Peter Lamelas, una lacra imperialista que deja al desnudo a otra lacra – la nacionalista

Los conceptos descaradamente colonialistas expresados, ante la comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, por el candidato de Donald Trump a la embajada en Buenos Aires, ha servido para exponer el caradurismo del nacionalismo de los partidos argentinos, en particular los que se añaden el adjetivo de popular. 

 Peter Lamelas, el individuo en cuestión, no ha hecho otra cosa que exponer lo que el gobierno estadounidense está ‘negociando’ con el argentino cuando falta apenas una semana para que venza el plazo que Trump ha asignado al resto del mundo para arribar a acuerdos acerca de los “aranceles recíprocos”. Parte del velo que cubre a esas negociaciones fue levantado por el diario La Nación recientemente, cuando informó acerca de las exigencias del gobierno norteamericano y sus monopolios farmacéuticos en cuanto a los aranceles que protegen a la industria argentina y a un supuesto fraude en cuanto al uso de patentes. La alusión de Lamelas a su propósito de ‘visitar’ las provincias argentinas, no sólo reveló una inimaginable ignorancia acerca del sistema federal que rige en su propio país, sino que tiene que ver con directivas impartidas por el expresidente Joe Biden (que siguen vigentes bajo Trump) acerca de que el ingreso del litio a Estados Unidos está condicionado a que forme parte de una cadena de producción liderada por empresas estadounidenses. Es lo que Milei y Werthein están dispuestos a firmar bajo el rubro “inversiones industriales” norteamericanas, a las que se refiere La Nación. Hasta donde es de conocimiento público, ninguna “fuerza” nac & pop, ni tampoco de sus laderos de la pseudoizquierda, se han pronunciado por estas tratativas, a pesar de que refuerzan la instalación de Argentina en la órbita del imperialismo yanqui. La ruta de la integración minera de Argentina en el mercado internacional fue lanzada por el gobierno de Menem y firmemente seguida entonces y después por el matrimonio Kirchner. El gobierno de CFK autorizó la minería a cielo abierto en la zona de los glaciares y la misma expresidenta celebró un acuerdo muy recordado con el presidente de Barrick Gold.

 Peter Lamelas, un aventurero típico de los laderos de Trump y sus delitos de la noche, también incursionó en asuntos geopolíticos, aunque no se trata de una novedad luego de las giras de dos jefes del Comando Sur de Estados Unidos, incluida una reunión en el Senado con la exvicepresidenta. El enlace entre Estados Unidos y Argentina ha incluido ejercicios militares conjuntos en el Atlántico Sur, bajo todos los gobiernos desde el llamado retorno a la democracia. Ni el peronismo ni el kirchnerismo pueden tirar la primera piedra. Al fin de cuentas, el sometimiento al FMI tiene un sello pluripartidario, como fue ratificado en 2022 por el gobierno de los Fernández. La partidocracia de una nación encadenada, por todos sus gobiernos, a la servidumbre de una deuda pública usuraria, que es en definitiva una deuda externa en todos sus términos, no puede reivindicar una condición auténticamente nacional bajo cualquier forma que sea. 

 La mayor insidia de este bucanero fue el señalamiento de su propósito de extender el período de condena penal contra Cristina Kirchner. Pero esto es exactamente lo que impulsan los dos fiscales del Tribunal Oral que sancionó a CFK. De cualquier manera, no se escuchó en su momento ninguna reprimenda a la AmCham, una cámara extranjera presidida por una argentina, cuando reclamó la sanción legal de la “ficha limpia”, para privar a la doble ex de sus derechos políticos. Esta violencia política de carácter imperialista asume una magnitud mayor, en ausencia de una intervención militar directa, en Brasil, al cual Trump amenaza con imponer un arancel del 50 % a sus exportaciones (con la perspectiva de subirlo al ciento por ciento), si no libera judicialmente a Jair Messías Bolsonaro y si no expulsa de la Justicia a los miembros que juzgan a Bolsonaro por “atentado al estado democrático de derecho”, lo que equivale a una “traición a la patria” y una condena de 40 años. Lula ha prometido, por ahora, responder a Trump con la misma vara -aranceles de la misma magnitud-, pero la burguesía brasileña, más allá de las palabras, ha comenzado el retiro de la Bolsa de São Paulo. 

 El fraude pseudonacionalista ha unido a Kicillof con los voceros de CFK, en un intento desesperado de subir sus posibilidades electorales en la Tercera Sección de la provincia de Buenos Aires, al igual que intentan hacerlo con el fraude "antiajustador". Los mismos apetitos que los separan en la disputa por las listas del peronismo, los unen para disfrazar una condición que no tienen: un antiimperialismo consecuente. La lacra de Lamelas ha dejado expuesta la cobardía insuperable del nacionalismo burgués. 

 Jorge Altamira

 23/07/2025

Cierre de listas bonaerenses, en tiempo de descuento

La tradicional presentación de candidatos que conduce Marcelo Bonelli en TN los sábados de cierre de listas estuvo cerca del naufragio. Ninguna de las dos fuerzas llamadas a polarizar la elección bonaerense -la del gobierno nacional y la del pejotakirchnerismo- se presentaron al programa. No se trató de un boicot, sino que no estaban definidas las candidaturas centrales. Hasta las 23.30, el oficialismo no las tenía. En cuanto al peronismo, sólo se conocieron a las cinco de la mañana del domingo, después de varios conatos de ruptura. Para evitar un colapso político, Junta Electoral terminó prorrogando la inscripción hasta las 14 de este lunes. Es probable que a la Junta se le haya ido la mano, pues ofreció suficiente tiempo como para reabrir las discusiones de candidatos y las amenazas de ruptura. 

 El acuerdo entre la Libertad Avanza y el PRO dejó a la mitad de los intendentes macristas en desacato, en ciudades de la importancia de Junín y 9 de Julio. Otros jefes de distrito, como la intendenta de Vicente López, se mantuvo en la Alianza a sabiendas de que no hará nada en su distrito por la boleta de senadores provinciales que encabeza el exmacrista Valenzuela. Con todo, la mayor crisis de esta lista es la que cruzó al propio oficialismo: la facción de Karina Milei y los Menem dejó sin cargos a la camarilla de Santiago Caputo. Esta fractura está causada por una divergencia estratégica sobre el futuro del régimen “libertario”. Ocurre que Karina Milei defiende la formación de un partido nacional, y apuesta a disputarle a los gobernadores los diputados y senadores que serán electos en octubre. En cambio, Caputo se inclina por los acuerdos distritales con los gobernadores, porque teme que los votos que puedan cosechar las listas “puras” de Milei no alcancen para darle al Gobierno el aval a las reformas reaccionarias que se traman para después de las elecciones -laboral, previsional, impositiva-. La crisis con los gobernadores, expresada en la última votación del Senado, ha reducido la posibilidad de esos acuerdos electorales a muy pocas provincias -Mendoza, Chaco, probablemente Entre Ríos-. Según Morales Solá, Macri ha comenzado a trabajar en una “alternativa política”, pero sin Milei. En cuanto a los candidatos, el clan Karina-Milei le entregó la cabeza de la estratégica 3ª sección a un comisario de la bonaerense. Apuestan a una campaña de carácter fascista, en medio de un agravamiento extraordinario de la miseria social que tiene a esa “sección” como su epicentro. 

 Peronismo 

 El peronismo sólo evitó una ruptura cuando Cristina Kirchner aceptó que la 1ª y la 3ª secciones electorales fueran encabezadas por dos alfiles de Kicillof, Katopodis y Magario. Algunas horas antes, el gobernador había dado la orden de avanzar en la presentación de listas propias para el caso en que La Cámpora insistiera en defender a la intendenta de Quilmes o a algún otro partidario de Cristina para la 3ª sección. Con ello, Kicillof puso de manifiesto que la “unidad” se encontraba condicionada a un objetivo superior: retener el protagonismo de la lista para sí y para los intendentes, para quienes Cristina ha pasado a ser un trasto molesto. Con su amenaza de ruptura, Kicillof dejó claro que una eventual derrota ante Milei, generada por la división, constituía un mal menor frente a la alternativa de seguir admitiendo un liderazgo de Cristina. La madrugada del domingo, por lo tanto, parió a una precaria unidad peronista y ha sancionado un repliegue político del camporismo. Las “nuevas partituras” de Kicillof auguran otro rumbo -un frente transversal con los ajustadores provinciales, como Pullaro o Llayora-. El panorama del peronismo se completa con la decisión de los intendentes del sector de Kicillof de encabezar testimonialmente sus listas municipales. Quieren blindarse frente a la derrota electoral que, al menos hasta ahora, adelantan las encuestas para las secciones electorales. El escenario de la campaña que se viene será de boicots “cruzados” entre La Cámpora, de un lado, y Kicillof y los intendentes del otro.

 Crisis en puerta 

El cierre de listas ha dejado en evidencia una crisis política que se proyecta para la elección de octubre y después. Milei ha repetido en diferentes círculos patronales que la elección de octubre será “crucial” para alcanzar el aval político y parlamentario necesario para una arremetida definitiva contra el derecho al trabajo, las jubilaciones, la salud o el régimen de impuestos. Este horizonte, sin embargo, se encuentra ahora condicionado. Por una parte, los liberticidas consideran que un 35 % de votos -como estiman las encuestas a nivel nacional- los dejaría lejos de un bloque parlamentario con capacidad para bloquear rechazos a un régimen que gobierna por medio de decretos. Esta incertidumbre divide a los que se juegan por el “partido propio”, de un lado, de los que quieren tender puentes con los gobernadores, del otro. Pero con relativa independencia de las encuestas, está la cuestión de fondo, que es el agotamiento del régimen económico. Hay un conato de fuga de los fondos especulativos y, por ende, una corrida cambiaria, lo que aumenta la probabilidad de default. El régimen de la motosierra ha profundizado la caída del salario (5,5 % en los primeros cinco meses del año, a pesar de la cacareada disminución de la inflación); lo mismo con el empleo y la ocupación industrial. La elevación de los intereses resuelta para frenar la corrida contra el peso agravará ese escenario recesivo. Los mileistas advierten que los gobernadores trabajan por un planteamiento económico y político alternativo. Las elecciones bonaerenses y, enseguida, las nacionales tienen un final incierto. 

 Marcelo Ramal 

 21/07/2025

Bregman: El que esté enojado con los politicos de siempre que vote a los que le damos pelea a Milei.

El FITU ante las elecciones de PBA

La OTAN emplaza a Rusia

Trump no ha renunciado a un pacto con Putin para descuartizar a Ucrania. 

 Tras anunciar una oleada de suministros de armas a Ucrania, Trump disparó un ultimátum a Rusia. Si en 50 días no arriba a un acuerdo de paz establecerá aranceles del 100 %. Sin dar más detalles, afirmó que se implementarían en forma de "aranceles secundarios". “El presidente estadounidense ha utilizado este término anteriormente para describir los aranceles impuestos a países por comerciar con adversarios” (Bloomberg). China e India compran el petróleo ruso. Reseña Reuters que un Putín “impasible” probablemente responda a la amenaza con demandas territoriales ampliadas, “a medida que las fuerzas rusas avanzan, dijeron tres fuentes cercanas al Kremlin” (15/7). 

 Las condiciones de Putín para la paz establecen el compromiso legal de que la OTAN no se expandirá hacia el este. Según la agencia de noticias estatal ucraniana Ukrinform, “El presidente Volodymyr Zelensky ha anunciado un cambio en la postura de Alemania sobre las aspiraciones de Ucrania a la OTAN, afirmando que Berlín ahora apoya la futura membresía de Ucrania en la Alianza” (30/6). Este apoyo no ha sido desmentido por ninguna autoridad. A su vez, Alemania desempeña el principal papel entre el grupo de países que sirven de puente para el suministro de armamento a Ucrania. Estos transferirán las armas de sus arsenales (en particular, los sistemas Patriot) y, a cambio, comprarán armas modernas a Estados Unidos, "pagándolas al 100 %”. “Significará que Ucrania podrá tener en sus manos cantidades realmente enormes de equipo militar”, se ufanó el titular de la OTAN, Mark Rutte, según recoge el NYTimes (15/7). 

 Trump ha eludido su responsabilidad en el desencadenamiento de la guerra, una malversación grosera de la realidad, para responsabilizar exclusivamente a su predecesor, Joe Biden: “Esta es una guerra Demócrata”, llegó a definir. El enjambre de blogueros rusos salió a meter el dedo en la llaga al denunciar la “bidenización” del presidente estadounidense. A contrapelo, los aliados europeos de la OTAN, así como representantes demócratas y republicanos, han deslizado que un plazo de 50 días significa darle tiempo a Putin para apoderarse de más territorio. Esta narrativa infiere que la declaración de Trump le da a Moscú una ventaja en lugar de establecer un verdadero ultimátum, aunque el envío de armas ha comenzado de inmediato. 

 Varios medios estadounidenses, por ejemplo, The Washington Post, citan fuentes que aseguran que los envíos incluirán misiles ATACMS con capacidad para atacar territorio ruso. El periódico también afirma que Trump supuestamente planeaba transferir misiles Tomahawk a Ucrania para alcanzar a Moscú. El presidente sugirió que podría actuar con mayor rapidez si no ve señales de que Putín esté tomando medidas para poner fin al conflicto. "No creo que 50 días sea mucho tiempo y podría ser más corto que eso", dijo (TWP, 15/7). Este plazo formulado en condicional entraña una amenaza entre líneas. Es el procedimiento que Trump ha aplicado para bombardear las instalaciones nucleares de Irán con los B2. 

 Gabinete de crisis 

A todo esto, Zelensky ha producido las modificaciones más significativas de su gabinete desde el comienzo de la guerra en 2022. Ucrania tiene un sistema político semipresidencial, donde presidente y primer ministro se reparten roles claves de gobierno. El primero nombra al segundo con la aprobación del Parlamento (la Rada). La designación de Yulia Svyrydenko como primer ministro le asigna ese rol. Actualmente Zelensky reúne, ley marcial mediante, una serie de atribuciones que le dan un control más directo sobre decisiones estratégicas, a expensas de sus ministros, convertidos en un séquito. 

 La designada ha ocupado diversos cargos y era hasta la fecha ministra de Economía. El anterior primer ministro, Shmyhal, ha sido reubicado como titular de Defensa en lugar de un hombre fuerte del régimen, Rustem Umerov, quien sería designado en la estratégica embajada en EE. UU. “Encuestas recientes sugieren un creciente pesimismo en Ucrania sobre la guerra con Rusia, un cambio con respecto a las primeras etapas del conflicto, cuando la mayoría de los ucranianos expresaban optimismo sobre la victoria de su país sobre los rusos” (Clarín, 15/7). 

 La nueva primer ministro jugó un rol esencial para arribar a un convenio con Estados Unidos sobre minerales raros. Desde la firma del acuerdo sobre esos recursos, la administración Trump ha eliminado de la agenda el tema de las elecciones en Ucrania y la renuncia de Zelenski. Y ya no lo plantea públicamente, como solía hacerlo con regularidad. 

 Estos cambios se producen cuando el ejército ruso avanza en el sureste y las grandes ciudades son asediadas por ataques aéreos. El gobierno de Zelensky ha sido señalado insistentemente por Putín como ilegítimo, por haber caducado su mandato y suspendido las elecciones de 2024. 

 Encrucijada 

Los frentes defensivos de Ucrania se han debilitado lentamente y se han derrumbado progresivamente durante el último año. Los observadores especializados concuerdan en que es inminente un colapso a lo largo de toda o casi toda la línea de batalla. La triangulación del abastecimiento de armas pesadas a Ucrania, por medio de Estados Unidos a la OTAN, equivale a una integración no declarada de Ucrania a la coalición imperialista. La Inteligencia de EE.UU. y Gran Bretaña está integrada en las operaciones ucranianas. Los países de la UE entrenan a las fuerzas ucranianas y planean ataques conjuntos. Trump ha convertido a la Unión Europea en un “proxy’ (delegada) de Estados Unidos, para hacerla responsable de la guerra mediante el otro “proxy”: Ucrania. 

 En este escenario internacional mencionar la guerra mundial como algo eventual constituye un error cruel. Francia acaba de actualizar su doctrina militar donde pronostica un conflicto armado a gran escala en Europa para 2030. 

 Los ataques a instalaciones nucleares ya no están prohibidos. Los asesinatos de negociadores y científicos, incluso sus familias, ya no son, desde la guerra contra Irán, daños colaterales, sino objetivos declarados. El uso de armamento nuclear es evaluado en forma diaria.

 Hay que combatir la ilusión de un posible retorno a la situación anterior por medio de un arreglo. Para el capitalismo en declive la guerra es el horizonte inexorable. Trump, no obstante esto, ha comprometido a Estados Unidos a reconocer a los territorios ocupados por Putin como parte de Rusia. La maniobra de convertir a la OTAN en un ‘proxy’, que maneja a otro ‘proxy’, procura mantener una distancia de la guerra y cobrar, de paso, el armamento que ofrece a la Unión Europea. Esto deja abierta la alternativa de un arreglo entre Trump y Putin a costa del alemán Merz, el francés Macron, el inglés Starmer y la italiana Meloni. El objetivo estratégico del imperialismo norteamericano no es Rusia, sino China; no sería sensato que se desgaste en una confrontación secundaria, o que elija dos guerras al mismo tiempo. Las amenazas de Trump a Putin conservan un margen de presión diplomática. Trump, por otro lado, pelea una guerra de sometimiento de la UE, no ya por medio de aranceles recíprocos, sino en torno al régimen impositivo para las compañías estadounidenses y la ampliación de la cuota de mercado de industrias estratégicas y de armamento, así como el acceso al mercado de compras estatales. El acaparamiento de la mayor parte de Ucrania, por medio de un acuerdo con Putin, reduciría a la nada al imperialismo europeo, sin por eso fortalecer a Rusia, que quedaría como un socio menor impotente, porque la ocupación de una parte de Ucrania representaría, a término, una carga para Rusia, no un activo económico o geopolítico. Este cruce de variantes es completamente natural en toda guerra imperialista, donde de lo que se trata es de una pelea por un nuevo reparto del poder mundial. Ni qué decir que esta ‘paz’ de piratas serviría al designio de aislar a China, como condición para una explotación de sus explosivas contradicciones económicas y nacionales. 

 Camilo Márquez y Jorge Altamira 

 16/07/2025

Sarampión, la enfermedad que podría dejar de considerarse “erradicada”

El Sarampión continúa expandiéndose en Estados Unidos y en lo que va del 2025 ya se reportaron más casos que en cualquier otro año desde que el virus fue declarado eliminado en el país, en el año 2000. La tendencia es mundial y escala a medida que disminuyen las personas vacunadas y se desmantelan los sistemas de salud. 

 La situación en Estados Unidos 

Según los datos brindados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), hasta el 8 de julio del 2025 se han confirmado un total de 1288 casos de sarampión. Los mismos se distribuyen en 39 jurisdicciones del país. De estos 1288 casos, 762 corresponden a Texas, registrando sólo en el condado de Gaines, en donde habita una comunidad menonita, 414 casos. En cuanto a los brotes (definidos como 3 o más casos relacionados) se han notificado 27. A su vez, se notificaron 3 muertes confirmadas a causa del virus en el país, de las cuales 2 se ubican en Texas. Las autoridades de salud pública del oeste de Texas han pronosticado que el brote continuará durante un año. (NY Times, 21/03). De continuar esta tendencia, el Sarampión dejaría de considerarse como una enfermedad erradicada ya que, para que esto suceda, el brote debe prolongarse más de un año.

 Una tendencia mundial

 Pero la propagación del Sarampión no sólo se localiza en los Estados Unidos. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) notificó que hasta el 1 de julio en la Región de las Américas se confirmaron 7.132 casos, incluyendo 13 defunciones. Los casos se distribuyen en Argentina (34 casos), Belice (34), Bolivia (60), Brasil (5). En Canadá los casos escalan a 3.170, incluyendo una defunción, en Costa Rica 1 caso. En México informaron 2.597 casos, incluyendo nueve defunciones y en Perú 4 casos. A su vez, la Organización Mundial de la Salud anunció que Europa había reportado el mayor número de casos de sarampión en más de 25 años. 

 La caída en las tasas de vacunación enciende las alarmas 

La propagación de la enfermedad está estrechamente relacionada con la caída en las tasas de vacunación. A nivel mundial, la tasa de cobertura de la primera dosis de la vacuna es del 83 % y de solamente el 74 % para la segunda dosis. (UNICEF).

 De las personas contagiadas en Estados Unidos, el 92 por ciento no estaban vacunadas o se desconocía el estado de vacunación. Por su parte, Argentina enfrenta un descenso progresivo en las coberturas de vacunación contra el sarampión. Los registros aportados por el Ministerio de Salud de la Nación evidencian que la primera dosis de triple viral en menores de 1 año descendió del 86 % (2019) al 81.4 % (2023), mientras que la segunda dosis, indicada a los 5 años, sufrió una reducción alarmante hasta el 54.5 % en el mismo período.

 Este descenso en las tasas de vacunación mantiene persistentemente las coberturas por debajo del 95 % necesario para lograr inmunidad colectiva.

 El desmantelamiento de los sistemas de salud 

La respuesta del gobierno de Trump ante esta situación es profundizar el desmantelamiento del sistema de salud y cuestionar la vacunación como la medida más eficaz para prevenir la propagación de la enfermedad. En sus primeras declaraciones públicas sobre el brote, el secretario de salud antivacunas, Mr. Kennedy, se encargó de minimizar la amenaza. Luego, cambió su enfoque y ofreció recomendaciones moderadas sobre las vacunas, sin dejar de cuestionar la seguridad de las mismas y promoviendo tratamientos no probados científicamente. El ajuste, con despidos incluidos en los CDC, provocaron el desmantelamiento de divisiones enteras del Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional, que había estado ayudando a los estados a garantizar que sus hospitales estuvieran equipados para tratar a pacientes con una enfermedad respiratoria transmitida por el aire. Esta situación se agrava con la decisión de retirarse de la Organización Mundial de la Salud, que administra una red de más de 700 laboratorios que rastrean los casos de sarampión en 164 países. Argentina le sigue los pasos a Trump con el desmantelamiento de áreas claves que dependen del Ministerio de Salud y el vaciamiento de hospitales nacionales como el Posadas, Bonaparte, Garrahan, Sommer. 

 Como se puede observar, los gobiernos de Trump y Milei pretenden desligar al Estado de la responsabilidad de la prevención, tratamiento y cuidado de la salud, mientras que la explotación capitalista avanza y empeoran las condiciones de vida de las masas. A este camino que sólo nos conduce a la barbarie es necesario oponerle una salida: frente a la destrucción del sistema de salud, nos sumamos activamente a las luchas contra el vaciamiento del Hospital Garrahan, contra los despidos en salud y en defensa de las residencias, incorporando a las mismas el planteo de la nacionalización del sistema de salud bajo control de los trabajadores y usuarios. 

 Daniela Magoc 

 16/07/2025

La LLA vende candidaturas en dólares a dirigentes kirchneristas en la Provincia de Buenos Aires

A horas de la inscripción de las listas para las elecciones provinciales del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, denunciaron en la Justicia a la cúpula partidaria provincial de LLA que encarnan Sebastián Pareja y su mano derecha, el diputado provincial, Alejandro Carrancio. 

 Lo hicieron dos dirigentes libertarios de Mar Chiquita: el excandidato a intendente de Mar Chiquita, Cristian León y la concejala Patricia Heltner. Ambos apuntaron contra Carrancio, quien además de integrar actualmente el Instituto Nacional de Promoción Turística y de ser vicepresidente de LLA en territorio bonaerense, es el que negocia el armado de las listas en la Quinta Sección Electoral.

 El objetivo, según uno de los denunciantes, es desplazar a los "liberales de la provincia de Buenos Aires para poner otra gente" y así permitir que "el kirchnerismo conserve ese poder dentro de los concejos deliberantes" (Tiempo Sur, 18/7/25). 

 Los libertarios del partido de Mar Chiquita afirman contar con evidencias contundentes: testimonios, documentos y audios, que prueban la misma lógica del armado en 2023, cuando Carrancio admitió vender candidaturas en dólares a dirigentes peronistas y acordar y definir con Kicillof distritos clave y el uso de recursos públicos para el financiamiento de campañas (realpolitik, 16/7/25).

 La venta de candidaturas, un método denunciado reiteradamente, se suma al último escándalo protagonizado por el concejal de LLA Pablo López, de Salta, acusado de llevar adelante retenciones salariales a cambio de favores sexuales, por una diputada de su mismo espacio.

 A esta altura se impone una conclusión. Por un lado, la prueba de que estas prácticas forman parte de la naturaleza de una banda de arribistas que viven de los recursos del estado al que aseguran hay que eliminar. Por el otro, que la arenga “anticasta” de Milei y sus socios no es otra cosa que una estafa.

 Las maniobras faccionales dentro del partido de Milei (y también dentro del peronismo), así como las componendas con el oficialismo bonaerense, exhiben una vez más que detrás de los discursos incendiarios de uno y otro lado, “la casta” de todos los partidos y gobiernos capitalistas es lo que persiste, mientras los trabajadores sufrimos sus ataques criminales a nuestras condiciones de vida. 

 Los socialistas a los cuales Milei quiere eliminar, reclamamos el derecho a revocatoria de mandatos de todos estos procuradores del hambre y el derrumbe social. 

 Fernanda Díaz

 19/07/2025

Deportan a un trabajador uruguayo aplicando el decreto migratorio de Milei

Juan Pedro Martínez Piedraita se transformó en un nuevo deportado tras la firma del decreto migratorio por parte del presidente Javier Milei. Martínez Piedraita, de 60 años, es un trabajador uruguayo que esta semana fue expulsado del país por una causa con cinco años de antigüedad. Todo empezó cuando fue a hacer la renovación rutinaria de su DNI y funcionarios detectaron que tenía una contravención. Tras esto, una rápida acción policial lo detuvo y expulsó del país. 

 Este capítulo muestra la predisposición del gobierno a aplicar esta nueva Ley claramente persecutoria de las familias migrantes que es parte de todo un andamiaje legal que busca amedrentar y acallar los derechos y reclamos de trabajadores y sectores vulnerables de la población. Su familia, esposa e hijas argentinas se encuentran denunciando este abuso policial y reclamando el derecho de Juan Pedro a vivir en el país. 

 Este decreto incluye en sus artículos la iniciativa del cobro de la salud y la educación a los extranjeros y, bajo la excusa de la “lucha contra el narcotráfico”, la expulsión inmediata del país por delitos menores y contravenciones como práctica.

 Portales de derecha, amigos del gobierno, intentaron mostrar a Martínez Piedraita como un ciudadano peligroso y festejaron la acción coordinada entre Policía Federal Argentina (PFA) y la Dirección Nacional de Migraciones. La sentencia dictada por el juzgado se da bajo el Decreto 366 la reforma migratoria que norma la permanencia de los extranjeros en el país.

 No es el primero 

A pesar de lo publicado por varios medios, este trabajador uruguayo murguero y descendiente afro no es el primer expulsado bajo aplicación del decreto. El 1 de julio, los cinco integrantes de una familia palestina fueron maltratados en el Aeropuerto de Ezeiza y deportados. Tras estar retenidos 24 horas en migraciones en una pelea que incluyó el habeas corpus de su abogado y la aparición de una “alerta internacional” contra la familia que ya había visitado sin problemas una decena de países. 

 Los Abu Farha son una familia que se dedica desde hace tiempo al turismo comercial. Se presentaron en Ezeiza con visas en orden emitidas por la embajada argentina en Tel Aviv, con carta de invitación, certificados de buena conducta y seguro médico en mano. Ahí fueron engañados por el personal haciéndoles firmar un papel y tratados de terroristas. Su abogado Uriel Biondi explicó en Pagina/12 que “la detención fue ilegal, el trato degradante y la deportación fue forzada por parte de las autoridades migratorias argentinas”. 

 Finalmente, tras 24 horas retenidos en Ezeiza, los cinco palestinos fueron deportados en un avión directo a Estambul, recién en territorio turco pudieron recuperar sus pasaportes y trazar un difícil regreso a Belén su ciudad de origen. Días después a lo vivido por la familia palestina salió a la luz que la mencionada “alerta internacional” era falsa, confundía uno de los miembros de la familia por otra persona; desde Migraciones no fueron dadas mayores explicaciones. 

 Migraciones sólo le permitió a la familia hablar con diplomáticos palestinos: “Lo que pasó fue increíble. Vivimos un infierno y no sé por qué pasó todo esto. Todo fue ilegal” se lamentó Sandy Bassam Hanna Abu Farha, una de las hijas. En una muestra clara del alineamiento con Estado Unidos e Israel del gobierno argentino copia a mansalva la guerra contra los migrantes que lleva adelante el gobierno de Donald Trump. En este caso usa el nuevo decreto migratorio para reforzar los cacheos y endurecer la entrada al país. 

 Leonardo Perna

 19/07/2025

"El voto al Frente de Izquierda es un escalón para enfrentar al gobierno de Milei" / del Plá en IP

Presentación de candidaturas en PBA // Frente de Izuierda Unidad

Galperín cierra un centro de software en Córdoba y abre otro de logística en Tres de Febrero entre cruces con los gobernadores

Así interviene en la disputa entre Milei y las provincias por la recaudación fiscal del país. 

 Después de discutir públicamente con el gobernador de Santa Fe y con las autoridades de la ciudad de Córdoba por el pago de impuestos locales, Mercado Libre cerró trato con el intendente de Tres de Febrero (Buenos Aires), Diego Valenzuela, para la apertura del nuevo centro de distribución, ubicado en el Parque Logístico del municipio. Según la empresa, el nuevo espacio complementará la operación de los Centros de Almacenamiento situados en el Mercado Central. 

 Valenzuela -quien ahora pegó el salto a La Libertad Avanza y pretende proyectarse como gobernador- tiene implementado un sistema libre de gravámenes fiscales para incentivar la radicación empresaria en el municipio, algo que financia aumentando las tasas municipales de los hogares y desfinanciando aspectos claves para la población, como el saneamiento en los barrios periféricos, los salarios de todos los municipales y la infraestructura de las escuelas. 

 La guerra con las provincias 

Marcos Galperín declaró que para quienes operen en Córdoba, Santa Fe y Jujuy, donde el impuesto a Ingresos Brutos es más alto en comparación con el promedio del país, aumentarán los cargos. El aumento del impuesto se debe no solo a los diferentes porcentajes que establece cada provincia, sino a que algunas de estas consideran que Mercado Libre tiene como actividad principal la financiera, no la meramente comercial, y por lo tanto lo obligan a tributar un porcentaje mayor, como los bancos. 

 Desde la provincia de Santa Fe le respondieron que el impuesto mayor era necesario para financiar el combate al narcotráfico al que ML contribuye con numerosos posnet que son utilizados por los narcos para cobrar sus “servicios”. 

 En Córdoba capital se sumó su descontento por el elevado monto que su centro de desarrollo de software -que da sostén tecnológico a distintas operaciones- paga por las tasas municipales, algo a lo que ML respondió disponiendo el cierre del edificio y su reemplazo por el home office desde agosto. 

 De esta manera Galperín interviene en la discusión por la distribución fiscal, ya que todo ocurre en medio de una creciente tensión entre Nación y las provincias por el manejo de los recursos. 

 Desde que asumió, Milei aboga por transferir todas las responsabilidades del estado a las provincias -sin los fondos correspondientes- argumentando que tienen que buscar sus propios recursos incrementando un ajuste análogo al nacional. Como si no lo estuvieran haciendo. Ahora arremete apretando la pinza, al querer batallar contra Ingresos Brutos -que recaudan directamente las provincias- disminuyéndoles las posibilidades a los gobernadores. 

 Por esto, los ejecutivos de las provincias impulsaron en el Senado dos proyectos de ley para aumentar los montos de los fondos que giran desde el Gobierno Nacional. 

 Uno de ellos propone suprimir diversos fideicomisos que se nutren de los ingresos provenientes del Impuesto a los Combustibles Líquidos y redistribuirlos entre las provincias. 

 El segundo proyecto plantea que dicha distribución se realice de forma automática y diaria. 

 El proyecto de los gobernadores es, por lo tanto, un tironeo de la misma frazada, ya que solo propone desvestir a un santo para vestir a otro sin cuestionar ni la baja del impuesto a los bienes personales ni el pago de la deuda externa. Es coherente: cada uno de ellos carga con su propia deuda externa desde mucho antes de que el liberticida llegara a la presidencia.

 En cuanto a Ingresos Brutos, más allá de lo regresivo que es cualquier impuesto indirecto como éste -que termina siéndolo porque la más de las veces se traslada al consumidor final- el único interés de Milei es eliminar todos los gravámenes a la riqueza y a las transacciones de las empresas y reemplazarlo por un aumento de la madre de los impuestos regresivos que es el IVA. 

 De esta manera Galperín se mete en la disputa nacional para intentar favorecer a Milei, soslayando que el primero en regalarle exenciones impositivas -de las que todavía goza por “desarrollar innovación tecnológica”-fue el kirchnerismo.

 Luciana Diaz 

 18/07/2025

Genocidio en Gaza: desinformación publicitaria en el sitio del diario Clarín

Desde hace varios días que al pie de la página web del diario Clarín se observa un banner llamativo, como los que habitualmente ocupa la publicidad paga, con el título “Un nuevo informe documenta la violencia sexual sistemática de los terroristas de Hamas durante ataque del 7 de octubre”. Al hacer click en el mismo, remite a una ignota página, fuera del diario, llamada “Situación Global” (situacionglobal.com), que promete “Información y análisis sobre los conflictos en el mundo”, aunque básicamente se remite a Medio Oriente y, en todo caso, a noticias de otros continentes, pero siempre referidas al “conflicto”, eufemismo que aplica a la masacre del pueblo palestino y a la guerra del imperialismo y el sionismo contra varios países de la región (Irán, Yemen, Siria, y sumando...). 

 Un espacio publicitario en la página principal de Clarín, durante días y días, no debe salir barato. Sin embargo, “Situación Global”, que no especifica su origen y publica notas sin autor, no ofrece información sobre su radicación, propósitos o filiación, si pertenece a alguna organización gubernamental o no, ni mucho menos informa cómo se financia, pues no ostenta publicidad ni pide donativos. Es una página anónima, de apariencia “informativa”, que auspicia sus contenidos dentro de la página de uno de los principales diarios de Argentina, pero no los publica dentro de éste sino en un sitio propio aparte. 

 Más llamativo resulta que no tenga otras redes sociales que una cuenta en X, @situacionglobal, con apenas 422 seguidores. No debe ser un sitio muy popular. Es cierto, su nombre -genérico- no facilita rastrearla en la web y averiguar, por ejemplo, si es utilizada como fuente por otros medios, si es citada en algún caso, si algún editor o periodista se referencia en ella, etcétera. Su cuenta de X tampoco es ´abierta´, sino que sus posts solamente pueden ser vistos por aquellos “seguidores aprobados”, los cuales -por lo visto- no abundan. Sin embargo, “Situación Global” pauta sus contenidos nada menos que en la web de Clarín, erogando una barbaridad de plata para difundir sus ´noticias´ indiscriminadamente. Ya no importa si son lectores “aprobados” o no. 

 “Un nuevo informe documenta la violencia sexual sistemática de los terroristas de Hamas durante ataque del 7 de octubre” es un título concluyente. Un ´clickbait´, un anzuelo digital para captar lectores. El artículo de marras cita las conclusiones del informe elaborado por el “Proyecto Dinah”, que tuvo cierta repercusión en los medios que apoyan a Netanyahu. El Proyecto Dinah fue creado tras el levantamiento de Hamas para investigar la presunta ´violencia sexual´ cometida por la milicia palestina contra la población israelí. Sin embargo, las supuestas violaciones y decapitaciones de bebés que ésta habría cometido durante su incursión del 7 de octubre de 2023, nunca fueron corroboradas. Por el contrario, fueron desestimadas incluso por la propia fiscal israelí, Moran Gaz, una palestinófoba fuera de toda duda. El informe de Proyecto Dinah asegura que “Hamas utilizó la violencia sexual de manera generalizada”, pero CNN, que se hizo eco del mismo, no encuentra mayores agravios para citar que los siguientes: “Según el reporte, una rehén fue golpeada y agredida sexualmente a punta de pistola mientras estaba cautiva. Dijo que estuvo encadenada por el tobillo con una cadena de hierro durante tres semanas y que le preguntaron repetidamente sobre el momento de su ciclo menstrual. El informe detalla que varios de los 15 ex rehenes fueron amenazados con violación mediante matrimonio forzado. Casi todos reportaron acoso sexual verbal y algún acoso sexual físico, incluyendo tocamientos no deseados de partes íntimas, según el informe”. El contraste con las conclusiones de expertos de la ONU que se declararon “consternados” por las denuncias de violaciones de derechos humanos contra mujeres y niñas palestinas es simplemente abismal. El informe del “Proyecto Dinah” fue una operación de contrainformación ´con perspectiva de género´, operada por los criminales de Tel Aviv. 

 En conclusión, “Situación Global” es una usina de desinformación, de procedencia y financiamiento desconocidos, aunque fácilmente identificables, que ha contratado un espacio publicitario privilegiado, sin que los adalides de la “lucha contra el terrorismo” se les haya movido una pestaña -naturalmente, por su complicidad con los crímenes del sionismo. Las ´fake news´ son un instrumento de guerra. En este caso, dirigidas a insuflar temor entre la población hacia el bando oprimido –el pueblo palestino. 

 Jacyn 

 17/07/2025

31 años del atentado a la AMIA, 31 años de impunidad

Javier Milei fue el invitado estelar del acto por el 31° aniversario del atentado a la AMIA. Por primera vez en más de tres décadas, su presencia fue anunciada desde el palco, rompiendo la tradición de no mencionar a los dirigentes políticos presentes. Fuertemente custodiado, estuvo sentado en las primeras filas. El presidente de la AMIA, Osvaldo Armoza, le dedicó un elogio -“Celebramos la decisión de que la Argentina haya decidido pararse del lado correcto de la historia”- que fue acompañado, según las crónicas, por un cerrado aplauso. Se refería, por supuesto, al alineamiento incondicional del gobierno argentino detrás del eje Estados Unidos-Israel. Sin embargo, sumó exigencias. Se quejó de que el ex Secretario de Cultura iraní, Mohsen Rabbani, uno de los acusados por el atentado, todavía tuviera propiedades a su nombre en Argentina. Asimismo, reclamó a Milei una “inmediata reacción” ante el acuerdo entre Irán y Bolivia. Armoza también exigió que la milicia islámica-palestina Al Quds sea catalogada como organización terrorista y que Argentina se sume a una “alianza global contra el terrorismo”. Es decir, Armoza le reclamó a Milei un compromiso todavía mayor con la guerra internacional del imperialismo y el sionismo en Medio Oriente. Elogió, en cambio, la realización del “juicio en ausencia” contra los acusados por la Cámara Federal, ordenado por el juez Daniel Rafecas, el mismo que había desestimado la denuncia de Alberto Nisman contra Cristina Fernández. Las organizaciones de familiares, como Memoria Activa y APEMIA, rechazan el “juicio en ausencia”. Memoria Activa realizó su propio acto en Tribunales, donde lo denunció como una maniobra -“ausencia de justicia”-. Reclamaron, en cambio, la digitalización total y el acceso a todos los informes de inteligencia relacionados con el atentado, paralizada desde hace décadas. 

 “Celeridad” 

En otro tramo de su discurso, Armoza les reclamó “celeridad” a los fiscales de la unidad especial AMIA, Sebastián Basso y Julio Miranda, que antes ocupó Nisman. 

 A más de tres décadas de los hechos, en los que murieron 85 personas y más de 300 fueron heridas, el planteo resuena sorprendente. En todos estos años no hubo un solo condenado. Mejor dicho, todos aquellos que fueron acusados y juzgados por obstruir y desviar la investigación -entre los cuales figuran jueces, fiscales, policías y hasta el revendedor de autos que proporcionó la camioneta supuestamente utilizada para cargar los explosivos- acabaron absueltos de culpa y cargo. La ´investigación´ -porque no se la puede calificar realmente como tal- se orientó, primero, detrás de una pista siria, pero luego apuntó hacia Irán, siguiendo los vaivenes de la política exterior del Departamento de Estado norteamericano, que asumió el verdadero liderazgo de la causa. La acusación contra los funcionarios iraníes se basó en “pruebas secretas”, proporcionadas por la CIA y el Mossad. Su enlace con el fiscal Nisman y el Estado argentino fue “Jaime” Stiuso, verdadero mandamás de la SIDE, entre 2003-2013, es decir durante los gobiernos K. 

 La salida formal de Stiuso de la SIDE estuvo marcada por la firma del “memorándum con Irán”, suscripto en el marco de los acuerdos firmados por Barack Obama con el régimen de los ayatollahs. El memorándum establecía que se les podría tomar declaración indagatoria a los acusados en territorio iraní, habilitando de ese modo el inicio formal del proceso judicial, sin por ello dar de baja los pedidos de detención de Interpol. El Congreso argentino lo aprobó, no así su homólogo persa. Para el tándem Nisman -que en primer término APOYÓ al memorándum- y especialmente Stiuso, en cambio, les resonó como una amenaza que podría convertirlos en el chivo expiatorio de todas las manipulaciones de la causa. Se produjo entre ellos la ruptura con el gobierno de CFK y viraron a operar nada menos que con Sergio Massa, quien en 2013 le ganó al kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires y acabó con cualquier expectativa de que Cristina Fernández pudiera acceder a un tercer mandato. 

 Con el gobierno Milei, Stiuso ha vuelto a merodear “la casa de los espías” -nunca dejó de hacerlo-. Para este aniversario -fecha en la cual suelen anunciarse ´novedades´ en la investigación, pero escasos resultados- fueron citados a declarar una multitud de militares que revistieron en el aparato de inteligencia del Ejército que comandó César Milani. Éste fue un aliado de CFK luego de la crisis con Stiuso. La acusación tiene el propósito de moldear un nuevo relato en torno a la violenta muerte del fiscal Nisman, atribuida según ´pericias´ de Gendarmería a un comando iraní o venezolano, en lo que ya constituye otro caso impune, un ´archivo borrado´, de estas operaciones cruzadas por intereses que nada tienen que ver con el reclamo de justicia por los muertos en el atentado.

 La ´conexión local´ es el Estado argentino. 

 Jacyn 

 18/07/2025

La crisis del Senado, la disputa fiscal con los gobernadores y las elecciones de octubre

El frente patronal se disgrega bajo la presión de la crisis. 

 A quien quisiera escucharlos, los voceros del gobierno adelantaron que el gobierno desconocerá las leyes votadas por el Senado -en lo inmediato, por medio del veto y, si éste fuera rechazado, dilatando su reglamentación indefinidamente. La variante de una negociación con los gobernadores en torno a las leyes que todavía deben tratarse en Diputados -la coparticipación del impuesto a los combustibles y el reparto de los aportes del Tesoro Nacional- ha quedado condicionada a la cuestión de las listas de diputados para las elecciones de octubre, o sea, a la eventual combinación de candidatos de los gobernadores y de Milei en una misma lista. Pero es en este punto donde la fractura política entre unos y otros aparece más expuesta. Milei no le quiere ceder cargos para diputados o senadores nacionales a las fuerzas de los gobernadores. Del otro lado, los gobernadores no están dispuestos a resignar su presencia o participación en el próximo Congreso.

 El choque

 Esta divergencia en la composición de las listas pone de manifiesto una discusión de fondo sobre el régimen económico y político de Argentina. Como se lo prometieron a las cámaras empresariales, el gobierno liberticida prepara tres iniciativas fundamentales: la reforma laboral, la previsional y la del sistema impositivo. Es esta última cuestión la que ha desatado el choque político con los gobernadores. Quien lo puso sobre el tapete en estos días ha sido la nave insignia de los capitalistas cercanos al gobierno, el empresario Marcos Galperin, cuando anunció el cierre de sus oficinas en Córdoba por la “elevada carga impositiva” de la provincia. La queja de Galperín se refiere al impuesto a los ingresos brutos, que grava todas las transacciones. Semanas atrás, Galperín había protagonizado otro cruce explosivo, esta vez, con el santafecino Pullaro. El gobernador le espetó al dueño de Mercado Libre ser “funcional al narco”, que se beneficiaría de un abaratamiento de los impuestos provinciales. 

 El desplante de Galperín, saludado por los círculos patronales, adelanta el meollo de la reforma impositiva del gobierno, que consiste en establecer un “super IVA” máş la creación de un sistema impositivo propio en cada provincia (una réplica del sistema estadounidense, que de todos modos ha entrado en crisis con la guerra arancelaria de Trump y el nuevo superpresupuesto). Una reforma de ese orden empujaría a una mayor motosierra en las provincias, al tiempo que concentraría la recaudación en manos del gran pagador de la deuda pública -el Estado nacional. Este punto clave de las exigencias incluidas en el acuerdo con el FMI serviría para hacer caer el riesgo país debajo de los 400 puntos básicos. Pero podría llevar también a una bancarrota de los Tesoros provinciales.

 La “reforma” viene anticipada por la eliminación de la obra pública financiada con recursos nacionales, y su provincialización, con un red de peajes. 

 La división 

El choque expuesto con gobernadores de las dos provincias que reúnen la mayor pujanza agraria e industrial de Argentina -luego de Buenos Aires que se encuentra en declinación- tiene que ver con la pelea por un nuevo reparto del ingreso nacional federal. 

 Pullaro es un vocero de la burguesía agraria y agroexportadora que saluda la liquidación del derecho laboral y previsional. Pero reclama los recursos para financiar la infraestructura necesaria para despachar sus productos al mercado mundial, mientras carga con el pago de las retenciones a la exportación. La inauguración de la Rural será una tribuna de estos reclamos patronales. Las retenciones, que no se comparten con las provincias, suman al pago de la deuda pública, en pesos y en dólares. El diseño de un régimen económico y político fundado en el reconocimiento de esa gigantesca hipoteca ha creado una crisis de la “Organización Nacional” del país que se viene agravando desde hace ocho décadas. Como sus “próceres” del siglo XIX, los actuales libertarios y sus opositores provinciales pelean por “el oro de la Aduana”, para conciliar los llamados intereses nacionales con reciclamiento indefinido de la deuda pública. 

 Frente político 

Los mandantes de Pullaro y Llaryora y del conjunto de los gobernadores salen a disputar su porción en medio de un fractura del comercio internacional y el asomo de otra crisis financiera, considerablemente más explosiva que las precedentes. En torno de este escenario, se teje el programa de un frente opositor que aspira a gobernar después de que Milei-Caputo hayan completado el “trabajo sucio” de la motosierra (destrucción de las conquistas laborales, privatización de las jubilaciones), con devaluación incluida.

 En la “oposición de los gobernadores” revista el pejota de Kicillof, que aspira a conformar un frente transversal con los Pullaro y Llayora y con el actual asesor del fondo Greylock Capital, Sergio Massa, como ladero. La “Fuerza Patria” se inscribe, con contradicciones, en este frente entre Santa Fe y Córdoba. 

 Esta disputa política forma parte de las distintas manifestaciones de disgregación de la coalición improvisada de liberticidas y gobernadores (y sus partidos) que ha gobernado desde diciembre de 2003. 

 Marcelo Ramal 

 15/07/2025

Abajo la persecución contra la CUBa-MTR

Continúa la persecución a las organizaciones piqueteras. 

 Desde CUBa-MTR denuncian que el gobierno y la justicia avanzan con procesos judiciales sobre las organizaciones sociales. El juez federal Hernán Viri, que el año pasado procesó con prisión preventiva a Carina Izaguirre de Gualeguaychú, ahora ordenó más de 20 indagatorias, entre ellas la de su referente nacional Mecha Martínez. La organización coloca a través de la difusión de un petitorio la denuncia como una continuación del ataque a las organizaciones piqueteras. 

 Esto inicio el mes de julio de 2024 en Gualeguaychú, cuando desde la justicia se ordenó a la gendarmería el allanamiento de 20 domicilios. En el marco de una causa iniciada a partir de denuncias en la línea 134 habilitada por el gobierno nacional para recibir denuncias vinculadas con las organizaciones, parte de la política de Milei contra el movimiento piquetero. 

 Tras esto el 11 de julio, se sucedieron múltiples allanamientos, 24 fueron a comedores de las organizaciones. Al poco tiempo el juez Armella del juzgado de Quilmes ordena a la prefectura hacer operativos en Florencio Varela, Dock Sud, Gerli, Berazategui, Villa Dominico, Quilmes, Ezpeleta y San Francisco Solano. 

 Estos allanamientos representan un ataque frontal a una serie de organizaciones en donde fueron imputados más de 40 compañeros. De organizaciones sociales como Barrios de Pie, Libres del Sur, Polo Obrero (oficial), MTR-Histórico, MTD Teresa Rodríguez y CTD Aníbal Verón. También en la ciudad de Buenos Aires con el fiscal Gerardo Pollicita, que tiene 16 acusados esperando el juicio oral tras los allanamientos en comedores del Polo Obrero, Barrios de Pie y el Fol. 

 Estás causas que están en curso, fueron dirigidas desde las primeras medidas dictadas por el gobierno de Milei, para romper las organizaciones y al movimiento piquetero. Apelando también a métodos dictatoriales contra las libertades democráticas e individuales, instalando un protocolo antipiquetes, reforzamiento del aparato represivo, con allanamientos policiales en horas de la noche con trabajo de inteligencia, con detenciones y armado de causas y una campaña mediática sobre los luchadores y sus organizaciones. 

 A esta situación se llega en primer lugar con el acompañamiento en el Congreso con los votos opositores a la Ley Bases, con la reforma laboral y jubilatoria que tienen la complicidad de las dirigencias sindicales de la CGT y CTA. Forma parte del golpe contra la Clase Obrera que lleva adelante el gobierno antiobrero para liquidar definitivamente las conquistas sociales de la clase trabajadora. En función de pagar los intereses de la deuda externa y la deuda interna, que nos condena a la extinción como si nos cayera un misil. La lucha contra gobierno antiobrero de Milei, plantea la recuperación de una estrategia política de clase, como la que ayudó a fundar el movimiento piquetero que protagonizo la rebelión popular de 2001. Que enfrento en época de Duhalde el intentó de derrotar al movimiento piquetero culminando en la masacre del Puente Pueyrredón en el 2002, a lo que siguió la política de cooptación, ahora el gobierno liberticida con la persecución y la represión a jubilados, desocupados y trabajadores nos desafía a una nueva etapa de lucha. Hoy los desocupados llegan casi al 10% de la población, en este año se perdieron 200.000 puestos de trabajos, las necesidades de los barrios desde la defensa de los comedores a la urbanización, la necesidad de viviendas y asistencia social son más urgentes que nunca. Solo existe el trabajo precario, que no alcanza para vivir dignamente. 

 Día a día se suman más sectores a la lucha por el salario y contra los despidos, esa es la perspectiva. Llamamos a enfrentar este nuevo intento de terminar con el movimiento piquetero, derrotar al gobierno antiobrero en la lucha por el trabajo bajo convenio, por la inmediata entrega de alimentos a comedores y merenderos, por el seguro al desocupado equivalente al 82% del salario igual al costo de la canasta familiar. Abajo el protocolo antipiquetes, abajo las causas armadas contra los luchadores, libertad a todos los presos por luchar.

 Eva Gutiérrez 

 17/07/2025

Homenaje a los militantes del PRT-ERP de Monte Chingolo

"Hay que organizar a lucha popular para que el pueblo no pague el estallido" / Solano en IP

Villarruel: ¿Traidora o Rebelde? Myriam Bregman en Ahora Play

300.000 nuevos desocupados bajo el gobierno de Milei

Sturzenegger miente cuando afirma que los despedidos del Estado se incorporaron en el sector privado.

 Un informe reciente sobre el mercado de trabajo registra que bajo el gobierno de Milei creció la masa de desocupados en unos 300.000 trabajadores, dando por tierra todo intento del gobierno de hacer bandera de una supuesta reactivación económica y “crecimiento del empleo”.

 El estudio fue elaborado por la Fundación Encuentro y fue opuesto como respuesta a la afirmación del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien defendió que con la eliminación de 50.000 empleo públicos se crearon nuevos puestos de trabajo en el sector privado: un relato que contrasta con la realidad. 

 Según el informe señalado, y sobre la base de las cifras aportadas por el Indec, tenemos actualmente unos 1,1 millones de desempleados: 300.000 más que en diciembre del 2023, cuando asumió Javier Milei. Cabe agregar que la mitad de estos desocupados son jóvenes, dando cuenta que el gobierno es incluso incapaz de incorporar al mercado laboral a la juventud a la que le prometió “libertad” y “prosperidad”. 

 Esta dramática situación es resultado de la política económica recesiva y de ajuste del gobierno, comenzando con los despidos en el Estado y con la reforma laboral antiobrera que ampara el trabajo no registrado y allana y abarata el camino a los despidos.

 Entre los sectores más afectados por la desocupación se destacan la construcción (18,2 %), comercio (15,6 %) y servicio doméstico (14,6 %), poniendo de manifiesto su vulnerabilidad. Tanto la construcción como las trabajadoras de casas particulares cuentan con un régimen laboral específico, que los hace plausibles de una mayor precarización y flexibilidad laboral. Algo que justamente se intenta replicar en Comercio con la incorporación en el convenio del Fondo de Cese Laboral. 

 El empeño del gobierno por reemplazar las indemnizaciones por despido por los fondos de cese tiene su respaldo en un abaratamiento de los despido y en facilidades para que las patronales puedan despedir a su antojo para maximizar ganancias. Algo que está comprobado que no solo no genera empleo sin que destruye el existente. 

 Además, el informe destaca que mientras en un primer momento parte de esta nueva masa de desocupados se volcó hacia oficios y trabajos como cuentapropistas y autónomos, actualmente se trata de un mercado saturado por la sobreabundancia de trabajadores que no logran incorporarse al mercado laboral formal. 

 El gobierno viene atacando el trabajo y los salarios, como parte de su política antiobrera en defensa de las patronales, mientras tiene en cartera profundizar la reforma laboral, llevando los fondos de cese –y con ellos la timba financiera- a todos los convenios, y subordinando las condiciones laborales y derechos a las necesidades patronales, tal como lo intentó hacer con el DNU que prácticamente anulaba el derecho a huelga de los trabajadores. 

 La tesis gubernamental de que una eliminación abrupta de derechos laborales traería aparejada un crecimiento de las contrataciones resulta totalmente desmentida por la realidad: las patronales se valen de estas reformas para despedir personal y aumentar la productividad bajo la amenaza de nuevos ceses laborales, imponiendo condiciones laborales generales a la baja. 

 El gobierno que acusa a las organizaciones piqueteras y sociales y sus dirigentes como los “gerentes de la pobreza” es el principal responsable tanto del crecimiento de los desocupados, como de su precaria situación social, con el cierre de los programas sociales y el vaciamiento de los mismos con el congelamiento de los montos, junto a la quita de los alimentos de los comedores populares. 

 Hay que derrotar la ofensiva antiobrera de Milei y su plan de ajuste, que significa cientos de miles de despidos, crecimiento de la desocupación y penurias sociales y económicas para la población. 

 Marcelo Mache

Los ciberespías de Bullrich

El gobierno refuerza el espionaje sobre la oposición.

 El gobierno nacional reforzó la política de espionaje virtual de las fuerzas de seguridad y creó una escuela de formación y capacitación de agentes encubiertos. Así, sigue avanzando en su intento de erigir un régimen totalitario para cercenar, al máximo posible, los derechos políticos y democráticos de los trabajadores, y así tener más fuerza para aplicar las reformas reaccionarias que exige la clase capitalista para salir de su crisis. 

 Patricia Bullrich está al frente de esta nueva avanzada represiva. Con la Resolución 828, se aprobó un protocolo para la actuación de agentes encubiertos y reveladores digitales pertenecientes a las fuerzas federales –Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Servicio Penitenciario Federal–, que podrán realizar actividades de inteligencia en redes sociales utilizando identidades ficticias, registradas en el Registro Nacional de Personas (Renaper). 

 Los efectivos deberán actuar bajo supervisión judicial. Una ley adoptada en 2016, durante el macrismo –cuando el Ministerio de Seguridad también estaba comandado por Bullrich–, contemplaba las figuras del agente encubierto y el revelador.

 Según esa normativa, es agente encubierto aquel funcionario de las fuerzas de seguridad que, ocultando su identidad, se infiltra en "organizaciones criminales o delictivas" o sospechosas de serlo, con el objetivo de "identificar o detener delincuentes" y "prevenir la consumación de un delito". Ahora, sus funciones se extienden al mundo de las redes sociales. 

 Los agentes usarán avatares e identidades falsas, e intervendrán en redes sociales (X, WhatsApp, Facebook). Podrán infiltrarse en chats o, como denunció María del Carmen Verdú –referente de Correpi–, "en las redes para tentar a la gente a decir cosas". En manos de un gobierno que persigue opositores, ataca periodistas y reprime la protesta social con saña, estas disposiciones suponen nuevas herramientas del régimen para reprimir y disciplinar a la población. 

 Hubo antecedentes: en octubre de 2023, la Federal detuvo a Cristian Díaz, obrero metalúrgico, por repudiar en sus redes sociales la política genocida del Estado de Israel en la Franja de Gaza. Estuvo preso hasta el 12 de marzo de 2024 y falleció el 27 de julio. 

 Supuestamente, el gobierno busca hacer frente a delitos como el "grooming, la trata de personas en línea, la pornografía infantil, el narcotráfico digital y las estafas virtuales". El mismo gobierno que encubre a los responsables de la desaparición de Loan, que ataca la ESI, que no desarticula redes de trata ni plataformas de pornografía infantil, que promueve estafas virtuales ($Libra) y que ha impulsado un blanqueo de capitales que beneficia a los capos del narconegocio. El entrenamiento de agentes encubiertos, iniciado en 2016, tenía objetivos similares. 

 Por otro lado, mediante la Resolución 829, el Ejecutivo creó el Consejo Académico para la Formación y Capacitación de Agentes Encubiertos, destinado a capacitar agentes y colaborar con la Unidad Especial de Agentes Encubiertos que está a cargo de Graciela Valeria Kowalewsky –formada en el Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa William Perry, donde se instruyen militares estadounidenses. Las capacitaciones estarán dirigidas a miembros de fuerzas federales, jueces y fiscales.

 Esa unidad especial fue denunciada como herramienta de espionaje contra organizaciones políticas y sociales. 

 El gobierno había otorgado nuevas potestades represivas a la Policía Federal y permitió a la Side perseguir y espiar a la oposición. Milei y Bullrich autorizaron a la Federal a realizar detenciones, ciberpatrullaje, espionaje y requisas sin orden judicial. Además, aumentaron un 1.800% el presupuesto para gastos reservados en Seguridad –cuyo destino es secreto. Nación ya utilizó el 90% de los gastos reservados de la Side; Inteligencia representaba el 0,14% del presupuesto en 2021 y ahora alcanza el 0,24%. 

 Milei refuerza el carácter represivo del Estado para imponer un ajuste y más ataques contra las conquistas de la clase obrera. Con la reforma laboral y jubilatoria, busca aumentar la tasa de ganancia capitalista mediante una mayor explotación de los trabajadores y el desmantelamiento del sistema previsional. A esto se suman los tarifazos y los recortes en salud y educación, que son enfrentados por cada vez más sectores del pueblo. 

 Hay que derrotar al gobierno represor y espía con la movilización popular. 

 Nazareno Suozzi