de encubrimiento, o para ser más exactos, de autoencubrimiento.
Los firmantes pasan por alto, además, que la Justicia que actúa ahora como brazo político-represivo del macrismo es la misma que protegió al kirchnerismo durante sus 12 años de gobierno. La camarilla de los jueces federales, llámense Lijo, Bonadío o Oyarbide, aseguraron la corruptela oficial y hasta fueron parte de maniobras contra opositores políticos, incluso en vísperas de las elecciones, con el propósito avieso de influir en su resultado. Por caso, las denuncias luego reveladas como falsas contra Enrique Olivera y De Narváez a sólo días de las elecciones fueron difundidas desde el kirchnerismo con la complicidad de los mismos jueces federales que ahora se han pasado en masa al macrismo.
La mención en la convocatoria a un “piso mínimo de acuerdos” no es casual. Forma parte de la intención de subordinar al kirchnerismo a partidos y fuerzas políticas y sociales que se declaran independientes tanto del gobierno actual como del anterior. Para ello, incluso, el kirchnerismo ha decidido no dar la cara sino recurrir a personalidades de mayor consenso social que sus propios integrantes. Se trata de una maniobra de corto vuelo, condenada inexorablemente al fracaso. Mientras se plantea un “piso mínimo” de acuerdos los sindicatos ligados al kirchnerismo, como es el caso de Atilra, acaban de entregar el convenio colectivo de trabajo de los trabajadores lecheros. Y los intendentes que conformaron con Cristina Kirchner la Unidad Ciudadana están negociando con Pichetto y cía. viabilizar el paquete ajustador de Macri y Vidal. En estas condiciones, el “piso mínimo” se reduce a un pedido de salvación de la camarilla kirchnerista responsable de actos de corrupción. En vez de ser una convocatoria en defensa de los trabajadores, en un llamado a los trabajadores a que los salven a ellos.
El Partido Obrero está muy lejos de negar la política represiva del macrismo. La conversión del Poder Judicial en una fuerza disciplinadora de la oposición va en la línea de avanzar en este verdadero plan de guerra contra el pueblo anunciado por Macri. Pero la condición para denunciar este plan y, sobre todo, para enfrentarlo con éxito, es la más completa delimitación del kirchnerismo, una fuerza que, por el accionar desarrollado sobre sus propias premisas, se ha ganado el rechazo de una parte mayoritaria del pueblo argentino. La derrota en las tres últimas elecciones en la provincia de Buenos Aires (2013-2015-2017) es una prueba irrefutable de ello.
Denunciamos la persecución política del macrismo y la pérfida acción judicial, que incluso se arroga el derecho de pisotear al Congreso Nacional como ocurre con la causa del Memorándum con Irán, al cual desde el PO rechazamos y combatimos políticamente en su momento, pero que de ningún modo la Justicia tiene atribuciones para declarar ilegal o juzgar como un acto delictivo. Nuestro repudio a la judicialización de la política, en tanto la injerencia de un poder no electo por el pueblo en decisiones que corresponden al parlamento, no debe confundirse con la impunidad de los funcionarios corruptos.
La lucha contra la ofensiva macrista reclama la completa independencia con un kirchnerismo en estado de descomposición. Esta es la estrategia del Partido Obrero, integrante del Frente de Izquierda.
Gabriel Solano
jueves, 9 de noviembre de 2017
Los gerentes de Ford a juicio oral por delitos de lesa humanidad en Argentina
Arranca el 28 de este mes en San Martín. Carlos Propato, sobreviviente y querellante, habla del juicio, del intento de contrarreforma laboral y de la convocatoria de los trabajadores de Pepsico para este jueves.
El norte del Gran Buenos Aires, la zona industrial más importante del país no lo era sólo por el peso en la economía de las grandes multinacionales y empresas que empleaban a miles de trabajadores. Dentro de ellas esos miles de obreros se organizaban cada vez en mayor medida en los lugares de trabajo, pero también en las Coordinadoras Interfabriles. Los trabajadores de Ford eran parte fundamental de ese proceso.
El famoso "El Quincho" ubicado dentro del predio de Ford, era un lugar en el que los trabajadores compartían momentos de distensión.
Allí se reunían y organizaban y a principios de los 70 pusieron en pie el cuerpo de delegados de la fábrica. Pero a partir del golpe genocida del 24 de marzo de 1976, fue en ese mismo lugar donde se los secuestró y torturó.
En la causa están imputados Santiago Omar Riveros, de 94 años, entonces director de Institutos Militares y de quien dependía la guarnición Campo de Mayo, además de los ex directivos de la multinacional automotriz Pedro Müller (85), gerente de Manufactura, y Héctor Francisco Sibilla (90), jefe de Seguridad de la planta.
Otros de los procesados en la causa pero que murieron impunes gracias al dilate de la justicia para comenzar el juicio eran el ex gerente de Relaciones Institucionales de Ford, Guillermo Gallarraga y Nicolás Enrique Julián Courard, en aquel entonces presidente de Ford.
En pocos días comienza el juicio contra Ford por tu secuestro y tortura junto a tus compañeros. ¿Cómo se preparan?
El juicio es contra estos empresarios, estos gerentes y tenemos mucha expectativa, es muy importante para nosotros y para todo el movimiento obrero que esto siga adelante y podamos juzgar algunos civiles empresarios del terrorismo de estado, que fueron los que hicieron el terrorismo de estado le estamos poniendo todo lo q se puede seria muy importante q esto avance y que nos acompañen y que todo el que pueda acercarse al juicio nos preste apoyo.
Las empresas junto a la burocracia sindical fueron parte del golpe genocida. ¿Cómo fue el rol dentro de la Ford y en la zona norte?
Las empresas y la burocracia sindical fueron parte y estuvieron totalmente con el golpe genocida del 76. Para ellos era muy conveniente el golpe de estado. Dentro de la Ford nosotros luchamos a brazo partido por nuestros derechos y hasta el final. Mi lucha terminó el 13/4/76 cuando fuí secuestrado, no fuí ni el primero ni el único. Nos hicieron desaparecer de la política y eso fue importante porque la gente empezó a tener miedo dentro de la fábrica, se perdieron la mitad de las cosas que habíamos conseguido con la lucha sindical.
¿Cómo era la lucha y organización de ustedes y en la zona norte en ese momento?
Dentro de la fábrica el movimiento sindical y político luchaba a brazo partido contra la burocracia, que arrinconaba a los obreros y nos ponían en una situación altamente difícil, no solamente en la Ford que era uno de los pilares más grandes del cinturón industrial de zona norte, sino que en todas las empresas. Alrededor de Ford, desde Tigre a Escobar, todo ese cinturón industrial de zona norte se puso en lucha, arrancando desde Astarsa a todas las empresas que estaban en lucha en aquella época. Ojalá hoy se hiciera así, porque lo que necesitamos es la unidad del conjunto de los trabajadores.
El Gobierno intenta imponer la reforma laboral. ¿Qué relación ves entre la lucha de ustedes y la pelea que tenemos por delante los trabajadores?
Nosotros lo vemos totalmente como un retroceso a la época de las cavernas, vamos a perder todo lo que ganamos durante toda una vida de lucha.
Yo tengo más de 50 años de trabajo dentro del movimiento obrero y he visto muchísimas cosas. He visto caídas pero hemos conseguido muchísimas conquistas. Se agarran de que son gobierno y piensan que tienen el derecho de hacer lo que quieran.
Queremos saber qué piensa hacer la CGT, dicen que van a aceptar 90 puntos de los 100 que plantea el borrador de reforma. Se vió toda la vida, la burocracia sindical hizo siempre mucho daño al movimiento obrero.
¿Qué opinás de la convocatoria de los trabajadores de PepsiCo para pelear contra la reforma laboral?
Ojalá todos los trabajadores tuvieran la mentalidad y la fuerza de lucha que tienen estas mujeres y hombres que han perdido su fuente laboral y están pasando un momento muy crítico en su carpa ahí frente al Congreso.
Yo creo que todos los obreros se tienen que alinear a esta lucha y el jueves a las 18 h. estar todos en el Congreso apoyando para enfrentar la reforma laboral, porque de lo contrario vamos a perder todo lo que ganamos.
Esto no es solamente acá, es en todo América Latina, y es lo que está bajando de los EE.UU para acá como fué en el 76. En Europa, en Francia ya hicieron la reforma, en Brasil también y todo el movimiento obrero latinoamericano y mundial está en peligro. Es un avance total de la oligarquía contra los trabajadores, todo esto es en beneficio de las grandes empresas y los empresarios.
Ahora pretenden que nos paguemos nosotros la indemnización, le quieren sacar todo al obrero, son todos beneficios para las grandes empresas y al trabajador no le queda nada. Dicen que quieren blanquear a los obreros que están en negro pero eso es mentira.
Yo soy un trabajador y siempre voy a seguir pensando que de todos los derechos que ganamos no tenemos que perder nada, ni un paso para atrás!
El juicio comienza el 28/11 en un momento muy particular por la desaparición y asesinato de Santiago Maldonado y con un gobierno cuyos funcionarios niegan el genocidio.
El juicio comienza el 28/11 con la presentación, la primer audiencia la vamos a tener el 19/12 y continuará el próximo año.
Lo importante es que empiece, sabemos que va a ser un juicio muy largo y que estamos peleando contra una empresa multinacional, una de las más fuertes del mundo.
Nosotros de los 24 que éramos quedamos solamente 12 y los familiares, pero la lucha seguirá. Ya estamos grandes pero si se logra el triunfo de hacer pagar a los empresarios, será una bandera de lucha para las nuevas generaciones que van a venir, para esos pibes de 18, 20 años que están recién entrando en el gran engranaje obrero.
Estas luchas son importantísimas para ellos. Que el juicio de Ford se haga y nosotros podamos condenar a estos genocidas que nos hicieron pasar momentos muy pero muy terribles por el sólo hecho de reclamar nuestros derechos, porque sólo luchábamos por nuestros derechos es un triunfo para toda la clase obrera.
Andrea López
CeProDH Zona Norte del Gran Buenos Aires
Luis Juez tuvo que dejar su cargo de embajador tras tratar de “mugrientos” a los ecuatorianos
El embajador de Cambiemos en Ecuador ocupará un cargo en el Ministerio de Defensa, junto a su coterráneo Oscar Aguad. Amplio repudio en la comunidad ecuatoriana. Atrás quedó la época en que se acusaban duramente.
Luis Juez se cree gracioso. En una época también se creía progresista. Quizá tuvo algo de cada cosa pero seguro fueron tiempos pasados.
"Llegué hace media hora de fiscalizar. Me pegué una ducha, me puse un saco y una camisa porque no quería estar con la ropa de esta mañana porque van a decir ’este mugriento se ve que agarró hábitos ecuatorianos".
Con esa frase Juez abrió una entrevista el día de las elecciones del 22 de octubre. Al llegar la noticia a Ecuador, donde ejercía su cargo de Embajador, la polémica no tardó en llegar.
Desde el gobierno ecuatoriano se aseguró que aquellos términos "ofenden la dignidad del pueblo ecuatoriano y contradicen el respeto y la amistad que deben regir las relaciones entre los dos países". En algunas localidades llegaron a declararon “persona non grata”. Por ejemplo los habitantes de Otavalo. Es que al querer justificar sus dichos, los puso como ejemplo para terminar complicando más las cosas: “los habitantes del pueblo Otavalo se visten a la mañana del sábado y están todo el fin de semana con la misma ropa. Me refería a eso”.
La Cancillería de Ecuador directamente hizo un pedido para que Argentina retiro a su embajador.
La de Argentina emitió un comunicado donde informa que “Luis Juez finalizará en los próximos días sus funciones en la representación argentina ante la República del Ecuador a raíz de un ofrecimiento para sumarse a los equipos del Poder Ejecutivo de la Nación”. Diplomacia pura.
Todo indica que el cargo que ocupará será en el Ministerio de Defensa, junto a Oscar “Milico” Aguad. Lejos quedaron aquellas peleas en las campañas electorales cordobesas, cuando el radical lo acusaba de “ser funcional a los K” y el “progresista” le achacaba “haber protegido torturadores" y cerrado escuelas.
Ahora están todos juntitos.
LID
Luis Juez se cree gracioso. En una época también se creía progresista. Quizá tuvo algo de cada cosa pero seguro fueron tiempos pasados.
"Llegué hace media hora de fiscalizar. Me pegué una ducha, me puse un saco y una camisa porque no quería estar con la ropa de esta mañana porque van a decir ’este mugriento se ve que agarró hábitos ecuatorianos".
Con esa frase Juez abrió una entrevista el día de las elecciones del 22 de octubre. Al llegar la noticia a Ecuador, donde ejercía su cargo de Embajador, la polémica no tardó en llegar.
Desde el gobierno ecuatoriano se aseguró que aquellos términos "ofenden la dignidad del pueblo ecuatoriano y contradicen el respeto y la amistad que deben regir las relaciones entre los dos países". En algunas localidades llegaron a declararon “persona non grata”. Por ejemplo los habitantes de Otavalo. Es que al querer justificar sus dichos, los puso como ejemplo para terminar complicando más las cosas: “los habitantes del pueblo Otavalo se visten a la mañana del sábado y están todo el fin de semana con la misma ropa. Me refería a eso”.
La Cancillería de Ecuador directamente hizo un pedido para que Argentina retiro a su embajador.
La de Argentina emitió un comunicado donde informa que “Luis Juez finalizará en los próximos días sus funciones en la representación argentina ante la República del Ecuador a raíz de un ofrecimiento para sumarse a los equipos del Poder Ejecutivo de la Nación”. Diplomacia pura.
Todo indica que el cargo que ocupará será en el Ministerio de Defensa, junto a Oscar “Milico” Aguad. Lejos quedaron aquellas peleas en las campañas electorales cordobesas, cuando el radical lo acusaba de “ser funcional a los K” y el “progresista” le achacaba “haber protegido torturadores" y cerrado escuelas.
Ahora están todos juntitos.
LID
miércoles, 8 de noviembre de 2017
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