A menudo se tilda al gobierno de Javier Milei de ser una reedición de la misión destructiva de la última dictadura. Otras veces se lo equipara a la presidencia del caudillo riojano, incluso se lo llama un “segundo Menem”. Asimismo se enuncian puntos de contacto con la gestión de Mauricio Macri y es frecuente que se denomine a la actual gestión “el gobierno Milei-Macri”.
No hay precedentes de este nivel.
Ninguna de estas comparaciones es del todo incorrecta pero sí son insuficientes. La velocidad, la audacia y la profundidad de la reestructuración regresiva de la sociedad argentina que ha emprendido el gobierno “libertario” superan a todos los precedentes.
El ajuste es feroz, sin duda. Comenzó con una devaluación desmesurada y continúa con la drástica reducción del gasto público; los despidos generalizados, la libertad para aumentar los precios en cualquier proporción y la consiguiente brusca reducción del poder adquisitivo de trabajadores, jubilados y receptores de prestaciones sociales.
El impulso ajustador dista de agotar el repertorio de la regresividad y la agresión hacia las clases populares y la amplia mayoría de la sociedad. Además están las disposiciones que tienden a modificar el conjunto de las relaciones sociales.
Actúa en ese campo un afán desregulatorio con potencialidad de generar enormes beneficios al gran capital y que cercena derechos y conquistas, algunas de las cuales parecían inamovibles. Asistimos contra una ofensiva contra el derecho laboral, a la plena libertad de los propietarios para someter a los inquilinos, facilidades de todo tipo para los grandes inversores, destrucción de la legislación de protección ambiental, etcétera.
El manifiesto propósito de Milei es iniciar una nueva etapa, con un régimen signado por la preeminencia absoluta de las relaciones mercantiles y un sistema en el que las grandes corporaciones sustituyan al Estado como regulador de la vida en sociedad. Allí están las grandes líneas del llamado “megadecreto” en vigencia en su mayor parte. Y de la “ley de bases”, rechazada por el Congreso pero con la que el ejecutivo vuelve a la carga.
Un papel fundamental que se reserva para el Estado es el de la represión: Mayores facultades para las fuerzas armadas y de “seguridad”, desincriminación de los delitos que cometan, reglamentaciones que facilitan disolver a palos, gases y balas de goma cualquier movilización en el espacio público.
En la política exterior se despliega el alineamiento completo con EE.UU y la solidaridad ilimitada con Israel y el genocidio que comete en estos días. Ubicación que se profundizará si los próximos comicios en el país norteamericano derivan en el regreso al gobierno de Donald Trump, anhelado en público por el presidente.
Se completa el cuadro con una “batalla cultural” que busca arrasar con las políticas feministas, la defensa de los derechos humanos, el castigo a los genocidas, la protección ambiental, el reconocimiento a las comunidades indígenas y a los migrantes. Y hace blanco en las manifestaciones culturales y científicas y el sistema educativo público, que se hallan en trance de quita de financiamiento y reducción o disolución de los organismos estatales que actúan en esos campos.
Asistimos además al derrumbe del perenne “pacto democrático”, que se conjeturaba que ponía coto por anticipado a actitudes antidemocráticas, a hechos de violencia cometidos o tolerados por el Estado, al regreso a políticas de la impunidad.
Sobra decir que el empresariado local e internacional, los organismos financieros y las fuerzas de la extrema derecha de todas las latitudes apoyan ese programa con entusiasmo, más allá de observaciones y dudas acerca de algunas exageraciones del mismo.
No esperar nada y confiar en las propias fuerzas.
Es un grave error la confianza en que el gobierno encuentre sus propios límites en la desorganización e improvisación que lo caracterizan, o que el padecimiento generalizado le inspire alguna compasión que modere la ínsita crueldad de sus acciones.
Su reacción ante hostigamientos y obstáculos está decidida y proclamada: Acelerar la marcha y colmar de amenazas e insultos a quienes considera adversarios, así lo sean de modo parcial e inconsecuente.
Tampoco cabe esperar que lo llamen a sosiego los representantes parlamentarios, los gobernadores provinciales o el poder judicial. Son instituciones degradadas, sin ninguna voluntad de contrapesar con seriedad las peores demasías de quienes tienen hoy el mando.
Además comparten en gran parte la ideología de preeminencia sin disputa de la organización capitalista de la sociedad, aún en sus aspectos más dañinos, como el extractivismo desenfrenado. A lo sumo negociarán algunos puntos y rescatarán menguados beneficios en el restringido “toma y daca” que se les ofrece.
Así las cosas marchamos al “Pacto de Mayo”, un contrato de adhesión en el que el propósito es ratificar los principios generales que sostiene el gobierno en un acuerdo que abarque a los principales factores de poder.
La única respuesta eficaz estará en la lucha del movimiento obrero y las organizaciones sociales de todo tipo. Y en los impulsos de la democracia desde abajo, tales que puedan construir una suerte de gran asamblea popular que ocupe las calles y presione sin tapujos para que todos los sectores se sumen a la organización y la movilización.
La independencia frente a los partidos del sistema y respecto a toda la institucionalidad pública y privada que respalda o al menos acata las relaciones reales de poder , serán un requisito irrenunciable para emprender no sólo la resistencia sino preparar la contraofensiva. Al odio de clase que avanza y se acrecienta desde arriba habrá que responder con intransigencia en la defensa de todas las conquistas y con propuestas programáticas que tracen una alternativa social, política y cultural.
A las coerciones materiales e ideológicas para imponer el individualismo autista sólo cabe contraponerle las más variadas y enriquecedoras formas de la construcción colectiva.
Vivimos una época aciaga y se preanuncian momentos igual o más arduos. Se requiere unidad en la acción y amplia disposición a no dejar pasar ningún atropello. La sociedad argentina tiene una trayectoria de combate contra la injusticia y de movilización masiva para ponerle freno a las tropelías cometidas desde el poder. Se necesita sostenerla y desarrollarla más que nunca.
Daniel Campione | 26/03/2024
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