Represión en Neuquén.

En el país del "Presidente de los Derechos Humanos" pasan estas cosas:

En Neuquén se mata a los docentes.
Buenos Aires, Solá reprime con la patota del grupo "Evita" del piquetrucho Pérsico y desalojo a un grupo de Hijos La Plata..
En Río Gallegos se militariza la educación.
En Salta se tira con balas de goma y gases lacrimógenos contra los docentes.
En Córdoba se reprime cuando los gremialistas se oponen a la concesión del agua potable.
En Buenos Aires se golpea a los sin techo que ocupan terrenos.
Se reprime a los vecinos que se oponen al basurero en Brandsen.
En la Capital se golpea a los ambientalistas que protestan contra la pastera Botnia.
Mario Das Neves, de Chubut mando una patota de chóferes y funcionarios de ceremonial para impedir un escrache de vecinos.

¿Porque será?
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No son los hombres, son las instituciones

Daniel Cadabón


Cuando el homicida de uniforme, rompió la luneta trasera del Fiat 147 con la culata de su itaka, para, con mayor facilidad, descerrajarle una bomba de gas lacrimógeno en la cara al compañero Carlos Fuentealba, seguramente desconocía que estaba inaugurando una nueva etapa.

El homicida carece de cabeza para realizar análisis políticos (en realidad no tiene cabeza más que para llevar el casco que le oculta la cara y le permite actuar en el anonimato); él, sólo funciona acorde a su formación, y esta le indica que el enemigo se encuentra entre los trabajadores que luchan.

El homicida debe pudrirse en la cárcel; pero, contrariamente, a lo que sostienen todo el tiempo los Blumberg y los Scioli, cuando se producen casos de gatillo fácil: 'no es el hombre; son las instituciones'.

El profesor, y colega, Carlos Fuentealba es víctima de un conjunto de instituciones, donde la policía de Neuquén es el brazo ejecutor de decisiones políticas que se toman en otros ámbitos.

Sobich, gobernador de la provincia, es responsable de esta decisión y debe ir preso.

El secretario de Seguridad de Neuquén, Raúl Pascuarelli, quien argumentó que la policía reprimió en cumplimiento del derecho 'según la ley 2081 de Policía (la cual indica que) no hace falta una orden judicial cuando se prevé algún tipo de delito que perturbe el orden público'; debe ir preso; así también, los diputados y senadores provinciales que votaron semejante ley y el jefe del operativo de represión sobre la ruta 22, que ordenó el atentado homicida.

Carlos Fuentealba, de 40 años está con muerte cerebral, de acuerdo a los partes médicos del hospital 'Castro Rendón' donde es atendido. Su vida depende de un respirador artificial y del tratamiento intensivo, que médicos y enfermeras puedan darle. A Carlos, lo acompañan: 20 heridos más, que fueron victimas de la feroz represión desatada en Arroyito; una vigilia que realizan compañeros docentes de Neuquén, que rodean hospital día y noche, y por sobretodo, el conjunto de los docentes del país que lo sentimos como un hermano.

Pero, la responsabilidad sobre el estado de salud de Carlos, no debemos encontrarla sólo en el asesino que efectuó el disparo, sino en todos aquellos que avalan la represión a los trabajadores, como un método sistemático para terminar con la 'indisciplina social' .

El ministro de Educación de la Nación, se declaró dolido por los sucesos que condujeron a la muerte cerebrar de Carlos Fuentealba. Daniel Filmus, sus dichos son hipócrita y cobarde.

Primero, porque él, forma parte del mismo gobierno que justifica el acto represivo, al evaluarlo como resultado de una marcha que buscó 'provocar' según expusieron los funcionarios progresistas de Balcarce 50: 'Lo de los maestros fue una locura. No pueden ir a cortar en un fin de semana largo', para finalizar diciendo: 'se trató de un grupo trotskista de no más de 150 personas que buscó generar el caos' (La Nación).

Según los socios de Filmus, el compañero Fuentealba, -que salió a la ruta en busca de un salario que le permitiera alimentar a sus dos hijos- 'buscó generar el caos', lo cual justifica que haya sido fusilado, por un asesino uniformado a las órdenes de Jorge Sobich.

Segundo, porque el ministro candidato, no denuncia que Santa Cruz, la provincia de su jefe Néstor Kirchner, está militarizada y los trabajadores de la educación provincial, en su quinta semana de lucha, vienen siendo objeto de atentados, amenazas y secuestros. El hijo de una docente santacruceña, fue objeto de un secuestro, por las bandas del kirchnerista Sancho; en un Polo gris que amenazaron su vida 'si no decís todo lo que sabes'.

Lo mismo pasa en Salta, donde el gobernador Romero ordenó reprimir a maestras y profesores que sitiaban la legislatura provincial el martes pasado; mientras sus grupos de tareas se infiltran entre los huelguistas para denunciarlos. El grupo D2 es una estructura que copia las metodologías del marino Astiz cuando se infiltraba entre las madres de desaparecidos.

¿Y Yasky?

El 'ministro' sin cartera, Hugo Yasky le puso precio a la vida de un docente. según él, un maestro casi muerto en una represión policial vale 24 horas de paro.
Yasky, pudo evitar que el compañero Fuentealba sufriera este atentado homicida, si en lugar de conciliar con el kirchnerismo, hubiera unificado la lucha nacional de los docentes por un salario digno desde hace 6 semanas.
Yasky a nivel nacional y Baradel en provincia de Buenos Aires, se jugaron por la candidatura de Filmus, y abandonaron a los docentes provinciales a su suerte.
El paro del próximo lunes 9 va a ser masivo, aunque ningún docente crea que la vida de un compañero se compense con 24 horas de paro.
Es necesario que la CTERA y la CTA convoquen a una huelga general indefinida, hasta que se vaya Sobich y todos los represores de Neuquén.
Que se vaya el kirchnerista Sancho y todos los represores de Santa Cruz.
Que se vaya Romero y todos los represores de Salta.
Que se cumplan los reclamos de los trabajadores de la educación en todo el país.
Es la única manera de que la lucha del compañero Carlos Fuentealba no sea en vano.
Compañero Carlos Fuentealba, te apoyamos y esperamos verte nuevamente en tu escuela enseñando los misterios de la química.


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Responsabilidad primaria de Sobisch pero el PEN tiene lo suyo

Al maestro lo mató el
proyectil, el plan económico
y el ingreso desigual

Ahora que ocurrió la tragedia, el gobierno de Neuquén y gobierno nacional ponen caras de compungidos y dicen lamentar la muerte del maestro. Ambos derivan la culpa sobre el sargento que apretó el gatillo. ¿Y el plan económico monopolista?

Emilio Marín
La Arena

Carlos Fuentealba era profesor y había nacido en San Martín de los Andes. Ejercía la docencia en Neuquén, tenía 41 años, estaba casado y tenía dos hijas. Hay que emplear los verbos en tiempo pasado porque lamentablemente el profe de química ya no podrá dar clases. Fue alevosamente asesinado por un policía que le disparó a dos metros de distancia, de atrás –como matan los cobardes-, con un cartucho de gas lacrimógeno que impactó en su nuca. Ese gas hace llorar a la gente que lo respira. Este gas ha hecho llorar a muchos argentinos, aunque sus pulmones estuvieran muy lejos de ese cruce de la ruta 22, donde los huelguistas reclamaban por un sueldo digno y blanqueos.
El supuesto autor del disparo, sargento de la policía Daniel Poblete, está detenido. La fiscal Sandra Taboada juntará las pruebas que lo incriminen efectivamente o no, y esa detención procura abrir una válvula para que pierda presión la situación política. ¿Será así? El lunes habrá un paro masivo en la docencia de todo el país, luego del llamado efectuado por CTERA, cuya dirección venía siendo cuestionada debido a su falta de compromiso con los conflictos en la Patagonia y otras latitudes.
Se sabía que el dueño del pulgar que jaló del gatillo, el pasado miércoles, iba a terminar detenido. Sobisch, en su demorada conferencia de prensa del jueves, para sacarse el fardo, había dicho que “al culpable le va a caer todo el peso de la ley”. ¿Acaso el mandatario podía tirar la primera piedra? Es que en esa misma rueda había admitido que él dio la orden a la policía de evitar que los docentes cortaran la carretera. Con su lógica, él es inocente. La muerte del maestro habría ocurrido porque hubo un exceso y un error, una explicación que los argentinos ya han escuchado de labios de dictadores como Jorge R. Videla para dar cuenta de los 30.000 excesos.
Está muy bien que la fiscal Taboada investigue al sargento de “gatillo fácil” y a otros uniformados que pueden haber hecho los disparos. Esta gente tiene una puntería envidiable. Generalmente trastabilla, se le cae el arma, se le dispara involuntariamente, etc, pero delante suyo se desploma un desocupado, un manifestante o simplemente un maestro, con un agujero en la cabeza.
Ya lo había dicho el enorme Rodolfo Walsh: la cloaca bonaerense es “la secta del gatillo alegre y los dedos en la lata”. Se quedó corto. La policía es muy parecida en todo el territorio y sobre todo si tiene como gobernador a personajes como Sobisch.

Renta y tiros

El neuquino está atravesando su segundo mandato y está candidateado por la derecha para las presidenciales de octubre. Alguna vez una cámara oculta lo mostró negociando la aprobación de leyes con diputados de la oposición a cambio de prebendas. Como la justicia suele ser genuflexa con los poderosos e impiadosa con los débiles, Sobisch no fue a parar a ningún calabozo pese a la cámara indiscreta y varias pruebas en su contra. Más, fue premiado con un segundo mandato.
Su continuidad en el poder estuvo determinada por los negociados con que favoreció a Repsol-YPF. En junio de 2000 el gobernador anunció en Madrid los términos de la negociación con la petrolera, según la cual se le extendía por diez años, hasta 2027, la concesión de gas y petróleo, especialmente provechosa en el área Loma de la Lata.
Quién ganó y quién perdió es de fácil lectura. A Neuquén le ingresaron 100 millones de dólares y a la Nación 300 millones; la empresa tendría un plus de entre 37 y 39.000 millones de verdes billetes a lo largo de la década de regalo. Esa operación no sólo generó sonrisas entre Alfonso Cortina, por entonces titular de Repsol, y el ex ministro de Economía José Luis Machinea. El ladino Sobisch también festejó y tendría sus millonarias razones.
La privatización de hidrocarburos está asociada en nuestro país al vaciamiento del patrimonio público y, sin solución de continuidad, a la desocupación, con variadas consecuencias de la muerte. No fue casualidad que en esos parajes neuquinos florecieran los primeros cortes de ruta de los ex ypefianos, que pasaron de la prosperidad a la pobreza. Y que, tras las órdenes de los gobiernos de la época, llegaran los primeros velorios, como el de la trabajadora doméstica Teresa Rodríguez, muerta en Plaza Huincul, el 12 de abril de 1997.
Sobisch argüirá que él no estaba en el cargo. Es verdad, gobernaba Felipe Sapag, del mismo partido oficialista, el Movimiento Popular Neuquino. Desde entonces el MPN se fue orientando a la línea de “mano dura”, o peor aún, del “meta bala” a la protesta social. Cualquier duda se puede consultar con los fogoneros de entonces, los siguientes piqueteros, los ceramistas de Zanón, los docentes agredidos en varias oportunidades –en una con anuencia policial y utilización de matones de la UOCRA-, los mapuches, vecinos, etc.
En los últimos tres años Sobisch cristalizó una alianza política y personal con Mauricio Macri y Juan Carlos Blumberg. Este último, representante del Manhattan Institute y a favor de una “policía brava” como la neoyorquina, celebró contratos con la gobernación neuquina y la cordobesa de José M. De la Sota, sus dos gobernadores favoritos.
Lo ocurrido este miércoles en Neuquén no fue casualidad. La derecha fascistoide viene pregonando desde años que a las protestas hay que acallarlas a palos, a tiros, como sea.

Responsabilidad de Kirchner

Luego de guardar mutismo por un día, Néstor Kirchner dio sus impresiones sobre la muerte de Fuentealba. Luego de expresar su dolor, pena y pesar, el presidente rechazó “la violencia y la represión como forma de enfrentar las protestas”. Abundó en que “nosotros abogamos por una convivencia ciudadana pacífica y siempre hemos repudiado la violencia, venga de donde venga”.
El sentido de esas declaraciones fue diferenciarse de la política sobischista, pero con un dejo de la teoría de los dos demonios, perceptible cuando Kirchner aludió a “la violencia y la represión”. ¿Acaso quería criticar a la supuesta violencia de los maestros por sus cortes? ¿Estaba sugiriendo que Fuentealba era un violento?
La sospecha de que el patagónico estaba aludiendo a dos fenómenos igualmente negativos no son suposiciones de este cronista. Unos días antes, frente a la movilización docente y de otros gremios estatales en Río Gallegos, Caleta Olivia y otras localidades santacruceñas, reaccionó airado. En esa ocasión Kirchner calificó de “extorsionadores” a los trabajadores y a quienes se solidarizaban con ellos, como el obispo Juan Carlos Romanín.
Sin llegar al nivel de violencia policial utilizado por Sobisch, la actitud del vicegobernador kirchnerista Carlos Sancho y del PEN que militarizó Río Gallegos con la Gendarmería no se puede calificar como de política de “persuasión y disuasión”.
Y aún considerando que la administración Kirchner no tuviera nada que ver con Neuquén y en Salta, donde también hubo durísima represión contra los docentes, ¿acaso no puede hacer nada positivo por esos trabajadores? Si fuera por el ministro Aníbal Fernández, no. “La Nación no puede meterse en la crisis (neuquina y salteña) porque cada provincia es dueña de su poder de policía”, dijo el ministro Pilatos, perdón, el ministro político.
Es obvio que el PEN tiene su cuota de responsabilidad en el asunto. Si en Neuquén se dispara contra maestros, en Salta se tira con balas de goma y gases lacrimógenos contra los docentes, en Córdoba se reprime cuando los gremialistas se oponen a la concesión del agua potable, en Buenos Aires se golpea a los sin techo que ocupan terrenos y a los vecinos que se oponen al basurero en Brandsen, en la Capital se golpea a los ambientalistas que protestan contra la pastera Botnia, etc, por poner sólo algunos ejemplos, es señal inequívoca de que hay una política nacional en la materia. Y no meramente neuquina
Por otra parte, la política salarial y educacional es parte esencial de la administración nacional, que ya sabía desde febrero que aumentando a 1.040 pesos de bolsillo la remuneración del maestro -gran parte en negro- no satisfacía los reclamos.
El mismo día que balearon a Fuentealba los diarios informaban que la recaudación había registrado otra fuerte suba en marzo, 33,3 por ciento. Pero el maestro no iba a recibir su parte del superávit fiscal. Para él había un proyectil.