miércoles, 8 de noviembre de 2017

Revolución rusa: recuerdos del futuro



Hace 100 años los bolcheviques llevaban adelante algo que muy pocos creían posible. La insurrección, meticulosamente preparada por Trotsky en Petrogrado, era acompañada por la votación ampliamente mayoritaria del Segundo Congreso Pan Ruso de los Soviets, cuya composición había cambiado drásticamente respecto del primero, donde aún dominaban los conciliadores. En las semanas previas, en cada fábrica, cuartel, aldea, en todo el frente, millones habían deliberado y resuelto un mandato inapelable: el poder debía ser traspasado de un cada vez más decrépito gobierno provisional a los soviets (consejos) de diputados obreros, campesinos y soldados. Lenin veía materializada la victoria de la orientación que había dado a su partido luego de su vuelta del exilio –no sin vencer duras resistencias internas– expresada en Las tareas del proletariado en la presente revolución (título del texto también conocido como Tesis de Abril). Allí entre otras cuestiones se decía:
Ningún apoyo al Gobierno Provisional; explicar la completa falsedad de todas sus promesas, sobre todo de la renuncia a las anexiones. Desenmascarar a este gobierno, que es un gobierno de capitalistas, en vez de propugnar la inadmisible e ilusoria “exigencia” de que deje de ser imperialista.
Explicar a las masas que los Soviets de diputados obreros son la única forma posible de gobierno revolucionario y que, por ello, mientras este gobierno se someta a la influencia de la burguesía, nuestra misión sólo puede consistir en explicar los errores de su táctica de un modo paciente, sistemático, tenaz y adaptado especialmente a las necesidades prácticas de las masas.
Una orientación muy diferente a la que había podido leerse en Pravda durante todo marzo, cuando estaba bajo la dirección de Stalin y Kamenev, sintetizada en la máxima “apoyar lo bueno y criticar lo malo” del gobierno provisional.
Entre abril y octubre los bolcheviques hacen gala de una maestría táctica asombrosa y pasan de ser una “minoría reducida” en los Soviets, como reconoce Lenin en las mismas Tesis., a la fuerza mayoritaria en su seno, en alianza al momento de la toma del poder con el ala izquierda de los socialistas revolucionarios, que se habían dividido con el tumultuoso curso de los acontecimientos. Emplean distintas variantes de la táctica del frente único, incluso planteando en un momento a los conciliadores la exigencia de romper con la burguesía y que los soviets, que todavía dirigían mencheviques y socialistas revolucionarios, tomen el poder, comprometiéndose los bolcheviques a una oposición pacífica si esto ocurría.
Lenin y sus seguidores captaron las aspiraciones más profundas de las masas. Los soldados no querían seguir muriendo en las trincheras y los obreros no querían seguir pasando hambre en una guerra a la que no veían el mínimo sentido. Los campesinos querían la tierra ya, para algo habían terminado con la autocracia. La burguesía liberal, por el contrario, quería continuar la guerra imperialista siguiendo los dictados de la cancillería británica y francesa mientras los mencheviques y la mayoría de los socialistas revolucionarios se adaptaban a este objetivo. “Pan, paz y tierra” y “todo el poder a los soviets”, bramaban los oradores bolcheviques encontrando cada vez más simpatía y aprobación en las amplias masas. Para mediados de junio ya se habían vuelto mayoritarios entre el proletariado de Petrogrado pero había que conquistar la mayoría obrera y campesina en todo el país. Algo que no tardarían en conseguir.

Causalidades

Los historiadores liberales intentan mostrar hoy que la victoria de octubre y la consolidación posterior de la revolución correspondieron a una serie de casualidades. Antes la habían presentado como un mero golpe de estado bolchevique, como sentencia el clásico “Técnica del golpe de estado” (publicado originalmente en París en 1931) del ensayista, novelista y diplomático italiano Curzio Malaparte, entonces un fascista que luego de la Segunda Guerra Mundial terminó siendo parte del Partido Comunista Italiano y finalmente simpatizando con China de Mao. Por el contrario a estas visiones superficiales, Trotsky supo señalar la combinación de factores objetivos y subjetivos que permiten explicar por qué fue en la atrasada Rusia zarista donde los obreros y campesinos por vez primera pudieron retomar lo que había esbozado la Comuna de París en 1871 y hacerse del poder.
La insurrección victoriosa del 25 de octubre (7 de noviembre según el calendario gregoriano utilizado en Occidente y hoy en prácticamente todo el mundo) de 1917 no cayó del cielo. El presidente del Soviet de Petrogrado en 1905 da cuenta de ocho premisas históricas que la posibilitaron. Las cinco primeras las considera como “premisas orgánicas”, estructurales:
a) la podredumbre de las viejas clases dominantes; de la nobleza, de la monarquía, de la burocracia;
b) la debilidad política de la burguesía, que no tenía ninguna raíz en las masas populares;
c) el carácter revolucionario de la cuestión agraria;
d) el carácter revolucionario del problema de las nacionalidades oprimidas;
e) el peso social del proletariado.
Estas premisas habían estado en la base del audaz planteo de Trotsky sobre la dinámica revolucionaria rusa sintetizada en su reelaboración (respecto del que formulara Marx durante las revoluciones de 1848) del concepto de “revolución permanente”, esbozado aún antes de desarrollarse el proceso revolucionario de 1905 pero más sólidamente fundamentado en Resultados y perspectivas, el texto que escribe en la cárcel en 1906, luego de la derrota del “ensayo general revolucionario”.
La especificidad del desarrollo capitalista en Rusia había creado la particularidad de un proletariado relativamente más fuerte que la burguesía, restringida por el dominio del absolutismo en su posibilidad de fortalecimiento. El proletariado, aunque minoritario respecto del campesinado, se había desarrollado junto con la industria producto del capital extranjero y estaba altamente concentrado en las ciudades que movían los hilos económicos y políticos del país. La revolución de 1905 había corroborado que el proletariado ruso podía jugar el rol dirigente en la lucha contra el zarismo. El estallido de una nueva Revolución rusa, vaticinaba Trotsky, vería repetirse esta mecánica. La clase obrera, armada y dirigiendo la revolución, acaudillando a los campesinos, no se detendría en la puerta de la propiedad privada sino que para imponer sus reivindicaciones avanzaría despóticamente sobre la misma. La revolución democrática transcrecería en revolución socialista y Rusia podría transformarse en el primer país donde obreros y campesinos se hicieran del poder, dando impulso al desarrollo revolucionario en toda Europa, particularmente en Alemania. Un pronóstico que se materializaría poco más de una década más tarde.
A las cinco premisas orgánicas o estructurales, el constructor del Ejército Rojo agregaba como elementos coyunturales excepcionalmente importantes:
f) la Revolución de 1905 como gran escuela, o según la expresión de Lenin, “ensayo general” de la Revolución de 1917; los soviets, como forma de organización irreemplazable de frente único proletario en la revolución, fueron organizados por primera vez en 1905;
g) la guerra imperialista que agudizó todas las contradicciones y arrancó a las masas atrasadas de su estado de inmovilidad. Pero estas condiciones explicaban el estallido de la revolución, no la victoria del proletariado.
Para esto fue fundamental otra condición necesaria, ni más ni menos que la existencia de:
h) el Partido Bolchevique [1].
¿Por qué pudieron los bolcheviques jugar ese papel decisivo? Lenin explicaba que el bolchevismo había surgido en 1903 sobre la base teórica del marxismo. Pero que, además de esta “base teórica de granito”, y nos disculpamos por citar algo extensamente,
…tuvo una historia práctica de quince años (1903-17), sin parangón en el mundo por su riqueza de experiencias. Pues ningún país, en el transcurso de esos quince años, conoció ni siquiera aproximadamente una experiencia revolucionaria tan rica, una rapidez y una variedad tales en la sucesión de las distintas formas del movimiento, legal e ilegal, pacífico y tormentoso, clandestino y abierto, de propaganda en los círculos y entre las masas, parlamentario y terrorista. En ningún país estuvo concentrada en tan breve período de tiempo semejante variedad de formas, de matices, de métodos de lucha de todas las clases de la sociedad contemporánea; lucha que, además, como consecuencia del atraso del país y del peso del yugo zarista, maduraba con singular rapidez y asimilaba con particular a nsiedad y eficacia la “última palabra” de la experiencia política americana y europea [2].
Un partido con una base teórica sólida forjado en las formas más diversas de la lucha de clases, asimilando lo más avanzado de la experiencia política internacional.
Los bolcheviques supieron mantenerse internacionalistas en la guerra mundial, enfrentando todas las formas de patriotismo reaccionario. Bajo el influjo de Lenin mantuvieron su independencia del gobierno de la burguesía liberal y luego del gobierno de coalición entre esta y los mencheviques y socialistas revolucionarios.
Reconocieron en los soviets las formas de un nuevo poder. Y aquí es preciso detenerse, porque estos pasaron de ser el instrumento del frente único de lucha por el poder a la base de un nuevo tipo de estado, la más avanzada forma de democracia proletaria que hemos visto en la historia. Lenin se basó en las enseñanzas de la Comuna de París para presentar entre febrero y octubre las características que tendría el estado proletario en ese magnífico trabajo inconcluso que es El Estado y la Revolución. Un tipo de estado distinto a todos los conocidos previamente. No para que una minoría imponga su dominio despótico sobre la mayoría, como había sido hasta el momento, sino para que la mayoría explotada ejerza su dominio transitorio sobre la minoría explotadora con la finalidad de extender la revolución en el terreno internacional, de conquistar el comunismo y terminar con toda forma de dominación. Un tipo de estado que Marx había denominado, en un concepto extraído de las barricadas del París revolucionario de junio de 1848, “dictadura del proletariado”, término que nos habla ante todo de cuál es la clase que domina socialmente (la república democrática, a su vez, sería no otra cosa que una envoltura para el ejercicio de la dictadura del capital) y no de las formas políticas precisas que puede tener ese dominio. Por eso en la Comuna parisina había para Marx y Engels el primer esbozo de esta nueva forma de estado. Una dictadura sobre la burguesía a la cual los obreros armados no pedirán consentimiento para expropiar sus fábricas, tierras y bancos, a la vez que la mayor de las democracias existentes para la clase trabajadora y el conjunto de los oprimidos y explotados. Un tipo de Estado en el cual la policía y el ejército profesionales serán reemplazados por el pueblo en armas; donde los funcionarios políticos cobrarán como un obrero calificado y serán revocables por los electores; donde los poderes ejecutivo y legislativo se fusionarán en una verdadera “corporación de trabajo”, que debatirá y resolverá sobre los destinos políticos y económicos de la sociedad.
Los bolcheviques tuvieron la osadía de comenzar a implementar esto en un estado cultural y económicamente atrasado, y devastado por la guerra mundial primero y la guerra civil después. Así y todo, hicieron maravillas. Pusieron en pie la Tercera Internacional. Derrotaron la invasión de catorce ejércitos, entre “blancos” e imperialistas. Revolucionaron las artes, la educación y las ciencias. La igualdad de la mujer fue mayor que en cualquier otro país de su tiempo, incluyendo plenitud de derechos políticos, el divorcio y la legalización del aborto. Intentaron diversas formas de socialización del trabajo doméstico. Rusia se transformó en una potencia industrial a un ritmo que no había logrado ninguna otra nación. Pero se pagó el precio del atraso y del aislamiento en que quedó la Unión Soviética al no triunfar la revolución social en otros países de Europa –Alemania en particular– con la burocratización de los soviets y del partido, cuestión que se impuso mediante una contrarrevolución interna de la que fue víctima principal la Oposición de Izquierda.

Ayer y hoy

Recuerdos del futuro titulamos estas líneas. Imaginemos. Con los avances científicos y técnicos de los que disponemos actualmente (que el capitalismo desarrolla en primer lugar en ligazón con la industria militar) tenemos condiciones infinitamente superiores a las de los bolcheviques para llevar adelante la obra que ellos iniciaron. Durante la revolución los obreros rusos conquistaron la jornada de ocho horas de trabajo. Hoy su rebaja a seis horas y el reparto de la horas de trabajo entre ocupados y desocupados sería solo un primer paso que el desarrollo de las fuerzas productivas permiten hacia una reducción aun mayor de la jornada de trabajo. Para que el tiempo libre pueda ser empleado en el acceso generalizado a la cultura, a la ciencia y al arte, dejando atrás el trabajo alienado, forzado, y reemplazándolo por una actividad libre y creativa, cooperativamente realizada.
Por ello, rememorar los 100 años de la Revolución de Octubre es para nosotros lo opuesto a un ritual religioso o al cumplimiento rutinario de una efeméride. Volver sobre ella es imprescindible, ante todo, porque nos permite preparar el porvenir.
Mucho tiempo ha pasado desde aquella victoria revolucionaria luego “traicionada” por la burocracia stalinista. De la mano del neoliberalismo, el capitalismo fue restaurado, por vías diferentes, en el territorio de lo que fue la Unión Soviética y de la mayor parte donde el capital había sido expropiado en el siglo XX, como los países de Europa del Este y en China, aunque aquí el partido de poder se siga llamando “comunista”. Sin embargo, el triunfalismo capitalista que caracterizó la última década del siglo XX es cosa del pasado. Desde el estallido de la crisis que dio lugar a la “gran recesión” en 2008, la inestabilidad y la polarización social y política caracterizan la economía y la política mundiales. Los partidos del “extremo centro” entran en crisis. Las tensiones geopolíticas se incrementan. Los “cisnes negros” aparecen cada vez con mayor frecuencia, del “Brexit” a Trump, o a la declaración de la República en Catalunya. En los centros imperialistas y en la periferia surgen fenómenos políticos retrógrados y aberrantes pero también vemos los intentos balbuceantes de amplios sectores de masas, especialmente en la juventud, que buscan una sociedad igualitaria. Es cierto, la revolución social aún no ha dicho presente en este nuevo siglo. Amenazó en el cambio de siglo latinoamericano y en mayor medida en los inicios de la primavera árabe. Pero en el primer caso la irrupción de las masas fue contenida y canalizada por gobiernos de centro izquierda (o “progresistas” o “populistas” según se prefiera) que en ningún caso transgredieron los límites del capitalismo aunque así lo enunciara su variante más radical (el chavismo venezolano y su proclamado y no realizado “socialismo del siglo XXI”). En el segundo, fue la contrarrevolución la que se impuso, con golpes de estado y guerras civiles sin campos progresivos. Sin embargo, en un mundo donde los ocho más ricos del planeta tienen una riqueza equivalente a la de los tres mil quinientos millones más pobres, es decir, a la de la mitad de la humanidad, tarde o temprano nuevos levantamientos revolucionarios van a sacudir el planeta como lo hicieron en el siglo anterior. La irracionalidad capitalista, un sistema que se mueve y se organiza en función de la ganancia de un puñado de grandes monopolios dejando cientos de millones en la miseria más absoluta, no es “sustentable”. Lo mismo en lo que hace a la habitabilidad misma del planeta, en cuestión por el uso delirante que hace el capitalismo de los recursos naturales de “nuestra casa común”. La revolución va a dar que hablar en el siglo XXI. Y será permanente o no será nada.
Si la humanidad tiene algún futuro que no sea este presente miserable o la perspectiva de una crisis civilizatoria y ecológica a gran escala, tendremos que pasar por una serie de procesos revolucionarios victoriosos. El siglo que pasó mostró que los trabajadores pueden hacerse del poder a pesar de todos los mecanismos de dominación con los que cuentan los capitalistas. También dejó claro que estos no cederán sus privilegios sin resistencia, como siempre ha ocurrido en la historia, y que si el capital no es derrotado en sus centros de gravedad puede recomponerse y volver a la contraofensiva.
Inspirados por la revolución permanente, esperemos poder evitar la barbarie y superar la “prehistoria de la humanidad”, como llamaba Marx al tipo de organización social en el que nos ha tocado vivir. Nada de esto ocurrirá automáticamente, si no logramos construir una organización política revolucionaria de la clase trabajadora, a nivel nacional e internacional. Obvio, la historia no se da dos veces de igual modo. “Ni calco ni copia” decía Mariátegui. Pero sin inspirarnos en quienes hace 100 años “se atrevieron”, sin aprender de lo que fue el partido más revolucionario de la historia de la clase obrera, difícilmente podamos llevar adelante esta tarea, la más apasionante que puede tener quien quiera terminar con este sistema de explotación y opresión…

Christian Castillo

Debate político: Detención de Boudou // Marcelo Ramal en C5N

Prórroga ley 26160: "Una conquista de los pueblos originarios" // Pablo López

martes, 7 de noviembre de 2017

Las pericias al teléfono y la cámara de Santiago revelaron arte y solidaridad



En un nuevo comunicado, su familia habló de “novedades más trascendentes”. “De las pericias de su teléfono y cámaras” se puede conocer más su pasión por la música y la pintura, su compromiso con trabajadores y campesinos, sus trabajos.

Comunicado de la familia Maldonado publicado originalmente en la página oficial

Nos mantenemos ajenos a cualquier intervención pública donde se avance sobre detalles de la causa que, como sabemos, está en una etapa clave de investigación. Aún no estan los informes de la autopsia y no se ha podido establecer el tiempo y causa de la muerte de Santiago.
Pedimos prudencia y muchos, casi todos, lo han entendido y respetan.
Aún así, siguen apareciendo notas en algunos medios de comunicación con detalles y resultados que no surgen de las constancias de la causa y que no conocen nuestros peritos de parte.
Creemos, una vez más, que es necesario permitir trabajar sin interferencias al Juez y la difusión de estas noticias no colabora a esa búsqueda de conocer la Verdad y obtener Justicia, que es lo único que perseguimos en esta causa.
Como adelantó Sergio en su carta leída en Plaza de Mayo, de los avances de la causa no vamos a opinar.
Solo nos vamos a permitir una excepción que esperamos comprendan.
La semana pasada hubo novedades más trascendentes en cuanto a lo que también nos ocupa: que miles de personas bien intencionadas, que nos acompañan en marchas, actividades o sencillamente con su silencio y respeto, sepan quien era Santiago.
De la pericia a sus teléfonos, tarjetas de memorias y la cámara fotográfica que le regaló Estelita (como tenía agendada a su mamá), pudimos admirar la belleza de sus trabajos y el respeto a cada persona que tatuó: cientos de fotografías solo de la parte del cuerpo tatuada.
Vimos filmaciones de asambleas populares en Chile, donde Santiago registra los debates sobre reclamos de tierras de campesinos y trabajadores; músicos cantando y tocando en las calles; paso a paso sus murales; sus canciones y letras.
Santiago era un defensor de los derechos humanos, una persona profunda y comprometida.
Le debemos esta lucha, no bajar los brazos, reclamando Verdad y Justicia.

Macri: “La haremos aunque los sindicatos no estén de acuerdo”



Lo dijo en su gira por Estados Unidos. Estas declaraciones dejan en claro hasta dónde está dispuesto a llegar el gobierno en su embestida contra los trabajadores.

El presidente Mauricio Macri se encuentra de visita en EEUU en búsqueda de la tan mentada “lluvia” de inversiones que no termina de llegar. En ese marco hizo declaraciones reveladoras sobre el rumbo de su gobierno, sus últimas medidas antipopulares como el (paquete de reformas que hicieron público la semana pasada) y sus alianzas con sectores peronistas, que han sido fundamentales para su gobernabilidad.
Por un lado, mostró la dureza con la que está dispuesto a actuar en función de defender su contrarreforma laboral que apunta a maximizar las ganancias de las patronales - incluso hasta condonar sus deudas, multas y demás - a costa de flexibilizar y precarizar aún más la vida de los trabajadores. En sintonía con lo que ya vienen mostrando, afirmó sobre la reforma laboral en particular que “ la haremos aunque los sindicatos no estén de acuerdo" y sostuvo que “las reformas van a ser duraderas”.
Por otro lado, se refirió a la relación que mantiene su gobierno con una parte de la oposición, más precisamente un sector del peronismo que ha sido crucial para que Cambiemos pueda concretar gran parte de sus planes. Sobre este punto expresó que “necesitamos de ellos (peronistas) porque no tenemos mayoría en el Congreso. En este viaje me acompañan muchos peronistas; trabajamos juntos. Aunque tengamos diferencias". Y añadió que “el jueves, cuando llegue a Buenos Aires, vamos a tener la primera reunión con los gobernadores. A ellos les dije: éste es el momento, es ahora o nunca".
Forman parte de la comitiva argentina tres gobernadores peronistas: Gustavo Bordet (Entre Ríos), Juan Schiaretti (Córdoba) y Sergio Uñac (San Juan), además de funcionarios de su gabinete como los ministros de Hacienda, Nicolás Dujovne, y Finanzas, Luis Caputo. "Acá somos tres gobernadores de fuerzas opositoras que coincidimos en la apertura al mundo. No vemos a la globalización como un enemigo, necesitamos que vengan inversiones y que encuentren reglas claras para invertir", dijo Schiaretti, demostrando la sintonía del grupo de los gobernadores con Macri.
El acompañamiento de los gobernadores a Macri, junto a sus declaraciones, no hacen más que confirmar la actitud de complicidad total de muchos de los dirigentes del peronismo, entre ellos los senadores del Frente Para la Victoria (FPV) y del Partido Justicialista (PJ) que le votaron leyes como las del pago a los Fondos Buitres, el blanqueo de capitales, el presupuesto para este año y los superpoderes, entre otras. Sin esta invalorable colaboración hubiese sido imposible que el gobierno de Cambiemos, que no tiene mayoría ni en la Cámara de Diputados, ni en la de Senadores, obtuviera leyes claves para gobernar.
Entre algunos de los inversores que se entrevistaron con la comitiva argentina hay pesos pesados de empresas que en nuestro país ya han descargado su furia contra los trabajadores, como es el caso de la multinacional PepsiCo y Blacrock, uno de los fondos buitres que tenía acciones en la ex Donelley - hoy gestionada por su trabajadores y transformada en Madygraf - . Entre los CEO’s que se vieron con el presidente y su delegación estuvieron: Andrew Liveris (Dow Chemical), Sue Wagner (Apple), Darío Speranzini (General Electric Co), Laxman Narasimhan (Pepsi Co), Haisong Jiao (SAFE), Jorge Pérez (Group of Florida) y Larry Fink (Blacrock).

LID

La Santa Alianza del ajuste permanente

Panorama sindical: Mauricio I reunió a los Estados Generales

Mauricio Macri no quiso dejar pasar el respaldo electoral conseguido el 23 de octubre. El lunes pasado puso en marcha lo que denomina el “reformismo permanente” proponiendo a gobernadores, sindicalistas, parlamentarios, jueces y representantes del FMI un ajuste sobre los trabajadores y el pueblo para favorecer a los ricos. Abarca reformas fiscales, laborales y previsionales, así como ajustes de tarifas. El paquete incluye una caída de 10 puntos en el impuesto a las Ganancias de las empresas.
El presidente advirtió que explicaría los “ejes” de las reformas pero que no brindaría detalles de “las herramientas” que cada una implica, ya que luego serían presentados en el Congreso o en los ámbitos pertinentes para “crear consenso”.
No obstante muchas han trascendido o comenzado a ser explicadas por miembros de su Gabinete. Uno de los objetivos principales apunta a la quita de un 12 % al aumento jubilatorio previsto para el año que viene. El Gobierno pretende cambiar la fórmula que determina el ajuste de los haberes jubilatorios, pensiones y demás prestaciones sociales. La idea es actualizarlos por la inflación y de manera trimestral. Así para el año próximo el Gobierno pretende que las jubilaciones aumenten un 10 % si la meta inflacionaria resulta igual a la que prevé, cuando las jubilaciones deberían incrementarse en un 22 % de acuerdo a la fórmula anterior que combina la suba salarial del Indec o del Ministerio de Trabajo, más la de la recaudación tributaria por beneficiario a la Anses.
De esta manera, jubilaciones y prestaciones sociales se verían reducidas en $ 118.668 millones, la friolera de U$S 6.600.000.000, equivalentes al 19 % del déficit fiscal.
La cacareada “reparación histórica”, al habilitar la creación de una comisión dedicada a trabajar en una reforma previsional, votada el año pasado por todas las bancadas parlamentarias con la honrosa excepción de la del FIT, ocultaba este despojo a las jubilaciones y prestaciones sociales. Aunque aquí debemos alertar que persigue a futuro la apropiación empresaria del Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS) que al cierre de setiembre contaba con un stock de U$S 63.000 millones y el aumento de la edad jubilatoria. El “reformismo permanente” va paso a paso.
Los lineamientos del proyecto oficial irían en consonancia no solo con la opinión de los economistas locales del establishment sino también del FMI y la OCDE, y contra la opinión de los técnicos de la Anses.
La última recomendación del FMI (2016) dice que “indexar los beneficios a la inflación desde 2019 en adelante reduciría el actual déficit fiscal en 20 puntos del PBI”. Punto más, punto menos. Precisamente el lunes, coincidiendo con los anuncios del Presidente, el staff del FMI arrancó su misión en Buenos Aires. Se verán por dos semanas con funcionarios y empresarios.
También la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), en su último informe sobre la economía argentina, recomienda “indexar las prestaciones por jubilación al índice de precios al consumo”.

Entre otros, los cambios planteados serían:

Blanqueo laboral. Como parte de una amplia ley de blanqueo laboral, el Gobierno sumará dos ítems hasta ahora desconocidos: una redefinición del concepto de "salario", destinada a poner un límite a las demandas indemnizatorias y un corte a las acciones legales denominadas "por solidaridad" que van no sólo contra el empleador primario sino contra la empresa que desarrolla la actividad principal.
Eliminar aportes patronales para los salarios menores a $ 10.000
Un aumento de tarifas de alrededor de 35 % en diciembre para luz y gas y dos subas de 20 % para las tarifas en 2018
Establecer una corrección en el precio del transporte de 50 centavos por mes (más un sistema de descuento para los viajes subsiguientes). Los incrementos serán, a fin de 2018, del 100% para los colectivos y del 150% para los trenes afectando a 6.000.000 de personas que todos los días viajan entre Capital y Gran Buenos Aires.
Reducir parte del impuesto al cheque de Ganancias
También se ajustará por inflación la Asignación Universal por Hijo (AUH)
Suba de impuestos a gaseosas, bebidas alcohólicas, vinos y cigarrillos
El blanco que sigue es la justicia laboral. Uno de los principios básicos del fuero laboral argentino es que reconoce que en el mundo del trabajo conviven protagonistas en condiciones desiguales: los empleadores cuentan con ventajas inaccesibles para los empleados. El llamado in dubio pro operario que, ante la duda, obliga a los tribunales laborales a elegir la aplicación de la norma más beneficiosa para el trabajador en litigio. Esto irrita a los empresarios. El Gobierno pretende asimilar la justicia laboral a la civil que resuelve diferendos entre iguales.

Primeras reacciones

Los movimientos sociales (CTEP, la CCC y Barrios de Pie) se movilizaron al Centro Cultural Kirchner para protestar contras las reformas propuestas por el presidente Mauricio Macri. Además difundieron un comunicado: “Sin la agenda de tierra, techo y trabajo, la reforma es contra los de abajo”.
La CTA Autónoma denunció que a pesar de negarlo en reiteradas oportunidades, finalmente se pretende imponer un paquete al estilo brasileño y exigen la participación de las dos CTA -Autónoma y de los Trabajadores-, en la Mesa de Diálogo convocada por el Gobierno y donde participa la CGT, para garantizar allí la existencia de una postura que defienda realmente los intereses de la clase trabajadora.
En el mismo sentido se pronunciaron las organizaciones sindicales de la provincia de Santa Fe: “Las trabajadoras y trabajadores santafesinos no vamos a permitir que, por favorecer a las corporaciones económicas, se vulneren derechos y garantías laborales que el conjunto de los argentinos hemos conseguido con nuestro esfuerzo y lucha durante décadas”. La declaración fue suscripta por la totalidad de las centrales sindicales santafesinas.
El líder del SUTNA (neumáticos), Alejandro Crespo, apuntó contra la CGT a la que acusó de “pactar” el ajuste. “La modificación de las condiciones laborales de todos los trabajadores del país, para quitar derechos y empeorarlas, ya está en curso”, disparó.
A pesar de las amenazas del presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, los trabajadores cumplieron desde las seis de la mañana del miércoles un paro de actividades, que finalizó con un acto sobre la Avenida General Paz, donde fueron acompañados por organizaciones sociales, políticas y sindicales, que denunciaron el ajuste que se propone el Gobierno Nacional tras las reformas tributarias, previsionales y laborales confirmadas por el presidente Mauricio Macri el lunes pasado. Bajo la consigna “en defensa de los convenios colectivos, el salario y los derechos adquiridos”, los empleados del organismo denunciaron la precarización de los contratos laborales del sector.

Guerra al conflicto social

La Justicia absolvió a la Comisión Interna de Editorial Perfil. Luego de los alegatos del Fiscal que pidió la condena de los trabajadores de prensa y de los abogados defensores que con argumentos contundentes rebatieron los fundamentos enunciados por la Fiscalía, el magistrado Walter Candela entendió que las medidas realizadas por los trabajadores no configuraban infracción alguna por lo cual resolvía absolver a Rubén Schofrin, Marcelo Iglesias, Raúl Mileo, Carlos Alfredo Rodríguez, Héctor Velázquez y José Luis Quartana.
Luego de conocida la sentencia, desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires celebraron la resolución judicial porque “hubiera sido un antecedente muy complicado no solo para Prensa sino para toda la clase trabajadora”, explicaron, toda vez que el artículo 161 del Código Penal podría comenzar a ser aplicado para desactivar cualquier medida de acción directa amparada por el derecho constitucional a la huelga que asiste a los trabajadores, siempre en estado de indefensión ante los atropellos patronales.
Los seis trabajadores de prensa fueron sometidos a juicio oral acusados de atentar contra la libertad de expresión. El 30 de octubre de 2013, Perfil despidió a 13 empleados, el mismo día que se realizaba la elección de Comisión Interna. Entre ellos trabajadores designados en la Junta electoral. El rechazo a la medida incluyó el bloqueo a la distribución de los productos de la editorial. La empresa replicó con una demanda que provocó embargos y expuso a los acusados a penas de hasta 6 meses de prisión. Un equívoco que confunde libertad de prensa con libertad de empresa y pretendió sentar un precedente formando parte de la agenda de “reformas permanentes” que impulsa Mauricio Macri.
Señalemos que el gremio de prensa fue uno de los más afectados por los despidos durante el mandato PRO. Se perdieron 2.500 puestos de trabajo. Además, se confirmó la venta del Grupo Indalo (C5N, Radio 10, Ambito Financiero y otra media docena de medios). El comunicado de los nuevos dueños, OP Investments, cuyo rostro visible es un financista que trabajó en empresas de Macri y Clarín, anticipa que realizará una “reestructuración general” que incluirá “la venta de activos no estratégicos”. A la empresa ahora presidida por Santiago Dellatorre y Damián Burgio parece no interesarle los medios de comunicación, salvo que la publicidad oficial la convenza de lo contrario y se sume a la fiebre amarilla que enfermó a los medios argentinos.
El juez federal Martinez Di Giorgi decidió procesar a 22 de las y los detenidos durante la represión de la Policía de la Ciudad, luego de la marcha del 1° de Septiembre por la desaparición forzada de Santiago Maldonado.
El fallo establece la falta de mérito para siete de las personas que fueron detenidas en esa fecha, y el sobreseimiento de otras dos. Entre los procesados se encuentran dos comunicadores populares de la Red Nacional de Medios Alternativos, bajo los cargos de “intimidación pública” y “resistencia a la autoridad”, figuras utilizadas para la criminalización de la protesta social.
“A escasos cuatro días del triunfo de Cambiemos, el juez cumple el rol legitimador que el estado policíaco le tiene reservado: no juzga, sino que convalida todos y cada uno de los actos represivos emanados del Poder Ejecutivo”, señaló la CORREPI.
Un día después de las elecciones, el lunes 23 se realizaron las acusaciones por parte de la Fiscal Gabriela Baigún por la ocupación de la Comisaría 24 de La Boca, tras el asesinato del militante social Martín “Oso” Cisneros en 2004. En esa ocasión numerosos vecinos del barrio de La Boca acusaron a la policía de encubrir al asesino de Cisneros y reaccionaron entrando a la comisaría para exigir que busquen al culpable.
Después de varios meses de escuchar a innumerables testigos y acumular “pruebas” que poco y nada aportaban la Fiscal Baigún resolvió que tanto Lito Borello, referente de la Organización Los Pibes y Secretario de DD HH de la CTEP, y Luis Bordón no iban a ser acusados de los hechos que se les imputaban, por falta de pruebas fehacientes.
Sin embargo, se ensañó con el ex diputado y dirigente social Luis D’Elía, y unificó dos causas, la de la ocupación de la comisaría y otra en la que D’Elía, junto a otros militantes populares marchó a Plaza de Mayo en respuesta a una algarada provocada por sectores derechistas vinculados a la oligarquía agrícola-ganadera y al actual gobierno de Mauricio Macri. Este episodio ocurrió durante el gobierno kirchnerista cuando se produjo un virtual levantamiento de la Sociedad Rural y otras organizaciones por la aplicación de retenciones.
Poniendo la mira en D’Elía lo acusó de innumerables delitos, la mayoría de ellos surgidos de la necesidad de una condena política disciplinadora. De esta manera, solicitó una condena de 4 años y 8 meses de prisión para D’Elía. El juicio pasó a cuarto intermedio hasta el lunes 30, donde se escucharán los alegatos de la defensa.
El juez de control n°4 de Jujuy, Isidoro Cruz, notificó a Milagro Sala sobre una ampliación de la denominada “megacausa” que la involucra. En este caso, se la imputa de actuar como jefa de una supuesta asociación ilícita en el desvío de fondos para la construcción de viviendas.
El magistrado informó personalmente de esta situación a la referente de la Tupac Amaru, quien no quiso concurrir al juzgado -según declaró- por miedo a que su vida corriera riesgo.
La Justicia procesó al docente universitario Aníbal Prina por “intimidar” al Presidente Mauricio Macri mediante el lanzamiento de huevos de gallina el pasado 12 de octubre, y jactarse de ello en las redes sociales. El juez que dictó la medida basó sus fundamentos en el relato que los medios de comunicación hicieron sobre ese hecho ocurrido en La Pampa.
Según el juez federal subrogante de Santa Rosa, Facundo Cubas, al arrojar los huevos, Prina “infundió un temor público”, suscitó “tumultos” y “desórdenes”, y amenazó “con la comisión de un delito de peligro común”. Esas son las características del delito tipificadas en el artículo 211 del Código Penal, que el magistrado aplicó contra el profesor de Botánica en la Facultad de Agronomía de La Pampa.
Por ahora, el docente de 60 años de edad que se suma a la cantidad de personas que expresaron su rechazo al Presidente y a sus políticas de ajuste y fueron imputados por algún delito, no irá preso. Pero si se comprueba que por arrojar huevos hizo tambalear los cimientos de la figura presidencial, recibirá una condena de dos a seis años de prisión, tal la pena prevista por el delito de “intimidación”.
Con el acompañamiento del Sindicato de Luz y Fuerza de Zárate, la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina y la Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma, declararon el Secretario Adjunto, Damián Straschenco y el Administrativo, Ramón Almirón, en la causa armada donde se los imputa por “delitos graves cometidos por funcionarios estatales”.
“La justicia hasta ahora fue tomando toda la información que le fue brindando la empresa, esperemos que acepte todas las medidas probatorias y documentos que le expusimos para que se modifique drásticamente el criterio sostenido hasta ahora”, sostuvo el representante legal de los trabajadores, Mariano Berges.
En la audiencia de Control de Acusación, presidida por el juez Pablo Repetto, de la Provincia de Río Negro, se cayeron los tres delitos que se le imputaban a Rodolfo Aguiar (daño agravado en concurso real con atentado agravado a la autoridad y lesiones).
Del mismo modo se determinó que no vayan a juicio los otros tres dirigentes y militantes de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Danilo Cinchini, Ezequiel Villanueva y Sergio Cides.
Durante las etapas del proceso se pudo demostrar que la Fiscalía armó una causa con testigos falsos, filmaciones y fotografías editadas y hasta el escándalo de actas de denuncia que fueron firmadas por policías, pero cuyo contenido era un ‘copie y pegue’, armadas en la propia oficina del fiscal Martín Pezzetta. Se trató de un frustrado intento de disciplinamiento, amedrentamiento y criminalización de la protesta social con la finalidad de impedir en Río Negro el libre ejercicio de derechos consagrados constitucionalmente como el de huelga y el de peticionar con libertad a las autoridades.

Suspenden vuelos

Cinco de los seis gremios aeronáuticos realizaron una huelga a partir de la medianoche del martes y durante 24 horas en Aerolíneas Argentinas y Austral, que paralizó sus vuelos nacionales e internacionales. La medida de fuerza se decidió luego de que la empresa y el ministerio de Transporte mantuvieran inamovible su propuesta de un aumento salarial del 16 %.
“La mayoría de los gremios firmó 26 % en marzo. Nosotros ya perdimos 8 puntos el año pasado y este año nos ofrecen un 16 % más cláusula gatillo y un bono”, planteó el secretario de Prensa de la Unión del Personal de Seguridad Aeronáutico (UPSA), Marcelo Uhrich. Agregó que se trata de “un aumento mentiroso” porque, como es no remunerativo, “compensás con lo que no aportás y llegás a un 19 y pico por ciento”.
Aerolíneas Argentinas anunció que, además de los vuelos del martes, debió suspender 50 partidas de cabotaje e internacionales previstas para el lunes.
El presidente de Aerolíneas Argentinas, Mario Dell Acqua, cuestionó con dureza a los gremios aeronáuticos que convocaron al paro total en la compañía y lanzó fuertes advertencias.
Dell Acqua dijo que ante el menor incidente en cualquiera de los aeropuertos del país donde operan Aerolíneas y Austral él mismo hará la denuncia penal responsabilizando a los gremios UPSA, APLA, UALA, APA y APTA.
Además, el Estado nacional notificó a dos gremios aeronáuticos, la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) y la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA) que serán multados por no haber cumplido con la conciliación obligatoria del pasado 29 de agosto.
No obstante Rubén Fernández, de UPSA, advirtió que: “El viernes se acaba la conciliación y estaremos en libertad de acción desde la cero hora del sábado”, en relación a las negociaciones en Latam e Intercargo, y adelantó que “la semana que viene es probable que haya conflictos” y que fin de año sea “complicado en la actividad aérea en el país”.
Por su parte Pablo Biró, titular de los pilotos, sostuvo que es “un conflicto de muy alta intensidad que recién arranca”, y recomendó a los pilotos “que extremen medidas de seguridad de ellos y de sus familias”, a raíz de que Dell´Acqua había difundido sueldos de 250.000 pesos, “lo mismo que hacía Marsans al publicar salarios falsos”.
Más adelante puso como ejemplo que un piloto con 6 años de antigüedad cobra un salario bruto de 97.300 pesos, que con descuentos de 32.000 por ganancias, 7.500 de jubilación, más cuota sindical y otros, queda reducido 50.892 pesos”.

Siguen los despidos

En las últimas semanas la empresa La Virginia (Rosario) despidió a 5 operarios de diferentes sectores. Lejos de ser un hecho aislado estos despidos se suman a varios que se dieron en lo que va del año y el ofrecimiento de retiros voluntarios a trabajadores con antigüedad. A pesar de que en el último tiempo La Virginia evidenció un fantástico crecimiento con la ampliación de su centro de distribución y un nuevo sector de producción desde cero, la compra de empacadoras robotizadas y maquinaria de última generación, esto no significó mejoras sustanciales en las condiciones de trabajo de los operarios, sino todo lo contrario. La reducción del personal es notoria y el reparto de tareas que no absorben las nuevas máquinas termina recayendo en los operarios que van quedando.
Los representantes Unilever ratificaron en una audiencia realizada en el Ministerio de Trabajo que no dará marcha atrás con los 65 despidos en la planta de Villa Gobernador Gálvez. Por tal motivo, se decidió pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo 13 de noviembre, día que vence la conciliación obligatoria dictada por la cartera laboral, que además propuso conformar una comisión integrada por funcionarios, legisladores, representantes del municipio de Villa Gobernador Gálvez y gremios para gestionar ante el gobierno nacional una salida al conflicto. El secretario general del sindicato de Jaboneros, Matías Rodríguez, denunció que la empresa está importando los productos que se fabrican en la planta y que se llevaron el stock a otros lugares y advirtió sobre nuevos despidos y un posible cierre de la fábrica.
El miércoles el personal de la constructora Inverfin SA de la localidad de Rawson (Chubut) que emplea 104 trabajadores recibió una notificación del directorio de la firma que textualmente comunicaba: “Ante la situación financiera actual de nuestra empresa producida por el arrastre de deudas generadas en el período 2011 a 2015, nos vemos en la obligación de discontinuar la ejecución de las obras en curso, pese a los esfuerzos realizados en los últimos meses para revertir la situación”.
El sindicato de los petroleros convencionales de Santa Cruz dispuso iniciar medidas de fuerza a partir de las 20:00 del martes en yacimientos de la operadora Sinopec y en las bases de las contratistas de esa operadora, San Antonio Internacional y su subsidiaria Servicios Especiales, dado que las mismas enviaron telegramas de despido a más de un centenar de operarios.
Unos 260 trabajadores del programa “Incluir Salud” (ex PROFE), que depende del Ministerio de Salud bonaerense, se enteraron que perdían sus fuentes laborales.
La decisión fue comunicada por el director del plan, Sergio Tomassini, quien posteriormente presentó la renuncia a su cargo. A consecuencia de estos hechos, los despedidos protestaron frente a la sede platense.
“Nos dejaron afuera, nos echaron, dejaron afuera a 260 personas, y sólo quedaron 40”, denunciaron durante la manifestación.
Nicolás Pagnamelli, delegado de ATE, explicó que estos despidos masivos implican el desmantelamiento del programa sanitario, ya que será “inviable” su ejecución. Según explicó, 40 personas no son suficientes para sostener el Incluir Salud que brinda atención ambulatoria, medicación, prótesis, entre otros servicios.
“Sólo en La Plata hay siete hospitales y otras tantas áreas que se quedan sin cobertura”, dijo el gremialista y advirtió que “de esta forma se quedan sin atención unos 289.000 afiliados que son quienes perciben pensiones no contributivas y no tienen obra social”.
El Secretariado General Nacional de la Asociación Bancaria (AB) denunció que las entidades financieras decidieron reducir la dotación de personal o de agentes relacionados con las tareas de seguridad y también incumplir otras disposiciones, lo que arriesga la seguridad de público, trabajadores y patrimonio de terceros, que están obligadas a preservar.

Mario Hernandez

Aranguren, la corruptela de un gobierno offshore

Ahora ya sabemos que el ministro de Finanzas, Luis Caputo, no es el único miembro del Poder Ejecutivo que figura en los documentos investigados del Paradise Papers. En las últimas horas los periodistas con acceso a la documentación revelaron que también figura el ministro Energía Aranguren.
La acusación en su contra que surge de los documentos es más que pesada: Aranguren presidió una sociedad offshore de Shell radicada en Barbados, armada con el objetivo de vender gasoil a América Latina. Esa actividad no cesó cuando el ex presidente de la petrolera anglo-holandesa fue designado ministro. Es más, ya con Aranguren en el ministerio de Energía la sociedad offshore que había presidido ganó 13 licitaciones para la importación de gasoil. Sólo por siete de estas compras la sociedad offshore ganó 150 millones de dólares.
La importación de gasoil y gas licuado fue uno de los grandes negociados por los que se investiga a De Vido y a otros funcionarios que compartieron con él responsabilidades en el Ministerio de Planificación. Con la revelación periodística de los Paradise Papers queda claro que ese modus operandi alcanza al gobierno actual.
La figura de Aranguren es emblemática porque resume en una sola persona las dos facetas de la corrupción: la de los funcionarios y la de los empresarios. El ex titular de Shell se ha beneficiado así por partida doble.
Si la Justicia ha decidido dictar la prisión preventiva a los miembros del gobierno anterior, al considerar que en su carácter de ex funcionarios tienen aún poder para obstruir la acción judicial, ni que decir que ese argumento es mucho más valedero para los funcionarios actuales que detentan el control del aparato del Estado.
La posibilidad de que Macri decida ante estas revelaciones decidir la separación de Aranguren y Caputo son menos que nulas. Después de todo él mismo figura en los documentos de los Panamá Papers. El silencio del ´ala republicana´ del gobierno, con Carrió a la cabeza, prueba por si hiciera falta que son defensores de una administración de corruptos.
La corruptela del gobierno actual echa sus raíces en el funcionamiento mismo del capital. Para terminar con ella es necesario ir a fondo, o sea, terminar con el capitalismo y sus gobiernos.

Gabriel Solano

El tarifazo viene recargado

Los aumentos en la luz y el gas serán todavía mayores a los previstos en el "sendero de precios".

Entre el 13 y el 17 de noviembre se realizarán nuevas audiencias públicas en todo el país por las tarifas de gas y electricidad.
En todos los casos, se tratará de una “rediscusión” de aumentos que ya han sido resueltos por el gobierno y las empresas tras las audiencias a las que fue obligado a convocar por la Justicia en septiembre de 2016. Estas audiencias no eran vinculantes y constituyeron una operación del Estado para consagrar la dolarización de las tarifas exigida por las empresas petroleras. A ese objetivo se disciplinó el kirchnerismo –cuyo gobierno había asumido el mismo compromiso con Chevron para la reprivatización de YPF– y colaboró el silencio de la burocracia sindical.
Cumplido la primera etapa del aumento del gas, en octubre debía comenzar a regir el segundo. A veinte días de las elecciones, el gobierno prefirió posponerlo a diciembre. Pero lo que se tratará en las próximas audiencias no será la mera ratificación de lo ya resuelto, como sostienen el gobierno y las empresas. El segundo tramo vendrá recargado.
Si bien las empresas aún no han anunciado cuánto pedirán que sean las tarifas finales, periodistas especializados han informado que se planteará aumentar no ya de U$D 3,77 a U$D 4,19 el costo del millón de BTU (unidad de medida del gas), tal como se había previsto en 2016, sino que se “actualizará” a U$D 4,38, considerando la devaluación del peso. Se trata de un aumento del 15% en dólares hasta abril, para un servicio de extracción, transporte y distribución cuyos costos son, en su totalidad, en pesos. Es el precio que luego se utiliza como referencia para el resto de los costos de que comprenden la factura final que paga cada consumidor. A modo de referencia, en Estados Unidos el millón de BTU vale U$D 2,80.
En cuanto a la electricidad, el 17 de noviembre se realizará, en primera instancia, una audiencia pública donde se revisará el precio del mercado mayorista (MEM).
Es el precio de generación de electricidad se encuentra “enganchado” al precio dolarizado del gas, porque la matriz de generación de energía eléctrica del país tiene como base fundamental las usinas a gas.
Actualmente, el precio promedio del MWh hoy es de $640. El objetivo del gobierno es aumentarlo a $1.410 por MWh, más de un 100% de incremento. Además está previsto que se discuta el precio por distribución de la energía, que representa el 50% del precio final de la factura que llega al consumidor. Además, el gobierno “compensará” a Edenor y Edesur con una refacturación por la posposición del aumento a diciembre y por la inflación acumulada, a pesar que las empresas habían sido premiadas con aumentos de hasta el 600%, mientras que se recortarán las tarifas sociales concedidas en 2016 como contraparte del tarifazo.
El mismo día, inmediatamente concluida esta audiencia, en el mismo lugar, el ENRE informará cómo estos aumentos "impactarán" en las facturas de consumo final que llegan a los hogares, evidenciando que lo que primará serán las exigencias de los empresarios.
Mientras que el gobierno quiere “pisar” las paritarias en un 10%, le reconoce a las empresas vaciadoras aumentos que impactarán más de diez veces esos porcentajes en las facturas que pagamos los trabajadores. En cambio, entre los beneficiarios de este nuevo tarifazo están los socios del gobierno: Mindlin (Pampa Energía) y Caputo (Ecogas).
Los dirigentes del Partido Obrero, diputados y legisladores del Frente de Izquierda y representantes sindicales clasistas participaremos de estas audiencias para denunciar este nuevo golpe al bolsillo de los trabajadores en beneficio de empresas que no han abierto sus libros y que no han sido auditadas. Reclamaremos una auditoría integral de estas empresas a cargo de trabajadores y usuarios y planteamos una nacionalización integral de la industria energética, como parte de un programa de reorganización social bajo la dirección de los trabajadores.
Plantearemos la necesidad de la nacionalización integral del petróleo y gas, y de las redes monopólicas de transporte y distribución, bajo control de los trabajadores y usuarios.

Maro @Romano_M

lunes, 6 de noviembre de 2017

El ministro de Agroindustria Etchevehere es un negrero



Tiene en su contra innumerables denuncias y causas peñales

Mauricio Macri, quien adoptó un plan económico similar al de la última dictadura militar, ha designado para el cargo de ministro de Agroindustria al actual presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Etchevehere, tal como Videla hiciera con el extinto Jorge Zorreguieta.
Sobre Etchevehere pesa un sinfín de acusaciones penales, entre ellas la de reducir a la esclavitud a trabajadores rurales que prestaban servicio en sus campos de Entre Ríos.
Los cargos son: falsificación de firmas, negociaciones incompatibles y administración fraudulenta, defraudación y estafa por administración fraudulenta, evasión fiscal fraudulenta, comportamiento prohibido por violación de "alguna de las disposiciones contenidas en el Régimen Penal Cambiario", reducción a la esclavitud de su personal, Vaciamiento de empresas, simular la obtención de préstamos, defraudación directa al Fisco, transferencias de dinero prohibidas entre sus propias empresas, violación a la ley cambiaria, exclusión y daño a una coheredera, evasión tributaria, cuentas en el exterior no declaradas, falta de transparencia empresaria e institucional y apropiación indebida de campos.
En mayo del 2014, el titular del Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA), Guillermo Martini, denunció que “había peones de más de 50 años de edad que no sabían leer ni escribir, eran trabajadores no registrados, vivían en unidades sin energía eléctrica, agua potable, ni baños”.
La fiscalización se llevó a cabo en siete establecimientos propiedad de Etchevehere que se dedican a la actividad ganadera y agrícola. Puntualmente, en el establecimiento ‘La Hoyita’, de la empresa Las Margaritas S.A. En esas condiciones inhumanas vivían dos personas. “Son analfabetos, no tienen acceso a recibos de sueldo y prestaban servicios como peones generales por $450 mensuales”, denunció ese organismo público.
La TV Pública destacó entonces que “dos peones del titular de Sociedad Rural Argentina denunciaron explotación laboral. Eran hermanos que se desempeñaron 38 años en la estancia de la familia Etchevehere.
La justicia investigaba el posible delito de reducción a la servidumbre. El directorio de la Sociedad Rural Argentina cuestionó a Etchevehere por la denuncia que lo vinculaba con el trabajo esclavo” (www.tvpublica.com.ar, 26/6/14).
Las víctimas del fraude laboral eran Sergio y Antonio Cornejo, quienes en 1976 ingresaron junto a su padre en “La Hoyita”, el campo de la familia Etchevehere. Para desmentir los hechos 40 años después, Etchevehere señaló “los hermanos Cornejo vivían sobre el borde del río como montaraces y yo no tenía nada que ver con ellos, y La Hoyita no tenía nada que ver ni conmigo ni con Las Margaritas S.A”. Ambas afirmaciones resultaron falsas y refrendadas por la justicia.
El Grupo Económico Etchevehere, liderado por el presidente de la Sociedad Rural Argentina, no sólo logró el encubrimiento permanente de la corporación mediática, además tuvo bajo su dominio a Gerónimo “Momo” Venegas, de la UATRE, quien actuó asociado a la Sociedad Rural Argentina hasta su muerte.
La designación de Etchevehere se da en un marco donde la grilla salarial recién aprobada para los trabajadores representados por UATRE tiene una escala que va de los $12.600 a los $14.800, sin horarios ni descansos establecidos.
Etchevehere es un ejemplo del personal político dispuesto a no respetar ni las leyes del capital y que se hace cargo de la cosa pública con una metodología de impunidad adquirida que va a utilizar en el ejercicio de su función para intentar esclavizar, en primera medida, a los trabajadores del agro.
La catadura de este gobierno, que lanzó un paquete de medidas coercitivas contra los trabajadores, se suma a los disparadores de una acción colectiva y consecuente que debemos impulsar para derrotar el plan de Macri.

Lisandro Martínez

Repudiamos la condena a Luis D´Elía

La condena a 4 años de prisión contra el dirigente kirchnerista Luis D´Elía por la toma de la comisaría 24 de La Boca se inscribe, qué duda cabe, en la ofensiva judicial que el gobierno ha desatado contra referentes K para distraer a la atención pública sobre otra ofensiva, que afectará –esta sí, de manera decisiva– a los trabajadores –nos referimos a las reformas laboral, previsional, tributaria y educativa.
Sin embargo, el caso de D´Elía se diferencia de los de José López, Julio De Vido y Amado Boudou ya que no se trata aquí de enjuagues con fondos públicos, negociados con la ´patria contratista´ ni declaraciones patrimoniales inconsistentes.
El hecho por el cual D´Elía acaba de ser condenado fue haber participado, en 2004, de una pueblada contra las ´zonas liberadas´ y las bandas narco que operaban en La Boca al amparo de la policía.
El detonante fue el asesinato de Martín “Oso” Cisneros, dirigente de la organización social Los Pibes, a manos de un sicario llamado Juan Carlos Duarte en su propio domicilio.
Cisneros había liderado la ocupación de una casa ociosa para la instalación de un comedor popular. Esa casa había estado bajo el control de un grupo de narcos, al que pertenecía Duarte. Por ese entonces, Duarte y su banda ejercían la “custodia” de la propiedad, a cuenta de alguno de los pulpos inmobiliarios de La Boca y San Telmo. Duarte ejercitaba esta doble función –“transa” de droga y “control de casas”– en directa “conexión” con la comisaría 24ª. (ver Prensa Obrera #857, 1/7/04). Tras el homicidio de Cisneros, D´Elía se presentó en la comisaría 24 junto a medio centenar de militantes para exigir la inmediata detención del asesino. Finalmente, Duarte pasó una temporada en la cárcel, hasta que fue liberado en 2016. Sus cómplices policiales, en cambio, permanecen impunes.

El crimen de Cisneros fue, a todas luces, un crimen político.

En ese entonces la Ciudad era gobernada por Aníbal Ibarra, aliado de los Kirchner, quien en aquellos meses había resuelto “no autorizar” el funcionamiento de comedores en viviendas ociosas, en lo que constituyó un guiño al accionar represivo de la policía y de las bandas que, como la que integraba Duarte, ofrecían sus servicios a los acaparadores inmobiliarios (Prensa Obrera, ídem anterior). Meses más tarde, D´Elía acudiría en auxilio de Ibarra tras el desastre de Cromagnon.
Ante el tribunal, D´Elía reivindicó la ocupación de la comisaría y denunció que se trataba de una persecución contra la protesta social. Sus abogados plantearon la prescripción del delito atribuido a su defendido. Sin embargo, los jueces argumentaron que se encontraba vigente porque la Justicia acumuló la causa por la ocupación de la comisaría con otra, en la que era acusado de “incitación a la violencia colectiva”, un delito de mayor gravedad, por haber organizado la ´contramarcha´ a favor del gobierno kirchnerista en 2008, en plena disputa con el capital agrario. Paradójicamente, D´Elía fue absuelto por este cargo.
El crimen de Cisneros ocurrió el 26 de junio, cuando se cumplían dos años de la masacre de Puente Pueyrredón. Sobre aquella, vale recordar, D´Elía se ubicó del lado del gobierno de Duhalde. Dos años después, apuntaba a los punteros duhaldistas por el asesinato de su compañero.

Jacyn

Vuelven los Martínez de Hoz al gobierno y nosotros recuperamos el proyecto centenario de la revolución

El gobierno Macri definió la agenda de debate luego del resultado electoral del 22/10 y se concentró en reaccionarias reformas laborales, del régimen de jubilaciones y tributarias. Mientras se debaten los borradores y antes de la formal presentación para la discusión parlamentaria se redefinió el Gabinete con la designación del titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA) al frente del ministerio de Agroindustria y al mismo tiempo el ministro de Energía anunció cambios en el sector energético con privatizaciones por 1.000 millones de dólares.
Por si hay duda de la relevancia de esas decisiones, recordemos que la SRA es la institución más antigua del poder hegemónico desde la instalación del capitalismo en la Argentina. Nacida en 1866, tuvo como primer Presidente a José Martínez de Hoz entre 1866 a 1870 [1] y desde allí coordinó la estrategia de la “generación del 80” para incluir el territorio patagónico a la República Argentina, junto al genocidio indígena y a la capitalización de Buenos Aires con la primacía del puerto porteño en la definición del modelo agroexportador bajo la dirección de la oligarquía terrateniente y el capital extranjero.
Otro Martínez de Hoz, José Alfredo, descendiente del fundador redefinió un siglo después como Ministro de Economía de la Dictadura genocida en 1976 el plan de reestructuración capitalista reaccionario del país. El propósito apuntaba a modernizar e insertar a la Argentina en las nuevas condiciones del desarrollo capitalista con el eje puesto en las fuerzas productivas de la agro-industria.
El pecado original supuso el arrebato de las tierras a los pueblos originarios y la limpieza de la población no sometida al régimen del salario, caso del gaucho cooptado para la causa del ejército de ocupación o como jornalero, peón o trabajador asalariado.
La militarización y la violencia resolvieron el asunto de la tierra y de la población, que junto a la migración generaron las condiciones de apropiación territorial y oferta de fuerza de trabajo para el desarrollo capitalista.
En ese marco puede entenderse el circuito mercantil de las tierras que permiten a Benetton acceder a casi un millón de has patagónicas y el conflicto actual con la comunidad mapuche, sus reclamos y protestas seguidas de represión y el caso Maldonado, aun con caratula judicial de “desaparición forzada”.
Luis Miguel Etchevehere es Presidente de la SRA desde 2012 y desde ahora Ministro de Agro-Industria del Gobierno de Mauricio Macri. El sector agrícola e industrial de la Argentina está en la cima de la competitividad mundial capitalista y por eso Europa primero y EEUU luego le cierran las fronteras a las exportaciones del agro negocio (el llamado bio-diesel). Se trata de la fertilidad de la pampa húmeda y el desarrollo de un paquete tecnológico ofrecido por transnacionales de la alimentación y la biogenética con desarrollos productivos locales que se imponen mundialmente como la siembra directa.
Más allá del precio internacional de la soja, la recesión local fue aminorada en los últimos tiempos por la expansión de la producción agraria e industrial del complejo sojero, desde el grano a sus derivados con desarrollo industrial para producir aceites y combustibles.
Los objetivos originarios de los Martínez de Hoz, en 1866, en 1976 y ahora en 2017 llevan el sello de la oligarquía terrateniente como clase burguesa hegemónica asociada al capital transnacional para la disputa de un lugar en el mundo de los capitales más concentrados de origen local. Es el espíritu de clase que ostenta Mauricio Macri y su equipo y por eso se predisponen a satisfacer las demandas de máxima por la liberalización de la economía bajo el concepto de desarrollar las fuerzas productivas del capitalismo, como sentenció Marx hace 150 años vienes al mundo “chorreando sangre”.
No sorprende entonces la convergencia de la incorporación de Echevehere con el anuncio de Juan José Aranguren por las privatizaciones energéticas. El ex titular de la filial argentina de la petrolera Royal Dutch Shell entre 2003 y 2015 comparte mesa con el jefe de la SRA para continuar la histórica alianza entre los terratenientes locales y el capital foráneo, base de sustento del desarrollo capitalista de la generación del 80 del Siglo XIX y la reestructuración reaccionaria promovida desde el terrorismo de Estado un siglo después.
Es cierto que el Gobierno Macri es constitucional y surgido del voto, pero sus objetivos remiten al proyecto estratégico del poder histórico de la dominación capitalista surgida de la entente oligárquica con el capital externo, inglés en origen, estadounidense desde comienzos del Siglo XX. Un poder construido desde el fraude hasta la emergencia de la Ley Saenz Peña y el acceso de gobiernos bajo procesos electorales desde 1916, pero restituido en procesos golpistas entre 1930 y 1976 para condicionar todo proceso constitucional.
No es menor que por primera vez un gobierno electo por votación popular asuma el programa histórico de procesos del fraude político o los golpes de Estado. Son señales de nuevos fenómenos asociados a otros similares en el ámbito mundial que definen el retorno de las derechas más reaccionarias a la conducción del destino de las sociedades en diversos países del planeta.
Resta el debate sobre las reformas para flexibilizar el empleo y reducir las asignaciones de jubilados y pensionados, como la reestructuración del régimen tributario. Todas pensadas para favorecer la lógica de la ganancia, numen del capitalismo de siempre, pero al mismo tiempo vale recordar que el capitalismo es una relación social, donde no solo está el programa y la aspiración del propietario de los medios de producción, sino que también la relación se constituye con los propietarios de la fuerza de trabajo, que para el caso de la Argentina han construido una historia de organización y lucha.
Lo visible en los medios tradicionales y hegemónicos es la iniciativa del poder económico, del gobierno y la hegemonía empresaria, pero aunque la nieguen existe una iniciativa alternativa de movilización y organización popular que no solo resiste esos propósitos, sino que también se propone construir imaginarios alternativos con perspectiva emancipadora, más pensando en la recuperación en estos días de la gesta anticapitalista de la centenaria revolución rusa.

Julio C. Gambina

Nota:
[1] http://www.sra.org.ar/

La docencia va al paro contra la reforma educativa

Los trabajadores de la educación enfrentan el plan de guerra del gobierno

Los sindicatos combativos docentes votaron medidas de fuerza para este martes 7 contra las pruebas Aprender y la reforma educativa.

Un plan de guerra contra la docencia

Como parte de la reforma laboral educativa (Plan Maestro) el gobierno nacional y los gobiernos provinciales pretenden llevar a cabo las pruebas “Aprender 2017” el 7 día martes de noviembre en todo el país. Estas evaluaciones, como hemos señalado en numerosos artículos de Prensa Obrera, nada tienen que ver con “mejorar la calidad educativa” sino que vienen a responsabilizar a la docencia, al alumnado y a la comunidad educativa del vaciamiento educativo y por lo tanto, a plantear la necesidad de avanzar en una reforma que adapte aún más la escuela pública a las necesidades empresariales y utilizar así a estudiantes como mano de obra barata.
Los estudiantes y docentes de institutos terciarios vienen de oponer una gran resistencia el Operativo “Enseñar” en distritos claves de la provincia, en la Ciudad de Buenos Aires, en Rosario y en otras provincias como en Neuquén, incluyendo tomas, cortes de calle, radios abiertas y acciones de boicot.
Pero las pruebas “Aprender”, “Enseñar” y el Plan Maestro tienen que ser comprendidos como parte de un ataque más general contra la docencia. Macri y los gobernadores vienen por la modificación del régimen jubilatorio, la introducción del presentismo, el salario por mérito y a barrer en definitiva con el Estatuto del Docente.

¿Y la Ctera?

El miércoles 1º de noviembre se reunió la Junta Ejecutiva de Ctera. ¿Qué medidas tomó la dirección sindical kirchnerista?: apenas un comunicado declarándose en “en estado de alerta y movilización”, un verdadero chiste de mal gusto. Sonia Alesso y cía, no están interesados en organizar a la docencia para derrotar la reforma. Un paro nacional contra el Aprender sería una señal política clara al gobierno de que la docencia no va a dejar pasar estos atropellos, pero al contrario están buscando negociar como hacer pasar estos ataques.
En este sentido, Yasky se quejó porque “no fueron invitados a la reunión de Triaca con la CGT para discutir la reforma” (declaraciones en “Mañana Silvestre”, AM 710) y cuando fue interpelado por el conductor sobre qué medidas pensaban tomar, el líder de la CTA respondió que se van a reunir con los jefes de los bloques parlamentarios para pedirles que voten en contra y probablemente una movilización el día que se trate la ley. Es la orientación que comparten con la CGT de “parlamentarizar” el reclamo como ya lo hicieron con la ley antidespidos, que terminó con el veto de Macri. Queda claro entonces, que la mera "exigencia a la burocracia" para que se "ponga la cabeza de la lucha", como se manifestaron algunas corrientes de izquierda (llegando a proponer enviarle una carta al burócrata de Baradel), es una trampa mortal para los trabajadores. No se le pueden pedir peras al olmo.

Que intervengan los docentes: paremos y movilicemos el martes

Como contracara de esta política entreguista de la burocracia sindical, Tribuna Docente ha impulsado la realización de asambleas y plenarios de delegados con mandato en los sindicatos y seccionales donde interviene para organizar y poner en pie a la docencia en esta lucha decisiva.
Para este martes 7 de noviembre, la Asociación Docentes de Santa Cruz (Adosac) ya decretó un paro provincial contra el Aprender y por el pago de sueldos fuera de tiempo y forma. Igual camino tomaron los docentes de Neuquén (ATEN) que también pararán en su provincia y en Rosario Amsafe declaró un cese de tareas y una movilización. En la estratégica provincia de Buenos Aires las seccionales multicolores del Suteba de La Matanza, Tigre, Ensenada, Escobar y Marcos Paz tomaron la iniciativa de parar y habrá acciones distritales, desnudando la completa complicidad de la lista celeste de Baradel con la implementación de la reforma. En Capital Federal, Ademys realizará una acción callejera el lunes por la tarde y organizó el boicot a las pruebas junto a la comunidad educativa.
Pongamos a la docencia en pie de lucha.

No al Aprender 2017.

Abajo el Plan Maestro y las reformas educativas

Defendamos la Escuela Pública y los derechos docentes.

Mariano Hermida

domingo, 5 de noviembre de 2017

Nicolás del Caño diputado electo en Remix de Noticias

La contrarreforma laboral, el sueño eterno de Martínez de Hoz



Anticipada como una legislación enfocada en impulsar el "blanqueo laboral", el paquete de medidas laborales apunta a un cambio estructural en las relaciones laborales.

El borrador de proyecto de modificación a la legislación laboral que el gobierno difundió esta semana, apunta con los once títulos que lo componen a muy profundos cambios en las relaciones laborales. No se trata de los cambios concentrados en algunas áreas muy específicas que hasta la semana anterior el ministro de Trabajo Jorge Triaca venía anticipado a las conducciones sindicales de la CGT -que no por ello resultaban menos agresivos, como analizamos en su oportunidad.
Lejos de ello, el gobierno se propone realizar cambios estructurales en la relación entre las patronales y los asalariados en favor de los primeros, dando un paso más respecto de la legislación de flexibilización laboral introducida en el país en las últimas décadas, y que de manera continua desde entonces se siguió profundizando y “perfeccionando” al nivel de los convenios por rama y por empresa, con pocas modificaciones que revirtieran los aspectos más regresivos de esta contrarreforma. De hecho, y como sostiene en la entrevista publicada hoy Clara Marticorena, el borrador presentado por el gobierno parece en algunos de sus artículos ser un copiado y pegado de algunos convenios firmados durante los gobiernos kirchneristas, como es el caso del referido al banco de horas. Esto desmiente la noción de que durante los años de gobiernos kirchneristas la avanzada del capital contra el trabajo se frenada o se revirtiera.
Al mismo tiempo que establece cambios que exceden con mucho el objetivo declarado inicialmente de promover un “blanqueo laboral”, el gobierno encara también un drástico recorte del costo que el Estado impone a la patronal en términos de contribuciones a la seguridad social.
Junto con esto, el gobierno avanza en una reducción de costos laborales que pagan los empresarios recortando el nivel de los aportes patronales a la seguridad social. La alícuota para el sector de empresas que más paga hoy, se reduce de de 21 % a 19 % en 5 años, mientras que aumenta de 17 % a 19 % en el resto de los sectores; pero en todos los casos se va a producir una caída en el pago efectivo, porque la misma va a aplicarse sobre una parte del salario que disminuye progresivamente con el correr de los años. La introducción de un mínimo no imponible para las contribuciones patronales, excluye una parte creciente del salario del pago de cualquier impuesto. Para 2022 este será $ 11.500 pesos de poder adquisitivo de hoy, actualizados por inflación. Las contribuciones patronales se realizarán solo sobre la parte del salario que exceda dicho MNI. Como de acuerdo a la información del ministerio de Trabajo el salario medio de los trabajadores del sector privado es actualmente (junio 2017) de $ 23.787, esto significa de la contribución patronal se realizará desde 2022 en adelante solamente sobre un 52 % del salario. En los hechos entonces, las contribuciones patronales efectivas no van a ser de 19 %, sino de apenas de 9,9 %. De esta forma, la Argentina pasara en pocos años de estar entre los países que gravan por aportes patronales más elevados de América Latina, a competir por los primeros puestos entre los países de menor “cuña fiscal”, superando por bastante a México (donde los impuestos que paga el empleador llegan a 17 %).
En los hechos entonces, las contribuciones patronales efectivas no van a ser de 19 %, sino de apenas de 9,9 %.
Este recorte de los aportes patronales es una lisa y llana transferencia del Estado a las empresas; una porción de la plusvalía que estas hoy tributan al Estado, quedará en su manos. El costo fiscal en 2022 rondaría los $ 130 mil millones. ¿Sobre quién recaerá este costo? El gobierno ha manifestado que el tesoro nacional cubrirá la diferencia entre lo que se recauda hoy y lo que se deje de recaudar por las modificaciones que propone el proyecto (disposición que no se encuentra en el borrador difundido en estos días). Pero en los hechos, ya sabemos de dónde estarán saliendo los recursos: de los propios jubilados que, de acuerdo a la nueva fórmula de movilidad jubilatoria que se propone implementar el gobierno (para lo cual enviará otro proyecto de ley al Congreso), verán sus haberes congelados en el poder adquisitivo que tienen hoy (se actualizarán sólo a la par de la inflación). El ahorro que significaría para Anses el cambio de fórmula rondaría los $ 150 mil millones. Lo que el gobierno transfiere a los empresarios para bajar el “costo argentino”, lo saca en los hechos de los bolsillos de los jubilados que seguirán viendo cómo sus ingresos están muy lejos de la canasta de consumo y del salario promedio de los trabajadores activos.

¿Cual podría ser el costo del paquete macrista para los trabajadores?

La nueva avanzada macrista contra los derechos laborales apunta a 1) reintroducir todos los aspectos que durante las últimas décadas habían tenido alguna limitación, como es el caso de los regímenes de pasantías, 2) dar fuerza de ley a algunas prácticas ampliamente establecidas en algunos convenios sectoriales o de empresa; 3) dar un salto en la introducción de “novedades” que copian las contrarreformas laborales más recientes, como la de Brasil. Uno de los ejemplos en este último caso es el de la reducción de los costos de despido, y la creación de un fondo de específico que libera al empleador de las cargas de indemnizaciones.
Se aduce que esta reforma es necesaria para crear empleo y atraer inversiones. Pero gran parte de los beneficiarios de estas medidas, las grandes empresas que saludan las “audaces” reformas de Macri, ya manifiestan por lo bajo que los “desórdenes macreconómicos” (exceso de gasto público y endeudamiento, peso caro frente al dólar, demasiado gradualismo en el recorte fiscal propuesto) serán una nueva excusa para seguir posponiendo inversiones. Mientras siguen corriendo el arco para que llegue la hora de la ilusoria lluvia de inversiones, esta barrida de derechos laborales tendrá efectos palpables. Las empresas podrán aprovechar la nueva legislación para extraer mayor rendimiento a los salarios que pagan (es decir incrementar la tasa de explotación), porque podrán administrar mejor el tiempo de trabajo de los asalariados (que perderán derecho a horas extras y verán la duración de su jornada de trabajo sometida a los vaivenes dictados por el patrón). La mayor facilidad para despedir, que resultará sustancialmente más barato, podrá transformarse en una amenaza de peso a la hora de negociar salarios y condiciones de trabajo. De esta forma, de aprobarse el proyecto, la balanza de la relación capital trabajo se inclinará todavía más en favor de los primeros.
Mientras que la creación de empleo formal que tendrá una nueva invitación al blanqueo y el aumento de la contratación por el abaratamiento de costos resultan dudosas, lo que está fuera de duda es que el paquete de medidas resultará en un nuevo salto en la regresión social. No es casual que durante los años que siguieron a las reformas flexibilizadoras del menemismo, los trabajadores hayan visto caer de forma dramática su participación en el ingreso. Como ilustra el gráfico, entre 1993 y 1997, la participación de los trabajadores en el ingreso nacional cayó de 42,5 % a 35 %, un retroceso de 7,5 puntos.
Esto tuvo como correlato un crecimiento equivalente de la participación de las ganancias en el mismo. Como mostramos en el libro La economía argentina en su laberinto, en el caso de las 500 más grandes empresas, en este mismo período los salarios promedios que pagaron cayeron, en relación a sus ganancias, un 40 %. Esto es el resultado de una profunda reestructuración productiva que incluyó despidos, pero también un incremento de la explotación de la fuerza de trabajo gracias a la avanzada flexibilizadora. El sueño del macrismo y del empresariado argentino es lograr ahora un nuevo salto en esta misma tendencia. Como ya señalamos esta no se revirtió durante los años de los Kirchner, pero todo lo logrado resulta insuficiente a la luz de las “modernizaciones” en las relaciones laborales que se vienen imponiendo en todo el mundo, desde Inglaterra y Francia hasta Brasil.
La ilusión de que una “cesión” en los derechos que conserva el colectivo trabajador en aras de atraer inversiones pueda ser una vía para mejorar los indicadores sociales, es simplemente eso, una ilusión. En los hechos, detrás de este relato neodesarrollista del macrismo está la necesidad del empresariado argentino (y de la burguesía extranjera que acumula capital en el país y gira ganancias a sus casas matrices) de imponer un abaratamiento de la fuerza de trabajo, pero no para la “liberación las fuerzas de la producción” como promete el borrador macrista, copiando la fórmula de José Alfredo Martinez de Hoz como ministro de Economía de la dictadura instaurada en marzo de 1976, sino sencillamente para asegurar la continuidad de las ganancias y la perpetuidad de las fugas y remesas de utilidades. En las condiciones impuestas por el globalismo neoliberal que el gobierno de Macri abraza de manera entusiasta a contramano de la pérdida creciente de consenso que este registra incluso en la principal potencia imperialista, la “vuelta al mundo” que se propuso cambiemos significa competir de manera descarnada por abaratarle los costos al capital global, en una verdadera carrera hacia el abismo. El resultado es que los trabajadores deben realizar un nuevo “renunciamiento” de aspiraciones para que el capitalismo dependiente argentino cotinue su círculo vicioso que no hace más que reproducir el atraso.
La primer tarea del movimiento obrero, junto a todos los demás sectores oprimidos, es proponerse derrotar las reformas pro-patronales que propone el gobierno.

Esteban Mercatante
@estebanm1870

Caso Maldonado: el encubrimiento como política de Estado



Clarín, La Nación y el Poder Judicial, unidos al Gobierno para garantizar la impunidad de la fuerza que actuó en la represión ilegal tras la cual desapareció Santiago.

“El Estado es una banda de hombres armados al servicio del capital”
Federico Engels

“No voy a tirar un gendarme por la ventana”. La frase pasó a integrar el universo de declaraciones que trascienden la coyuntura en que se formulan. Como aquel “si hubiera dicho lo que iba a hacer no me votaban”, la definición de la ministra de Seguridad se ganó un (triste) lugar en la historia nacional reciente.
La afirmación, lejos de ser dicha al pasar, concentra una decisión de Estado. El encubrimiento al accionar de Gendarmería y a la responsabilidad política de los funcionarios involucrados, devino una cuestión política esencial para el régimen capitalista argentino.
El poder político, la gran corporación mediática y el Poder Judicial funcionaron como engranajes de una maquinaria destinada a garantizar la impunidad del basamento esencial del poder capitalista: sus fuerzas represivas. Todo su accionar en estos más de tres meses debe ser leído bajo ese prisma.

Halcones, palomas y encubrimiento

Con torpes declaraciones y una prepotencia inusitada, la ministra de Seguridad ocupó el centro de la escena por varias semanas. Funcionó como la primera vocera gubernamental de la política de encubrimiento. En el centro de la operación estaban definiciones que, mientras demonizaban a la comunidad mapuche, desviaban la atención hacia otras “posibles hipótesis” que no tenían asidero.
Fue la desmentida de una de ellas la que empujó a Bullrich fuera del escenario. Santiago no había sido herido mortalmente diez días antes de la represión del 1° de agosto. German Garavano ocupo el lugar vacante.
El titular de la cartera de Justicia se permitió algunas “licencias”, como abrir la posibilidad de que hubiera gendarmes implicados. Pero solo se trató de retórica. En lo esencial mantuvo el libreto que decía que “todas las hipótesis estaban abiertas”. Hace pocas semanas, horas después de que se confirmara la identidad del cuerpo de Santiago, Garavano volvía a lanzar invectivas contra la comunidad mapuche.
Retomaba el guion original.
Para el oficialismo nacional cada paso estuvo guiado por la necesidad de garantizar la impunidad de la fuerza que actuó en la represión ilegal de agosto. Entre “halcones” (Bullrich) y “palomas” (Garavano) los leves matices estuvieron orquestados en relación a ese objetivo estratégico.
La ministra de Seguridad había declarado en los primeros días de agosto que “necesitaba” a la Gendarmería para su plan. La semana que pasó pone en evidencia a que se refería. El lanzamiento de un paquete de reforma laboral que ataca frontalmente a la clase trabajadora, sumado a una embestida contra las ya raídas condiciones de jubilados y pensionados, son parte del “plan”.

Clarín, La Nación y Orwell

Como pocas veces en la historia reciente, los grandes medios de comunicación afines al oficialismo jugaron un rol esencial en el intento de construir un consenso social que hiciera digerible el relato oficial sobre los hechos. Se trató de un acompañamiento fundamental para evitar que la crisis golpeara sobre un gobierno que aún no ha logrado grandes triunfos en su agenda estratégica.
Fueron dos las operaciones político-mediáticas destinadas a apuntalar el encubrimiento. Por un lado, la demonización constante hacia la comunidad mapuche. Todo reclamo o denuncia fue etiquetado bajo la sigla de la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche). Una organización cuya existencia solo se “corrobora” por informes de las fuerzas represivas, resultó una suerte de cacht all donde entraban los integrantes de las comunidades, las acciones de reclamo y, por momentos, hasta el propio Santiago.
La segunda operación implicó una sobreproducción de pistas falsas e información fraudulenta. El objetivo, al tiempo que se encubría a Gendarmería, era la construcción de un clima de confusión a escala social que permitiera embarrar el justo reclamo por la aparición de Santiago. La difusión de mentiras alcanzó niveles espeluznantes. La gran imaginación orwelliana encontró imitadores en la ribera occidental del Río de la Plata, con el objetivo de encubrir una desaparición forzada.
Para el empresariado de los grandes medios dos cosas parecen conjugarse para emprender estas operaciones. Por un lado, apostar a la defensa de una gestión estatal considerada como propia, máxime en el marco de la coyuntura electoral. La CEOcracia gobernante es, desde el primer día, el vehículo que el gran capital considera como propio para una reorganización reaccionaria del país.
La otra razón, más estratégica, apuntaba a la legitimidad de Gendarmería, en tanto expresión de las fuerzas represivas que apuntalan el Estado capitalista. La historia de La Nación y Clarín confirma la estrechez de esos vínculos. La venta de Papel Prensa, entre muchas otras, está ahí para recordarlo.

Justicia y encubrimiento

Poder político y Poder Judicial actuaron de manera mancomunada a lo largo de esta crisis. A nivel nacional los tribunales de Comodoro Py se convirtieron en una subsede de muchos medios. Mientras, en el caso de la desaparición de Santiago, el rol de los jueces y la fiscal que intervinieron no fue para nada menor.
El apartamiento de Guido Otranto tuvo lugar a días de que sentenciara, desde las páginas de La Nación, que Santiago había muerto ahogado. La provocadora entrevista, sumadas las múltiples trabas que puso para investigar a Gendarmería y a Pablo Noceti, evidenciaban una parcialidad grosera.
La fiscal Ávila llegó a ser definida como “abogada de la Gendarmería”. La frase la pronunció Verónica Heredia, letrada que asesora a la familia Maldonado. En las últimas horas, la funcionaria de Esquel volvió a validar esa definición cuando apartó a los funcionarios de la Procuvin (Procuraduría contra la Violencia Institucional) de la investigación por la desaparición forzada de Santiago. Se trataba de quienes debían investigar a la fuerza en cuestión.
Gustavo Lleral, que asumió luego de Otranto, presentó un perfil dialoguista opuesto al de su antecesor. Sin embargo, en la noche en que se confirmó la identidad del cuerpo de Santiago, prestó un enorme favor al poder político. Lo hizo al declarar, sin que la autopsia se hubiera completado, que el cuerpo no presentaba lesiones. Su afirmación permitió al gobierno y a los medios montar una campaña que exculpaba a Gendarmería. Macri, Carrió y muchos otros respiraron aliviados. Horas después se votaba en todo el país.

El Estado, una banda de hombres armados

En el encubrimiento a Gendarmería subyacen razones profundas. Las fuerzas represivas cuentan en Argentina con el lastre social que implica haber llevado adelante el último genocidio. A ese sustrato histórico se suman, en el caso de las fuerzas policiales, los múltiples delitos en los que están involucradas. Fuerzas como la Federal, la Bonaerense o las Policías de Córdoba o Santa Fe tienen una vinculación más que estrecha con todo tipo de crímenes y negociados ilegales.
La Gendarmería fue presentada en las últimas décadas como una fuerza ajena a esas manchas. Esto ocurrió sin que fuera verdad. Si sus efectivos y jefes han estado involucrados en más de un delito –ligado a su lugar en las fronteras- la historia demuestra que también fueron parte del enorme entramado genocida.
En el caso de la desaparición forzada de Santiago, la razón de Estado para encubrir su accionar estuvo ligada, desde el 1° de agosto, a preservarla como fuerza represiva.
La represión a la protesta social se hará, en el próximo período, más evidente. El contenido del plan presentado por el gobierno esta semana prefigura mayores tensiones sociales, que no se expresarán solo en los focus group o las encuestas.
Precisamente por eso, como parte de enfrentar ese ataque, sigue siendo central la pelea por justicia para Santiago y por el castigo a los responsables materiales y políticos de su desaparición y muerte. Sigue siendo esencial la pelea para derrotar el enorme operativo de encubrimiento montado.

Eduardo Castilla
@castillaeduardo

Daniel Viglietti, el trovador que iluminó mil batallas

Con todo lo que aún falta para desalambrar, con la enorme necesidad que tenemos de hallar esos “Trópicos” que nos ayuden a contener nuestras alegrías y nuestras tristezas, justamente ahora, Daniel Viglietti ha decidido partir y dejarnos un poco huérfanos de sus enormes trovas.
Hijo dilecto de las mejores tradiciones libertarias del Uruguay, comenzó a entonar sus “Canciones para el hombre nuevo” precisamente un año después que el Guerrillero Heroico fuera asesinado en Bolivia, y mientras en las calles de Montevideo, las balas policiales tronchaban la vida de un estudiante cuyo nombre se hizo bandera: Liber Arce. Así, anticipando lo que muy pronto sería el Pachecato y la figura tilinga de Bordaberry que le abrirían paso a la cruel dictadura, Daniel desgranó poemas que se pasaban como mensajes urgentes, de boca en boca, alumbrando de estrellas tupamaras el cielito oriental. Esto ocurría sin dudas porque “la senda está trazada” porque “la marcó el Ché” ya que en el abajo y a la izquierda de aquellos años de plomo, “el chueco Maciel” se defendía a balazos en el Cantegril para demostrar que eran tiempos de no poner más la otra mejilla.
Daniel fue acompañando con su poética forma de ver la vida lo que otros habían puesto en marcha para apurar el camino. En las calles se elevaba la épica de una lucha desigual contra el poder y eso era más que contagioso. Raúl Sendic padre era referencia de una manera de hacer política, y el flaco Viglietti traducía esas enseñanzas para que se enredaran entre las cuerdas de su guitarra. Así, “bajo un sol trafoguero” homenajeaba al combate y a los combatientes, entonando esa “llamarada” que musicó aquel estudiante de Agronomía llamado Jorge Salerno, caído luego en la toma de Pando junto a Jorge Zabalza y Alfredo Cultelli. Tres valientes decididos a hacer lo que había que hacer para que el mundo cambiara.
Después se vino la noche, y mientras el tupamaraje eran hundido en los calabozos, la orientalidad que logró sobrevivir tomó el camino del exilio. Allí también marchó Daniel, sin bajar las banderas ni doblar la espalda ante la adversidad. De esos días difíciles se agrandó su internacionalismo, poniéndole otra vez, música a las gestas de la Patria Grande. De allí el estremecido grito de “Por todo Chile” y tiempo después “El sombrero de Sandino”, en homenaje a la Nicaragua sandinista. Pero la lista se hizo enorme ya que el cancionero abarcó a Cuba Socialista, Colombia guerrillera, México y el zapatismo, Venezuela Bolivariana y todo aquel rincón del planeta donde los pueblos se erguían frente a los poderosos.
Hace muy pocos días, lo pudimos ver brillar como en sus años juveniles, trepado a un escenario en el Vallegrande boliviano, recordando los 50 años de la siembra del Che. Compartía el mismo espacio de dignidad y compromiso con Evo y los guerrilleros Urbano y Pombo. Entre un público entusiasmado y el hondear de las Whipalas, te acompañaban en los coros miles de campesinos y campesinas que apenas te escucharon trovar supieron de qué se trataba eso de “la tierra es tuya, es nuestra y de aquel”.
Te fuiste como llegaste Daniel, con la guitarra como escudo y tu coraje cantor. Muy pronto, seguramente, volverás a entregarnos tus versos junto a Violeta, a Zitarrosa y El Sabalero, mientras Benedetti leerá poemas que vayan anunciando las victorias pendientes.

Carlos Aznárez
Resumen Latinoamericano

La huelga ferroviaria en contra del gobierno de Frondizi



El 30 de Octubre de 1961 los trabajadores ferroviarios iniciaron una huelga de 42 días para enfrentar el plan de ajuste del gobierno radical y el capital imperialista norteamericano.

En su discurso del 1° de mayo de 1961 el presidente Frondizi decía: “la solución del (…) enorme déficit fiscal radica en gran parte en la solución (…) de los transportes. Porque es cierto que debemos levantar la mitad de las vías ferroviarias. Con ello y con la eliminación del personal superfluo nos acercaríamos rápidamente al equilibrio procurado”.
El plan económico del gobierno, basado en el proyecto que se denominó “desarrollismo”, se sostenía en la apertura de la economía al capital extranjero. El capital norteamericano necesitaba del desarrollo de la industria automotriz y el frondizismo le allanaría el camino con su ofensiva contra el sistema ferroviario.
La eliminación de conquistas obreras para atraer capitales venía siendo un objetivo del régimen inaugurado por el golpe de 1955 que derrocó a Perón, desatando el proceso de la Resistencia protagonizada por los trabajadores del que los ferroviarios fueron parte.

El ataque contra los ferrocarriles y la respuesta de los trabajadores

El decreto 4.061 dictado por Frondizi congelaba el déficit ferroviario, condicionaba los aumentos salariales a las subas de las tarifas, suprimía 4.000 kms de vías, ramales e instalaciones y propugnaba la privatización de servicios y entrega de los talleres de la empresa estatal ferroviaria. El ministro de Hacienda Álvaro Alsogaray viajó a los Estados Unidos para acordar la llegada del general Thomas Larkin a la Argentina, para realizar un estudio de los transportes, por cuenta del Banco Mundial, así surgió el denominado Plan Larkin.
Los trabajadores ferroviarios desarrollaron una serie de reclamos y medidas de fuerza desde el inicio de la presidencia de Frondizi, por la reincorporación de obreros cesanteados, en defensa de los convenios colectivos vigentes y por aumentos salariales.
Finalmente, el 30 de octubre de 1961, tanto la Unión Ferroviaria como La Fraternidad iniciaron una huelga por tiempo indefinido, que se prolongaría por 42 días. El gobierno procuró cubrir servicios de emergencia convocando a personal policial y de gendarmería y ofreció pagos extras a foguistas y maquinistas para que trabajasen durante los días de paro, pero los obreros no respondieron al llamado a pesar de sus bajos salarios. La mayoría de los trabajadores ignoraron el llamado a presentarse al trabajo, y quienes por distintos motivos eran obligados a prestar servicio, eran liberados por los “comandos de rescate”.
El paro fue acompañado por asambleas, manifestaciones, piquetes, actos de sabotaje y atentados contra vagones y vías del ferrocarril. El gobierno respondió con la represión. Fueron numerosos los obreros detenidos y los allanamientos de locales sindicales y casas de trabajadores. La CGT decretó un paro nacional de 72 horas para los días 7, 8 y 9 de noviembre, que tuvo gran acatamiento en todo el país.
El Gobierno accedió a negociar debido a las pérdidas económicas que ocasionaba el conflicto y las presiones de los ámbitos económicos y financieros. Por su parte, las direcciones sindicales buscaban terminar con el conflicto: “los compañeros observaban que Scipione [dirigente de la Unión Ferroviaria] (…) tenían muchas ganas de terminar la huelga así como estaban las cosas, sin muchas exigencias” (1), sin embargo, “los trabajadores tomaron la protesta en sus manos, se dedicaron a formar distintas comisiones (solidaridad, difusión y prensa, búsqueda de alimentos, seguridad) que permitieron extender durante más de cuarenta días la medida de fuerza” (2).

La acción de la burocracia sindical y el fin de la huelga

Las organizaciones sindicales adoptaron desde el comienzo una posición conciliadora frente al plan. En enero de 1961, Frondizi se había comprometido a dar participación a los gremios en los planes de “reestructuración” de las empresas públicas –ferrocarriles, teléfonos, electricidad, obras sanitarias-, y las direcciones de la Unión Ferroviaria y La Fraternidad se mantuvieron a la expectativa.
Desatada la huelga, la dirigencia sindical ferroviaria se puso al frente, pero intentó mantener el diálogo con el gobierno y cuando éste lo rompe, inició conversaciones con la Iglesia a través del arzobispo de La Plata, Antonio Plaza, declarando casi constantemente que “un acuerdo era inminente” (3).
El 10 de diciembre se llegó a un arreglo que suspendía hasta el 31 de marzo de 1962 la aplicación de las normas que habían modificado el régimen laboral para ser revisadas por un nuevo directorio en el que participaban dos miembros propuestos por los dirigentes sindicales. Este también debía considerar la clausura de ramales cuando no hubiera razones de “antieconomicidad”.
No solo se mantenía la perspectiva del cierre de ramales, sino que un centenar de ferroviarios permanecieron detenidos, cerca de 3.000 trabajadores fueron cesanteados y se levantaron cientos de kilómetros de vías. El resultado de la lucha generó un gran descontento en la base de los trabajadores ferroviarios. Si bien el Plan Larkin no fue aplicado en su totalidad y se frenó el proceso privatizador, se pudo avanzar en parte del plan racionalizador.

La Resistencia obrera y los objetivos de la burguesía

Tras el fin de la huelga el gobierno llamó a elecciones para renovación de legisladores y elección de gobernadores que dieron el triunfo al peronismo en varias provincias profundizando la crisis del régimen y reforzando los cuestionamientos militares al gobierno de Frondizi que resultarán en su reemplazo por José María Guido.
La crisis de dominación de la burguesía recorrió toda la etapa abierta tras el golpe de 1955. La Resistencia obrera actuó en esta crisis obstaculizando los intentos por resolverla al tiempo que limitando los alcances de la ofensiva burguesa contra los trabajadores.
La huelga ferroviaria de 1961 puso de manifiesto muchos de estos elementos. Los trabajadores no enfrentaron pasivamente el ataque del gobierno, por el contrario, desarrollaron múltiples iniciativas en el marco de una huelga de más de 40 días, demostrando en su transcurso la vigencia de muchas de las mejores tradiciones del movimiento obrero. Sin embargo, sus direcciones mostraron en esta lucha una de las más nefastas tradiciones de las que la burocracia sindical peronista es su máxima expresión: pelear para negociar con el Estado en vez de tratar de dotar a la lucha de una perspectiva para triunfar.
Las direcciones sindicales ferroviarias se vieron impulsadas a llevar a delante la huelga en el contexto del brutal ataque del gobierno radical. Sin embargo, intentaron antes la negociación y no abandonaron este objetivo incluso durante la huelga y en el marco de la represión estatal, cediendo finalmente sin lograr derrotar al gobierno y permitiendo así la continuidad de la política del gobierno de entrega del país al imperialismo.
Sacar las lecciones de estas experiencias es clave hoy para preparar la respuesta obrera y popular frente a los ataques de la burguesía. La historia está repleta de ejemplos de crisis burguesas en donde la respuesta que el movimiento obrero no pudo dar –pese a la heroicidad y abnegación desplegadas y al no derrotar la política de conciliación de clases de las burocracias sindicales y la negociación con las patronales y el Estado-, habilitó una salida de las clases dominantes que significó un grado mayor de entrega de la nación y de empeoramiento de las condiciones de explotación para los trabajadores.

Alicia Rojo
Historiadora UBA

Notas:

1. J. C. Cena, El guardapalabras. (Memorias de un ferroviario). Bs. As., La Rosa Blindada, 1998, citado en Gabriela Scodeller, “La huelga ferroviaria de 1961 en la provincia de Mendoza”.
2. Alejandro Schneider, Los compañeros, Trabajadores, izquierda y peronismo, 1955-1973, Bs. As., Imago Mundi, 2006.
3. Ernesto González (coord.), El trotskismo obrero e internacionalista en la Argentina, tomo. III, vol. 1, Bs. As., Antídoto, 1999. González fue dirigente de la corriente “morenista” del trotskismo en los años de la Resistencia, en los que puso en práctica el “entrismo” al peronismo. Frente al gobierno de Frondizi, siguió el llamado de Perón a votar al candidato radical, y, tras la huelga ferroviaria y el llamado a elecciones del gobierno, afirmó su política oportunista hacia la dirección peronista. En próximos artículos de LID desarrollaremos una crítica al entrismo del morenismo en el peronismo que abordamos también en el libro de Ediciones IPS de reciente aparición Cien años de historia obrera en la Argentina, 1870-1969, de los Orígenes a la Resistencia.