El Senado de la Nación, en sesiones extraordinarias, sancionó la Ley Antimafias impulsada por el gobierno nacional que, bajo el supuesto propósito de combatir a las bandas del narcotráfico y el crimen organizado, amplía las potestades represivas del Estado sobre la población y la discrecionalidad para perseguir activistas y luchadores, dejando impune al grueso del crimen organizado y el narcotráfico. Por esta vía, cualquiera que se manifieste por sus reclamos podría ser acusado de pertenecer a una organización criminal.
La nueva normativa describe a las organizaciones criminales como “los grupos de tres o más personas que durante cierto tiempo, en áreas geográficas determinadas y bajo ciertas modalidades operativas, actúan concertadamente con el propósito de cometer delitos especialmente graves”, allanando la tarea de las fuerzas de seguridad para la investigación e intervención con menores controles.
A su vez, se endurecen las penas contra quienes participen, cooperen o ayuden a la formación de estas organizaciones, lo que amplía las facultades discrecionales del Ejecutivo nacional contra quienes, a su entender, respalden o promocionen las actividades censuradas por el gobierno. Esto es válido para quienes difundan la convocatoria a una marcha o reclamo particular.
Se trata de un instrumento en manos del Estado que puede ser utilizado contra el activismo, la militancia política y los manifestantes, gracias a la ambigüedad de sus términos y al uso represivo que el gobierno le viene dando a todo el andamiaje jurídico existente.
La oposición política patronal, tanto radicales como peronistas, vuelven a facilitarle al gobierno las herramientas para montar un Estado represivo contra la población trabajadora, asegurando el quórum y abandonando el recinto (en el Senado se aprobó "unánimemente" con 38 votos de 72). mientras que al término de esta votación se avanzó en "consensos" sobre el proyecto de Reiterancia, que implica otras potestades represivas contra los trabajadores.
Ademas, estamos ante un gobierno que manifiestamente sustenta el lavado de dinero, las estafas financieras y la fuga de capitales. Es el caso de Espert y sus vínculos con el narcotráfico: o el propio presidente Milei y su séquito, entrelazado profundamente con la criptoestafa de $Libra.
Como lo expuso el periodista Ariel Lijalad el art. 3 de la ley sancionada señala la existencia de vinculación con una organización criminal cuando la “comisión delictiva” tenga como propósito “la provocación de temor a las autoridades ejecutivas, legislativas o judiciales o a las fuerzas armadas, fuerzas policiales y de seguridad federal”. Esto en manos de un gobierno que asocia a toda manifestación con un hecho “extorsivo” e incluso “terrorista”.
Es llamativo que la aprobación de esta ley contra las libertades democráticas se da al mismo tiempo de que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, amenaza a los hinchas de los clubes que aseguraron su participación de la convocatoria de los jubilados, para manifestarse contra el ajuste previsional el próximo miércoles 12, tildándolos como “barrabravas” y “delincuentes”.
Para el caso estricto del crimen organizado lejos de representar un agravante para los jefes del narcotráfico y/o los funcionarios y jueces corruptos, implica una equiparación contra los eslabones más débiles de la cadena y la juventud cooptada por el crimen organizado.
Se crean facultades extraordinarias con el establecimiento de “Zonas sujetas a investigación especial”, donde se habilita la vulneración de derechos y garantías constitucionales por parte de las fuerzas de seguridad federales, provinciales y la Justicia.
El gobierno ya ha demostrado su manipulación de las leyes y la Justicia para sus propósitos políticos y persecutorios, como es el caso de la causa armada contra el Polo Obrero, organización a la que se acusa por delitos descabellados, incluyendo el “lavado de dinero”. Una ley como esta habilita mayores arbitrariedades y ataques contras las organizaciones obreras y populares.
Para derrotar este reforzamiento represivo hay que hacer crecer la movilización popular en defensa de las libertades democráticas y las reivindicaciones de los trabajadores. La movilización de los jubilados e hinchas del próximo miércoles 12 es la próxima instancia de esta lucha, de cara a un importante 24 de marzo.
Marcelo Mache
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