El actual gobierno convenció a sus votantes y asumió con el caballito de batalla de “limpiar la corrupción”, que había sido el método básico en el cual se manejó el kirchnerismo en sus 12 años de administración del Estado. Sin embargo, además de la cuestionable historia del propio presidente y sus funcionarios –que más que historia es prontuario- su desenvolvimiento en la actualidad dista muchísimo de aquella declamación.
Aranguren le compra gasoil por 150 millones de dólares a una off-shore de Shell de la cual fue director años atrás. El ministro de energía dirigió al menos dos empresas de Shell inscriptas en paraísos fiscales, según consta en la investigación global llamada “Paradise Papers” llevada a cabo por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, según las siglas en inglés).
Entre abril y septiembre de 2003, Aranguren aparece vinculado a Shell Western Supply and Trading Limited, una subsidiaria de Royal Dutch Shell PLC, radicada en Barbados. También, figura como director de Sol Antilles y Guianas Limited, otra filial de la petrolera anglo-holandesa, entre mayo y julio de 1996.
En abril de 2016, Shell Western Supply and Trading se quedó con siete de los ocho cargamentos de gasoil licitados por CAMMESA, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico, que depende del ministerio de Aranguren, constituyéndose en la principal adjudicataria por la compra de combustible por parte del actual gobierno.
Aún antes de conocerse que Aranguren integraba la lista de funcionarios argentinos en los “Paradise Papers” se había filtrado que el actual ministro de Finanzas y hombre de extrema confianza del presidente Macri, Luis Caputo, administró también una sociedad offshore hasta desempeñarse en la función pública. Según la información a la que tuvo acceso el Consorcio de Periodistas, Caputo administró Noctua Partners LLC, una gerenciadora de fondos de inversión de la ciudad estadounidense de Miami vinculada a Delaware y las Islas Caimán, dos jurisdicciones donde rigen el secreto y las ventajas fiscales. También fue manager de Alto Global Fund, un fondo de inversión de alto riesgo inscripto en las Islas Caimán, un paraíso fiscal.
Según el informe, estos paraísos fiscales corporativos permiten la exención de impuestos a sociedades en manos de extranjeros no residentes.
Todo el mundo sabe que los paraísos fiscales son antros donde las multinacionales depositan sus capitales para evadir impuestos y donde los corruptos lavan sus activos provenientes de actividades delictivas, como narcotráfico, venta ilegal de armas o trata de personas.
Las andanzas de Caputo no terminan allí. El fiscal Jorge Di Lello lo imputó, junto a otros funcionarios del Gobierno, en una causa iniciada a partir de dos operaciones realizadas con acciones y bonos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSeS (FGS).
El expediente está a cargo del juez federal Claudio Bonadio y se inició por una denuncia en la que se puntualiza que esas operaciones causaron un perjuicio de u$s 75 millones al Estado.
Di Lello imputó a Caputo; Pedro Lacoste, secretario de Política Económica y Planificación del Desarrollo; Gustavo Marconato, secretario de Hacienda; Emilio Basavilbaso, director ejecutivo de ANSeS y Luis María Blaquier, quien fuera director del FGS.
"Dólar futuro" fue sin duda uno de los temas del año 2016. La operatoria (en esencia una "apuesta" al valor potencial de la divisa en determinada fecha) fue usada en el último año del kirchnerismo para mantener las reservas del Banco Central y contener el precio del dólar. Esto derivó en una causa en la que fueron procesados la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y algunos de sus funcionarios; y otra "contradenuncia" contra los compradores que luego integraron el gabinete de Mauricio Macri.
Por eso no llama la atención que dos ministros del gabinete nacional, Nicolás Dujovne (Hacienda) y Luis Caputo (Finanzas) también estén involucrados en el tema.
Dujovne, economista (UBA) y periodista del diario de La Nación, figura en la lista de compradores de dólar futuro publicada por el diario Ámbito Financiero en abril de 2016.
El rol de Caputo, en cambio, es más comprometido. Antes de asumir como secretario de Finanzas, el ahora ministro presidió Axis Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión S.A., una administradora de Fondos Comunes de Inversión. Esa compañía poseía, al 30 de noviembre de 2015, unos 43.000.000 de contratos de dólar futuro por 453.944.000 pesos. Caputo, a su turno, poseía cuotapartes de Axis por $1.866.283.
Estas son sólo muestras de la totalidad del cuerpo podrido de la Alianza gobernante Cambiemos. La mugre lo salpica por todos lados. Ahí están las manchas de Michetti, que nuca pudo explicar coherentemente de dónde sacó parte de su capital en efectivo; Arribas, otro hombre de la íntima confianza del primer mandatario, señalado por un directivo de la multinacional Oderbretch, arrepentido en la causa “Lava-Jato”, de ser el receptor de las coimas que la empresa pagaba en el país; o las innumerables denuncias contra Calcaterra, primo presidencial. Y la lista sigue, interminable.
Si de corrupción hablamos, Mauricio Macri tiene el prontuario más pesado. Según consta, fue procesado en 214 causas. Es bien sabido que su fortuna actual tuvo un salto meteórico durante la dictadura, cuando su padre era uno de aquellos “capitanes de la industria” que los militares eligieron para hacer negociados a través de la obra pública, y la estatización de la deuda privada de los empresarios (entre los que estaban los Macri) gracias a la maniobra del nefasto Domingo Cavallo desde la presidencia del Banco Central. Luego vendrían las cloacas de Morón (con Rousselott de intendente), el contrabando de autopartes (que generó un fallo vergonzoso de sobreseimiento de la “Corte automática” de Carlos Menem, que justamente, se lo llamó “Fallo Macri”), el robo del Canon del Correo (que tuvo su continuación en la actualidad) y las escuchas ilegales del gobierno de la CABA.
Más allá del pasado delictivo,l presidente debe dar batalla en varios frentes por las denuncias que acumula en los casi dos años que lleva en el gobierno. Macri tiene el para nada orgulloso “récord” de ser el único presidente que asumió su investidura estando procesado penalmente.
El anteúltimo día del 2015 el juez Sebastián Casanello decidió sobreseerlo por el escándalo de las escuchas ilegales que lo tuvo más de un lustro como procesado. Sin embargo a los pocos meses de asumir la presidencia comenzaron nuevamente los problemas para el ex alcalde porteño
Panama Papers (abril 2016): El Presidente fue imputado por el fiscal Federico Delgado por presunta "omisión maliciosa" en su declaración jurada, a raíz de una denuncia que se basa en los documentos filtrados en la investigación conocida como Panama Papers. La causa quedó a cargo del juez Sebastián Casanello.
Blanqueo para familiares (diciembre 2016): Macri, fue imputado por el fiscal Guillermo Marijuán junto al jefe de Gabinete, Marcos Peña, y al ministro de Economía, Alfonso Prat-Gay, por firmar el decreto que permitió a familiares de funcionarios ingresar al blanqueo de capitales. El fiscal impulsó la denuncia de la diputada Victoria Donda, quien argumentó que la reglamentación de la ley y el decreto que añadió a parientes de funcionarios al blanqueo es ilegal.
Memorandum con Qatar (diciembre 2016): Macri, la vicepresidenta, Gabriela Michetti, y otros funcionarios fueron imputados por la fiscal Paloma Ochoa por la firma de un memorándum con Qatar que involucra fondos de Anses por inversiones por 1.300 millones de dólares. La causa quedó a cargo del juez Daniel Rafecas, quien también investiga a otros funcionarios, diplomáticos qataríes e incluso al tenista Gastón Gaudio.
Acuerdo por el Correo (febrero 2017): el gobierno argentino estuvo a punto de cerrar un acuerdo con la familia del Presidente por una deuda que el Grupo Macri mantenía con el Estado Nacional. El convenio autorizado por el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, le establecía un plan de cuotas duradero hasta el 2033 que licuaba las obligaciones del Grupo con el Estado. Macri fue imputado penalmente por el fiscal Juan Pedro Zoni al igual que Oscar Aguad. En el dictamen del fiscal, ambas acusaciones están dirigidas a que "se habrían cometido conductas delictivas” en el acuerdo. La causa quedó a cargo del juez Ariel Lijo.
Entrega de rutas aéreas (febrero de 2017): Macri y su padre Franco fueron imputados por la entrega de rutas aéreas a una empresa que perteneció al Grupo Macri y fue vendida a la compañía Avianca en Marzo pasado. Los compradores mantuvieron a Carlos Benjamín Colunga López, gerente de Mac Air Jet, como CEO de Avian Líneas Aéreas. El fiscal Jorge Di Lello decidió imputar al presidente, funcionarios y empresarios de SOCMA y de Avianca. El juez de la causa es Sergio Torres.
Más allá de la “Justicia” adicta y sus fallos absolutorios y vergonzosos, la podredumbre persigue al primer mandatario donde vaya. El mismo que dice querer limpiar la corrupción en los gremios, pero que no duda en abrazarse con la peor mugre de la burocracia sindical si ésta continúa haciendo el trabajo de contener la bronca social contra las políticas oficiales que llevan a los trabajadores a la desocupación, salarios de miseria y a la profundización de la pobreza.
¿En serio puede pensarse que estos delincuentes con semejantes prontuarios pueden ser los que terminen con la podredumbre en el país?
Rara forma de combatir la corrupción la de Macri y su Cambiemos. Sin dudas, se han constituido en el escalón máximo del latrocinio al pueblo trabajador. Y es que no puede ser de otra manera, porque así funciona el sistema capitalista, un orden social constituido para sostener los privilegios y la impunidad de los explotadores.
Habrá que seguir batallando entonces, cada vez con más temple, unidad e inteligencia, para que este tiempo de confusión y oprobio se termine lo más pronto posible, ejerciendo la memoria y, sobre todo, la lucha y la dignidad propia de las masas asalariadas.
Gustavo Robles
lunes, 20 de noviembre de 2017
El Corte Inglés ofreció publicidad gratuita a la dictadura de Videla
En noviembre de 1977, el Corte Inglés hizo llegar al régimen una propuesta de acuerdo comercial de cara al Mundial 78. El embajador argentino en España informó a sus jefes que se trataba de una magnífica propuesta para lavar su “imagen exterior”.
El físico Mario Villani nació dos veces. La primera, un día de mayo de 1939. La segunda alguna mañana, tarde o noche de agosto de 1981. Fue entonces cuando ellos, “los Dioses”, decidieron que podría seguir viviendo. A cambio, tendría que arrastrar durante el resto de su existencia los horrores que había vivido durante los últimos 36 meses en los campos de concentración de la dictadura argentina. “Se nos insistía que habíamos dejado de pertenecer al mundo de los vivos. Que estábamos desaparecidos. Que ni siquiera podíamos suicidarnos. Que ellos —los Dioses— eran los dueños de nuestras vidas y moriríamos cuando ellos lo decidieran”, escribió cuando ya era un hombre libre. O algo parecido.
Su pesadilla también tiene día rojo en el calendario del espanto. Fue, concretamente, un 18 de noviembre de 1977. Seguramente ya haría calor, ese calor húmedo y pegajoso que caracteriza a Buenos Aires. Quizás las flores ya inundaban los parques de esta ciudad, preparándose para un verano que estaba a punto de llegar. Sin embargo, para miles de argentinos ya no había ilusión por el tiempo, ni tiempo para sentir ilusión. Eran los años de la muerte: a esa altura de 1977, el régimen genocida de Jorge Rafael Videla —quien había dado un golpe de Estado el 24 de marzo de 1976— acumulaba una cantidad infinita de torturas, violaciones y asesinatos.
Las denuncias sobre aquellos crímenes recorrieron el mundo. No sirvió de mucho para quienes sufrían descargas de corriente eléctrica atados a una camilla o eran subidos a aviones de la Fuerza Aérea y lanzados vivos al mar, pero al menos valió para desenmascarar a los militares que decían luchar contra el terrorismo mientras aplicaban, con más mano dura que nadie, un salvaje terror de Estado. Sin embargo, ese horror documentado no fue suficiente para que España, con Franco ya enterrado y en plena Transición, se distanciara de los asesinos rioplatenses.
De acuerdo a distintos documentos, El Corte Inglés fue una de esas entidades españolas que trató a la dictadura sanguinaria como si fuera un gobierno “normal”. Así lo confirman los archivos hasta ahora secretos a los que ha tenido acceso El Salto, unos papeles amarillentos que a esta hora permanecen guardados en un viejo y descuidado edificio del ministerio de Asuntos Exteriores argentino, situado en la zona del Puerto de Buenos Aires. Allí, entre miles de cajas, aparecen esas hojas con el histórico e inconfundible logo de esta histórica empresa madrileña.
El 18 de noviembre de 1977, exactamente el mismo día en el que Mario Villani descendía a los infiernos, el consejero director de Promoción y Ventas de El Corte Inglés, Antonio Pérez Giménez, hacía llegar a las autoridades de la dictadura argentina una propuesta de acuerdo comercial que parecía imposible de ser rechazada por Videla y los suyos. Según consta en aquel “memorándum”, la empresa mostraba su interés en “llevar a cabo una acción especial” de cara al mundial de fútbol que se iba a disputar al año siguiente en aquel país latinoamericano.
En esa línea, la firma española pretendía hacer un “sorteo de 250 o 350 plazas entre todos sus clientes de las zonas de Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, Valencia, Murcia, Vigo y Las Palmas, al realizar sus compras en el período comprendido entre el 15 de febrero y el 31 de mayo de 1978”. Las personas ganadoras se trasladarían a Buenos Aires “con preferencia a través de Aerolíneas Argentinas” para “presenciar las semifinales y finales de los Mundiales de Fútbol”.
El Corte Inglés no pedía dinero a cambio. Se conformaba con “obtener la seguridad de que tanto el transporte como el alojamiento y las localidades necesarias para presenciar los encuentros por parte de nuestros invitados estarían de algún modo garantizadas de manera oficial”. “Queremos hacerle patente que una promoción de esta magnitud llevaría consigo, una actividad publicitaria y promocional de singular relieve entre el 15 de febrero y el regreso de los invitamos nuevamente a España, fundamentalmente en los Medios de Prensa, Radio, Publicidad Exterior y Propaganda Directa (sic)”, destacaba el responsable comercial, quien también mostraba la “mejor disposición” de la conocida firma española “para desarrollar otras actividades conjuntas con la embajada (argentina) para que esta operación tenga en todo momento el calor y buen ambiente que esta feliz circunstancia nos daría oportunidad”.
“Muy interesante”
Según se desprende del documento, esta propuesta había sido anteriormente presentada por dos responsables de El Corte Inglés al embajador de la dictadura argentina en España, el militar Leandro Enrique Anaya. “Nos sentimos muy honrados de la buena acogida que han dispensado a nuestros Sres. Ruiz y Mellizo-Soto y esperamos que esta acogida se vea respaldada por la feliz realización de esta actividad que les proponemos”, escribió Pérez Giménez en su carta a la dictadura.
El 24 de noviembre de 1977, el agregado cultural de la embajada argentina, Ricardo Adúriz —quien también habría estado presente en la reunión con los representantes de la compañía—, informó al “Departamento de Asuntos Culturales” del régimen de Videla sobre esta oferta publicitaria. El diplomático la calificaba como una “muy interesante propuesta” que “no significaría erogación alguna para el país”.
Esos mismos aspectos fueron resaltados por el embajador de la dictadura argentina, Leandro Enrique Anaya, en una nota que había dirigido al general Antonio Merlo, presidente del Ente Autárquico que tenía a su cargo la organización del mundial de fútbol de 1978. En su nota, Anaya resaltaba “los beneficios indudables que significaría para la imagen exterior de nuestro país una publicidad de envergadura como la que suele efectuar esa cadena de grandes tiendas, en todo el territorio español y a través de la totalidad de los medios de comunicación social”.
Gritos y gemidos
Mientras estas cartas atravesaban el Océano Atlántico y llegaban a las oficinas ocupadas por los militares, Mario Villani y otros tantos miles de seres humanos conocían en carne propia la crueldad de los militares. “Desde el momento en que alguien era raptado, él o ella era un desaparecido. La secuencia establecida era desaparición-tortura-muerte”, escribió algunos años después este sobreviviente.
Muy a su pesar, Villani tiene un récord: pasó por cinco centros de exterminio. Sufrió, lo torturaron, pero salió vivo. Entonces empezó a ponerle voz a sus compañeras y compañeros muertos. Recordó siempre sus terribles gritos y gemidos mientras les sometían a todo tipo de herejías. Quizás hubiesen querido suicidarse, pero ni eso podían. Hubo, en total, más de 30.000 personas desaparecidas. Para ellas no hubo campañas publicitarias ni acuerdos comerciales.
Danilo Albín
El Salto
"El cambio en el cálculo de la movilidad previsional es la piedra angular de todo el paquete"
Entrevista a Mario Diamonte, de Jubilados Clasistas
M.H.: La situación de los jubilados ha pasado a ser crítica, se han transformado en la variable de ajuste de esta suerte de reforma permanente que nos propone Mauricio Macri. Esto ya había sido anticipado por el Secretario de seguridad social, Juan Carlos Paolucci, quien ocupó el cargo de Subsecretario técnico y de coordinación del Ministerio de salud durante la última dictadura cívico-militar, quien reconoció que el gobierno iba a impulsar una reforma estructural del sistema previsional que incluía un aumento de la edad jubilatoria y un cambio en el mecanismo de actualización de los haberes. Me gustaría que desarrollaras cuál es esta propuesta del gobierno nacional que próximamente tendrá su entrada en el Congreso.
M.D.: A esta altura de las cosas el tema es muy conocido por la población, esta historia de la modificación del cálculo de la movilidad previsional, con la intención de planchar los haberes jubilatorios en sus niveles actuales más la inflación. Lo concreto es que el gobierno pretende con esta medida, solamente en el año 2018, ahorrarse alrededor de 140.000 millones de pesos (U$S 7.700.000.000) que saldrían de los haberes de los jubilados, pensionados, de las pensiones de discapacidad y de la AUH y pasarían a las arcas del gobierno para que utilice este dinero de los jubilados para aceitar las negociaciones con los gobernadores.
Yo he escrito bastante de esto, sobre todo en Prensa Obrera. Hay periodistas que vienen siguiendo el tema de la cuestión previsional desde hace mucho tiempo, que caracterizan que el cambio en el cálculo de la movilidad previsional es la piedra angular de todo el paquete de medidas que ha lanzado el gobierno porque es del único lugar de donde sacan dinero fresco, de los jubilados para luego negociar con los gobernadores su apoyo al paquete de medidas impositivas que lanzará el gobierno.
M.H.: Abonando lo que decis, estuvo en Mendoza hace unos días el ex presidente del Banco Nación, Carlos Melconián, y dijo que la medida más importante de todas estas reformas que se plantean es la previsional, las demás pueden no avanzar, pero la previsional es la central.
M.D.: Claro, porque además de la modificación del cálculo de la movilidad, está el planteo de la extensión de la edad jubilatoria, que es una cosa absolutamente criminal. La expectativa de vida en la Argentina es de 76 años, es decir, que un trabajador tendría que trabajar hasta los 70 en el caso del hombre y la mujer hasta los 65, pero tomando el caso del varón trabajando hasta esa edad, en qué condiciones llega, qué le queda en esos 6 años de expectativa de vida, una vida penosa, llena de achaques, una cosa terrible.
El otro tema es que quieren modificar el cálculo del haber inicial o de transición y llevarlo de lo que es hoy el 60/70% de lo que cobra el trabajador en actividad cuando se jubila, esto depende de la cantidad de aportes que tenga, y llevarlo al 20% menos. El gobierno argumenta que en realidad la extensión de la edad jubilatoria sería opcional, la opción es o seguís trabajando o te morís de hambre porque los haberes iniciales van a ser muy inferiores a los que hoy son los haberes iniciales, un 20% menos, es una cosa terrible. Por eso es que probablemente Melconián diga que es el corazón de las reformas. Pero también la reforma laboral es terrible porque barre con todas las conquistas históricas de los trabajadores, elimina toda la legislación laboral, otorga todos los beneficios a los empresarios, porque no nos olvidemos que detrás de las medidas del gobierno están las cámaras patronales.
M.H.: Quiero volver sobre el tema de la reforma previsional, porque estás haciendo referencia al tema de la edad jubilatoria que se plantearía a posteriori, pero el delegado general de ATE de Anses en esta reunión a la que yo hacía referencia con Juan Carlos Paolucci, el compañero Diego García, también menciona el tema de la transferencia del Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS) del Anses, tema del que hemos hablado en más de una oportunidad, y señala que el objetivo es quedarse con ese negocio, algún banco privado amigo, con lo que terminarían de destruir el sistema de reparto solidario para reemplazarlo por el sistema conocido como AFJP. Te lo pregunto porque estamos hablando de esta modificación en cuanto al ajuste de haberes jubilatorios de 7.700 millones de dólares pero en el caso del FGS lo estaríamos haciendo de 63.000 millones de dólares.
M.D.: Exacto. Ya en la mal llamada Ley de reparación histórica toda la oposición firmó la reforma previsional, en el artículo 12º de esa Ley, los mismos que ahora se desgarran las vestiduras, como por ejemplo Mirta Tundis. Y también la liquidación del FGS porque ahora las inversiones que realiza no tienen que pasar por el Congreso. Es un tema extenso, pero nosotros denunciamos la venta fraudulenta de acciones del FGS en el caso de Petrobrás y Soda Solvay que han sido ventas ruinosas para Anses por muchos millones de dólares y por un precio mucho menor al de mercado, es decir, que son negociados de los administradores del FGS, toda gente de Macri, que por estos temas están denunciados penalmente.
Ellos dicen que el pago de todo lo que surge de la Ley de reparación histórica en parte es cubierto por el blanqueo de capitales, que es el otro aspecto de la Ley 27.260. Todo el resto que no cubre el blanqueo de capitales lo cubre la Anses, sin embargo, la recaudación de la Anses no alcanza para estas erogaciones, entonces lo cubre con el FGS y aquí vamos a lo que me preguntabas, todo esto ha sido habilitado por la firma de la oposición en aquella controvertida Ley de reparación histórica.
Desde Jubilados Clasistas venimos llamando a repudiar esto, mañana (15.11) vamos a hacer un acto frente al Congreso para denunciarlo, pero quiero darte una primicia, hoy hubo una muy importante reunión en la CTA Autónoma en donde participó todo el arco de organizaciones sindicales y movimientos sociales combativos y se aprobó un documento común y una movilización para el 6 de diciembre que va a marchar desde Plaza Congreso a Plaza de Mayo contra la reforma previsional, contra la reforma laboral y tributaria, contra todo el paquete de medidas del gobierno.
Esta es la primera acción que encara el movimiento obrero contra estas medidas. Tuve el honor de participar en esta reunión como representante de Jubilados Clasistas y pude intervenir planteando la situación de los jubilados que por supuesto vamos a estar en primera fila en esta movilización que forma parte de un plan de lucha que tendrá su continuidad en una movilización el día que se trate en el Congreso el paquete de leyes del gobierno. Todo esto trabajando para un paro nacional contra el paquete de medidas del gobierno.
M.H.: Fue parte de una reunión previa que se hizo el martes pasado (7/11) entre dirigentes nacionales de ATE, visitadores médicos, la CTA y la Coordinadora sindical clasista del PO ¿verdad?
M.D.: Exactamente, fue así y luego se amplió la red. Hoy estuvieron la Federación de aceiteros, el Sutna (neumáticos), los ferroviarios de Haedo, los Sutebas combativos, la Sicop (médicos de la Prov. De Bs. As.), numerosas Comisiones internas, incluso organizaciones sociales que tienen acercamiento con el gobierno como el triunvirato piquetero (CTEP, Barrios de Pie, CCC).
M.H.: Que mañana hacen una jornada de ollas y movilizaciones por la emergencia alimentaria.
M.D.: Hemos confluido organizaciones que tenemos visiones disímiles en cuanto al gobierno pero en esta reunión hubo una clara preocupación de que surgiera un plan concreto de lucha de los trabajadores. Yo creo que es una reunión de esas que algún día va a figurar en los libros de historia porque marca un punto de maduración, se evitaron los puntos en los que no estamos de acuerdo, para poder hacer algo para frenar esta situación. Y realmente fue un paso adelante extraordinario.
Es importante que se sepa esto porque mucha gente piensa que no se puede hacer nada para detenerlos, y nosotros pensamos por el contrario, que esto recién comienza, que el movimiento obrero le va a presentar batalla, no vamos a dejar pasar este paquete de medidas que lanza el gobierno que constituyen, de implementarse, una regresión histórica atroz para los trabajadores. El caso de la UOM en Tierra del Fuego que firmó al congelamiento salarial por dos años, por ejemplo.
M.H.: Algunos hablan de un retroceso al siglo XIX. Ni hablemos del Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante que propone una rebaja salarial.
M.D.: Claro. Detrás de Macri están las cámaras empresariales, no es un funcionario enloquecido, este es el plan de las patronales del país que quieren avanzar contra las conquistas obreras para aumentar su tasa de ganancia que viene en declinación.
Mario Hernandez
M.H.: La situación de los jubilados ha pasado a ser crítica, se han transformado en la variable de ajuste de esta suerte de reforma permanente que nos propone Mauricio Macri. Esto ya había sido anticipado por el Secretario de seguridad social, Juan Carlos Paolucci, quien ocupó el cargo de Subsecretario técnico y de coordinación del Ministerio de salud durante la última dictadura cívico-militar, quien reconoció que el gobierno iba a impulsar una reforma estructural del sistema previsional que incluía un aumento de la edad jubilatoria y un cambio en el mecanismo de actualización de los haberes. Me gustaría que desarrollaras cuál es esta propuesta del gobierno nacional que próximamente tendrá su entrada en el Congreso.
M.D.: A esta altura de las cosas el tema es muy conocido por la población, esta historia de la modificación del cálculo de la movilidad previsional, con la intención de planchar los haberes jubilatorios en sus niveles actuales más la inflación. Lo concreto es que el gobierno pretende con esta medida, solamente en el año 2018, ahorrarse alrededor de 140.000 millones de pesos (U$S 7.700.000.000) que saldrían de los haberes de los jubilados, pensionados, de las pensiones de discapacidad y de la AUH y pasarían a las arcas del gobierno para que utilice este dinero de los jubilados para aceitar las negociaciones con los gobernadores.
Yo he escrito bastante de esto, sobre todo en Prensa Obrera. Hay periodistas que vienen siguiendo el tema de la cuestión previsional desde hace mucho tiempo, que caracterizan que el cambio en el cálculo de la movilidad previsional es la piedra angular de todo el paquete de medidas que ha lanzado el gobierno porque es del único lugar de donde sacan dinero fresco, de los jubilados para luego negociar con los gobernadores su apoyo al paquete de medidas impositivas que lanzará el gobierno.
M.H.: Abonando lo que decis, estuvo en Mendoza hace unos días el ex presidente del Banco Nación, Carlos Melconián, y dijo que la medida más importante de todas estas reformas que se plantean es la previsional, las demás pueden no avanzar, pero la previsional es la central.
M.D.: Claro, porque además de la modificación del cálculo de la movilidad, está el planteo de la extensión de la edad jubilatoria, que es una cosa absolutamente criminal. La expectativa de vida en la Argentina es de 76 años, es decir, que un trabajador tendría que trabajar hasta los 70 en el caso del hombre y la mujer hasta los 65, pero tomando el caso del varón trabajando hasta esa edad, en qué condiciones llega, qué le queda en esos 6 años de expectativa de vida, una vida penosa, llena de achaques, una cosa terrible.
El otro tema es que quieren modificar el cálculo del haber inicial o de transición y llevarlo de lo que es hoy el 60/70% de lo que cobra el trabajador en actividad cuando se jubila, esto depende de la cantidad de aportes que tenga, y llevarlo al 20% menos. El gobierno argumenta que en realidad la extensión de la edad jubilatoria sería opcional, la opción es o seguís trabajando o te morís de hambre porque los haberes iniciales van a ser muy inferiores a los que hoy son los haberes iniciales, un 20% menos, es una cosa terrible. Por eso es que probablemente Melconián diga que es el corazón de las reformas. Pero también la reforma laboral es terrible porque barre con todas las conquistas históricas de los trabajadores, elimina toda la legislación laboral, otorga todos los beneficios a los empresarios, porque no nos olvidemos que detrás de las medidas del gobierno están las cámaras patronales.
M.H.: Quiero volver sobre el tema de la reforma previsional, porque estás haciendo referencia al tema de la edad jubilatoria que se plantearía a posteriori, pero el delegado general de ATE de Anses en esta reunión a la que yo hacía referencia con Juan Carlos Paolucci, el compañero Diego García, también menciona el tema de la transferencia del Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS) del Anses, tema del que hemos hablado en más de una oportunidad, y señala que el objetivo es quedarse con ese negocio, algún banco privado amigo, con lo que terminarían de destruir el sistema de reparto solidario para reemplazarlo por el sistema conocido como AFJP. Te lo pregunto porque estamos hablando de esta modificación en cuanto al ajuste de haberes jubilatorios de 7.700 millones de dólares pero en el caso del FGS lo estaríamos haciendo de 63.000 millones de dólares.
M.D.: Exacto. Ya en la mal llamada Ley de reparación histórica toda la oposición firmó la reforma previsional, en el artículo 12º de esa Ley, los mismos que ahora se desgarran las vestiduras, como por ejemplo Mirta Tundis. Y también la liquidación del FGS porque ahora las inversiones que realiza no tienen que pasar por el Congreso. Es un tema extenso, pero nosotros denunciamos la venta fraudulenta de acciones del FGS en el caso de Petrobrás y Soda Solvay que han sido ventas ruinosas para Anses por muchos millones de dólares y por un precio mucho menor al de mercado, es decir, que son negociados de los administradores del FGS, toda gente de Macri, que por estos temas están denunciados penalmente.
Ellos dicen que el pago de todo lo que surge de la Ley de reparación histórica en parte es cubierto por el blanqueo de capitales, que es el otro aspecto de la Ley 27.260. Todo el resto que no cubre el blanqueo de capitales lo cubre la Anses, sin embargo, la recaudación de la Anses no alcanza para estas erogaciones, entonces lo cubre con el FGS y aquí vamos a lo que me preguntabas, todo esto ha sido habilitado por la firma de la oposición en aquella controvertida Ley de reparación histórica.
Desde Jubilados Clasistas venimos llamando a repudiar esto, mañana (15.11) vamos a hacer un acto frente al Congreso para denunciarlo, pero quiero darte una primicia, hoy hubo una muy importante reunión en la CTA Autónoma en donde participó todo el arco de organizaciones sindicales y movimientos sociales combativos y se aprobó un documento común y una movilización para el 6 de diciembre que va a marchar desde Plaza Congreso a Plaza de Mayo contra la reforma previsional, contra la reforma laboral y tributaria, contra todo el paquete de medidas del gobierno.
Esta es la primera acción que encara el movimiento obrero contra estas medidas. Tuve el honor de participar en esta reunión como representante de Jubilados Clasistas y pude intervenir planteando la situación de los jubilados que por supuesto vamos a estar en primera fila en esta movilización que forma parte de un plan de lucha que tendrá su continuidad en una movilización el día que se trate en el Congreso el paquete de leyes del gobierno. Todo esto trabajando para un paro nacional contra el paquete de medidas del gobierno.
M.H.: Fue parte de una reunión previa que se hizo el martes pasado (7/11) entre dirigentes nacionales de ATE, visitadores médicos, la CTA y la Coordinadora sindical clasista del PO ¿verdad?
M.D.: Exactamente, fue así y luego se amplió la red. Hoy estuvieron la Federación de aceiteros, el Sutna (neumáticos), los ferroviarios de Haedo, los Sutebas combativos, la Sicop (médicos de la Prov. De Bs. As.), numerosas Comisiones internas, incluso organizaciones sociales que tienen acercamiento con el gobierno como el triunvirato piquetero (CTEP, Barrios de Pie, CCC).
M.H.: Que mañana hacen una jornada de ollas y movilizaciones por la emergencia alimentaria.
M.D.: Hemos confluido organizaciones que tenemos visiones disímiles en cuanto al gobierno pero en esta reunión hubo una clara preocupación de que surgiera un plan concreto de lucha de los trabajadores. Yo creo que es una reunión de esas que algún día va a figurar en los libros de historia porque marca un punto de maduración, se evitaron los puntos en los que no estamos de acuerdo, para poder hacer algo para frenar esta situación. Y realmente fue un paso adelante extraordinario.
Es importante que se sepa esto porque mucha gente piensa que no se puede hacer nada para detenerlos, y nosotros pensamos por el contrario, que esto recién comienza, que el movimiento obrero le va a presentar batalla, no vamos a dejar pasar este paquete de medidas que lanza el gobierno que constituyen, de implementarse, una regresión histórica atroz para los trabajadores. El caso de la UOM en Tierra del Fuego que firmó al congelamiento salarial por dos años, por ejemplo.
M.H.: Algunos hablan de un retroceso al siglo XIX. Ni hablemos del Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante que propone una rebaja salarial.
M.D.: Claro. Detrás de Macri están las cámaras empresariales, no es un funcionario enloquecido, este es el plan de las patronales del país que quieren avanzar contra las conquistas obreras para aumentar su tasa de ganancia que viene en declinación.
Mario Hernandez
Gobernadores oficialistas y opositores acuerdan rumbo con Macri
Hasta ahora, solo San Luis queda afuera del acuerdo suscripto entre el Poder Ejecutivo Nacional y los gobernadores de Provincia.
No solo se trata de un pacto que remite al reparto de los recursos fiscales entre la Nación y las Provincias, sino a un pacto político que allana el rumbo trazado por Mauricio Macri desde que asumió la gestión presidencial en diciembre del 2015; ratificado con la ampliación del consenso obtenido en las elecciones de medio término en octubre pasado.
El acuerdo supone declinar la continuidad de los juicios de las Provincias contra la Nación, algunos con sentencias en firme, pero con dificultades concretas para asegurar las cancelaciones. Por esto es que los gobernadores desde una lógica pragmática aceptaron cancelaciones en bonos cobrables en el mediano plazo antes que un futuro de demandas de percepción de sentencias judiciales de dudosa cobrabilidad.
Con el resultado electoral del 22/10/2017, la iniciativa política del Gobierno Nacional aseguró los consensos de oficialistas y opositores al frente de los gobiernos provinciales, con la excepción por ahora de San Luis.
Todos apuntan a la Gobernadora bonaerense como la gran ganadora, por asegurarse imprescindibles fondos para la gestión en los próximos dos años antes de la renovación del gobierno provincial en disputa en 2019.
El PRO en Cambiemos necesita mantener consenso electoral para sostener la gobernación bonaerense, los distritos que actualmente gobierna, consolidando su posición y en lo posible ir por más distritos bajo su conducción en el nuevo ciclo a disputar desde 2019.
Más allá de las posiciones del partido del Gobierno, el PRO, lo que importa es el consenso amplísimo de oficialistas y opositores, especialmente del peronismo diverso, en un rumbo que es claramente amigable con los objetivos y necesidades de los grandes empresarios locales y externos, quienes demandan acelerar las reformas reaccionarias que ahora no solo avala Macri, sino también los y las gobernadores/as.
Ahora el consenso se define en el Parlamento
El pacto fiscal actúa como un paraguas político para los legisladores que responden a los distintos poderes ejecutivos provinciales, y sustenten las propuestas legislativas en materia laboral, previsional y tributaria.
La estrategia del gobierno Macri apuntó a cambios sustanciales reaccionarios para luego negociar, especialmente con la cúpula de la CGT y los/as gobernadores/as. Primero se distribuyó para el debate una propuesta de máxima, que concitó rechazo, para terminar elevando un borrador que mantiene la esencia de los cambios demandados por los inversores.
El objetivo de las propuestas, aun cuando no pasaron algunos intentos descabellados en materia de pérdidas de derechos sociales, sindicales y laborales, constituyen un paquete pro empresas, pro ganancias y apuntan a una lógica de favorecer la demanda de ganancias y por la acumulación de los potenciales inversores, locales o externos.
Disminución de indemnizaciones y baja de posibilidad de ejercer el derecho a litigio por despido figuran entre las principales consecuencias de la propuesta de flexibilización laboral sostenida del poder ejecutivo nacional, acompañada por una gestión administrativa del Ministerio de Trabajo contra las organizaciones sindicales.
La baja de aportes patronales y la impunidad hacia los evasores previsionales a cambio de regularización del empleo da cuenta de la general orientación para la reducción del costo empresario en la explotación económica. Claro que es consustancial con el orden capitalista, pero enfatiza el carácter clasista de la hegemonía legislativa buscada a favor de los intereses de los inversores.
Más claro queda el tema con el ahorro previsional buscado con las modificaciones a la actualización de las jubilaciones y prestaciones de la seguridad social. Las cifras son escandalosas y podrían alcanzar los 100.000 millones de pesos para el 2018. Si existe ahorro es en contra de los ingresos de los perceptores de la seguridad social, especialmente la población jubilada.
Esos “ahorros” en la seguridad social y algunos cambios impositivos constituyen la fuente de recursos para atender el acuerdo fiscal con los gobernadores. Los jefes políticos de las provincias, no San Luis por ahora, y el gobierno nacional son responsables directos de la estafa a las jubilaciones presentes y futuras.
La zanahoria ofrecida es que junto a la actualización trimestral por inflación habrá un porcentaje adicionado, quizás el 5% del crecimiento económico del PBI, Se trata de cifras menores a la formula actual y por eso se habla de ahorro. Lo cierto es que la pretensión oficial apunta a lograr consenso legislativo, imposible desde la minoría congresal de la coalición de gobierno, por lo que se buscó apoyo de gobernadores opositores y ahora en el Congreso. Si fuera posible, antes de fin de año.
El mapa de la confrontación al consenso
No solo existe la iniciativa del poder, mediada por el gobierno y los opositores funcionales a la lógica de la ganancia.
También actúa y desde el conflicto social una línea de confrontación con los propósitos de máxima de los capitales más concentrados que actúan en la economía local o que pretenden ingresar con sustanciales y reaccionarios cambios.
En el conflicto social que manifiestan cotidianamente organizaciones sindicales y territoriales se visibilizan diferentes estrategias sociales y políticas, que no terminan de constituirse en hegemónicas de la diversidad que expresa la fragmentación de la sociedad de abajo.
Así, entre otros proyectos políticos emergen algunos que se referencian en el kirchnerismo, aun con diferencias entre ellos, incluso respecto del peronismo (con identidad matizada respecto al kirchnerismo); pero también en la izquierda partidaria, también protagonista de la fragmentación, aún con frente electoral de unidad.
Sin embargo, también existe una amplia franja que no se reconoce en estas identidades de peso electoral y que se manifiesta en una gran diversidad de organizaciones sociales y políticas que buscan su articulación y conformación en un proyecto alternativo que supere la gestión del orden capitalista.
En rigor, diversos espacios kirchneristas-peronistas y referidos a la izquierda partidaria, junto a este otro sector que mencionamos, transitan diversas propuestas de unidad de acción que no necesariamente fructifican en unidades políticas más efectivas a los efectos de definir una estrategia integral en la disputa del poder.
Una de las diferencias entre los proyectos remite al alcance de los propósitos de la unidad.
Para algunos alcanza con establecer límites al macrismo y sus políticas de ajuste y reestructuración, aunque eso suponga mantener una lógica de gestión capitalista aminorando la ofensiva del capital contra el trabajo o contra la Naturaleza. Para otros supone confrontar al orden capitalista y requiere una amplia fundamentación para ganar voluntades sociales contra el consenso político y mediático vigente.
Existen propuestas a caballo de ambas orientaciones, que atraviesan el debate entre las organizaciones sociales, las centrales sindicales y variadas agrupaciones políticas, culturales y sociales.
Hasta se sugiere la intervención papal en estas disputas, en una lógica de discusión de alternativas que supera los límites nacionales. Es que desde la ruptura de la bipolaridad hacia 1991 se habilitó la discusión por la recreación de la alternativa al capitalismo.
Lo que aparece en primer lugar es la crítica al capitalismo, pero con ello, quienes creen que se puede mejorarlo y quienes sostenemos el carácter incorregible del orden capitalista.
Nuestro debate en la Argentina no es distinto del que recorre Nuestra América o el mundo, concentrado en formas de acumulación de poder para reformar el capitalismo o para transformarlo.
En esa disyuntiva se discute el qué hacer en reuniones de la CGT, o si se quiere, de algunos gremios que discuten la orientación del triunvirato, o de muchos que manteniendo la afiliación a la Central mayoritaria no se reconocen en el liderazgo de los negociadores con el Gobierno; pero también ambas CTA, que discuten la reunificación o la afirmación de identidades propias con matizados proyectos estratégicos.
Adicionemos que la CTA en origen se propuso como articuladora del movimiento de trabajadores y trabajadoras, no solo de sindicatos, sino también de movimientos sectoriales, territoriales, culturales y de personas, postura que ahora disputan organizaciones como la CTEP.
Más allá de la mención a centrales sindicales y de movimientos sociales, la conflictividad abarca al creciente movimiento de mujeres y diversas formas de reivindicaciones sociales, culturales, ambientales, de migrantes, en defensa de los pueblos originarios, por la tierra y la soberanía alimentaria, energética o financiera, dando forma una inmensa diversidad de inconformidad con la hegemonía capitalista y a veces, con el propio capitalismo. Es algo que se manifiesta en el movimiento Fuera la OMC.
Entre todas estas manifestaciones del conflicto social se redefine un nuevo mapa político de la confrontación social y política a los objetivos del consenso mayoritario de oficialistas y opositores en gobiernos locales y el nacional, como en el Parlamento.
Las cartas están echadas y el juego está en proceso. Debe reconocerse que quienes participan de la gesta no lo hacen por el solo placer de participar, sino que se apuesta a desplegar estrategias que puedan asegurar éxitos.
No es pequeño lo que está en juego, sea la consolidación del ajuste reaccionario favorable a los grandes inversores; la gestión de un orden capitalista contenido en su voracidad (imposible para quien escribe); o la perspectiva de discutir un horizonte de emancipación social. En definitiva, la construcción de una estrategia de poder alternativa a la iniciativa de la hegemonía reaccionaria en curso.
Julio C. Gambina
No solo se trata de un pacto que remite al reparto de los recursos fiscales entre la Nación y las Provincias, sino a un pacto político que allana el rumbo trazado por Mauricio Macri desde que asumió la gestión presidencial en diciembre del 2015; ratificado con la ampliación del consenso obtenido en las elecciones de medio término en octubre pasado.
El acuerdo supone declinar la continuidad de los juicios de las Provincias contra la Nación, algunos con sentencias en firme, pero con dificultades concretas para asegurar las cancelaciones. Por esto es que los gobernadores desde una lógica pragmática aceptaron cancelaciones en bonos cobrables en el mediano plazo antes que un futuro de demandas de percepción de sentencias judiciales de dudosa cobrabilidad.
Con el resultado electoral del 22/10/2017, la iniciativa política del Gobierno Nacional aseguró los consensos de oficialistas y opositores al frente de los gobiernos provinciales, con la excepción por ahora de San Luis.
Todos apuntan a la Gobernadora bonaerense como la gran ganadora, por asegurarse imprescindibles fondos para la gestión en los próximos dos años antes de la renovación del gobierno provincial en disputa en 2019.
El PRO en Cambiemos necesita mantener consenso electoral para sostener la gobernación bonaerense, los distritos que actualmente gobierna, consolidando su posición y en lo posible ir por más distritos bajo su conducción en el nuevo ciclo a disputar desde 2019.
Más allá de las posiciones del partido del Gobierno, el PRO, lo que importa es el consenso amplísimo de oficialistas y opositores, especialmente del peronismo diverso, en un rumbo que es claramente amigable con los objetivos y necesidades de los grandes empresarios locales y externos, quienes demandan acelerar las reformas reaccionarias que ahora no solo avala Macri, sino también los y las gobernadores/as.
Ahora el consenso se define en el Parlamento
El pacto fiscal actúa como un paraguas político para los legisladores que responden a los distintos poderes ejecutivos provinciales, y sustenten las propuestas legislativas en materia laboral, previsional y tributaria.
La estrategia del gobierno Macri apuntó a cambios sustanciales reaccionarios para luego negociar, especialmente con la cúpula de la CGT y los/as gobernadores/as. Primero se distribuyó para el debate una propuesta de máxima, que concitó rechazo, para terminar elevando un borrador que mantiene la esencia de los cambios demandados por los inversores.
El objetivo de las propuestas, aun cuando no pasaron algunos intentos descabellados en materia de pérdidas de derechos sociales, sindicales y laborales, constituyen un paquete pro empresas, pro ganancias y apuntan a una lógica de favorecer la demanda de ganancias y por la acumulación de los potenciales inversores, locales o externos.
Disminución de indemnizaciones y baja de posibilidad de ejercer el derecho a litigio por despido figuran entre las principales consecuencias de la propuesta de flexibilización laboral sostenida del poder ejecutivo nacional, acompañada por una gestión administrativa del Ministerio de Trabajo contra las organizaciones sindicales.
La baja de aportes patronales y la impunidad hacia los evasores previsionales a cambio de regularización del empleo da cuenta de la general orientación para la reducción del costo empresario en la explotación económica. Claro que es consustancial con el orden capitalista, pero enfatiza el carácter clasista de la hegemonía legislativa buscada a favor de los intereses de los inversores.
Más claro queda el tema con el ahorro previsional buscado con las modificaciones a la actualización de las jubilaciones y prestaciones de la seguridad social. Las cifras son escandalosas y podrían alcanzar los 100.000 millones de pesos para el 2018. Si existe ahorro es en contra de los ingresos de los perceptores de la seguridad social, especialmente la población jubilada.
Esos “ahorros” en la seguridad social y algunos cambios impositivos constituyen la fuente de recursos para atender el acuerdo fiscal con los gobernadores. Los jefes políticos de las provincias, no San Luis por ahora, y el gobierno nacional son responsables directos de la estafa a las jubilaciones presentes y futuras.
La zanahoria ofrecida es que junto a la actualización trimestral por inflación habrá un porcentaje adicionado, quizás el 5% del crecimiento económico del PBI, Se trata de cifras menores a la formula actual y por eso se habla de ahorro. Lo cierto es que la pretensión oficial apunta a lograr consenso legislativo, imposible desde la minoría congresal de la coalición de gobierno, por lo que se buscó apoyo de gobernadores opositores y ahora en el Congreso. Si fuera posible, antes de fin de año.
El mapa de la confrontación al consenso
No solo existe la iniciativa del poder, mediada por el gobierno y los opositores funcionales a la lógica de la ganancia.
También actúa y desde el conflicto social una línea de confrontación con los propósitos de máxima de los capitales más concentrados que actúan en la economía local o que pretenden ingresar con sustanciales y reaccionarios cambios.
En el conflicto social que manifiestan cotidianamente organizaciones sindicales y territoriales se visibilizan diferentes estrategias sociales y políticas, que no terminan de constituirse en hegemónicas de la diversidad que expresa la fragmentación de la sociedad de abajo.
Así, entre otros proyectos políticos emergen algunos que se referencian en el kirchnerismo, aun con diferencias entre ellos, incluso respecto del peronismo (con identidad matizada respecto al kirchnerismo); pero también en la izquierda partidaria, también protagonista de la fragmentación, aún con frente electoral de unidad.
Sin embargo, también existe una amplia franja que no se reconoce en estas identidades de peso electoral y que se manifiesta en una gran diversidad de organizaciones sociales y políticas que buscan su articulación y conformación en un proyecto alternativo que supere la gestión del orden capitalista.
En rigor, diversos espacios kirchneristas-peronistas y referidos a la izquierda partidaria, junto a este otro sector que mencionamos, transitan diversas propuestas de unidad de acción que no necesariamente fructifican en unidades políticas más efectivas a los efectos de definir una estrategia integral en la disputa del poder.
Una de las diferencias entre los proyectos remite al alcance de los propósitos de la unidad.
Para algunos alcanza con establecer límites al macrismo y sus políticas de ajuste y reestructuración, aunque eso suponga mantener una lógica de gestión capitalista aminorando la ofensiva del capital contra el trabajo o contra la Naturaleza. Para otros supone confrontar al orden capitalista y requiere una amplia fundamentación para ganar voluntades sociales contra el consenso político y mediático vigente.
Existen propuestas a caballo de ambas orientaciones, que atraviesan el debate entre las organizaciones sociales, las centrales sindicales y variadas agrupaciones políticas, culturales y sociales.
Hasta se sugiere la intervención papal en estas disputas, en una lógica de discusión de alternativas que supera los límites nacionales. Es que desde la ruptura de la bipolaridad hacia 1991 se habilitó la discusión por la recreación de la alternativa al capitalismo.
Lo que aparece en primer lugar es la crítica al capitalismo, pero con ello, quienes creen que se puede mejorarlo y quienes sostenemos el carácter incorregible del orden capitalista.
Nuestro debate en la Argentina no es distinto del que recorre Nuestra América o el mundo, concentrado en formas de acumulación de poder para reformar el capitalismo o para transformarlo.
En esa disyuntiva se discute el qué hacer en reuniones de la CGT, o si se quiere, de algunos gremios que discuten la orientación del triunvirato, o de muchos que manteniendo la afiliación a la Central mayoritaria no se reconocen en el liderazgo de los negociadores con el Gobierno; pero también ambas CTA, que discuten la reunificación o la afirmación de identidades propias con matizados proyectos estratégicos.
Adicionemos que la CTA en origen se propuso como articuladora del movimiento de trabajadores y trabajadoras, no solo de sindicatos, sino también de movimientos sectoriales, territoriales, culturales y de personas, postura que ahora disputan organizaciones como la CTEP.
Más allá de la mención a centrales sindicales y de movimientos sociales, la conflictividad abarca al creciente movimiento de mujeres y diversas formas de reivindicaciones sociales, culturales, ambientales, de migrantes, en defensa de los pueblos originarios, por la tierra y la soberanía alimentaria, energética o financiera, dando forma una inmensa diversidad de inconformidad con la hegemonía capitalista y a veces, con el propio capitalismo. Es algo que se manifiesta en el movimiento Fuera la OMC.
Entre todas estas manifestaciones del conflicto social se redefine un nuevo mapa político de la confrontación social y política a los objetivos del consenso mayoritario de oficialistas y opositores en gobiernos locales y el nacional, como en el Parlamento.
Las cartas están echadas y el juego está en proceso. Debe reconocerse que quienes participan de la gesta no lo hacen por el solo placer de participar, sino que se apuesta a desplegar estrategias que puedan asegurar éxitos.
No es pequeño lo que está en juego, sea la consolidación del ajuste reaccionario favorable a los grandes inversores; la gestión de un orden capitalista contenido en su voracidad (imposible para quien escribe); o la perspectiva de discutir un horizonte de emancipación social. En definitiva, la construcción de una estrategia de poder alternativa a la iniciativa de la hegemonía reaccionaria en curso.
Julio C. Gambina
domingo, 19 de noviembre de 2017
El asesinato de Ramón Falcón, la mano de hierro de la oligarquía
El 14 de noviembre de 1909 fue asesinado en un atentado el Coronel Ramón Falcón, ejecutor de las brutales represiones durante la huelga de los inquilinos y la Semana Roja.
En la mañana del 14 de noviembre de 1909 el Coronel Ramón Falcón, por entonces Jefe de la Policía de Bs. As., marchaba en su coche junto a su secretario Alberto Lartigau tras despedir los restos de su amigo el ex director penitenciario Antonio Ballvé en el cementerio de la Recoleta. Cuando el coche tomó rumbo al sur, un joven anarquista llamado Simón Radowitzky, corrió rumbo al coche y arrojó la bomba que le daría muerte al coronel, su secretario y al cochero. Falcón no llegó al hospital.
Simón Radowitsky, un inmigrante ruso, fue detenido y se salvó de la pena capital por ser menor de edad. Luego fue trasladado al penal de Ushuaia y tras un intento de fuga, es detenido en Chile. En 1930, con el indulto de Yrigoyen es expulsado a Uruguay y en 1936, se unió a las filas de los republicanos en la guerra civil española.
La Argentina donde interviene Falcón
Ramón Falcón nace en 1855, y su vida acompaña el período de consolidación del Estado nacional. Desde fines del siglo XIX y con Julio Argentino Roca en el gobierno (1880-1886 y 1898-1904) se afirma la subordinación de las provincias a la capital, y la expansión del territorio nacional a partir de la campaña del desierto, de la cual Falcón participa siendo muy joven.
Las oligarquías terratenientes de base ganadera, exportan a Inglaterra las mejores carnes y cereales y, con la ampliación del mercado externo, aparece una incipiente industria nativa, donde proliferan los talleres de producción artesanal. Este desarrollo rudimentario del capitalismo argentino, requiere de mayor mano de obra y para ello se fomentan políticas inmigratorias. Para 1890, las estadísticas registran el ingreso de un millón y medio de personas provenientes del viejo continente, sobre todo de España e Italia. Con la inmigración, vendrán también militantes políticos socialistas y anarquistas, hijos de experiencias como la Comuna de Paris de 1871, y las revoluciones burguesas de mediados del siglo XIX. Traen bajo el brazo, las ideas más avanzadas del proletariado mundial.
A mediados del siglo XIX, el movimiento obrero va haciendo sus primeras experiencias y formando las primeras sociedades y sindicatos: en 1857 se funda La Sociedad Tipográfica Bonaerense. Entre 1860 y 1870, aparecen las primeras prensas obreras y se fundan nuevos sindicatos: Carpinteros, Panaderos, Albañiles. En 1887 se funda La Fraternidad, agrupando a maquinistas y fogoneros. Los anarquistas cumplirán un rol clave en este proceso de organización del movimiento obrero argentino.
Las expectativas de estos inmigrantes europeos no fueron colmadas por la realidad de las condiciones materiales de vida. El problema de la vivienda, las condiciones del trabajo, y el ambiente represivo, del cual Ramón Falcón era todo un símbolo, agudizaban las contradicciones del modelo nacional. A las jóvenes organizaciones obreras, el Estado le oponía la firmeza del sable marcial.
A partir de 1906, el gobierno de Figueroa Alcorta lo designó a Falcón Jefe de la Policía de Buenos Aires. Durante tres años, Falcón sería el responsable de la actividad represiva en la Capital Federal y dirigió las dos represiones más sintomáticas de la época: la huelga de los inquilinos y el 1° de mayo de 1909.
La huelga de inquilinos
Para 1907, había 150.000 personas viviendo hacinadas en alrededor de dos mil conventillos, y en condiciones sanitarias paupérrimas. En agosto de ese mismo año, el gobierno aumentaría el precio de los alquileres. Surge en el barrio de San Telmo, un movimiento donde se reclama la baja del 30% del alquiler, mejoras sanitarias, y la eliminación de los tres meses de depósito para acceder a una pieza.
El movimiento se extiende a otros barrios de Capital y a otras ciudades, como Rosario y Bahía Blanca. Entre el 1 y 2 de octubre la “huelga de los inquilinos” cuenta con 250 conventillos tomados. En ese momento comenzó el enfrentamiento con la Policía. El Coronel Falcón, desalojó por la fuerza el conventillo “14 Provincias” que cobijaba a alrededor de 200 familias, y cae asesinado el obrero Miguel Pepe de tan solo 17 años.
La Semana roja
El 1° de mayo de 1909, se concentra en Plaza Lorea los gremios que integran la Federación Obrera Regional Argentina (FORA) para conmemorar a los mártires de Chicago y para denunciar las condiciones de vida y de trabajo que padecía la clase obrera argentina. Alrededor de 70.000 obreros acuden al acto. La concentración fue atacada por la Policía de Ramón Falcón, como cuenta el historiador Osvaldo Bayer:
“En ese momento llegó un auto al cruce de la Avenida de Mayo con Salta, en el que viajaba nada menos que el jefe de la Policía, coronel Falcón. Frente a su presencia, los anarquistas reaccionaron al grito de “abajo el coronel Falcón”, “mueran los cosacos”, “guerra a los burgueses”. A Falcón, directamente le gritaban “perro”. Esa fue la señal para que el jefe de policía ordenara el ataque de los uniformados contra las masas obreras. Se desató una lluvia de balas y, con ellas, comenzó uno de los grandes dramas de las luchas obreras. Atacó, además, la caballería de la policía. Caían los obreros, la plaza se quedó vacía y el pavimento sembrado de gorras y charcos de sangre.”
Fueron 12 los obreros muertos y 80 los heridos. La FORA y la Unión General de Trabajadores (UGT), convocaron al paro en medio de una presión represiva por parte del régimen, que clausuraba locales obreros y partidarios. El patrullaje armado, impedía cualquier tipo de reunión o mitin. Del paro participan 220.000 huelguistas solo en Capital Federal aunque el movimiento se expande también a ciudades como Rosario, La Plata y Junín, entre otros puntos del país. En el transcurso de la huelga, el Ejército ocupó la ciudad y los piquetes de huelguistas se extienden a las empresas.
El día 4 de mayo, al entierro de las víctimas del 1° de mayo asisten 300.000 personas. Durante los días 5 y 6 de mayo, se producen enfrentamientos a tiros entre los huelguistas y la Policía. Finalmente, y por primera vez en la historia, el Estado tiene que sentarse a negociar con las organizaciones obreras. El presidente del Senado, se entrevistó con el comité de huelga acordando la abolición del código de penalidades, la libertad de los presos políticos y la reapertura de los locales obreros.
El único punto de demanda en que la oligarquía del Jockey Club no quiso ceder, a través de sus representantes en el Estado, fue la renuncia de Falcón al mando de las fuerzas policiales.
Es que la oligarquía entendía, que la brutalidad de Ramón Falcón, no respondía sólo a la naturaleza de su personalidad. La brutalidad policial encarnada en Falcón, expresaba el problema político que tenía la oligarquía: mantener el orden sin ceder ninguna libertad democrática mínima, y sin instituciones que mediaran o lograran encorsetar a ese joven proletariado que no paraba de construir organizaciones y asociaciones.
La acción de Simon Radowitsky expresó el odio de los trabajadores contra la brutal represión estatal que personificaba Falcón. El joven anarquista sufrió la cárcel y la persecución y su nombre estuvo presente en los reclamos del movimiento obrero argentino exigiendo su libertad. Su acción expresaba, no obstante, la estrategia política de un sector del anarquismo que desligaba estas acciones individuales de las organizaciones de masas y de la perspectiva de la revolución y del enfrentamiento con la clase dominante de conjunto, depositando la esperanza en acciones individuales liberadoras. Sus consecuencias, por otro lado, no favorecieron las condiciones para la lucha de masas. Tras el atentado, se impuso el estado de sitio por dos meses. También se detuvo y se deportó a más de 500 activistas de distintas tendencias, tanto socialistas como anarquistas. Se clausuraron periódicos y se cerraron locales partidarios. Incluso, se organizaron grupos patrióticos y xenófobos, formados por jóvenes de la elite, que atacan a los obreros. Los mismos que años después atacarían a los miles de obreros organizados y dispuestos a luchar en la famosa Semana Trágica de 1919.
Lautaro Pastorini
Fuentes:
El bondadoso ajusticiador. Osvaldo Bayer.
El crimen político. Osvaldo Bayer.
Historia Crítica del Sindicalismo. De los orígenes hasta el partido Laborista. Aragón, H. Ediciones IPS
Cien años de historia obrera en la Argentina (1870 -1969). Lotito,D., Luzuriaga,J., Moretti,W., Rojo,A. Ediciones IPS.
Reforma laboral y fiscal: un pacto para atacar a los trabajadores
El gobierno cerró acuerdos clave con gobernadores y la CGT, impulsando un ataque brutal contra los trabajadores, aunque debió retroceder varios puntos. Es posible derrotar sus planes antiobreros.
Esta semana fue clave para los planes del gobierno. Las negociaciones con la burocracia sindical primero y el pacto fiscal con los gobernadores después, sellaron lo que quizás es el momento más importante para el gobierno de Cambiemos, incluso más que los buenos resultados obtenidos en las elecciones de medio término. Es que se trata de la posibilidad de avanzar en uno de los objetivos estratégicos que lo ubicó a Macri en el Ejecutivo en primer lugar: torcer significativamente la balanza en favor de las patronales y en contra de los trabajadores.
Parecería que el gobierno se encuentra en la cresta de la ola, y así, con esta actitud ofensiva salió a disputar con todo luego de las elecciones de octubre. Sin embargo, todavía falta el capítulo más importante. El período tragicómico de tres semanas posteriores al 22-O, con anuncios, declaraciones, amenazas y pactos a puertas cerradas, apenas le sirvió al gobierno para que las leyes tributaria y laboral desembarquen en el Parlamento. El oficialismo tiene minoría en ambas cámaras, pero apuesta al voto del peronismo, el massismo, los apoyos de los gobernadores y de la CGT.
El columnista de La Nación, Carlos Pagni, ejemplificaba este jueves el fervor despertado por los acuerdos al expresar su asombro por el relativo éxito del gobierno en las negociaciones. No sólo porque el pacto fiscal tendría una dimensión histórica (“la Argentina no firma un pacto fiscal desde 1993”), sino especialmente porque “suponía que hoy iba a haber un ruido que no hubo”, en alusión a la escasa oposición encontrada hasta el momento, a excepción del sindicalismo combativo que mostró en las calles su disposición a enfrentarlo.
Como sucedió hasta ahora, la “oposición” de Massa y el FpV que convalidó todas las leyes de ajuste del macrismo en el Congreso, se prepara para levantar la mano en favor del oficialismo en el Congreso. Nada nuevo puede esperarse de ellos. La verdadera oposición a la ofensiva del capital estará en las calles y en los puestos de trabajo y no puede provenir de otro sujeto más que de los propios trabajadores.
Por qué la reforma laboral es antiobrera
El objetivo de la (contra) reforma laboral es abaratar los costos empresarios flexibilizando la fuerza de trabajo, es decir, las condiciones laborales. Los empresarios, el gobierno, y hasta la burocracia sindical, plantean que no se trastocan los derechos “fundamentales” de los trabajadores y hasta se animan a decir que los cambios no afectarán los salarios. Cada uno de los artículos de la reforma muestra lo contrario. Pero además, ¿cuál otro puede ser el apuro por sancionar esa ley?
Si bien aún no se conoce el texto final del anteproyecto de reforma laboral que acordaron el gobierno y la CGT en el predio de la Sociedad Rural, y que se habría presentado a última hora en el Senado, los borradores difundidos señalan que el gobierno debió retroceder en ciertos puntos muy repudiados por los trabajadores.
Estos puntos son: el “banco de horas”, la contabilización de las horas extra y las comisiones (aunque no otros conceptos) para el cálculo de las indemnizaciones, el concepto de salario que ponía en pie de igualdad a trabajadores y empleadores, las tercerizaciones, que en el nuevo proyecto pasarán a estar eximidas sólo algunas actividades, los plazos de la prescripción del despido que se pretendían reducir de dos a un año, entre los más importantes.
Sin embargo, cada uno de estos aspectos regresivos, en particular el “banco de horas”, podrá ser incluido en los convenios de trabajo sectoriales, como ya ocurre en numerosos casos en la actualidad, y el gobierno seguirá curso a su plan complementario a la reforma laboral de ir “sector por sector”, promoviendo la legalización de la flexibilización y precarización laboral.
Así también, quedan en pie alarmantes puntos de la reforma que significan un empeoramiento de las condiciones de vida y de trabajo:
• No computa el aguinaldo y los premios para el cálculo de las indemnizaciones.
•Se condonan las deudas de los empleadores que mantuvieron durante años en la informalidad a sus empleados, eliminando toda multa o penalidad.
• Si la empresa continúa teniendo trabajadores no registrados sólo se le aplica una obligación de pagar una proporción de la deuda condonada más intereses. También se modifican artículos de la Ley de Empleo (24.013) que prevén multas por mala o nula registración. El proyecto ahora fija la condena en un 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil vigente (hoy sería sólo $4.430), cuando antes era el 25% de toda la remuneración y el dinero será destinado al Estado, en lugar de beneficiar al trabajador.
• Si el trabajador que no está registrado (“en negro”) intima a la empresa para que regularice su situación y es despedido sin causa dentro de los dos años siguientes, el empleador no realiza ninguna multa, cuando en el artículo 15 de la Ley de Empleo establece que debe abonarse una multa a favor del trabajador. Esto es, se busca bajar el costo de contratar y despedir trabajadores.
• En igual sentido, se derogarán el artículo 1 de la ley 25.323, que establece una sanción en favor del empleado cesanteado si, al concluir su relación laboral, no ha sido registrado o lo está pero de modo deficiente.
• Para los trabajadores que con el “blanqueo” hayan pasado de la informalidad a estar registrados sólo se les reconocerán 5 años de aportes jubilatorios, a pesar de haber estado durante 10, 15 o 20 años trabajando en esa condición y a pesar de que sí se reconozca la totalidad de sus años trabajados para la antigüedad y las vacaciones.
• Quedan en pie las pasantías por lo cual los jóvenes (estudiantes y graduados con un año de haberse recibido) podrán trabajar en empresas por un plazo máximo de un año y 30 horas semana. Aunque el proyecto dice que sus ingresos ("estimulo" lo llaman) surgirán del convenio colectivo, establece una cláusula por el cual, si su actividad no está contemplada en el convenio, se la pagará en función del salario mínimo vital y móvil. Los jóvenes trabajadores no sólo cobrarán así una miseria, sino que al cabo del año su despido le cuesta cero pesos al empleador.
• Tercerizaciones: se habilita para un conjunto de actividades la subcontratación sin ninguna responsabilidad por parte del empleador principal en el caso de despidos u otras causas. Así, la responsabilidad solidaria por subcontratación establece que el empleador principal deberá controlar a la tercerizada y ambas empresas notificar al gremio de la modalidad de contrato. Esta responsabilidad no será aplicable a los servicios que se contraten para realizar actividades complementarias de limpieza, seguridad, montaje de instalaciones o maquinarias, gastronomía, servicios médicos de emergencia y de higiene y seguridad en el trabajo, que se efectúen en el establecimiento o explotación. Tampoco será aplicable a los servicios de transporte de personas, desde y hacia el establecimiento o explotación.
• Con respecto al primer borrador, se excluyeron del listado informática y transporte que no sea de personas, es decir, deja por fuera de la eximición a los camioneros.
• Indemnizaciones por despido: se quita la exclusión de horas extras y comisiones planteadas en el primer texto, pero excluye de la base del cálculo "la parte proporcional del sueldo anual complementario, la bonificación abonada por el empleador sin periodicidad mensual y en base a un sistema de evaluación de desempeño y toda compensación y/o reconocimiento de gastos que el empleador efectúe hacia el trabajador".
• Ius Variandi: el empleado puede considerarse despedido si la empresa decide cambiarle formas y modalidades del trabajo, pero ello no implicará su reinstalación inmediata en el puesto de trabajo.
• Se mantiene el Fondo de Cese laboral: no se modifica del proyecto inicial la posibilidad de constitución de un fondo que surge del aporte mensual de un porcentaje del salario y que al finalizar la relación laboral será entregado al trabajador en concepto de “indemnización”. Esto significa reducir el monto de las indemnizaciones y disminuir en gran medida los costos laborales por despido. Para los empresarios significa un logro sustantivo.
• La legalización de la precariedad laboral: El nuevo proyecto de ley insta a crear en un plazo de 90 días una comisión para elaborar un proyecto de ley que permita la extensión de la precarización laboral, permitiendo por un lado que un monotributista empleador pueda contratar hasta 3 monotributistas, en lugar de declarar a los trabajadores en relación de dependencia. Y también la creación de “Estatuto Especial para trabajadores profesionales autónomos económicamente vinculados”, es decir, una figura que puede implicar una “vinculación” o dependencia sin que se reconozca relación laboral. En otras palabras, se podría habilitar a que se legalicen las relaciones laborales encubiertas.
Se puede derrotar la ofensiva del macrismo y el consenso burgués
Pero otro importante ataque es para los jubilados. Del borrador original de reforma laboral se eliminó toda una sección muy importante que trata de un fenomenal abaratamiento de los costos laborales a cuenta de los jubilados y de los niños mediante una reducción histórica de las contribuciones patronales. Esta reduce el financiamiento del sistema y pretende ser "compensada" con un cambio en la fórmula de cálculo de las jubilaciones y otros beneficios sociales.
La reducción de contribuciones patronales que estaba en el primer proyecto se eliminó del borrador de reforma laboral para evitar “poner en aprietos” a una burocracia sindical que vería limitada la posibilidad de firmar semejante entrega.
Ello evidencia que la fortaleza aparente del gobierno en realidad es relativa y se recuesta la traición de la burocracia sindical de la CGT que debió hacer malabares para justificarse, mientras otro sector del sindicalismo se destaca por su increíble pasividad. El gobierno logra pasar medidas anti obreras sin necesidad de dar una gran pelea, por pura capitulación de la dirección de la CGT y por el rol facilitador y consecuente del peronismo.
Los sectores que dicen rechazar estas reformas y se ubican en la oposición, como el sindicalismo detrás de Pablo Moyano y las CTA, deben pasar de las palabras a la acción, votando plan de lucha como impulsa el sindicalismo combativo, para derrotar los planes del gobierno de lograr una mayor explotación laboral que sea "atractiva" al capital.
La clase trabajadora cuenta con un enorme poder para derribar cada una de las reformas antiobreras, tanto la laboral, la tributaria como la previsional. No hay que aceptar ningún avance flexibilizador más, hay que derrotar este ataque de conjunto poniendo en movimiento todas las fuerzas de los trabajadores y el pueblo pobre, abriendo la puerta a pensar una alternativa desde y para los trabajadores. Un gobierno propio que termine con la desocupación, la subocupación, la sobreocupación y el trabajo en negro por medio del reparto de las horas de trabajo y la utilización de la ciencia y la técnica para mejorar las condiciones de vida y de trabajo, y no a la inversa, como intenta hacer reaccionariamente el gobierno de los CEOs.
Lucía Ruiz
Economista
Esta semana fue clave para los planes del gobierno. Las negociaciones con la burocracia sindical primero y el pacto fiscal con los gobernadores después, sellaron lo que quizás es el momento más importante para el gobierno de Cambiemos, incluso más que los buenos resultados obtenidos en las elecciones de medio término. Es que se trata de la posibilidad de avanzar en uno de los objetivos estratégicos que lo ubicó a Macri en el Ejecutivo en primer lugar: torcer significativamente la balanza en favor de las patronales y en contra de los trabajadores.
Parecería que el gobierno se encuentra en la cresta de la ola, y así, con esta actitud ofensiva salió a disputar con todo luego de las elecciones de octubre. Sin embargo, todavía falta el capítulo más importante. El período tragicómico de tres semanas posteriores al 22-O, con anuncios, declaraciones, amenazas y pactos a puertas cerradas, apenas le sirvió al gobierno para que las leyes tributaria y laboral desembarquen en el Parlamento. El oficialismo tiene minoría en ambas cámaras, pero apuesta al voto del peronismo, el massismo, los apoyos de los gobernadores y de la CGT.
El columnista de La Nación, Carlos Pagni, ejemplificaba este jueves el fervor despertado por los acuerdos al expresar su asombro por el relativo éxito del gobierno en las negociaciones. No sólo porque el pacto fiscal tendría una dimensión histórica (“la Argentina no firma un pacto fiscal desde 1993”), sino especialmente porque “suponía que hoy iba a haber un ruido que no hubo”, en alusión a la escasa oposición encontrada hasta el momento, a excepción del sindicalismo combativo que mostró en las calles su disposición a enfrentarlo.
Como sucedió hasta ahora, la “oposición” de Massa y el FpV que convalidó todas las leyes de ajuste del macrismo en el Congreso, se prepara para levantar la mano en favor del oficialismo en el Congreso. Nada nuevo puede esperarse de ellos. La verdadera oposición a la ofensiva del capital estará en las calles y en los puestos de trabajo y no puede provenir de otro sujeto más que de los propios trabajadores.
Por qué la reforma laboral es antiobrera
El objetivo de la (contra) reforma laboral es abaratar los costos empresarios flexibilizando la fuerza de trabajo, es decir, las condiciones laborales. Los empresarios, el gobierno, y hasta la burocracia sindical, plantean que no se trastocan los derechos “fundamentales” de los trabajadores y hasta se animan a decir que los cambios no afectarán los salarios. Cada uno de los artículos de la reforma muestra lo contrario. Pero además, ¿cuál otro puede ser el apuro por sancionar esa ley?
Si bien aún no se conoce el texto final del anteproyecto de reforma laboral que acordaron el gobierno y la CGT en el predio de la Sociedad Rural, y que se habría presentado a última hora en el Senado, los borradores difundidos señalan que el gobierno debió retroceder en ciertos puntos muy repudiados por los trabajadores.
Estos puntos son: el “banco de horas”, la contabilización de las horas extra y las comisiones (aunque no otros conceptos) para el cálculo de las indemnizaciones, el concepto de salario que ponía en pie de igualdad a trabajadores y empleadores, las tercerizaciones, que en el nuevo proyecto pasarán a estar eximidas sólo algunas actividades, los plazos de la prescripción del despido que se pretendían reducir de dos a un año, entre los más importantes.
Sin embargo, cada uno de estos aspectos regresivos, en particular el “banco de horas”, podrá ser incluido en los convenios de trabajo sectoriales, como ya ocurre en numerosos casos en la actualidad, y el gobierno seguirá curso a su plan complementario a la reforma laboral de ir “sector por sector”, promoviendo la legalización de la flexibilización y precarización laboral.
Así también, quedan en pie alarmantes puntos de la reforma que significan un empeoramiento de las condiciones de vida y de trabajo:
• No computa el aguinaldo y los premios para el cálculo de las indemnizaciones.
•Se condonan las deudas de los empleadores que mantuvieron durante años en la informalidad a sus empleados, eliminando toda multa o penalidad.
• Si la empresa continúa teniendo trabajadores no registrados sólo se le aplica una obligación de pagar una proporción de la deuda condonada más intereses. También se modifican artículos de la Ley de Empleo (24.013) que prevén multas por mala o nula registración. El proyecto ahora fija la condena en un 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil vigente (hoy sería sólo $4.430), cuando antes era el 25% de toda la remuneración y el dinero será destinado al Estado, en lugar de beneficiar al trabajador.
• Si el trabajador que no está registrado (“en negro”) intima a la empresa para que regularice su situación y es despedido sin causa dentro de los dos años siguientes, el empleador no realiza ninguna multa, cuando en el artículo 15 de la Ley de Empleo establece que debe abonarse una multa a favor del trabajador. Esto es, se busca bajar el costo de contratar y despedir trabajadores.
• En igual sentido, se derogarán el artículo 1 de la ley 25.323, que establece una sanción en favor del empleado cesanteado si, al concluir su relación laboral, no ha sido registrado o lo está pero de modo deficiente.
• Para los trabajadores que con el “blanqueo” hayan pasado de la informalidad a estar registrados sólo se les reconocerán 5 años de aportes jubilatorios, a pesar de haber estado durante 10, 15 o 20 años trabajando en esa condición y a pesar de que sí se reconozca la totalidad de sus años trabajados para la antigüedad y las vacaciones.
• Quedan en pie las pasantías por lo cual los jóvenes (estudiantes y graduados con un año de haberse recibido) podrán trabajar en empresas por un plazo máximo de un año y 30 horas semana. Aunque el proyecto dice que sus ingresos ("estimulo" lo llaman) surgirán del convenio colectivo, establece una cláusula por el cual, si su actividad no está contemplada en el convenio, se la pagará en función del salario mínimo vital y móvil. Los jóvenes trabajadores no sólo cobrarán así una miseria, sino que al cabo del año su despido le cuesta cero pesos al empleador.
• Tercerizaciones: se habilita para un conjunto de actividades la subcontratación sin ninguna responsabilidad por parte del empleador principal en el caso de despidos u otras causas. Así, la responsabilidad solidaria por subcontratación establece que el empleador principal deberá controlar a la tercerizada y ambas empresas notificar al gremio de la modalidad de contrato. Esta responsabilidad no será aplicable a los servicios que se contraten para realizar actividades complementarias de limpieza, seguridad, montaje de instalaciones o maquinarias, gastronomía, servicios médicos de emergencia y de higiene y seguridad en el trabajo, que se efectúen en el establecimiento o explotación. Tampoco será aplicable a los servicios de transporte de personas, desde y hacia el establecimiento o explotación.
• Con respecto al primer borrador, se excluyeron del listado informática y transporte que no sea de personas, es decir, deja por fuera de la eximición a los camioneros.
• Indemnizaciones por despido: se quita la exclusión de horas extras y comisiones planteadas en el primer texto, pero excluye de la base del cálculo "la parte proporcional del sueldo anual complementario, la bonificación abonada por el empleador sin periodicidad mensual y en base a un sistema de evaluación de desempeño y toda compensación y/o reconocimiento de gastos que el empleador efectúe hacia el trabajador".
• Ius Variandi: el empleado puede considerarse despedido si la empresa decide cambiarle formas y modalidades del trabajo, pero ello no implicará su reinstalación inmediata en el puesto de trabajo.
• Se mantiene el Fondo de Cese laboral: no se modifica del proyecto inicial la posibilidad de constitución de un fondo que surge del aporte mensual de un porcentaje del salario y que al finalizar la relación laboral será entregado al trabajador en concepto de “indemnización”. Esto significa reducir el monto de las indemnizaciones y disminuir en gran medida los costos laborales por despido. Para los empresarios significa un logro sustantivo.
• La legalización de la precariedad laboral: El nuevo proyecto de ley insta a crear en un plazo de 90 días una comisión para elaborar un proyecto de ley que permita la extensión de la precarización laboral, permitiendo por un lado que un monotributista empleador pueda contratar hasta 3 monotributistas, en lugar de declarar a los trabajadores en relación de dependencia. Y también la creación de “Estatuto Especial para trabajadores profesionales autónomos económicamente vinculados”, es decir, una figura que puede implicar una “vinculación” o dependencia sin que se reconozca relación laboral. En otras palabras, se podría habilitar a que se legalicen las relaciones laborales encubiertas.
Se puede derrotar la ofensiva del macrismo y el consenso burgués
Pero otro importante ataque es para los jubilados. Del borrador original de reforma laboral se eliminó toda una sección muy importante que trata de un fenomenal abaratamiento de los costos laborales a cuenta de los jubilados y de los niños mediante una reducción histórica de las contribuciones patronales. Esta reduce el financiamiento del sistema y pretende ser "compensada" con un cambio en la fórmula de cálculo de las jubilaciones y otros beneficios sociales.
La reducción de contribuciones patronales que estaba en el primer proyecto se eliminó del borrador de reforma laboral para evitar “poner en aprietos” a una burocracia sindical que vería limitada la posibilidad de firmar semejante entrega.
Ello evidencia que la fortaleza aparente del gobierno en realidad es relativa y se recuesta la traición de la burocracia sindical de la CGT que debió hacer malabares para justificarse, mientras otro sector del sindicalismo se destaca por su increíble pasividad. El gobierno logra pasar medidas anti obreras sin necesidad de dar una gran pelea, por pura capitulación de la dirección de la CGT y por el rol facilitador y consecuente del peronismo.
Los sectores que dicen rechazar estas reformas y se ubican en la oposición, como el sindicalismo detrás de Pablo Moyano y las CTA, deben pasar de las palabras a la acción, votando plan de lucha como impulsa el sindicalismo combativo, para derrotar los planes del gobierno de lograr una mayor explotación laboral que sea "atractiva" al capital.
La clase trabajadora cuenta con un enorme poder para derribar cada una de las reformas antiobreras, tanto la laboral, la tributaria como la previsional. No hay que aceptar ningún avance flexibilizador más, hay que derrotar este ataque de conjunto poniendo en movimiento todas las fuerzas de los trabajadores y el pueblo pobre, abriendo la puerta a pensar una alternativa desde y para los trabajadores. Un gobierno propio que termine con la desocupación, la subocupación, la sobreocupación y el trabajo en negro por medio del reparto de las horas de trabajo y la utilización de la ciencia y la técnica para mejorar las condiciones de vida y de trabajo, y no a la inversa, como intenta hacer reaccionariamente el gobierno de los CEOs.
Lucía Ruiz
Economista
sábado, 18 de noviembre de 2017
Paro, piquetes y movilización cuando se trate la reforma laboral
Abajo el pacto Macri-CGT-gobernadores
En la Cámara de Senadores se está buscando un tratamiento express, sobre tablas, para el día 23 de Noviembre, que lleve a atropellar todo debate parlamentario y especialmente todo debate en el movimiento obrero sobre la ley de Reforma Laboral. En cualquier caso, semanas más o semanas menos, el Parlamento será una caja registradora del pacto entre Macri, la CGT y los gobernadores, desde Vidal hasta Alicia Kirchner.
Tal como lo anunciamos desde mediados de setiembre, en plena campaña electoral, la CGT ha entregado al movimiento obrero. Bajo el paraguas de ese pacto de la burocracia sindical del Triunvirato, donde abrevan todas las fracciones del pejotismo sindical, el pejotismo de los gobernadores dará paso a una Reforma Laboral que arrasa conquistas de cien años de lucha.
Por otra parte se suceden los convenios flexibles a la baja. A los de Vaca Muerta (petroleros) y Atilra (lecheros), hay que agregar el convenio del Estado que establece productividad y presentismo y ahora el congelamiento salarial hasta el 2020 que ha firmado la UOM Tierra del Fuego (de cuño kirchnerista), haciendo pagar a los metalúrgicos la promoción industrial que dejará de solventar el Estado.
La Reforma Laboral está atada a un ataque sin precedentes al bolsillo de los jubilados y al Anses, transfiriendo centenares de miles de millones a los bolsillos empresarios, desde el bolsillo de los jubilados. De allí saldrá también parte del acuerdo de caja de las provincias. Esta monstruosa transferencia de los trabajadores hacia la patronal y el Estado se hará por la vía de anular la movilidad jubilatoria, mediante la “armonización” que liquidará en el tiempo los regímenes especiales de 13 provincias y otros, y mediante la rebaja de aportes que golpeará progresivamente la recaudación previsional.
En tanto, se rebaja progresivamente el impuesto a las Ganancias a los capitalistas y se incrementa el Impuesto al Salario (puesto que el Mínimo no Imponible de Ganancias cambiará su movilidad y se incluirán importes variables en el cálculo que estaban excluidos). Por otro lado, la rebaja de Ingresos Brutos quedará en los bolsillos empresariales mientras se “compensa” la reducción con aumentos de impuestos inmobiliarios provinciales que llegan al 56% promedio en la provincia de Buenos Aires.
Por otra parte, los aumentos de tarifas expuestos en las Audiencias Públicas trascienden en mucho lo previsto antes de las elecciones. La luz aumentará más de un 70% entre diciembre y febrero y el gas 45%.
Tampoco habrá bonificación alguna para beneficiarios de AUH (Asignación Universal por Hijo), y los importes de los trabajadores precarios de los planes sociales están absolutamente congelados porque no siguieron ni siquiera el aumento del salario mínimo. Desmentimos la estafa del 82% que es sobre el salario mínimo que ya está vigente y que es la mitad de la línea de pobreza. Por otra parte, se establece que el 82% del salario mínimo será para aquellos que tengan 30 años de aportes únicamente.
Un plan de guerra contra el pueblo trabajador está en marcha con el aval de la burocracia sindical. Por ello se ataca a los sindicatos simplemente inscriptos y a todo el sindicalismo de clase y combativo.
Promovemos la más amplia deliberación y movilización en todas fábricas y lugares de trabajo del país, para rechazar este golpe contra el movimiento obrero.
En esa tarea, más de 50 dirigentes de sindicatos combativos se reunieron en la sede central de ATE el pasado martes 14 y pactaron paros, piquetes y movilización para el día que se trate la Reforma y un acto en Plaza de Mayo para el día 6/12. Allí estuvieron presentes además de ATE Nacional, la Federación Aceitera, el Sutna (Neumático), Conadu Histórica y AGD-UBA, el Sitraic (Construcción), Unión Ferroviaria Oeste, Cicop, APM (Visitadores Médicos), Suteba Matanza, Ademys, Sipreba (prensa), Fesprosa (Médicos), Polo Obrero, CTEP, CCC, Barrios de Pie, Pepsico, Jubilados Clasistas, minorías de Foetra y AGTSyP (Subte), cuerpos de delegados de Gráficos, Alimentación y otros, que expresan a todo el sindicalismo de izquierda.
Ante la maniobra política de aprobar sumariamente semejantes reformas sobre tablas en cuestión de días, la Coordinadora Sindical Clasista-PO, de acuerdo a lo resuelto, se movilizará e impulsará paro y ceses de actividades mediante asambleas para participar en los piquetes y movilización al Congreso el día del tratamiento. De igual modo, si ese tratamiento en recinto pasara para la semana siguiente.
Coordinadora Sindical Clasista- Partido Obrero
Romina Del Plá (Sec Gral Sutaba Matanza), Soledad Sosa (Sec Adjunta CTA Mendoza) Alejandro Crespo (Sec. Gral Sutna), Ileana Celotto (Sec Gral AGD-UBA), Antonio Rosselló (Sec Gral a cargo Conadu Histórica), Víctor Grosi (Sec Gral Sitraic), Rubén Schoffrin (Sec Adjunto Sipreba), Daniel Rapanelli (Sec Gral Suteba Ensenada), Eduardo Belliboni (Polo Obrero), Claudia Consiglio (Sec Adjunta Suteba Escobar), Vanina Biasi (Com Interna No Docente Sociales UBA), Amanda Martín (Sec Adjunta Ademys), Pablo Eibuszyc (Minoría Foetra Buenos Aires), Pablo Busch (Com Interna Unilever, Alimentación), Miguel Bravetti (Com Interna Interpck II, Gráficos), Rubén Allende (Sec Gral Municipales Cnel Suárez), Churi Uro (Sec Gral ATE Educación), Federico Navarro (Com Interna Aluar, Puerto Madryn), Cristian Míguez (Com Interna Acindar, Villa Constitución), Luciano Cáceres (Sec Adjunto Amsafé Rosario), Ariel Osatinsky (Sec Gral Adiunt Tucumán), José Luis Perea (Com Interna ATE INTA), Daniel "Pollo" Luna (Com Interna ATE Inti), Jorge Hospital (Causa Ferroviaria Mariano Ferreyra), Norberto Calducci (Aten Plottier), Gastón Castro (Adosac Perito Moreno), Pablo Viñas (AGR-Clarín), Sebastián Rodríguez (Gráfica Morvillo), Cecilia Bari (Sec Gral Atrana, Radio Nacional), Alejandra Koszieniack (Sec. gremial sindicato periodistas de Corrientes) y siguen firmas.
Ganancias: los trabajadores pagarán más y los empresarios menos
La reforma impositiva prevé que se graven incluso los adicionales. El impuesto al salario, desde el kirchnerismo a esta parte, no para de crecer.
A la sombra del anuncio del pacto ajustador entre Macri y los gobernadores, Clarín (15/11) informa que el proyecto de reforma impositiva que el gobierno enviará al Congreso prevé eliminar deducciones y exenciones del impuesto a las Ganancias que agravarán su impacto sobre los trabajadores. No sólo más trabajadores tributarán el impuesto sobre su salario, sino que los ya alcanzados –entre 1 millón y medio y 2 millones (Chequeado, 12/10)– deberán tributar mayores montos.
De acuerdo a la nota mencionada, el artículo 49 del proyecto de reforma impositiva –cuya aprobación en el Congreso el macrismo negoció con los gobernadores y diputados de la “oposición”– supone gravar prácticamente la totalidad de los “adicionales” que acompañan el salario básico, eliminando las exenciones a estos que existían en leyes nacionales, decretos, convenios colectivos de trabajo y otras normas y acuerdos.
Esto incorpora los importes percibidos por los trabajadores "en concepto de gastos de representación, viáticos, movilidad, bonificación especial, protocolo, riesgo profesional, coeficiente técnico, dedicación especial o funcional, responsabilidad jerárquica o funcional, desarraigo y cualquier otra compensación de similar naturaleza, cualquiera fuere la denominación asignada". El impacto de esto sobre los salarios sería enorme. En el caso de los trabajadores estatales, en la medida que se grava la “dedicación funcional”, ésta compone el 60% del básico.
Pagarán ganancias los adicionales “aun cuando no revistan carácter remuneratorio a los fines de los aportes y contribuciones al Sistema Nacional (…) de Jubilaciones”. Así, numerosos trabajadores deberán tributar por las llamadas “cifras en gris” (que en gremios como la docencia componen una gran masa del ingreso total), incluso cuando estas no cuentan para el cálculo del haber jubilatorio. Esto incluye beneficios sociales, vales de combustible, extensión de tarjetas de compra o créditos, vivienda, viajes de recreo pago de gastos de educación, entre otros, "sean otorgados por el empleador o a través de terceros a favor de sus dependientes o empleados".
Solo se mantendrían las deducciones por “zona desfavorable” en la Patagonia y parte de la región pampeana, así como a “la provisión de ropa trabajo” y al “otorgamiento o pago de cursos de capacitación (…) en la medida que estos resulten indispensables para el desempeño (…) del empleado (…) dentro de la empresa” (Clarín, ídem). ¡Menos mal! Con todo, el impuesto sí abarcaría numerosos conceptos ligados a “adicionales” que son en verdad costos empresariales, como los vales por combustible o vivienda.
Mientras el tributo extiende sus garras todavía más sobre los ingresos de los trabajadores, los capitalistas se verán beneficiados con un recorte en Ganancias del 35 al 25% que "reinviertan" utilidades, algo fácilmente manipulable mediante argucias contables, además de la eliminación o disminución del impuesto a los Ingresos Brutos.
Estamos ante una enorme transferencia de fondos a los empresarios especuladores financieros a costa de los trabajadores
Impuesto al salario
Durante su campaña presidencial, Macri prometía que “en mi Gobierno, los trabajadores no van a pagar Impuesto a las Ganancias: ese es mi compromiso”. El resultado fue que los asalariados afectados por el mismo se multiplicaron entre tres y cuatro veces.
Esta confiscación del salario fue defendida férreamente por los gobiernos K, que generalizaron el gravamen manteniendo el mínimo no imponible, en un cuadro inflacionario. Ahora, cuando se prevé un aumento de la recaudación, el mínimo no imponible se actualizará –según se señala en Ámbito Financiero (2/11)– junto al índice aplicado a las jubilaciones, es decir por inflación. En diciembre de 2016, mediante un acuerdo de Cambiemos con el massismo (otro que hizo de su eliminación una bandera de la campaña de 2015) y la burocracia sindical, el impuesto al salario quedó perpetuado por ley.
La expansión del impuesto al salario dará mayor temperatura al reclamo por su abolición dentro de los trabajadores. La tarea será ligar esta reivindicación, en la agitación cotidiana, con la batalla para quebrar la reforma laboral y el conjunto de la ofensiva antiobrera, que tendrá un significativo episodio en la movilización de sindicatos y organizaciones sociales el próximo 6 de diciembre.
Tomás Eps (@tomaseps)
A la sombra del anuncio del pacto ajustador entre Macri y los gobernadores, Clarín (15/11) informa que el proyecto de reforma impositiva que el gobierno enviará al Congreso prevé eliminar deducciones y exenciones del impuesto a las Ganancias que agravarán su impacto sobre los trabajadores. No sólo más trabajadores tributarán el impuesto sobre su salario, sino que los ya alcanzados –entre 1 millón y medio y 2 millones (Chequeado, 12/10)– deberán tributar mayores montos.
De acuerdo a la nota mencionada, el artículo 49 del proyecto de reforma impositiva –cuya aprobación en el Congreso el macrismo negoció con los gobernadores y diputados de la “oposición”– supone gravar prácticamente la totalidad de los “adicionales” que acompañan el salario básico, eliminando las exenciones a estos que existían en leyes nacionales, decretos, convenios colectivos de trabajo y otras normas y acuerdos.
Esto incorpora los importes percibidos por los trabajadores "en concepto de gastos de representación, viáticos, movilidad, bonificación especial, protocolo, riesgo profesional, coeficiente técnico, dedicación especial o funcional, responsabilidad jerárquica o funcional, desarraigo y cualquier otra compensación de similar naturaleza, cualquiera fuere la denominación asignada". El impacto de esto sobre los salarios sería enorme. En el caso de los trabajadores estatales, en la medida que se grava la “dedicación funcional”, ésta compone el 60% del básico.
Pagarán ganancias los adicionales “aun cuando no revistan carácter remuneratorio a los fines de los aportes y contribuciones al Sistema Nacional (…) de Jubilaciones”. Así, numerosos trabajadores deberán tributar por las llamadas “cifras en gris” (que en gremios como la docencia componen una gran masa del ingreso total), incluso cuando estas no cuentan para el cálculo del haber jubilatorio. Esto incluye beneficios sociales, vales de combustible, extensión de tarjetas de compra o créditos, vivienda, viajes de recreo pago de gastos de educación, entre otros, "sean otorgados por el empleador o a través de terceros a favor de sus dependientes o empleados".
Solo se mantendrían las deducciones por “zona desfavorable” en la Patagonia y parte de la región pampeana, así como a “la provisión de ropa trabajo” y al “otorgamiento o pago de cursos de capacitación (…) en la medida que estos resulten indispensables para el desempeño (…) del empleado (…) dentro de la empresa” (Clarín, ídem). ¡Menos mal! Con todo, el impuesto sí abarcaría numerosos conceptos ligados a “adicionales” que son en verdad costos empresariales, como los vales por combustible o vivienda.
Mientras el tributo extiende sus garras todavía más sobre los ingresos de los trabajadores, los capitalistas se verán beneficiados con un recorte en Ganancias del 35 al 25% que "reinviertan" utilidades, algo fácilmente manipulable mediante argucias contables, además de la eliminación o disminución del impuesto a los Ingresos Brutos.
Estamos ante una enorme transferencia de fondos a los empresarios especuladores financieros a costa de los trabajadores
Impuesto al salario
Durante su campaña presidencial, Macri prometía que “en mi Gobierno, los trabajadores no van a pagar Impuesto a las Ganancias: ese es mi compromiso”. El resultado fue que los asalariados afectados por el mismo se multiplicaron entre tres y cuatro veces.
Esta confiscación del salario fue defendida férreamente por los gobiernos K, que generalizaron el gravamen manteniendo el mínimo no imponible, en un cuadro inflacionario. Ahora, cuando se prevé un aumento de la recaudación, el mínimo no imponible se actualizará –según se señala en Ámbito Financiero (2/11)– junto al índice aplicado a las jubilaciones, es decir por inflación. En diciembre de 2016, mediante un acuerdo de Cambiemos con el massismo (otro que hizo de su eliminación una bandera de la campaña de 2015) y la burocracia sindical, el impuesto al salario quedó perpetuado por ley.
La expansión del impuesto al salario dará mayor temperatura al reclamo por su abolición dentro de los trabajadores. La tarea será ligar esta reivindicación, en la agitación cotidiana, con la batalla para quebrar la reforma laboral y el conjunto de la ofensiva antiobrera, que tendrá un significativo episodio en la movilización de sindicatos y organizaciones sociales el próximo 6 de diciembre.
Tomás Eps (@tomaseps)
El despido de Victor Hugo Morales
Basta de ataques sobre los periodistas.
El despido de Victor Hugo Morales del canal C5N forma parte del intento oficial de controlar los pocos medios que no le responden o que, como sucede con los grupos mediáticos –Clarín, La Nación- comparten con el resto de la clase capitalista, la política macrista de ofensiva contra la clase obrera.
El despido de Morales –como antes el de Roberto Navarro– es parte de esa presión para “limpiar” al canal de periodistas opositores antes de su pase a manos de nuevos dueños que, según se supo, sería el fondo de inversión encabezado por un empresario macrista, Ignacio Jorge Rosner. La llave que tiene en sus manos el gobierno es que la venta de las empresas del grupo Indalo (de López), debe ser autorizada por la AFIP.
Este despido constituye un brutal ataque a la libertad de trabajo y de expresión. La aplicación de tarifazos, la reforma laboral y la jubilatoria, requieren de una homogeneidad en los medios para que defiendan todas estas tropelías del gobierno. La libertad de expresión entra en colisión con el monopolio capitalista de los medios de comunicación: la libertad de prensa está monoplizada por una clase social que apoya, en forma compacta, la aplicación de las reformas antiobreras del gobierno.
El macrismo se monta sobre la corruptela de los K para esconder toda su ofensiva antipopular y, en el caso de los medios, para que sus dueños los cierren o los vendan.
En el caso de Cristóbal López, el gobierno explota la deuda multimillonaria que el empresario acumuló con la AFIP (una parte de la cual utilizó en la compra de medios en la época K). El macrismo se sirve de ello para obligarlo a desprenderse de sus empresas, incluidos los medios, entre los cuales está C5N.
El despido de Morales se produce también en el marco de una situación crítica en el gremio de prensa. En las últimas semanas se anunció el cierre de la agencia DyN -cuyos accionistas conforman un directorio del que participan Clarín y La Nación, entre otros-, el vaciamiento de Radio Rivadavia y el pago en cuotas e irregularidades en Radio América.
Con independencia de nuestras diferencias políticas, defendemos su derecho al trabajo y a expresar libremente sus ideas políticas en el canal.
Basta de persecución y presión oficial. Que Victor Hugo Morales sea repuesto en su puesto de trabajo.
Nelson Marinelli
El despido de Victor Hugo Morales del canal C5N forma parte del intento oficial de controlar los pocos medios que no le responden o que, como sucede con los grupos mediáticos –Clarín, La Nación- comparten con el resto de la clase capitalista, la política macrista de ofensiva contra la clase obrera.
El despido de Morales –como antes el de Roberto Navarro– es parte de esa presión para “limpiar” al canal de periodistas opositores antes de su pase a manos de nuevos dueños que, según se supo, sería el fondo de inversión encabezado por un empresario macrista, Ignacio Jorge Rosner. La llave que tiene en sus manos el gobierno es que la venta de las empresas del grupo Indalo (de López), debe ser autorizada por la AFIP.
Este despido constituye un brutal ataque a la libertad de trabajo y de expresión. La aplicación de tarifazos, la reforma laboral y la jubilatoria, requieren de una homogeneidad en los medios para que defiendan todas estas tropelías del gobierno. La libertad de expresión entra en colisión con el monopolio capitalista de los medios de comunicación: la libertad de prensa está monoplizada por una clase social que apoya, en forma compacta, la aplicación de las reformas antiobreras del gobierno.
El macrismo se monta sobre la corruptela de los K para esconder toda su ofensiva antipopular y, en el caso de los medios, para que sus dueños los cierren o los vendan.
En el caso de Cristóbal López, el gobierno explota la deuda multimillonaria que el empresario acumuló con la AFIP (una parte de la cual utilizó en la compra de medios en la época K). El macrismo se sirve de ello para obligarlo a desprenderse de sus empresas, incluidos los medios, entre los cuales está C5N.
El despido de Morales se produce también en el marco de una situación crítica en el gremio de prensa. En las últimas semanas se anunció el cierre de la agencia DyN -cuyos accionistas conforman un directorio del que participan Clarín y La Nación, entre otros-, el vaciamiento de Radio Rivadavia y el pago en cuotas e irregularidades en Radio América.
Con independencia de nuestras diferencias políticas, defendemos su derecho al trabajo y a expresar libremente sus ideas políticas en el canal.
Basta de persecución y presión oficial. Que Victor Hugo Morales sea repuesto en su puesto de trabajo.
Nelson Marinelli
Néstor Pitrola (PO-FIT) en "El Diario" por C5N
Entrevista sobre la reforma laboral, el papel de la CGT y el acuerdo de Macri con los gobernadores.
17/11/2017
viernes, 17 de noviembre de 2017
La hoja de ruta de una gran confiscación social
Nada refleja con mayor contundencia el carácter del “paquetazo” oficial que las declaraciones de apoyo de los directivos de Coca-Cola, por un lado, y de bancos como el HSBC, por el otro. Aunque en ambos casos habían aparecido quejas por algunas de las medidas impositivas -el impuesto a las gaseosas o la ‘renta financiera’-, los capitalistas saben muy bien lo que está en juego. El paquete oficial es una tentativa extraordinaria por levantar la tasa de ganancia del capital, liberándolo de la carga de varios impuestos y asegurándole la liquidación de conquistas fundamentales de la clase obrera. Los subsidios fiscales a los capitalistas serán compensados con impuestazos al consumo, con despidos estatales y, en lo inmediato, con un saqueo brutal a los jubilados y al Anses. Al compás de la exigencia de los capitalistas, el PJ-FpV y el massismo, junto a sus agentes burocráticos en el movimiento obrero, extreman sus esfuerzos para acordar con el gobierno.
Pagan los jubilados y estatales
En estas horas, el gobierno y los gobernadores del PJ, el FpV, massistas y “socialistas” discutían la letra fina de un pacto fiscal con consecuencias explosivas para las provincias y sus trabajadores. El macrismo exige la eliminación gradual del impuesto a los Ingresos Brutos de las empresas que representa, en promedio, el 75% de la recaudación de los distritos. A cambio de ello, el gobierno les ofrece una mayor tajada del impuesto a las ganancias, a costa de quitársela a la Anses. Como consecuencia de ese despojo, y de la rebaja de aportes patronales que también anunció el gobierno, la caja de los jubilados sufrirá una pérdida anual de 10.000 millones de dólares. Eso explica la anunciada decisión de amputar el sistema de “movilidad” jubilatoria, condenando al 70% de los pasivos a percibir la mitad de una canasta de pobreza. En suma, los jubilados bancarán la eliminación de impuestos a los capitalistas. Pero ello no bastará para cerrar los números de las provincias: por eso, el gobierno apura un nuevo ‘pacto de responsabilidad fiscal’, que implica ajuste en los gastos sociales y despidos. En las negociaciones en curso, el gobierno habría ofrecido tomar a su cargo a las trece cajas previsionales que dependen de provincias, con regímenes jubilatorios propios.
Detrás de esta oferta ‘generosa’, se anticipa la intención de ‘armonizarlas’ de prepo -y a la baja- con los haberes nacionales. El vaciamiento en puerta de la Anses ya ha colocado en la agenda oficial el retorno de la jubilación privada, bajo la forma de un ahorro complementario para quienes pretendan superar los haberes de miseria del sistema oficial. El gobierno ha resignado ciertos impuestos que cuestionaban los lobbyes capitalistas regionales -como el gravamen al vino- pero, al mismo tiempo, anunció la intención de reducir en un 10% la planta de estatales, lo que podría implicar el despido de 70.000 trabajadores. El vencimiento de contratos de miles de precarizados en diciembre coloca a los estatales en urgente alerta.
Pagan las conquistas obreras
En el toma y daca por el reparto de los recursos impositivos, los gobernadores han colocado una cuestión decisiva en la balanza: “el apoyo decisivo de sus diputados y senadores a las reformas que el gobierno busca aprobar, como la tributaria y la laboral” (Clarín, 14/11). El principio rector del paquete oficial es trasladarle a los trabajadores el fardo del ajuste. Nada retrata mejor esta orientación que el acuerdo ‘impositivo’ en Tierra del Fuego, donde la moneda de cambio para el recorte de beneficios a la patronal electrónica… es la aceptación -por parte de la UOM fueguina- de un congelamiento salarial por dos años; o sea, de una reducción de salarios a término del 30 o 40%. Es esta misma orientación la que sigue la burocracia sindical en torno de la reforma laboral. El gobierno le ha admitido al triunvirato cegetista algunos cambios que, bien mirados, sólo apuntan a enmascarar el carácter antiobrero de la reforma. Por ejemplo, acepta incluir en el cálculo de las indemnizaciones a las comisiones -que sólo afectan a un sector particular y reducido de trabajadores- y a las horas extras ¡a sabiendas de que el proyecto prevé eliminarlas por la vía de establecer un banco de horas! El gobierno aceptaría que quien sufre cambios en sus condiciones laborales pueda recurrir a juicio, pero sin asegurarle la reposición en su puesto. Además, gobierno y burócratas discuten instituir una “mesa de diálogo permanente”, para disfrazar una pérdida de derechos laborales que quedaría consumada con la sanción de la ‘reforma’. La burocracia también promete una futura “batalla en la Justicia” en torno de aspectos de la ley que podrían dar lugar a diferentes interpretaciones. Con ello, fingen ignorar el copamiento judicial en marcha por parte del gobierno, con eje singular en el fuero laboral. En cualquier variante, en la reforma quedarán las pasantías precarizadoras para los jóvenes, el indulto a los evasores (blanqueo) y la ‘agencia de evaluación de tecnologías médicas’ para las obras sociales, dirigida a recortarle a los afiliados las prestaciones más complejas y costosas. A cambio de ese ajuste a la salud obrera, y de preservar el monopolio de la representación sindical, la burocracia ha entregado la ‘reforma’ antilaboral.
Pacto político
En su apoyo a este paquete antiobrero -incluso con sus consecuencias devastadoras para los presupuestos provinciales-, los gobernadores de la oposición expresan la dependencia mortal de pejotistas, massistas y también kirchneristas para con la clase capitalista, que está jugada a fondo con los anuncios del oficialismo. Nada de ello exime a la salida oficial de sus enormes contradicciones: el macrismo ha colocado el presupuesto público al servicio de los capitalistas, cuando ese presupuesto -y también el Banco Central y la Anses- carga con los quebrantos de la gestión anterior. La pretensión de resolver esa contradicción con un mayor endeudamiento se enfrenta, por un lado, a los límites de la hipoteca ya existente y, por el otro, a los virajes financieros que impone la crisis capitalista internacional. A despecho de ello, los “nacionales y populares” de diferente laya se han entregado de pies y manos al macrismo. El ‘respeto al mandato de las urnas’ se ha convertido en la coartada para aceptar sin rodeos a esta verdadera confiscación social. Ello no exceptúa a Cristina Kirchner y a su “unidad ciudadana”, a la cual uno de sus mayores laderos -Aníbal Fernández- acaba de declarar extinta, en nombre del retorno al Pejota.
Mal que les pese a todos ellos, el movimiento obrero está siendo recorrido por una verdadera conmoción, como lo revelan distintos plenarios de delegados o asambleas que debaten y rechazan la reforma laboral. En este cuadro, el Partido Obrero ha lanzado una campaña política en regla contra el paquetazo macrista, dirigida en primer lugar a las grandes concentraciones obreras y a los sindicatos. Como parte de ello, la Coordinadora Sindical clasista del PO se ha dirigido a diferentes organizaciones para promover una iniciativa de lucha y movilización contra la reforma, que tendrá lugar el próximo 6 de diciembre y que debería ser el punto de partida de un plan de acción en regla contra el paquete antiobrero. Tomemos a la acción del 6 como un punto de apoyo para redoblar el debate y la organización en todos los sindicatos y lugares de trabajo. Hagamos de esta campaña un gran factor de reagrupamiento político de los luchadores, contra el gobierno ajustador y sus cómplices.
Marcelo Ramal
Un martes negro... en la Argentina "amarilla"
A contrapelo del optimismo de los círculos empresariales con el progreso del paquete de reformas, la Bolsa porteña se despachó este martes con una caída superior al 4%. En varias jornadas, el Merval acumuló un descenso del 14%, fagocitándose un mes de subas continuadas. Un diario de finanzas se animó a titular “un Martes negro en la Bolsa”, rememorando a aquel martes que marcó el debut de la crisis capitalista más profunda de la historia.
A contrapelo de ese diario, los analistas financieros salieron a calmar las aguas. Por caso, entre las causas del desplome se mencionó a la fuerte caída de las acciones del Banco Macro, por las revelaciones del caso Ciccone.
También se dijo, con razón, que muchos especuladores dejaron sus posiciones en la Bolsa para colocarlas en las letras del Banco Central, habida cuenta de que la tasa de las mismas fue elevada al 29%. Los analistas calculan que quienes ingresaron dinero al país para colocarlo en Lebacs obtuvieron este año la friolera de un 11,5% de beneficio en dólares. Al fundar la baja de la Bolsa en un hecho particular, los 'expertos' buscaron aventar otra hipótesis más temida -a saber, la de una desconfianza en la marcha general de la economía macrista.
Pero cuando se tira del piolín del hecho “particular” -o sea, la suba del interés de las Lebacs, las implicancias son bien mayores. Según los observadores, el gobierno subió las tasas para aplacar una inflación que no cesa, y que se refuerza con los tarifazos e impuestazos (los cuales tendrán mayor alcance con la reforma tributaria en discusión).
La consecuencia, en este punto, es un enfriamiento del crédito y, por lo tanto, de la propia actividad económica. Pero casi nadie señaló el otro objetivo de esta suba de rendimientos de las Lebacs: asegurar la propia renovación de estas letras, de cara a la zozobra que genera el crecimiento explosivo de la deuda del Banco Central. Esa mochila alcanza hoy los 66.000 millones de dólares, y representa el 123% de la base monetaria. Además, supera en 11.300 millones a la tenencia de reservas del Banco, lo cual delata su virtual quebranto. Al elevar el interés de las letras, el propio Banco encareció el costo de reciclar este pasivo, cuyo costo anual -en términos de interés- subió ahora a 20.000 millones de dólares anuales, si se considera un tipo de cambio estable (La Nación, 15/11).
El ingreso de dólares para participar de esta especulación refuerza la revaluación del peso -y esa revaluación agrava el peso de la deuda pública medida en dólares, empezando por la del mismo Banco Central.
Pero la participación de los especuladores en esta bicicleta financiera está condicionada por otro factor -las tasas de interés internacionales. Una suba de éstas, combinada con la percepción de que las Lebacs conforman una bola de nieve insostenible, podría desatar una fuerte salida de capitales. Justamente, los analistas consideran que la suba de la tasa de los bonos a diez años del tesoro norteamericano también contribuyó a la caída de ‘nuestra’ Bolsa. En conexión con ello, otro gerente de inversiones asoció al tropezón del Merval con “la caída de los bonos basura en el mundo” (¡!) (El Cronista, 14/11), confesando, de este modo, qué calificación le dan los “inversores” al redituable mercado financiero local. El último argumento para explicar el "martes negro" es todavía más sorprendente: la “incertidumbre por el paquete de reformas que impulsó el gobierno” (ídem, 13/11). Esta afirmación puede interpretarse como una presión para que se aprueben las reformas impositiva, laboral y jubilatoria. Pero, también, como expresión de las dudas existentes en los círculos capitalistas respecto del proceso económico considerado de conjunto. El gobierno ha financiado una rebaja de impuestos a la clase capitalista con impuestazos al consumo y endeudamiento. Pero los impuestazos agravarán la inflación y golpearán a la ya débil recuperación económica, mientras que la contracción de nueva deuda se encuentra condicionada por la magnitud de la hipoteca ya contraída, y por un posible agotamiento del período de tasas de interés bajas en las finanzas internacionales. El tropezón bursátil no es la única señal de desasosiego patronal: a pesar de colocar a su hombre en el Ministerio de Agricultura, las agroexportadoras han liquidado un 12% menos de divisas en este año, porque demoran la liquidación de divisas y están reteniendo parte de la cosecha de soja. Ello contribuye a un déficit comercial que este año alcanzará los 8.000 millones de dólares, y que también se financia con endeudamiento.
Toda exageración es una versión amplificada de la realidad. Y esto le cabe al “martes negro” de la economía macrista. El sofocón, por ahora pasajero, puso de manifiesto los límites y las contradicciones de la política oficial, a la luz de una bancarrota capitalista internacional que continúa en desarrollo. Los trabajadores argentinos y sus conquistas históricas no pueden ni deben inmolarse en el altar de una política y un régimen social sin futuro.
Marcelo Ramal
A contrapelo de ese diario, los analistas financieros salieron a calmar las aguas. Por caso, entre las causas del desplome se mencionó a la fuerte caída de las acciones del Banco Macro, por las revelaciones del caso Ciccone.
También se dijo, con razón, que muchos especuladores dejaron sus posiciones en la Bolsa para colocarlas en las letras del Banco Central, habida cuenta de que la tasa de las mismas fue elevada al 29%. Los analistas calculan que quienes ingresaron dinero al país para colocarlo en Lebacs obtuvieron este año la friolera de un 11,5% de beneficio en dólares. Al fundar la baja de la Bolsa en un hecho particular, los 'expertos' buscaron aventar otra hipótesis más temida -a saber, la de una desconfianza en la marcha general de la economía macrista.
Pero cuando se tira del piolín del hecho “particular” -o sea, la suba del interés de las Lebacs, las implicancias son bien mayores. Según los observadores, el gobierno subió las tasas para aplacar una inflación que no cesa, y que se refuerza con los tarifazos e impuestazos (los cuales tendrán mayor alcance con la reforma tributaria en discusión).
La consecuencia, en este punto, es un enfriamiento del crédito y, por lo tanto, de la propia actividad económica. Pero casi nadie señaló el otro objetivo de esta suba de rendimientos de las Lebacs: asegurar la propia renovación de estas letras, de cara a la zozobra que genera el crecimiento explosivo de la deuda del Banco Central. Esa mochila alcanza hoy los 66.000 millones de dólares, y representa el 123% de la base monetaria. Además, supera en 11.300 millones a la tenencia de reservas del Banco, lo cual delata su virtual quebranto. Al elevar el interés de las letras, el propio Banco encareció el costo de reciclar este pasivo, cuyo costo anual -en términos de interés- subió ahora a 20.000 millones de dólares anuales, si se considera un tipo de cambio estable (La Nación, 15/11).
El ingreso de dólares para participar de esta especulación refuerza la revaluación del peso -y esa revaluación agrava el peso de la deuda pública medida en dólares, empezando por la del mismo Banco Central.
Pero la participación de los especuladores en esta bicicleta financiera está condicionada por otro factor -las tasas de interés internacionales. Una suba de éstas, combinada con la percepción de que las Lebacs conforman una bola de nieve insostenible, podría desatar una fuerte salida de capitales. Justamente, los analistas consideran que la suba de la tasa de los bonos a diez años del tesoro norteamericano también contribuyó a la caída de ‘nuestra’ Bolsa. En conexión con ello, otro gerente de inversiones asoció al tropezón del Merval con “la caída de los bonos basura en el mundo” (¡!) (El Cronista, 14/11), confesando, de este modo, qué calificación le dan los “inversores” al redituable mercado financiero local. El último argumento para explicar el "martes negro" es todavía más sorprendente: la “incertidumbre por el paquete de reformas que impulsó el gobierno” (ídem, 13/11). Esta afirmación puede interpretarse como una presión para que se aprueben las reformas impositiva, laboral y jubilatoria. Pero, también, como expresión de las dudas existentes en los círculos capitalistas respecto del proceso económico considerado de conjunto. El gobierno ha financiado una rebaja de impuestos a la clase capitalista con impuestazos al consumo y endeudamiento. Pero los impuestazos agravarán la inflación y golpearán a la ya débil recuperación económica, mientras que la contracción de nueva deuda se encuentra condicionada por la magnitud de la hipoteca ya contraída, y por un posible agotamiento del período de tasas de interés bajas en las finanzas internacionales. El tropezón bursátil no es la única señal de desasosiego patronal: a pesar de colocar a su hombre en el Ministerio de Agricultura, las agroexportadoras han liquidado un 12% menos de divisas en este año, porque demoran la liquidación de divisas y están reteniendo parte de la cosecha de soja. Ello contribuye a un déficit comercial que este año alcanzará los 8.000 millones de dólares, y que también se financia con endeudamiento.
Toda exageración es una versión amplificada de la realidad. Y esto le cabe al “martes negro” de la economía macrista. El sofocón, por ahora pasajero, puso de manifiesto los límites y las contradicciones de la política oficial, a la luz de una bancarrota capitalista internacional que continúa en desarrollo. Los trabajadores argentinos y sus conquistas históricas no pueden ni deben inmolarse en el altar de una política y un régimen social sin futuro.
Marcelo Ramal
FIFAGate: las denuncias limitadas de Alejandro Burzaco
La corrupción recorre todo el negocio del fútbol
El suicidio del ex funcionario kirchnerista Jorge Delhon, vinculado a Fútbol para Todos, fue la cara trágica del cimbronazo que produjo en nuestro país la declaración, en un juzgado de Nueva York, del ex CEO de Torneos y Competencias, Alejandro Burzaco, respecto de las coimas que pagó para conseguir hacerse del negocio de las transmisiones de fútbol.
El juicio está vinculado con la corrupción en el negocio mundial del fútbol -el denominado Fifagate- que saltó a la luz con la sorpresiva investigación de la justicia estadounidense –un país con casi nula tradición futbolística- y que esconde la disputa abierta que se ha desatado por el reparto de los miles de millones que se mueven alrededor de este deporte.
Una disputa internacional
Los Estados Unidos vienen pujando fuerte por ingresar al enorme negocio del fútbol, en el cual, hasta ahora, son un segundo violín. De allí que el propio FBI tomara en sus manos la investigación minuciosa de la corrupción en la Fifa, cuyo corolario fue un fuerte golpe a la burocracia de esa entidad, dirigida por los europeos.
Estados Unidos, que organizó el mundial de fútbol de 1994, pretendía –y pretende- organizar en su territorio alguno de los próximos dos, como un paso importante para empezar a tallar en el negocio. Como eso está en cuestión, se ha lanzado con el planteo de organizar en los Estados Unidos un mundial “paralelo” al del 2018, en los mismos días, con distintos horarios que el “oficial”, con las selecciones nacionales que no clasificaron para Rusia. Esto supone una confrontación abierta con la Fifa, ya que un torneo de ese tipo solo puede realizarse si la entidad lo autoriza.
El rebote en nuestras costas del escándalo que derribó a las cúpulas de la Fifa y de la Conmebol, se ha visto potenciado por las declaraciones de Burzaco, ex CEO de Torneos & Competencias (de la cual es socia el grupo Clarín), como testigo en la causa que se lleva adelante en el juzgado neoyorkino.
La "conexión local"
Burzaco, hermano del secretario de Seguridad del actual gobierno, destapó la olla de las coimas que se pagaban para conseguir el negocio de las transmisiones de los campeonatos de las principales categorías del fútbol local y de los internacionales. El principal acusado por el ex CEO es Julio Grondona –ya fallecido- y los funcionarios kirchneristas Pablo Paladino y Jorge Delhon, quien ayer se arrojó debajo de un tren luego de conocer la acusación de Burzaco. Estos dos ex funcionarios kirchneristas habrían sido los responsables de recibir los sobornos cuando el manejo de las transmisiones estaba en manos del Estado.
El papel de Burzaco como testigo preferencial para el juzgado estadounidense se asienta en las denuncias que hizo respecto de una serie de personajes que ocupaban cargos de relevancia en la Conmebol, a la cual el gobierno y la justicia de los Estados Unidos quisieron descabezar, como parte de la disputa por los negocios del fútbol, entre ellos los de las transmisiones, que en nuestro país ya han conseguido las cadenas Fox y Turner.
Omisiones
Llamativamente –o no- Burzaco destapó el tema de Fútbol para Todos, que es irrelevante para la causa que se sigue en Nueva York. Y, de manera nada inocente, incluyó en su denuncia a varias cadenas televisivas como O Globo, Televisa y Fox Sports, pero explícitamente desligó al oficialista grupo Clarín, su antiguo socio en el negocio y que tuvo el manejo del mismo en la Argentina hasta la llegada de Fútbol para Todos.
Tampoco avanzó más allá de los dos funcionarios K y Julio Grondona, como receptores de sobornos. Levantar el velo pondría en la picota a muchos dirigentes del fútbol de uno y otro lado de la grieta, que convivieron con Julio Grondona y no podían desconocer los manejos espurios que se tejían en la AFA y sus alrededores, entre ellos el operador oficialista Daniel Angelici y el propio presidente Macri, que presidió Boca durante varios años.
La corrupción que rondó al negocio de Fútbol para Todos -y que denuncia Burzaco- le es hoy funcional al gobierno macrista para seguir con su campaña mediática antikirchnerista. Rápidamente la diputada del PRO, Graciela Ocaña, salió a reclamar el juzgamiento de los funcionarios K acusados. Pero el denunciante y Ocaña olvidan no solo el papel de Clarín sino también el de todos los que compartieron la conducción del fútbol durante la era Grondona, y los que siguen utilizando a los clubes para el desarrollo de sus propios negocios (compra, venta, transferencia de jugadores, donde los clubes actúan meramente como vidrieras), llevándolos a una permanente situación de quebranto.
Una salida para el fútbol
Las denuncias de Burzaco hablan por sí solas del extrañamiento que existe entre el negocio del fútbol y el deporte. El ex socio de Clarín dijo que repartió coimas en la región por más de u$s 110 millones, de los cuales más de u$s20 millones se los habría pagado a Grondona para lograr la transmisión de los campeonatos mundiales, y las copas América, Sudamericana, Libertadores, lo cual da una idea del dinero que se mueve alrededor de este deporte.
Mientras tanto, la mayoría de los clubes tienen sus balances en rojo, el costo de las cuotas y las entradas se alejan cada vez más del bolsillo de los trabajadores y ahora se suma el cobro del plus para poder ver los partidos por televisión.
La corrupción recorre todo el negocio del fútbol y no va a ser liquidada por el macrismo. Sólo va a terminar cuando los clubes y los campeonatos de todo tipo pasen a ser manejados por los socios, herederos de aquellos que los crearon y que fueron desplazados por las camarillas capitalistas que hoy manejan el negocio del más popular de los deportes.
Nelson Marinelli
El suicidio del ex funcionario kirchnerista Jorge Delhon, vinculado a Fútbol para Todos, fue la cara trágica del cimbronazo que produjo en nuestro país la declaración, en un juzgado de Nueva York, del ex CEO de Torneos y Competencias, Alejandro Burzaco, respecto de las coimas que pagó para conseguir hacerse del negocio de las transmisiones de fútbol.
El juicio está vinculado con la corrupción en el negocio mundial del fútbol -el denominado Fifagate- que saltó a la luz con la sorpresiva investigación de la justicia estadounidense –un país con casi nula tradición futbolística- y que esconde la disputa abierta que se ha desatado por el reparto de los miles de millones que se mueven alrededor de este deporte.
Una disputa internacional
Los Estados Unidos vienen pujando fuerte por ingresar al enorme negocio del fútbol, en el cual, hasta ahora, son un segundo violín. De allí que el propio FBI tomara en sus manos la investigación minuciosa de la corrupción en la Fifa, cuyo corolario fue un fuerte golpe a la burocracia de esa entidad, dirigida por los europeos.
Estados Unidos, que organizó el mundial de fútbol de 1994, pretendía –y pretende- organizar en su territorio alguno de los próximos dos, como un paso importante para empezar a tallar en el negocio. Como eso está en cuestión, se ha lanzado con el planteo de organizar en los Estados Unidos un mundial “paralelo” al del 2018, en los mismos días, con distintos horarios que el “oficial”, con las selecciones nacionales que no clasificaron para Rusia. Esto supone una confrontación abierta con la Fifa, ya que un torneo de ese tipo solo puede realizarse si la entidad lo autoriza.
El rebote en nuestras costas del escándalo que derribó a las cúpulas de la Fifa y de la Conmebol, se ha visto potenciado por las declaraciones de Burzaco, ex CEO de Torneos & Competencias (de la cual es socia el grupo Clarín), como testigo en la causa que se lleva adelante en el juzgado neoyorkino.
La "conexión local"
Burzaco, hermano del secretario de Seguridad del actual gobierno, destapó la olla de las coimas que se pagaban para conseguir el negocio de las transmisiones de los campeonatos de las principales categorías del fútbol local y de los internacionales. El principal acusado por el ex CEO es Julio Grondona –ya fallecido- y los funcionarios kirchneristas Pablo Paladino y Jorge Delhon, quien ayer se arrojó debajo de un tren luego de conocer la acusación de Burzaco. Estos dos ex funcionarios kirchneristas habrían sido los responsables de recibir los sobornos cuando el manejo de las transmisiones estaba en manos del Estado.
El papel de Burzaco como testigo preferencial para el juzgado estadounidense se asienta en las denuncias que hizo respecto de una serie de personajes que ocupaban cargos de relevancia en la Conmebol, a la cual el gobierno y la justicia de los Estados Unidos quisieron descabezar, como parte de la disputa por los negocios del fútbol, entre ellos los de las transmisiones, que en nuestro país ya han conseguido las cadenas Fox y Turner.
Omisiones
Llamativamente –o no- Burzaco destapó el tema de Fútbol para Todos, que es irrelevante para la causa que se sigue en Nueva York. Y, de manera nada inocente, incluyó en su denuncia a varias cadenas televisivas como O Globo, Televisa y Fox Sports, pero explícitamente desligó al oficialista grupo Clarín, su antiguo socio en el negocio y que tuvo el manejo del mismo en la Argentina hasta la llegada de Fútbol para Todos.
Tampoco avanzó más allá de los dos funcionarios K y Julio Grondona, como receptores de sobornos. Levantar el velo pondría en la picota a muchos dirigentes del fútbol de uno y otro lado de la grieta, que convivieron con Julio Grondona y no podían desconocer los manejos espurios que se tejían en la AFA y sus alrededores, entre ellos el operador oficialista Daniel Angelici y el propio presidente Macri, que presidió Boca durante varios años.
La corrupción que rondó al negocio de Fútbol para Todos -y que denuncia Burzaco- le es hoy funcional al gobierno macrista para seguir con su campaña mediática antikirchnerista. Rápidamente la diputada del PRO, Graciela Ocaña, salió a reclamar el juzgamiento de los funcionarios K acusados. Pero el denunciante y Ocaña olvidan no solo el papel de Clarín sino también el de todos los que compartieron la conducción del fútbol durante la era Grondona, y los que siguen utilizando a los clubes para el desarrollo de sus propios negocios (compra, venta, transferencia de jugadores, donde los clubes actúan meramente como vidrieras), llevándolos a una permanente situación de quebranto.
Una salida para el fútbol
Las denuncias de Burzaco hablan por sí solas del extrañamiento que existe entre el negocio del fútbol y el deporte. El ex socio de Clarín dijo que repartió coimas en la región por más de u$s 110 millones, de los cuales más de u$s20 millones se los habría pagado a Grondona para lograr la transmisión de los campeonatos mundiales, y las copas América, Sudamericana, Libertadores, lo cual da una idea del dinero que se mueve alrededor de este deporte.
Mientras tanto, la mayoría de los clubes tienen sus balances en rojo, el costo de las cuotas y las entradas se alejan cada vez más del bolsillo de los trabajadores y ahora se suma el cobro del plus para poder ver los partidos por televisión.
La corrupción recorre todo el negocio del fútbol y no va a ser liquidada por el macrismo. Sólo va a terminar cuando los clubes y los campeonatos de todo tipo pasen a ser manejados por los socios, herederos de aquellos que los crearon y que fueron desplazados por las camarillas capitalistas que hoy manejan el negocio del más popular de los deportes.
Nelson Marinelli
Acto por los desaparecidos de la Facultad de Arquitectura
“Un homenaje a cada compañero”
La FADU-UBA presentará hoy un libro con los nombres y los rostros de los 117 estudiantes, docentes y trabajadores que fueron secuestrados o asesinados bajo el terrorismo de Estado. También se entregarán legajos de las víctimas a sus familiares.
La bandera que está en el patio central de la FADU fue instalada el año pasado a 40 años del golpe.
La bandera que está en el patio central de la FADU fue instalada el año pasado a 40 años del golpe.
La enorme bandera que preside el patio central de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (UBA) recuerda los rostros y los nombres de los 117 estudiantes, docentes y trabajadores de la casa que fueron secuestrados, desaparecidos y asesinados por el terrorismo de Estado. Ese emblema de la memoria en la universidad fue llevado ahora por la FADU a un libro, Siempre presentes, que recupera también los principales datos personales y de militancia política de las víctimas, junto a imágenes y textos aportados por sus familiares. Con la participación de organismos de derechos humanos, el libro será presentado hoy en un acto en el que también se entregarán los legajos académicos de siete detenidos-desaparecidos de la facultad a sus familias.
“Siempre presentes es un homenaje a cada uno de los compañeros detenidos-desaparecidos de la Facultad de Arquitectura, en busca de la reconstrucción de la memoria histórica y como reconocimiento a su lucha por una sociedad más justa. Y también intenta ser una mínima, pero sentida, retribución a sus familiares por las pérdidas que han sufrido”, explica el subsecretario de Relaciones Institucionales de la FADU, Luis Angilletta, coordinador del libro.
La publicación y el encuentro organizado hoy son parte del trabajo que viene realizando la Comisión de Derechos Humanos de la facultad, continuación, a su vez, de una larga historia de militancia por la memoria que a fines de la dictadura se plasmó en un gran cartel de papel con los nombres de las víctimas del genocidio escritos a mano, reemplazado en 2006 por una bandera impresa, anterior a la instalada el año pasado, a 40 años del golpe.
Siempre presentes se abre con un listado de los detenidos-desaparecidos de Arquitectura identificados hasta el momento, “un listado en permanente construcción”, aclara Angilletta. El prólogo fue escrito por Roberto “Toti” Corvaglia, presidente del centro de estudiantes entre 1973 y 1974: “La facultad antes de la dictadura –cuenta allí– era un espacio público con mucha participación, efervescente, con una relación muy fuerte con la sociedad (...) Aquellos estudiantes eran protagonistas y se sentían parte de una transformación, tenían una fuerte y decidida voluntad de cambiar la sociedad, estuvieron dispuestos a relegar sus sueños personales y profesionales en pos de un proyecto político-social colectivo.”
De alguna manera, el libro busca reponer aquellas experiencias de vida para las nuevas generaciones que habitan la facultad. La mayor parte del libro está dedicada a reproducir los rostros de cada uno de los 117 estudiantes, docentes y no docentes, sus nombres, sus espacios de militancia política, la fecha en que fueron secuestrados o asesinados. Las últimas cien páginas incluyen los aportes realizados por los familiares de las víctimas: recuerdos personales, fotos, testimonios, poemas, dibujos.
Esta tarde a las 19, en el aula 323 del Pabellón III de Ciudad Universitaria, además de la presentación del libro, la FADU continuará con la entrega de legajos académicos a familiares de las víctimas, una iniciativa a través de la que ya se entregaron 53 expedientes. Hoy se sumarán otros siete. “Este siempre es un momento muy especial para la Comisión de Derechos Humanos, en el cual sentimos que hacemos nuestro pequeño aporte en restituirles a los familiares una parte de su historia que la dictadura les quitó –dice Angilletta–. A veces nos parece poco, son solo algunos papeles, pero muchas veces el resultado es gratificante. Uno de los primeros legajos que entregamos lo recibió el hijo de una estudiante desaparecida. Entre las cosas que le dimos estaban la ficha de inscripción que ella había completado y una pequeña foto tipo carnet. Él nos dijo que no tenía ningún otro papel con su letra manuscrita. Y que esa era la foto más linda que tenía de su mamá.
Página12
jueves, 16 de noviembre de 2017
La CGT cedió al Gobierno varios puntos de la reforma laboral y firmó un pacto en la Rural
Puede denominarse como “el pacto de la Rural” porque se firmó en el predio emblema de la oligarquía argentina. El Gobierno cedió en varios puntos, pero los trabajadores pierden derechos.
No hubo información oficial precisa, pero voceros de ambas partes ratificaron que llegaron a un principio de acuerdo en la tarde del miércoles alrededor de un nuevo proyecto de reforma laboral que se remitirá al Congreso en los próximos días.
La mesa chica de la CGT y el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, se reunieron en la Rural, en un paréntesis de la IV Cumbre Mundial para la Erradicación Sostenible del Trabajo Infantil que se desarrolla en ese predio.
El ecuánime comunicado del Ministerio de Trabajo no especificó qué nuevos cambios se introdujeron en el borrador para llegar a la anuencia con la CGT. “Se alcanzó el nivel de consenso necesario con los representantes de cada uno de los sectores”, afirmaron desde la cartera laboral.
Por su parte, Héctor Daer, uno de los triunviros cegetistas que participó de la reunión aseguró que desde la parte gremial “no se cedió en absolutamente nada de lo que tiene que ver con lo sustancial del derecho laboral”. Una afirmación bastante general y ambigua, si se tiene en cuenta que sí hubo concesiones en varios aspectos.
Daer especificó en declaraciones radiales algunos aspectos en los cuales presuntamente “retrocedió” el Gobierno para arribar al acuerdo: “Se dejó de lado la descripción filosófica que hacía el Gobierno sobre el derecho al trabajo”, afirmó sobre el controversial punto del proyecto oficial que igualaba en términos conceptuales y legales las condiciones del trabajador y el empresario. También afirmó que el Gobierno resignó medidas que afectaban a trabajadores autónomos: “Quedó establecido que son un colectivo de trabajadores autónomos, que no trabajarán más de 22 horas semanales”, aseguró Daer. El proyecto original creaba nuevas figuras de trabajadores “independientes” para quienes no regían los derechos laborales, según Daer esto se redujo a profesiones específicas y por no más de esa cantidad de horas semanales.
También trascendió que se descartó la propuesta oficial sobre limitar la responsabilidad solidaria en las tercerizaciones de servicios de transporte, limpieza y seguridad; una propuesta que era cuestionada especialmente por el moyanismo.
Sobre el “banco de horas” que pretendía generalizar y legalizar el Gobierno y que de hecho liquidaba las horas extras, Daer simplemente dijo que “el banco de horas se dejó de lado, no se pone sí quedó el fondo de cese a cargo de los empleadores, que tiene que ser regulado por convenio colectivo”.
Sobre el cambio de la fórmula para el cálculo de las indemnizaciones (que tenía el objetivo de “abaratar” los despidos), el triunviro informó que se reincorporaron las comisiones y horas extras en promedio para el cálculo indemnizatorio (que el proyecto inicial pretendía excluir), aunque se realizó una importante concesión al excluir nada más y nada menos que aguinaldo.
Consultado sobre las cuestiones que sí quedaron del proyecto original del oficialismo, Daer aseguró quedó el blanqueo laboral: “Se incorporó que los derechos individuales del trabajador que blanquea no sean desde el momento que se produce el blanqueo sino desde la fecha inicial de trabajo”, afirmó. Sin embargo, inmediatamente aclaró para los aportes previsionales el reconocimiento máximo será de cinco años de aportes. En criollo: si el trabajador estuvo veinte años “en negro”, sólo se le reconocerán cinco de aportes si pretende blanquearlo, aunque en el fabuloso mundo de los dirigentes cegetistas, sí le reconocería el escalafón, o las vacaciones por ejemplo. Es un jubileo para los patrones que tienen trabajadores informales, perdonándoles las deudas que tienen con los empleados.
Otro punto que también habría estado en el acuerdo es el que se refiere al ius variandi (la facultad que tiene el empleador de alterar unilateralmente condiciones no esenciales del contrato individual de trabajo, lógicamente en detrimento del trabajador). Según informó el diario Clarín, acá hubo un cambio para desalentar los juicios. Hasta ahora si un empleador le cambiaba la tarea a un trabajador, éste podía sentirse despedido y hacer un juicio que en 20 días podía reponerlo en sus funciones de pleno derecho. Ahora esto se tramitará en la justicia ordinaria y no la laboral, por lo que un juicio puede durar hasta dos años. Los referentes de la CGT argumentan que según sus números que manejan, "una porción mínima de trabajadores" llega a esa instancia, sin embargo no deja de ser una concesión a los empresarios.
Daer no se refirió a una propuesta importante del proyecto oficial sobre el régimen de “pasantías”, es decir, trabajo barato con remuneraciones miserables para los jóvenes, por lo que se presume que ese ítem quedó como parte de este pre-acuerdo.
Por último, Daer reconoció que el Gobierno mantiene la propuesta de rebaja de los aportes patronales, pero como si no tuviera nada que ver con la CGT dice que “se pasó a la reforma tributaria”.
Esto es lo que declararon algunos referentes y trascendió públicamente, aunque hay que esperar la letra chica porque con la burocracia, los patrones y el Gobierno en el medio, hay que mirar con lupa el diablo en los detalles.
Concesiones graduales y paquete global
La CGT acordó varios aspectos del proyecto que ahora se enviará al Congreso. El Gobierno tuvo que ceder unos cuantos puntos que habían generado un repudio extendido entre los trabajadores, pero acordaron otros que implican la pérdida de derechos en favor de los empresarios. En los hechos se bajarán las penas para los patrones que tomen trabajadores en negro y la baja de las cargas patronales terminará desfinanciado a la ANSES.
Pero esta reforma no puede tomarse de manera aislada, es parte de un paquete mayor que rebaja impuestos a los empresarios e incluye un ataque las jubilaciones y a quienes reciben planes sociales que en los hechos es un recorte de las remuneraciones futuras (por la modificación propuesta para el cálculo de los aumentos). También comienza a tomar forma una avance contra los trabajadores estatales con posibilidad de miles de despidos.
La CGT cede derechos de los trabajadores y ayuda a que el plan de Macri pase de conjunto, sin haber consultado a un sólo trabajador y sin haber tomado una sola medida de lucha. Esta actitud de la de sentarse para conceder “gradualmente” derechos (mientras los empresarios no ceden nada) deja a los trabajadores en peores condiciones para que los patrones intenten avanzar en convenios y acuerdos por sector como los firmados Vaca Muerta, Atilra y recientemente el escandaloso congelamiento salarial impuesto en Tierra del Fuego y acordado por la UOM. Si el Gobierno tuvo que retroceder en varios puntos, sólo es una demostración del rechazo que generó y que si se toman medidas de lucha no solamente no es necesario perder derechos, sino que se pueden pelear para recuperar conquistas.
Hay que repudiar este pre-acuerdo y exigir que los sindicatos (especialmente aquellos como las CTA, la Corriente Federal y el moyanismo que impugnan la reforma en sus discursos) rechacen la reforma y convoquen a un plan de lucha inmediato que tiene que ser debatido por todos los trabajadores y debe incluir con paros y movilizaciones.
Con esta perspectiva se movilizarán este jueves las agrupaciones clasistas y la izquierda, convocados por los trabajadores y las trabajadoras de PepsiCo y por la tarde reunirán para debatir los pasos a seguir ante el nuevo escenario que abre el “Pacto de la Rural”.
Fernando Rosso
@RossoFer
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