El 22 de octubre se anunció la presentación ante el Congreso de un proyecto para sancionar un nuevo Código Procesal Penal de la Nación, que consta de 349 artículos. Algunos de los aspectos centrales del nuevo procedimiento son la separación tajante entre las funciones de jueces y fiscales a través de la adopción de un sistema acusatorio, el fuerte predominio de la oralidad, la realización de investigaciones desformalizadas (es decir, sin que se formen expedientes) a cargo de la fiscalía y la defensa, la implantación (al menos para algunos casos) de juicios por jurados, una mayor participación de las víctimas, la existencia de plazos para la investigación y el juzgamiento, la posibilidad de que los fiscales resuelvan no impulsar determinadas causas (criterio de oportunidad) y un amplio catálogo de medidas restrictivas diferentes de la prisión preventiva.
Ya se han planteado públicamente dos de las cuestiones más criticables del proyecto. Una de ellas es la posibilidad de restringir las excarcelaciones por motivos claramente inconstitucionales, como la llamada “conmoción social”, frase ambigua que legitimaría la presión de los medios de comunicación u otros grupos de poder para privar de libertad a una persona o conjunto de personas (es necesario señalar que, si bien hoy en día la “conmoción social” no es un motivo legalmente válido, hay jueces que la aplican en forma expresa o tácita). El otro aspecto notoriamente contrario a los Derechos Humanos es la posibilidad de expulsar los extranjeros que tuvieran una situación migratoria irregular y solicitaran la suspensión del proceso a prueba por un delito de escasa relevancia (en línea con la política de Menem de expulsar a todo extranjero que resistiera un desalojo forzoso).
Nos sumamos a las voces y las fuerzas de todo tipo que exigen a los legisladores cerrar el paso a tales propuestas inspiradas en la doctrina de la “mano dura” que han fracasado en todo el mundo y que contradicen la voluntad colectiva de ampliar derechos y no cercenarlos. Llamamos expresamente a los legisladores de todos los bloques a tener en cuenta la opinión de los luchadores por los derechos humanos y los juristas de tradición democrática que se han pronunciado en esta dirección.
En aspectos como la actuación de los querellantes, el proyecto adopta posición sobre su participación en casos en los cuales la actual jurisprudencia se encuentra dividida (por ejemplo, aparta totalmente a la querella en caso de que omita realizar determinados actos procesales, mientras que por el contrario le permite impulsar plenamente el proceso en caso de que el fiscal no desee hacerlo).
¿Cómo afectaría el futuro código la lucha por los Derechos Humanos.?
Esta respuesta, difícilmente pueda ser única y absoluta, como para bien o para mal. Por ejemplo, la posibilidad de impulsar la investigación aún en contra de la voluntad del fiscal facilitaría el acceso al juicio oral en los casos de gatillo fácil o torturas. Por el contrario, en materia de lanzamientos en causas por usurpación, el proyecto reproduce la inconstitucional normativa actual, que priva del derecho de defensa a los habitantes del inmueble.
Una importante reforma es la posibilidad de “realizar acuerdos conciliatorios en los casos de delitos con contenido patrimonial cometidos sin grave violencia sobre las personas o en los delitos culposos si no existieran lesiones gravísimas o resultado de muerte” (contenida en el artículo 34 del proyecto). Esta norma permitiría solucionar un gran número de conflictos menores y, al igual que el principio de oportunidad, evitaría la criminalización de las personas investigadas.
Hay una serie de reformas de contenido técnico procesal (por ejemplo, el expreso reconocimiento de que la última palabra corresponde siempre a la defensa, la separación entre la decisión judicial acerca de la responsabilidad de una persona y la decisión acerca de la pena aplicable, que se debe desarrollar poco tiempo después, entre otras) que coinciden con las recomendaciones de los juristas especializados.
Será necesario dictar otras leyes para asegurar la implementación del futuro Código Procesal Penal, dado que requiere una profunda reorganización del Poder Judicial de la Nación (en materia penal) y de los Ministerios Públicos que deberían ser reconstruidos de raíz para dotarlos de una fuerte perspectiva democrática dado las nuevas e importantes funciones que se le asignarían. Es que forma concreta y práctica en que se implemente el nuevo procedimiento podrá fortalecer en mucho sus virtudes o potenciar sus defectos. En consecuencia, habrá que examinar estas leyes (imprescindibles para su aplicación real) cuando sus proyectos sean conocidos.
Por otra parte, un análisis profundo del proyecto de código desde el punto de vista de los Derechos Humanos no puede agotarse en la mera letra de las normas, sino que debe analizar las reformas en base a las experiencias de otras jurisdicciones que han adoptado códigos similares. Por ejemplo, la rapidez en la investigación puede disminuir el número de detenidos en prisión preventiva a la espera de un juicio oral, pero también puede multiplicar el número de condenados como ocurrió en la provincia de Buenos Aires.
Por último, no hay que sobreestimar el efecto de las reformas legales en las instituciones ni en sus operadores, ya que frecuentemente las prácticas se imponen sobre las reformas. Aún hoy existen tribunales que, a pesar del expreso mandato del actual Código Procesal Penal de realizar determinadas audiencias, las omiten.
Es por todo ello que llamamos al movimiento de derechos humanos y popular a actuar firme y consecuentemente contra cada una de las injusticias y violaciones de los derechos humanos que hoy se producen en el ámbito del Poder Judicial.
Es imposible conquistar una Justicia digna de su nombre sin la lucha popular que heredamos de los que sostuvieron el reclamo histórico de Memoria, Verdad y Justicia; y que hoy tiene el rostro de Luciano Arruga como bandera de un reclamo que exige terminar con todas las impunidades de ayer y de hoy para construir un futuro de derechos para todos. Para esta y todas las luchas por todos los derechos para todos, pueden contar con nosotros.
jueves, 6 de noviembre de 2014
Fallo judicial anticaranchos
La jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado ordenó al Ministerio de Seguridad apartar a la Gendarmería de los operativos en la Panamericana frente a las acciones de los trabajadores de Lear. Un duro revés para Sergio Berni. El fallo agrega que la resolución del conflicto le compete al Ministerio de Trabajo. Fallo judicial anticaranchos
La jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado dictó ayer una resolución por la que ordena al Ministerio de Seguridad apartar a la Gendarmería de los operativos que se realicen en la Panamericana con motivo de las acciones de los trabajadores de Lear. Se trata de un revés para el mismísimo Sergio Berni, quien se apoyó durante cinco meses en esa fuerza federal para reprimir y criminalizar el reclamo de decenas de obreros despedidos de la multinacional autopartista de la zona norte de Gran Buenos Aires. Ahora el gobierno, cada vez que la Panamericana sea escenario de un nuevo reclamo frente a Lear, deberá reemplazar a la fuerza “carancha” por otra a su cargo.
Arroyo Salgado fundamentó su resolución en que los efectivos de Gendarmería Nacional están sospechados de haber cometido ilícitos a partir de las denuncias públicas de los trabajadores y delegados de Lear y de una presentación judicial encabezada por el diputado nacional del PTS y el Frente de Izquierda, Nicolás del Caño.
En esa presentación, realizada el 27 de octubre en el juzgado federal de San Isidro, Del Caño junto a los abogados Myriam Bregman y Matías Aufieri del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) denunciaron a Gendarmería y a la propia Justicia por la grave represión del jueves 23, cuando esa fuerza embistió en la Panamericana contra los trabajadores despedidos de Lear y las organizaciones solidarias. Los métodos de represión utilizados fueron violentos e ilegales, causando más de 50 heridos (13 hospitalizados), todos del Partido de Trabajadores Socialistas (PTS).
Repercusiones
Apenas conocida la resolución, los trabajadores de Lear y quienes los apoyan manifestaron que esta medida judicial es un paso adelante en la lucha.
Rubén Matu, delegado de los obreros, dijo a La Izquierda Diario que el fallo “es positivo, sabiendo que Gendarmería venía jugando un rol sumamente represivo con los trabajadores que venimos reclamando por las fuentes de trabajo, en un conflicto donde el mismo Ministerio de Trabajo declaró ilegales los despidos”.
“Nosotros repudiamos a Gendarmería por todo lo que ha hecho en este tiempo, en particular en nuestro conflicto. Vimos lo del ‘gendarme carancho’, lo del infiltrado Galeano y ni hablar las represiones que vienen llevando adelante en cada jornada de lucha que encaramos. Que Gendarmería no pueda intervenir es un paso adelante para nosotros”, afirmó Matu. Pero aclaró que de todos modos “falta mucho, porque ahora nos van a poner a la Prefectura y en la puerta de la fábrica sigue estando la Bonaerense que ya nos reprimió una vez. Por eso el fallo no nos garantiza que no nos vuelvan a reprimir. Tenemos que estar más atentos que nunca por cualquier maniobra que nos quieran hacer.”
Por su parte el abogado del CeProDH Matías Aufieri dijo a este diario que el fallo es “un triunfo de la resistencia y la lucha de los trabajadores de Lear. Es contundente que la Justicia haya tenido que dictaminar que Gendarmería deje de ser parte de los operativos. Y es importante también que exhorte a que la fuerza que intervenga de ahora en más busque el ‘diálogo’ y otras formas de resolución de este reclamo laboral.”
Aufieri agregó que “la jueza hizo lugar al pedido del fiscal Rodolfo Domínguez que en esa audiencia del 27 planteó que Gendarmería no podía seguir siendo la fuerza que interviniera en el conflicto de Lear. Frente a la contundencia de las pruebas, a la cantidad de heridos y detenidos por los gendarmes ‘caranchos’ y al pedido del fiscal la jueza de alguna manera no tuvo alternativas y debió dictar esta resolución.”
El PTS emitió un comunicado ayer en el que Nicolás del Caño y Myriam Bregman también reconocen la resolución como un paso adelante en la lucha de los obreros de Lear.
Para el diputado nacional “se trata de un golpe para Sergio Berni y el gobierno nacional, que durante estos cinco meses emprendieron una decena de represiones sobre los manifestantes y las organizaciones solidarias, incluyendo una serie de escándalos, como los gendarmes ‘caranchos’, los infiltrados y los balazos a quemarropa, de los que yo mismo fui víctima.”
En tanto que la abogada y dirigente del PTS Myriam Bregman señaló que “la jueza Arroyo Salgado parte de los violentos sucesos del 23 de octubre en Panamericana para plantear que la Gendarmería debe ser investigada por su accionar ilegal, destacando que la resolución del conflicto que tiene Lear con los trabajadores despedidos desde hace meses compete a la justicia laboral y al Ministerio de Trabajo”.
Como dice Bregman, en el fallo Arroyo Salgado afirma que "la actuación de la justicia penal se da en un contexto de conflictividad que hace ya meses se encuentra vigente entre la empresa Lear y los trabajadores despedidos, cuya resolución compete a la justicia laboral y el Ministerio de Trabajo de la Nación".
Recordemos que desde fines de mayo los trabajadores se encuentran reclamando contra los despidos ilegales y persecutorios encarados por la empresa norteamericana que produce mazos de cables para la terminal automotriz Ford.
En relación a la continuidad de las medidas, Rubén Matu confirmó que hoy se realizará “una larga jornada de lucha, arrancando desde muy temprano frente a la fábrica y terminando a la tarde movilizando al Ministerio de Trabajo en Capital.”
Una nueva jornada de lucha para un conflicto aún irresuelto.
Daniel Satur
@saturnetroc
Dálmine/Siderca/Tenaris: 60 años de explotación
Pareciera que en un abrir y cerrar de ojos pasaron 60 años, cualquiera podría pensar que lo que se nombran son tres razones sociales diferentes- Dálmine/Siderca/Tenaris- pero no, sólo son nombres de una misma empresa que durante 60 años juntó fortunas, hasta ser los segundos más ricos de Argentina según la revista Forbes.
Detrás de esta fábrica, símbolo del “progreso social” durante décadas, existe un gran negocio basado en la explotación. Padres, hijos y nietos, tres generaciones de trabajadores metalúrgicos, han dejado hasta su vida – como el trabajador de acería Amarilla, quien falleció producto de un accidente laboral- en la que en poco tiempo se convirtió en la empresa modelo, la joya del imperio de los Rocca.
Un breve repaso histórico
A la salida de la crisis de los años 30’, en Italia, el ingeniero Agostino Rocca comienza a tener un desarrollo en su carrera y rápidamente pasa a ser “asesor” del estado fascista, llegando a tener el cargo de ministro de Mussolini. Su desempeño en los negocios fue destacado durante la década del 30’ y comienzo de los 40’, por lo que cuando llegó la guerra hizo nuevos negociados transformando su industria siderúrgica en industria de guerra. La derrota del fascismo determinó que Rocca buscara nuevos mercados para sus negocios como gran empresario de acero y así fue que llegó a la Argentina y en 1945 funda Techint, ligado a las necesidades del estado argentino, vía la comisión nacional de industria.
Así, Agostino comienza a poner en pie su imperio del acero con grandes favores del estado argentino; Rocca comulgó con gobiernos democráticos y militares, con todos hizo negocios y consiguió grandes beneficios, compró voluntades, cooptó sindicatos y se mostró amigo de la iglesia, todo para mantener intactas sus gigantescas ganancias.
Los continuadores cambian de nombre, no de apellido
Ya en el siglo XXI la familia Rocca sigue con su rol de empresario industrial beneficiario de los negocios que genera el estado, con la patria contratista de los 70’ YPF fue hasta los 90 "El gran negocio". Hoy, reestatizada, el negociado cambia de nombre a “Vaca muerta”, pero con un mismo objetivo y los mismos métodos: Grandes ganancias con la extrema explotación de viejos y nuevos trabajadores.
Agustin y Roberto Rocca los interlocutores con la dictadura, haciendo uso de la bicicleta financiera, obtuvieron grandes préstamos internacionales, fueron proveedores exclusivos del estado y no faltaron a la fiesta de la obra pública. Pero lo más aberrante es su responsabilidad en la desaparición de cientos de trabajadores, activistas, delegados y militantes revolucionarios. Los números fríos dicen 275 trabajadores desaparecidos del grupo Techint, en Dalmine/Siderca 60 compañeros fueron marcados, secuestrados y desaparecidos. Agustín muere en 1978 y deja al monstruo en manos de Roberto, segunda generación de los Rocca.
Hoy después de 38 años comienza sonar la posibilidad de que a Dalmine/Siderca se la siente en sillón de los acusados, por su responsabilidad en las 60 desapariciones de heroicos trabajadores que resistieron a la dictadura y los planes patronales quienes intentaban imponer nuevos métodos de explotación. Llegaba la hora de la reconversión industrial, ampliar los mercados, y la variable de ajuste recaía nuevamente en los miles de trabajadores. A los que osaron poner las ideas y el cuerpo la patronal les respondió con desaparición, y a los padres, hijos y nietos que siguieron sufriendo la explotación, mas disciplina, mas ritmos de producción y mas rendimiento productivo.
Pasaron los 80’ y a la salida de la dictadura Siderca, en manos de Roberto Rocca, seguía avanzando. Los nuevos aires democráticos traían nuevos beneficio al imperio del acero, ahora socios de Ricardo Alfonsin. Para los Rocca, 600 millones de dólares para el montaje del laminador 2 (LACO2), para los trabajadores mas explotación.
Los 90’ encontraron a los Rocca siendo socios de Carlos Menen y aprovechando los favores de la flexibilización laboral. Los trabajadores resistieron, en conflictos largos y duros, el mas emblemático de los cuales fue el conflicto de Palanquilla. La reconversión industrial debía pasar, en ese conflicto la UOM mostró su inoperancia y de que lado estaba llevando a los trabajadores a una derrota con despidos, reestructuraciones y mas explotación.
Así pasaron 10 años de congelamiento salarial y el cuentito de la convertibilidad, con el que no dudaron romper relaciones, sabiendo que en el próximo recambio de gobierno llegaba La Alianza y su amigo Cavallo seria parte del gobierno de De la Rua. En aquel 1999 el industrial mas poderoso de la argentina no dudo en sentenciar “el uno a uno no es para siempre”. Reclamos a los cuatro vientos de devaluación y competitividad, es decir, mas explotación. Se abrió el camino a la debacle de 2001.
En estos años el imperio de los Rocca amplia sus fronteras y pone en marcha un proceso de trasnacionalizacion del grupo y a mediados de la primer década del siglo XXI pone en pie el gran monstruo Tenaris, manejando un gran porcentaje del mercado mundial en la fabricación y comercialización de tubos sin costura.
En 2003 muere Roberto Rocca siendo unos de los 300 hombres mas ricos del mundo según la revista Forbes con una fortuna de 1600 millones de dólares, lo que obliga a un cambio de timón. Se hace cargo de la empresa como CEO Paolo Rocca, padre, hijo ahora el nieto a cargo de seguir explotando trabajadores.
Y como no podía ser de otra manera los favores y beneficios continuaron llegando, de la mano de Duhalde primero con la devaluación y de Nestor Kirchner y su plan de un Capitalismo de amigos, entre ellos Paolo Rocca el CEO del imperio del acero Tenaris/siderca. Una década mas de superexplotación, el verso del modelos, las paritarias y papel de la UOM. Pero nuevamente hubo resistencia, presión por abajo de parte de los trabajadores, y aparecieron los favores del sindicato, techos salariales prolijamente cubiertos. En el 2004 por responsabilidad absoluta del la UOM y sus dirigentes se llevo a los trabajadores tras la bandera de “bienvenido señor presidente” para que el imperio del acero en su 50 aniversario sea nuevamente bendecido por los beneficios de un nuevo gobierno y del viento de cola de la economía internacional.
En 2008/2009 nuevamente un despertar, surgía como expresión de resistencia “el sindicalismo de base”.En Tenaris/siderca tuvo su expresión en un puñado de trabajadores, activistas, delegados que ponían en marcha un proceso de agrupamientos, contra la crisis económica, las suspensiones, los techos salariales. Los Rocca acuden nuevamente a sus agentes de la burocracia sindical de la UOM, que golpea con expulsiones. Fuimos 7 trabajadores, entre ellos quien escribe, expulsados por resistir y enfrentar el plan de la patronal, el sindicalismo de base mostró mucho!!!
Llego el 2014, con bombos y platillos el imperio de acero quiere festejar su 60 avo aniversario, nos habla de grandes ganancias acumuladas, de sumas importantes de inversión, de grandes negocios, YPF y Vaca Muerta.
Grandes festejos para la gran comunidad fabril Tenaris/siderca/Campana, maratones, espectáculos culturales, mega fiestas, mientras ellos festejan 60 años de explotación, los trabajadores que durante tres generaciones hemos resistido el avance de tres generaciones de los Rocca, no tenemos nada que festejar.
Padre, hijo y nieto a un lado y otro, patrones y trabajadores construyendo 60 años de historia, estamos con los trabajadores, forjando una nueva tradición, basta de explotación.
Guillermo Betancourt
Detrás de esta fábrica, símbolo del “progreso social” durante décadas, existe un gran negocio basado en la explotación. Padres, hijos y nietos, tres generaciones de trabajadores metalúrgicos, han dejado hasta su vida – como el trabajador de acería Amarilla, quien falleció producto de un accidente laboral- en la que en poco tiempo se convirtió en la empresa modelo, la joya del imperio de los Rocca.
Un breve repaso histórico
A la salida de la crisis de los años 30’, en Italia, el ingeniero Agostino Rocca comienza a tener un desarrollo en su carrera y rápidamente pasa a ser “asesor” del estado fascista, llegando a tener el cargo de ministro de Mussolini. Su desempeño en los negocios fue destacado durante la década del 30’ y comienzo de los 40’, por lo que cuando llegó la guerra hizo nuevos negociados transformando su industria siderúrgica en industria de guerra. La derrota del fascismo determinó que Rocca buscara nuevos mercados para sus negocios como gran empresario de acero y así fue que llegó a la Argentina y en 1945 funda Techint, ligado a las necesidades del estado argentino, vía la comisión nacional de industria.
Así, Agostino comienza a poner en pie su imperio del acero con grandes favores del estado argentino; Rocca comulgó con gobiernos democráticos y militares, con todos hizo negocios y consiguió grandes beneficios, compró voluntades, cooptó sindicatos y se mostró amigo de la iglesia, todo para mantener intactas sus gigantescas ganancias.
Los continuadores cambian de nombre, no de apellido
Ya en el siglo XXI la familia Rocca sigue con su rol de empresario industrial beneficiario de los negocios que genera el estado, con la patria contratista de los 70’ YPF fue hasta los 90 "El gran negocio". Hoy, reestatizada, el negociado cambia de nombre a “Vaca muerta”, pero con un mismo objetivo y los mismos métodos: Grandes ganancias con la extrema explotación de viejos y nuevos trabajadores.
Agustin y Roberto Rocca los interlocutores con la dictadura, haciendo uso de la bicicleta financiera, obtuvieron grandes préstamos internacionales, fueron proveedores exclusivos del estado y no faltaron a la fiesta de la obra pública. Pero lo más aberrante es su responsabilidad en la desaparición de cientos de trabajadores, activistas, delegados y militantes revolucionarios. Los números fríos dicen 275 trabajadores desaparecidos del grupo Techint, en Dalmine/Siderca 60 compañeros fueron marcados, secuestrados y desaparecidos. Agustín muere en 1978 y deja al monstruo en manos de Roberto, segunda generación de los Rocca.
Hoy después de 38 años comienza sonar la posibilidad de que a Dalmine/Siderca se la siente en sillón de los acusados, por su responsabilidad en las 60 desapariciones de heroicos trabajadores que resistieron a la dictadura y los planes patronales quienes intentaban imponer nuevos métodos de explotación. Llegaba la hora de la reconversión industrial, ampliar los mercados, y la variable de ajuste recaía nuevamente en los miles de trabajadores. A los que osaron poner las ideas y el cuerpo la patronal les respondió con desaparición, y a los padres, hijos y nietos que siguieron sufriendo la explotación, mas disciplina, mas ritmos de producción y mas rendimiento productivo.
Pasaron los 80’ y a la salida de la dictadura Siderca, en manos de Roberto Rocca, seguía avanzando. Los nuevos aires democráticos traían nuevos beneficio al imperio del acero, ahora socios de Ricardo Alfonsin. Para los Rocca, 600 millones de dólares para el montaje del laminador 2 (LACO2), para los trabajadores mas explotación.
Los 90’ encontraron a los Rocca siendo socios de Carlos Menen y aprovechando los favores de la flexibilización laboral. Los trabajadores resistieron, en conflictos largos y duros, el mas emblemático de los cuales fue el conflicto de Palanquilla. La reconversión industrial debía pasar, en ese conflicto la UOM mostró su inoperancia y de que lado estaba llevando a los trabajadores a una derrota con despidos, reestructuraciones y mas explotación.
Así pasaron 10 años de congelamiento salarial y el cuentito de la convertibilidad, con el que no dudaron romper relaciones, sabiendo que en el próximo recambio de gobierno llegaba La Alianza y su amigo Cavallo seria parte del gobierno de De la Rua. En aquel 1999 el industrial mas poderoso de la argentina no dudo en sentenciar “el uno a uno no es para siempre”. Reclamos a los cuatro vientos de devaluación y competitividad, es decir, mas explotación. Se abrió el camino a la debacle de 2001.
En estos años el imperio de los Rocca amplia sus fronteras y pone en marcha un proceso de trasnacionalizacion del grupo y a mediados de la primer década del siglo XXI pone en pie el gran monstruo Tenaris, manejando un gran porcentaje del mercado mundial en la fabricación y comercialización de tubos sin costura.
En 2003 muere Roberto Rocca siendo unos de los 300 hombres mas ricos del mundo según la revista Forbes con una fortuna de 1600 millones de dólares, lo que obliga a un cambio de timón. Se hace cargo de la empresa como CEO Paolo Rocca, padre, hijo ahora el nieto a cargo de seguir explotando trabajadores.
Y como no podía ser de otra manera los favores y beneficios continuaron llegando, de la mano de Duhalde primero con la devaluación y de Nestor Kirchner y su plan de un Capitalismo de amigos, entre ellos Paolo Rocca el CEO del imperio del acero Tenaris/siderca. Una década mas de superexplotación, el verso del modelos, las paritarias y papel de la UOM. Pero nuevamente hubo resistencia, presión por abajo de parte de los trabajadores, y aparecieron los favores del sindicato, techos salariales prolijamente cubiertos. En el 2004 por responsabilidad absoluta del la UOM y sus dirigentes se llevo a los trabajadores tras la bandera de “bienvenido señor presidente” para que el imperio del acero en su 50 aniversario sea nuevamente bendecido por los beneficios de un nuevo gobierno y del viento de cola de la economía internacional.
En 2008/2009 nuevamente un despertar, surgía como expresión de resistencia “el sindicalismo de base”.En Tenaris/siderca tuvo su expresión en un puñado de trabajadores, activistas, delegados que ponían en marcha un proceso de agrupamientos, contra la crisis económica, las suspensiones, los techos salariales. Los Rocca acuden nuevamente a sus agentes de la burocracia sindical de la UOM, que golpea con expulsiones. Fuimos 7 trabajadores, entre ellos quien escribe, expulsados por resistir y enfrentar el plan de la patronal, el sindicalismo de base mostró mucho!!!
Llego el 2014, con bombos y platillos el imperio de acero quiere festejar su 60 avo aniversario, nos habla de grandes ganancias acumuladas, de sumas importantes de inversión, de grandes negocios, YPF y Vaca Muerta.
Grandes festejos para la gran comunidad fabril Tenaris/siderca/Campana, maratones, espectáculos culturales, mega fiestas, mientras ellos festejan 60 años de explotación, los trabajadores que durante tres generaciones hemos resistido el avance de tres generaciones de los Rocca, no tenemos nada que festejar.
Padre, hijo y nieto a un lado y otro, patrones y trabajadores construyendo 60 años de historia, estamos con los trabajadores, forjando una nueva tradición, basta de explotación.
Guillermo Betancourt
miércoles, 5 de noviembre de 2014
Holdouts: El libreto y sus protagonistas
Desde fines del año pasado -dos años antes del cambio de gobierno en Diciembre de 2015- se ha instaurado en la Argentina un prematuro y artificial clima pre-electoral que sirve como distractivo de importantísimas decisiones de gobierno que se están tomando en materia de endeudamiento público.
Bajo las narices de toda la clase política -sin que los principales referentes digan algo al respecto- la administración K sigue avanzando en la toma de compromisos financieros sin capacidad de repago y que sólo apuntan a patear las obligaciones para adelante cancelando todos los vencimientos de capital con más deuda, aumentando el pago de los intereses y recargos e incrementando además el stock de los pasivos del Estado con Deuda Nueva.
Es la vía de cumplimiento de la Hoja de Ruta Boudou, que fija como requisitos liquidar la cuestión de los Holdouts y haberse allanado a las exigencias del Club de París para poder volver así al Mercado Internacional de Capitales, es decir, para volver a endeudarse en el exterior.
Pese a la falta de informaciones clave a este respecto, todas las acciones del gobierno K son convergentes hacia una nueva ola de endeudamiento público y los hechos se encargan de demostrarlo.
Tomando en su conjunto la denominada Década Ganada, nos encontramos que durante estos 10 años la Argentina K se dedicó primariamente a batir récords de pagos de la Deuda Externa: 190.000 MD (Millones de Dólares) que la presidenta no deja de recordar como auto-elogio de su condición de “pagadora serial”.
Toda esa masa de dinero fue pagada privilegiadamente a los Acreedores Externos y a los Organismos Financieros Internacionales (FMI, Banco Mundial, BID y CAF) pero el stock de la Deuda Pública no bajó sino que, por el contrario, el aumento promedio fue de 10.000 MD por año ya que hasta el último centavo de vencimientos de Capital se pagó, se paga y se seguirá pagando con nueva Deuda y no con cancelaciones netas.
Así, el gran perjudicado por esta descomunal transferencia de divisas al exterior ha sido el Estado y, por ende, el Pueblo Argentino, a través del mecanismo generalizado de traspaso de las obligaciones impagables con incremento de la Deuda intra-Estado, fundamentalmente desfinanciando el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, descapitalizando las Reservas Internacionales del Banco Central (BCRA) y desviando la mitad de la cartera de préstamos del Banco Nación (BNA) para sostener la deuda del Tesoro.
Agotadas ahora estas vías espurias y transitorias de financiamiento del Estado por la existencia de Déficits gemelos - Fiscal y de Balanza de pagos - llegada a niveles máximos la presión tributaria y a límites altísimos la emisión monetaria inflacionaria, el Sistema de la Deuda vuelve por sus fueros; y lo hace a caballo de la vieja receta neoliberal que dice: “no emitan Dinero, emitan Deuda”.
Así, el gobierno K, en las postrimerías de su gestión, viene armando la Tercera Gran Ola de Endeudamiento Externo, después de la Primera, gestada bajo el Proceso Militar, y de la Segunda, desarrollada con la Convertibilidad Menemista.
El stock oficial de la Deuda Pública al 31.12.2013 pasa los 300.000 MD: 214.400 MD por Capital, 72.400 MD por Intereses a Pagar y 15.000 MD por saldo de Cupones PBI: 302.000 MD en total; sólo en cabeza del Estado Central (sin contar Provincias/Municipios, BCRA, Empresas del Estado, Organismos Nacionales, Fondos Fiduciarios y Juicios contra el Estado con Sentencia en firme).
El Presupuesto 2014 prevé un aumento de la Deuda Pública durante el Ejercicio en curso por el equivalente a 12.700 MD (Amortización de Deudas por 44.300 MD contra Endeudamiento Público por 57.000).
Además, en lo que va del año, se han agregado deudas extraordinarias no previstas:
a) Pago con bonos de 5 laudos perdidos ante el CIADI por 677 MD. b) Pago con bonos de la indemnización a Repsol por YPF: 6.000 MD de Capital más 5.000 de Intereses. c) Allanamiento a las exigencias del Club de París por 9.700 MD, frente a los 6.000 MD que computaba hasta ahora el Ministerio de Economía (MECON).
El Tesoro ha comenzado a emitir títulos a corto y mediano plazo en pesos: Bonar 2017, por 10.000 M$ a Tasa de Interés 28 % y Bonar 2016 por otros 10.000 M$, a Tasa del 23 %.
En Octubre, la Tesorería comenzó a emitir además 1.000 MD en BONAD 2016, bajo mecanismo dollar linked, es decir, bonos que se pagan en pesos con cláusula de ajuste dólar más 1.75 % de Interés.
Toda esta nueva deuda que se está emitiendo va a tener que ser pagada por el nuevo gobierno que suceda a la administración K.
Y a ello se le suma el agujero negro de la cuestión de los Holdouts:
1. Juicios perdidos en los Tribunales de Nueva York: 1.600 MD por el caso testigo NML-Aurelius y Otros (que ha sido perdido en todas las instancias legales de los Estados Unidos reconocidas por el gobierno K) más los nuevos juicios que ya tienen fallos en contra del país (de los cuales más de 1.500 MD por otras dos de las 11 demandas del fondo NML-Elliot/Singer).
2. Reclamos del resto de los Holdouts por un total estimado entre 20 y 30.000 MD, incluyendo gastos, honorarios y costas de los juicios.
3. Reclamos posibles de los bonistas que entraron en el Megacanje Kirchner-Lavagna 2005-2010 por aplicación de las cláusulas RUFO/MFC, ante cuyos términos el país estaría expuesto a reclamos por hasta 120-150.000 MD.
La estrategia seguida por el gobierno K frente a esta problemática de la Deuda es diferir el cumplimiento del fallo Griesa hasta Enero de 2015 para tratar de burlar la cláusula RUFO y encarar a partir de entonces el pago a los Fondos Buitre (FB), lo que dispara, sin embargo, el problema de los tres puntos citados.
Bajo toda evidencia, la presidenta esperaba que la Corte Suprema de los Estados Unidos - sea tomando en cuenta su apelación a la sentencia Griesa o simplemente pidiendo opinión a la Procuración del Tesoro - la ayudara a lograr estos diferimientos pero sus expectativas se vieron defraudadas con el rechazo de la Corte y el bloqueo de los pagos de intereses a los bonistas del canje por el juez.
Desde entonces, las complicaciones, desprolijidades y contradicciones de la administración K no han dejado de crecer, al amparo de un discurso oficial duro “para la galería” mientras se trata de ganar tiempo a costa de nuevos compromisos y de concesiones de cualquier orden (desde las nuevas deudas hasta el petróleo).
Así, a la serie de colocaciones de deuda antes citadas se le agrega la presentación del proyecto sobre Convención Multilateral de Reestructuraciones de Deuda Soberana en la ONU, en línea con el viejo proyecto del FMI elaborado por el grupo a cargo de su vicepresidenta Anne Krueger en 2002.
En el orden local la Deuda Cuasi-Fiscal del BCRA por Lebac/Nobac ha crecido a niveles sin precedentes: 260.000 M$ - equivalentes a 30.700 MD (al 30.9.2014) - que representan el 68, casi el 70 %, de la Base Monetaria.
El país, sin reservas netas o de libre disponibilidad, intenta recomponer el stock de divisas comprando dólares con Deuda en pesos (Lebac/Nobac) o pidiéndolas directamente prestadas por vía del BCRA (Otros Pasivos con el Banco de Francia, el BIS de Basilea y el acuerdo de Swap de monedas con China), pero todo ello es más deuda lateral a la del Tesoro e igualmente emitida sin capacidad de repago.
Y frente a este cuadro de situación está el Presupuesto 2015 que acaba de aprobar el Congreso y que establece todavía más pagos y más Deuda:
a) Aumento de la Deuda Pública durante el Ejercicio por 17.700 MD (Amortización de Deuda por 53.600 MD contra nuevo Endeudamiento por 71.300).
b) Dentro del total a refinanciar, 46.100 MD corresponden a Operaciones generales de Crédito Público (artículo 37) y 12.000 MD a pagos de Deuda Externa con Reservas del BCRA, que se hacen a través del llamado Fondo de Desendeudamiento (FDA).
c) Se contemplan Intereses a Pagar por 96.200 M$ - equivalentes a 10.200 MD (a un tipo de cambio previsto de 9.45 $/US$) - pero no se informa sobre la parte de los intereses que se capitalizan por anatocismo, que sumarían otros 1.000 MD.
d) El Presupuesto autoriza además al Poder Ejecutivo a contraer otros 50.300 MD de deuda para financiar Obras Públicas y de Infraestructura (artículo 41).
e) Se autoriza también la contracción por el Ejecutivo de Operaciones de Crédito pluri-anuales por otros 37.200 MD (artículo 43).
f) Es decir, que sumando los tres artículos que cuantifican autorizaciones de nueva deuda pública (37, 41 y 43) el gobierno Kirchner queda autorizado por la Ley de Presupuesto para contraer nuevas deudas por un total equivalente a 133.600 MD (46.100 + 50.300 + 37.200) durante el último año de su gestión.
Hasta aquí el cuadro de situación resumido de la Deuda Pública actual de la administración K incluyendo los compromisos asumidos y/o autorizados hasta la fecha; y de las proyecciones crecientes de sus obligaciones que serán transferidas al nuevo gobierno electo en el 2015.
Éste es el libreto que se está escribiendo -o, al menos, la parte conocida hasta ahora del libreto- y ahora falta que, aparte de completar su protagonismo hasta el fin del mandato, aparezcan los nuevos actores que van a tener que ejecutarlo en el futuro próximo y en sus roles más pesados.
Notablemente, la mayoría de la partidocracia opositora soslaya directamente estos hechos, parece ignorar el problema de la nueva Crisis de Deuda que vive el país, acompaña - por acción y/o por omisión - las acciones de la administración K encaminadas a volver a tomar Deuda Externa, y sus candidatos se preocupan más en presentarse ante los acreedores extranjeros como garantes del cheque en blanco que van a recibir del gobierno Kirchner que por prevenir y defender los intereses financieros del Pueblo y del Estado Argentino.
Héctor Giuliano
Argenpress
Bajo las narices de toda la clase política -sin que los principales referentes digan algo al respecto- la administración K sigue avanzando en la toma de compromisos financieros sin capacidad de repago y que sólo apuntan a patear las obligaciones para adelante cancelando todos los vencimientos de capital con más deuda, aumentando el pago de los intereses y recargos e incrementando además el stock de los pasivos del Estado con Deuda Nueva.
Es la vía de cumplimiento de la Hoja de Ruta Boudou, que fija como requisitos liquidar la cuestión de los Holdouts y haberse allanado a las exigencias del Club de París para poder volver así al Mercado Internacional de Capitales, es decir, para volver a endeudarse en el exterior.
Pese a la falta de informaciones clave a este respecto, todas las acciones del gobierno K son convergentes hacia una nueva ola de endeudamiento público y los hechos se encargan de demostrarlo.
Tomando en su conjunto la denominada Década Ganada, nos encontramos que durante estos 10 años la Argentina K se dedicó primariamente a batir récords de pagos de la Deuda Externa: 190.000 MD (Millones de Dólares) que la presidenta no deja de recordar como auto-elogio de su condición de “pagadora serial”.
Toda esa masa de dinero fue pagada privilegiadamente a los Acreedores Externos y a los Organismos Financieros Internacionales (FMI, Banco Mundial, BID y CAF) pero el stock de la Deuda Pública no bajó sino que, por el contrario, el aumento promedio fue de 10.000 MD por año ya que hasta el último centavo de vencimientos de Capital se pagó, se paga y se seguirá pagando con nueva Deuda y no con cancelaciones netas.
Así, el gran perjudicado por esta descomunal transferencia de divisas al exterior ha sido el Estado y, por ende, el Pueblo Argentino, a través del mecanismo generalizado de traspaso de las obligaciones impagables con incremento de la Deuda intra-Estado, fundamentalmente desfinanciando el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, descapitalizando las Reservas Internacionales del Banco Central (BCRA) y desviando la mitad de la cartera de préstamos del Banco Nación (BNA) para sostener la deuda del Tesoro.
Agotadas ahora estas vías espurias y transitorias de financiamiento del Estado por la existencia de Déficits gemelos - Fiscal y de Balanza de pagos - llegada a niveles máximos la presión tributaria y a límites altísimos la emisión monetaria inflacionaria, el Sistema de la Deuda vuelve por sus fueros; y lo hace a caballo de la vieja receta neoliberal que dice: “no emitan Dinero, emitan Deuda”.
Así, el gobierno K, en las postrimerías de su gestión, viene armando la Tercera Gran Ola de Endeudamiento Externo, después de la Primera, gestada bajo el Proceso Militar, y de la Segunda, desarrollada con la Convertibilidad Menemista.
El stock oficial de la Deuda Pública al 31.12.2013 pasa los 300.000 MD: 214.400 MD por Capital, 72.400 MD por Intereses a Pagar y 15.000 MD por saldo de Cupones PBI: 302.000 MD en total; sólo en cabeza del Estado Central (sin contar Provincias/Municipios, BCRA, Empresas del Estado, Organismos Nacionales, Fondos Fiduciarios y Juicios contra el Estado con Sentencia en firme).
El Presupuesto 2014 prevé un aumento de la Deuda Pública durante el Ejercicio en curso por el equivalente a 12.700 MD (Amortización de Deudas por 44.300 MD contra Endeudamiento Público por 57.000).
Además, en lo que va del año, se han agregado deudas extraordinarias no previstas:
a) Pago con bonos de 5 laudos perdidos ante el CIADI por 677 MD. b) Pago con bonos de la indemnización a Repsol por YPF: 6.000 MD de Capital más 5.000 de Intereses. c) Allanamiento a las exigencias del Club de París por 9.700 MD, frente a los 6.000 MD que computaba hasta ahora el Ministerio de Economía (MECON).
El Tesoro ha comenzado a emitir títulos a corto y mediano plazo en pesos: Bonar 2017, por 10.000 M$ a Tasa de Interés 28 % y Bonar 2016 por otros 10.000 M$, a Tasa del 23 %.
En Octubre, la Tesorería comenzó a emitir además 1.000 MD en BONAD 2016, bajo mecanismo dollar linked, es decir, bonos que se pagan en pesos con cláusula de ajuste dólar más 1.75 % de Interés.
Toda esta nueva deuda que se está emitiendo va a tener que ser pagada por el nuevo gobierno que suceda a la administración K.
Y a ello se le suma el agujero negro de la cuestión de los Holdouts:
1. Juicios perdidos en los Tribunales de Nueva York: 1.600 MD por el caso testigo NML-Aurelius y Otros (que ha sido perdido en todas las instancias legales de los Estados Unidos reconocidas por el gobierno K) más los nuevos juicios que ya tienen fallos en contra del país (de los cuales más de 1.500 MD por otras dos de las 11 demandas del fondo NML-Elliot/Singer).
2. Reclamos del resto de los Holdouts por un total estimado entre 20 y 30.000 MD, incluyendo gastos, honorarios y costas de los juicios.
3. Reclamos posibles de los bonistas que entraron en el Megacanje Kirchner-Lavagna 2005-2010 por aplicación de las cláusulas RUFO/MFC, ante cuyos términos el país estaría expuesto a reclamos por hasta 120-150.000 MD.
La estrategia seguida por el gobierno K frente a esta problemática de la Deuda es diferir el cumplimiento del fallo Griesa hasta Enero de 2015 para tratar de burlar la cláusula RUFO y encarar a partir de entonces el pago a los Fondos Buitre (FB), lo que dispara, sin embargo, el problema de los tres puntos citados.
Bajo toda evidencia, la presidenta esperaba que la Corte Suprema de los Estados Unidos - sea tomando en cuenta su apelación a la sentencia Griesa o simplemente pidiendo opinión a la Procuración del Tesoro - la ayudara a lograr estos diferimientos pero sus expectativas se vieron defraudadas con el rechazo de la Corte y el bloqueo de los pagos de intereses a los bonistas del canje por el juez.
Desde entonces, las complicaciones, desprolijidades y contradicciones de la administración K no han dejado de crecer, al amparo de un discurso oficial duro “para la galería” mientras se trata de ganar tiempo a costa de nuevos compromisos y de concesiones de cualquier orden (desde las nuevas deudas hasta el petróleo).
Así, a la serie de colocaciones de deuda antes citadas se le agrega la presentación del proyecto sobre Convención Multilateral de Reestructuraciones de Deuda Soberana en la ONU, en línea con el viejo proyecto del FMI elaborado por el grupo a cargo de su vicepresidenta Anne Krueger en 2002.
En el orden local la Deuda Cuasi-Fiscal del BCRA por Lebac/Nobac ha crecido a niveles sin precedentes: 260.000 M$ - equivalentes a 30.700 MD (al 30.9.2014) - que representan el 68, casi el 70 %, de la Base Monetaria.
El país, sin reservas netas o de libre disponibilidad, intenta recomponer el stock de divisas comprando dólares con Deuda en pesos (Lebac/Nobac) o pidiéndolas directamente prestadas por vía del BCRA (Otros Pasivos con el Banco de Francia, el BIS de Basilea y el acuerdo de Swap de monedas con China), pero todo ello es más deuda lateral a la del Tesoro e igualmente emitida sin capacidad de repago.
Y frente a este cuadro de situación está el Presupuesto 2015 que acaba de aprobar el Congreso y que establece todavía más pagos y más Deuda:
a) Aumento de la Deuda Pública durante el Ejercicio por 17.700 MD (Amortización de Deuda por 53.600 MD contra nuevo Endeudamiento por 71.300).
b) Dentro del total a refinanciar, 46.100 MD corresponden a Operaciones generales de Crédito Público (artículo 37) y 12.000 MD a pagos de Deuda Externa con Reservas del BCRA, que se hacen a través del llamado Fondo de Desendeudamiento (FDA).
c) Se contemplan Intereses a Pagar por 96.200 M$ - equivalentes a 10.200 MD (a un tipo de cambio previsto de 9.45 $/US$) - pero no se informa sobre la parte de los intereses que se capitalizan por anatocismo, que sumarían otros 1.000 MD.
d) El Presupuesto autoriza además al Poder Ejecutivo a contraer otros 50.300 MD de deuda para financiar Obras Públicas y de Infraestructura (artículo 41).
e) Se autoriza también la contracción por el Ejecutivo de Operaciones de Crédito pluri-anuales por otros 37.200 MD (artículo 43).
f) Es decir, que sumando los tres artículos que cuantifican autorizaciones de nueva deuda pública (37, 41 y 43) el gobierno Kirchner queda autorizado por la Ley de Presupuesto para contraer nuevas deudas por un total equivalente a 133.600 MD (46.100 + 50.300 + 37.200) durante el último año de su gestión.
Hasta aquí el cuadro de situación resumido de la Deuda Pública actual de la administración K incluyendo los compromisos asumidos y/o autorizados hasta la fecha; y de las proyecciones crecientes de sus obligaciones que serán transferidas al nuevo gobierno electo en el 2015.
Éste es el libreto que se está escribiendo -o, al menos, la parte conocida hasta ahora del libreto- y ahora falta que, aparte de completar su protagonismo hasta el fin del mandato, aparezcan los nuevos actores que van a tener que ejecutarlo en el futuro próximo y en sus roles más pesados.
Notablemente, la mayoría de la partidocracia opositora soslaya directamente estos hechos, parece ignorar el problema de la nueva Crisis de Deuda que vive el país, acompaña - por acción y/o por omisión - las acciones de la administración K encaminadas a volver a tomar Deuda Externa, y sus candidatos se preocupan más en presentarse ante los acreedores extranjeros como garantes del cheque en blanco que van a recibir del gobierno Kirchner que por prevenir y defender los intereses financieros del Pueblo y del Estado Argentino.
Héctor Giuliano
Argenpress
martes, 4 de noviembre de 2014
Más inundaciones en La Matanza, cinco mil evacuados y repudio a Espinoza
Las fuertes lluvias del domingo, de la madrugada y mañana del lunes empeoraron la crisis social y política abierta en La Matanza. A pesar de las declaraciones de Scioli, la falta de inversión en obras en el distrito queda en evidencia. Habitantes de Laferrere repudiaron la presencia de Espinoza. SUTEBA La Matanza convoca de urgencia a una reunión de cuerpo de delegados y representantes de escuelas.
La situación es desesperante, en las redes sociales cientos de habitantes afectados expresan su angustia y su bronca. Hasta el sábado constatamos que veinte escuelas funcionan como centros de evacuados y que en cada una de ellas están alojadas entre doscientas y trescientas personas. En promedio se calcula unos cinco mil evacuados, según los propios registros del sindicato docente, SUTEBA La Matanza. Las zonas más afectadas con el temporal de la semana pasada fueron Laferrere, González Catán y Virrey del Pino.
Pero el fin de semana, con las copiosas lluvias del domingo y lunes por la madrugada, se agravó la situación y se esperan más evacuados durante el día de hoy. Vecinos del Arroyo Dupuy, ubicado en Laferrere, denuncian que hoy lunes están viviendo la inundación número dieciocho desde que va del año: “hace aproximadamente once meses que les venimos avisando y monitoreando el desenlace de las aguas sobre la zona de Laferrere. Sabíamos que las aguas cada día bajan más rápido y nos inundan. Lástima que no nos escucharon. Hemos hecho reclamos ante la provincia, Nación, ACUMAR y el gobierno municipal. Muchos oídos sordos. Cincuenta mil damnificados en Laferrere no son nada, parece”.
Anoche, el sindicato docente local, SUTEBA La Matanza, difundió una convocatoria de urgencia al cuerpo de delegados y representantes de escuelas por la crisis social en la que se encuentra el distrito. Se reunirán esta tarde en la sede sindical para debatir “la situación de las inundaciones y evacuados, los reclamos al gobierno, y la organización e intervención solidaria para ayudar a las familias afectadas”. Decenas de escuelas del distrito están realizando colectas de donaciones y distribuyendo la ayuda, a pesar de la discrecionalidad con la que se manejan los punteros territoriales del PJ, que en ocasiones se niegan a que los docentes se acerquen a las escuelas o entreguen ayuda.
El viernes el intendente Espinoza participó en la ciudad de San Nicolás de una reunión del PJ provincial junto con Scioli. Como si fuese un chiste de mal gusto, el gobernador y precandidato a presidente declaró que estábamos ante “un país más reindustrializado, desendeudado social y económicamente, con miles de viviendas y con obras de infraestructura”. El domingo, Fernando Espinoza se dignó a bajar del helicóptero y se acercó a la localidad de Laferrere custodiado por al menos setenta gendarmes. Los vecinos repudiaron la presencia del intendente y se tuvo que retirar de la zona. Estas manifestaciones de repudio al precandidato del PJ para la Gobernación se suman a los cortes de ruta que se realizaron la semana pasada en las puertas de las sedes municipales, donde hubo empujones con la policía que intentó desalojarlos. Los afectados apuntaban al intendente y denunciaban que sólo se acuerdan de ellos en las elecciones.
Laferrere: en un año, 18 inundaciones
La sudestada junto con las fuertes y constantes lluvias, provocan nuevamente el desborde del arroyo Dupuy. Las fotos de la galería muestran cómo se encuentran las calles aledañas al arroyo, provocando la inundación número 18 desde lo que va del año en la localidad de Laferrere.
Virginia Gómez
Docente - SUTEBA La Matanza
@mavirginiagomez
La economía después del “Griefault”: deterioro del poder adquisitivo, la escasez de dólares y recesión
El efecto de la devaluación de enero, y la administración que hace el gobierno de la llamada “restricción” externa, mantienen un deterioro económico que se confirma con cada dato, y pega sobre el empleo. La economía después del “Griefault”: deterioro del poder adquisitivo, la escasez de dólares y recesión
Aún en las estadísticas oficiales, se hace cada vez más palpable el deterioro de la economía. El viernes de la semana pasada fue se conoció las estimaciones de la industria y la construcción para el mes de septiembre. La primera mostró una caída de 1,8% respecto a igual mes del año anterior. En el acumulado en lo que va del año, respecto de igual período del año previo, la caída fue de 2,7%. La construcción, aunque tuvo en el mes un desempeño positivo (subió 3,2% en términos desestacionalizados) acumula en lo que va del año una caída de 1,2%.
Son datos que confirman un deterioro de la economía que confirma con cada dato que persiste y se profundiza. Y que, aunque el gobierno busque negarlo apelando a los datos sobre empleo formal provistos por el Ministerio de trabajo, pega en el empleo. El Índice de Obreros Ocupados (IOO) en la industria manufacturera registró en el tercer trimestre del año 2014 una reducción del 2,2% interanual, mientras que el Índice de Horas Trabajadas (IHT) en el sector exhibió una merma del 4,3% en relación al mismo periodo de 2013.
Devaluación y después
El deterioro económico es resultado de lo que, con todas las letras, debemos definir como una profundización del camino del ajuste económico encarado por el kirchnerismo durante 2014. La abrupta devaluación del tipo de cambio de enero último, que se produjo por efecto de que se volvió intolerable la presión de una tensión cambiaria que el gobierno dejó cocinarse a fuego lento un largo tiempo de la mano de un cepo a la compra de dólares que no sirvió para frenar la sangría de dólares, fue el capítulo más visible. En un sólo mes el dólar se encareció en la cotización oficial más de 20%. Esto contribuyó a acelerar la inflación (que anualizada ronda 40% en los últimos doce meses según todas las estimaciones oficiales y de los pocos organismos con mediciones propias, y más de 30% en lo que va del año).
Como el promedio de recomposición salarial de las paritarias está bastante por detrás del aumento de precios (25,9% en promedio según el Ministerio de Trabajo si descontamos el efecto de los aumentos en tramos), los salarios acusaron un golpe inédito durante todo el período kirchnerista: las estimaciones de caída en el poder adquisitivo se mueven entre 6 y 12%, según informes de sindicatos (opositores y oficialistas) y consultoras privadas.
No sorprende entonces la caída del consumo, que según informa la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) haya sido en el sector minorista de 5,3% en octubre último, comparado con igual mes de 2013, acumulando en los primeros diez meses una baja de 7,5% respecto de igual período del año anterior.
La devaluación agravó entonces las tendencias al parate económico, al mismo tiempo que generó fuertes ganancias para grandes empresas exportadoras y otras con abultadas tenencias de activos en dólares, como es el caso de los bancos (que sólo después de la devaluación fueron obligados a deprenderse de parte de esas tenencias de activos en moneda extranjera).
Pero como la escasez de dólares, que ha sido ampliamente tratada por diversos análisis como la vuelta de la “restricción externa”, un recurrente freno al crecimiento de la economía argentina, se mantiene de forma persistente, el gobierno redobló el freno a la salida de dólares generado por las importaciones. Según la Cámara de Importadores, más de 5 mil millones de dólares en importaciones permanecen impagas. Siendo que más del 80% de las importaciones son insumos claves para sostener en funcionamiento la desarticulada estructura productiva argentina, esto no hace más que agravar el parate económico. Incluso la vía que estaban adoptando algunas empresas para comprar insumos claves para la producción, que era pagarla con dólares adquiridos a través del contado con liqui, fue frenada desde la llegada de Vanoli. Es que este recurso no sólo contribuía a meter mayor presión sobre los precios (al comprar los insumos con un dólar más caro se encarece el producto final), sino que al ser la cotización del contado con liqui el parámetro para el dólar paralelo, contribuía a redoblar la tensión cambiaria. El freno a las importaciones permite entonces administrar la escasez de dólares, pero al precio de profundizar el parate económico que sigue confirmando cada dato que se difunde.
¿Restricción externa?
Lo curioso es que la economía argentina está obligada a lidiar con la escasez de dólares al cabo de una década en la que se acumuló el mayor superávit comercial sostenido en el tiempo del que se tenga registro. Sumando los superávits comerciales anuales del 2003 al 2014 obtenemos como resultado un superávit comercial externo de nada menos que 163 mil millones de dólares. Según Pablo Gerchunoff, ex funcionario de la cartera económica en tiempos de la Alianza, “Para igualar las exportaciones de esos años, en dólares a precios constantes, es necesario sumar las exportaciones de los sesenta años previos al kirchnerismo que van de 1943 al 2002”. Esta formidable entrada de dólares, tuvo como contrapartida una formidable sangría que tuvo entre sus capítulos principales la fuga de capitales.
Esta representó nada menos de 94.500 millones de dólares desde 2003 hasta la actualidad, siendo los mayores responsables de la misma los grandes grupos empresarios locales. A esto se suma la salida de dólares por giro de utilidades de las empresas extranjeras, que promediaron 7 mil millones de dólares al año desde 2003 hasta 2011 (cuando con Guillermo Moreno empezaron los intentos de restringir este drenaje), niveles récord que se dieron al mismo tiempo que la cúpula empresarial aumentaba su tasa de rentabilidad y acotaba los niveles de inversión.
Aunque esta vía de salida de dólares fue frenada, las investigaciones sobre maniobras con las facturaciones de importaciones, por las que ayer fue sancionada por AFIP la empresa Procter & Gamble, muestran que la inventiva empresaria conoce otras múltiples formas para seguir fugando dólares.
Como frutilla del postre, está la salida de dólares que involucraron los “pagos seriales” de la deuda pública, que también se pagó en la última década como nunca, a pesar de lo cual la deuda no dejó de ser un problema como recuerdan los buitres que sobrevuelan en espera de enero.
Entonces, si puede hablarse de “restricción externa”, es enteramente el fruto de la rapacidad de empresarios nacionales y extranjeros, y de los especuladores, y de la alegre permisividad del gobierno nacional, que dejó hacer libremente hasta que los números entraron en rojo, y desde entonces intenta restricciones pero sin atacar los problema de fondo.
Esteban Mercatante
@estebanm1870
Aún en las estadísticas oficiales, se hace cada vez más palpable el deterioro de la economía. El viernes de la semana pasada fue se conoció las estimaciones de la industria y la construcción para el mes de septiembre. La primera mostró una caída de 1,8% respecto a igual mes del año anterior. En el acumulado en lo que va del año, respecto de igual período del año previo, la caída fue de 2,7%. La construcción, aunque tuvo en el mes un desempeño positivo (subió 3,2% en términos desestacionalizados) acumula en lo que va del año una caída de 1,2%.
Son datos que confirman un deterioro de la economía que confirma con cada dato que persiste y se profundiza. Y que, aunque el gobierno busque negarlo apelando a los datos sobre empleo formal provistos por el Ministerio de trabajo, pega en el empleo. El Índice de Obreros Ocupados (IOO) en la industria manufacturera registró en el tercer trimestre del año 2014 una reducción del 2,2% interanual, mientras que el Índice de Horas Trabajadas (IHT) en el sector exhibió una merma del 4,3% en relación al mismo periodo de 2013.
Devaluación y después
El deterioro económico es resultado de lo que, con todas las letras, debemos definir como una profundización del camino del ajuste económico encarado por el kirchnerismo durante 2014. La abrupta devaluación del tipo de cambio de enero último, que se produjo por efecto de que se volvió intolerable la presión de una tensión cambiaria que el gobierno dejó cocinarse a fuego lento un largo tiempo de la mano de un cepo a la compra de dólares que no sirvió para frenar la sangría de dólares, fue el capítulo más visible. En un sólo mes el dólar se encareció en la cotización oficial más de 20%. Esto contribuyó a acelerar la inflación (que anualizada ronda 40% en los últimos doce meses según todas las estimaciones oficiales y de los pocos organismos con mediciones propias, y más de 30% en lo que va del año).
Como el promedio de recomposición salarial de las paritarias está bastante por detrás del aumento de precios (25,9% en promedio según el Ministerio de Trabajo si descontamos el efecto de los aumentos en tramos), los salarios acusaron un golpe inédito durante todo el período kirchnerista: las estimaciones de caída en el poder adquisitivo se mueven entre 6 y 12%, según informes de sindicatos (opositores y oficialistas) y consultoras privadas.
No sorprende entonces la caída del consumo, que según informa la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) haya sido en el sector minorista de 5,3% en octubre último, comparado con igual mes de 2013, acumulando en los primeros diez meses una baja de 7,5% respecto de igual período del año anterior.
La devaluación agravó entonces las tendencias al parate económico, al mismo tiempo que generó fuertes ganancias para grandes empresas exportadoras y otras con abultadas tenencias de activos en dólares, como es el caso de los bancos (que sólo después de la devaluación fueron obligados a deprenderse de parte de esas tenencias de activos en moneda extranjera).
Pero como la escasez de dólares, que ha sido ampliamente tratada por diversos análisis como la vuelta de la “restricción externa”, un recurrente freno al crecimiento de la economía argentina, se mantiene de forma persistente, el gobierno redobló el freno a la salida de dólares generado por las importaciones. Según la Cámara de Importadores, más de 5 mil millones de dólares en importaciones permanecen impagas. Siendo que más del 80% de las importaciones son insumos claves para sostener en funcionamiento la desarticulada estructura productiva argentina, esto no hace más que agravar el parate económico. Incluso la vía que estaban adoptando algunas empresas para comprar insumos claves para la producción, que era pagarla con dólares adquiridos a través del contado con liqui, fue frenada desde la llegada de Vanoli. Es que este recurso no sólo contribuía a meter mayor presión sobre los precios (al comprar los insumos con un dólar más caro se encarece el producto final), sino que al ser la cotización del contado con liqui el parámetro para el dólar paralelo, contribuía a redoblar la tensión cambiaria. El freno a las importaciones permite entonces administrar la escasez de dólares, pero al precio de profundizar el parate económico que sigue confirmando cada dato que se difunde.
¿Restricción externa?
Lo curioso es que la economía argentina está obligada a lidiar con la escasez de dólares al cabo de una década en la que se acumuló el mayor superávit comercial sostenido en el tiempo del que se tenga registro. Sumando los superávits comerciales anuales del 2003 al 2014 obtenemos como resultado un superávit comercial externo de nada menos que 163 mil millones de dólares. Según Pablo Gerchunoff, ex funcionario de la cartera económica en tiempos de la Alianza, “Para igualar las exportaciones de esos años, en dólares a precios constantes, es necesario sumar las exportaciones de los sesenta años previos al kirchnerismo que van de 1943 al 2002”. Esta formidable entrada de dólares, tuvo como contrapartida una formidable sangría que tuvo entre sus capítulos principales la fuga de capitales.
Esta representó nada menos de 94.500 millones de dólares desde 2003 hasta la actualidad, siendo los mayores responsables de la misma los grandes grupos empresarios locales. A esto se suma la salida de dólares por giro de utilidades de las empresas extranjeras, que promediaron 7 mil millones de dólares al año desde 2003 hasta 2011 (cuando con Guillermo Moreno empezaron los intentos de restringir este drenaje), niveles récord que se dieron al mismo tiempo que la cúpula empresarial aumentaba su tasa de rentabilidad y acotaba los niveles de inversión.
Aunque esta vía de salida de dólares fue frenada, las investigaciones sobre maniobras con las facturaciones de importaciones, por las que ayer fue sancionada por AFIP la empresa Procter & Gamble, muestran que la inventiva empresaria conoce otras múltiples formas para seguir fugando dólares.
Como frutilla del postre, está la salida de dólares que involucraron los “pagos seriales” de la deuda pública, que también se pagó en la última década como nunca, a pesar de lo cual la deuda no dejó de ser un problema como recuerdan los buitres que sobrevuelan en espera de enero.
Entonces, si puede hablarse de “restricción externa”, es enteramente el fruto de la rapacidad de empresarios nacionales y extranjeros, y de los especuladores, y de la alegre permisividad del gobierno nacional, que dejó hacer libremente hasta que los números entraron en rojo, y desde entonces intenta restricciones pero sin atacar los problema de fondo.
Esteban Mercatante
@estebanm1870
Presupuesto, deuda pública, hidrocarburos y telecomunicaciones
Variadas son las informaciones económicas sobre el fin de año, y entre las más destacadas figura:
a) el presupuesto 2015 que asegura los recursos para el funcionamiento de la administración nacional hasta el fin del mandato presidencial;
b) la continuidad de la saga relativa a la deuda y la disputa del gobierno argentino con la justicia de EEUU y los fondos buitres, una cuestión que retrasa el ingreso de capitales; y en sentido contrario,
c) la ejecución del swap con China y la aprobada ley de hidrocarburos junto a la licitación de frecuencias de telecomunicación, iniciativas que intervienen en la búsqueda e ingreso de divisas.
Presupuesto y deuda
Existe una fuerte discusión sobre la realidad explicitada en los guarismos de previsión de ingresos y de egresos, especialmente si se sigue la comparación de lo previsto y lo ejecutado en años anteriores. Hace 7 años que la inflación afecta a los sectores de menores ingresos y el tema se escamotea. El efecto macroeconómico es una mayor recaudación que se afecta a un gasto indiscriminado y según la arbitrariedad del poder ejecutivo, sin tener en cuenta la opinión del parlamento, aun cuando se tiene mayoría para resolver lo que se quiera.
Lo que sobresale en el presupuesto es el gasto destinado a la cancelación de la deuda pública, que más allá de la importancia por la cantidad de recursos involucrados, como por las autorizaciones a emitir mayor endeudamiento, la cuestión de fondo no prevista explícitamente en la Ley de Presupuesto remite a la discusión con los fondos buitres y la Justicia de EEUU. Ahora amplificada en la denuncia a una funcionaria del gobierno de Washington como principal ejecutiva del lobby buitre, enunciado en una carta de protesta que dirige la Presidente de Argentina a su par estadounidense. Es un tema a procesarse en los próximos días en la reunión del G20 en Australia.
El asunto es que los vencimientos de deuda renegociada siguen generando una situación sin salida en la coyuntura, puesto que ahora existen depósitos inmovilizados en la Banca Mellon de Nueva York por vencimientos de Junio, y otros depósitos que se suceden en el Banco Nación de la Argentina desde fines de septiembre.
Los fondos en EEUU no se pueden usar mientras el Juez Griesa no lo permita y en plaza local se requiere que los acreedores realicen un canje de títulos para no cobrar más en Nueva York. Eso hace que el gobierno mantenga su posición de cumplidor de los pagos aun cuando los acreedores no perciben sus cuotas.
Algunos acreedores pueden acudir a la aceleración, lo que supone cobrar la totalidad del valor nominal de los bonos ante el impago, para lo cual se requiere del 25% de la voluntad de los tenedores de cada serie. Otros prefieren esperar a que termine el 2014 y se finalice la cláusula RUFO, con la expectativa de negociación y pago de la sentencia neoyorkina en el 2015. Ello supondrá afectación de recursos de reservas, fiscales o incluso nuevo y mayor endeudamiento público.
El tema no solo afecta al 1% de los acreedores, los buitres, sino al 7% del monto total en default en el 2001, unos 7.000 millones de dólares, que pueden duplicarse sumando los intereses y multas. Todo ello se resolverá en el próximo ejercicio fiscal. Esa es la especulación mayoritaria y afectará fondos del presupuesto, aun cuando no estén contemplados, o si no, nueva deuda, a costa de futuros presupuestos y compitiendo con otros destinos.
Por donde se verifica el nuevo endeudamiento es con la utilización de una parte del acuerdo suscripto con China para utilizar unos 11.000 millones de dólares, de los cuales se acreditaron esta semana 814 millones de dólares (en moneda china), que aumentan las reservas internacionales a 28.000 millones de dólares. Los recursos facilitados por China servirán para cancelar operaciones comerciales con China, las que tienen un saldo favorable al gigante asiático. En contrapartida, el país depositó el equivalente en pesos en la banca china. El costo de la operación afectará recursos fiscales que limitan usos alternativos.
Se terminó el discurso del desendeudamiento y ahora todo se juego a la búsqueda de nuevos préstamos, renovando la hipoteca y el cáncer del endeudamiento, por lo que se agiganta la demanda de un gran movimiento popular por la suspensión de los pagos y la auditoria de la deuda. Es un tema a desarrollar en el país para generalizarlo como campaña continental y mundial contra el pago de la deuda de nuestros países.
Hidrocarburos y telecomunicaciones
El proyecto estratégico aprobado esta semana remite a la nueva ley de hidrocarburos, solamente sostenida desde el oficialismo y aliados cercanos, con fuertes críticas del resto de la oposición, claro que con posiciones diferentes entre la oposición sistémica y la de izquierda.
Los primeros, sistémicos pro desarrollo capitalista e inserción subordinada, comparten el criterio de explotar los yacimientos convencionales y no convencionales y solo discuten las formas y procedimientos contenidos en la legislación. Los segundos discuten la cuestión de fondo, desde la crítica a la privatización histórica de los 90´, la política energética desde entonces y la nueva entrega que supone la extranjerización y privatización que consolida el mecanismo de gestión legalizado.
El agravante proviene del uso de la tecnología de la fractura hidráulica para extraer los no convencionales, altamente agresiva con los recursos naturales y fuerte consumidora de agua.
Lo cierto es que en la mayoría política de la Argentina existe coincidencia en la explotación de hidrocarburos, convencionales y no convencionales y la asociación con petroleras extranjeras y su tecnología depredadora. Solo se discuten los modos y formas del proceso que subordina la producción de petróleo y gas a la dominación del lobby petrolero mundial. La discusión por la soberanía energética continuará aun con la nueva legislación. La cuestión de fondo es la soberanía energética y el derecho a la energía, lo que supone discutir la mercantilización creciente de la energía y por ende la des-mercantilización.
Otra novedad provino de las telecomunicaciones. Que los teléfonos no funcionan es sabido y ya no se puede decir como antes que la solución es la privatización. Es más, las privadas ganaron enormes sumas desde la privatización y ahora se disponen a ampliar sus negocios.
La telefonía supone un negocio fabuloso que involucra a grandes grupos económicos y empresas transnacionales. Esta semana cerró la licitación para la ampliación de frecuencias 3G y 4G y el Estado obtuvo propuestas por 2.223 millones de dólares que ingresarán al fisco antes de fin de año, a las que se sumará una cifra similar en inversiones en infraestructura.
Las empresas que participaron de la licitación son Movistar (Telefónica), Personal (Telecom), Claro (del magnate Carlos Slim) y Arlink (Grupo Vila-Manzano). Se consolida la dominación monopolista y transnacionales en el negocio de las telecomunicaciones. Ello supone considerar a las comunicaciones como mercancía, contra el derecho a la comunicación que parte de la des-mercantilización de las comunicaciones.
Para el gobierno, las expectativas son grandes en materia de ingresos de divisas y de inversiones, que subsanen el pésimo servicio de telefonía celular en un mercado altamente saturado de consumo, con más unidades de teléfonos celulares que población.
En este marco y a un mes del recambio de autoridades en el BCRA la brecha cambiaria entre el precio oficial del dólar y el paralelo se reduce sin que se pueda afirmar que ello constituye tendencia irreversible. El tema de fondo y que trasciende el momento es el modelo productivo dependiente del ingreso de divisas que también demandan los acreedores de la deuda, con la única salida de nuevo y mayor endeudamiento que agrava la hipoteca sobre generaciones futuras. Es parte de la razón por lo que hasta ahora se rechaza la idea de un bono de fin de año para los trabajadores, que pueda compensar la pérdida del poder de compra de los ingresos laborales. Es un tema de conflicto que se suma a la agenda económica en el cierre del año.
La cuestión a resolver es la alternativa política, ya que lo que hegemoniza el debate económico y político en la Argentina es quien asume la administración del capitalismo local. Se necesitan otros objetivos, más allá del capitalismo y no solo en contra del capitalismo, sino por el socialismo. Ello requiere de sujetos conscientes que luchen contra el capitalismo y que construyan en la coyuntura el anticipo de la sociedad sin clases del futuro, no solo en el ámbito de las relaciones cotidianas de familia, amistad o cercanía, sino en el campo de las relaciones económicas, de producción y circulación. Ese es el marco, en la lucha y organización cotidiana, que se construye el programa de las transformaciones sociales y económicas necesarias para el proceso de liberación, y al mismo tiempo, el instrumento político para resolver democráticamente el rumbo desde hoy por la revolución.
Vale la pena reconocer que en la Argentina se discute la renovación del turno presidencial hacia octubre del 2015 y que la izquierda y el campo popular necesitan agrupar esfuerzos de construcción militante para disputar el consenso social contra el orden capitalista.
Julio C. Gambina
a) el presupuesto 2015 que asegura los recursos para el funcionamiento de la administración nacional hasta el fin del mandato presidencial;
b) la continuidad de la saga relativa a la deuda y la disputa del gobierno argentino con la justicia de EEUU y los fondos buitres, una cuestión que retrasa el ingreso de capitales; y en sentido contrario,
c) la ejecución del swap con China y la aprobada ley de hidrocarburos junto a la licitación de frecuencias de telecomunicación, iniciativas que intervienen en la búsqueda e ingreso de divisas.
Presupuesto y deuda
Existe una fuerte discusión sobre la realidad explicitada en los guarismos de previsión de ingresos y de egresos, especialmente si se sigue la comparación de lo previsto y lo ejecutado en años anteriores. Hace 7 años que la inflación afecta a los sectores de menores ingresos y el tema se escamotea. El efecto macroeconómico es una mayor recaudación que se afecta a un gasto indiscriminado y según la arbitrariedad del poder ejecutivo, sin tener en cuenta la opinión del parlamento, aun cuando se tiene mayoría para resolver lo que se quiera.
Lo que sobresale en el presupuesto es el gasto destinado a la cancelación de la deuda pública, que más allá de la importancia por la cantidad de recursos involucrados, como por las autorizaciones a emitir mayor endeudamiento, la cuestión de fondo no prevista explícitamente en la Ley de Presupuesto remite a la discusión con los fondos buitres y la Justicia de EEUU. Ahora amplificada en la denuncia a una funcionaria del gobierno de Washington como principal ejecutiva del lobby buitre, enunciado en una carta de protesta que dirige la Presidente de Argentina a su par estadounidense. Es un tema a procesarse en los próximos días en la reunión del G20 en Australia.
El asunto es que los vencimientos de deuda renegociada siguen generando una situación sin salida en la coyuntura, puesto que ahora existen depósitos inmovilizados en la Banca Mellon de Nueva York por vencimientos de Junio, y otros depósitos que se suceden en el Banco Nación de la Argentina desde fines de septiembre.
Los fondos en EEUU no se pueden usar mientras el Juez Griesa no lo permita y en plaza local se requiere que los acreedores realicen un canje de títulos para no cobrar más en Nueva York. Eso hace que el gobierno mantenga su posición de cumplidor de los pagos aun cuando los acreedores no perciben sus cuotas.
Algunos acreedores pueden acudir a la aceleración, lo que supone cobrar la totalidad del valor nominal de los bonos ante el impago, para lo cual se requiere del 25% de la voluntad de los tenedores de cada serie. Otros prefieren esperar a que termine el 2014 y se finalice la cláusula RUFO, con la expectativa de negociación y pago de la sentencia neoyorkina en el 2015. Ello supondrá afectación de recursos de reservas, fiscales o incluso nuevo y mayor endeudamiento público.
El tema no solo afecta al 1% de los acreedores, los buitres, sino al 7% del monto total en default en el 2001, unos 7.000 millones de dólares, que pueden duplicarse sumando los intereses y multas. Todo ello se resolverá en el próximo ejercicio fiscal. Esa es la especulación mayoritaria y afectará fondos del presupuesto, aun cuando no estén contemplados, o si no, nueva deuda, a costa de futuros presupuestos y compitiendo con otros destinos.
Por donde se verifica el nuevo endeudamiento es con la utilización de una parte del acuerdo suscripto con China para utilizar unos 11.000 millones de dólares, de los cuales se acreditaron esta semana 814 millones de dólares (en moneda china), que aumentan las reservas internacionales a 28.000 millones de dólares. Los recursos facilitados por China servirán para cancelar operaciones comerciales con China, las que tienen un saldo favorable al gigante asiático. En contrapartida, el país depositó el equivalente en pesos en la banca china. El costo de la operación afectará recursos fiscales que limitan usos alternativos.
Se terminó el discurso del desendeudamiento y ahora todo se juego a la búsqueda de nuevos préstamos, renovando la hipoteca y el cáncer del endeudamiento, por lo que se agiganta la demanda de un gran movimiento popular por la suspensión de los pagos y la auditoria de la deuda. Es un tema a desarrollar en el país para generalizarlo como campaña continental y mundial contra el pago de la deuda de nuestros países.
Hidrocarburos y telecomunicaciones
El proyecto estratégico aprobado esta semana remite a la nueva ley de hidrocarburos, solamente sostenida desde el oficialismo y aliados cercanos, con fuertes críticas del resto de la oposición, claro que con posiciones diferentes entre la oposición sistémica y la de izquierda.
Los primeros, sistémicos pro desarrollo capitalista e inserción subordinada, comparten el criterio de explotar los yacimientos convencionales y no convencionales y solo discuten las formas y procedimientos contenidos en la legislación. Los segundos discuten la cuestión de fondo, desde la crítica a la privatización histórica de los 90´, la política energética desde entonces y la nueva entrega que supone la extranjerización y privatización que consolida el mecanismo de gestión legalizado.
El agravante proviene del uso de la tecnología de la fractura hidráulica para extraer los no convencionales, altamente agresiva con los recursos naturales y fuerte consumidora de agua.
Lo cierto es que en la mayoría política de la Argentina existe coincidencia en la explotación de hidrocarburos, convencionales y no convencionales y la asociación con petroleras extranjeras y su tecnología depredadora. Solo se discuten los modos y formas del proceso que subordina la producción de petróleo y gas a la dominación del lobby petrolero mundial. La discusión por la soberanía energética continuará aun con la nueva legislación. La cuestión de fondo es la soberanía energética y el derecho a la energía, lo que supone discutir la mercantilización creciente de la energía y por ende la des-mercantilización.
Otra novedad provino de las telecomunicaciones. Que los teléfonos no funcionan es sabido y ya no se puede decir como antes que la solución es la privatización. Es más, las privadas ganaron enormes sumas desde la privatización y ahora se disponen a ampliar sus negocios.
La telefonía supone un negocio fabuloso que involucra a grandes grupos económicos y empresas transnacionales. Esta semana cerró la licitación para la ampliación de frecuencias 3G y 4G y el Estado obtuvo propuestas por 2.223 millones de dólares que ingresarán al fisco antes de fin de año, a las que se sumará una cifra similar en inversiones en infraestructura.
Las empresas que participaron de la licitación son Movistar (Telefónica), Personal (Telecom), Claro (del magnate Carlos Slim) y Arlink (Grupo Vila-Manzano). Se consolida la dominación monopolista y transnacionales en el negocio de las telecomunicaciones. Ello supone considerar a las comunicaciones como mercancía, contra el derecho a la comunicación que parte de la des-mercantilización de las comunicaciones.
Para el gobierno, las expectativas son grandes en materia de ingresos de divisas y de inversiones, que subsanen el pésimo servicio de telefonía celular en un mercado altamente saturado de consumo, con más unidades de teléfonos celulares que población.
En este marco y a un mes del recambio de autoridades en el BCRA la brecha cambiaria entre el precio oficial del dólar y el paralelo se reduce sin que se pueda afirmar que ello constituye tendencia irreversible. El tema de fondo y que trasciende el momento es el modelo productivo dependiente del ingreso de divisas que también demandan los acreedores de la deuda, con la única salida de nuevo y mayor endeudamiento que agrava la hipoteca sobre generaciones futuras. Es parte de la razón por lo que hasta ahora se rechaza la idea de un bono de fin de año para los trabajadores, que pueda compensar la pérdida del poder de compra de los ingresos laborales. Es un tema de conflicto que se suma a la agenda económica en el cierre del año.
La cuestión a resolver es la alternativa política, ya que lo que hegemoniza el debate económico y político en la Argentina es quien asume la administración del capitalismo local. Se necesitan otros objetivos, más allá del capitalismo y no solo en contra del capitalismo, sino por el socialismo. Ello requiere de sujetos conscientes que luchen contra el capitalismo y que construyan en la coyuntura el anticipo de la sociedad sin clases del futuro, no solo en el ámbito de las relaciones cotidianas de familia, amistad o cercanía, sino en el campo de las relaciones económicas, de producción y circulación. Ese es el marco, en la lucha y organización cotidiana, que se construye el programa de las transformaciones sociales y económicas necesarias para el proceso de liberación, y al mismo tiempo, el instrumento político para resolver democráticamente el rumbo desde hoy por la revolución.
Vale la pena reconocer que en la Argentina se discute la renovación del turno presidencial hacia octubre del 2015 y que la izquierda y el campo popular necesitan agrupar esfuerzos de construcción militante para disputar el consenso social contra el orden capitalista.
Julio C. Gambina
Pompeya y más allá, la explotación...
La avenida Amancio Alcorta une el Puente Alsina con Plaza Constitución. Treinta cuadras y muchas historias por contar.
Historia y actualidad de un barrio, su idiosincrasia, sus padecimientos y sus luchas obreras: de la Semana Trágica a la experiencia de los obreros de Coca Cola.
Un barrio de tango, de fútbol y de luchas entre patrones y obreros.
El barrio de Pompeya construye su historia bajo los olores del octavo riacho más contaminado del mundo. Zona de camiones que vienen y van por fábricas, talleres y depósitos. Por la avenida Sáenz todas las mañanas pueden verse miles de obreros que desde la zona sur o desde La Matanza bajan de colectivos y trenes con destino a sus trabajos.
Muchos de ellos se suben a otros colectivos, los demás se quedan en el barrio para cumplir sus jornadas laborales, donde serán explotados y por los que tendrán una paga que apenas alcanzará para alimentar sus estómagos y los de sus hijos.
Hace un siglo atrás los marginales de la ciudad se concentraban en un sitio ubicado al lado de lo que es hoy el estadio del Club Atlético Huracán. Allí estaba la Quema, el más grande basural de la capital. Los pobres, por medio de carros o a pie, iban todos los días hasta la Quema para revolver la basura en búsqueda de algún objeto de “valor” para poder vender y así meter en la olla algún hueso con carne. Un trabajo parecido al que hoy realizan los cartoneros de la villa Zavaleta y de todas las demás “villas miseria” de la Ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires.
La villa Zavaleta se construyó sobre los costados de una vía muerta que tiempos atrás era usada para transportar, entre otras cosas, los residuos provenientes del centro y del norte de la ciudad.
La villa Zavaleta ha sido siempre un importante dormitorio obrero y, aunque lo sigue siendo, muchos jóvenes del lugar viven en su periferia, a cielo abierto, pasando frío en los inviernos y soportando el calor de los veranos porteños. Deambulan con sus miradas siempre hacia el suelo, moviendo sus cabezas de un lado a otro, temblando bajo los mortales efectos del paco. Duele en lo profundo del corazón, pero por las calles de Pompeya se pueden ver niñas de trece años “obsequiar” sus frágiles cuerpos a cambio de un poco de dinero para fumar las resacas de la cocaína que consumen los ricos de Puerto Madero.
La Prefectura, la Federal y la Policía Metropolitana son parte de este triste paisaje. Son el lado violento y represivo del lugar, los que con sus zapatos bien lustrados les propinan puntinazos a los jóvenes. La historia de Ezequiel Demonty, aquel joven de dieciocho años que fue obligado por la Policía a “nadar” en el Riachuelo, es el extremo de los padecimientos que sufre la juventud desocupada y plebeya. Historia que quedará guardada en la memoria colectiva del barrio para siempre. La Zavaleta aún sigue con los ojos mojados y con un inmenso dolor por el asesinato de Kevin, el niño de nueve años baleado por un intercambio de balas entre narcos de poca monta, frente a la pasiva mirada de los “hombres de ley”.
El pasado y el presente de esta zona de la ciudad suelen cruzarse cotidianamente, creando una colección de vivencias, donde la sangre de los trabajadores y de los pobres forma charcos sobre los adoquines, una historia que siempre se cuenta en modo de tragedia.
El 7 de enero de 1919, justo donde se cruza la Avenida Amancio Alcorta con Pepirí, sucedió un episodio que quedaría en los registros de la historia de la clase obrera argentina.
Eran ya pasadas las tres de la tarde cuando los obreros de los talleres metalúrgicos Vasena decidieron emprender una huelga. Luchaban por las nueve horas de trabajo. La huelga, como todas las huelgas importantes, se comenzaba a poner dura y, por ende, violenta. Con barricadas y piquetes impedían el ingreso de camiones a la fábrica. De uno de esos camiones, rompehuelgas a sueldo dispararon una tremenda balacera contra el piquete, dejando un saldo de cuatro muertos. Nacía así la Semana Trágica, donde obreros y vecinos de la ciudad combatieron durante siete días contra las fuerzas represivas del Gobierno de Yrigoyen y contra la Liga Patriótica, organización de jóvenes fascistas de Barrio Norte y Recoleta que sacaron a la calle sus fusiles contra el pueblo laborioso y contra los inmigrantes.
La lucha en las calles fue tremenda. Y para contrarrestar los plomos y las bayonetas de sus enemigos tuvieron que organizar la autodefensa. Fue así que no dudaron en tomar por asalto las armerías de la ciudad y se apropiaron del armamento que hasta esos días era solo propiedad de policías, militares y de los ricos.
La huelga obrera terminó en un triunfo. Obtuvieron todos sus reclamos, pero los muertos tuvieron que contarse de a cientos, y los heridos, de a miles. La ciudad y el barrio contaban con sus primeros mártires de la clase obrera.
A tan solo cien metros de donde se inició la histórica huelga contra la patronal de los Vasena, pero muchos años después, exactamente en 1988, una empresa norteamericana iba a arribar al lugar para emprender un gran negocio: la fabricación y distribución de la Coca Cola. La fábrica más grande de toda la capital y donde hoy trabajan más de mil trescientas personas, entre ellas, setecientos obreros industriales. Atrás de la Coca Cola funciona otra embotelladora, otra multinacional, la Pepsi, que desde 1999 quedó en manos de Baesa, grupo propietario de la cervecería Quilmes y donde trabajan más de quinientos operarios.
A partir de 1994, la Coca Cola fue concesionada a un grupo de inversores mexicanos, el grupo FEMSA.
Desde su llegada y hasta el año 2006 estuvo prohibida la organización sindical de base. En aquel año los trabajadores lograron, después de una importante lucha, imponer delegados y recuperar parte de las conquistas que habían perdido durante los difíciles años noventa.
Al calor de estos procesos de organización, un conjunto de obreros formaron la Agrupación Marrón.
Esta agrupación conquistó el cuerpo de delegados en el 2013, pero desde siempre fue una oposición a la lista Verde que representó los intereses del sindicato, un sindicato que hasta se da el "lujo" de no recibir los reclamos de los trabajadores.
El nuevo cuerpo de delegados lo conforman militantes del PTS junto a trabajadores independientes, antiburocráticos y antipatronales, y son parte de las nuevas comisiones internas que buscan recuperar los sindicatos para ponerlos al servicio de las bases obreras y sus familias. Pero, además, tiene por delante el desafío de profundizar su organización interna y emerger a la altura de las grandes luchas del pasado (como la de los obreros de Vasena) y postularse como centro para la organización del movimiento obrero de la región, y en ese rumbo tejer la solidaridad con la población pobre y precarizada.
Pompeya mantiene la esencia de un típico barrio del sur de la capital. Casi no existen los edificios, y mucho menos los shoppings. Muchas de sus viejas fábricas están abandonadas o fueron recicladas y convertidas en depósitos de mercancías. Otras, por el contrario, fueron modernizadas y producen con tecnología de avanzada. Sus habitantes conforman un conglomerado social que tiene un denominador común: la precariedad laboral, el flagelo de la falta de viviendas y de los bajos ingresos.
En Pompeya se mueven los punteros políticos en búsqueda de votos que los mantengan en el poder. En Pompeya se reparten planes, se reparte pizza con olor a muzzarella y se reparte mucha droga que mata a la juventud. En su corazón están la Pepsi y la Coca Cola y, dentro de esta última, su comisión interna y la Agrupación Marrón, que son solidarias con quienes más lo necesitan. Todo lo contrario a lo que hacen las grandes empresas que, cuando se corta la luz en el barrio, se proveen de inmensos generadores para seguir obteniendo riquezas, pero no son capaces de tirar un cable a los que viven a su alrededor.
Pablo Silvestri
Delegado de Coca Cola FEMSA Planta Alcorta Hijo de asesinado por la Triple A
lunes, 3 de noviembre de 2014
Gobiernan para Telefónica y Telecom
El anuncio de que se enviará al Congreso una nueva ley de telecomunicaciones que permite este beneficio para las empresas telefónicas no debería sorprender a nadie. Forma parte de la hoja de ruta original trazada por el kirchnerismo. Cuando Cristina Kirchner declaró que "no se podía tapar el sol con las manos" había dejado en claro que seguía firme su objetivo de permitirle a las empresas telefónicas participar del negocio audiovisual. Aclaraba, para quien quisiera oirla, que la exclusión de esa posibilidad en la redacción de la ley de medios era sólo temporal, una concesión transitoria a sus aliados de centroizquierda que necesitaban ser engañados.
A sabiendas de esto, los propios funcionarios que debieron aplicar la ley de medios en estos años evitaron hacer cumplir los artículos que ordenaban la desinversión de las telefónicas en las empresas de medios de comunicación. El ´democratizador´ Sabbatella, por ejemplo, se hizo olímpicamente el otario para permitrle a Telefónica seguir manejando Telefé. Estaban esperando el momento para reformar la ley y habilitarle el privilegio a estos monopolios socios del gobierno.
El anuncio de la nueva ley, sin embargo, se produce en otras condiciones políticas, y para congraciar a nuevos aliados. Resulta evidente que detrás de la negociación del gobierno con Repsol y del respaldo de España para negociar el default con el Club de París estaba sobre la mesa la reforma de ley de telecomunicaciones para que Telefónica, no sólo mantenga Telefé, sino que pueda avanzar aún más en el negocio audivisual. Otro tanto vale para Telecom, cuyo capital accionario minoritario acaba de ser adquirido por uno de los principales apoyos del gobierno, el fondo buitre Fintech del mexicano David Martínez. Con esta ley, a Telecom se le abren nuevas perspectivas comerciales. No es casualidad, por lo tanto, que luego del anuncio las acciones de ambas companías subieran en la Bolsa.
El proyecto de ley de telecomunicaciones no sólo modifica parcialmente la ley de medios en lo que refiere a la participación de las telefónicas. Además, teniendo en cuenta que éstas son controladas por el capital internacional, abre las puertas para que el negocio audiovisual sea manejado por empresas extranjeras. Viniendo de un gobierno que se autodenomina como "nacional y popular" no es poca cosa.
El gobierno justifica esta concesión a los monopolios telefónicos con el argumento que "favorece la competencia". Se trata, claro, de un cambio de discurso ya que hasta ahora el gobierno insistía que el mercado no era quien debía regular la distribución del negocio audivisual, y que las empresas más grandes imponían sus condiciones. Este argumento, válido para Clarín, lo es aún más para las empresas telefónicas, que tienen una facturación diez veces superior a la del grupo de Magnetto.
Los defensores de la nueva ley se escudan diciendo que no hay que confundir la distribución de contenidos con su elaboración. Pero se trata de una trivialidad. La disputa sobre la conformación de la grilla, que ha llegado a la Justicia, es la prueba palmaria que esa división entre distribución y elaboración no supera la prueba de la realidad. A través del uso de sus propias redes, las empresas benefician a ciertos canales sobre otros. En el caso de Telefónica esto se verá agravado porque ella misma tiene varios canales de TV.
Para compensar el peso enorme de la concesión a las telefónicas, el kirchnerismo argumenta que la nueva ley le reserva al Estado la atribución de fijar tarifas y habilita el uso universal de las redes instaladas. Sin embargo, en el futuro la cláusula sobre las tarifas podrá ser anulada, del mismo modo que ahora se anula la prohibición que regía para la participación de las telefónicas en el mercado audivisual. Mientras tanto, el tarifazo estará a cargo del gobierno, como ya ocurre con las naftas, el gas y la electricidad. Por otra parte el uso universal de las redes no asegura igualdad de competencia. El poder financiero de las telefónicas pondrá las cosas en su lugar.
La nueva ley enviada por el gobierno confirma hasta el detalle nuestra caracterización de que la ley de medios apuntaba a un nuevo reparto capitalista de los medios de comunicación, vinculado al negocio audivisual y comunicacional.
El rechazo a este proyecto de ley cobra un carácter político. Se trata de desarrollar una oposición a un gobierno que quiere atravesar sus últimos meses respaldado por Chevrón, Soros, Telefónica y los fondos buitres ´buenos´, como Fintech de David Martínez.
Gabriel Solano
Violación en la Escuela Longobardi
Un nuevo caso de violencia hacia la mujer conmueve al distrito de Avellaneda: una alumna fue violada por otro estudiante dentro de la escuela Longobardi. El caso fue brutal, la chica tuvo que ser internada en el Sanatorio Itoiz a partir de las lesiones y el shock emocional ocasionado.
A raíz del hecho, el acusado de 16 años fue detenido y las autoridades de Educación del gobierno provincial decidieron desplazar de su cargo a la directora de la escuela e iniciarle sumarios a
preceptores y docentes.
Frente a la descomposición social imperante, se descarga la responsabilidad en los docentes, exculpando al Estado y al régimen social capitalista. Muchas escuelas están atestadas de alumnos, con poco personal y sin un gabinete psicológico que pueda asistir a los adolescentes en situación de vulnerabilidad o problemas de adicciones.
La política municipal no se diferencia mucho: luego de una oleada de secuestros de adolescentes con fines de explotación sexual, en 2011, el municipio de Avellaneda ha inaugurado con bombos y platillos la Comisaría de la Mujer. Pero la misma comenzó a "funcionar" mucho tiempo después, ya que ni siquiera contaba con una línea telefónica para que las víctimas pudieran comunicarse. Es una cortina de humo frente al incremento de femicidios y la violencia de género, para la cual todavía no hay subsidios a las víctimas ni políticas para revertir los ataques sexuales violentos.
Hay miles de víctimas invisibles de éste flagelo, que no realizan la denuncia por temor o vergüenza, o porque el violador está dentro del seno familiar. La violación es la violencia contra la mujer en su grado más cruel y extremo. Tiene efectos permanentes sobre las víctimas y secuelas imborrables, y es parte estructural de un sistema social que reproduce la violencia desde el mismo Estado. La única herramienta con la que contamos las mujeres es organizarnos de manera independiente del Estado para luchar contra la violencia social que sufre la mujer día a día.
Por estas razones, desde la organización del Plenario de Trabajadoras exigimos que Florencia cuente con asistencia psicológica permanente, la separación del acusado de la escuela para protección de la damnificada y la constitución de una comisión de familiares y amigos para garantizar el funcionamiento del gabinete psicológico.
Plenario de Trabajadoras de Avellaneda
A raíz del hecho, el acusado de 16 años fue detenido y las autoridades de Educación del gobierno provincial decidieron desplazar de su cargo a la directora de la escuela e iniciarle sumarios a
preceptores y docentes.
Frente a la descomposición social imperante, se descarga la responsabilidad en los docentes, exculpando al Estado y al régimen social capitalista. Muchas escuelas están atestadas de alumnos, con poco personal y sin un gabinete psicológico que pueda asistir a los adolescentes en situación de vulnerabilidad o problemas de adicciones.
La política municipal no se diferencia mucho: luego de una oleada de secuestros de adolescentes con fines de explotación sexual, en 2011, el municipio de Avellaneda ha inaugurado con bombos y platillos la Comisaría de la Mujer. Pero la misma comenzó a "funcionar" mucho tiempo después, ya que ni siquiera contaba con una línea telefónica para que las víctimas pudieran comunicarse. Es una cortina de humo frente al incremento de femicidios y la violencia de género, para la cual todavía no hay subsidios a las víctimas ni políticas para revertir los ataques sexuales violentos.
Hay miles de víctimas invisibles de éste flagelo, que no realizan la denuncia por temor o vergüenza, o porque el violador está dentro del seno familiar. La violación es la violencia contra la mujer en su grado más cruel y extremo. Tiene efectos permanentes sobre las víctimas y secuelas imborrables, y es parte estructural de un sistema social que reproduce la violencia desde el mismo Estado. La única herramienta con la que contamos las mujeres es organizarnos de manera independiente del Estado para luchar contra la violencia social que sufre la mujer día a día.
Por estas razones, desde la organización del Plenario de Trabajadoras exigimos que Florencia cuente con asistencia psicológica permanente, la separación del acusado de la escuela para protección de la damnificada y la constitución de una comisión de familiares y amigos para garantizar el funcionamiento del gabinete psicológico.
Plenario de Trabajadoras de Avellaneda
El informe que posibilitó las condenas
El relevamiento realizado por el programa del Ministerio de Justicia reveló el rol del Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército.
De las quince condenas a cadena perpetua que el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata ordenó por los delitos de lesa humanidad cometidos en La Cacha, nueve fueron recibidas por militares próximos a retiro que se desempeñaron en el Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército. El rol protagónico que cumplió esa institución en los hechos sucedidos en ese centro clandestino de detención se desprendía de algunos testimonios de sobrevivientes o familiares de desaparecidos, pero durante muchos años no fueron prueba suficiente para la Justicia. Un informe del Programa Verdad y Justicia –al que Página/12 tuvo acceso– reveló sus funciones, organización interna y vínculos con otras instituciones del Ejército y se convirtió en prueba fundamental no sólo para el procesamiento de los ahora condenados, sino para que la causa llegara al juicio, también integró la elevación a juicio y fue argumento en los alegatos de la mayoría de las querellas.
La investigación judicial sobre las violaciones a los derechos humanos que tuvieron lugar en ese chupadero que funcionó entre 1976 y 1978 en terrenos que Radio Provincia poseía a mitad de camino entre las cárceles de hombres y mujeres de Olmos se reabrió en 2003, cuando las leyes de la impunidad fueron anuladas. El impulso duró algunos años, sostenido por la lucha de los organismos de derechos humanos y la necesidad de quienes sobrevivieron a esos crímenes y de los familiares de quienes no habían logrado hacerlo: sus testimonios llenaron fojas y fojas de expedientes. Pero las cosas se estancaron hasta frenarse casi por completo. Así se apagaba el expediente de La Cacha en el despacho del juez federal Manuel Blanco hasta que llegó el Informe del Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata elaborado por el área de Seguimiento y Análisis del Programa Verdad y Justicia, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
“Fue fundamental”, consideró la abogada Verónica Bogliano, miembro de la querella de Hijos La Plata en el juicio que culminó hace diez días, que tomó algunos fragmentos del texto para estructurar su alegato. Según evaluó, el informe fue importante para vincular el destacamento con La Cacha, debido a que ese centro clandestino no funcionó en dependencia de fuerza alguna. Para su colega Emanuel Loveli, miembro de la querella de Abuelas de Plaza de Mayo, el estudio “acompañó la prueba testimonial, y dio más sustento, y les dio una apoyatura a los hechos por fuera del relato de los protagonistas”. La querella de Abuelas tomó el informe en su elevación a juicio de la causa.
“En los centros clandestinos actuó mucha más gente que la que se investigó y se investiga. La Justicia se basa en pruebas directas, que en la mayoría de los casos son los testimonios de sobrevivientes. Ahora, ¿qué pasa con los sitios en los que no hubo sobrevivientes? ¿Qué pasa con las condiciones en las que un sobreviviente transitó su cautiverio?”, se preguntó un integrante del equipo investigador que, por esa razón, decidió activar el estudio a partir de las instituciones, ir por la documentación de la época. “El Ejército es orgánico, verticalista y muy rígido en lo que a organizatividad se refiere. Es importante comprender esto, porque habla mucho de quién y de cómo: la represión no se llevó a cabo por una patota ad hoc, sino con oficiales, suboficiales y demás personal de las fuerzas, formadas para tal fin”, advirtió la misma fuente. El informe es el resultado del entrecruzamiento de datos provenientes de documentos de las Fuerzas Armadas –reglamentos, boletines reservados o públicos, registros de personal, fojas de servicio–, y testimonios judiciales. En poco más de 60 páginas, describe la organizatividad y el staff de oficiales y suboficiales que se desempeñaron en el Destacamento 101 de La Plata, lo que fue importante para identificar con nombre y apellido a quienes, luego, se convirtieron en imputados.
Sin embargo, el valor fundamental del informe radica en el contexto que les da a las tareas de inteligencia en sí, al que explica y ejemplifica con documentos de la fuerza y testimonios de sus propios integrantes, y la certificación de la injerencia de esa institución sobre La Cacha.
“Desde las directivas del Consejo de Defensa, del Comando en jefe del Ejército y de la Junta de Comandantes, se estableció que la actividad de inteligencia era prioritaria en el proceso de ‘combate a la subversión’, decisión que da lugar a que los destacamentos de inteligencia actuaran como unidades operativas principales en este accionar”, consigna en su introducción el documento.
En ese sentido, cita a una de esas directivas en particular, la 1/75, la fundante. Emitida a todas las fuerzas en octubre de 1975 y considerada como el paso organizativo previo al “plan global de represión que comenzó el 24 de marzo de 1976”, advierte el texto, su fin fue “instrumentar el empleo de las fuerzas para la lucha contra la subversión” en el que el Ejército “tendrá responsabilidad primaria en la dirección de las operaciones contra la subversión en todo el ámbito nacional” y “conducirá el esfuerzo de inteligencia contra la subversión”. El Ejército mandaba más que nadie, por un lado. Por otro, su herramienta principal de lucha contra “la subversión”: la inteligencia.
En esa directiva figura también que la fuerza “no debe actuar por reacción sino asumir la iniciativa en la acción, inicialmente con actividades de inteligencia sin las cuales no se podrán ejecutar operaciones”. Diferentes reglamentos citados en el informe certifican que “las unidades de inteligencia habrían diseñado y controlado el accionar represivo, seleccionaron blancos, determinaron el orden de mérito de los detenidos, les asignaron destino”. Las “unidades de inteligencia” del Ejército fueron sus destacamentos.
El Destacamento de Inteligencia 101 estaba emplazado en calle 55 entre 7 y 8 de La Plata, pero su área de acción fue más grande: la subzona 11 del I Cuerpo del Ejército, que implicaba a la zona sur del conurbano bonaerense más San Andrés de Giles, Luján, Mercedes, General Rodríguez, Marcos Paz, General Las Heras, Navarro, Lobos y Cañuelas. Además, tenía injerencia sobre las ciudades de San Nicolás, Mar del Plata y Junín. En todo ese vasto territorio funcionaron 18 centros clandestinos de detención, entre los que sobresalen el Pozo de Banfield, el Pozo de Quilmes, la Brigada de Investigaciones de La Plata, el Pozo de Arana, El Banco, Vesubio y La Cacha.
En lenguaje castrense, los chupaderos eran llamados “lugar de reunión de detenidos”. Por lo menos, así los mencionó el general retirado José Montes, ex comandante de subzona Capital Federal, en una declaración que ofreció ante la Justicia en 2005 y que aparece citada en el informe de Verdad y Justicia para determinar el poder del 101 sobre esos infiernos: “Los LDR eran operados exclusivamente por personal técnico de inteligencia”, mencionó Montes. Esta aseveración, Verdad y Justicia la unificó con “testimonios de sobrevivientes de centros clandestinos y familiares de detenidos desaparecidos que manifiestan en sus declaraciones la presencia de algunos oficiales y suboficiales del destacamento en esos lugares”.
El informe enumeró con nombre y apellido a 41 oficiales y 48 suboficiales que formaron parte del 101 entre 1976 y 1983. “La oficialidad no pudo no saber o no haber participado” del terrorismo de Estado, aseguraron desde el programa. Muchos de ellos, al momento de presentación del documento, estaban prófugos. Sólo algunos, muertos.
Ailín Bullentini
De las quince condenas a cadena perpetua que el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata ordenó por los delitos de lesa humanidad cometidos en La Cacha, nueve fueron recibidas por militares próximos a retiro que se desempeñaron en el Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército. El rol protagónico que cumplió esa institución en los hechos sucedidos en ese centro clandestino de detención se desprendía de algunos testimonios de sobrevivientes o familiares de desaparecidos, pero durante muchos años no fueron prueba suficiente para la Justicia. Un informe del Programa Verdad y Justicia –al que Página/12 tuvo acceso– reveló sus funciones, organización interna y vínculos con otras instituciones del Ejército y se convirtió en prueba fundamental no sólo para el procesamiento de los ahora condenados, sino para que la causa llegara al juicio, también integró la elevación a juicio y fue argumento en los alegatos de la mayoría de las querellas.
La investigación judicial sobre las violaciones a los derechos humanos que tuvieron lugar en ese chupadero que funcionó entre 1976 y 1978 en terrenos que Radio Provincia poseía a mitad de camino entre las cárceles de hombres y mujeres de Olmos se reabrió en 2003, cuando las leyes de la impunidad fueron anuladas. El impulso duró algunos años, sostenido por la lucha de los organismos de derechos humanos y la necesidad de quienes sobrevivieron a esos crímenes y de los familiares de quienes no habían logrado hacerlo: sus testimonios llenaron fojas y fojas de expedientes. Pero las cosas se estancaron hasta frenarse casi por completo. Así se apagaba el expediente de La Cacha en el despacho del juez federal Manuel Blanco hasta que llegó el Informe del Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata elaborado por el área de Seguimiento y Análisis del Programa Verdad y Justicia, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
“Fue fundamental”, consideró la abogada Verónica Bogliano, miembro de la querella de Hijos La Plata en el juicio que culminó hace diez días, que tomó algunos fragmentos del texto para estructurar su alegato. Según evaluó, el informe fue importante para vincular el destacamento con La Cacha, debido a que ese centro clandestino no funcionó en dependencia de fuerza alguna. Para su colega Emanuel Loveli, miembro de la querella de Abuelas de Plaza de Mayo, el estudio “acompañó la prueba testimonial, y dio más sustento, y les dio una apoyatura a los hechos por fuera del relato de los protagonistas”. La querella de Abuelas tomó el informe en su elevación a juicio de la causa.
“En los centros clandestinos actuó mucha más gente que la que se investigó y se investiga. La Justicia se basa en pruebas directas, que en la mayoría de los casos son los testimonios de sobrevivientes. Ahora, ¿qué pasa con los sitios en los que no hubo sobrevivientes? ¿Qué pasa con las condiciones en las que un sobreviviente transitó su cautiverio?”, se preguntó un integrante del equipo investigador que, por esa razón, decidió activar el estudio a partir de las instituciones, ir por la documentación de la época. “El Ejército es orgánico, verticalista y muy rígido en lo que a organizatividad se refiere. Es importante comprender esto, porque habla mucho de quién y de cómo: la represión no se llevó a cabo por una patota ad hoc, sino con oficiales, suboficiales y demás personal de las fuerzas, formadas para tal fin”, advirtió la misma fuente. El informe es el resultado del entrecruzamiento de datos provenientes de documentos de las Fuerzas Armadas –reglamentos, boletines reservados o públicos, registros de personal, fojas de servicio–, y testimonios judiciales. En poco más de 60 páginas, describe la organizatividad y el staff de oficiales y suboficiales que se desempeñaron en el Destacamento 101 de La Plata, lo que fue importante para identificar con nombre y apellido a quienes, luego, se convirtieron en imputados.
Sin embargo, el valor fundamental del informe radica en el contexto que les da a las tareas de inteligencia en sí, al que explica y ejemplifica con documentos de la fuerza y testimonios de sus propios integrantes, y la certificación de la injerencia de esa institución sobre La Cacha.
“Desde las directivas del Consejo de Defensa, del Comando en jefe del Ejército y de la Junta de Comandantes, se estableció que la actividad de inteligencia era prioritaria en el proceso de ‘combate a la subversión’, decisión que da lugar a que los destacamentos de inteligencia actuaran como unidades operativas principales en este accionar”, consigna en su introducción el documento.
En ese sentido, cita a una de esas directivas en particular, la 1/75, la fundante. Emitida a todas las fuerzas en octubre de 1975 y considerada como el paso organizativo previo al “plan global de represión que comenzó el 24 de marzo de 1976”, advierte el texto, su fin fue “instrumentar el empleo de las fuerzas para la lucha contra la subversión” en el que el Ejército “tendrá responsabilidad primaria en la dirección de las operaciones contra la subversión en todo el ámbito nacional” y “conducirá el esfuerzo de inteligencia contra la subversión”. El Ejército mandaba más que nadie, por un lado. Por otro, su herramienta principal de lucha contra “la subversión”: la inteligencia.
En esa directiva figura también que la fuerza “no debe actuar por reacción sino asumir la iniciativa en la acción, inicialmente con actividades de inteligencia sin las cuales no se podrán ejecutar operaciones”. Diferentes reglamentos citados en el informe certifican que “las unidades de inteligencia habrían diseñado y controlado el accionar represivo, seleccionaron blancos, determinaron el orden de mérito de los detenidos, les asignaron destino”. Las “unidades de inteligencia” del Ejército fueron sus destacamentos.
El Destacamento de Inteligencia 101 estaba emplazado en calle 55 entre 7 y 8 de La Plata, pero su área de acción fue más grande: la subzona 11 del I Cuerpo del Ejército, que implicaba a la zona sur del conurbano bonaerense más San Andrés de Giles, Luján, Mercedes, General Rodríguez, Marcos Paz, General Las Heras, Navarro, Lobos y Cañuelas. Además, tenía injerencia sobre las ciudades de San Nicolás, Mar del Plata y Junín. En todo ese vasto territorio funcionaron 18 centros clandestinos de detención, entre los que sobresalen el Pozo de Banfield, el Pozo de Quilmes, la Brigada de Investigaciones de La Plata, el Pozo de Arana, El Banco, Vesubio y La Cacha.
En lenguaje castrense, los chupaderos eran llamados “lugar de reunión de detenidos”. Por lo menos, así los mencionó el general retirado José Montes, ex comandante de subzona Capital Federal, en una declaración que ofreció ante la Justicia en 2005 y que aparece citada en el informe de Verdad y Justicia para determinar el poder del 101 sobre esos infiernos: “Los LDR eran operados exclusivamente por personal técnico de inteligencia”, mencionó Montes. Esta aseveración, Verdad y Justicia la unificó con “testimonios de sobrevivientes de centros clandestinos y familiares de detenidos desaparecidos que manifiestan en sus declaraciones la presencia de algunos oficiales y suboficiales del destacamento en esos lugares”.
El informe enumeró con nombre y apellido a 41 oficiales y 48 suboficiales que formaron parte del 101 entre 1976 y 1983. “La oficialidad no pudo no saber o no haber participado” del terrorismo de Estado, aseguraron desde el programa. Muchos de ellos, al momento de presentación del documento, estaban prófugos. Sólo algunos, muertos.
Ailín Bullentini
domingo, 2 de noviembre de 2014
Los “pagadores seriales” acosados por los especuladores
El Bono Par entró en cesación de pagos a pesar de la Ley de Pago Soberano. Fondos de inversión suman nuevas presiones especulando con una “aceleración”. Se agrava la crisis de deuda. Los caminos del gobierno se van cerrando y todo conduce hacia un arreglo con los “buitres”. El default del relato de “patria o buitres” está más cerca.
Durante el día jueves entró en cesación de pago el Bono Par que opera bajo ley de Nueva York. Esto ocurrió tras pasar 30 días desde el 30 de septiembre, que era el día establecido para la cancelación de los intereses.
Siguiendo lo determinado por la Ley de Pago Soberano, las autoridades económicas ordenaron el depósito del dinero en una cuenta especial en Nación Fideicomiso. Esta institución puso los fondos a disposición de los acreedores.
Pero el mecanismo establecido por el gobierno no resultó convincente. Ninguno acreedor se presentó a cobrar los bonos en Buenos Aires. El puente que tendió el gobierno para saltear el fallo Griesa no funcionó.
El vencimiento operado del Bono Par es por u$s170 millones. De ese total, sólo u$s16 millones correspondían a títulos con legislación argentina que fueron pagados en el país, lo cual ya estaba previsto, incluso sin Ley de Pago Soberano.
Este viernes la agencia calificadora Fitch rebajó la calificación del Bono Par a la categoría “D” (default). Según informó: “La economía argentina ya está en recesión y probablemente empeore mientras el default afecta la confianza”. Hacen terrorismo financiero para presionar por un arreglo.
El Bono Par que entró en default está cotizando estos días alrededor de u$s55 mientras su valor nominal es de u$s100. Esto es un gran estímulo para que los especuladores compren barato e intenten “acelerar” cobrando el valor íntegro del papel.
El Bono Par es el segundo tipo de título de deuda que el gobierno no logra cancelar a pesar de su voluntad de hacerlo. El 30 de julio se había producido el vencimiento de u$s 539 millones de título Discount.
Ese dinero el gobierno lo depositó en cuentas de los bancos que actúan de intermediarios, principalmente el Bank of New York Mellon. A causa de la acción del juez Thomas Griesa ese monto quedó en un limbo, en tanto que su fallo no permite efectuar la cancelación, pero tampoco retornarlo a las arcas de nuestro país.
A ese fallo de Griesa que beneficia al NML, Aurelius Capital y Blue Angel, la semana pasada se sumó el fondo EM Limited de Kenneth Dart, que le solicitó al juez una sentencia similar amparado en lo que dentro de la legislación de Estados Unidos se conoce como "me too" ("a mí también"). La expectativa es que el gobierno abra una negociación en enero.
Mientras tanto, según informó la agencia Bloomberg el día jueves 30, el fondo Owl Creek junto con la firma de abogados Kirkland & Ellis busca reunir los bonos necesarios para exigir la “aceleración” de los títulos que cayeron en default en julio pasado.
Por otro lado, de acuerdo a BAE hay tres fondos de inversión que tendrían el mínimo de bonos necesarios para pedir la aceleración del Bono Par, pero habrían informado al equipo económico que esperarían hasta enero para tomar esa decisión.
La “aceleración” es un mecanismo que permite a los acreedores que reúnen el 25% de los títulos de una serie de bonos reclamar su pago anticipado cuando no se hagan efectivos los intereses, como está ocurriendo con las series que cayeron en default.
En este caso, los reclamos de “aceleración” se centrarían en una parte de la emisión del Bono Par en dólares, que está regida por ley de Nueva York. La suma total que podrían reclamar los especuladores es de u$s5.400 millones, que en situación regular se terminarían de pagar recién en el año 2038.
Si se pide la “aceleración” el gobierno la puede frenarla reuniendo el 50% de los bonistas que poseen la serie. Pero podría ocurrir el caso en el que los bonistas ya tengan el porcentaje suficiente, no sólo para “acelerar” el pago, sino para impedir la “desaceleración” que buscaría el gobierno.
La banca de inversión Barclays dio a conocer que considera difícil llevar adelante la “aceleración” porque se requiere de una ingeniería compleja y reunir acreedores atomizados.
La amenaza de “aceleramiento” no necesariamente es un mal dato para el gobierno porque implicaría pagos imposibles de abordar con los recursos disponibles y por lo tanto abrir el panorama de una reestructuración de todos los bonos actualmente en cesación.
Sería como mezclar y dar de nuevo. Por lo cual, se podría licuar el efecto del fallo Griesa y complicar la situación de los “buitres” que litigan en Nueva York, que perderían en alguna medida el privilegio que les otorga la extorsión que hace el juez neoyorquino congelando fondos del país.
Pero a nadie le conviene ir tan al extremo. Los “buitres” perderían la posibilidad de hacer grandes negocios. Para el gobierno significaría que la acción de los especuladores le volteó los canjes de 2005 y 2010.
Frente a una recesión que avanza y donde la escasez de dólares tiene un rol central, todo indica que en enero el gobierno buscará salir de la encrucijada en que cayó por la acción de los “buitres” con un arreglo con ellos. La ilusión es que eso abra el grifo de nueva deuda.
Hay una especulación general montada sobre los bonos argentinos. El final está abierto, pero cualquier resultado dejará expuesto que jugando con las reglas de los especuladores siempre terminan ganando ellos. “Patria o buitres” se mostrará como lo que es, una farsa para encubrir el cipayismo de los “pagadores seriales”. La única manera de salir de las encrucijadas que proponen los especuladores es dejando de pagar la deuda, una tarea que queda en manos de los trabajadores.
Pablo Anino
Franco Casco: un nuevo Luciano Arruga
La muerte de Franco Casco en Rosario en un nuevo caso de “gatillo fácil” desnuda la brutalidad policial y su saña contra la juventud trabajadora. Además, estas mismas policías asesinas comienzan chantajes para recomponer salarios e impunidad.
Dos noticias se encadenaron los últimos días, poniendo en relieve la impunidad con la que se manejan las fuerzas policiales, su poder de fuego y el blanco en que se convierte la juventud trabajadora para esos “perros del orden”. A la aparición como NN del cuerpo de Luciano Arruga, en un caso que no deja de producir (o confirmar) sospechas sobre la Policía Bonaerense, ahora se suma la aparición sin vida de Franco Casco, un joven albañil de veinte años que estuvo 24 días desaparecido en Rosario, luego de haber estado detenido en una comisaría de la narcopolicía santafesina.
A los jóvenes trabajadores siempre se les invierte la carga de la prueba: son culpables hasta que demuestren lo contrario. De Luciano decían que era ladrón porque era pobre: una reedición clasista del “algo habrá hecho”. Durante los días que estuvo desaparecido Franco, pasó lo mismo: que estaba drogado, que se resistió con violencia, que era pobre, que era sospechoso. Franco estuvo detenido sin causa alguna, fue, según denuncian los familiares, golpeado en la Comisaría y luego “desapareció”. Una vez más se usa esa palabra para encubrir los crímenes del Estado.
Lo cierto es que los únicos dos crímenes que cometió el joven trabajador Franco Casco fueron esos: ser joven y ser trabajador. A los que trabajan día y noche para ganar un salario de hambre, las campañas contra la inseguridad los convierten en potenciales enemigos, en amenazas latentes. Hay que controlarlos, hay que ponerlos en caja. Hay que matarlos. Sufren la “inseguridad” de trabajar en condiciones penosas, por una miseria y sin derechos sindicales, y la “inseguridad” de ser sospechoso por pertenecer a la clase trabajadora y, por ende, de ser víctimas de las fuerzas del orden. Desde la caída de la dictadura, según denuncia la CORREPI, hubo 4200 casos de gatillo fácil y 200 desapariciones, entre los que se encuentran Walter Bulacio, Rubén Carballo, Diego Rodríguez Laguens en Salta, Facundo Rivera de Córdoba, Daniel Solano en Río Negro, Martín Basualdo, Diego Duarte. Un verdedero genocidio.
Otro Luciano Arruga, esta vez en Santa Fe
Esta vez fue en Santa Fe, el bastión de los supuestos pulcros socialistas de Binner y Bonfatti, que otrora se jactaron de ser combatientes contra la corrupción. Lo cierto es que el conurbano bonaerense, con sus policías bravas, su gatillo fácil, su narcotráfico y sus redes de trata, “se trasladó” a la Santa Fe socialista, con el auspicio del binnerismo. Binner, Bonfatti, el PS y la UCR dirigen su propia Bonaerense, afilada y perfeccionada. Y tuvieron, también, su propio Luciano Arruga.
La victimización hipócrita que siempre hizo el binnerismo, diciendo que hacen campañas contra ellos, mientras avanza el narcotráfico y la impunidad policial, cayó con la fuerza de la brutalidad del caso Casco: en los 24 días que estuvo desaparecido el joven, ningún funcionario se comunicó con la madre ni con el padre, no se desplazó a ningún funcionario policial y, adrede, se dejó correr la versión de que Franco había sido visto pidiendo ropa en una parroquia. Se desvió la atención y se entorpeció la búsqueda desde el Gobierno. Binner ya había hecho lo mismo cuando murió asesinada la ex detenida desaparecida Silvia Suppo, que era testigo en una causa contra policías. “Fue un hecho de inseguridad”, se sentenció.
Sentenciando, también, la impunidad.
Muertes jóvenes, chantaje policial
Mientras la muerte de Franco Casco copa la sensibilidad del pueblo trabajador y, forzosamente, la primera plana de los medios, en páginas secundarias de los diarios se acumulan noticias inquietantes, un deja vú represivo: como a finales de 2013, las fuerzas policiales, esos ejércitos asesinos de azul, inician acciones, declaraciones y chantajes para recomponer sus “salarios”. El espectro de los motines, se avecina.
Esta vez, Santa Cruz tomó la posta y directamente se autoacuarteló para reclamar aumentos del 25 por ciento, demanda que los gobiernos considerarían una herejía monstruosa si viniera en boca de estatales, docentes, obreros industriales. El sindicato policial santafesino, APROPOL, también se viene “autoconvocando” para lograr una recuperación salarial. En el 2013 el método del inquietante chantaje policial fueron las zonas liberadas, los saqueos, los asesinatos. Los gobiernos provinciales como el de De la Sota, Bonfatti, Scioli, pero también el nacional, hicieron lo que no hacen con los trabajadores que reclaman salario o no ser despedidos: cedieron. Los trabajadores, en cambio, para defender lo suyo son empujados a luchas duras, como se vio en los conflictos docentes en Salta, provincia de Buenos Aires y otras provincias. A los trabajadores industriales que defienden delegados combativos y que se oponen a ser despedidos por la verdadera asociación ilícita entre empresas y sindicatos, como en Lear, les reservan detenciones, procesos judiciales, heridos. No sucedió esto con los chantajistas policiales: les dieron aumentos y exoneraciones a los miembros echados previamente.
Los motines policiales tuvieron (¿y tendrán?) como combustible el enorme impulso mediático y de los partidos patronales a las campañas por la inseguridad, que pide más policías en todas las calles, saturación de fuerzas represivas. Cada uno de los gobiernos cede a esta presión fortaleciendo a las policías provinciales, combinando estas fuerzas con gendarmes y prefectos, entronando a personajes como Berni o a Chaumont en Santa Fe. Los gobiernos fortalecen a esas fuerzas represivas (el "factor Berni", el egreso de 10.000 bonaerenses -un 20% de la fuerza actual- que Granados prepara para diciembre) para usarlas a pleno cuando el pueblo salga a las calles por demandas elementales y contra el ajuste. Y a cambio de ese "servicio" encubren y bañan de impunidad todas las barbaridades que se cometen desde las comisarías contra la juventud pobre y trabajadora.
La impunidad y el poder que gana la Policía de conjunto, es lo que les da libertad para cobrarse a Luciano Arruga, a Franco Casco, a cada joven que cae por brutalidad policial, ante la indignación hipócrita de progresistas que piden mano dura.
La agenda de la izquierda debe ser la de impulsar la movilización para esclarecer la muerte de Franco Casco y que los responsables eventuales sean encarcelados. No puede haber ninguna muerte de jóvenes o de trabajadores que quede impune.
Responder con contundencia y masividad ante este y cada caso de gatillo fácil, es una tarea indeclinable para debilitar a un Estado que declara la guerra a los trabajadores y a la juventud los 365 días del año. Ya el gobierno anunció un plan antimotines, poniendo el Ejercito en las calles para las fiestas.
La lucha contra la impunidad de los casos de brutalidad policial y la denuncia del chantaje policial, deben ser banderas que la izquierda y los trabajadores no pueden darse el lujo de descuidar. Poner en pie un gran movimiento de familiares de jóvenes asesinados y de todos los que apoyan la lucha contra la Policía brava, como existe en Córdoba con la Coordinadora de Familiares de Víctimas del Gatillo Fácil, es una política contundente, a la orden del día. Hay que ganar las calles ya.
Octavio Crivaro
Justicia argentina ordena a Interpol la detención de Martín Villa, del suegro de Gallardón y otros 18 imputados por crímenes del franquismo
Ascensión Mendieta, víctima de la dictadura, en una rueda de prensa de Ceaqua sobre los crímenes del franquismo.
La jueza federal consideró que los delitos atribuidos a los imputados "constityen crímenes de lesa humanidad por lo que, en uno u otro caso la acción y la pena son imprescriptibles y sus responsables están sujetos a persecución a través de la aplicación del principio de jurisdicción universal".
La jueza federal argentina María Servini de Cubría dispuso que Interpol concrete su "arresto preventivo" para fines de extradición a ese país con miras a tomarles declaración indagatoria.
La magistrada hizo lugar a un pedido hecho la semana pasada por el fiscal de la causa, Ramiro González, luego de que ambos viajaron a España para tomar declaración a sobrevivientes, familiares de víctimas y recopilar documentación.
Según la resolución de 286 carillas, la jueza federal consideró que los delitos atribuidos a los imputados "constityen crímenes de lesa humanidad por lo que, en uno u otro caso la acción y la pena son imprescriptibles y sus responsables están sujetos a persecución a través de la aplicación del principio de jurisdicción universal".
De esta forma, Servini ratificó lo sostenido al ordenar las cuatro primeras detenciones en la causa el año pasado en lo referido a los argumentos para sostener "la jurisdicción" de Argentina "para juzgar los hechos que motivaran" la querella criminal por homicidios, secuestros, torturas y robo de bebés durante la dictadura franquista en España.
La decisión recayó sobre Antonio Carro Martínez, José Utrera Molina, Fernando Suarez Gonzalez, Jesús Cejas Mohedano, quienes fueron autoridades de la época y ex miembros del Consejo de Guerra del franquismo y policías.
Además, se pidió la detención de Licino de La Fuente, Antonio Barrera de Irimo, José María Sánchez, Licino De La Fuente, Ventura Pascual, Alfonso Osorio Garcia, Jesús Quintana Saracibar, Rodolfo Martín Villa, Antonio Troncoso de Castro y Carlos Rey Gonzalez. Jesús Gonzalez Reglero, Ricardo Algar Barrón, Felix Criado Sanz, Pascual Honrado De La Fuente Reglero, Jesús Martinez Torres, Benjamín Solsona Cortes y Atilano del Valle Oter, entre otros.
En la resolución se les adjudican distintos tipos de delitos a los acusados, desde homicidio, hasta secuestros, tortura y sustracción de un recién nacido según el caso, todos cargos que contemplan penas de prisión elevadas y de cumplimiento efectivo.
En varios casos la jueza imputó a los buscados por homicidio agravado, que prevé penas de reclusión o prisión perpetua.
En su viaje a España, en el mes de junio, Servini de Cubría logró interrogar a las "víctimas y querellantes en el proceso argentino, que por su edad o condiciones no pueden viajar a Buenos Aires a prestar declaración ni trasladarse a cualquiera de los consulados argentinos".
Con el motivo de recabar "pruebas y documentación sobre los crímenes franquistas en diferentes entidades y archivos de la nación española" y "tiene previstas reuniones con representantes de diversas instituciones del Estado español".
Esta causa se originó por una denuncia penal que el 14 de abril de 2010 radicaron en la Justicia federal argentina el hijo de un gallego fusilado en 1936 y la sobrina nieta de dos hombres ejecutados en 1937, a esta primera denuncia se le fueron sumando querellantes, hasta llegar a ser "entre 150 y 200", según confió la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo ( Ceaqua).
Por lo que también se presentaron como querellantes la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica, Abuelas de Plaza de Mayo, Liga por los Derechos del Hombre, Comisión Provincial por la Memoria, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Centro de Estudios Sociales y Legales(CELS), Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, Federación de Asociaciones Gallegas de la República Argentina, Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y el Comité de Acción Jurídica.
Argentina ordena detener a Martín Villa y al suegro de Gallardón por la causa contra el franquismo
La jueza María Servini ha dictado una orden internacional de detención contra veinte dirigentes y presuntos torturadores de la dictadura franquista. Entre ellos, los exministros Martín Villa y Utrera Molina, el suegro de Alberto Ruiz Gallardón
Alejandro Torrús
Se anunciaban nubes negras desde Argentina para los franquistas que continúan con vida y sus peores temores se han cumplido en la noche de este viernes. La jueza María Servini de Cubría, que instruye la causa contra la dictadura franquista abierta en Argentina, ha dictado una orden internacional de detención contra veinte dirigentes y presuntos torturadores del franquismo, entre ellos los exministros Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina, el suegro de Alberto Ruiz Gallardón.
"Es una gran noticia y un triunfo de las víctimas del franquismo, que no han cesado de luchar nunca por sus derechos y con sus propios recursos, que son muy limitados. Ahora tenemos qué esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos y ver cómo responde el Gobierno y el Estado español y si puede mantener la teoría de que estos crímenes ya están prescritos porque no estamos ante crímenes contra la humanidad", ha señalado a Público el abogado Carlos Slepoy nada más conocer la noticia.
"Es una gran noticia y un triunfo de las víctimas del franquismo", ha señalado el abogado de las víctimasLos veinte franquistas sobre los que han recaído órdenes de detención internacional pueden dividirse en cuatro grupos. Por una parte, los exministros que firmaron las penas de muerte de Salvador Puig Antich o de los cinco últimos fusilados por el franquismo en septiembre de 1975. Es decir: José Utrera Molina, Antonio Carro Martínez, Licinio de la Fuente, Antonio Barrera de Irimo y José María Sánchez-Ventura Pascual.
Por otro lado, los acusados de ser corresponsables de la matanza de Vitoria en marzo del 76, Rodolfo Martín Villa, como ministro de Relaciones Sindicales, y Alfonso García, como ministro de Presidencia y Jesús Quintaba Saracibar. Otro apartado estaría dedicado a jueces y letrados donde estarían nombres conocidos como Carlos Rey (ex abogado de la política del PP Alicia Sánchez Camacho) y, por último, un nutrido grupo de exmiembros de fuerzas de seguridad del Estado por presuntas torturas.
La relación completa de imputados es la siguiente: Rodolfo Martín Villa, José Utrera Molina, Antonio Carro Martínez, Licinio de la Fuente, Antonio Barrera de Irimo, José María Sánchez-Ventura Pascual, Alfonso Osorio García, Jesús Quintaba Saracibar, Carlos Rey González, Antonio Troncoso de Castro, Jesús González Reglero, Ricardo Algar Barrón, Félix Criado Sanz, Pascual Honrado de la Fuente, Jesús Martínez Torres, Benjamín Solsona Cortés,Fernando Suárez González, Jesús Cejas Mohedano, Atilano del Valle Oter y Abelardo García Balaguer.
Pasos a seguir
La resolución dictada por la jueza argentina será cursada por la Cancillería argentina (el Ministerio de Asuntos Exteriores) y será enviada al Ministerio de Justicia español. Si el Ministerio no resuelve qué hacer con la resolución, será el Consejo de Ministros quien decida si permite que el caso llegue a la Audiencia Nacional o lo rechaza directamente. Si admite este trámite dará comienzo un proceso idéntico al que vivieron el Guardia Civil Jesús Muñecas y el presunto torturador Juan Antonio López Pacheco, alias 'Billy el Niño' hace apenas unos meses y donde el primer paso sería tomar medidas preventivas y después declarar ante la Justicia.
La Audiencia Nacional resolvió entonces negar la extradición de los dos franquistas al considerar que los delitos cometidos ya estarían prescritos al no apreciar indicios de crímenes de lesa humanidad. Ahora son veinte órdenes. Los hechos imputados son aún más graves si cabe. La pelota vuelve a estar en el tejado del Estado español.
¡Oswaldo Quispe en libertad!
“Es un valioso triunfo popular y un duro golpe a la represión y al Estado reaccionario peruano”, dijo el comunicador social, luego de salir en liberad, en el marco del juicio de extradición iniciado por Perú en su contra.
“Estoy en libertad. Es un valioso triunfo popular y un duro golpe a la represión y al estado reaccionario peruano”, dijo el comunicador social hace instantes a esta Agencia, luego de que así lo decidiera el juez Sebastián Casanello, en el marco del juicio de extradición iniciado por Perú, en Comodoro Py. La liberación de nuestro compañero corona una tenaz movilización popular que enfrentó la acusación de “terrorismo” sufrida por 9000 opositores en el país presidido por Ollanta Humala, largos meses en la prisión de Ezeiza y el arresto domiciliario que acaba de concluir. Una multitud de organizaciones populares que hicieron permanente la movilización se disponían a celebrar la victoria. ¡Bienvenido a la libertad compañero Oswaldo!
“Estoy en libertad. Es un valioso triunfo popular y un duro golpe a la represión y al estado reaccionario peruano”, dijo el comunicador social hace instantes a esta Agencia, luego de que así lo decidiera el juez Sebastián Casanello, en el marco del juicio de extradición iniciado por Perú, en Comodoro Py. La liberación de nuestro compañero corona una tenaz movilización popular que enfrentó la acusación de “terrorismo” sufrida por 9000 opositores en el país presidido por Ollanta Humala, largos meses en la prisión de Ezeiza y el arresto domiciliario que acaba de concluir. Una multitud de organizaciones populares que hicieron permanente la movilización se disponían a celebrar la victoria. ¡Bienvenido a la libertad compañero Oswaldo!
Nuevos testimonios de horror en el casino de oficiales de la ESMA
Prosigue juicio por los crímenes de la dictadura en la ESMA
Noticia de Casapueblos-AEDD
Declaró esta mañana Estela Cornalea de Falicoff, quien permaneció secuestrada en el Casino de Oficiales de la Escuela de Mecánica de la Armada durante un mes.
Su testimonio reveló las terribles condiciones en las que estaban los compañeros, entre ellos, Alberto Samuel Falicoff, su marido.
Estela fue sorprendida por las fuerzas conjuntas el 25 de noviembre de 1976 en su casa del barrio de La Boca, donde estaba con su hijo de dos años. Allí, permaneció la patota hasta la llegada de Alberto. El niño, fue entregado más tarde a su abuela diciendo que había sido encontrado en la calle con un cartelito con el nombre, dirección y teléfono.
Mientras, Estela y Alberto fueron llevados en dos coches separados hacia la ESMA. Ya Alberto y Estela se encontraban en la clandestinidad, vivieron el exilio interno al tener que huir de Córdoba porque había sido allanada su casa.
No queda ninguna duda que el cautiverio de este matrimonio fue en la ESMA, las descripción de capucha, los ruidos que allí se oían (aviones, trenes, helicópteros, la música alta y los eternos gritos desagarrados de dolor de las sesiones de torturas que allí se sufrían). También Estela pudo recordar a compañeros desaparecidos que estuvieron allí, como Daniel Antokoletz, abogado defensor de presos políticos, “Pata de Palo”, un compañero con discapacidad motriz al que los milicos castigaban con golpes por no poder mantenerse en pie, con extrema saña (que sería Barcos), la presencia de muchas embarazadas y la muerte de dos hombres y una mujer que se quedaron en la tortura.
Pudo describir la metodología de los traslados donde se llevaban a los cautivos a su destino final en las aguas del Río de la Plata o el mar, y que un guardia le dijo a otro cuando le preguntó a dónde los llevaban “Son carne para los pescados”
También, durante su secuestro, pudo ver a su marido cuando lo trajeron, luego de una sesión de tortura en muy mal estado, con el cuerpo repleto de quemaduras por el efecto de la picana.
Estela tuvo como tarea lavar cubiertos y organizar la ropa del pañol. En esas faenas lavó pañales de niños y escuchó la voz de un pequeño que preguntaba por qué su papá tenía en la cabeza una capucha.
Alberto Falicoff, simpatizante del PRT, era médico pediatra que colaboraba con la Comisión de Ayuda a presos políticos, estuvo vinculado a los sindicatos de Luz y Fuerza, SMATA y otros en la provincia de Córdoba.
Alfredo, su hijo de 2 años, dio el último beso a su padre atado en su casa de La Boca para no volver a verlo.
Al día de hoy, el Dr. Falicoff sigue desaparecido y Estela en el exilio donde presentó denuncias ante organismos internacionales.
http://juicioesma.blogspot.com.es/2014/10/nuevos-testimonios-de-horror-en-el.html
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