viernes, 24 de noviembre de 2017

La reforma laboral en suspenso: hay que derrotar todo el plan de ataques del Gobierno



La norma se trabó en el Senado, en lo que es un importante revés para el Gobierno. Masiva marcha en La Plata demostró que hay fuerzas para luchar. El peronismo y la burocracia sindical facilitan el saqueo a los jubilados. La necesidad de un plan de lucha serio para ganar.

Cuando el pasado 30 de octubre el presidente Macri habló en el Centro Cultural Kirchner para anunciar su política de “reformismo permanente”, la gestualidad de su discurso no se condecía con el clima político que quería transmitir la maquinaria de propaganda oficialista. Su rostro de preocupación y su hablar trabado, no daban la imagen de un Gobierno convencido de su fortaleza absoluta para aplicar su ambicioso programa.
Sabía quizás el presidente que entre el marketing y la realidad hay una gran distancia. Con minoría parlamentaria y un considerable rechazo a los planes de ajuste por parte un sector grande del pueblo trabajador, el camino de los CEO podía ser más laberíntico de lo que querían mostrar, a pesar de su triunfo electoral y el apoyo de los grandes empresarios.
Algo de esto se vio este jueves en el Congreso (donde el macrismo tuvo una buena y una mala) y en las calles, aún a pesar del rol conciliador del peronismo y la burocracia sindical.
Por la mañana, en la ciudad de La Plata tuvo lugar la manifestación más grande que haya habido hasta el momento contra el plan de contrarreformas del Gobierno. Casi 10.000 personas, entre las que se destacaron una gran columna del Astillero Río Santiago, ATE, CTA, Camioneros y otras organizaciones, se dirigieron hasta la gobernación. Nicolás del Caño y las agrupaciones clasistas impulsadas por el PTS e independientes fueron parte de la jornada de lucha.
La movilización actuó como expresión del amplio rechazo a los planes del Gobierno. Dejó en claro que si hasta el momento esta misma fuerza no se ha expresado del mismo modo en las calles de todo el país, se debe a que ninguna de las centrales sindicales ni gremios claves han convocado a medidas de lucha, facilitándole el trabajo al Gobierno. La movilización de La Plata, organizada desde un plenario con casi 600 delegados, muestra que hay predisposición del pueblo trabajador para un plan de lucha serio que derrote el plan antiobrero, que junto con las reformas incluye nuevos tarifazos y despidos. El límite a superar son las conducciones burocráticas de los sindicatos.
Más tarde, el macrismo tuvo que afrontar un traspié muy importante. El bloque del PJ-Frente para la Victoria en el Senado, sin el cual Cambiemos no tiene el número para emitir dictamen, anunció que se postergará el tratamiento de la reforma laboral en el Congreso Nacional. Miguel Ángel Pichetto, el jefe de la bancada, comunicó que la demora será “hasta la nueva conformación del Senado y hasta que la CGT unifique en una sola voz”.
No es que el ultraderechista Pichetto (que fue clave durante los últimos dos años para que el macrismo lograra aprobar todas las leyes de ajuste y entrega), tuviera un arranque de empatía con los padeceres del pueblo trabajador, sino que quedó con poco margen de acción debido a la interna de la CGT.
La conformación de un polo sindical que rechaza (por una combinación de presión de las bases y defensa de sus intereses de casta) el acuerdo alcanzado por el triunvirato, y que amenaza con anunciar movilizaciones contra la reforma laboral, vino a incomodar el pacto antiobrero que muchos estaban (y posiblemente siguen estando) dispuestos a convalidar. Pablo Moyano, la Corriente Federal de la CGT y las CTA, después de semanas sin convocar a ninguna medida de fuerza contra las reformas, se encontrarían entre los que llamarían a marchar para rechazar la reforma, aunque hasta el cierre de esta edición no hay ningún anuncio concreto.
Este revés legislativo del Gobierno puede impacientar los ánimos y agigantar las dudas del gran capital, sector desde el cual ya muchos daban por descontada una aceleración del plan de reformas, tras dos años de “gradualismo”. Este miércoles, en la 23° Conferencia Industrial, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, condicionaba las inversiones del sector privado a la aprobación de los proyectos de ley: “No le tengo miedo a la flexibilización laboral. El mundo moderno necesita esto. La ley de Trabajo es del año 74”.
El problema no es menor para una economía que se sostiene con endeudamiento externo, altos déficits fiscal y comercial, y en la que tres de cuatro dólares de la inversión extranjera van a activos financieros y no a la economía real, según un informe que publicó este jueves El Cronista Comercial.
Más tranquilidad tienen en cambio los grandes empresarios en cuanto a los cambios previsionales y fiscales. El mismo Pichetto que tuvo que anunciar la suspensión del tratamiento de la reforma laboral, pactó este jueves con el Gobierno una nueva estafa contra los jubilados: el proyecto que beneficia a los empresarios y reparte recursos para los gobernadores tendrá a los trabajadores pasivos como perjudicados, condenándolos a percibir haberes de miseria de por vida. Como una verdadera burla, acordaron que en lugar de los $ 370 que habían establecido anteriormente, ahora el haber mínimo se incrementaría $ 430 en marzo de 2018. Llegaría a miserables $ 7676, lejísimos de la canasta de jubilados valuada en $ 16.000.
A espaldas del pueblo negocian el hambre de nuestros abuelos.

Lo que sigue

Ninguna confianza se puede depositar en los diputados y senadores del peronismo, ni en ningún ala de la burocracia sindical. Seguirán negociando una entrega en cuotas y pactada: con las reformas ahora, y después con los convenios colectivos en las paritarias del año que viene, mientras continúan sin hacer nada contra los tarifazos que afectan el bolsillo.
El triunviro Héctor Daer señaló ayer desde el Vaticano, respecto de la reforma laboral, que la semana que viene irá al Congreso Nacional y “se van a seguir negociando matices que quedaron pendientes”.
Lo que para cada trabajador implica superexplotación, despidos baratos, dejar la vida y la salud en el trabajo, para estos burócratas millonarios son “matices”.
Su par Juan Carlos Schmidt afirmó por su parte que "el tema de la reforma previsional no tiene el aval de la CGT porque nunca fue tratado por la CGT". Sin embargo, ni siquiera amagó con llamar a un plan de lucha para enfrentar el saqueo de la Anses a favor de empresarios y gobernadores.
Mientras tanto, Pablo Moyano, la Corriente Federal y las CTA amenazan con llamar a medidas de lucha que, si se concretan, vendrán con enorme demora. En estas semanas el Gobierno se sintió alentado por la pasividad de la dirigencia sindical burocrática para avanzar en su plan. Pero los cambios que tuvo que hacer y el traspié de este jueves en el Congreso muestran que, si se llamaba a movilizarse, se podían derrotar las reformas incluso antes de que hubieran sido negociadas con el triunvirato de la CGT y los gobernadores.
Desde el sindicalismo combativo, que se viene reuniendo y protagonizó ya medidas de lucha como el corte en el Obelisco de la semana pasada, hay que exigir un plan de lucha serio: asambleas para organizar movilizaciones masivas de forma urgente, con fuertes paros de los gremios convocantes, que podrían parar los bancos, las escuelas, el transporte de cargas, la logística, los subtes, los diarios, empresas lácteas, las dependencias estatales y muchos otros lugares más.
No se trata de hacer un rechazo testimonial. Hay que imponerle a estas cúpulas sindicales un plan de lucha hasta derrotar el plan del Gobierno y los empresarios, y dejar de lado su intención de reclamar junto a los empresarios PyME, que en muchos casos son los que más aplican la precarización laboral.
En cada pelea por organizar estas luchas del pueblo trabajador debe avanzar la influencia de los clasistas, y dar pasos en la organización de una alternativa política de los trabajadores que luche por reorganizar la sociedad no en función de las ganancias capitalistas, sino de las necesidades de las grandes mayorías.

Fernando Scolnik
@FernandoScolnik

"En todas las líneas de modificación tarifaria siguen poniendo en peligro el acceso de la población a un bien fundamental"

Entrevista a Gustavo Lahoud, miembro del Instituto del Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP)

M.H.: Se han conocido las nuevas tarifas de gas, con un 45% de aumento a partir de diciembre que en el caso de los consumos menores llega al 58%. Se reduce la bonificación por tarifa social, el programa Hogar, de garrafas subsidiadas de $ 20 pasan a $ 39, un 95% más y en el caso del comercio el aumento es del 58% siendo que el gas desde el 10 de diciembre de 2015 se ha incrementado en un 700%. Lo que argumenta el ministro Aranguren es que hay que pagar el gas lo que vale. Pero el BTU (la unidad de medida del gas) en el mundo vale U$S 3 y nosotros ya lo estamos pagando U$S 4.5 y para el año 2019 lo vamos a pagar U$S 6.8.
G.L.: En primer lugar las audiencias públicas que se han hecho esta semana, empezaron el lunes en Bahía Blanca, ayer (15/11) se hizo otra en el teatro De la Ribera de la que participé a través de un informe como lo vengo haciendo desde el año pasado, tanto de la que se hizo en septiembre 2016 como la de marzo de este año. Ahora, luego de haberme interiorizado de qué se trató esta última, qué se dijo y quiénes participaron te puedo decir que fue más simulacro que nunca.
M.H.: Estas audiencias tienen un carácter meramente formal.
G.L.: Ya en la convocatoria se hablaba de informar el nuevo tramo del precio del gas en boca de pozo que era el elemento fundamental del evento que se hizo en el teatro De la Ribera. La determinación del precio para el semestre que viene del gas en boca de pozo, que como bien decías va a pasar ahora en dólares, por millón de BTU promedio de 3.77 a 4.19 dólares que es un promedio que sirve para referenciarlo con los consumos de usuarios comerciales, residenciales e industriales pero que tiene una particularidad; cuando en octubre del año pasado después del escándalo que se armó con los primeros aumentos con cifras que superaron el 1.000%, esta gente se avino a armar este llamado “sendero gradualista” pero cuando vamos a los números el primer eslabón que determina el precio de la tarifa, que es el precio del gas, fue establecido arbitrariamente en valores que han pasado para los consumos de todo tipo de usuarios en promedios que en dólares estaban a mediados de 2015 en U$S 1.29 por millón de BTU, primero a U$S 3.42, después a 3.77 y ahora a 4.19 dólares. Todo eso acumuló la cifra de 186% en dólares el aumento del precio del gas en boca de pozo en un contexto en el que en el mercado interno, el precio del llamado gas convencional o lo que ellos llaman “gas viejo” que es el de los yacimientos que están en explotación hace 30 años, está en el orden de los U$S 2.49 el millón de BTU, o sea, está casi al nivel del precio en el mercado internacional, en el dominante que es el norteamericano y el canadiense que están en torno a los U$S 3.
Esa producción que llamamos “vieja producción” representa el 70% de lo que nosotros producimos, el otro 30% es el llamado “gas nuevo” que se está empezando a explotar masivamente en la Cuenca neuquina. Ese es el precio del gas que esta arriba de los U$S 7 el millón de BTU pero que es el que incorpora el subsidio a través del Plan gas que todos nosotros le estamos pagando a estas empresas.
O sea que ellos hacen un mix en el precio entre esos U$S 7 y los U$S 2.49 y después le suman el precio promedio del 25% del gas que importamos, donde no meten solamente el que viene de Bolivia y por barco, sino también porcentajes marginales que son del gasoil y fuel oil, lo cual está mal hecho ya que distorsiona el precio porque estos productos se usan para generación de energía eléctrica, entonces no se puede meter ese porcentaje porque está inflando el precio.
Entonces el precio final es mayor a U$S 5 el millón de BTU y el sendero del que hablan las autoridades para octubre de 2019 es de U$S 6.80. Conclusión, la primera gran mentira es que ese sendero de precios dolarizados esconde algo que hoy es difícil de sostener seriamente, han desenganchado los costos de explotación que tienen nuestros yacimientos que están en el orden de los U$S 3 en promedio, de los costos irreales que le están pagando a las empresas productoras generándole una rentabilidad escandalosa.
Solamente en los últimos 4 años, por las transferencias de las tarifas se calcula que se han llevado entre 2.500 y 3000 millones de dólares. Ese 186% acumulado en dólares ahora se combina también con el 100% que le han dado a las transportadoras y distribuidoras que nos lo están cobrando de manera segmentada, un 30% lo empezamos a pagar en abril de este año, el otro 40% lo vamos a pagar en diciembre y un 30% más para completar el 100% en abril del año que viene. Con el agregado de que han establecido un mecanismo de indexación de aumento adicional en esa revisión tarifaria para el segmento de transporte y distribución de gas que agrega la evolución del índice de precios mayoristas. En este semestre, por ejemplo, entre abril y octubre, ese índice aumentó más del 14% entonces le han adicionado a ese 40% que van a aumentar ahora, un 14% más, o sea que no es 100% el aumento sino 114% porque en abril cuando venga ese aumento restante le van a adicionar esa diferencia.
Es un combo perfecto, tarifas cada vez más inaccesibles, dolarizadas, con una inflación que no se puede controlar y esto deriva en que ya los sectores industriales, comerciales y los usuarios vamos a ir afrontando un panorama de tarifas ascendente que va a llegar un momento que va a tornar problemático el pago para muchos sectores.
En definitiva, esta gente en todos los tramos está haciendo lo mismo, el GNC que lo usan tantos vehículos, tiene un acumulado de aumento del 300% en casi dos años. Están pegando en todos los sectores de uso masivo a pesar que el gas es un bien estratégico y es un derecho inalienable para la población.
El remate respecto del tema de las tarifas, que es una vergüenza lo que presentaron, es la forma en que han reducido las implicancias de la tarifa social, porque ahora resulta que vas a poder tener acceso 100% gratuito a un consumo mensual de 25 cm3, eso vendría a ser un par de hornallas y pará de contar. El funcionario a cargo explicó que hay que seguir dando una señal de precios al mercado e igualmente seguir protegiendo a los sectores mas vulnerables, ¿cómo los protegen? Dándoles solamente el 100% gratuito de esos míseros 25 cm3 por mes y de los otros 25 cm3 que consumas te van a reducir un 25% y si llegás a consumir en el mes más de 50 cm3 esos adicionales los van a cobrar a precio pleno, o sea que reducen a tono con el ajuste fiscal que van a encarar, la incidencia fiscal, el impacto que para ellos representa el mantenimiento de la tarifa social para un millón ochocientos usuarios de gas.
El otro elemento que comentaste es el de la garrafa social, lo primero que hay que ver es si las encontrás, a dónde están y, por otro lado, a qué valor las van a vender porque estaba a $ 135 la garrafa de 10 kg y ahora sube a $ 185, ese aumento implica además lo que va a pagar, que antes era $ 20 ahora se va a casi el doble $ 39, un 95% más. Le aumentan a la persona que tiene que poner de su bolsillo el 95% cuando el aumento de la garrafa en el precio total es un tercio de eso. Es alarmante. En todas las líneas de modificación de la tarifa lo que siguen haciendo es poner en peligro el acceso de la población a un bien fundamental como éste.

Paradise Papers: El Ministro Aranguren considera que la evasión impositiva no es un delito

M.H.: El ministro de Energía, Juan José Aranguren, que tan suelto de cuerpo afirma que “hay que pagar lo que vale el gas”, integró los directorios de dos empresas offshore cuando era ejecutivo de la petrolera Shell y una de esas off shore fue la principal contratista el año pasado cuando ganó 13 licitaciones para proveer gasoil al gobierno argentino por 140 millones de dólares. Esa información fue rebelada por el capitulo argentino de los Paradise Papers del consorcio internacional de periodistas de investigación a lo cual Aranguren con cara de póker, como acostumbra, dijo “ser director de estas firmas, pero la operatoria de las mismas no constituye per se un delito ni viola la ley”; esta fue la respuesta que dio. ¿Compartís esta explicación del ministro de Energía?
G.L.: Él salió con el clásico latiguillo, de pronto un factor fundamental que tiene que ver con cómo se han aceitado en las últimas décadas los mecanismos de evasión impositiva de los países más pobres que se han dirigido hasta esas enormes cuevas llamadas paraísos fiscales, manejadas en buena medida por un sector muy particular en el mundo occidental que es el poder de la anglósfera, EE UU, Gran Bretaña, Australia, Canadá, junto con otras entidades nacionales que constituyen un esquema de funcionamiento que es el que esta gente, como la mayoría de la economía financiarizada en el mundo, ha establecido como modos legales de generar instancias de mayor competitividad de las empresas. Porque Aranguren en un comunicado que él emitió en el momento que se descubrió esto, decía que este era un modo, un accionar permanente que la empresa Shell tenía en el mundo como otras grandes trasnacionales para tratar de no afectar decisivamente sus niveles de rentabilidad de acuerdo a los mercados en donde operaba.
Claro, lo que está diciendo con un cinismo total, es que este tipo de operatorias había que hacerlas porque lo que se buscaba era garantizar mayor ganancia a través del menor pago de impuestos, entre otras cuestiones. Con lo cual más allá de que la normativa legal internacional vinculada a todas las instancias jurídicas y financieras existentes dice que esta operatoria es legal, nosotros estimamos que esta operatoria es fundamentalmente ilegítima, que es otra instancia de la discusión, porque en realidad lo que hace es, además de generar procesos de fuga de capitales permanentes que afectan a nuestros países, aumentarlos, por lo tanto, es un sistema que funciona con el entramado de este mismo funcionamiento y está ligado a la sangría de recursos que sufren nuestros países permanentemente y, además, también hay que poner en cuestión que no puede haber un estatus legal diferente, pongamos el ejemplo de Delaware en EE UU donde miles y miles de empresas han constituido sus razones sociales allí y que en muchos casos ni siquiera pagan impuestos, o en Bermudas, Saint James, Isla de Man, etc.
Ahora, por qué importa si este hombre operó en el directorio de estas empresas en un momento determinado cuando estuvo trabajando para Shell tanto aquí en Argentina o en el exterior. El tema es que es repugnante que quieran naturalizar un modo de accionar que termina siendo dañino para las economías más débiles como la nuestra.
Por esto yo hablo de profunda ilegitimidad, porque es la forma en que el sistema capitalista transnacionalizado y vinculado a las finanzas opera en el mundo hoy. Además esta gente dice que no tiene conflictos de intereses, pero el señor pasó casi toda su vida laboral en Shell, se va en junio de 2015 y en diciembre del mismo año es nombrado ministro de Energía. Lo primero que te voy a decir es que la llamada Ley de ética pública indica que por lo menos debiera haber un tiempo más o menos que se pueda contar en tres años entre un cargo privado con un personaje que va a llegar a un cargo público y que además tenía acciones.
M.H.: ¿Tenía o tiene?
G.L.: Dice que tenía. Más de 13 millones de pesos en acciones de Shell Casa matriz que él dice que vendió. Pero Laura Alonso la graciosa Jefa de la oficina anti corrupción, que tiene un papel lamentable, dice que las vendió. Pero nunca mostró una prueba que lo certificara. Detrás de esto aparece que el año pasado hicieron un negocio bárbaro, metieron 13 cargamentos de gasoil casualmente utilizado por Camesa para producir energía eléctrica. Cuando falta el gas, generalmente en invierno, es reemplazado por estas fuentes que son más contaminantes, más ineficientes y más caras, y nos las quieren cargar al precio del gas que nosotros pagamos.
Hacen todo bien dirigido para determinados sectores corporativos y en relación a los usuarios hacen todo mal, no tiene manera de ser sostenido esto.
Por último te diría que hemos presenciado el circo de los funcionarios que perdieron poder, hemos visto el aberrante circo que hicieron con Boudou. Aranguren, estando donde está, claramente puede obstruir el accionar de la justicia de cara a una investigación como ésta, porque son además hechos que se están perpetrando ahora. En este año Shell a través de otras subsidiarias ya le ha vendido cargamentos de gas natural licuado al Estado nacional.
Fijate que en el período kirchnerista que estaba la pelea de Kirchner con Aranguren, Shell y sus subsidiarias no se pudieron meter en el negocio del gas natural licuado cuando empezó desde 2008 en adelante, pero desde el 2016 empezaron a arrasar con cuanto pudieron. Esto muestra que ha habido una connivencia, una entrada al sector privado corporativo y esto es lo que no se puede negar.

Las grandes operadoras se han embolsado los subsidios y sus niveles de producción están prácticamente estancados

M.H.: El 31 de diciembre expira el llamado Plan gas, el esquema de subsidios a la producción en el que el Estado ha invertido 7.500 millones de dólares en los últimos 4 años. Nadie en el gobierno detalla cómo se prorrateó ese estímulo a las petroleras que tendría a YPF y a Panamerican Energy de Bulgheroni, entre las principales beneficiadas. Energía en principio tiene la idea de mantener esta subvención hasta el año 2021 sólo para remunerar al gas no convencional, eso apuntaría a alentar Vaca Muerta. Este es un tema muy importante, es el tercer rubro del presupuesto nacional después de jubilados y salarios, y mientras los subsidios energéticos a la población bajaron un 30% en el primer semestre de este año, contra el anterior, los fondos destinados al Plan gas subieron en moneda dura casi un 800% en el mismo lapso. Me gustaría que explicaras en qué consiste esta inversión.
G.L.: El Plan gas fue establecido a comienzos de 2013 a instancias de Axel Kicillof con la idea de generarle un incentivo extra al conjunto de las empresas gasíferas para que puedan superar sus volúmenes históricos de producción porque recibían un precio menor, ese precio del que hablábamos antes de U$S 2.5 aproximadamente, duplicándole o triplicándole el precio de acuerdo a cómo aumentaran esos volúmenes históricos. Tenían que invertir más e inyectar más gas a la red.
Esa cifra es a la que se llega cuando vamos a cumplimentar un quinquenio cuando termine el 2017, está entre 7.500 y 8.000 millones de dólares, de los cuales la mitad ha tenido que ver con estos dos años de gobierno, porque se han acelerado los subsidios a las gasíferas. Este primer semestre ha sido escandaloso, un 800% más en dólares.
Lo que ocurrió con esto es que la producción venía subiendo de manera interesante pero en la Cuenca neuquina, donde tenemos los campos de gas no convencional. Mientras tanto, con la vigencia de este plan, el resto de la producción gasífera del país, pensemos en la Cuenca salteña o la cuyana, o en otro sector de la Cuenca del golfo San Jorge, prácticamente las inversiones en gas convencional se abandonaron; es el gas que está cayendo en picada en los últimos diez años y no para de caer y el gas importado lo reemplaza.
Con el gas no convencional en los últimos años se revirtió la tendencia declinante, pero todo lo que puso el Estado, no se refleja en los niveles de producción de gas que tenemos hoy, porque en lo que va del año estamos apenas un 0,8 % arriba de la extracción de gas del año pasado, cuando en los últimos 3 años veníamos en un 4/5% en relación a los años anteriores, subiendo, o sea que este año ha decrecido la producción de gas con la única excepción de YPF que sube un 10%. Quiere decir que las privadas, Total y Panamerican, que son las otras dos grandes operadoras, se han embolsado parte de estos subsidios y sus niveles de producción están prácticamente estancados.
Este es un gran enigma que hoy hay respecto del llamado Plan gas, esto está siendo evaluado por el gobierno que estaría en condiciones de dar continuidad solamente para la Cuenca neuquina, que ya tiene una resolución que es de comienzos de este año para ser operativa entre 2018 y 2021 y que la reconocerían para el gas no convencional de Vaca Muerta. Le van a reconocer precios que van entre 7.5 dólares por millón de BTU hasta 6 de manera descendente, 7.5 en el 2018 y de manera descendente hasta llegar al 2021 a 6 dólares el millón de BTU. Esta última cifra es el doble de lo que hoy estamos pagando en el mercado internacional. Si se observa bien esto, ha sido una aspiradora de fondos dirigido al sector concentrado de la producción de gas y petróleo cuya única buena performance para mostrar es la de YPF y hablando de gas, porque en petróleo sigue en picada; en una grave crisis petrolera, estamos en una caída de un 9% de producción en relación al año pasado.
Estamos en medio de un desastre y no ha habido ninguna auditoría respecto de esto, no sabemos de esos U$S 7.500 millones cuánto se llevó YPF, cuánto Total, cuánto Panamerican y las otras menores porque eso se manejó con cero transparencia. Cuestión que ha continuado este gobierno con Aranguren.

Mario Hernandez

A unas horas de saber qué pasó con Santiago Maldonado

Este viernes 24 de noviembre se dará a conocer el informe pericial en el caso de Santiago Maldonado. El informe será clave para conocer las circunstancias que llevaron a la desaparición y posterior muerte del joven artesano y simpatizante de la causa mapuche.

Ha llegado el día. Según han adelantado fuentes judiciales, este viernes 24 de noviembre el cuerpo de Santiago Maldonado será entregado a su familia, y la sociedad argentina podrá conocer, por fin, el resultado de las pericias realizadas el pasado 20 de octubre por un equipo de más de 50 peritos y profesionales de la medicina forense.
El juez federal de Chubut, Gustavo Lleral, que entiende en la causa por “desaparición forzada de persona” ha convocado a una junta médica de peritos oficiales y de parte para este viernes a las 9.30 hora local, en el Departamento de Tanatología de la Morgue Judicial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Allí conocerá las conclusiones de los estudios realizados.
Si bien el resultado pericial se antoja fundamental para arrojar luz sobre las circunstancias que llevaron a la desaparición y posterior muerte del joven artesano, cuando el pasado 1 de agosto participaba en una protesta mapuche brutalmente reprimida por la gendarmería argentina, la familia Maldonado ya ha expresado que, con estos resultados, cualesquiera sean, “recién comienza” la investigación sobre los responsables de su muerte.
Aunque desde el juzgado se ha intentado imponer un estricto secreto en torno a las pericias que se realizan, incluso prohibiendo a los peritos quedarse con una copia de las conclusiones preliminares de la autopsia del 20 de octubre, no se han podido evitar las crecientes versiones en torno a supuestas revelaciones periciales en su mayoría rápidamente descartadas por falsas.
Muchos medios de comunicación se han hecho eco de esa rumorología, los mismos que en los dos meses que transcurrieron previo a la aparición del cuerpo, dieron carácter de veracidad a las más disparatadas versiones sobre la supuesta aparición con vida del joven a lo largo de toda la geografía argentina. Que lo habían visto cortarse el pelo, hacer autostop, en una fiesta; que estaría en Chile escondido por la comunidad mapuche e incluso que había un pueblo donde “todos son como Maldonado”, en un intento de justificar una práctica que lejos ha estado de respetar los códigos más básicos del buen hacer de la profesión.
"Me llama la atención la falta de sensibilidad social, me preocupa la utilización de este suceso lamentable para la familia", lamentó hace unos días el propio magistrado, en un claro señalamiento a la función de los medios de comunicación del país.
El hecho más relevante de los últimos días es la aparición de un nuevo testigo que podría ser clave en las próximas semanas para la continuidad de la investigación. Se trata del cantautor chileno Nicasio Luna, cuyo nombre aparece vinculado a la causa, pero nunca ha sido llamado a testificar.
En declaraciones al periódico Página 12, Luna aseguró que fue la última persona en estar con Maldonado antes de su desaparición. “Eran muchas balas e insultos, gritaban 'fuego libre', ellos eran más de 50, nos tiramos al río agarrados de los sauces”, relató Luna al diario porteño en su edición de este martes.
“Ya del otro lado, más tranquilos, nos reunimos con los demás muchachos y ahí contaron que escucharon que habían agarrado a uno y que le estaban pegando”, contó el payador a Página 12. La familia Maldonado ha pedido a la Justicia que tome declaración a este testigo.
El nombre de Luna figura en el expediente desde el primer día, dado que la propia Gendarmería secuestró a los mapuches su DNI y otros elementos que tenía Luna en una mochila, en la misma jornada en que desapareció Santiago. Incluso al día siguiente a la desaparición de Maldonado, Luna se habría pasado por policía a retirar sus pertenencias.
En pocas horas Argentina conocerá las conclusiones oficiales de los peritos sobre la muerte de Santiago Maldonado. Sin embargo, dada la polarización política de la opinión pública, nadie duda que, por disparatadas que resulten, las versiones más diversas seguirán ganando terreno a la verdad revelada.

Pablo 'Pampa' Sainz
El Salto

jueves, 23 de noviembre de 2017

Ara San Juan: reclamemos toda la verdad



Las revelaciones de un organismo internacional respecto de una explosión submarina en la zona donde desapareció el submarino Ara San Juan –y en la fecha coincidente con su última comunicación- ha colocado en el tapete la posibilidad cierta de un desenlace trágico, tanto para la nave como para sus ocupantes.
Pero la información sobre este grave hecho continúa desenvolviéndose con la misma ambigüedad e incertidumbre con la cual transitó en estos ocho días. Como parte de ello, el ministro de Defensa afirmó haberse enterado por un medio de información –y no por el jefe de la Armada– de la desaparición del submarino. Por caso, el dato de una avería eléctrica reportado horas antes de que se perdiera contacto con la nave tomó estado público muy tardíamente.
Algunos periodistas han atribuido esta desinformación a una impericia mediática o comunicacional. La cuestión, sin embargo, es bastante más profunda: indagada acerca del carácter de la misión que practicaba el Ara San Juan, la jueza interviniente en la causa ha respondido que “se trata de una información sensible y de un secreto de Estado”, recordando su carácter de ´nave de guerra´. De esta afirmación podría deducirse que la confidencialidad se relaciona con razones de defensa nacional. Pero la hipótesis no se condice con la trayectoria del Ara San Juan: es que el submarino desaparecido se ha destacado por su participación en operaciones de colaboración con la marina norteamericana; entre ellas, los operativos Unitas, articulados para reafirmar el dominio político y militar del imperialismo sobre el continente. El manejo conspirativo respecto de lo ocurrido con el ARA San Juan es indisoluble de esta función militar, incluso antagónica con la propia soberanía nacional. Recientemente, la presión en favor de intensificar esa colaboración con las misiones imperialistas se ha reforzado: el gobierno requirió al Senado la autorización para la realización de operaciones militares conjuntas, con fuerte acento en el mar. En ese cuadro, se concretó esta misión del ARA San Juan, cuyas condiciones de conservación y mantenimiento han sido fuertemente debatidas en estas horas. Todo indica que la vida de los 44 marinos ha sido jugada en un tablero ajeno al de la autonomía nacional.
Los voceros oficiales están lejos de dar explicaciones certeras al país y a los familiares de la nave. En cambio, sus medios afines no demoraron en reclamar un rearme del Ejército argentino. Han coincidido con ese reclamo varios opositores al gobierno, en este caso, desde posiciones nacionalistas.
Pero el rearme de un Estado semicolonial sólo puede reforzar los lazos con sus opresores, y el lugar de las FFAA argentinas como segundo violín de las operaciones militares del imperialismo; y se liga con la tentativa de incorporar a los militares a la represión interna en nombre de la “lucha contra el narcotráfico”.
La soberanía nacional exige de la ruptura con los opresores, o sea, de los pactos económicos y políticos que atan al país con el capital imperialista y con sus Estados. El fracaso de los partidos de la burguesía nacional en este plano traslada esa tarea histórica a los trabajadores y a su propio gobierno. A esta perspectiva deben unirse los miembros de las fuerzas armadas que quieran luchar contra el Estado y los gobiernos que los han convertido en peones de las potencias imperialistas. Con esta comprensión política, expresamos nuestra solidaridad con las víctimas y familiares del ARA San Juan; reclamamos que se informe pública e integralmente sobre la misión del submarino y sus objetivos, y que se esclarezcan todas las responsabilidades políticas en este grave episodio.

Marcelo Ramal

El estado calamitoso del ARA San Juan

La confirmación de una explosión a bordo del submarino ARA San Juan, ocurrida el miércoles 15 poco después de la última comunicación mantenida con su base naval, desató la bronca de los familiares de la tripulación, quienes perdieron toda esperanza en la posibilidad de un rescate exitoso.
Mientras los voceros oficiales pedían cautela, los familiares se mostraban furiosos con los funcionarios. “Atado con alambre”, fue la expresión más utilizada para describir el estado del submarino. Todo indica que la nave se encontraba en estado calamitoso y que durante estos ocho días de angustia, el gobierno intentó ocultar o minimizar el incidente. Esto se manifestó con claridad cuando el ministro de Defensa Oscar Aguad y el jefe de la Armada Marcelo Srur desplazaron al vocero de la fuerza por haber desestimado que se hubieran registrado intentos de contacto provenientes de la embarcación.
"Inauguraron un submarino pintado por fuera en 2014, nada más", denunció la esposa de uno de los marinos desaparecidos.
La nave, fabricada en Alemania, llegó al país en 1985. Fue sometida a la reparación de “media vida” entre 2009-2013 y en 2014 volvió a operar, cuando el ministerio de Defensa era ocupado por Nilda Garré. Ese mismo año sufrió un incidente grave. “Tuvieron inconvenientes en 2014, no pudieron emerger; pero emergieron y no trascendió”, recogió Página 12 (23/11). Según información consignada por La Nación (22/11), los problemas con las baterías de la nave –donde se habría originado la falla que desató el desastre– “los trae desde su diseño en Alemania, en los albores de la década de 1980”.
La premura por mantener operativa una nave en estado tan deplorable probablemente se vincule con el interés por hacerla participar de los “ejercicios avanzados de guerra antisubmarina” que forman parte de las 22 maniobras conjuntas con tropas yanquis autorizadas por el Senado un par de meses atrás. Esas operaciones incluyen el combate al “terrorismo, la piratería y el contrabando” –es decir, tareas de represión interna.
Quienes claman ahora por el reequipamiento de las fuerzas armadas en nombre de la defensa nacional no deben olvidar que un rearme tutelado por el imperialismo no hará otra cosa que reforzar el carácter semicolonial de la Argentina y la dependencia respecto de sus proveedores. Bajo el gobierno de Macri se acentuó la penetración del imperialismo en el aparato represivo local, bastante avanzada durante los gobiernos K (leyes antiterroristas, “colaboración” en la causa AMIA, etc). En 2014, cuando el genocida César Milani era jefe del Ejército, el gobierno kirchnerista también autorizó el ingreso de tropas extranjeras.
En estas horas, el radical Aguad y su equipo son blanco de críticas por su falta de ‘expertise’ en materia de defensa. Tampoco sabía de Comunicaciones y sin embargo allí debutó en el gabinete nacional. Apodado “el milico” por su cercanía y amistad con represores de la dictadura, Aguad llegó a Defensa para asegurar el involucramiento de las fuerzas armadas en la “lucha contra el narcotráfico y el terrorismo”, bajo doctrina del Departamento de Estado yanqui.
Rechazamos cualquier tentativa de manipular la tragedia del ARA San Juan para acentuar este rumbo pro-imperialista y reclamamos el completo esclarecimiento de la cadena de responsabilidades que derivaron en este desastre.

Jacyn

Gran preocupación de FONAF por recortes en el INTA

La Federación de Organizaciones Nucleadas de la Agricultura Familiar exige que se amplíe la asistencia técnica a los pequeños productores

El INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) viene sufriendo los embates de las políticas de ajuste del Gobierno Nacional, que lo ahogan financieramente y abren un signo de interrogante de cara al futuro, sobre la posibilidad de sostener las tareas que desarrolla y a su personal. El INTA cuenta actualmente con más de 7000 trabajadores que llevan adelante la investigación e innovación tecnológica así como la difusión de las tecnologías aplicables para la producción agropecuaria. Una parte de esos esfuerzos se enfocan en los pequeños y medianos productores. Para nosotros, los agricultores familiares, ese trabajo es clave para sostener y mejorar nuestra producción. Hoy todo ello se encuentra jaqueado por una baja en el presupuesto que el Gobierno Nacional quiere aprobar para el próximo año.
Desde el principio del 2016 se comenzaron a sentir los recortes presupuestarios que afectaron los proyectos y programas que lleva adelante el INTA en todo el país. Muchos de esos problemas son disimulados por la buena voluntad del trabajo de los técnicos. El año pasado, también se intentó un recorte del presupuesto al organismo, que finalmente se pudo revertir en parte en el Congreso de la Nación con un trabajo muy fuerte con los diputados nacionales de todos los sectores. Pero para el año próximo el Gobierno Nacional insiste en la línea de achicar el presupuesto para este organismo de Ciencia y Técnica que está muy estrechamente vinculado con los productores agropecuarios. El proyecto de ley que actualmente está en el Congreso propone un presupuesto que incluye una reducción de 116 millones de pesos en el inciso uno, correspondiente al pago de sueldos, lo que significaría la cesantía de más de 300 técnicos y, además, una quita en los fondos contemplado para el funcionamiento del organismo. En este segundo caso, serían 240 millones de pesos menos para el desempeño de actividades , lo que implicaría que el INTA no va a poder funcionar, que va a tener que cerrar varias de sus oficinas técnicas radicadas en diferentes puntos del país.
La política que viene desarrollando el Gobierno Nacional hacia el sector afecta directamente a los pequeños agricultores familiares. La nueva reducción del presupuesto del INTA es en ese sentido un punto más, de los varios existentes. El Ministerio de Agroindustria eliminó el año pasado la Secretaría de Agricultura Familiar que trabajaba con los pequeños agricultores. Con ello se achicó el presupuesto realmente orientado hacia el sector. Este año desguazaron el programa Cambio Rural que estaba destinado a los medianos y pequeños productores. Los recortes se producen principalmente en las actividades que se desarrollaban de cara a los productores de la agricultura familiar.
Y lo mismo quieren hacer hacia adentro del INTA. Este organismo tiene una tradición e historia de trabajar con la familia rural desde su creación en 1956. Así, de diversas formas el INTA debe trabajar con todos los productores -pequeños, medianos y grandes-. El recorte que está planteado apunta a dejar de trabajar con los pequeños productores.
Desde la FONAF pedimos y exigimos que el INTA amplíe y no reduzca sus acciones de asistencia técnica hacia los pequeños agricultores familiares porque entendemos que un organismo que impulse la aplicación del conocimiento técnico en el agro es clave para impulsar la agricultura familiar, forma de vida de todos nosotros y productora de los alimentos que consumen millones de argentinos.

Roberto F. Rodríguez, dirigente rural de Río Negro y miembro de la Comisión Nacional de la Federación de Organizaciones Nucleadas de la Agricultura Familiar (FONAF)

Reformas de la Reforma Laboral: la genuflexión de la CGT

Finalmente sucedió lo que nadie quería pero todos esperábamos. A pesar del rechazo público del 9 de noviembre, el pasado miércoles se consumó el pacto entre el triunvirato que conduce la CGT y el Gobierno macrista, dándole vía libre al tratamiento del proyecto de reforma laboral en el Congreso para esta semana. El lugar para el acuerdo no podía ser más simbólico: la Sociedad Rural.
Ante un proyecto de reforma que retrotrae las relaciones laborales a principios del Siglo XX, desde Azopardo se defiende el acuerdo bajo el argumento de que la Mesa Técnica establecida entre funcionarios del Ministerio de Trabajo y los abogados de la CGT permitió limar los artículos que vulneraban la Ley de Contrato de Trabajo y alteraban la filosofía del empleo. A pesar de estas modificaciones al proyecto original, el espíritu de las reformas que impulsa el macrismo -tanto en lo laboral como en lo fiscal y previsional- implica un ajuste al bolsillo y ataque directo a los derechos de los sectores populares. A continuación, un breve resumen de las modificaciones y de lo que se mantiene.
El proyecto que ingresó formalmente este martes al Congreso mantiene el “Fondo de Cese de Empleo”, al que podrán adherir voluntariamente los empleadores y los sindicatos por medio del Convenio Colectivo. En caso de que esto no sucediera, el régimen de indemnizaciones será el vigente en la actualidad. Al mismo tiempo, para el cálculo de las indemnizaciones se reincorporan las horas extra, aunque se mantienen excluidos los bonos, comisiones, aguinaldo, premios y otros conceptos que hoy sí están incluidos. Estas medidas son una política clara destinada a abaratar los costos de despido -facilitándolos- ya que no sólo los disminuyen sensiblemente, sino que los socializan -vía ese Fondo- entre todos los patrones de una rama de actividad.
Se mantienen los puntos que favorecen la legalización de la precarización laboral, bajo la creación de las figuras del Monotributista Dependiente Económicamente y la del Monotributista que puede contratar hasta cuatro personas. Estas figuras legalizan las relaciones laborales encubiertas ya que transforman lo que es una relación de dependencia en una contratación de servicios. En ese marco de precarización laboral, se modifica la Responsabilidad Solidaria en el caso de despidos por subcontratación, eliminando su aplicación a los servicios contratados para limpieza, seguridad, montaje de instalaciones o maquinarias, transporte de personas (desde y hacia el establecimiento o explotación), gastronomía, servicios médicos de emergencia y de higiene y seguridad en el trabajo. Esto implica que los trabajadores de empresas subcontratadas no podrán iniciar reclamos contra el empleador principal. Por último, se mantienen todos los puntos referidos a la precarización laboral de los jóvenes a través de las flamantes Prácticas Formativas -cuya duración máxima es de un año-, que no son otra cosa que las actuales pasantías laborales.
Una importante modificación al proyecto original es la quita del Banco de Horas, que estaba destinado a la eliminación del pago de horas extra y a la extensión de la jornada laboral bajo la modalidad de fijar una cantidad de horas totales que el trabajador debería compensar a lo largo del año. Sin embargo, se permite su inclusión en los Convenios Colectivos sectoriales.
Se elimina del proyecto el concepto que ponía en pie de igualdad a trabajadores y empleadores, junto con el límite establecido en un año para la litigación contra despidos sin causa (se mantendrían los dos años actuales). Sin embargo, no se eliminó el artículo que habilita a trabajadores, en forma individual, a renunciar a beneficios que estén por encima de la Ley de Contrato de Trabajo. En el caso del “Ius variandi”, tampoco se eliminó el artículo que limita la posibilidad del trabajador de hacer un reclamo judicial “sumarísimo” contra cambios unilaterales decididos por la empresa sobre la forma y modalidad de trabajo. Ante esos casos, el trabajador podía sentirse despedido y hacer un juicio que en 20 días lo repusiera en sus funciones. Ahora esto se tramitará en la justicia ordinaria y no la laboral, por lo que un juicio puede durar hasta dos años.
Por último, se mantiene todo el capítulo dedicado a la eliminación de multas a los empleadores por evasión previsional, condonando las deudas que mantuvieron durante años en la informalidad a sus empleados. En caso de que la empresa continuara teniendo trabajadores no registrados, sólo se la obligará a pagar una proporción de la deuda condonada más intereses pero dicho dinero será destinado al Estado y no a los trabajadores. Como contraparte, a los trabajadores que sean “blanqueados” con esta nueva ley sólo se les reconocerán 60 meses -5 años- de aportes jubilatorios, sin importar si trabajaron más años en la informalidad. La paradoja es que sí se les reconocerán la totalidad de sus años trabajados para la antigüedad y las vacaciones. En medio de discursos oficiales sobre reducción de déficit fiscal, estas medidas sólo sirven para que los recursos que deberían ir a las arcas del Estado terminen engordando los bolsillos de los empresarios. Es una transferencia desde lo público a lo privado que profundiza la desigual distribución de la riqueza.

Organizar la resistencia

Esta reforma laboral es parte, junto con la impositiva, la previsional, la educativa y la del sistema de salud, de un paquete que pretende alterar definitivamente la estructura de derechos que a nuestro pueblo tantas lágrimas y sudor le costaron durante el Siglo XX. Lo que queda claro es que ante esta feroz ofensiva del gobierno y los patrones contra la clase trabajadora, no queda margen para las luchas sectarias y los discursos sin prácticas.
En este sentido, cabe señalar que el martes previo a la traición del triunvirato cegetista se reunieron en la sede de ATE Nacional un conjunto de sindicatos de la CTA Autónoma, junto a otras organizaciones sindicales y sociales entre los cuales estaban ATE, AAPM, CONADU Histórica, FESPROSA, CICOP, ADEMyS, Trabajadores del Cuero, UCRA, Aceiteros, SiPreBA, Asociación de Abogados Laboralistas, CTEP, Corriente Clasista y Combativa, Barrios de Pie, Ferroviarios Seccional Oeste, SITRAIC, FUBA, SUTNA, representantes de juntas y comisiones internas de sindicatos, entre otros, definiendo una Jornada nacional de Lucha con paros y movilización a Plaza de Mayo para el 6 de diciembre. Allí también se definió que, en caso de tratarse antes el proyecto de Ley en el Congreso, se movilizará ese mismo día.
Por otro lado, el jueves 16 se realizó en la Facultad de Ciencias Sociales (UBA) un encuentro de organizaciones sindicales de izquierda, autodenominadas como “el sindicalismo combativo”. El mismo se pronunció en contra de la reforma laboral planteando que “lo que se necesita es la prohibición de despidos y suspensiones, la reducción de la jornada laboral sin rebaja de salarios, el no pago de la deuda externa, el pase a planta permanente de todos los contratados, tercerizados y en negro y un salario mínimo igual a la canasta familiar para todos los trabajadores”. Así mismo, confirmaron su participación en la movilización unitaria llamada para el 6 de diciembre a Plaza de Mayo. Finalmente, se resolvió convocar a una movilización al Congreso Nacional para el jueves 23 de noviembre a las 17 horas, fecha en la que se estima el Senado estaría tratando el proyecto.
El pacto entre el Gobierno y la cúpula de la CGT profundizó las diferencias al interior de dicha Central logrando así que los sectores disidentes, referenciados en la Corriente Federal de los Trabajadores -conducida por Sergio Palazzo- y en los Camioneros -con Pablo Moyano de referente- organicen una respuesta conjunta. Tal es así que el mismo jueves en que se realizaba el encuentro de la izquierda, Moyano encabezaba un acto en la sede de la CGT junto al monseñor Marcelo Sánchez Sorondo, el titular de la Asociación de Obreros Textiles, Hugo Benítez, el titular de la Federación Gráfica Bonaerense, Héctor Michetti, el del Sindicato de Obreros Curtidores, Walter Correa, y Christian Miño, dirigente de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT). Ese jueves se acordó la participación de todos los sectores en el Plenario de la Corriente Federal realizado ayer lunes 20 de noviembre, el cual tuvo como resultado el llamado a movilizar para la última semana de noviembre. En dicho encuentro estuvo presente el secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, quien confirmó la participación en la marcha.
El movimiento obrero argentino se encuentra ante un desafío gigantesco: concretar la más amplia unidad de acción para defender los derechos conquistados. Más allá de la existencia de tres convocatorias -23 de noviembre, última semana de noviembre y 6 de diciembre-, la información disponible permitiría suponer una masiva movilización para el día que se pretenda tratar el proyecto en el Congreso, tendiendo todas las convocatorias existentes a confluir en una única jornada. Esta semana será crucial para acordar entre las distintas fuerzas una fecha que le permita al pueblo trabajador expresarse en unidad, dejando de lado las rencillas partidarias y sectoriales.
Lo que está claro es que la respuesta contra un plan de reformas estructurales de la magnitud del que presenta el macrismo no se agota en una o dos movilizaciones, sino que implicará un plan de lucha que contenga indefectiblemente la difusión amplia de sus riesgos, el debate fraterno entre organizaciones y con la sociedad, junto con la presencia constante en las calles. Hay una consigna que debemos compartir con el presidente Macri, expresada en su discurso emitido el 30 de octubre en el Centro Cultural Kirchner: “es ahora o nunca”.

Mariano Pasi, integrante de CTA Autónoma (Capital)

miércoles, 22 de noviembre de 2017

Reforma previsional: Macri, los gobernadores peronistas y del FpV contra los jubilados

Munición gruesa contra los jubilados



La columna vertebral del pacto con las provincias y en cierto modo de todas las reformas –laboral, jubilatoria e impositiva– es la confiscación al bolsillo de los jubilados y al Anses.

Ahora conocemos que la indexación que reemplazará a la fórmula de movilidad jubilatoria se aplicará trimestralmente, en base a los datos de los dos trimestres anteriores, de manera que ya sabemos que en marzo el aumento será de un 5%.
El “rugir” del peronismo de los gobernadores y de la CGT obligó a incluir una fórmula ligada a la recaudación: de allí la inclusión de un “plus” equivalente al 5% del porcentaje de aumento del PBI. Entonces, para el caso de que la economía se recupere al ritmo de un 3% de crecimiento durante el 2018, el plus sería para todo ese año de un 0,15% sobre el total de aumento en el año. Macri, la CGT y el PJ se han burlado de todos.
De este modo, se confirma el cálculo que hizo Ismael Bermúdez en Clarín, de una pérdida en el bolsillo de los jubilados que oscilaría entre $120 y 140 mil millones el año que viene, perdiendo enteramente los diez puntos de atraso de 2016. Tanto es así que en el Presupuesto 2018, el oficialismo incluyó en su versión inicial (ahora reformada) un 22% de aumento en el gasto de jubilaciones.
En segundo lugar, la edad de intimación jubilatoria patronal se eleva a 70 años tanto para hombres como para mujeres, lo que significa cinco años más para los primeros y diez años más para las trabajadoras. En este punto hay que señalar que la norma exceptúa de este alargamiento al Estado. ¿Una concesión? De ninguna manera. De este modo se intimará a jubilarse a los empleados estatales, quienes no serán reemplazados por el congelamiento de plantas dispuesto en el pacto de responsabilidad fiscal con las provincias. La jubilación será, además de los cortes de contrato y despidos, una manera de achicar la planta del Estado.
Como hemos denunciado durante la campaña electoral, la opcionalidad es falsa por completo. El trabajador que gana un promedio nacional apenas por encima de la línea de pobreza, tiene por opción la miseria cuando tiene que jubilarse con la mitad del haber que viene cobrando. El jubilado al momento del retiro es víctima del doble efecto de un salario que está lejísimo de la verdadera canasta familiar y de la aniquilación del 82% del último mejor haber. Teniendo en cuenta la expectativa de vida (76,33 años), la jubilación a los 70 implica aportar 50 años para disfrutarla durante seis. Hay que apuntar que semejante aumento de la edad de jubilación, taponará centenares de miles de puestos de trabajo a la juventud, sobre la base de la superexplotación de quienes ya trabajaron una vida.
Otro aspecto de la confiscación en marcha es la mentira de que repone el 82%. Se trata del 82% del salario mínimo, vital y móvil, hoy ya vigente de hecho en la paupérrima mínima de $7.246, que cobra la abrumadora mayoría de los jubilados, equivalente al 82% de los $8.860 del salario mínimo. Pero la cuestión no acaba allí, porque la ley propuesta dispone ese monto sólo para los casos con 30 años de aportes, lo que excluye a buena parte de los jubilados de la mínima que no llegan a esos años, en una Argentina con el 33,7% de trabajadores en negro y un nivel elevadísimo de evasión patronal que no siempre se puede probar.

Regímenes especiales

El ataque a los jubilados, no obstante, tiene otras aristas muy graves. En el pacto fiscal con las provincias se atacan los llamados “regímenes especiales” que rigen aún en 13 provincias. Se viene la llamada “armonización” para reducir la “ayuda” fiscal nacional a las provincias que no pueden financiar sus propias jubilaciones. Con las reformas tributarias el poder del Estado nacional para apretar a las provincias crece, no disminuye.
En ese paquete también se apunta a la docencia en general y a la docencia universitaria en particular, que conquistó el 82%: los 150 mil docentes universitarios y su jubilación a los 25 años de antigüedad forman parte de los “privilegios” de sectores de trabajadores, en tanto se reducen los impuestos al capital por distintas vías. En la misma mira están los trabajadores de Luz y Fuerza y los Judiciales. Estiman un “ahorro” de $79.000 millones por este concepto. Los decretazos pueden ser la vía para estos casos.
La reducción de impuestos al capital –como la progresiva reducción de Ganancias del 35% al 25%, y, en parte, la de Ingresos Brutos en cada provincia–, será financiada en buena medida por el Anses. Al elevar al 100% la coparticipación de Ganancias, unos 60 mil millones irán de las arcas del Anses a financiar el nuevo esquema impositivo a favor de los capitalistas, con la excusa de “promover la inversión”.
Pero otro golpe al Anses, de magnitud enorme, lo constituirán las rebajas de aportes patronales. La ley impositiva enviada prevé llegar en cinco años a la exención de aportes a los primeros $12.500 del salario de cada trabajador. Se trata de un golpe colosal al Anses. La reducción es difícil de medir a moneda constante, pero no baja, a plata de hoy, de $80 mil millones.

Abajo la reforma jubilatoria

Este plan de confiscación a los jubilados no es el único golpe a los trabajadores, desde luego, ni a los propios jubilados, porque la carestía, con tarifazos del orden del 70% en la luz y del 45% en el gas, en el área metropolitana, abarca a los que no están en la mínima u “ostentan” alguna propiedad para complementar sus ingresos; también por la vía de la carestía de las tarifas que se trasladan a los precios.
El movimiento obrero tiene enfrente un plan de guerra muy vasto, dentro del cual se encuentra el ataque al salario diferido que significa la jubilación para nosotros.
Los socialistas del PO luchamos contra esta reforma. Denunciamos al PJ que la negoció con Macri mediante la CGT y los gobernadores, desde Vidal hasta Alicia Kirchner. Llamamos a debatir el tema en asambleas obreras, a movilizar a los jubilados en barrios y sindicatos, a luchar por el 82%, a partir de reponer los aportes patronales y terminar con el trabajo en negro.
Pongamos al movimiento obrero en pie de lucha contra este plan de guerra contra la mayoría laboriosa nacional.

Néstor Pitrola

Ley Nacional de Salud Mental: el gobierno recula con su decreto de reglamentación

De acuerdo a distintas informaciones que fueron circularon por redes sociales durante el fin de semana, Macri habría dado “marcha atrás” con el decreto de una nueva reglamentación de la actual Ley Nacional de Salud Mental.
En el borrador del decreto, que circuló en las semanas previas, el objetivo oficial era profundizar el aspecto privatista de la actual reglamentación de la Ley y restituir, con todas las letras, el monopolio de las corporaciones médicas en la gestión y dirección de las prestaciones en servicios, instituciones y dispositivos del sistema de Salud Mental (especialmente en el área pública), en desmedro de los equipos interdisciplinarios.
El proyecto macrista de reglamentación resultó ser un “globo de ensayo”: nunca se presentó oficialmente y sólo fue difundido por redes sociales. De acuerdo a una fuente del Ministerio de Salud, “...el borrador que circuló no es definitivo, se está trabajando en ello y se harán rondas de consulta luego de que, esta semana, cambien las autoridades del Ministerio…” (Clarín, 17/11). Sin embargo, este recule se condice con el repudio manifestado la semana pasada en redes sociales, audiencias y petitorios online por un sinfín de agrupaciones, asociaciones, referentes y espacios en Salud Mental. El proyecto oficial había recibido el apoyo público de las máximas asociaciones nacionales de psiquiatras, la Asociación Argentina de Psiquiatras (AAP) y la Asociación de Psiquiatras Argentinos (APSA).
Algunos referentes vinculados con el kirchnerismo, por su parte, presentan el (por ahora) recule del macrismo como efecto de “la movilización”, a pesar de que durante toda la semana la línea del kirchnerismo fue denunciar el proyecto macrista por su carácter de “decreto no consensuado”.
Con el anuncio de las nuevas autoridades del Ministerio de Salud sobre “rondas de consulta” para una nueva reglamentación de la Ley, algunos kirchneristas se apresuraron a recoger el guante. Es el caso de la profesora de la UBA Alicia Stolkiner, una de las máximas referentes del kirchnerismo en Salud Mental, quien concluyó en una publicación en su página de Facebook que “ahora corresponde mantener la defensa de los aspectos nodales de la ley y el debate”. Asimismo, ningún espacio en Salud Mental vinculado al kirchnerismo ha llamado a redoblar la perspectiva de la movilización contra el Gobierno de Macri por su “paquetazo” de reformas ajustadoras y privatistas, entre ellas la Reforma de Salud-CUS.

Nuestra Perspectiva

Desde el Partido Obrero y sus agrupaciones de psicólogos y de la Salud denunciamos el proyecto de decreto macrista para una nueva reglamentación de la Ley de Salud Mental en el marco de un plan de guerra del gobierno contra los trabajadores y el pueblo, que incluye la reforma laboral pactada, días atrás, con la CGT; el brutal ajuste fiscal en las provincias acordado con los gobernadores del PJ –entre ellos Alicia Kirchner de Santa Cruzؘ–; y la reforma en Salud, que conllevará a una salvaje política de privatización del hospital público, también a pedido de la burocracia sindical vaciadora de las Obras Sociales y de las empresas privadas de Salud.
Ninguna desmovilización ni “consenso” para otra reglamentación. Sumemos el movimiento de Salud Mental a la lucha contra la Reforma privatista de la Salud Pública y la flexibilización laboral de los trabajadores de nuestro país.

Hernán Scorofitz – Apel Psicólogos

El golpe a la Asignación por Hijo (y más)

La modificación del índice de ajuste de las jubilaciones también golpeará a la Asignación Universal por Hijo, por hijo con discapacidad, asignación pre natal, ayuda escolar anual para la educación, asignación por nacimiento, por adopción y por matrimonio. Estas asignaciones, que paga la Anses, tienen su actualización atada a la Ley 26.417, que rige el aumento de las jubilaciones.
El monto actual de la Asignación Universal por Hijo es de 1243 pesos. Con el índice actual se calcula que pasaría a 1743 pesos a fin de 2018. Con el aumento por inflación, pasará solamente a 1578 pesos. A esto se agrega el adicional equivalente al 5% del crecimiento del PBI, lo que implicaría, para un crecimiento de un 2% en seis meses, un 0,1%. Sobre el actual monto de la asignación, sería un peso con cincuenta extra (alcanza para comprar tres caramelos). Estos tres caramelos fueron los que los gobernadores esgrimieron como un gran avance porque las jubilaciones y asignaciones familiares se ajustarían “por sobre la inflación”.
El ajuste de la Asignación por Hijo (que reciben 3,9 millones de personas) por inflación implicará una desvalorización de la misma en términos reales, dado que la mayor parte de la asignación se utiliza para comprar productos de la canasta básica, cuyo aumento de precios ha sido muy superior al índice general de inflación.
Se trata de un golpe brutal a la olla de los niños, el 47,7 por ciento de los cuales en la Argentina están por debajo de la línea de pobreza.

Juan Garcia

Paleoliberales atacan la sociedad salarial

Hace un tiempo advierto acerca de la existencia de sectores políticos que no son cabalmente neoliberales, pues nada tienen de nuevo. Tampoco son liberales con sentido de culpa que podrían intentar morigerar, en algo, los desastres sociales que produce lo que ellos denominan “libre” juego del mercado. Quizás deberíamos pensar si estos sectores no encuadran mejor en la categoría de “paleo-liberales”, pues sostienen posiciones que atrasan. Proponen antiguas fórmulas que ya mostraron su total ineficacia para el logro de mejoras en la vida y la libertad de los individuos. Ahora, entronados en el gobierno, si bien tratan de envolver con atractivos celofanes sus antiguas propuestas, es claro que desarrollan un furioso ataque a la sociedad salarial, intentando que cada uno de nosotros tenga que enfrentar, de manera individual, las vicisitudes de la vida que hasta ahora salvamos gracias a sistemas protectorios nacidos de las luchas de los trabajadores que fructificaron en normas de derecho laboral y social. Ejemplo de esto, es uno de los puntos de la reforma laboral propuesta por el gobierno nacional, que pretende que cada trabajador pague su propia indemnización en el caso de que lo despida el patrón. Este punto, como tantos otros, muestran claramente que intentan el desarme de los sistemas de regulación y protectorios que permiten la real inclusión social de los trabajadores.
En el análisis de la reforma laboral propuesta, no puede dejarse de lado el hecho de que la degradación de las relaciones laborales, y protecciones sociales ligadas a las mismas, generará una vulnerabilidad social que no sólo operará hacia el disciplinamiento de los trabajadores, también generará reacción por el derecho a ser dueños de nuestras vidas que tenemos quienes vivimos de nuestro trabajo. Es decir que se incrementará la conflictividad social. Pero, de conseguir sus objetivos los paleoliberales, llegaremos, como sociedad, a un debilitamiento de los soportes de sociabilidad y la consecuente desestabilización social, aunque es probable que sea luego que ganen sus dividendos quienes manejan los grandes capitales.
En los discursos que defienden la reforma, se nota que a los paleoliberales les queda cómodo hablar desde una concepción de individuo algo ingenua y ahistórica. Y digo “algo ingenua” porque es claro que se trata de una concepción al servicio de un sector social determinado. Lo concreto es que refieren al individuo como entidad dotada de potencialidades en particular, de un alto sentido de responsabilidad, de espíritu de empresa alerta para ser desplegado apenas dejen de existir lo que anuncian como obstáculos (en especial las reglamentaciones del Estado). Pero lo cierto es que el individuo real, el que cruzamos en la calle o quien vive con nosotros, sólo puede existir positivamente si posee el apoyo de otros. Socialmente decimos que estos apoyos son soportes construidos históricamente, es decir que no siempre fueron los mismos. Así tenemos, por ejemplo, que en los siglos XVII y XVIII el soporte fue la propiedad privada (lo que dejaba de lado a quienes no rendían esa condición). Luego se construyó otro soporte, al que podríamos denominar de propiedad social, es decir la construcción de sistemas de protección que reconocen derechos sociales que se poseen más allá de la propiedad privada. Es decir sistemas que permiten a los no propietarios ser dueños de sus vidas, poder establecer estrategias personales en el marco de una cierta autonomía individual. Para manifestarlo de otro modo, habilita a no ser siervo de un patrón y poder fijar estrategias personales sin el permiso de éste.
Los paleoliberales plantean regresar muy atrás en la historia y hacer de quienes no somos grandes propietarios, es decir que trabajamos bajo relación de dependencia, que tengamos la vida subordinada a la arbitrariedad patronal (ejemplo propuesta de jornada extendida fijada por la patronal sin pago de horas extras). La caída de este tipo de reglamentaciones que ponen límite a la voracidad de la patronal contribuye al desarme de los sistemas protectorios, entonces el individuo no propietario, comenzará a vivir su condición como una aplastante carga que lo estrangula.
Sin poder extenderme aquí, lo dicho alcanza para entender que resulta legítimo preguntarse qué está detrás de esta elección de organización social. De manera cotidiana escuchamos especialistas que razonan, desde distintas disciplinas científicas, acerca de lo lógico que resultan las medidas propuestas. Antes de entrar en esas discusiones particulares, debe entenderse que todo el planteo paleoliberal parte de una elección de valores que considera que toda la vida social debe estar subordinada a la maximización de la productividad, a cualquier precio. Cuando optan por eso, se torna “lógico” que no tenga importancia el descanso o la vida familiar del trabajador, y se le amplíe el horario de trabajo; tampoco les importa que el mercado por sí mismo no produzca lazos sociales; también se les torna necesaria la promoción del individualismo y la descolectivización (la amenaza de cerrar gremios, por ejemplo). Así podríamos seguir con una larga lista de “consecuencias lógicas” de esa opción de valores pues si la maximización de la productividad debe darse “a cualquier precio”, se tornan innecesarias tanto las protecciones en el ámbito laboral como la existencia de un Estado Social fuerte. Y también entienden como lógico que el trabajador tenga su vida subordinada a la arbitrariedad patronal.
Ahora bien, para entender esto no podemos creer que todo surge de una “lotería electoral” considerando que el resultado electoral por sí crea las condiciones para este proceso (que resistiremos). Debemos animarnos a pensar en las rupturas y continuidades con procesos políticos anteriores y advertir si, por ejemplo, la extensión de la precarización laboral (incluso en el Estado), el no reconocimiento de entidades gremiales independientes, permitir grandes concentraciones de riquezas en algunos sectores, ciertos formas de construcción política y otros tantos fenómenos, no han sido parte de este devenir. El paleoliberalismo está poniendo todos sus esfuerzos en reformar la sociedad a partir de una opción de valores que no contemplan la libertad o felicidad de la mayoría de los ciudadanos. Es demasiado lo que está en juego para no asumir autocríticas y dejar de lado descalificaciones y rivalidades por cuestiones menores. Es necesario un reagrupamiento de las fuerzas populares, pero no para atarse a un pasado que debe ser analizado, sino para ser dueños de nuestro futuro.

Jesús Chirino. Secretario General UTEM - CTA A

Escándalo: Baradel abre un Instituto de Formación Docente privado en el Suteba La Plata

Las cuotas llegan a los $3.200 por mes.

Con sorpresa, los docentes de la Provincia nos enteramos desde la página oficial del Suteba Central de la apertura de un Instituto Superior de Formación Docente y Técnica del Suteba en La Plata, en el cual se dictan el profesorado de Lengua y Literatura y la Tecnicatura de Higiene y Seguridad del Trabajo. Es la frutilla de una política de acuerdos y negociaciones con los gobiernos de turno.
Con la creación de este instituto, la dirección sindical K naturaliza la “privatización” de la escuela pública y pasa a competir con los profesorados estatales. La celeste se coloca entonces, de un lado del mostrador y no es justamente del lado de los trabajadores y el pueblo sino de los empresarios de la educación. Esto es un salto cualitativo por parte del Suteba Celeste ya que lo coloca como patronal, empresarios de un colegio que forma docentes y cuya cuota más baja es de $1.900.- mensuales para afiliados y llega a $3.200 para los no afiliados.
Además esta apertura se realiza en el momento más grave de la ofensiva del gobierno y del conjunto de las fuerzas políticas patronales para aplicar la reforma laboral y educativa.
Sería imposible la implementación de este gigantesco ajuste sin el acuerdo de la burocracia sindical, llámese CGT o CTA Yaski, Baradel, Ctera y compañía. Son parte de esta política aunque su relato 'progre' contra Macri confunda a algunos compañeros. Pero lo que define la política no son los dichos sino los hechos. Y en vez de estar organizando a los trabajadores para luchar contra el ajuste, hacen “gestiones” con el gobierno de Vidal y Macri para abrir un colegio privado.

Abajo la reforma anti educativa

Desde Tribuna Docente repudiamos la apertura de este Instituto Privado y llamamos a la docencia a organizarse de manera independiente a las burocracias de todo color y así abrir un canal de lucha que pueda derrotar la implementación del Plan Maestro y el paquete de reformas anti educativas de Macri y los Gobernadores. Por una nueva dirección del movimiento obrero.
Defendamos la Escuela Pública.

Mirta Sabattier

Los asesinos que “podían no saber”

La Cámara Federal liberó a ocho policías acusados de crímenes de lesa humanidad

Los jueces Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia confirmaron los procesamientos de los acusados pero señalaron que podían desconocer que estaban cumpliendo una orden ilegal. Se trata de policías que participaron en operativos que terminaron en asesinatos.
Primero fueron las absoluciones en Catamarca por el regreso de la teoría de los excesos. Luego llegaron las del Operativo Independencia por el “error de prohibición” que exculpó a militares por el decreto de aniquilamiento vigente antes del golpe. Ahora, un fallo de la Sala I de la Cámara Federal integrada por Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia despierta un nuevo estado de alerta. Los mismos jueces que negaron la excarcelación de Julio De Vido ordenaron la libertad de ocho policías de Coordinación Federal y Seguridad Metropolitana procesados por haber cometido los crímenes más aberrantes entre 1976 y 1977. Para hacerlo, cambiaron la jurisprudencia de las causas de lesa humanidad. Uno de los argumentos dice que los policías pudieron no saber que iban a cometer los hechos, una línea que parece alentar la vuelta de la obediencia debida. Y si bien los jueces confirmaron los procesamientos, las excarcelaciones son un mensaje al resto de los juzgados. Entre los liberados está el entonces teniente de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana, Alfredo Hugo Vidal, famoso como Poroto Vidal y parte de la banda de Comisarios que a fines de los ‘80 secuestró a Mauricio Macri.
Para construir esta postura, Bruglia y Ballestero trabajaron tres argumentos. 1. Que la mayor parte de los policías no tiene antecedentes en otros casos; 2. que los policías pudieron no saber, porque las comisarías tenían un doble rol: uno legal y otro ilegal y clandestino; y 3. la falta de sistemática: que los tres hechos en análisis podrían ser aislados o salen de lo sistemático del plan criminal de la dictadura que contempló el secuestro, la tortura para obtener información y la desaparición. Y que no tenía como práctica –según los jueces– homicidios a cielo abierto. En sus palabras, “debe destacarse que los presentes casos concluyeron con el homicidio de todos los habitantes de las fincas allanadas, lo que los diferencia de la estrategia que el mentado plan tenía establecida para la lucha antisubversiva, basada en el secuestro y tortura de aquellos rebeldes con la finalidad de extraerle toda la información posible que permitiera nutrir el aparato de inteligencia”. También señalan, sobre la participación de los policías que, “de acuerdo al ‘doble rol’” de las comisarías, “la sola circunstancia de estar destinado en una dependencia legal donde paralelamente funcionó un centro clandestino no es el único aspecto del cual se pueda inferir el aporte de una persona al plan criminal, como así tampoco que su intervención concreta en un procedimiento lo sea en favor de éste”. Y subrayan: “En consecuencia, resultará relevante poder determinar que la participación de cada imputado en los acontecimientos no estuvo enmarcada únicamente en una actividad regular propia de la fuerza, sino que existió un ‘plus’ en cuanto al efectivo conocimiento de la ilegalidad de la orden”.
La causa tramitó en primera instancia en el juzgado de Daniel Rafecas, uno de los jueces más cuidadosos con las imputaciones. Es un análisis de tres hechos descubiertos en una primera investigación sobre los documentos de los Consejos de Guerra. En las tres casas se probó que los disparos provocaron la muerte de todas las víctimas cuando se encontraban indefensas, algunas de las cuales recibieron más de diez disparos y todas fueron fusiladas o rematadas. En los operativos intervinieron dos grupos de la Policía Federal Argentina: un grupo del Departamento de Sumarios -área operativa– de la Superintendencias de Seguridad Federal y otro grupo de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la que dependían las comisarías. Para quienes trabajaron en la causa, la interpretación de Cámara es completamente nueva y muy rara. “Claramente las víctimas eran parte del colectivo que la dictadura había identificado como ‘subversivos’ y para ellos merecían ser objeto de la represión ilegal. Unos eran de Montoneros y otros del ERP”.
La decisión se conoció la semana pasada y generó un alto grado de preocupación entre querellantes. Primero, porque no está controvertida la prueba, dado que los homicidios están probados. Segundo, porque libera a quienes el abogado Pablo Llonto define como imputados de gravísima peligrosidad. Tercero, por el filón de la obediencia debida. En este caso, la resolución dice que no está claro que los policías sabían la entidad del hecho que estaban cometiendo. Pero ocurre poco después de un fallo del Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia que en septiembre absolvió a cuatro acusados luego de probar los hechos y declararlos de lesa humanidad pero considerar que los acusados cumplieron órdenes. Por último, este fallo preocupa por los posibles efectos en el cortísimo plazo. Leopoldo Bruglia, además de camarista con poder en ascenso en Comodoro Py, aún integra el Tribunal Oral Federal 5 a cargo del Juicio ESMA III. El megajuicio por los crímenes ocurridos en uno de los centros clandestinos más importantes del país culmina el próximo 29 de noviembre. Allí están en debate las responsabilidades de 54 personas por 798 hechos, y por primera vez se juzga responsabilidades de cinco imputados en los vuelos de la muerte. ¿Qué hubiese pasado en el juicio anterior si este criterio hubiese estado vigente con casos como el crimen de Rodolfo Walsh, asesinado en San Juan y Entre Ríos antes de llegar al centro clandestino? En este caso, los policías de la SM concurrieron a una de las casas luego de una orden emanada del Primer Cuerpo del Ejército. Los problemas no terminan ahí. La ESMA –como las comisarías y otras tantas estructuras operativas de la represión– también mantuvo una doble función en la dictadura. Mientras funcionó como centro clandestino de detención, tortura y exterminio permaneció abierta como escuela para suboficiales de la Armada. Lo mismo sucedió con estructuras de la Armada de las que dependió el abastecimiento de aeronaves. Por eso, todo esto significa que además de los enormes desafíos jurídicos que ya plantea este tramo del juicio por la falta total de sobrevivientes de los vuelos para probar las imputaciones de pilotos y navegantes, la sola invocación a una doble función podría estar anticipando la vocación de buscar todo tipo de argumentos para habilitar una lluvia de libertades o absoluciones.
Entre los liberados, además de Vidal, se encuentran: el oficial Inspector Rafael Oscar Romero, subinspector Daniel Pablo Amarillo, sargento 1° Manuel Luis Ichicovich, los cabos 1ro. Juan Adolfo Ríos y Osvaldo Néstor González, Miguel Olarte y el entonces comisario Inspector Alberto Mattone.

Alejandra Dandan
Página/12

"La naturaleza histórica de la revolución rusa" // Jorge Altamira y Miguel Del Plá

El combate de Vuelta de Obligado, ¿un hito en la soberanía nacional?



El 20 de noviembre se conmemora el “Día de la Soberanía Nacional”. El verdadero trasfondo del combate de Vuelta de Obligado.

Entre las múltiples facetas que los conflictos bélicos suelen exponer, la dimensión política es una fundamental. Como asunto de Estado, pueden actuar para legitimar poderes públicos, afianzar identidades o agudizar controversias. El combate de Vuelta de Obligado pertenece a este género de eventos. Su importancia en la historia nacional no se debe a la magnitud ni al volumen de recursos que puso en juego, sino al sentido histórico con el que ha sido interpretado y reconstruído en distintos momentos políticos.

¿De qué hablamos?

Situemos los eventos históricamente. En noviembre de 1845 dos de las principales potencias europeas de la época, Francia e Inglaterra, con flotas de guerra secundadas por casi un centenar de barcos mercantes, deciden avanzar sobre las costas del territorio del Río de la Plata, más precisamente sobre el río Paraná.
El nombre con el que se recuerda esta avanzada y el combate emprendido se debe al lugar donde el cauce del río se angosta y gira (Vuelta de Obligado), sitio en el que las tropas de la Confederación rosista, al mando del general Lucio N. Mansilla, intentaron bloquear con audacia y firmeza el paso de esas fuerzas extranjeras. Este hecho se recuerda como “Día de la Soberanía” instaurado como feriado nacional por el kirchnerismo, reivindicando la figura de Rosas.
Las potencias extranjeras apelaron a pretextos varios para llevar adelante esta avanzada. Alegaron buscar “pacificar” la Banda Oriental. Esa ciudad estaba atravesada por un prolongado conflicto interno que definía reagrupamientos de distintos actores de la región. Brasil había abandonado su prescindencia inicial, una vez alejado el peligro sublevacionista de Río Grande del Sur, y junto a Francia, Inglaterra y los porteños exiliados, apoyaban al caudillo oriental Rivera (el ala burguesa mercantil vinculada al comercio exterior) enfrentado al bando oribista que con apoyo de Rosas mantenía el sitio de Montevideo. Años antes Oribe se había negado a colaborar con Francia en el bloqueo a Buenos Aires. Las potencias alegaban también actuar en defensa del comercio en la región y la libre circulación de los ríos Paraná y Uruguay, que habían sido clausurados a la navegación de toda flota extranjera por Rosas.
Si bien las fuerzas de la Confederación no lograron su propósito militar en el combate y son superadas rápidamente, las potencias extranjeras tampoco consiguen todos sus objetivos. Victoriosas en los enfrentamientos, descubrieron que los mercados internos del litoral no poseían el dinamismo económico con el que especulaban y la presión del gobierno británico para normalizar los negocios hizo lo suyo para iniciar su retirada.

Objetivos británicos

Entonces... ¿había sido Inglaterra doblegada en sus ambiciones? La respuesta es contradictoria. Revolución industrial mediante, la crisis económica que hacia finales de la década del 1830 impacta en ese país, puso en evidencia que su adelantado desarrollo industrial había saturado de productos sus mercados y necesitaba ampliar sus áreas de influencia, acorde a la potencia económica en que se había transformado. Mejorar su situación en el sur del continente se presentaba como una opción viable de negocios y prometedora de una nueva etapa en el histórico vínculo con la región.
Por otro lado, la cuenca del Río de la Plata fue durante décadas uno de los ejes más dinámicos para la producción pecuaria y el comercio, área en la que los ríos Paraguay y el generoso Paraná actuaban como vías de integración de ese territorio, cuyo destino de ultramar, tanto para la importación, como la exportación se realizaba a través de los puertos de Buenos Aires y Montevideo. Sin dudas, el control del litoral y la libre navegación de sus ríos era vital para cualquier Estado por los recursos públicos que generaban. Según J. A. Ramos, “los ingleses planeaban en su correspondencia diplomática la balcanización, como lo demuestran las investigaciones contemporáneas en los archivos del Foreing Office. Un agente británico escribía a Londres: El reconocimiento del Paraguay; conjuntamente con el posible reconocimiento de Corrientes y Entre Ríos, y su erección en estados independientes aseguraría la navegación del Paraná y del Uruguay. Podría así evitarse la dificultad de insistir sobre la libre navegación que nosotros hemos rechazado en el caso del río San Lorenzo”.
Ante la posible rendición de la Banda Oriental a Buenos Aires, que parecía cada vez más cercana en noviembre de 1845, agotadas las negociaciones y ultimátum presentados a Rosas, las potencias decidieron romper por la fuerza las amarras que imponían los hacendados porteños. La superioridad militar, técnica y de recursos alentaron a la corona británica a emprender esa aventura que finalmente no ofreció todas las perspectivas esperadas. ¿Este revés supuso para Inglaterra pérdidas irrecuperables? De ninguna manera. Lo mejor sería definirla como un fracaso táctico, pues su política colonialista no desapareció, adoptó un nuevo ropaje: abandonaba la intervención armada, “la política de las cañoneras” como se la llamó, para reemplazarla por la diplomática.
Hacia 1846 Lord Palmerston, el nuevo ministro a cargo de las relaciones, impone finalmente una línea de negociación que culminó en los acuerdos de 1849 (tratado Arana-Southern) en los que Gran Bretaña no resigna el que era su objetivo primario, la liberación de Montevideo (y con ella su estratégico puerto), pues Rosas se comprometía a retirar sus fuerzas de esa ciudad. A cambio Inglaterra asumía el compromiso de evacuar la isla Martín García, poner fin al bloqueo y el reconocimiento de la navegación del Paraná como un asunto interno de la Confederación. Negociación que le permitía, resignando el interior, continuar los negocios con Buenos Aires y evitar la estratégica incorporación de la Banda Oriental a la Confederación, conservando también esa base naval estratégica. Se preservaba un antiguo propósito de la diplomacia británica desde la época de lord Ponsonby, evitar que los negocios en las costas orientales del Río de la Plata quedaran en manos de dos estados (Brasil y Argentina), otorgando protección a la Banda Oriental para lograrlo. Un año después se sellaría el tratado Arana-Leprèdour con Francia, bajo términos similares.

¿Y Rosas?

En este punto comienza el debate. ¿Encabezó Rosas la resistencia a un nuevo capítulo de la opresión nacional inglesa? Desde el punto de vista de los objetivos británicos es claro que Rosas, sin cuestionar los vínculos estratégicos, no estaba dispuesto a permitir la intervención militar de las potencias extranjeras y obligó a Inglaterra a replantear su táctica. Pero... ¿es posible reducir la epopeya a la osadía? ¿Reivindicar el gesto excluyente de la batalla? Claramente no.
Como engranajes de las guerras las batallas pueden considerarse sus instrumentos, formas de continuar relaciones y motivaciones políticas con otros medios. ¿Cuáles eran los de Rosas? ¿Qué propósitos tuvo? Si bien las rivalidades y conflictos entre los dos puertos se extendieron por varias décadas (al menos desde la creación de la Aduana oriental en 1778), la intervención directa extranjera amenazó en otros términos la privilegiada situación de Buenos Aires. Los límites que Rosas impuso a la política militar colonialista británica y francesa no tenían una pizca de defensa del interés “nacional”. Al presentar batalla, Rosas se propuso asegurar el control absoluto de los recursos de la Confederación, más precisamente los intereses vitales de Buenos Aires; buscó consolidar y preservar la inicial acumulación de capital de los hacendados porteños y sus saladeros, que desde la década de 1820 con la expansión de la frontera productiva y el aumento del stock ganadero, sin grandes inversiones de capital, habían logrado elevar el nivel general de la producción de la campaña y la producción para la exportación. Como señala agudamente Peña “es indiscutible que defendió la independencia del país – de su país, el país de los estancieros porteños, contra todos los intentos de colonización”.
En ese sentido más que un ideario nacionalista, el rosismo supo resolver, en la diversidad de coyunturas, los problemas que enfrentaron los sectores hacendados vinculados a la estancia y al saladero (“la pequeña industria del cuero, la sal y el tasajo”), a costa de las potencialidades relegadas del resto de las provincias.
Rosas impuso a los sectores comerciales porteños, dependientes e intermediarios del capitalismo europeo y favorables al libre comercio, los intereses del sector terrateniente vinculado más directamente a las fuerzas productivas del país (asentados en la gran propiedad de la tierra), sostén principal de la producción y fuente genuina de la centralización política durante sus mandatos. Sus intereses (los de la elite comercial y terrateniente) confluirán, luego de la derrota de Rosas en Caseros (1852), en los años siguientes ante la oportunidad de negocios que ofrecía el refinamiento del ganado ovino asociado a la “fiebre del lanar” en el mercado mundial, casualmente el inglés.
El combate de Vuelta de Obligado puede recuperarse como un acto de reafirmación política contra la injerencia extranjera. Pero como señala Peña la única “bandera” que Rosas defendió se llamaba puerto de Buenos Aires. Su política buscó preservar las bases económicas fundamentales de la precaria hegemonía política de una clase en formación, que no estaba interesada en desarrollar ningún camino autónomo o nacional como demostró en 1852 el proyecto secesionista de Buenos Aires.
Vuelta de Obligado dejó un legado menos recordado, el de la pax rosista. Rosas logró utilizar los conflictos externos para construir su poder y liderazgo, apelando al respaldo de los sectores populares y el establecimiento del orden interno que incluía el control de los conflictos civiles, la persecución indígena y la transformación del gaucho/peón, condiciones necesarias para favorecer la expansión de la campaña ganadera y los intereses de clase de un capitalismo atrasado y semicolonial en formación.

Liliana O. Caló
@LilianaOgCa

Fuentes

Peña, Milcíades, Historia del pueblo argentino, Buenos Aires, Planeta.
Jorge Abelardo Ramos, Revolución y Contra Revolución en la Argentina. Las Masas y las Lanzas.
(https://issuu.com/movidorrego/docs/ramos_jorge_abelardo._las_masas_y_l/160)

martes, 21 de noviembre de 2017

Reforma laboral: 5 claves del pacto antiobrero entre la CGT y el Gobierno

El periodismo toca fondo en la Argentina

En la Argentina el derecho a la información está en peligro. En los últimos dos años, y por diversos motivos –cierres de empresas por pésimas y/o fraudulentas administraciones, reducción de personal y retiros anticipados– han perdido su empleo más de dos mil trabajadores de medios de comunicación. Más allá de los cambios tecnológicos y el auge de la digitalización y las redes sociales, el asimétrico manejo de la pauta oficial del gobierno macrista ha perjudicado a los medios que no simpatizan con su administración. Por el contrario, suministra dinero obsceno a los medios hegemónicos, que son quienes sostienen el relato oficial. Y, pese a esta desproporción, son los medios oficialistas quienes también expulsan trabajadores, como es el caso del cierre de la agencia noticiosa DyN, propiedad de la megacorporación Clarín.
Las políticas comunicacionales del gobierno nacional “asumen un carácter regresivo al ceder a los principales actores industriales del sector infocomunicacional la orientación de la regulación estatal –sostiene el especialista en medios Martín Becerra en “La Izquierda Diario”–. El sentido de estas políticas -prórroga de licencias, decretos diseñados a medida para lubricar la expansión y contracción del mercado, transferencia de recursos públicos, discrecionalidad en el manejo de la publicidad oficial disciplinando a medios opositores- acelera la crisis económica de las empresas de medios con la excepción de las más concentradas, alineadas por ahora de modo nítido con el gobierno nacional. La consecuencia de la concentración del sector es que menos actores tienen más poder y participación, en detrimento del resto”.
Pero esto no es todo. Clarín y La Nación, los medios masivos y hegemónicos de la Argentina, los que ocultan el entramado de corrupción del gobierno neoliberal de Mauricio Macri y sus políticas de ajuste y desigualdad, utilizan su poder dominante para “sembrar calumnias y mentir con naturalidad” (Serrat dixit), en una maniobra de desinformación y ocultamiento pocas veces visto en la historia del periodismo en democracia. Con la impunidad que les confiere la posición dominante que detentan hace años, apuestan a confundir a una opinión pública aturdida y anestesiada.
Han pivoteado con éxito la división de la sociedad –la famosa grieta– y les sobra pericia para embestir sobre quienes se oponen a su modus operandi, sean personas o instituciones. No les interesa la corrupción ajena en tanto no afecte sus intereses (ellos mismos practicaron la corrupción hace ya cuarenta años, con la apropiación de la empresa Papel Prensa). Tampoco tienen empacho en minar la honra de cualquier ciudadano que se empeñe en refutarlos. Utilizando la extorsión han construido un poder agobiante, al punto que no hay políticos, jueces ni funcionarios que se atrevan a cruzarse en su camino. Con este inmenso poder se han constituido en lo que John Pilger llamó gobiernos invisibles e incontrolables, es decir, corporaciones de medios que no rinden cuentas ante nadie y que actúan sin ninguna clase de restricciones.
Mientras venden basura en su disparatada protección al oficialismo, reciben como nunca millonarios beneficios económicos de la gestión macrista: la pauta oficial se multiplicó en dos años, y con la cesión del cuádruple play al monopolio Clarín, éste corre con privilegios para operar en el espectro de Internet de alta velocidad; se hicieron de la empresa Telecom, lograron que el oficialismo anulara las leyes que los limitaba en su expansión, y hasta colocan jueces y funcionarios en la actual administración nacional. Pero, además, van por sus competidores: las plataformas digitales de servicios como Netflix y Spotity empezarán a pagar impuestos en todo el país.
Y disponen del brazo armado del Poder Judicial para encarcelar opositores y expulsar voces disidentes de los pocos medios no adictos que aun sobreviven. “Hoy la Justicia está operada a través de los medios”, afirmó el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, quien sostuvo además que “muchos jueces se dejan llevar por las operaciones y hasta las lideran”. Por presiones, vedetismo o simplemente temor a ser denunciados con carpetazos, muchos jueces han dado muestras de un servilismo casi patológico, como fue el caso de Julián Ercolini, que el año pasado sobreseyó a Héctor Magnetto (CEO de Clarín) y otros en la causa por la apropiación de Papel Prensa.
Los grandes medios en la Argentina hacen espionaje político, persiguen opositores con operaciones destinadas a difamarlos, confunden a la población y siembran el odio en una sociedad dividida. Respaldan al gobierno por convicciones y conveniencias, y ocultan la corrupción de sus funcionarios, incluyendo la del propio Mauricio Macri. Manejan la agenda pública y anticipan las medidas políticas, en su doble condición de influir a la opinión pública y al poder real.
Hace años que Clarín y La Nación pasaron por alto todos los códigos de ética periodística. Diría que ya no ejercen el periodismo: operan para concentrar cada vez más poder. No les interesa la verdad: la construyen en función de sus conveniencias. Cebados como están por imponer sus propósitos –como una bestia por la sangre enemiga– derrapan a menudo con operaciones aberrantes que jamás son desmentidas. Porque en eso consiste su poder: no tener necesidad de dar explicación. Han logrado convertir a sus propios periodistas en seres miserables, inhibidos de autonomía editorial por temor a perder sus privilegios laborales. Prisioneros de una jaula de oro asfixiante observan, muchas veces hasta con desprecio, a los colegas de otros medios perder sus derechos y su voz.
En la Argentina el periodismo toca fondo. A las movilizaciones de reporteros gráficos y de trabajadores de la televisión se suma el pedido de emergencia laboral del Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Mientras tanto los medios hegemónicos acumulan cada vez poder. ¿Quién le pone el cascabel al gato?

Gabriel Cocimano (Buenos Aires, 1961) Periodista y escritor. Todos sus trabajos en el sitio web www.gabrielcocimano.wordpress.com

Negocios, política y medios de comunicación de la iglesia universal

La Iglesia Universal del Reino de Dios (IURD) institución politica-economica-religiosa multinacional que genera sus ingresos a partir de los aportes de quienes participan en eventos de la misma. La IURD se encuentra presente en más de 100 países. Fue fundada en 1977 por Edir Macedo. En la actualidad, cuentan con más 22 millones de personas seguidoras de las palabras de sus líderes. Desde Virginia Bolten iniciamos una serie de notas sobre la Iglesia Universal, sus formas de actuar en el campo político, económico y comunicacional.
El mayor espacio en términos religiosos-económicos de la cultura capitalista validada por esta institución se encuentra en Brasil. IURD construyó el “templo” más importante de Latinoamérica con un costo superior a los u$S250millones.

“Jesucristo es el Señor” y tus medios de comunicación

IURD cuenta con una importante red de medios de comunicación a nivel mundial, en Brasil el segundo medio televisivo más visto es Red Record, propiedad de Macedo desde 1989. Red Record es quien realizó novelas de importante éxito en Argentina, entre ellas “Moises y los Diez Mandamientos”, televisada por Telefé. La novela ha sido el programa más visto en Argentina en 2016 y Telefé adquirió la secuela de la misma, esto pese al reclamo de organizaciones artísticas sobre los puestos de trabajo que se pierden al importar estas producciones. La serie de IURD “Josué y la Tierra Prometida” tuvo un costo de producción de U$S200mil por capítulo.
Red Record internacional, es la emisora de Brasil con mayor audiencia internacional de habla portuguesa y presenta su contenido en más de 170 países. En la Argentina es posible advertir la ocupación en diversas franjas horarios de pastores con tono portugués, hablando sobre la salvación individual con la lógica actual del neoliberalismo. Si alguien tiene lo que denominan como problemas, no es responsable este sistema, sino los demonios que llevamos dentro y la persona misma. Algo similar, al slogan del macrismo, “El futuro depende de cada uno”.
El periódico Universal es otro medio para transmitir sus ideas. El mismo se encuentra en formato digital e impreso. Uno de los puntos fundamentales de este medio son los consejos que se brindan, no es menor que se encuentre consejos sobre el dinero con una lógica capitalista.
Los medios de comunicación de la IURD tienen una profunda mirada patriarcal. Se hace publicidad de la familia hetero-nuclear, cuestionando cualquier otra forma de vinculación sexo-afectiva. Aquí puede verse en detalle la mirada sobre cómo debe ser una mujer de dios: http://www.universal.org.ar/el-perfil-de-la-mujer-de-dios-2

La Teología de la prosperidad

El uso de estos espacios en medios masivos es un forma de construir subjetividad y acercar a personas a los diferentes templos para una vez allí, por medio de presiones, exigir el pago del diezmo.
En las creencias de la IURD se expresa nitidamente la concepción del diezmo y la abundancia. La IURD tiene una lista de creencias, en la número 11 expresan sobre los aportes de las personas a la iglesia:“Los diezmos y las ofrendas son tan sagrados, tan santos como la Palabra de Dios. Los diezmos significan fidelidad y las ofrendas el amor del siervo hacia el Señor. No se puede disociar los diezmos y las ofrendas de la obra redentora del Señor Jesús; significan, en verdad, la sangre de los salvos en favor de aquellos que necesitan de la salvación”. La teología de la prosperidad, es la doctrina de la IURD a partir de la cual el éxito económico individual es a partir de la gracia de dios. En su creencia 14 lo expresan nitidamente, “Todos los cristianos tienen derecho a una vida abundante según las palabras del Señor Jesús: “… yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia”
La estrategia de Macedo no es solo llevada adelante en el ámbito comunicacional y templos. En la próxima publicación de Virginia Bolten, problematizaremos sobre la construcción política-partidaria en Brasil y Argentina y los lazos con diversos gobiernos.

Camila Gonzalez Iglesias
Virginia Bolten

lunes, 20 de noviembre de 2017

Gobernadores y Macri pactaron un aumento de la edad jubilatoria



La verdadera –y escandalosa- trama del “pacto fiscal”

Tuvieron que esperar que pasaran 48 horas-y los gobernadores tomaran sus vuelos de vuelta a las provincias- para que se revelara el verdadero y escandaloso entramado del “pacto fiscal” que el gobierno macrista firmò con mandatarios del pejota, del Frente para la Victoria e incluso del `socialismo´.
Más allà del toma y daca de impuestos que se dejan de percibir y de deudas a documentar (todo lo cual se puede resumir en exenciones al capital que pagará la población con diferentes impuestazos) el telón de fondo del acuerdo reside en una enorme confiscación a los jubilados, que quiso disimularse a la firma del acuerdo:
-como se recordará, el gobierno modificó el cálculo de la movilidad jubilatoria, limitándolo a ajustar los haberes por la inflación pasada y suprimiendo la parte de aquél cálculo que los elevaba de acuerdo a la recaudación tributaria y, por lo tanto, al crecimiento de la economía. De ese modo, las jubilaciones continuarían planchadas, en términos reales, en los miserables valores actuales. Sin embargo, y cuando se anunció el pacto con las provincias, se dijo que habían acordado un “plus por encima de la inflación”. Pero de acuerdo a la información difundida, ese “plus” semestral consistiría en un 5% del crecimiento del producto bruto. Si, por ejemplo, el PBI crece un 2% en seis meses, el plus representaría el 5% de un 2%. O sea, un 0,1. Sobre la actual jubilación mínima, ello representa un aumento jubilatorio real de…7,2 pesos. Estamos ante una defraudación política y moral a los trabajadores pasivos.
-El pacto fiscal anunció también que las jubilación mínima será “al menos” del 82% del salario mínimo, algo que prácticamente ya ocurre con la mínima actual, que representa el 81,8% de aquel valor. Pero la clàusula agrega que ello valdrá para los jubilados “con treinta años de aportes”. O sea que no tendrá vigencia, por caso, para aquellos que se acogieron a las moratorias de los últimos años. Es claro que esta doble vara abre paso a una suerte de “sub-haber mínimo”, o jubilación de ultraindigencia para ésta última categoría.
-Finalmente, el pacto con los gobernadores establece que los empleadores sólo intimarán a jubilarse a aquellos trabajadores que cumplan 70 años, y no 65 como ocurría hasta ahora. Ello implica, en los hechos, un aumento de cinco años en la edad jubilatoria. El gobierno presenta este despojo como una “opción”. Pero no existe tal opción con haberes mínimos que apenas alcanzan al 50% de una canasta de pobreza. En los hechos, y miseria jubilatoria mediante, han empujado la edad jubilatoria a los 70 años.
No es un secreto que este saqueo previsional ha sido dictado por la última misión del FMI que visitó Argentina. Su objetivo es asegurar que el presupuesto público opere como garante del creciente endeudamiento, y de las enormes exenciones y reducciones de impuestos con las que se ha beneficiado a los capitalistas. La firma de gobernadores peronistas, kirchneristas, de Massa y del PS retrata la bancarrota política de una seudooposición que baila al compás de los banqueros. Lo mismo vale para la burocracia sindical que ha firmado, en “espejo” al despojo jubilatorio, una reforma laboral antiobrera. Rechacemos este despojo con una enérgica política de movilización.

Marcelo Ramal

"La Revolución Rusa y la educación'' // Romina del Plá, Daniel Sierra, Soledad Díaz y Daniel Gaido

Criminalización de la lucha por Maldonado y la libertad de Jones Huala.

Allanan las viviendas de militantes de DDHH y de miembros de la comunidad Mapuche en Neuquén

En el marco de la investigación “Pluspetrol” [NdR: que se abrió ante el supuesto hallazgo de una bomba en un pozo petrolero], la fiscal Paula González emitió las órdenes de allanamiento de los domicilios de Nadia Paris y Fermín Martínez, integrantes de Familiares y Amigos de Luciano Arruga; Marcos Painevil, Carmen Antilef y Rubén Wani, de la comunidad mapuche, y Ricardo Rosales, militante del PTS. Todos compañeros activistas en defensa de los derechos humanos y de la causa del pueblo mapuche.
Desde las 8 de la mañana, las Policías de Rio Negro y de Neuquén han ingresado en forma simultánea a los domicilios de los compañeros, en busca de: “cartelería, todo tipo de pinturas y simbología mapuche, todo el elemento relacionado al RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), escritos de las personas investigadas, agendas personales, materiales inflamables, computadoras, pendrives, armas de fuego”, etc. Gisella Moreira, integrante de Apel, se encuentra en el lugar junto a otras organizaciones de derechos humanos para denunciar este atropello y asistir a los compañeros.
El allanamiento se produce a pocas horas de haber anunciado una nueva movilización para el 1 de diciembre, a cuatro meses de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado y por la libertad de Facundo Jones Huala.
Se trata a las claras de un salto en la criminalización de la lucha del pueblo mapuche y de las organizaciones políticas y de derechos humanos solidarias con su lucha, en sintonía con el operativo de encubrimiento de las responsabilidades de la gendarmería ante la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. Llamamos a todas las organizaciones sociales, políticas y sindicales a repudiar estos hechos y mantenernos en estado de alerta y movilización.
Basta de persecución del pueblo Mapuche y de criminalización de la protesta social, libertad al lonko Facundo Jones Huala, juicio y castigo a los responsables de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado.

Partido Obrero de Neuquén y Río Negro

Guillermo Pacagnini | El sindicalismo combativo se organiza contra la reforma laboral