La inundación en Bahía Blanca fue presentada por el poder político (local, provincial y nacional) y los principales medios de comunicación como una “tragedia” y/o catástrofe “climática”, ocultando la evidencia en informes y antecedentes inmediatos que dan cuenta de las verdaderas razones de esta nueva crisis: la falta de políticas de urbanización planificada, obras hídricas y obras públicas, y el ajuste contra el Conicet, el Servicio Meteorológico Nacional y el presupuesto.
Esto quedó más que expuesto con la difusión de un informe del Conicet, elaborado en el 2012, donde se caracterizó la vulnerabilidad de la ciudad de Bahía Blanca frente a fuertes intervalos de lluvia, pronosticando la repetición de inundaciones en caso de no dar un vuelco en la planificación urbana y en la inversión en obra pública.
Cabe recordar que el gobierno nacional viene de suprimir la casi totalidad de la obra pública, esto incluso en sitios como Bahía Blanca donde el presidente viajó ni bien asumido en 2023 a causa del temporal que arrasó con la ciudad. Poco más de un año después y con un nuevo temporal con al menos 16 víctimas fatales, Mieli ni asomó por Bahía por miedo a escraches y al repudio popular.
El trabajo de hidrografía urbana publicado por el Conicet en 2012 parte de analizar la ubicación de la ciudad en la cuenca inferior del canal Maldonado y del arroyo Napostá: dos cursos de agua clave en el sistema de drenaje. Esto expone a Bahía Blanca al escurrimiento de agua desde zonas superiores y las crecidas y desbordes de los arroyos.
La ausencia de pavimentación en las zonas más elevadas provoca que las lluvias intensas desplacen sedimentos hacia los niveles inferiores, colaborando en el anegamiento de las calles de la ciudad de Bahía Blanca.
Además, el informe destaca la existencia de una urbanización anárquica, guiada por la especulación inmobiliaria, que agudiza los problemas de drenaje del agua, con la existencia de una “expansión diversa” de la ciudad y la ausencia de una planificación hídrica y urbana.
La falta de obras es una responsabilidad que une al Ejecutivo nacional con la provincia de Kicillof, al recorte nacional del presupuesto de obras públicas se suma la falta de inversión provincial y el pase de facturas recíprocas a la hora de las catástrofes como la actual.
El gobierno nacional también contribuyó a esta situación no solo desoyendo lo manifestado por los especialistas del Conicet, sino avanzando con despidos en el organismo, ajustando y vaciando su actividad. Misma labor que realizó respecto al Servicio Meteorológico Nacional, donde en 2024 se despidió a más de 100 trabajadores, un 15% del total, lo que afecta a la emisión de alertas y preparación de la población.
Entre las propuestas del informe del Conicet se destaca la búsqueda de un diseño más eficiente del sistema de drenaje y la planificación urbanística y de infraestructura de la ciudad para mitigar el impacto hidrológico del crecimiento urbano.
No estamos ante una tragedia climática, sino ante el resultado de años de desinversión y asfixia presupuestaria, donde prima la especulación inmobiliaria y la urbanización anárquica, y donde son los trabajadores quienes deben pagar las consecuencias, con sus pérdidas materiales e incluso la de sus vidas.
Los gobiernos capitalistas son responsables del ajuste y el desfinanciamiento en las obras, y del desastre en Bahía Blanca. Mientras la población trabajadores responde inmediatamente con su solidaridad, los gobiernos nacional y provincial son incapaces de enviar los fondos y recursos necesarios para combatir la crisis y ayudar a los damnificados porque priorizan cumplir con el pago de la deuda. Es el FMI o la vida de los trabajadores.
Se requiere de un plan de obras y de urbanización inmediato, bajo contra de los trabajadores y vecinos, para terminar con el estrago de las inundaciones, y realizar las obras hídricas y públicas necesarias para la ciudad.
Marcelo Mache
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