La totalidad de los 600.000 usuarios y casi dos millones de personas que se quedaron sin luz este miércoles están conectadas a Edesur. No puede sorprender, entonces, que las acusaciones por desinversión y falta de mantenimiento recayeran sobre la distribuidora eléctrica que continúa controlada por la firma italiana Enel. En 2023, Enel anunció su retiro de Argentina, que suspendió cuando Milei, como flamante presidente electo, les ofreció “garantías” de una rápida elevación de la rentabilidad. No les mintió, porque las tarifas eléctricas aumentaron un 420% al año siguiente. El libertario Milei, además, les dictó un DNU de “emergencia energética” -que al Congreso ni siquiera se le ocurrió revisar. Ese decreto habilita todos los tarifazos posteriores de la electricidad, el gas y el agua. Pero la “emergencia” no dispone ni una sola medida que obligue a los prestadores a la menor inversión para la recuperación del parque eléctrico, vaciado durante décadas por esos mismos privatizadores. Los cortes de luz ganaron “prensa” con este apagón masivo. Pero se han sucedido durante todo el verano en las regiones centro y norte del país.
Transmisión
El apagón de este miércoles, según han informado los técnicos, se debió a la caída de dos líneas de transmisión de alta tensión -aquellas que conectan, justamente, con la distribuidora Edesur. Por eso mismo, la falla no puede atribuirse solamente al desquicio de esta distribuidora. Al menos en su origen, comenzó en el sistema de transporte. Existe una licitación largamente demorada para la ampliación de la red de transporte, adjudicada a una empresa de origen chino. Pero la demora en ejecutarla no obedece solamente a razones “geopolíticas”: lo que ocurre es que el gobierno de la motosierra no quiere poner un peso para afrontar obras de infraestructura. En la Secretaria de Energía se debatió la financiación de esa y otras obras aplicando un “poderoso” cargo fijo sobre las facturas que pagan los consumidores. O sea, un tarifazo especial, que debía añadirse a los que ya se aplicaron durante todo 2024. Como algunos recordarán, a comienzos de febrero fue anunciado un aumento del 12% en la tarifa de luz, por parte de funcionarios del Ente Regulador y de la Secretaría de Energía. Pero Caputo se apresuró a desmentirlo de inmediato, porque ese aumento de tarifas amenazaba con desbancar el índice de inflación en febrero y marzo. El resultado fue el inmovilismo: la licitación de la red de transporte continúa paralizada.
Default de Cammesa
En las previsiones de los especialistas, aparecen nuevos colapsos energéticos ligados a los picos de consumo en jornadas de elevadas temperaturas. En este caso, el cálculo no se asocia solamente a la distribución o al transporte de energía sino a su fuente, la generación en usinas. La demanda energética global amenaza con superar a la oferta de las usinas en operación. Pero también en este caso el sistema se encuentra en estado de infarto: si hacemos un poco de memoria, se recordará que las generadoras le reclamaron a Caputo una deuda del orden de los 1200 millones de dólares por energía vendida -y no pagada- desde las generadoras a las distribuidoras y transportadoras. En el régimen que rige en el mercado eléctrico mayorista (CAMMESA), el Estado debe cubrir las diferencias y saldos impagos entre el final de la cadena energética (distribuidoras) y su comienzo. Caputo, en este caso, arregló a las generadoras con un bono, que aquellas aceptaron. Pero unos y otros -gobierno y empresas- sabían cuál sería la consecuencia de este pagadios disimulado: cesar todo tipo de inversión en la generación de energía, por parte de los privados. Cuando la ex canciller Mondino advirtió que debíamos preparar “las velas” para este verano, no hacía sino manejar información privilegiada. Ahora, los funcionarios de Energía discuten con Milei y Caputo la disolución de Cammesa y un régimen de contratos “libres” entre generadoras, distribuidoras y transportadoras. Ello solo podría viabilizarse con un recontratarifazo, y plantea una crisis política en puertas.
Fracaso
La crisis energética, en definitiva, no es un episodio fortuito de una línea de transmisión eléctrica. Delata al régimen económico liberticida en cuerpo y alma. Los tarifazos han alimentado un engorde parasitario de beneficios para los monopolios privados. El presupuesto público, diseñado en función del pago de la deuda pública, ha dejado en banda a las inversiones elementales en materia de infraestructura eléctrica. El Estado libertario, reorganizado a voluntad de los fondos internacionales, consume el ahorro público -expresado en redes eléctricas, gasoductos, usinas o rutas- de un modo impiadoso. La única salida que tienen a ese desquicio es un “tarifazo sobre el tarifazo”, o sea, los trabajadores y usuarios pagando las obras no realizadas. Como esa “salida” desbanca al régimen económico de seudoestabilidad pergeñado por Caputo, lo que prevalece es la parálisis, que pagan los usuarios con cortes masivos. El apagón masivo ha mostrado el verdadero color del gobierno trumpista de Argentina: negro. La crisis planteada exige la nacionalización integral del parque eléctrico, y la apertura de sus costos al control de los trabajadores.
Marcelo Ramal
06/03/2025
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