La remarcación de precios es una cuestión de poder

No hay duda de que la principal preocupación de la economía argentina, sobre todo para la mayoría de la población de bajos ingresos, es la elevada inflación, resultado del proceso de remarcación de precios, una cuestión de poder.

 Desconocemos aun el índice de octubre pasado, que puede haber terminado con una suba de precios igual o superior que la de septiembre. 

 La inflación había alcanzado un pico en el mes de julio, con un índice del 7,4%, que descendió al 7% en agosto y al 6,2% en septiembre. 

Esa curva descendente puede revertirse con el resultado que revele en los próximos días el INDEC. 

 Es un hecho que en la perspectiva del 2022 la inflación anual se acerque al 100%. No hay ingreso popular (salarios, jubilaciones o subsidios personales) que se acerque a ese nivel de evolución, expresión de la depreciación del dinero en la Argentina. 

 Muy pocos trabajadores y trabajadoras en organizaciones gremiales que han tenido capacidad de negociación colectiva para defenderse de la evolución de los precios pueden igualar o superar ese indicador 

 La mayoría de los ingresos populares fijos, sean salarios jubilaciones o planes sociales, no cubrirán de ninguna manera una canasta de precios que en promedio tiende hacia las 3 cifras, en torno al 100%. Claro, sin considerar que en ese promedio hay una cantidad de bienes y servicios que hacen a la reproducción de la vida cotidiana que crecieron por encima. 

 El problema inflacionario, insistiremos hasta el cansancio, lo sufren la mayoría de la población de menores ingresos, siendo en simultáneo un mecanismo de distribución del ingreso y de la riqueza que concentra ganancias y patrimonios en la minoría enriquecida de la población y actores económicos hegemónicos con independencia del origen del capital. 

 El que “puede”, remarca 

 ¿Quién provoca las remarcaciones de precios, el incremento que deriva en elevada inflación?

 Contestaremos con una tautología: “el que puede”. Cualquiera que este en condiciones de aumentar “puede” hacerlo, aun siendo un pequeño establecimiento comercial o industrial. Si “puede” incrementar el precio, lo hace. Enfatizo él “puede”, porque también insistiremos que la inflación es una cuestión de “poder”.

 Remarca el que puede. Vale para un pequeño establecimiento, mediano o grande, pero la realidad es que son muy pocos los que tienen la capacidad de originar el fenómeno. Esos son los grandes operadores y fijadores de precios.

 Ellos son los que en origen instalan una cadena de remarcación que se puede, de algún modo, generalizar al conjunto de la sociedad en condiciones de establecer un precio. 

 Por eso sostenemos que hay que confrontar a la inflación, o sea, al poder, y cada país la confronta en la manera que “puede”.

 Políticas antiinflacionarias 

 La corriente hegemónica del pensamiento económico (neoliberal, liberal ortodoxa, monetarista ortodoxa, se la denomine como se quiera) actúa como está actuando EEUU en este momento. La Reserva Federal (banco central) viene aumentando la tasa de interés, y anticipa que profundizará esa política monetaria si no logra bajar la tendencia alcista de los precios. 

 De lo que se trata es de enfriar la economía, restringiendo la circulación monetaria. La perspectiva es la desaceleración económica y la tendencia hacia la recesión, con las consabidas consecuencias sociales en materia de cierre de empresas, de cesantías, suspensiones y caídas de los ingresos salariales. 

 Esa es la receta liberal que se extiende en la política monetaria del orden capitalista contemporáneo. Es la receta de la corriente de política económica que gobierna hoy el capitalismo mundial: en EEUU, en Europa, o en Japón, la receta es aumentar la tasa de interés.

 Curiosamente, o no tanto, en Argentina también viene aumentando la tasa de interés. Si en EEUU apuntan a una tasa del 4%, el Banco Central de la República Argentina ha establecido tasas de política monetaria del 75% (nominal anual) o 107,5% (efectiva anual). 

 Son valores que proyectan imposibilidad de crédito para la expansión de la producción y una mejora en el empleo y la distribución del ingreso. 

 Entre los principales beneficiarios de esas elevadas tasas de interés, están los sectores especulativos, especialmente la banca, destinatarios de las LELIQ, Letras de Liquidez que emite el banco central para intentar secar la plaza y por lo tanto ir a esa política de austeridad financiera. 

 Las LELIQ prácticamente duplican la base monetaria y suponen un costo elevado a costa del conjunto de la sociedad y en beneficio de sus tenedores. 

 Pero claro, EEUU al mismo tiempo establece una legislación compensatoria, caso de la ley antiinflacionaria que apunta cuidar el empleo y la producción local, sobre todo en el sector automotriz y de las autopartes para favorecer la producción local. Eso generó la protesta de la industria de México de fuerte relación productiva y comercial con EEUU, y por supuesto de Europa, donde las automotrices europeas no pueden acompañar lo que acontece con los beneficios de la industria automotriz estadounidense. 

 Eso muestra a un estado estadounidense con poder para enfrentar al fenómeno inflacionario al modo liberal, aun a costa de sus aliados en la geopolítica global. 

 ¿Y en Argentina qué?

 En Argentina la política inflacionaria esta condicionada por el FMI, que en primer lugar pide eliminar subsidios, lo que supone aumentos de tarifas, o sea, aumento de precios, lo que impacta en la inflación.

 Al mismo tiempo, el acuerdo sustenta la cancelación de la deuda, que genera intereses cuantiosos a solventar con una acrecida recaudación tributaria.

 Convengamos que siendo el IVA la principal recaudación tributaria en el país, la inflación termina siendo funcional a los objetivos de captar recursos para hacer frente a los compromisos externos, con acreedores privados y el FMI. Se trata de un acuerdo a contramano de una política antiinflacionaria. 

 ¿Qué debiera hacer el estado argentino? Confrontar con el poder, con los que definen, en origen, el proceso de remarcación. 

 Es una cuestión política que requiere cohesión en el poder ejecutivo, que requiere un debate profundo en el poder legislativo y judicial, que demanda una fuerte articulación de las distintas esferas del poder para confrontar con los que deciden los precios. 

 Para ello se necesita un gran trabajo de consenso en el conjunto de la sociedad, en donde pareciera que ni el oficialismo ni la oposición están en condiciones de hacerlo, puesto que entre ellos se negociaron las reestructuraciones de la deuda desde 1983, recientemente ratificadas, pese a las condiciones excepcionales para denunciar el carácter odioso de la misma, incluso ante el impacto de la pandemia y ahora de la guerra en Ucrania. 

 Hace falta en Argentina una alternativa política que resuelva y decida una confrontación con el “poder”, responsable de las remarcaciones de precios y por ello, de la elevada inflación.

 Julio C. Gambina. Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP.

El ejemplo de los trabajadores de la salud

La vicepresidenta Cristina Kirchner reapareció públicamente este viernes en un acto de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), tras el atentado que sufriera a comienzos de septiembre. Lo más importante de su discurso es que respaldó al “superministro” Sergio Massa, quien capitanea el ajuste que demanda el Fondo Monetario Internacional para cumplir con las metas establecidas por el organismo financiero. Este ajuste tiene su mayor expresión en el presupuesto 2023 al que ya dio media sanción la Cámara de Diputados y que ahora discute el Senado. Pero también, en estos días hubo subas en las naftas, el gobierno estudia un decreto para frenar las altas en programas sociales, y a partir de noviembre comienzan a llegar las boletas con aumentos en la luz. 

 Con una inflación que en septiembre alcanzó el 83% interanual, los ingresos de los trabajadores y jubilados están sufriendo un verdadero “Massazo”. En este contexto de retroceso salarial y recorte en las partidas públicas, los trabajadores de la salud desarrollan una lucha emblemática. Residentes y concurrentes de la ciudad de Buenos Aires, que sostienen el sistema sanitario, iniciaron un paro por tiempo indeterminado para exigir una recomposición salarial. Los residentes cobran sueldos de miseria y están sometidos a jornadas extenuantes de labor. En el caso de los concurrentes, ni siquiera perciben un salario. La situación es igual en el resto del país. Es una muestra del desprecio de los gobiernos por la salud de la población.

 Esta semana, los residentes y concurrentes porteños realizaron cortes de calle para visibilizar su reclamo, se movilizaron junto a trabajadores del Hospital Garrahan que también están en conflicto, y con trabajadores de enfermería. El viernes, hicieron una conferencia de prensa exigiendo que los reciba el ministro de salud del distrito, Fernán Quirós, y anunciaron una nueva movilización para el martes 8. Para ese mismo día, las conducciones burocráticas de Sutecba (municipales) y la Asociación de Médicos Municipales (AMM) no han tenido más remedio que convocar a un paro de la salud, debido al alcance que ha tomado el conflicto. 

 De a poco, la mancha se esparce por el resto del país. En Córdoba, una asamblea general de residentes y concurrentes, con representación de numerosos hospitales, votó un pliego unificado de reclamos. Plantean un piso de cuatro salarios mínimos (alrededor de 230.000 pesos), ya que en la actualidad perciben cifras indignantes que van de 60 a 120 mil pesos. 

 En la provincia de Buenos Aires, en tanto, los trabajadores del Hospital Posadas lanzaron asambleas autoconvocadas para luchar por el salario y el pase a planta permanente.

 A la par de los trabajadores de la salud, el miércoles 2 una autoconvocatoria de trabajadores del gremio Luz y Fuerza marchó a la seccional Capital del sindicato. Hay un gran malestar en la base por las paritarias a la baja suscriptas por la conducción. “Che Mancuso, che Mancuso, qué tranquilo se te ve, mientras los trabajadores, no llegamos a fin de mes”, corearon los 500 trabajadores movilizados, en dedicatoria al secretario general de la organización. 

 El Polo Obrero, mientras tanto, desenvuelve plenarios regionales que calientan motores hacia un congreso nacional que tendrá lugar los días 18 y 19 de noviembre.

 La lucha es el camino para quebrar las políticas de ajuste y defender el salario. Ya lo mostraron los trabajadores del neumático, nucleados en el Sutna, que conquistaron una cláusula de garantía frente a la inflación y un aumento salarial real.

 En la perspectiva de abrir una salida política de los trabajadores, el Partido Obrero continúa con una agenda nacional de actos bajo las consignas “Fuera los políticos capitalistas. Por un movimiento popular con banderas socialistas”. Y acaba de lanzar una carta abierta proponiendo la realización de un congreso del Frente de Izquierda – Unidad abierto a los luchadores. 

 Buen domingo.

 Gustavo Montenegro

Zaiat “¿es o se hace?”

A propósito de un artículo de Alfredo Zaiat en Página 12. 

 El economista Alfredo Zaiat publicó, en Página 12, un artículo titulado “El Estado y la relación con los privados: ¿es o se hace?”, en el cual pone en discusión el rol estatal en la economía partiendo de criticar que los empresarios reclamen y reciban una intervención pública en su auxilio en momentos de crisis, pero que en tiempos de bonanza demanden “el apartamiento casi total (del Estado) en el funcionamiento de la actividad, y mucho más cuando contabiliza ganancias extraordinarias, como las anotadas en los años de la pandemia y de la guerra en Ucrania”. Parte en realidad de una premisa falsa, y llega por supuesto a una conclusión errónea. 

 Zaiat empieza cuestionando que quienes se dedican a los negocios agropecuarios, tan celosos de la intervención estatal, hayan salido a exigir beneficios para afrontar la sequía que está castigando a los cultivos en amplias zonas del país. No se opone a lo que denomina el “ATP Agro”, una subvención directa por la cual le devuelven a los empresarios el 40% de la inversión en semillas y fertilizantes, entre otros ejemplos de beneficios fiscales al sector, pero se queja de que no se haya incorporado una “contraprestación del sector privado” (como liquidar la cosecha retenida o no fugar capitales). Según él, esa sería una llave para que luego en momentos de alza el Estado perciba parte de la ganancia y pueda dirigir la economía. Lo que no quiere ver es que la cuestión no es una presencia o ausencia del Estado, sino al servicio de qué intereses interviene. 

 ¿O no han hecho fortunas los sojeros con la reciente aplicación del llamado “dólar soja”, tras un año en que se disparó el precio de las commodities fruto de la guerra en Ucrania? Zaiat solo habla de los “auxilios estatales” pero casualmente se olvidó de esta medida, que significó una transferencia extra de casi medio billón de pesos a los capitalistas del agro que acopiaron los granos para presionar por una devaluación y una baja de retenciones. No es cierto entonces que el Estado no esté presente en las épocas de bonanza. De hecho, el boom exportador bajo el gobierno de Néstor Kirchner fue estimulado por un “dólar recontraalto”, una política precisa de mantener la moneda nacional devaluada para acrecentar la rentabilidad del capital agrario (en un cuadro internacional favorable caracterizado por el llamado acople chino-norteamericano), dilapidando las divisas -para evitar que la acumulación de reservas encareciera al peso-, al punto que cuando el ciclo se revirtió Argentina volvió a caer en otra crisis de deuda y en la escasez de dólares. 

 Más todavía, este año vimos como el “Estado presente” del Frente de Todos intervino en las negociaciones paritarias del sector privado, aunque para intentar contener los reclamos salariales. Este es un punto clave a tener en cuenta cuando se habla de que las empresas incrementaron fuertemente sus márgenes de ganancia. El caso emblemático es el del Sutna, donde el gobierno desplegó todo tipo de presiones en favor de los pulpos empresarios, que si fueron derrotados por la lucha de los obreros del neumático fue gracias a la organización clasista del gremio. Lo mismo hace el Estado ante diversos conflictos, por ejemplo mediante la conciliación obligatoria para quebrar huelgas o avalando preventivos de crisis fraudulentos para legalizar los ataques de los capitalistas.

 Incluso el gobierno incide en la variación salarial con acuerdos paritarios a la baja para los trabajadores estatales, así como el monto del salario mínimo de indigencia es utilizado por las patronales del sector informal como vara de referencia para los sueldos que pagan. Es una política salarial al servicio de tensar hacia abajo la remuneración de la fuerza de trabajo. Nadie que pretenda entender cómo con este nuevo mandato peronista se hundió la participación de los salarios en la economía nacional puede ignorar este aspecto sustancial. Tal vez en este punto el paradigma es Toyota, la multinacional automotriz que contó con apoyo presidencial en persona para implementar una reforma laboral que le permitió batir récords de producción y ventas sin tener que incrementar la mano de obra, es decir, con una superexplotación de los trabajadores. 

 El propio Zaiat menciona que existen además beneficios impositivos a favor de los empresarios, como reducciones de las contribuciones patronales, devoluciones del IVA y Ganancias o los reintegros sobre exportaciones. Ya no son solo “auxilios”, sino directamente regímenes a medida de grandes multinacionales, especialmente automotrices, mineras, petroleras, entre otras. Ahora bien, antes de proponer que estos privilegios tengan alguna contraprestación, hay que preguntarse a quién le pasan la factura. El economista evita a propósito interrogarse sobre este punto, porque lo colocaría ante un callejón sin salida.

 Resulta que el Estado se financia en primer lugar confiscando el bolsillo del pueblo trabajador, que por ejemplo debe pagar gravámenes por consumir productos esenciales para vivir en los que gasta la mayor parte de sus ingresos; sin embargo a la hora de achicar el gasto público se ajusta sobre las partidas que más afectan a las familias populares como educación, salud, vivienda, asistencia social, salarios, jubilaciones. De hecho, en este último caso es directamente confiscatorio que se exima a numerosas ramas empresarias de la mayor parte de las cargas patronales, porque se paga con los aportes previsionales de los trabajadores e incide a la baja en el cálculo de la movilidad jubilatoria. Vemos que por más que Zaiat intente poner al Estado en el centro para eludir el problema de la lucha de clases, no se puede hacer abstracción de que en definitiva la economía se dirime en intereses sociales antagónicos, de los cuales el Estado no puede sustraerse en absoluto. 

 Por eso, incluso cuando la intervención estatal apunta a contrarrestar los efectos de las crisis, no estamos más que ante una política de rescate del capital socializando sus pérdidas. Agreguemos que todas las exenciones tributarias y los subsidios que reciben las empresas se otorgan a libro cerrado, sin constatar ni el estado de las cuentas patronales, ni la desinversión, ni el vaciamiento intencional, etc. El Estado respeta a rajatablas el secreto comercial capitalista, lo cual convierte en papel mojado toda negociación para que estos beneficios sean retribuidos. De nuevo, el límite es de clase: la defensa sacrosanta de la propiedad del capital sobre los medios de producción, y por ende su dominio sobre la economía. 

 Precisamente por estos motivos los recursos públicos y toda la legislación en general están sometidos a lobbies cruzados de diferentes sectores patronales. El vigente acuerdo con el FMI puso el dedo en la llaga al advertir sobre el gasto tributario, porque coloca en agenda qué ramas del propio capital también pagan parte del ajuste para cumplir con el repago de la deuda. Enorme es la vigencia de la caracterización de Marx del Estado como una “junta de negocios de los capitalistas”, porque debe arbitrar entre los intereses a menudo contrapuestos de estos -que persiguen únicamente su ganancia individual a costa de sus competidores-, pero siempre en aras de preservar el funcionamiento de la economía capitalista y en ocasiones actuar en nombre del interés colectivo de la clase explotadora por sobre esas mezquindades individuales que le son inherentes.

 Cuando más el Estado se muestra como un guardián de los intereses capitalistas es en aquellos momentos en los que utiliza el monopolio de la violencia para reprimir a los trabajadores. La represión a los mapuches en una Patagonia donde se afincan latifundios de magnates extranjeros y se promocionan negocios turísticos y de multinacionales mineras y petroleras, es el ejemplo más reciente de esto. 

 Zaiat reivindica un paper realizado por economistas del Plan Fénix de investigadores de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA en que se dice que “el rol del Estado consiste en promover el desarrollo de las fuerzas productivas y hacer efectiva una justa distribución del ingreso y la riqueza”. En una etapa histórica en la que el capital da muestras constantes de su agotamiento como régimen social, es una quimera reaccionaria. Se trata de un modo de producción que tiende a la concentración cada vez mayor de la riqueza en un polo y de la miseria en el otro, pero que además se encuentra en su fase decadente signada por recesiones y guerras. La ilusión de atenuar las contradicciones sociales mediante la intervención estatal solo apunta, en estas condiciones, contra el desarrollo de toda perspectiva revolucionaria de terminar con el capitalismo. 

 Solo un gobierno de trabajadores podrá terminar con el parasitismo capitalista y desarrollar verdaderamente las fuerzas productivas del país.

 Iván Hirsch

El pájaro y la jaula (a propósito de la compra de Twitter)

El futuro de la civilización en manos de los monopolios. 

 Tras la reciente compra de Twitter, Elon Musk declaró que lo hizo “porque es importante para el futuro de la civilización tener una plaza pública digital”. Parecería que la imaginación de sociedades utópicas ha quedado capturada por una elite de millonarios que cada mañana presenta un futuro donde la inteligencia artificial nos relevará del trabajo o, en una escala de mayor alcance, nos auguran una vida próspera y feliz en colonias extraplanetarias. De la ciencia ficción toman su lenguaje, los escenarios y hasta los caracteres para percibirse como protagonistas heroicos de alguna saga futurista.

 En un artículo publicado en The New York Times (7/11/2021), Jill Lepore recordaba el tributo de Jeff Bezos a William Shatner, el célebre Capitán Kirk, a quien llevó a pasear por el espacio como si quisiera recrear una aventura de Star Trek. El concepto de “metaverso” que populariza Mark Zuckerberg apareció por primera vez en Snow Crash (1992), una novela del escocés Neal Stephenson. Musk se autopercibe como “un anarquista utópico como los que de manera atinada describe Iaian Banks”. 

 Importa poco que Banks escriba ficción para denunciar un capitalismo voraz y codicioso. Tampoco que el escritor sea un simpatizante de izquierda, militante de la independencia de Escocia y uno de los intelectuales que denunciara al entonces ministro Tony Blair cuando embarcó a Gran Bretaña en la guerra contra Irak. La autora dice que estos tecnobillonarios “han leído mal la ciencia ficción”. O mejor, que apelan al género como coartada. Anuncian misiones rimbombantes: salvar el planeta o conectar a toda la humanidad para mejor disimular sus intereses terrenales. También para inflar las expectativas en torno a cada negocio que abren. Lepore denomina “muskismo” a esa forma de “capitalismo extremo y extraterrestre, donde los precios de las acciones se rigen menos por las ganancias que por las fantasías de la ciencia ficción”.

 Puras especulaciones 

Hubo varios capítulos antes de que se pudiera concretar la compra. En los primeros días de abril adquirió el 9,2% de las acciones y poco después lanzó una oferta por la empresa por 44 mil millones de dólares. Luego, tras denunciar que la empresa estaba inflada (sobraban cuentas falsas), amenazó con cancelar la operación. La Junta Directiva de Twitter le inició una demanda para exigir el cumplimiento del acuerdo y, dos días antes de que se iniciara el juicio, Musk ratificó la compra. 

 En un mercado acostumbrado al movimiento de cifras siderales de dólares –esto es, dominado por la especulación del capital financiero-, la mayoría de los comentaristas coincide en que el precio final de Twitter está completamente sobrevalorado y que su modelo de negocios es bastante menos rentable que el de otros tanques –Facebook, Google- que se llevan toda la torta publicitaria o como Twitch -embolsada en 2014 por Jeff Bezos- que tiene más del doble de usuarios. Entonces, ¿qué explica la compra agónica? Acá también sobran las especulaciones. Analicemos tres. 

 Si tomamos en serio sus declaraciones, Musk compra Twitter para llevar adelante una lucha política: uno de sus primeros mensajes ya como dueño de Twitter rezaba “The bird is freed”. Desde que la cuenta de Trump fue cancelada de manera permanente, la derecha estadounidense mantiene una furiosa campaña para denunciar la censura y el sesgo progresista que habría asumido la red. Al mismo tiempo promueve la creación de redes y plataformas alternativas. 

 A mediados de octubre, el rapero Kanye West, quien había sido vetado en Twitter por sus comentarios racistas, compraba Parler, una de las redes que controla la derecha. Trump, por su parte, le deseo éxitos a Musk en su nuevo emprendimiento, pero declaró que seguiría en Truth Social, que forma parte de su emporio Trump Media & Technology Group (TMTG). En su lanzamiento, Trump declaró que buscaba “crear un rival del consorcio de medios progresistas” y “luchar contra las grandes tecnológicas de Silicon Valley, que han usado su poder unilateral para oponerse a voces en Estados Unidos” (El País, 21/02). La confrontación contra lo que denominan izquierda de Silicon Valley forma parte también del discurso de Rumble, una plataforma de video donde circulan las más disparatadas teorías conspirativas, que tiene entre sus principales inversores a Peter Thiel, un megamillonario y publicista libertario, accionista de Facebook, quien en 1998 crearía PayPal, junto a Musk y otros tantos jóvenes pioneros, luego devenidos en propietarios de fondos de inversión, que pasarían a ser recordados con el nombre de la “Mafia PayPal”. 

 La segunda: ya antes de entrar en Twitter, Musk había manifestado su interés por lanzar una superaplicación, al estilo de la china WeChat, bautizada X (la empresa que creó para comprar Twitter se llama XHoldings), que tendría entre sus principales funciones: enviar mensajes, realizar llamadas gratis, pagar servicios o enviar de dinero, solicitar asistencia médica o jugar online. Todo esto lo podría haber empezado desde cero, pero la adquisición de Twitter “ayudaría a acelerar eso en tres a cinco años. Así que es algo que pensé que sería bastante útil durante un largo tiempo. Sé lo que hay que hacer” (Los Angeles Times, 16/10). 

 Una tercera explicación la arrojó Jeff Bezos. En un tuit se preguntaba: “¿El gobierno chino ganó un poco de influencia sobre la plaza del pueblo?” (Ámbito, 26/04). La sospecha asociaba los intereses de Musk en China -el segundo mercado más grande de Tesla y su principal proveedor de baterías en el mundo- con la compra de Twitter que está bloqueada en aquel país, pero que, a partir ahora y por mediación de Musk, podría ser reactivada. Para bajarle el precio a esa suposición conspirativa, que igual dejaba planteada, Bezos se respondería a sí mismo: “posiblemente no” (ídem).

 Absolutismos

 Desde la compra de la nueva aplicación, Musk no ha dejado de tuitear, replicar, realizar juegos de palabras, lanzar encuestas, desafiar a sus seguidores, polemizar con famosos por el costo mensual que quiere imponer para validar las cuentas. En fin, se divierte. En esos intercambios se ha definido como “un absolutista de la libertad de expresión”, pero en poco más de una semana lo que ratificó es otro tipo de absolutismo: el patronal. Sus antecedentes ya lo condenaban: desde 2017 se han multiplicado las denuncias en su contra por impedir la sindicalización en Tesla, por perseguir a los trabajadores que se animaban a hacer públicas denuncias laborales o, en tiempos de pandemia, por amenazar con el despido a quienes se negaran a trabajar de manera presencial en sus empresas.

 Después de haber desmentido todas las denuncias que anticipaban los despidos en la empresa, que tiene 7.500 empleados, tuiteó: “Con respecto a la reducción de la fuerza laboral de Twitter, desafortunadamente no hay otra opción cuando la empresa está perdiendo más de $4 millones por día” (4/11/22). Hasta el mecanismo elegido para comunicarlo fue perverso: los trabajadores recibieron un mail el jueves por la noche para anunciarles que a primera hora del día siguiente encontrarían un mail donde se definiría cuál sería “su rol en Twitter”, si es que le confirmaban alguno. Según las primeras noticias, más de tres mil trabajadores fueron despedidos. 

 Pero Musk no está solo. La crisis de todo el sector tecnológico, que apenas disimulan los megamillonarios pases de mano en la última década, amenaza con “despidos masivos sin precedentes” (Hardzone, 27/10). Amazon ya recortó 100.000 puestos de trabajo en agosto y sigue planeando nuevos despidos; Meta anunció un ajuste del 10% de su planta; Microsoft, de 1.000 trabajadores; Intel hasta el 20% de su personal; Seagate (fabricante de discos duros), 3.000 trabajadores; Google pausó nuevas contrataciones y ha exigido a parte de sus empleados que busquen otros trabajos. 

 Al final del cuento, los gigantes tecnológicos nos muestran el único futuro civilizatorio que nos pueden ofrecer. 

 Santiago Gándara

"Para tener ley de humedales, hay que reforzar la movilización en las calles" // Romina Del Plá

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Brasil: ¿Cómo derrotar al bolsonarismo?

Brasil: abajo las movilizaciones y amenazas golpistas

Urge la intervención obrera. 

 Desde el domingo por la noche, el bolsonarismo se ha volcado a la desestabilización política de Brasil. Bolsonaro ha evitado reconocer explícitamente el triunfo de Lula en el balotaje del domingo. La desautorización de Bolsonaro de los piquetes camioneros, señalando que los bloqueos “perjudican el derecho de ir y venir” y a la economía, solo anticipó la “bienvenida” que el presidente en funciones les otorgó a las manifestaciones bolsonaristas, que desconocen los resultados electorales y reclaman la intervención federal. Las protestas se desarrollan en las puertas de los cuarteles generales del Ejército en Río de Janeiro, São Paulo, Brasilia y otras ciudades de siete Estados. 

 Es cierto que el imperialismo norteamericano, con Biden a la cabeza, los exponentes de las principales potencias europeas y los gobiernos latinoamericanos reconocieron el triunfo de Lula. También es cierto que Hamilton Mourão, el actual vice, que mantiene un peso importante en el Ejército, ha puesto en marcha formalmente la transición establecida por la constitución para la asunción de Lula el próximo 1° de enero. De hecho, el mismísimo Bolsonaro ha prestado su conformidad con la transición y, en el día de hoy, esta se ha puesto en marcha con la integración del vice electo Geraldo Alckmin a un organismo conjunto con Ciro Nogueira (el actual ministro de la Casa Civil de la presidencia).

 ¿A qué obedecen entonces estas movilizaciones bolsonaristas con consignas golpistas? No se nos puede escapar que es el propio Bolsonaro el responsable de toda esta movida. Antes del balotaje, Bolsonaro sembró dudas sobre las urnas electrónicas y denunció que los medios de comunicación y el Tribunal Superior Electoral estaban contra él. Esta campaña y el crecimiento electoral de Bolsonaro entre la primera ronda y el balotaje terminaron por darle aire a las manifestaciones bolsonaristas de corte golpistas y fachistoides.

 Con lentitud se han ido levantando los cortes de ruta, que pasaron de más de 600 a unos 160. Pero las movilizaciones derechistas han sido reorientadas hacia las puertas de los cuarteles reclamando la intervención del Ejército y la “intervención federal”, que apunta a desconocer el resultado electoral que dio ganador a Lula y el Frente de la Esperanza. En San Miguel Oeste (Santa Catarina) una movilización se dirigió hacia el cuartel general con el saludo nazi. La sede del Comité de Lucha Popular en Pontal do Paraná fue objeto de un atentado en la noche del lunes. Es necesario recordar que el gobierno de Bolsonaro se apoya -como su bloque parlamentario lo indica- en la alianza del Buey (la burguesía agraria), la bala (el Ejército) y la biblia (la Iglesia Evangelista). 

 El golpismo no debe ser menospreciado. Incluso un fracaso de la tentativa golpista no habrá pasado en vano si no es debidamente enfrentado por una masiva y sólida movilización obrera y popular. Pues la asonada golpista habrá cumplido el cometido de condicionar todo el proceso político futuro, avanzando con mayores concesiones para la reacción política. Fue lo que se puso en evidencia en la propia campaña electoral donde el cuadro de desmovilización de los trabajadores, impuesto por la burocracia de la CUT, fue el terreno en el que se procesaron las innumerables concesiones a la derecha de parte de Lula. Lula ha hecho un mérito de su entrega de las calles a la derecha, alentando así al monstruo fascistizante. 

 A la movilización bolsonarista es necesario oponerle la movilización obrera y popular, para asestarle un revés decisivo al golpismo reaccionario y defender los resultados electorales. Esto no significa brindarle algún apoyo al próximo gobierno de Lula, que bajo la tutela del imperialismo norteamericano se prepara para ejecutar nuevos ajustes contra el pueblo brasileño. Se trata de desarrollar una política antagónica a la que practica hoy la CUT y las organizaciones obreras que, bajo la dirección de Lula y el PT, mantienen a los trabajadores en la completa parálisis y se limitan a saludar la “dura y firme decisión del STF (Supremo Tribunal Federal) contra el motín”. 

 Urge la intervención obrera y popular de masas y, junto con ello, poner en pie comités obreros de autodefensa para defender los barrios y las organizaciones obreras y aplastar a las bandas fascistas. 

 Pablo Giachello

La guerra en vísperas del invierno europeo

El riesgo de una guerra nuclear está más latente que nunca. 

Está a la vista que la guerra en Ucrania se está agravando. Estados Unidos acaba de movilizar su legendaria División 101. A este hecho hay que darle la importancia que se merece. Ha vuelto a hacer pie en Europa, tras su intervención en la Segunda Guerra Mundial. Estos efectivos militares se encuentran ahora en Rumania. Es una primera brigada de la fuerza de elite norteamericana que es el corazón de las unidades estratégicas del Ejército de Estados Unidos. Son 4.700 paracaidistas que se han desplegado en pocas horas y sus vanguardias se encuentran a solo cuatro kilómetros de la frontera con Ucrania.

 Se trata de una movida muy fuerte porque la 101 es una división operativa de pronta intervención. En caso de que esto se consumara, estaríamos ante un gran salto de la guerra pues implica la intervención directa de las fuerzas estadounidenses, lo que llevaría a una generalización del conflicto y al peligro de una conflagración mundial.

 Escalada y amenaza de guerra nuclear 

Se ha puesto énfasis en que la presencia estadounidense obedece al peligro de una nueva ofensiva de Rusia sobre Kiev, que estaría insinuándose en la acumulación de tropas rusas y bielorrusas en territorio de Bielorrusia. De todos modos, parece bastante poco consistente esta hipótesis cuando Moscú fracasó en este propósito, lo cual lo obligó a replegarse y concentrar su campaña militar en las regiones fronterizas de Ucrania con Rusia. Resulta improbable una nueva aventura militar en momentos en que en el teatro de operaciones las tropas rusas no avanzan sino que retroceden en el este y también en el sur. Los efectivos militares no pueden defender el territorio en que acaba de celebrarse el plebiscito de anexión y hay un éxodo de población civil en medio del avance de las tropas ucranianas. 

 Lo cierto es que con el correr de los meses, con el empantanamiento y vulnerabilidad que se viene registrando de las fuerzas militares rusas y en especial con el éxito de la contraofensiva ucraniana, las potencias de la Otan y, en primer lugar Estados Unidos, ven la oportunidad de asestarle un golpe serio a Rusia, lo que incluye provocar una alteración del régimen político. Confirma que las declaraciones de Biden al inicio del conflicto planteando la necesidad de voltear a Putin estaban lejos de ser un exabrupto. En los planes del Pentágono y la administración norteamericana, Rusia y China, y en especial esta última, son exhibidos como los enemigos estratégicos principales. El imperialismo pretende forzar un cambio del tablero mundial. Un desenlace favorable contra Rusia es un tiro por elevación contra el gigante asiático, en momentos en que en Asia asistimos a un salto en la escalada militar, diplomática y económica articulada desde Washington y que apunta sus cañones contra China.

 En este contexto, no debe sorprender que sea Zelensky quien se niega a abrir una negociación, dándole la espalda a los ofrecimientos de Putin en la materia. El líder ucraniano, sin embargo, no actúa solo sino en consulta permanente con Washington. El gobierno ucraniano ha señalado que un arreglo no solo pasa por la devolución de los territorios recientemente ocupados sino también de Crimea. 

 La línea que prevalece es un reforzamiento de la escalada y patear cualquier arreglo. El desembarco yanqui se suma al desplazamiento de 100.000 hombres de la llamada fuerza rápida de la Otan en las fronteras de Europa del Este con Rusia. Y a la nueva entrega de armamento, empezando por los temibles misiles Himars que podrían hacer blanco en territorio ruso más allá de las fronteras. A la par de eso, está en discusión el suministro por parte de Francia de aviones de combate, que podría neutralizar la superioridad aérea que tiene Rusia y provocar un vuelco sensible de la guerra. Merece ser seguido con atención el atentado contra el puente Kerch que une Rusia con Crimea, pues es un aviso de que el teatro de operaciones puede extenderse. Entretanto, la ofensiva ucraniana tiene como prioridad avanzar en el sur y se concentra, en especial, sobre la estratégica localidad de Jerson. Su reconquista quebraría la principal vía de comunicación y abastecimiento entre los territorios del sur y el este ucraniano ocupados y aislaría Crimea. Y permitiría seguir preservando el control de Odesa, el principal puerto ucraniano, evitando su caída en manos rusas. Aunque para eso deberá doblegar al Ejército ruso, que viene concentrando sus fuerzas en Jerson y se prepara para resistir. La ofensiva ucraniana no será un paseo y augura un baño de sangre. 

 La respuesta de Moscú ha sido el lanzamiento masivo de los drones kamikazes iraníes, aprovechando que uno de los puntos débiles de Ucrania es la falta de un adecuado escudo antimisiles capaz de neutralizarlos. Estos ataques vienen destruyendo parte de las instalaciones eléctricas ucranianas y dejando a oscuras a la población, y, de un modo general, hacen destrozos y perjudican ante todo a los civiles pero no modifican la situación militar en los campos de batalla.

 El reclutamiento dispuesto por el Kremlin para reforzar el frente reveló falencias en las condiciones de alojamiento, de entrenamiento y combate. “Videos en medios sociales rusos mostraban a hombres reclutados que se quejaban de acuartelamientos abarrotados y sucios, retretes que rebosaban de desperdicios y falta de comida y medicamentos. En algunos, los hombres enseñaban armas oxidadas” (La Nación, 27/10). 

 El decreto de Putin de movilización parcial no detallaba los criterios del reclutamiento ni decía cuántos habría. Las protestas contra la leva han sido reprimidas con dureza y decenas de miles de hombres huyeron de Rusia a países vecinos para evitar alistarse. “Hay abundantes reportes de citaciones entregadas a personas sin experiencia militar. La policía dio el alto a hombres en las calles de Moscú y otras ciudades, o hizo redadas en hostales para detener a huéspedes en edad de combatir. A menudo, las oficinas de reclutamiento se saltaban las revisiones médicas obligatorias. 

 La acelerada llamada a filas difícilmente logrará otra cosa que ‘hacer más lentos los avances’ de las tropas ucranianas en la guerra iniciada hace ocho meses, según dijo en una entrevista el analista militar y profesor visitante en la Fletcher School de la Universidad Tufts, Pavel Luzin. Moscú simplemente está ‘prolongando la agonía’ en Ucrania, señaló también Luzin (ídem). 

 En este marco, el riesgo de una guerra nuclear está más latente que nunca. Putin dejó abierta las puertas del uso de bombas nucleares tácticas. Moscú viene de realizar maniobras militares que incluyen el lanzamiento de misiles en calidad de advertencia ante una presunta agresión al país. Los medios de comunicación occidentales pretenden colocar como responsable al Kremlin pero lo cierto es que en la vereda de enfrente ya se viene implementando en estas últimas décadas un verdadero cerco militar contra Rusia que incluye el despliegue de armas atómicas. Polonia ha pedido instalar en su territorio ojivas nucleares. De conjunto, la Otan va a realizar en estos días su propio simulacro de respuesta frente a un ataque nuclear. Agreguemos que la distinción que se hace con la denominación de armas nucleares “tácticas” es relativamente caprichosa si tenemos en cuenta que bajo ese paraguas se incluyen bombas de entre 10 y 100 kilotones, cuando las bombas de Hiroshima y Nagasaki eran de 15 y 21 kilotones, respectivamente.

 Nadie queda indemne 

La guerra está dejando sus huellas en Rusia. El fracaso y la prolongación de la guerra han abierto una deliberación que ha empezado a colarse en la población, y que empezó a hacerse más masiva con motivo del reclutamiento. Putin se empeñó en encapsular la guerra y evitar que la misma perturbara la vida normal del país pero eso se hizo imposible con el correr del tiempo y los reveses militares. Los avatares de la guerra han empezado también a tener una traducción en las tensiones en los círculos del poder. Quienes llevan la batuta de las críticas son los halcones del régimen, o sea, los sectores más nacionalistas de derecha, que exigen mayor dureza y que han concentrado sus cuestionamientos en los militares al frente de la invasión, lo que ha desembocado en sucesivos descabezamientos, aunque hasta el presente no ha logrado revertir el curso de la guerra. Putin todavía conserva los hilos del poder pero su capital político se ha deteriorado. Entretanto, la economía rusa está en la cuerda floja. El PBI está en retroceso y las sanciones están haciendo su trabajo de topo, lo cual hace que Rusia no esté en condiciones de reponer el armamento perdido en la guerra. Esta carencia no puede ser sustituida desde el exterior. A pesar de las muestras de amistad recíproca, China se ha cuidado muy bien de no romper con el cerco impuesto por Occidente y no suministrar armamento a Moscú. Putin está relativamente aislado internacionalmente. 

 En el otro extremo, las potencias occidentales tampoco han quedado indemnes. Se aproxima el invierno europeo y esto complica todos los planes de la guerra, pues el clima torna prácticamente imposible la circulación de los tanques y vehículos militares. Pero además la llegada del invierno está llamada a llevar hasta el extremo la catástrofe energética que enfrenta Europa y que potencia la crisis capitalista que ya se venía abriendo paso antes de la guerra. Hoy estamos frente a un coctel explosivo, pues a la inflación récord que está haciendo estragos en el bolsillo popular se le unen las tendencias a una recesión, con cierres, relocalización de empresas y despidos. Esto ha dado lugar a lo que se ha pasado a denominar la “ira europea”, una reacción popular creciente que se observa en el no pago y ruptura de boletas correspondientes a los servicios, hasta en manifestaciones callejeras contra el aumento de los precios de los alimentos y de la energía. Esto va de la mano de una creciente conflictividad laboral, con una ola de huelgas que viene creciendo en Alemania, Francia y Gran Bretaña. Esto se está llevando puestos a los gobiernos de Europa que son los que impulsaron la escalada en curso de la Otan. 

 Tampoco escapa EEUU a este panorama. El descontento se apodera de la población estadounidense, expuesta a un aumento de precios imparable que está horadando las condiciones de vida del pueblo. En este contexto, Biden corre el riesgo de perder las elecciones de medio término y que los republicanos tomen el control de la Cámara de Diputados y mantengan su mayoría en el Senado. Importa señalar que los demócratas fueron más lejos que sus predecesores en la guerra comercial con China y en general en las tendencias guerreristas. El primer y gran instigador de la guerra es el propio Biden, quien es el que está empeñado en continuar la guerra, aunque los costos y la sangría que provoca están a la vista. El cálculo de la gestión demócrata es que un éxito internacional le permitiría remontar el deterioro político del gobierno, que viene a los tumbos y cuya popularidad venía decreciendo. La apuesta de la guerra, sin embargo, se está volviendo un búmeran y los republicanos no se están privando de explotarlo demagógicamente. Quien estaría llamado presidir la Cámara de Diputados, en caso de que ganen los republicanos, acaba de plantear que su bancada impulsaría suprimir la ayuda a Ucrania con el argumento de que los recursos con los que cuenta la nación deben destinarse prioritariamente a satisfacer las necesidades de los estadounidenses. Habrá que ver hasta qué punto incide en la opinión popular esta prédica en medio de las penurias que están afectando al pueblo norteamericano. 

 Al mismo tiempo, viene al caso señalar que la escalada en curso ha sido concebida como un arma de EEUU para alinear a las otras potencias capitalistas detrás de sí y recuperar su liderazgo en franca declinación en Occidente. Por más que la Otan, que estaba haciendo aguas, se haya vuelto a revitalizar bajo la impronta norteamericana, esta circunstancia está lejos de homogenizar al imperialismo y las tensiones están a flor de piel. La pretensión yanqui es someter política y económicamente a Europa bajo su tutela. La guerra en curso le viene como anillo al dedo para cortar la dependencia energética de Europa con Rusia y facilitar el desembarco y la penetración de las petroleras norteamericanas en el viejo continente. Diferentes fuentes, entre ellas la de un hombre del establishment internacional como el economista Jeffrey Sachs, acusan a EEUU como autor del reciente atentado contra el gaseoducto Nordstream. La competencia comercial no se ha detenido bajo Biden. A la guerra comercial se le ha unido la guerra monetaria, con el aumento de la tasa de interés estadounidense y la emergencia del súper dólar que viene actuando como una aspiradora de los capitales de todo el mundo, incluidos los de países europeos.

 Final 

La guerra es la expresión extrema de la putrefacción de un sistema social. A los padecimientos inauditos que está sufriendo la humanidad se une la amenaza a su supervivencia. Llamamos a impulsar una acción internacional de los trabajadores. Las consignas del momento son: guerra a la guerra, abajo la Otan, Putin y los gobiernos responsables de la guerra. Por gobiernos de trabajadores. Por la unidad socialista de Europa y de todos los pueblos del mundo. 

 Pablo Heller

Ucrania reclama a Israel el envío de armas avanzadas

Ucrania ha emplazado nuevamente a Israel a brindarle apoyo armamentístico y cumplir las sanciones contra Rusia.

 Luego de que se confirmara la venta de drones iraníes a Rusia, Ucrania pidió a través de su embajador en Tel Aviv, Yevgen Korniychuk, que Israel le envíe una serie de armamentos de alta tecnología, entre ellos, antimisiles. Formalmente Israel sólo ha cooperado con un sistema de comunicación de alerta para la población ante bombardeos rusos. Aunque, de manera informal y a través de Polonia, le ha hecho llegar un sistema antidrones. El Ministerio de Defensa israelí colocó una orden de prohibición de venta directa de armas avanzadas a Ucrania. Sin embargo, nada les impidió venderlas a Varsovia, pese a que fuera un hecho que serían enviadas al frente de guerra. 

 Además, Korniychuk ha llamado a Israel a intervenir directamente en la guerra. Lo hizo alertando los alcances que pueden significar para Medio Oriente que Rusia ayude a Irán con el desarrollo de su programa nuclear. Empresas como Israel Aeropostale Industries siguen de cerca la posibilidad de vender armas avanzadas a Ucrania. Sin embargo, Tel Aviv ha sido cauteloso hasta ahora porque es una decisión que podría tener costos en Medio Oriente. 

 Israel mantiene una serie de acuerdos con Moscú para tener vía libre para atacar la actividad militar de Irán en Siria. De hecho, recientemente Israel realizó tres ataques aéreos contra Damasco en tan sólo una semana. Todo con aviso y acuerdo con Rusia. Involucrarse directamente con Ucrania podría significar el fin de ese acuerdo y, eventualmente, un cambio en las posiciones rusas e iraníes en terreno sirio. El embajador ruso en Israel advirtió que el envío de armas desde Israel a Ucrania será considerado como un acto hostil contra Rusia.

 Respecto de las sanciones, EEUU le ha pedido a Israel que sea riguroso en el cumplimiento de los paquetes de sanciones contra Rusia, puesto que el Estado sionista no cuenta con una legislación específica que vehiculice esos vetos financieros a Moscú. 

 Israel además tiene abierto su propio frente militar en los territorios ocupados. Durante el último mes, hubo una escalada en la lucha popular en Cisjordania ocupada. Los luchadores palestinos en Cisjordania organizaron una huelga general en respuesta a los más de 180 asesinatos que ha perpetrado el Estado sionista en lo que va del año. También en la ciudad de Hebrón se realizó una huelga general el pasado fin de semana. 

 Las movilizaciones de resistencia palestina tensionan al Estado de Israel que enfrenta su propia crisis política luego de las elecciones parlamentarias del martes pasado -la quinta elección luego de que el parlamento votara su disolución, cuatro veces en apenas cuatro años. Tel Aviv resolvió el cierre de los pasos fronterizos con Gaza y Cisjordania ocupada durante toda la jornada electoral. 

 Las huelgas y multitudinarias movilizaciones de resistencia palestina organizadas en Cisjordania y Gaza (y que los medios de comunicación oficiales se empeñan en esconder) tienen un alcance histórico. Como se ve, las potencias continentales e imperialistas avanzan hacia las trincheras de la guerra mundial al mismo tiempo que se abren las de las guerras civiles.

Javiera Sarraz

03/11/2022

Juicio de Vialidad: el tramo final

La causa de Vialidad que ya lleva 3 años se apresta a concluir, al menos en lo referido a la primera instancia judicial. Al pedido de condena de los fiscales a 12 años de prisión para CFK por jefa de asociación ilícita agravada y administración fraudulenta agravada, se le agregan el resto de los 13 acusados, entre ellos los 12 años pedidos para Lázaro Báez, 10 para Julio De Vido, José López y el ex titular de Vialidad Nacional, Nelson Periotti.

 El último de los abogados en exponer su defensa fue Miguel Arce, en representación de los exdirectores de Vialidad Santa Cruz, Juan Carlos Villafañe y Raúl Santibáñez. Reiteró buena parte de los argumentos ya expuestos por otras defensas. Que los atrasos de las obras son similares a los del resto del país, que los “anticipos financieros” no eran un perjuicio sino un beneficio para el Estado, que las empresas de Lázaro Báez tenían, por su ubicación, una ventaja competitiva para la realización de las obras y centralmente que las licitaciones no fueron cuestionadas por toda una cantidad de instancias estatales de control. Para la fiscalía esos organismos se encuentran “parasitados” por el gobierno de turno lo que explicaría la falla en los controles. Las defensas señalan que en los organismos “parasitados” habría que incluir la auditoria de Vialidad a cargo de Macri y el propio Congreso Nacional que aprobó el conjunto de las obras. En el caso del funcionario Santibañez se destacó que el pertenecía al gobierno de Peralta, el ex gobernador de Santa Cruz enfrentado en ese momento a los K.

 ¿Nulidad? 

De todas formas, el centro de la estrategia de las defensas es el cuestionamiento al desarrollo del juicio, a los propios jueces y por consiguiente varios pedidos de nulidad. Todos estos pedidos deberán ser respondidos por la fiscalía dentro de los próximos 15 días y con posterioridad resueltos por el tribunal. En esos pedidos se incluyen supuestas escuchas ilegales a Lázaro Báez en Ezeiza, que ya existe “cosa juzgada” por la justicia provincial santacruceña, que descartó el delito y todo un capítulo referido a la introducción “irregular” de los mensajes de López como pruebas provenientes de otras causas. También se señaló que se introdujo una declaración de López en la causa “Cuadernos” que podría encerrar privilegios para el exfuncionario. De los 13 acusados José López es el único que no cuenta con el respaldo de los medios K, que aseguran que es un corrupto (“traidor”). 

 El 14 de noviembre los fiscales deben responder estos pedidos de nulidad, limitados a esos puntos señalados. Luego se abre la posibilidad de réplicas de los fiscales a todo lo dicho por las defensas. Si hay réplicas por lo tanto existirán las duplicas, que es otra ronda permitida a las defensas. Las “palabras finales” corresponden a los acusados antes del veredicto lo que permite una nueva posibilidad para Cristina de utilizar la tribuna. 

 Las especulaciones sobre el fallo del tribunal son variadas, aunque todas se encaminan a algún tipo de condena. Cristina podría ser condenada por administración fraudulenta y absuelta por asociación ilícita. Según La Nación, el tribunal se prepara para condenarla por ambas. El desenlace próximo de esta primera instancia del juicio transcurre en medio de una disgregación política en ambos lados de la grieta mientras se exige desde el FMI y la embajada yanqui una “gran coalición” entre todos ellos. La probable condena a la vicepresidenta iniciaría la campaña electoral del 2023 y todavía quedarán las otras instancias hasta llegar a la Corte.

 Federico Fernández 

 03/11/2022

Massa-De Pedro: la receta brasileña de Cristina Kirchner

Es un lugar común leer que el kirchnerismo ve en la victoria de Lula el espejo de su propio futuro electoral. ¿Pero de qué se trata exactamente este espejismo?

 Los simpatizantes de Lula atribuyen su triunfo ante Bolsonaro a la integración de toda la derecha liberal a su coalición política, Brasil Esperanza –a la que adhirió también la izquierda que se agrupa en el PSOL. Esta interpretación a la medida de los interesados esconde otra cara de la misma moneda: que esa derecha, huérfana definitiva de representatividad popular, se tuvo que ocultar detrás de la figura de un exlíder sindical con capacidad todavía de hacer valer el recuerdo de su pasado.

 De acuerdo a lo que los brasileños llaman “el efecto Orloff”, que asegura que la resaca de uno de los dos países se transfiere al otro, Cristina Kirchner ha decidido emprender el mismo camino bajo el emblema “Massa Presidente”. Como lo hemos caracterizado en ediciones anteriores de Política Obrera y en varias charlas en los últimos días, la vicepresidenta imagina un triunfo electoral en octubre próximo bajo la insignia del llamado “superministro”. Massa, con visión de futuro, ya incorporó a la derecha liberal a su ministerio, su vice Gabriel Rubinstein –un notorio antikirchnerista. Anticipándose a una gestión ‘exitosa’ de Massa, que por ahora sólo prevé la Cámpora, Cristina impulsa la fórmula Massa-De Pedro, según informa Pablo de León en Clarín. La candidatura a la gobernación de Buenos Aires se presenta peleada entre Kicillof e Insaurralde, pero los fueros de senadora están reservados para CFK. Massa respondió a la oferta en forma positiva, aunque curiosa: dijo que sus aspiraciones presidenciales recién empiezan en 2027, y en seguida se pronunció por suspender las PASO, como propone Cristina Fernández. 

 Para completar la ruta seguida por Lula hace falta un paso más –una coalición con la ‘derecha liberal’, representada por JxC. Pero esto fue lo que consiguió precisamente Massa en el Congreso cuando esa derecha le votó el Presupuesto del FMI. En caso de ganar los comicios, Massa invitaría a los deshechos de JxC a un gobierno de coalición. Gerardo Morales, seguido de otra tanda de radicales, debería dar el presente –lo mismo con algunos sectores del Pro. Es lo que acaba de hacer Lula, que designó a su rival electoral, Simone Tebet, de Brasil para Todos, a asumir el ministerio de Educación, en su título de católica contraria al derecho al aborto. O lo que hará en poco tiempo más cuando anuncie a un banquero o protobanquero para Economía. Así como Lula superó el veto del ‘establishment’ brasileño al nombrar como candidato a vice al ex golpista Gerardo Alckmin, CFK supone que logrará lo mismo con el aval al ministro bendecido por los fondos internacionales. Este bloque improvisado ya inició gestiones para que no se incomode judicialmente a Cristina Kirchner a lo largo de 2023. Este ajetreo es bastante mejor que el que obtuvo Lula, que llegó a la Presidencia después de 500 días preso. 

 El llamado a una coalición capitalista fue reiteradamente reclamado por el embajador norteamericano, advertido, quizás, del derrumbe que viene sufriendo el régimen político de su propio país. La convocatoria fue retomada por el “Círculo Rojo” en la reunión empresaria de Idea. El kircherismo ha recogido el mensaje con más decisión que las llamadas ‘palomas’ del macrismo. 

 Pero como ocurre con tantas otras cosas, el “efecto Orloff” tiene también sus límites. Una reunión de FIEL, la entidad que asesora a la Unión Industrial, concluyó que “un (tipo) de cambio competitivo” sería insuficiente para corregir la crisis cambiaria: que Argentina, “para atraer inversiones (...) tiene que ser cada vez más barata” (Clarín, 3/11). O sea que se necesita una mega devaluación para deprimir aún más los salarios y las materias primas que no se exportan. “No hay margen político para el gradualismo”, sentenciaron. En Brasil, los capitalistas opinan lo mismo para su economía, pero la diferencia de grado es considerable. Como sea, las candidaturas que trafican los políticos corrientes enfrentan un viento de frente poderoso, como la prensa denomina a una imparable crisis financiera, sanitaria y militar. 

 Lo que se ven son maniobras políticas propias de un fin de régimen. Es una advertencia fundamental para los trabajadores más militantes. 

 Jorge Altamira 

 03/11/2022

XXXI Marcha del Orgullo: abajo el fascismo y la guerra imperialista

La XXXI Marcha del Orgullo tendrá lugar este sábado 5 de noviembre en Buenos Aires y muchas otras ciudades de todo el país. Habrá actividades culturales y una gran feria, y a las 16 se irá desde Plaza de Mayo hasta la Plaza del Congreso. 

 La marcha es convocada por unas 60 organizaciones (Federación Argentina LGTTB, el peronismo, la Coalición Cívica, entre otras) que rivalizan en su integración al aparato del Estado. La Marcha del Orgullo ha adquirido la impronta bolichera que le dan las empresas que la ´patrocinan´.

 Este año, el lema principal es “La deuda es con nosotres: Ley Integral Trans, Ley Antidiscriminatoria, Sí al Lenguaje Inclusivo”. La alusión a la deuda es hipócrita. Los correlatos políticos de la Comisión Organizadora -el kirchnerismo, incluso el larretismo- son los que pagan la deuda y votaron el hachazo presupuestario a “las políticas públicas” tan caras a la burocracia GLTTB, convirtiendo en una quimera el derecho a la salud, la educación, la vivienda y la Ley integral trans. 

 Existen otra docena de consignas, entre ellas, “Fuera el FMI y sus políticas de ajuste”, derogación de los códigos contravencionales, Poder Judicial con perspectiva de género, “trabajo para todes sin precarización”, legalización de la marihuana y aparición de Tehuel. Es importante tomar nota de dos consignas que promueven la esclavitud de las mujeres: una es el pedido de legalización (reglamentación) de la prostitución –“Trabajo sexual es trabajo, que sea ley”-. Otra reclama que se autorice la subrogación de vientres, dulcificada tras el nombre de “Ley de gestación solidaria”.

 “La Ciudad se vistió con los colores del arcoíris en un festival organizado por el Gobierno de la Ciudad”, dice Infobae (30/10). En la ´Ciudad del Arcoiris´, sin embargo, la diversidad sexual tiene poco que celebrar: los ataques homofóbicos son frecuentes y la marcha ocurre a días de que la votación del presupuesto legalizó un ajuste brutal contra la población trabajadora (que el colectivo GLTTB integra en condiciones desfavorables). Siguen impunes las patotas que golpean a chicos gay a la salida de las fiestas, los que trataron de incendiar el hotel Gondolin, donde viven 50 personas travestis y trans, y los que periódicamente atacan a Maricafé, un bar gay de Palermo. En lo que va del año, por lo menos siete personas travesti/trans fueron asesinadas con saña en distintas provincias. El Estado tampoco puede contestar que le sucedió a Tehuel De La Torre, un chico trans que hace dos años fue a una entrevista de trabajo y nunca volvió. 

 Entre las consignas que encabezan la marcha, por otra parte, no se denuncia ni al fascismo ni a la guerra, que tienen como blanco privilegiado a la población LGTTB. La Corte Suprema de los Estados Unidos ha prohibido la mención a la diversidad sexual en las aulas y un sector plantea abiertamente la abolición del matrimonio entre personas del mismo sexo. La homofobia, la defensa a ultranza de la institución familiar y la esclavitud doméstica, ocupan un lugar destacado en el discurso de los Trump, los Bolsonaro, las Meloni, los Putin. Demonizan las otras expresiones de la sexualidad humana y se oponen a la educación sexual fuera de los parámetros bíblicos. 

 A pesar de estas omisiones, miles de jóvenes ven el Día del Orgullo como un espacio para exigir que se respete su identidad genérica y su opción sexual, para denunciar los ataques homofóbicos y la hostilidad clerical, para reclamar leyes que penalicen las agresiones. La Marcha del Orgullo se mantiene como una manifestación en defensa de derechos, aunque su cabecera esté copada por los partidos patronales. Los festejos de Rodríguez Larreta incluyen una jornada informativa sobre la salud de las personas trans, en el Hospital Muñiz. “Se tratarán temas vinculados a la hormonización a lo largo de la vida, desde la niñez y la adolescencia hasta la adultez”. ¿Hormonización desde la niñez y la adolescencia? Los gobiernos pretenden que los chicos no tienen autonomía de pensamiento para ocupar una escuela, pero sí para tomar hormonas que reorienten su identidad sexual. 

 Los prejuicios contra las personas no heteronormadas dificultan su acceso al trabajo, a la educación, a la vivienda. La situación más dramática es la de las personas travesti-trans, muchas veces expulsadas de su familia y del sistema educativo apenas se detecta su condición. El 90% de las mujeres trans subsiste en estado de prostitución desde la primera adolescencia. La ley del 1% de cupo laboral trans en los puestos estatales en general solo llega a los sectores medios, que han tenido acceso a la educación. Eso explica que la expectativa de vida promedio sea de 40 años, el mismo que tenía la humanidad en la Edad Media.

 El Día del Orgullo GLTTB evoca el 28 de junio de 1969, cuando gays y lesbianas de Nueva York respondieron violentamente a una redada policial en el bar Stonewall, del Greenwich Village. Los choques con la policía -que perdió el control del barrio- se repitieron durante varias noches. Un año después, el 28 de junio de 1969, gays y lesbianas protagonizaron el primer día del orgullo en Nueva York, California y Los Angeles. 

 La “batalla de Stonewall” radicalizó el movimiento gay-lésbico, que abandonó a las organizaciones conciliadoras y se unió a la lucha -y los métodos de acción directa- de las mujeres de la segunda ola del feminismo, los estudiantes contra la guerra de Vietnam y los Panteras Negras. Las grandes movilizaciones rompieron las fronteras de cada grupo e incluyeron la impugnación de la democracia y el capitalismo norteamericano. 

 El movimiento de la diversidad sexual debe abandonar la subordinación al Estado y a los partidos patronales. Retomar una perspectiva de clase. Unir la lucha por sus derechos a la de las mujeres, los trabajadores y los otros explotados. 

 Olga Cristóbal 

 03/11/2022

Larreta no dio quórum y cae la sesión para derogar el impuesto a las tarjetas de crédito // Solano

OBSA: "Reclamamos saber dónde va la plata de los afiliados" // Amanda Martin

Masivo paro de la docencia porteña

La docencia porteña desarrolló este lunes un masivo paro en defensa de la jornada laboral de lunes a viernes. La medida fue precedida por el contundente rechazo a la jornada de capacitación trucha, convocada por el Gobierno de la Ciudad, más del 95 % de la docencia no asistió este sábado. 

 En el marco del paro tuvo lugar una importante concentración de docentes frente a la Legislatura, pese al poco tiempo de difusión que tuvo la medida convocada el viernes por la tarde. Las conducciones de UTE y Ademys desarrollaron un acto teniendo como oradoras a las Secretarias Generales de ambos sindicatos, Angélica Graciano y Mariana Scayola respectivamente. 

 Desde el palco se mencionaron, además de la lucha docente, otras que atraviesan a los trabajadores, especialmente de la salud, con la huelga que están desarrollando residentes y concurrentes. Se mencionaron también diferentes ataques que el gobierno porteño viene desarrollando contra los trabajadores en general y el recorte presupuestario que la gestión lleva adelante. 

 Por parte de UTE, no hubo ningún llamado a la deliberación docente para continuar el plan de lucha, sólo la promesa de seguir peleando. En el caso de Ademys, la intervención de su secretaria general colocó la necesidad de la convocatoria a una asamblea para debatir las instancias de continuidad. Sin embargo, se limitó a invitar a UTE a impulsar de conjunto la que ya está convocada para el 3 de noviembre próximo. De este modo desaprovechó la presencia de centenares de docentes con las que se podía desarrollar la asamblea en el lugar. Como medida de plan de lucha, propuso la convocatoria a un paro el día que se vote el presupuesto en la Legislatura. 

 Conclusiones 

La burocracia Celeste de UTE pretende darle un cierre al conflicto. Es incapaz de llevar a fondo la lucha contra la reforma laboral que plantean Larreta y Acuña, porque ella misma a través de CTERA, dejó pasar el incremento de la jornada laboral de 4 a 5 horas, para el cargo de jornada simple. 

 Ademys, en nombre de la ´unidad´ prioriza un ´frente verbal´ con la dirección de UTE, renunciando de este modo a organizar asambleas en las movilizaciones callejeras, a diferencia de lo que ocurría en años anteriores. Esa orientación va a contramano de las acciones que desarrollan los residentes y concurrentes, contra los límites que pretenden imponerles los burócratas de los sindicatos de salud. Le propone a la dirección Celeste de UTE luchar conjuntamente por el presupuesto de la CABA, cuando esta apoyó, a través del voto de Yasky en Diputados, la reducción del presupuesto educativo nacional. 

 Desde la Lista Naranja (TDT + Independientes) en el Frente Unidad para Luchar por la Docencia, llamamos a participar de la asamblea del próximo jueves 3, e impulsar asambleas y cuerpos de delegados por escuelas y distritos, para construir un plan de lucha por: la defensa del Estatuto del Docente y la jornada laboral de lunes a viernes, un salario igual al costo de la canasta familiar, el 82% móvil para las jubilaciones y todas nuestras reivindicaciones. 

 Darío Molinari 

 01/11/2022

Brasil: golpismo pos-electoral

Las elecciones brasileñas han tenido un cierre muy particular – no una coreografía democrática sino golpista. El temor a una ‘trumpeada’ tropical llevó a los jefes de gobierno de las principales potencias a apartar por un momento la atención sobre la guerra en Ucrania, para apresurar el reconocimiento de Lula como presidente electo. Al momento de escribir esta nota, Bolsonaro no había reconocido la victoria de su adversario y anunciaba que lo haría por medio de un texto en preparación. En lugar de una retirada se espera una proclama de advertencia contra la acción del nuevo mandatario. La confrontación política de Bolsonaro se podría extender hasta la fecha de transmisión del mando – dos largos meses, y luego de esa fecha también. 

 En el segundo turno, Bolsonaro volvió a achicar la diferencia de votos con Lula – de cinco puntos en la primera vuelta a 1.2 puntos; Lula ganó retrocediendo; Bolsonaro capturó más votos de terceros partidos que Lula, entre una ronda y la otra. En los balotajes para gobernador, Bolsonaro se quedó con el estado más importante de Brasil – Sao Paulo. Todo esto demuestra que la alianza que Lula organizó con la derecha liberal fue contraproducente a la hora de ganar a una inmensa masa popular que acabó votando a Bolsonaro. Como las elecciones recientes fueron el remate de una campaña que se inició hace más de año y medio, esa alianza fue antagónica a toda movilización popular realmente ‘disruptiva’ con los muertos de la pandemia todavía calientes. 

 Para un fascista, estos resultados electorales son una convocatoria a la acción, en especial cuando se tienen en cuenta las brutales contradicciones de los ganadores, que fueron votados por una extensa mayoría obrera pero tiene en su dirección una perspectiva absolutamente capitalista. El propio proceso electoral fue una combinación de democracia formal, por un lado, y de golpismo, por el otro, pues el alto mando militar realizó un recuento paralelo secreto, al margen del Tribunal Electoral, e inspeccionó los lugares de votación durante la jornada. Los resultados que hayan sido recogidos por las Fuerzas Armadas no se darán a conocer, según ha sido advertido, hasta que se produzca el traspaso del gobierno, o probablemente nunca. El diario O Globo da cuenta del “tono de frustración y temor entre militares de rango inferior por el destino de las Fuerzas Armadas bajo el nuevo gobierno. Algunos generales y coroneles”, continúa el diario, “aún temen una supuesta disrupción de las Fuerzas Armadas mediante la intervención en las escuelas de formación y en el ascenso de oficiales”. Se trata, obviamente, de lo contrario, de la ‘disrupción’ golpista de los militares contra el nuevo gobierno, que en los trece años de su gestión anterior, mantuvo la autoamnistía de los militares que dejó establecido la dictadura militar (1964-85) y ratificada por la Constituyente de 1988. La protesta de los millitares contra el nombramiento de civiles como ministros de Defensa o la autonomía del poder civil para determinar ascensos y promociones, como fue establecido bajo el gobierno de Dilma Roussef, no califica a una democracia ‘disruptiva’ sino a una casta militar golpista. Según el mismo diario carioca, Lula enfrentó esta fronda, desde antes de las elecciones, enviando “señales de que va a actuar para calmar los ánimos entre el Poder Ejecutivo y las Fuerzas Armadas”.

 El lunes siguiente a la elección, los camioneros ‘autoconvocados’ bloquearon rutas en todo el país con la complicidad de la policía caminera (rodoviaria). El día anterior, esa misma policía había bloqueado el transporte (gratuito) que trasladaban personas humildes a los lugares de votación. Por aquello de que “el que avisa no traiciona”, esta conjunción de camioneros y policías es una advertencia acerca de lo que pueda ocurrir en la transición al traspaso de mando, cuando se vayan conociendo los nombramientos del elenco ministerial y de las empresas públicas. La derrota de Bolsonaro no ha cerrado una crisis política sino que la ha expuesto con mayor virulencia. El discurso que pondera a Brasil por resolver sus conflictos ‘en paz’, es un llamado a la desmovilización popular. 

 Como ocurre en tantos otros países, el capital financiero considera prematuro el pasaje al fascismo, y ha logrado integrarlo al régimen democrático allí donde haya llegado al gobierno. Esto no debería ser un factor de sosiego, porque el fascismo queda a mano, aun con estos límites, como herramienta de guerra civil contra el trabajo. Para la clase obrera importan tanto las afinidades entre liberalismo y fascismo como sus diferencias; de un lado, la condición que comparten como expresión de un capitalismo en decadencia; del otro, sus especificidades históricas y de principio. Brasil se ha convertido en un laboratorio de estas contradicciones. La prevalencia de una u otra variante política será determinada por el desarrollo de la crisis social mundial y por el desarrollo y contradicciones de las guerras imperialistas. 

 Bolsonaro ha ofrendado a la burguesía grandes victorias contra la clase obrera brasileña – ha impuesto la reforma laboral, incluido el contrato de trabajo individual, sin garantía de tiempo, o sea por 24 horas. Además, la reforma previsional; ha servido para darle contenido a un gobierno de guerra contra el trabajo. La defensa de estas ‘reformas’ cuentan con una mayoría enorme en el Congreso. El programa de la coalición triunfante no incluye la derogación de estas “reformas”; tampoco la Central Única de Trabajadores contempla una lucha por su derogación. Lula prometió que los salarios superaran a la inflación, que no significa nada sin aludir al poder adquisitivo perdido. Propone ‘brasileñizar’ los precios de consumo personal y de insumo industrial – toda una emulación del cristinismo. Como sabemos por experiencia, se trata de un subsidio a la burguesía industrial, que no implica una mejora para los trabajadores en un marco de inflación. El programa no erradica las condiciones de superexplotación impuestas por el bolsonarismo. 

 Brasil, que luego de la Francia gaullista estableció el modelo de los ‘decretos de necesidad y urgencia’, ha fundado otro modelo, el del presupuesto reservado del Congreso – una considerable parcela del Presupuesto nacional, de monto y asignación secretos, que lo convierte en gobierno paralelo. La coalición victoriosa no ha dicho cómo desmantelará este engendro, que bloquea cualquier política social. Hará la vista gorda a este atropello anti-democrático y anti-constitucional, y no demorará mucho en disputar estos expolios a través de sus propias bancadas. El Congreso brasileño ha asumido características corporativas, típico de las construcciones fascistas. La coalición bolsonarista de “buey-bala-biblia”, con mayoría parlamentaria, queda convertida en una corporación parlamentaria. 

 Brasil ha ingresado en un equilibrio político mucho más precario e inestable que el de antes de las elecciones. 

 Jorge Altamira

 01/11/2022

La gran coalición

Sergio Massa hizo declaraciones a favor de una suspensión de las PASO. El ‘súperministro’ pretende darle una forma política concreta a la coalición de macristas y kirchneristas que le aprobaron el Presupuesto 2023 –el Presupuesto de transición del FMI hasta las elecciones-. El programa de esa coalición de las ‘palomas’ de JxC y La Cámpora acaba de pasar una primera prueba. La tarea de las elecciones será designar al encargado de gobernar con esa coalición. Macri y Bullrich reman en sentido contrario, claro, pero ese no es el consenso del Coloquio de Idea, que reunió a las grandes patronales. Tampoco la directiva que bajó el embajador norteamericano hace poco tiempo. El capital financiero ha elegido probar suerte con un frente con la mayor parte de los dos bandos de la ‘grieta’, antes de tener que recurrir a la salida que acaba de ser desautorizada en Brasil. 

 Stanley e IDEA 

La coalición que quiere encabezar Massa viene siendo trabajada por el gran capital y el Departamento de Estado. En un foro empresario, el embajador Marc Stanley reclamó a viva voz a Larreta que concuerde con un gobierno de unidad nacional desde “ahora”. Semanas después, los popes de IDEA advirtieron que había que “Ceder para crecer” (sic), o sea, salir de la ‘grieta’. Naturalmente, la señal más clara de esta entente política fue la aprobación del Presupuesto 2023, que contó con el quorum opositor y el voto positivo de media bancada de Juntos para el Cambio. La otra mitad que votó en contra aseguró el desarrollo de la sesión, para reservar su voto cuando se discutieran, “en particular”, las prebendas del Presupuesto. 

 El gabinete de Massa trabaja para desarrollar este “hilo”, peleando por el ingreso a los Estados Unidos de los tubos petroleros de Techint y las exportaciones de otros grupos empresarios. El mismo Presupuesto, por otra parte, asegura los recursos para el gasoducto del sur, con el acero de los Rocca y el gas de los grupos petroleros de Vaca Muerta. Finalmente, el régimen minero para el litio es un guiño poderoso para los gobernadores del Noroeste, incluido el radical Morales. Aunque una coalición de primera vuelta no los albergue a todos, la bandera de una coalición de gobierno sería usada para cerrar el paso a una “polarización”. 

 Una candidatura de Massa depende, naturalmente, del actual proceso económico, o sea, de las contradicciones explosivas que el `superministro’ intenta patear hacia adelante. Las calificadoras internacionales han bajado a la categoría “basura” la deuda argentina en dólares; la que está en pesos sobrevive por sucesivos rescates del Banco Central, con una emisión inflacionaria. El financiamiento de las importaciones hizo crecer la deuda comercial privada, sin la perspectiva de que el Banco Central reúna las divisas para pagarla a su vencimiento. Esta crisis de financiamiento acelera la presión para que se libere el mercado de cambios, de modo que las divisas necesarias sean aportadas por exportadores o inversores externos. El propio Presupuesto estableció la posibilidad de que las empresas utilicen dólares no declarados para importar –o sea, con el incentivo de blanqueo de dinero no declarado que ha evadido impuestos-. Los asesores económicos agujerean el cepo cambiario por todos los medios e intensidad, para dejar servida la devaluación final. La desorganización de la economía es el método massista para reorganizarla. La coalición responde a la necesidad de evitar una explosión económica, en tanto que la tendencia hacia esa explosión desataría una polarización política con la intervención de los trabajadores. 

 Una política para los trabajadores.

 La ‘grieta’ que cruza al gran capital y a sus bloques políticos en Argentina refracta una división mundial. La carga de la guerra, una crisis sanitaria sin precedentes y la crisis social plantea a la burguesía cómo sortear las inevitables rebeliones populares.

 En Argentina, el “hilo” de Stanley-Massa-CFK tiene un punto de apoyo en la burocracia sindical. La burocracia cabalga sobre los acuerdos paritarios en cuotas, incluso a sabiendas de sus límites insuperables.

 Devaluación, destrucción de los convenios y de las jubilaciones, liquidación del hospital público. Este es el carro al que se suben los “nacionales”, “populares” y camporistas, junto a sus dirigentes sindicales. A despecho de ellos, el camino es el de las autoconvocatorias, como ocurre con los residentes y concurrentes que han emplazado a Larreta en la CABA con una huelga indefinida. Por un salario mínimo igual a la canasta familiar, por ocho horas de trabajo; indexación mensual de los salarios y jubilaciones; apertura de los libros de los remarcadores de precios; abajo los tarifazos, repudio de la deuda y nacionalización de la banca. Gobierno de trabajadores.

 Marcelo Ramal 

 02/11/2022

Brasil: Bolsonaro oficializa el “golpismo postelectoral”

El mensaje de sólo dos minutos que Jair Bolsonaro pronunció en la tarde de este martes no desmontó el escenario golpista en Brasil. Bolsonaro avaló a los golpistas. Respaldó las “legítimas” manifestaciones fascistas de “indignación” frente a la “injusticia” del proceso electoral. La represión a los bloqueos, ordenada por la Justicia, es ejecutada por las fuerzas estaduales y la hinchada de Corinthians, no por los efectivos federales. En las rutas, los seguidores bolsonaristas aludían a la “inconstitucionalidad” de un presidente electo ´criminal´. En dos minutos de mensaje, Bolsonaro dejó planteada la línea rectora del golpe postelectoral, la denuncia de corrupción contra Lula y la alternativa de abrirle un juicio político.

 Se ha atribuido la declaración de Bolsonaro a la presión del entorno de ministros, gobernadores y militares que lo rodean, pero ese entorno se habría fracturado: Pablo Guedes, ministro de finanzas y hombre de confianza del capital internacional, o Tarcisio Neves, gobernador electo de San Pablo, le aconsejaron que admitiera la derrota. Por caso, Bolsonaro consultó al responsable del escrutinio paralelo que llevaron adelante las fuerzas armadas en secreto y en forma paralela. Su respuesta fue que la verificación definitiva de los datos tardará… “un mes” (Folha, 2/11). Sobre toda la elección y sus resultados hay una espada de Damocles. Es una poderosa excusa para sostener una agitación golpista.

 En la mañana de este miércoles, dieciocho horas después del mensaje presidencial, continuaban en pie al menos 150 bloqueos en todo el país. La enviada especial de TN en San Pablo, Cristina Amoroso, mostró cómo un bloqueo se había desplazado desde una avenida central hacia las puertas de un cuartel del ejército. Allí, varios centenares de manifestantes fascistas desplegaban una agitación a favor una intervención militar. En el interior paulista, se registraron fotos y videos de fuerzas policiales estaduales “haciendo la venia” a manifestantes bolsonaristas, en una clara señal de confraternización.

 Alckmin 

En el cierre de la breve rueda de prensa en Brasilia, un funcionario bolsonarista anunció el inicio de la transición. Por el lado de la coalición triunfante, fue designado el vicepresidente electo Geraldo Alckmin. La figura del exgobernador de San Pablo, un derechista liberal, ha pasado a la primera plana muy tempranamente y no sólo por este anuncio. Alckmin es candidato a ocupar un ministerio estratégico –Agricultura o Defensa-. En caso de un juicio político positivo, Alckmin se convertiría en sucesor de Lula.

 La CUT 

La escalada golpista ha tenido lugar sin pronunciamientos o acciones conocidas por parte de las direcciones sindicales petistas, tampoco por parte del PT. Puede adivinarse el argumento “inteligente” de evitar provocaciones o choques con los fascistas. Tolerarla es claramente peor, porque legaliza el fascismo. Al recomendar a los camioneros que no emulen “a la izquierda” (por los piquetes), Bolsonaro ha presentado la monumental contradicción del escenario político brasileño: la pequeño burguesía desclasada y fascistizada se ha lanzado a las calles; la clase obrera, bajo el peso de las direcciones cooptadas por el Estado, se ha guardado en sus casas. 

 La crisis golpista en curso ha significado un monumental revés político para la izquierda que llamó al abstencionismo en el balotaje brasileño. El pretexto, porque no es un argumento, es que el fascista Bolsonaro no era tal porque no había logrado montar “un régimen fascista”. La dinámica de la historia ha mostrado el tránsito entre uno y otro estadio. El camino para la independencia política de la clase obrera brasileña no es el abstencionismo, sino la lucha, con los métodos adecuados a cada momento: la intervención electoral, la huelga general y los piquetes obreros. 

 Marcelo Ramal

 02/11/2022

Gestiones obreras, un ejemplo contra la resignación | Charla con Lucas Rubinich y Raúl Godoy

Brasil: un primer adelanto sobre el triunfo de Lula en la segunda vuelta electoral

<"Trabajadores y pobres", entrevista a Nicolás Iñigo Carrera y Fabián Fernándezimg alt="" border="0" data-original-height="321" data-original-width="481" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnyiJRlrFz_QdEqGSF8b4GRVQQF3EBcFZYIGebRsEA3tJAVMj8ih7m2G_RnM5zsUeWPODn-wD_79nSLQ8-kQn7tk7CjysvNdgZpsNyxq2jfWfKOTz-MbGCxZGNCZQuhQThh2zy_G4WrFGRabeVaUR2Is1-4Mu3mvTelkTT60puEolioLg0Mw/s400/aa.png" width="400" />

Los datos finales (99,99% de las mesas escrutadas) dan que ha ganado la elección Lula da Silva por 50,90% de los votos contra 49,10% de Bolsonaro, un escaso 1,80 puntos de diferencia. Bastante menor a lo que anunciaban los encuestadores en los días previos. 

 Pero, mientras Lula creció en casi 2 millones de votos respecto a la primera vuelta, Bolsonaro achicó la diferencia e incrementó su votación en unos 6 millones. Además, el candidato bolsonarista se impuso con el 55 % de los votos contra el candidato del PT para la estratégica gobernación de San Pablo. 

 Hay dos factores centrales a considerar. El primero es la política de desmovilización social y de adaptación a la derecha en que se empeñó Lula en este mes. Simone Tebet que había salido en tercer lugar en la primera vuelta con 4,16% de los votos y Ciro Gómez, cuarto con 3,04% no aportaron casi nada la fórmula del PT de Lula, a la que dieron su apoyo. Solo sirvieron para presionar más la campaña del PT hacia una política de contemporización con la clase capitalista. Los debates se caracterizaron por los insultos pero brilló por su ausencia los reclamos de la población explotada mientras Lula se empeñaba en dar señales tranquilizadoras al establishment nacional e internacional. Bajo esa presión, Lula declaró un grito de guerra contra el derecho al aborto.

 Esto fue explotado por Bolsonaro para lanzar una serie de propuestas demagógicas de contenido social. Él anunció el aumento del salario mínimo a partir del 1° de enero y su compromiso de que no iba a caer por debajo de la inflación, junto a un paquete de medidas (plan de viviendas, aumento adicional de los subsidios). Mientras, Lula se dedicó a pontificar sobre la lucha entre el amor y el odio y las virtudes de las instituciones democráticas.

 En los últimos días el apoyo del gran capital brasileño e imperialista hacia Lula se hizo más activo. The Economist, la prestigiosa revista imperialista, habló de las ventajas de Lula para preservar las instituciones del Estado frente al aventurerismo trumpista de Bolsonaro. Las potencias del Otan han expresado su favoritismo por el líder del PT que ofrecería más garantías en momentos que la guerra ha pasado a dominar el escenario mundial que un imprevisible Bolsonaro en el gobierno. 

 Pero a diferencia de la anterior elección del 2018, esta vez no hubo una movilización popular contra Bolsonaro, porque fue bloqueada por la política de contención y de “no caer en provocaciones” de Lula. El “Ele Nao”, que protagonizaron decenas de miles de mujeres en las calles en el 2018, esta vez no se produjo y era de esperar que eso no ocurriera luego de la condena al aborto y los guiños dados por Lula a la reacción clerical

 El enviado especial de Clarín para seguir este proceso electoral en Brasil ha caracterizado (29/10) que la situación económico-social ira empeorando y ya sea “Lula o Bolsonaro deberán elegir dónde irá el bisturí. La operación (de ajuste) es inevitable y también los costos políticos”. Para esta analista, Lula “cuenta con mayores posibilidades de llevar adelante el ajuste por el arraigo que mantiene con los sectores más vulnerables”. 

 Por eso el gran capital le ha dado su apoyo. La mayoría de la gran burguesía y del imperialismo mundial han optado por elegir una política de “frente popular” con Lula. 

 Frente a este escenario, el desafío de los trabajadores y la izquierda en Brasil es defender de independencia de la clase obrera respecto al gobierno de Lula-Alckmin, para organizar la lucha contra el severo ajuste que se avecina y para recuperar las conquistas arrebatadas (reforma laboral y previsional, etc.) en el período Temer-Bolsonaro. El hecho de que el PT será una minoría en el Congreso así como las gobernaciones conquistadas por Bolsonaro serán utilizados como justificativos por el nuevo gobierno para pactar con la derecha y estrangular los reclamos y demandas populares. Lula tratará de frenar una intervención de lucha independiente con la misma cantinela de que el fascismo está agazapado y no ha sido eliminado. Pero el aplastamiento de la reacción fascista va de la mano de la lucha triunfante de los trabajadores por sus reivindicaciones. 

 En lo inmediato, la burguesía brasileña se valdrá del apretado resultado electoral para marcarle la cancha al dirigente del PT y exigirle definiciones en lo que se refiere al rumbo del nuevo gobierno y la composición del gabinete, en primer lugar de quién ocupará el estratégico ministerio de Economía. 

 Prensa Obrera

"Trabajadores y pobres", entrevista a Nicolás Iñigo Carrera y Fabián Fernández

 

 A propósito del libro "Trabajadores y pobres, la cooperación entre el activo y la reserva de la clase obrera en Argentina (1994-2004)" de Nicolas Iñigo Carrera, Fabián Fernández y Davisson Cangussu de Souza, 2022. PIMSA-Ediciones Imago Mundi.