A Gerardo Morales y Wado de Pedro los une la entrega del litio.

Los gobernadores del norte y Wado de Pedro. 

 En octubre, el ministro de Interior y el gobernador de Jujuy viajaban a Estados Unidos a rematar los salares a las mineras multinacionales 

 En medio de la brutal represión en Jujuy para imponer la reforma constitucional reaccionaria de Gerardo Morales, Juntos por el Cambio buscó desnaturalizar las protestas del pueblo jujeño acusando falsamente al kirchnerismo y al gobierno nacional como su instigador. Lo cierto es no solo que el peronismo votó a favor de la reforma, sino que a unos y otros los une la entrega de las riquezas del país en su carácter de políticos capitalistas, como lo demuestra un hecho particular: meses atrás Wado de Pedro, el presidenciable de Cristina Kirchner, compartía con el gobernador Morales un viaje de negocios a Estados Unidos para rematar el litio a las mineras yanquis. 

 El episodio es esclarecedor de esa unidad de intereses. En octubre del año pasado se subían a un mismo avión Morales y de Pedro junto al resto de los mandatarios de las provincias del norte argentino, entre ellos los de los distritos que cuentan con emprendimientos de litio como Raúl Jalil de Catamarca, Ricardo Quintela de La Rioja y Gustavo Sáenz de Salta. En la agenda de ese viaje, que tuvo como guía al embajador yanqui Marc Stanley, ocupó un lugar destacado el encuentro con compañías mineras para ofrecer el codiciado “oro blanco”, además por supuesto de citas con funcionarios del Departamento de Estado que han manifestado varias veces los intereses estratégicos del imperialismo en este “mineral crítico”. “Wado y Morales son socios en la entrega del litio, por eso el PJ de Jujuy apoya la reforma”, declaró desde allí Gabriel Solano, precandidato a presidente del Frente de Izquierda que viajó para apoyar la rebelión del pueblo jujeño. “Esta complicidad está lejos de reducirse al territorio provincial. Nadie actúa de esa forma sin una connivencia nacional. La prueba más fehaciente está en que, hace unos meses, fue el propio Wado de Pedro el que se fue de gira por Estados Unidos y se sacó una foto con Morales, el embajador yanqui y los gobernadores del norte”, remató el legislador porteño. 

 De hecho, aquella gira norteamericana había sido precedida por una en que el propio Massa se reunía con Livent, la minera estadounidense que por años subfacturó sus exportaciones desde Catamarca declarando precios de venta equivalentes a la octava parte de su cotización en el mercado internacional; una evasión millonaria y fuga de dólares. Como vemos, es una verdadera política de Estado, que nada tiene que ver con desarrollar al país. En Jujuy además tenemos la complicidad de la empresa provincial Jemse, que oficia de socio minoritario avalando el saqueo del litio por el gigante Orocobre y la japonesa Toyota.

 No es un punto menor, teniendo en cuenta que el grueso de la reforma de Morales apunta a fortalecer un régimen de saqueo que tiene un trato especial con las mineras multinacionales que explotan los salares. La prohibición de la protesta busca coartar derechos democráticos elementales, en una provincia donde numerosas comunidades se han plantado en defensa de sus tierras y del acceso al agua, cuestionado por la actividad de las explotaciones litíferas, incluso con acampes para denunciar operaciones ilegales sin habilitación ni estudios de impacto ambiental como en el paraje Tanques en Susques. Ni hablar de la potestad de entregar a las mineras zonas habitadas por pueblos originarios, como denunció entre otras la comunidad quechua del departamento de Santa Catalina; un punto en que incluso el gobernador tuvo que recular anunciando en conferencia de prensa la eliminación de las modificaciones a los artículos 36 y 50.  

No es mera casualidad que Gustavo Sáenz, el gobernador massista de la vecina Salta, venga de impulsar una ley antipiquetes, espejo de la ofensiva reaccionaria de Morales. Este mismo accionar represivo tiene de fondo los intereses de los grandes grupos capitalistas en provincias donde la pobreza azota a cerca de la mitad de la población. Todos ellos componen la Mesa del Litio, un cónclave de mandatarios que incluso ha llegado a confesar públicamente que las mineras pagan regalías muy por debajo de lo que deberían. Son, de hecho, los que actuaron como lobbistas de las multinacionales para enterrar la Ley de Humedales que se había consensuado en el Congreso, para que no haya ningún cuestionamiento a los emprendimientos en los salares. 

 Todo esto revela que el planteo de un sector de la burocracia sindical ligada al kirchnerismo reclamando que el gobierno nacional intervenga la provincia no es ninguna salida a los reclamos populares que expresó en las calles y rutas de toda la provincia el pueblo jujeño: el ministro de Interior que debería orquestar dicha intervención federal sería el propio Wado de Pedro. El intento de valerse de los sucesos de Jujuy para recomponer la polarización entre peronistas y macristas se choca de frente con la realidad. Para que se haga realidad la consigna de “abajo la reforma, arriba los salarios” hay que profundizar la movilización popular contra el régimen de Morales, y echar a los políticos capitalistas. Con esa perspectiva el Partido Obrero en el Frente de Izquierda apoya incondicionalmente el jujeñazo, y pelea por un paro general de todos los trabajadores del país.

Iván Hirsch

Jujuy: después de la represión, la lucha contra la reforma se extiende

Luego de la brutal represión de este martes, mientras los convencionales aprobaban la reforma constitucional dictada por Gerardo Morales, nuevos sectores se incorporaron a la lucha. 

 En estos momentos se desarrolla en Jujuy una marcha de antorchas, en el marco de una huelga de 48 horas declarada por la CGT provincial. Los sindicatos convocantes llamaron a una movilización sin banderías políticas. La jornada de este miércoles empezó a las 15:30.

 En las últimas 24 horas, hubo nuevas incorporaciones a la rebelión jujeña. El caso más notorio es el de los trabajadores mineros. La cámara patronal del sector había emitido una declaración acusando que, debido a los cortes de ruta, los obreros no podían llegar a los socavones y excavaciones. La respuesta fue un paro y una movilización obrera de los trabajadores de El Aguilar para confraternizar con los piquetes, en Purmamarca. El sindicato, AOMA, anunció su adhesión al paro regional de 48 horas convocado por la CGT. Dicho esto, la cúpula de la central obrera de Jujuy no movió un dedo para garantizarlo. Otro tanto podría decirse del Sindicato de Empleados de Comercio, que decretó un paro que no se esfuerza por hacer cumplir en ningún lado. También se declararon en huelga los trabajadores de Agua Potable. Por otra parte, el paro docente estaba previsto que continuara durante jueves y viernes. El fin de semana habrá nuevas asambleas. En la movilización de ayer, se destacó un gran contingente docente –18 de los 68 detenidos eran docentes-. 

 Se mantienen 19 cortes de ruta en toda la provincia en rechazo a la reforma y exigiendo la liberación inmediata de todos los detenidos. A pesar del anuncio de que se retirarían los artículos más cuestionados por las comunidades de pueblos originarios por el uso de la tierra y la facultad para declarar “zona productiva” a territorios ancestrales, estos se mantienen firmes en la lucha. La Gendarmería se encuentra desplegada en distintos puntos de la provincia, por el momento, a la expectativa y sin intervenir, aguardando una orden de Nación. 

 Por otra parte, el gobierno de Morales decretó asueto educativo y administrativo para el día de hoy, con la excusa de los destrozos en la legislatura. También fueron suspendidos el servicio de transporte público y los vuelos, instalando una suerte de estado de sitio. Morales ha lanzado una tonelada de ´fake news´ (noticias falsas) sobre los luchadores, acusando la llegada de supuestos “contingentes” enviados desde Buenos Aires por la izquierda y el kirchnerismo. La Nación y Clarín aportaron asimismo su buena cuota de desinformación, reproduciendo las ´denuncias´ de Morales y sumando otras de su propia cosecha. El hecho es que, en la legislatura, se montó una zona liberada. Se acabó comprobando la participación de policías infiltrados. Sin embargo, los trabajadores se mantuvieron organizados y terminaron confluyendo frente a casa de Gobierno para reiterar su rechazo a la reforma y el planteo de sus reivindicaciones.

 Preparemos la huelga general por la definitiva caída de la reforma constitucional y por la satisfacción de los reclamos obreros. 

 Política Obrera

Constitución de Jujuy: la farsa de un farsante

Gerardo Morales hubiera querido reformar la Constitución de Jujuy para establecer la reelección indefinida, pero no se animó a compartir un patrimonio del peronismo. Optó por otro camino. Para el pseudoliberalismo argentino, la reelección indefinida sólo es presentable si es espaciada por un período ‘sabático’. Para este objetivo es necesario asegurar el manejo de las riendas del poder y un sucesor provisorio domesticado. Esta es la operación que el ex funcionario de De la Rúa montó con la reforma constitucional. 

 El propósito asignado a la reforma constitucional jujeña fue estampar en el bronce la “Constitución de Morales”. Nada de las violencias y cercenamientos del articulado propuesto está afuera del cuerpo legal de Argentina. La “Constitución de Morales” es un modo de entrar en la galería de próceres en minúscula y darle patente ilustrada a lo que no es más que una política de continuismo. Hace ocho años, apenas fue electo gobernador, Morales hizo algo más sustancial, como fue poblar la Corte y el Poder Judicial de la Provincia con personal a su servicio. Cualquiera sabe cuánto más importante es este copamieto que una hoja constitucional. Lo mismo ocurre con la composición y las facultades del Ministerio Público de Acusación, que regimenta la acción de los fiscales.

 Las cláusulas introducidas por la camarilla de Morales a la Constitución ya se encuentran contempladas en los Códigos Penal y Procesal Penal de la Nación y de la Provincia. Así lo entendió su colega de Salta, el Renovador peronista Gustavo Sáenz, cuando envió un proyecto de ley, con trámite de urgencia, a la Legislatura, para prohibir las manifestaciones y cortes de calle. Conseguido sin pestañear el quórum de los dos tercios, la aprobación de la iniciativa se produjo sin inconvenientes. Para eso fue necesario el apoyo de todos los partidos, en especial del sector kirchnerista que está afuera de la coalición gobernante en Salta. Entre los más obsecuentes, el ex vicegobernador Zotto, proclamó que “no voy a sacarle el cuerpo” a esta adhesión patriótica a la legislación policial. 

 El “libre tránsito” que establece la Constitución nacional sólo puede transformarse en prohibición del corte de ruta cuando media una ley o cláusula penal; de otro modo, los cinco millones que festejaron la Copa del Mundo y hasta el camión de Tapia con la Selección podrían haber sido procesados como delincuentes presuntos. Con todo el orden legal establecido a favor de prohibir cortes de calles y de rutas, la farsa constitucional de Morales no demorará en ponerse en evidencia. Es así que ordenó ‘bajar’ los artículos 36 y 50 de la Reforma, sin alterar un átomo el conjunto del régimen represivo vigente. Por alguna extraña razón, algunos despistados confundieron la maniobra con un “recule”. El dedo de Morales demostró otra cosa más, a saber: que no estaba reunida una Convención o una Asamblea Constituyente, sino una barra oficialista. Morales bajó esos artículos porque todos ellos se encuentran vigentes por ley nacional. Basta, por ejemplo, invocar una razón de “utilidad pública”, como podría ser la infraestructura para la explotación del litio, para sacar a los campesinos de sus tierras. En el caso de Jujuy, el derecho a la expropiación, conferida al Estado, confronta, sin embargo, con los “derechos ancestrales” que reivindican las comunidades aborígenes. Ninguna ley los ampara para hacer frente a las presiones que sufren por parte del Estado y las mineras. La rebelión popular que enfrentó esta reforma trucha no alteró todavía el régimen represivo vigente, pero sí le dio un golpe importante a la autoproclamación del Julio César norteño y del peronismo que lo acompañó en la votación. Un calco de lo de Salta. Ha servido para reforzar la huelga indefinida de los docentes jujeños, los parturientos de la rebelión. 

 Tampoco hace falta una reforma constitucional para prohibir las ocupaciones de terrenos o la usurpación de viviendas. Eso ya existe, claro. El artículo 67 de esta pseudorreforma plantea, nada menos, que el “derecho a la paz social”, o sea, la obligación de aceptar el orden vigente. Es aceptar vivir en la calle, para tranquilidad de propietarios con terrenos ociosos, que esperan una valorización inmobiliaria. La “paz social”, con 40 % debajo de la línea de pobreza, sólo se le puede ocurrir a un asesino social. El constitucionalismo que pretende reglamentar la lucha de clases entre paredes doctrinarias se revuelve, a pesar suyo, en una contradicción insoluble. Ocurre que los trabajadores también tienen derechos “burgueses”, no sólo los capitalistas. El derecho a un salario mínimo equivalente al costo de manutención de una familia, en tanto ‘propietarios’ de su fuerza de trabajo. Este derecho a ser explotado incluye la salud, la educación, el techo y el tiempo ocioso o “derecho a la pereza”. La “paz social”, por otra parte, no solamente es inviable por la oposición irreconciliable entre la fuerza de trabajo y el capital, sino lo es también por la competencia entre capitalistas, incluidas, especialmente, la violencia y la guerra. El desarrollo histórico del capitalismo ha llevado estas contradicciones al punto de ruptura. 

 La farsa constitucional del farsante Morales ha servido para poner de manifiesto la enorme conciencia política de trabajadores y originarios de Jujuy. Porque detrás de la farsa, Morales proclama la intención de llevar adelante, incluso hasta sus últimas consecuencias, la legislación vigente contra derechos ancestrales, entrega de la minería, represión de las luchas, facultades especiales a la Policía, largas penalidades a los luchadores, en fin, un estado policial. Pero este escenario jujeño es también el de toda la realidad política nacional capitalista, que descuenta que la crisis social y política conduce a intervenciones históricas de los trabajadores y que se alista para combatirla.

 Jorge Altamira 

 21/06/2023

Jujuy: la reforma, a sangre y fuego

La refrendación de la reforma constitucional de Gerardo Morales tuvo toda la impronta de una conspiración política. Los convencionales fueron citados a las cinco de la mañana de este martes 20 con el propósito de asegurar una jura express, antes que las movilizaciones comenzaran a llegar a la Legislatura. En la noche anterior, Morales improvisó una maniobra para desactivar los cortes de los pueblos originarios: aseguró que no modificaría los artículos relacionados con la posesión de tierras. A pesar de ello, el día debutó con una movilización imponente frente a la Legislatura, acompañada de cortes en el interior. La legislatura fue virtualmente cercada por las columnas de manifestantes. 

 La respuesta de Morales fue una represión brutal, acompañada de provocaciones policiales. En efecto: las cámaras de televisión captaron la presencia de “tiradores de piedras” al interior de los destacamentos de infantería. Estos provocadores oficiales, munidos de gomeras, tuvieron un particular ensañamiento con los periodistas presentes, apredeando sus cámaras y filmadoras. Los gases y las balas de goma también fueron arrojadas impiadosamente sobre las caras de los manifestantes. Un compañero del MAR, Nelson Mamani, se encuentra hospitalizado y en estado crítico. Los pertrechos represivos contaban con camionetas sin identificación, que literalmente se dedicaron al secuestro de manifestantes. Las organizaciones de derechos humanos y abogados democráticos de la provincia contabilizan en estas horas decenas de detenidos comprobados y otros desaparecidos. 

 Por la tarde, la acción de Morales se extendió al allanamiento del sindicato docente y de otras organizaciones, sociales, incluyendo al domicilio de Milagro Sala. 

 La jornada del 20 se convirtió en una instancia de lucha nacional contra la reforma reaccionaria de Morales. En Buenos Aires, una importante movilización se dirigió desde el Obelisco hasta la Casa de Jujuy, en el mismo momento en que se desarrollaba la represión contra el pueblo jujeño. También tuvieron lugar marchas en Tucuman y Salta, en este caso, motorizada por “Política Obrera”. 

 En horas de la tarde, se mantenían los cortes en diversos puntos del interior provincial. Los docentes, en tanto, ratifican su huelga indefinida. Morales ha apresurado la votación de su reforma, pero esa reforma ha sido desautorizada por la rebelión popular, que no ha cedido frente a la represión feroz. La reforma puede y debe ser derrotada, desarrollando la tendencia que se ha puesto de manifiesto en estas jornadas de lucha. Huelga general, hasta tirar abajo el adefesio de Morales, ¡Libertad a los detenidos, juicio y castigo a los responsables de la represión criminal! 

 Marcelo Ramal 

 20/06/2023

50 años de la masacre de Ezeiza

Cuando Perón volvió a los tiros con Osinde y López Rega. En el feriado del “día de la bandera”, hace 50 años, tuvo lugar una de las mayores masacres políticas que antecedieron a la dictadura de Videla. Ante el retorno de Perón a la Argentina -luego de un largo exilio de 18 años- el peronismo tenía preparado un acto sobre un puente en cercanías al Aeropuerto de Ezeiza. La organización del mismo estuvo a cargo del teniente coronel Jorge Osinde (torturador, ex jefe de Coordinación Federal durante el gobierno de Perón), Lopez Rega, Lorenzo Miguel por la CGT y otros dirigentes de la burocracia sindical y la derecha peronista. Fue relegada la Juventud Peronista (JP), que no obstante se jugó a movilizarse masivamente a copar el acto. Pretendía adueñarse de un retorno que había dejado de ser suyo. 

 Lo que sucedió fue que ante la aproximación de una de las columnas de la JP al puente, comenzaron los disparos provenientes desde el propio palco preparado para el acto -en donde desde temprano había apostadas personas con armas largas y automáticas- y se sumaron otros disparos desde zonas arboladas que configuraron un fuego cruzado sobre la movilización. Le seguiría una brutal caza que incluyo secuestros y fusilamientos. Se había montado una base de operaciones para la represión paraestatal en el Hotel Internacional de Ezeiza. Se descuenta que hubo al menos 30 muertes y centenares de heridos de gravedad. Luego de la dictadura sangrienta de Lanusse, la experiencia “democrática” bajo el peronismo -pactada con el alto mando militar y los radicales gorilas- mostraba sus insalvables límites. 

 La JP movilizó bajo la completamente inviable pretensión de conquistar la tribuna mediante la masividad de sus columnas, acompañadas de grupos armados. La respuesta que recibieron da cuenta de una emboscada absolutamente planificada. Perón conocía todos los detalles de la organización y seguridad del acto. Previamente a la masacre, Perón repudió la masiva movilización a la cárcel de Devoto, el mismo día de la victoria electoral de Cámpora, el 11 de marzo anterior, para exigir la liberación de presos políticos. Asimismo, llamó a una desmovilización completa de las masas, a levantar todas las ocupaciones de fábricas, a dar paso al “acuerdo social” y, en definitiva, a poner fin al proceso abierto con el Rosariazo y el Cordobazo en 1969 y proceder a una regimentación estatal de los sindicatos. 

 Luego de la masacre, la JP denunció “infiltraciones” que habían desnaturalizado el acto de Ezeiza. Era un manifiesto intento de llegar a una componenda con una derecha fascistizante. Perón finalmente no habló en Ezeiza, jamás condenaría la masacre y tampoco se desarrollaría una investigación oficial. Al día siguiente, responsabilizabilizaría a la JP por la masacre en un claro desmentido a lo de las “infiltraciones”; la derecha, después de todo, había actuado a cara descubierta. En su discurso remarcaría: “Somos jus-ti-cia-lis-tas”, ya no “socialistas nacionales”, como lo había hecho para usar a Montoneros como auxiliar provisorio, y llamó, otra vez, después de treinta años, a ir “de casa al trabajo y del trabajo a casa”. 

 En 1973, Política Obrera señaló que “es la orientación política de Perón la que ha dado el coraje al extremismo derechista para realizar esta agresión contra las masas” y llamó “a desarrollar una campaña sistemática por el castigo de los culpables de la masacre y por impedir que quede oculta la verdadera trama del complot reaccionario que se está estructurando en el país contra el movimiento obrero y las libertades democráticas” (PO N°160). En realidad, el mismo Perón era el líder abierto de la derecha. Esto quedaría claro enseguida con el golpe de Estado contra Cámpora y varios gobernadores peronistas, incluído el levantamiento policial en Córdoba, en febrero de 1974, contra el gobierno de la provincia. 

 Luego de la masacre de Ezeza, Perón armaría las bandas asesinas de la Triple A. El 1 de Mayo del año siguiente expulsaría a la JP de la Plaza, que le gritaba “dónde esta el gobierno popular”, algo que no ocurre en la actualidad, porque la JP está en el mismo gobierno, con toda la derecha de antaño, y por sobre todo con la UIA, Adeba y el FMI. Por eso no hay ninguna conmemoración condenatoria de aquella masacre.

 Emiliano Fabris 

 20/06/2023

"Lo que hubo hoy fue casi una guerra contra el pueblo" Eduardo Belliboni en IP desde Jujuy

Myriam Bregman "La reforma es ilegitima e ilegal, tarde o temprano va caer."

Nicolás del Caño: "Todo el pueblo Jujeño resiste a la feroz represión a Mujeres y niños de Morales"

Anónimo liberó en internet miles de archivos de la dictadura uruguaya

Mientras políticos y organizaciones sociales seguían debatiendo si abrir o no los archivos de la dictadura, alguien subió a internet más de mil archivos del régimen, incluyendo algunos que venían siendo buscados sin éxito desde hace décadas. Desde el 18 de abril se subieron 1.602 archivos, cada uno correspondiente a un rollo de microfilms con cientos de documentos diversos, con fichas de detenidos políticos, supuestos colaboradores, seguimientos a periodistas, sumarios a funcionarios públicos, persecuciones políticas a docentes y casos de corrupción. 

 Los divulgadores anónimos dijeron en un comunicado que acompaña la publicación que excluyeron los archivos que reproducían interrogatorios bajo tortura. Uno de ellos es que incluye los primeros 98 rollos del llamado “Archivo Berrutti”, que nunca se habían podido localizar hasta el momento y eran reclamados por activistas e investigadores. Mientras, fuentes del Ministerio de Defensa negaron ser parte de esta difusión y se mostraron sorprendidas. 

 La historiadora y docente Isabel Wschebor, quien fuera directora de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, dijo al diario El Observador que se enteró de la difusión de los archivos hace una semana, y señaló que la difusión realizada en internet supera largamente lo conocido hasta ahora como Archivo Berrutti y que está en poder del Archivo General de la Nación, que abarcaba algo más de 1.200 documentos .“Internet archive (archive.org) subió más de 1.500 rollos digitalizados de microfilms producidos por la inteligencia militar en Uruguay. Son más de los que están bajo custodia del Archivo General de la Nación”, escribió. 

 Añadió que una divulgación de este tipo podría plantear problemas a la hora de autenticar los documentos, por ejemplo para usarlos como prueba en un caso judicial. Cada rollo divulgado viene acompañado por el siguiente texto: “Este material es una parte de los Archivos del Terror de Uruguay que se divulgan en el marco de los 50 años del golpe de estado de 1973. Estos archivos fueron elaborados por las fuerzas policiales y militares a partir de la década de 1960 e incluyen el período de la dictadura cívico militar (1973-1985). 

 El espionaje continuó luego de recuperada la democracia, contando con la complicidad política de los gobiernos, al menos hasta el año 2004. Estos archivos contienen la información que los servicios represivos decidieron elaborar y preservar, mientras que muchos otros documentos han desaparecido o aún no han sido encontrados. 

 Estos archivos contienen la información que los servicios represivos decidieron elaborar y preservar, mientras que muchísimos otros documentos han desaparecidos o aún no fueron encontrados. En los documentos que ahora se comparten puede encontrarse documentación adulterada, falsa, obtenida bajo tortura o amenazas, brindada por informantes pagos y muchas otras fuentes no confiables. 

 Semanas atrás, el Poder Ejecutivo había enviado al Parlamento un proyecto de ley para hacer públicos los “archivos de la dictadura”. El proyecto alcanza a 153 conjuntos de documentos, integrados en el archivo Berrutti, declarados “reservados” por un lapso de 15 años por el Archivo General de la Nación, según una resolución de 2011 firmada por su directora Alicia Casas de Barrán.

 Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, había declarado durante la Marcha del Silencio que “los archivos tienen cuestiones con las que hay que ser cuidadosos. Sobre todo tienen información personal de aquellos que fueron víctimas del terrorismo de Estado. A las víctimas del terrorismo de Estado hay que cuidarlas, no exponerlas. Pueden ser otra vez revictimizados». La organización de expresos políticos Crysol manifestó que se trata de “documentos sensibles que deben ser manejados muy criteriosamente por un Estado democrático”. 

 Los documentos 

 Aquí están los archivos: https://archive.org/details/archivos-del-terror-de-uruguay_sid-berrutti_indice 

Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico-Uruguay Fuente: https://estrategia.la/2023/06/16/anonimo-libero-en-internet-miles-de-archivos-de-la-dictadura-uruguaya/

Tarjeta Alimentar y trabajo rural

Recientemente la ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz firmó una resolución que permite mantener la Tarjeta Alimentar a los trabajadores formalizados del trabajo rural eventual. Con esta medida buscan incentivar y atraer operarios para las jornadas temporales o estacionales típicas de este tipo de producción. Las patronales del campo arguyen que no está cubierta la demanda al punto que peligra la cosecha y la recolección de este año en diferentes producciones. 

 Durante la semana pasada se viralizo el caso de la cosecha del limón en Eldorado, Misiones, donde la empresaria citrícola Isabel Freiberger denuncio en el diario La Nación encontrar su campo semi-abandonado y estar a punto de perder 1.000 toneladas de limones y mandarinas. Las patronales agrarias continúan con sus planteos de faltante de mano de obra y de que sus obreros informales tendrían “miedo de perder el plan social y otros beneficios”. La CAME, cámara de la mediana empresa, también informa sobre una supuesta desconfianza a perder beneficios en caso de quedar contratados en estas modalidades de trabajo. En Mendoza la noticia fue presentada como un beneficio para las empresas vitivinícolas que históricamente utilizan la modalidad eventual. Los jornales de un trabajador temporal van de los 3.000 a los 5.000 pesos en los mejores casos, para aquellos temporales efectivizados bajo los convenios de la UATRE. Los no registrados, por supuesto, cobran jornales todavía inferiores. 

 Al monto brindado por la Tarjeta Alimentar solo pueden acceder aquellos trabajadores que cumplan con los requisitos de la AUH y tengan hijos menores de 14 años. Esta tarjeta tiene un monto (tras su último aumento) que va desde los 17.000 a los 34.000 pesos, variando según la cantidad niños en la familia. Una miseria que mes a mes es reducida por la inflación, que solo en el mes de mayo fue de 7,8%. Tras los pedidos empresarios, el ministerio dio curso a la resolución que alcanza a las leyes 26.727 y 20.744 que norman el trabajo en el campo. La medida llegaría a 60.000 posibles trabajadores que son los actualmente registrados. Esta tarjeta, al igual que la AUH, es dada de baja en caso de que el grupo familiar perciba más de dos salarios mínimos, colocando un tope de 160.000 pesos a los ingresos. Un techo muy bajo que no llega a alcanzar siquiera una canasta familiar que al día de hoy está en más de 200.000 pesos. 

  Leonardo Perna 

 17/06/2023

Qué situación política tenemos en vísperas de la campaña de las PASO

Qué situación política tenemos en vísperas de la campaña de las PASO

 La situación política se ha modificado considerablemente como consecuencia de las crisis políticas en Jujuy y en Chaco. En esta última provincia, el régimen plebiscitario de Capitanich ha recibido un golpe de magnitud como consencuencia de su inmovilismo, cuando no de su complicidad, para responder al crimen de Cecilia Strzyzowski, seguida del eventual descuartizamiento de su cuerpo, por parte de la familia Sena. Los Sena forman parte del piqueterismo oficialista que recibe subsidios por arriba y por abajo de la mesa, desde el ministerio de Desarrollo Social y los gobiernos de provincias. El inmovilismo político alcanzó a la cúpula del poder nacional, pero especialmente al sector kirchnerista, que ha dedicado la mejor parte de su tiempo a embarrar las PASO para neutralizar a Scioli-Tolosa Paz en la provincia de Buenos Aires. Desde 2003, el kirchnerismo ha mostrado una falta consecuente de empatía con las víctimas de su aparato nacional, sean las burocracias estatales y/o sindicales. El domingo 18, Jorge Capitanich, ex jefe de gabinete de Cristina Kirchner y candidato ‘in pectore’ a la Presidencia para las elecciones 2023, recibió un rotundo revés electoral. La muletilla de “los oficialismos ganan en las provincias” sufrió una fuerte desmentida. El Frente oficial obtuvo menos votos que JxC, además del repudio de una elevada abstención, seguramente de electores del peronismo. Como el macrismo procura ubicarse en la vereda de enfrente de estos acontecimientos, es oportuno recordar que Capitanich llegó a la Gobernación, en 2007, de la mano de una colectora -Frente Chaco Merece Más- que integraban Recrear para el Crecimiento, de López Mutphy; el Partido Popular de Reconstrucción, de Federico Pinedo; el Movimiento Nacional Constitucionalista, de Alberto Assef; todos ilustres integrantes de Juntos por el Cambio. 

 En Jujuy, por su lado, ha irrumpido un levantamiento popular contra la Constitución aprobada por la UCR y la oposición peronista, que apunta a consagrar formalmente un estado policial. El adefesio de Morales y sus asociados justicialistas, prohíbe las manifestaciones que no se atengan a la reglamentación policial y a toda forma de acción directa de los trabajadores. Tuvo que retroceder, por consejo de los abogados, al propósito de eliminar la renovación parlamentaria cada dos años, pero sólo para dar un salto mayor: poner en reserva las tierras de las poblaciones aborígenes, para poder confiscarlas en beneficio de los inversores en la explotación del litio. Los pueblos originarios reaccionaron como un poderoso resorte mediante el corte de rutas, expresamente interditado por el adefesio constitucional. El nuevo Gobernador de Morales ordenó la represión de Gendarmería y Policía, que se ha extendido a los cortes de solidaridad en el resto del territorio. La “victoria de los oficialismos provinciales” se transformó, como ha ocurrido en Salta, en un levantamiento contra los ‘victoriosos’, apenas se cerraron las urnas. Gustavo Saénz, el salteño reelecto, un hombre de Sergio Massa, había repetido el libreto de Morales, ordenando a la Legislatura la aprobación de una ley que reprime “protesta social”, para la cual obtuvo el quórum de kirchneristas y macristas. Los ‘ganadores’ del Norte enfrentan, inmediatamente después de las elecciones, un movimiento popular contra el establecimiento de un estado de excepción permanente en sus provincias. 

 Esta conmoción política se desarrolla, como es obvio, cuando se agrava la situación material de los trabajadores en todo el país. La nueva ‘aspiración’ de las autoridades es ‘estabilizar’ la inflación en el 7-8 por ciento mensual. Para ese propósito ‘nacional y popular’ la Unión por la Patria necesita que el FMI le adelante los dólares que permitan contrarrestar una “corrida cambiaria”. El lunes 19, Clarín advierte lo que desde estas páginas hemos caracterizado hace largo tiempo – que “la candidatura de Massa está atada a que el FMI anticipe fondos”. También es cierto esto otro: que el FMI anticiparía los fondos sólo si Massa es candidato. Cristina Kirchner se apresuró a denunciar todo esto como una extorsión – ”negociar con una pistola en la cabeza”. Una situación similar -habría dicho- “a la crisis de 2001”. Pero difíclmente quiera desarmar al pistolero. En cualquier caso, el FMI reclama, a cambio del adelanto, una devaluación del dólar oficial, aunque no se lo anuncie como tal. Una devaluación, sin embargo, mandaría al diablo la “estabilidad” del 7-8 por ciento. 

 La interna de la Unión Patriótica está enteramente cruzada por la crisis financiera. El manejo de esta crisis ha entrado, hace mucho, en una fase inmovilista. Mientras el déficit primario mensual se ha reducido al 6,2% de la recaudación total, el déficit financiero (pago de intereses de la deuda pública) ha alcanzado al 22,1% de los ingresos totales. “La Patria” aprieta la clavija contra el gasto social y los salarios, y tira manteca al techo cuando se trata del capital financiero. Las grandes compañías han triplicado su endeudamiento en pesos (211%), mediante títulos ajustados al dólar, a un tasa de interés baja (6,2%), si se la compara con un endeudamiento en dólares, del orden del 25% anual. El ‘cepo’, que critica todo el mundo patronal, es aprovechado por las grandes patronales para desarrollar un negocio fenomenal, en momentos en que sus ganancias, gracias a la inflación, baten récords. Esto contribuye a desenvolver el cuadro hiper-inflacionario de la deuda pública. 

 La campaña de las PASO, desde fines de junio a mediados de agosto, aumentará las divergencias e incluso escisiones en todos los bloques participantes, mientras la tendencia a luchas de mayor amplitud no hace más que reforzarse, tanto en el plano de las reivindicaciones inmediatas como en el político. Esta crisis ha reservado un capítulo especial a Javier Milei, que se desbarranca a mayor velocidad que los dos bloques ‘tradicionales’. Ha quedado definitivamente en el ridículo los intentos de algunos partidos que se declaran de izquierda a pugnar con Milei quién era más libertario o enemigo del estado. 

 La continuidad del gobierno de los Fernández, en estas condiciones, sigue sin estar asegurada. Los planteos políticos de la campaña se van enriqueciendo: a la denuncia de la política fondomonetarista del Gobierno y el macrismo; a la denuncia de la confiscación cada vez más aguda que representa la hipoteca de la deuda pública; al combate contra la desvalorización monumental de salarios y jubilaciones; a todo esto, se suma la lucha por la derogación de la Constitución de Jujuy y de las leyes represivas en esta provincia y en Salta; se suma la movilización contra el encubrimiento político-judicial del crimen contra Cecilia; y se suma el desarrollo de las autoconvocatorias y las huelgas generales en ámbitos laborales y sociales. Llamamos a convertir las movilizaciones en Chaco, Jujuy y Salta en una marcha nacional para imponer los reclamos. 

 Jorge Altamira 

 19/06/2023

El fracking de Vaca Muerta y la fiebre de la minería de la arena

Las areneras no solo provocan una contaminación ambiental de enorme magnitud, sino que provocan afecciones respiratorias incurables. 

 La minería de arenas silíceas para el “fracking” petrolero se ha transformado en una de las actividades más lucrativas en la medida que Vaca Muerta continúa incrementando su producción: +23% en el primer trimestre 2023 contra el mismo período 2022 y +29% anual en términos de barriles (Ministerio de Energía de Neuquén, 2/5/23). 

 En una reciente mesa debate organizada por el Observatorio Petrolero Sur se presentó el exhaustivo informe Sed de arena de la periodista Valeria Foglia. Allí se informa que, para fracturar la roca madre, se utiliza una mezcla a presión de agua, arena y químicos. La cantidad de arena varía según la cantidad de fracturas, por ejemplo la petrolera Vista, de Galuccio, ex CEO de YPF, solo en un pozo de Bajada de Palo consumió 14.000 toneladas de arena (350 camiones) para sus 55 fracturas. 

 Hoy en Neuquén existen 2.000 pozos produciendo por “fracking” y se estima que la extracción se multiplicará exponencialmente cuando estén produciendo a su máxima capacidad, calculándose para 2030 una demanda de 8 millones de toneladas de arena al año. La demanda internacional de arenas silíceas está agotando un recurso crítico, cuya escasez afectaría a la industria del vidrio y la construcción. 

 Entre Ríos concentra el 70% de la producción con 15 plantas, entre las más grandes se encuentra Arenas Argentinas del Paraná, que se instaló en un sitio Ramsar (humedal protegido por acuerdos internacionales). Su propietaria es la belga Jan de Nul quien durante 20 años de concesión dragó y administró la llamada Hidrovía, siendo denunciada por la gigantesca destrucción ambiental en el lecho del Paraná producto del sobredragado, recurso utilizado frente a las pronunciadas bajantes de este río. La otra gran planta de extracción (El Mangrullo de YPF) se encuentra en Ibicuy. 

 Contaminación 

Las areneras no solo depredan y destruyen áreas protegidas sino que contaminan el aire con partículas microscópicas de sílice que provocan afecciones respiratorias incurables, como la silicosis y el cáncer de pulmón, a sus trabajadores y la población aledaña. Además utilizan centenares de millones de litros de agua mensuales que extraen ilegalmente de acuíferos como el Guaraní y envenenan con floculantes, un producto químico que utilizan para separar la arena ultrafina requerida por el fracking de otros componentes que, según la OMS, es una sustancia tóxica que compromete el sistema nervioso central.

 Las poblaciones y las organizaciones ambientales y sindicales han presentado innumerables recursos legales que duran años y no terminan en fallos condenatorios. Las empresas apenas si presentan Certificados de Aptitud Ambiental elaborados por ellas mismas. No existen audiencias públicas antes de habilitar su instalación en zonas urbanas. No se sabe ni quien las controla. 

 En Ibicuy, el enorme flujo de camiones que parten por día con rumbo al sur del país ha provocado la destrucción de los caminos. Según la Fundación Cauce “actualmente se encuentran operando ocho empresas que se ubican dentro del ejido municipal y, según los últimos datos relevados, las empresas declaran despachar por día, a través de camiones bateas, 4.000 toneladas de arena con destino final la localidad de Añelo.

 En otras palabras, desde Ibicuy salen aproximadamente 250 camiones diarios que permiten fracturar y extraer hidrocarburos en Vaca Muerta. Del valor total que transporta cada camión (aproximadamente U$S 6.000 si tenemos como referencia el valor de la arena en U$S 200) el municipio recibe por tasa municipal 4 dólares por camión. El mayor reclamo de los vecinos de Ibicuy es la degradación del principal acceso al municipio, la Ruta 45 (inaugurada en 2012), provocada por el intenso tráfico de camiones bateas que arruinó en pocos meses el pavimento y hasta el día de la fecha continúa con un estado intransitable. 

 El exceso de carga de los camiones no sólo arruina la infraestructura vial (puentes, pavimento o señalización) sino que también conlleva una serie de aspectos negativos para la municipalidad como son los accidentes de tránsito (solo en 2020 fallecieron diez personas en este tramo), mayores demoras de los vecinos para trasladarse, presencia de gran cantidad de arena en la calzada y menores incentivos para la llegada del turismo. Este escenario provocó múltiples protestas de los vecinos y cortes de la ruta nacional 12 para exigir a las autoridades las obras correspondientes y un plan estratégico para adecuar la actividad a la vida de los pobladores. 

 Solo para dimensionar el impacto económico que tiene el excesivo tráfico de carga en la infraestructura vial, podemos tomar el costo final de la obra de bacheo que se realizó en 2021, que costó $290 millones (el equivalente a diez años de tasa municipal por extracción de arenas) y que al día de la fecha ya está roto nuevamente. 

 El procesamiento de arena ejerce presión sobre las capas freáticas locales, lo que pone en riesgo a los ciudadanos comunes. El uso del agua potable proveniente de las napas de la Formación Talavera, la misma de la que se abastecen los vecinos, se utiliza para el proceso de lavado de arena. La cantera El Mangrullo (perteneciente a YPF S.A), está consumiendo en solo dos horas de producción lo mismo que todos los vecinos de Ibicuy en todo un día. De aquí surge una real preocupación social referida a la capacidad de carga y filtrado de las napas y la posibilidad de que acumulativamente los nueve proyectos mineros estén afectando un bien común y la vida de las personas. 

 Ante este escenario, las organizaciones sociales, productores agropecuarios y vecinos autoconvocados llevaron a cabo diferentes acciones para exigir información y restringir la actividad en el ejido municipal de empresas que no contaban con las habilitaciones correspondientes y los Certificados de Aptitud Ambiental. Esta movilización logró durante 2022 que el Juzgado Federal de Gualeguaychú dispusiera el cese de actividades de nueve canteras de arenas silíceas y cuatro plantas de lavado ubicadas en Ibicuy y Gualeguaychú por 45 días, dados los reiterados incumplimientos ambientales y la falta de respuesta a las intimaciones realizadas.

 El costo del transporte ha llevado a las petroleras a abastecerse de canteras en zonas más cercanas como Río Negro y Chubut. Pedro Perez Pertino, integrante de la Asamblea Socioambiental de Fiske Menuco, Río Negro, denunció que la Secretaría de Minería no proporciona la información sobre las características de las nuevas canteras autorizadas que se abren en zonas fiscales ni hay registros de las explotaciones privadas, por lo que solo un trabajo minucioso del movimiento ambiental ha logrado detectarlas. Se confirma así que los acuerdos de Escazú, como todos los compromisos ambientales internacionales, son papel mojado. 

 La política de los gobiernos kirchneristas y macristas es idéntica. Asociados a los capitales mineros y petroleros el cuidado del ambiente y fundamentalmente del agua ya ni siquiera es mencionado para las campañas electorales. Los candidatos Unidos para vender la Patria van como Massa a Estados Unidos y China para regalar el litio o Wado que va con 7 gobernadores a Israel para traer a Mekorot, la empresa que deja sin agua a la población palestina para expulsarla de sus tierras. 

 La Diputada Romina del Plá presentó un pedido de informes elaborado junto al Comité de Solidaridad con el Pueblo de Palestina acompañado por los diputados del FIT-U. Allí se denuncian los acuerdos, todavía secretos, de las provincias y de Aysa con esta multinacional sionista y convoca para el 14 de julio a una Audiencia Pública con representantes de las asambleas que luchan en los territorios por el agua y el ambiente. Será otra instancia, como ocurriera con la Audiencia del Paraná, para debatir cómo ponemos en pie un movimiento ambiental independiente, sin expectativas en falsas soluciones capitalistas ni en los laberintos de la justicia burguesa, y con una agenda de lucha y movilización nacional.

 Fernando Olub

Esteban Volkov (1926-2023)

En la madrugada argentina nos enteramos del fallecimiento de Esteban Volkov, “Sieva”, nieto de León Trotsky y último sobreviviente de la familia del líder bolchevique, con quien compartió sus últimos meses de vida. Presenció el asesinato de su abuelo y se convirtió, desde entonces, en guardián de su legado. Fue el director del museo Casa de León Trotsky, ubicado en el barrio de Coyoacán, en la capital de México, hasta sus últimos años. 

 A lo largo de su vida participó de homenajes y actos vinculados a la memoria de Trotsky, alentando la organización y la propaganda vinculados a la IV Internacional y a la memoria de su abuelo. En Argentina, en el año 1990, en medio de la euforia restauracionista tras la caída del Muro de Berlín, Esteban Volkov fue figura en un acto especial que organizó el Partido Obrero en la Federación de Box. Pocos años después, en 1995, se involucró -también a instancias de nuestra corriente- en el Tribunal Moral Internacional a Guillermo Lora, convocado por la Oposición Trotskista del POR para juzgar los agravios del histórico dirigente boliviano contra Juan Pablo Bacherer y otros cuadros de esa organización En esa ocasión Volkov ocupó la presidencia del tribunal, acompañado por Catalina Guagnini en la vicepresidencia y Osvaldo Coggiola en el cargo de secretario. Una década después, en medio de grandes convulsiones y crisis políticas que desmintieron “el fin de la historia” y la victoria inapelable del capitalismo, Volkov volvió a visitar nuestro país para compartir una conferencia en el aula magna de la Facultad de Sociales de la UBA junto a Jorge Altamira. 

 Sus padres fueron Zinaida Volkova -la primera hija de Trotsky- y Platón Volkov. Ambos fueron militantes comunistas y miembros de la Oposición de Izquierda. Zina y el pequeño Esteban salieron de la URSS para visitar a su abuelo durante su exilio en Prínkipo, Turquía, pero la burocracia luego no les permitió regresar a su propio país. Se establecieron en Berlín, en los convulsivos años de ascenso del nazismo y de traición de la Tercera Internacional a la revolución alemana. Zina, la mamá, sumida en una profunda depresión, se suicidaría en Berlín en 1933. Su padre fue asesinado durante las purgas estalinistas. Finalmente, la custodia del pequeño Esteban terminaría a cargo de León Sedov -el hijo mayor de Trotsky y Natalia y su principal colaborador político en los años de destierro- y su pareja. Tras la muerte de éste, Trotsky y Natalia Sedova lograrían su traslado a Coyoacán, cuando contaba 14 años. Allí compartiría los últimos meses de vida con Trotsky hasta su asesinato, en agosto de 1940, a manos de un sicario de Stalin. 

 La vida compartida con los militantes de la IV Internacional en los años más duros de la reacción, en el auge del fascismo y de la contrarrevolución estalinista, dejaron en él una huella indeleble. Asumió como un mandato la memoria de aquellos revolucionarios que sostuvieron en alto las banderas durante uno de los períodos más infames que haya conocido la humanidad. Las anécdotas que relataba de su trato con “el Viejo”, al que recordaba con devoción y afecto, fascinaban a militantes y curiosos. Su prédica buscaba insuflar aliento a las nuevas generaciones de trotskistas.

 Esteban Volkov fue además un hombre de ciencia. Estudió ingeniería química y tuvo tres hijas. Fue el último testigo presencial del drama histórico que envolvió a su familia, aniquilada por el estalinismo, incluido Trotsky, líder de la Revolución de Octubre, la primera revolución proletaria victoriosa de la historia, junto a Lenin. 

 Nuestro homenaje a Sieva, el luchador.

 Jacyn 

 17/06/2023

Cierre del Plenario de la Izquierda y los luchadores // Plaza Congreso

Apertura del Plenario de la Izquierda y los luchadores // Plaza Congreso

#JujuyResiste Testimonios "Si ustedes no estaban acá no se que nos pasaba"

“Unión por la Patria”, la maniobra de Cristina y Máximo Kirchner

La nueva etiqueta del kirchnerismo para desmarcarse del ajuste y el fracaso del Frente de Todos.

 Máximo Kirchner publicó un comunicado en el que se anuncia que el Frente de Todos, ahora llamado Unión por la Patria, irá a las Paso. El texto fustiga contra Alberto Fernández y su socio Daniel Scioli, y presenta al kirchnerismo como una fuerza política antagónica al gobierno nacional. Según Kirchner, el presidente tendría que concentrarse en “recuperar el poder adquisitivo, en la administración de reservas del Banco Central y el acuerdo con el FMI”. Se trata de una cortina de humo para ocultar que los K son responsables directos de la bancarrota social y económica que reina en Argentina. 

 Es que el gobierno está en manos de una alianza entre Cristina Kirchner y Sergio Massa. El kirchnerismo dirige organismos estatales de importancia como la Anses y ocupa puestos clave en la Secretaría de Energía; desde esos lugares aplica el ajuste fondomonetarista (el robo a los jubilados y los tarifazos). Máximo Kirchner ha realizado, de la mano de Massa, un tour por China para buscar respaldo financiero. Volvieron del país gobernado por Xi Jinping con más deuda usuraria. 

 Axel Kicillof, hijo político de CFK y quien iría por la reelección en la provincia de Buenos Aires, está siendo enfrentado por los docentes que se organizan con la Multicolor del Suteba contra el ajuste que el gobernador está aplicando contra la educación pública. Santa Cruz, la provincia gobernada por Alicia Kirchner, fue sacudida durante meses por una lucha docente que se abrió paso a pesar de los aprietes y las sanciones del gobierno provincial. La burocracia sindical kirchnerista (Suteba, Gráficos, UOM, entre otras) contribuyen a la implementación del ajuste mediante la firma de paritarias a la baja.

 CFK, asimismo, fue una pieza clave en la renegociación de la deuda externa, cuyo pago explica en buena parte el recrudecimiento de las tendencias devaluatorias e inflacionarias que se desarrollan en el seno de la economía nacional. Fue ella quien presionó para que el exministro de Economía, Martín Guzmán, cediera ante las exigencias del capital financiero internacional para llegar a un nuevo pacto colonial. Además, es partidaria de renegociar el acuerdo con el FMI, o sea, de cumplir con su programa de reformas y políticas antiobreras. 

El comunicado del PJ muestra la descomposición de la coalición gobernante. El kirchnerismo viene presionando hace tiempo por una fórmula electoral unitaria, dominada por su aparato. Frente a su intento de vetar la candidatura de Scioli, el presidente y Aníbal Fernández amenazaron con judicializar la controversia. Esto es lo que habría empujado a los K a aceptar unas internas. En este contexto, además, las facciones en pugna discutieron sobre la composición de las boletas de octubre. El sector K defendió que, para integrar la lista que competirá en los comicios generales, el piso de votos de una fórmula sea del 40%, mientras que Scioli pidió que sea del 20%. Finalmente, el piso se fijó en un 30%.

 En este marco, el cambio de nombre del frente oficial apunta a confundir a las masas trabajadoras. Es parte del mismo operativo distraccionista con el que el kirchnerismo intenta desmarcarse del gobierno nacional. Con su política, los K profundizan la crisis de la economía argentina. Y al calor de este proceso, la situación social de la clase obrera se deteriora aún más. Están dadas las condiciones para que en el país se desarrolle una hiperinflación como la que tuvo lugar a fines de los años ’80 bajo el gobierno de Raúl Alfonsín y una megadevaluación como la del ’75 (Rodrigazo). Como se ve, el peronismo llevó a la Argentina a una situación límite. 

El desafío de la izquierda es promover la ruptura de los trabajadores argentinos con el peronismo, que está ubicado en la vereda de enfrente de todas las necesidades populares. La tentativa del kirchnerismo de desmarcarse del fracaso y el rumbo del Frente de Todos debe ser combatida con una crítica implacable a su orientación capitalista. Esto realza la importancia de que el Frente de Izquierda sea independiente políticamente, una orientación opuesta a la del PTS de Bregman y Del Caño, que cuestionan a los K por incumplir sus promesas o no ser consecuentes con su discurso. 

Para la etapa de grandes choques sociales que se viene, la clase obrera necesita una izquierda que se plante junto a ella para enfrentar la ofensiva capitalista. Esta es la política que representa la fórmula de Gabriel Solano y Vilma Ripoll. 

 Nazareno Suozzi

Javier Milei, el gran ´Maratea´ de la República Argentina

Los diarios todavía se hacen eco de las peripecias financieras de Santiago Maratea, el joven influencer que convirtió a una cruzada filantrópica para el club Independiente en provechoso negocio propio. ´Santi´, según se reveló, se alzaba con el 5% de los fondos recaudados entre miles de simpatizantes del club, junto a un jugoso sueldo ´gerencial´. Aunque la tinta del caso Maratea sigue fresca, ya fue definitivamente opacada por otro episodio comparable, pero de envergadura infinitamente mayor. Nos referimos a Javier Milei, el ´libertario´ que había saltado a la fama prometiendo terminar con los privilegios de la ´casta política´. Las denuncias del dirigente político neuquino Carlos Eguia, ex aliado de “La Libertad Avanza” en las elecciones de esa provincia, pusieron de manifiesto una red de favores, pagos y contraprestaciones que luego se revelaron como práctica corriente en el conjunto del país. Milei y su círculo le exigían a Eguía la totalidad de los puestos de empleados legislativos que obtuviera, incluso para nombrar a personas que jamás actuarían en Neuquén – ñoquis de la “Libertad”. Las denuncias se extienden luego al pago de ´franquicias´ para el uso de la sigla partidaria y otros arreglos económicos. Una legisladora porteña reveló haber firmado su renuncia anticipada al cargo, una adaptación de las prácticas patronales negreras que buscan eludir el pago de indemnizaciones por despido. Milei, por esa vía, aplicó sobre su propia tropa la reforma laboral que pergeña -y no solo él- para el conjunto de los trabajadores. 

 Así las cosas, la ´cruzada libertaria´ se convirtió en un gran emprendimiento personal y, si se nos permite, de los proveedores de alimentos para perros de raza. Maratea y su fideicomiso rojo quedaron reducidos a un juego de niños. El niño influencer vendía promesas a la afición de un club quebrado – Milei multiplicó la fantasía a la escala de un país en cesación de pagos. 

 El reguero de denuncias acompaña la declinación de Milei en las encuestas. Pero en verdad, esa caída ha precedido a los escándalos, como se puso de manifiesto con el derrumbe de los candidatos provinciales que ´compraron´ la franquicia de Milei. La gran burbuja libertaria termina revelando lo que realmente es – un invento mediático dirigido a instalar una agenda de guerra social contra las masas. Con el seudolibertario,se desploman también las elucubraciones interesadas en torno de un supuesto movimiento fascista de masas. Los que decían votar por Milei se distancian apenas toman conocimiento de algunas de sus “propuestas”. Por caso, completar hasta el final el proceso de privatización de la educación y la salud que otros -incluso y principalmente los ´nacionales y populares´- vienen ejecutando desde hace décadas. Milei ha llamado la atención con un planteo de dolarización al que buena parte de sus financistas le dio la espalda. Reclutó en torno de él a los economistas jubilados de la era de Menem y Cavallo, incluyendo al propio Cavallo. Pero las fantasías económicas de MIlei colisionan con la insolvencia de Argentina, y no resuelven el intringulís que ninguno de los ´precandidatos´ puede afrontar: cómo volver a endosarle la gigantesca hipoteca de la deuda pública interna y externa a una población trabajadora ya empobrecida hasta su límite histórico. En Jujuy, el gobernador Morales, socio de Larreta -¡el dialoguista!- ha creado un régimen infraconstitucional para lidiar con las movilizaciones y huelgas, a costa de desatar una rebelión popular. Un hombre de Massa, Gustavo Sáenz, siguió el mismo camino en Salta, y con la misma respuesta por parte de maestros y trabajadores de la salud. Las convulsiones de una salida capitalista a la crisis capitalista de Argentina no sólo exceden a Javier Milei.

 Los agoreros del caso Milei han confundido a un supuesto ascenso fascista con la volatilidad y los bruscos virajes políticos que se asocian a la crisis de carácter histórico que envuelve al régimen social vigente y sus partidos. Argentina no es la excepción, en un escenario mundial y continental donde los ascensos ´fulgurantes´ han conducido -por derecha y por izquierda- a gobiernos que agotaron su capital político en cuestión de meses. Los “Unidos” o “juntos” de Argentina se solazan con la caída de Milei, esperando recoger un desplazamiento de votos. A despecho de ello, en las elecciones provinciales y en las encuestas crece la abstención, y algunos esperan el menor índice de asistencia a estas PASO desde 1983. 

 Los socialistas, sin embargo, examinamos ese escenario en todas sus consecuencias. El impasse político de las masas es, por sobre todas las cosas, la manifestación de una crisis de dirección de la clase obrera. La mayoría de la izquierda mundial se ha convertido en apéndice de la OTAN – la izquierda argentina, mayoritariamente expresada en el FITU, ha ingresado en el proceso electoral en una disputa de facciones que encierra un monumental carrerirsmo parlamentario, de espaldas a la crisis social y política vertebral que envuelve a estos comicios. El ascenso del ´libertarianismo ha explotado también la irrelevancia de una izquierda adherida al régimen imperante. 

 Política Obrera intervendrá en las elecciones para clarificar el alcance de esa crisis, orientar y organizar a los trabajadores que, con sus luchas, ha comenzado a tomar en sus manos el desenlace. 

 Marcelo Ramal

 17/06/2023

Las PASO han acentuado la crisis política.

La mano del FMI en las internas del peronismo y el macrismo 

 Cristina Kirchner abandonó un silencio de casi un mes para responsabilizar a Alberto Fernández por dividir al FdT -rebautizado UxP- con la incitación a la candidatura de Daniel Scioli a las PASO, y descalificar a Anibal Fernández por haber amenazado con llevar la disputa por esas PASO a la Justicia – “el partido judicial”. El problema es que ella misma se ha ahorrado el trabajo de definir a quién prefiere como candidato único de la Interna. Lo que pretendía, entonces, era nada menos que un cheque en blanco, con el peligro de llevar a una ruptura sin vueltas del oficialismo. Pero ese cheque en blanco no tiene fondos, porque lo que condiciona una decisión de la vice es la crisis con el FMI y el temor a una corrida cambiaria. Las razones del mutismo nada tienen que ver con la interna del rebautizado FdT, ahora convertido en UxP, sino con el FMI. El cambio de nombre, por otro lado, desliga al peronismo del Gobierno, algo que no discutió con nadie, adicionando a la crisis financiera una crisis política declarada. La Patria de la nueva sigla lejos de presumir una convergencia ha sido una imposición. CFK ha convertido a las PASO del ex FdT en la Interna de una nueva oposición política. 

 Según coincide toda la información política, Cristina Kirchner estaría vacilando entre la candidatura de De Pedro y la de Massa. De Pedro sólo podría llegar al balotaje si se cae, como parece ocurrir, Javier Milei; de otro modo, disputaría un tercer lugar con la abstención y el voto en blanco. Massa, por su lado, no ha conseguido que el FMI financie su candidatura con un adelanto de dólares suficiente para controlar una corrida cambiaria. El FMI retruca que tampoco Massa ha conseguido que el dedo vicepresidencial apunte a su favor. Argentina asiste al espectáculo, si no inédito al menos muy pocas veces visto, de una interna electoral condicionada al FMI y al Tesoro de Estados Unidos. El mismo peronismo enfrenta la paradoja de convertirse otra vez, como bajo Menem, en el brazo político de “los yanquis”. El FMI rehúsa adelantar esos fondos por la certeza de que servirían para financiar una fuga de capitales, como hizo Macri. Por eso reclama una devaluación, no por razones comerciales sino financieras. El FMI tampoco podría financiar sin condiciones a la flamante UxP sin recibir la protesta de JxC, que tiene el apoyo de la mayor parte del capital extranjero y nacional. La embajada norteamericana reparte sus preferencias entre Larreta y Bullrich, aunque con expectativas decrecientes.

 En estas circunstancias, el ingreso a la etapa de las PASO, lejos de encarrilar la crisis política, la ha acentuado. Un columnista de La Nación, sin temor a caer en el catastrofismo, advierte de “Horas decisivas, sin margen para el error”. Sergio Massa ha declarado, en la Convención del Frente Renovador, su decisión de participar en las PASO, sin aclarar si lo haría contra una candidatura de Wado de Pedro. Sus espadas ministeriales negocian con el Fondo una devaluación no declarada del peso, como si eso fuera invulnerable al sonido. Sin el apoyo de CFK, la candidatura de Massa debería esperar a una victoria en agosto para intentar resolver el impasse con el FMI.

 Juntos por el Cambio ha demostrado en la carrera a las internas que carece de cohesión para formar gobierno. El PRO carece de aparato y la UCR se encuentra dividida entre los laderos de Larreta y Bullrich. El impasse estratégico de la UxP le impide al peronismo aprovechar siquiera esa circunstancia. Desde 2013, cuando la victoria de Massa en la renovación parlamentaria bonaerense quitó la posibilidad de una tercera elección para CFK, las elecciones ejecutivas estuvieron asociadas a la crisis financiera; tanto en 2015 como en 2019.

 La deuda pública, mientras tanto, no ha dejado de crecer. La deuda en pesos, indexada al dólar o inflación, ha alcanzado el equivalente a 137 mil millones de dólares; aumentó 76 mil millones desde 2019. La deuda de la Administración Nacional ha llegado a casi 400 mil millones, que supera los 550 mil millones si se añaden las deudas de provincias, organismos, Banco Central y deuda privada – que se paga con reservas del BCRA. El Gobierno ha ido estatizando esta deuda con el mismo Estado, a través de compras de títulos por parte del Banco Central, Nación, Anses, o sea con emisión de un lado y recaudación impositiva, del otro. Ha dejado un tendal descomunal de pesos en el mercado sin contrapartida de valor. Una devaluación tendría el objetivo de desvalorizar esos activos estatizados y cargar las consecuencias sobre el peso y la inflación. La deuda propiamente externa, o sea en dólares, es de 260 mil millones de dólares, que se multiplicaría en pesos según el tamaño de la devaluación. Al final de todos los tejes y manejes de las Internas, salta la única verdad – la completa insolvencia del Estado y la intención de la burguesía de salir de ella mediante un descomunal reajuste social contra los trabajadores. 

 A este panorama se ha añadido, en los últimos días, lo que muchos observadores caracterizan como un derrumbe de Milei en la intención de votos. El ‘libertario’ ha sido abrumado por denuncias de todo tipo de corruptelas y por la renuncia de candidatos presumidos y anunciados. La impertinencia de que "la rebelión es de derecha" comienza a deshilacharse. En Argentina, el protofascismo sigue anclado entre una minoría clase media conservadora. Milei ha construido una pseudo popularidad ocasional, mediante recursos discursivos y apoyo de los grandes medios de comunicación. Numerosos voceros de los grandes capitales han desairado sus planteos económicos, como irrelevantes para una Estado insolvente. Todos los protagonistas políticos principales enfrentan el desafío de una crisis de poder, que supera todos sus planteos de salida. 

 Desde nuestro partido, Política Obrera, nos hemos dado a la tarea, primero, de clarificar esta situación histórica entre los activistas y luchadores y, al mismo tiempo, desarrollar una táctica de lucha de acuerdo a las características de una situación crecientemente explosiva. 

 Jorge Altamira 

 16/06/2023

Morales y el PJ votan a escondidas la contra reforma constitucional

El jueves 15 la Convención Constituyente decidió adelantar la votación de la reforma y darle tratamiento express. La aprobó, en general, en la madrugada, con la Legislatura vallada desde la tarde. Quería evitar la llegada de la marcha de las antorchas de los docentes en huelga. A la huelga general docente se han sumando otros gremios con sus propias medidas. Todos coinciden en el rechazo a la reforma. La Convención no duró más de dos semanas, con tratamiento a libro cerrado. 

 La reforma establece facilidades para la privatización y explotación de las tierras fiscales, declara delito grave contra la propiedad privada las tomas y lo que denomina "usurpaciones"; limita, además, todos los organismos de control del Estado. Da carácter constitucional al Ministerio Público de la Acusación y al Código Contravencional, que ha servido para perseguir a cualquier opositor y a los luchadores en particular. Habilita la posibilidad de endeudamiento y creación de entidades bancarias municipales, luego de haber cerrado el Banco de Acción Social y entregado el banco de la provincia al Macro, que ostenta el monopolio de todas las cuentas sueldo de los trabajadores estatales de Jujuy.

 Por último, también establece la prohibición de los cortes de ruta y calles en la provincia y la prohibición de la toma de edificios públicos. Hasta la toma de un colegio por parte de sus estudiantes que reclamen mejoras edilicias o agua pasará a ser inconstitucional para el gobierno. 

 La oposición

 El acompañamiento del peronismo fue clave desde el vamos, cuando un diputado del PJ aportó el voto clave para reunir los dos tercios necesarios para votar la ley que habilitó la reforma constitucional. Luego, como convencionales, aprobaron el reglamento que permitió que la reforma se pudiera aprobar por mayoría simple, a sabiendas de que entregaban todo el poder a Morales. Luego de la renuncia de dos convencionales peronistas, de Aparici y Amelia de Dios, asumieron dos suplentes y el bloque del PJ continuó avalando, con sus 13 convencionales, todo lo actuado, inclusive el adelantamiento de la votación. Finalmente, votaron afirmativamente la reforma en general y se expresaron en contra en algunos artículos -como el de la regimentación de la protesta- simplemente para lavarse las manos, puesto que acompañaron toda la orientación que impuso el oficialismo. 

 Los convencionales del FITU, por su parte, se retiraron de la convención un día antes de la votación, denunciando el carácter reaccionario de la misma y la complicidad del PJ. Reclaman un paro activo a la CGT y la CTA para voltear la reforma. En estas dos semanas de lucha, el paro por tiempo indeterminado de la docencia, la tendencia a la autoconvocatoria y la superación de la burocracia sindical por parte de la base, han sido sus rasgos característicos. 

 Morales se vio obligado a adelantar la votación debido a que, al día siguiente, se produciría un paro total de la administración pública, con marcha y permanencia alrededor de la Legislatura, junto a decenas de organizaciones.

 El propio jueves, Morales, impidió a miles de docentes y jujeños, llegar hasta la Legislatura con su marcha de las antorchas, al tiempo que, en varias localidades del interior, los trabajadores a la vera de la ruta seguían los acontecimientos y realizaron algunos cortes intermitentes frente al tratamiento express de la reforma. 

 Al calor de esta lucha se ha formado un nuevo reagrupamiento sindical, la intergremial, que congrega al SEOM, CEDEMS, ADEP, APUAP, APOC, UATRE-Ledesma, La Bancaria y otros. Este agrupamiento se ha fijado acuerdos mínimos para llevar adelante un plan de lucha, que no está a la altura del momento, que es la lucha directa para anular la reforma, con manifestaciones masivas y la huelga general.

 Si algo ha quedado claro es que Morales le teme como a la peste a la organizacion obrera y a la huelga general.

 No solo están en pie de lucha los gremios estatales, sino también el SOEAIL (Ingenio Ledesma) que esta peleando un salario inicial de $280 mil, y UATRE-Ledesma, entre otros. 

 En todas las reuniones de coordinación, los compañeros de Política Obrera y la tendencia del Polo Obrero hemos destacado la necesidad de la huelga general.

 Iñaki Aldasoro 

 16/06/2023