domingo, 5 de noviembre de 2017

Comisario Alberto Villar: el prototipo del verdugo



Conocido por sus métodos represivos, el comisario Villar fue uno de los creadores de la Triple A. Hoy sigue siendo recordado por la Policía Federal como “uno de los suyos”.

En el Club Atlético, uno de los centros clandestinos de detención dependientes de la Policía Federal, el retrato del comisario Alberto Villar ocupaba un lugar preferencial. La patota lo veneraba como a un símbolo, con la misma ciega admiración que despertaba en ellos Adolfo Hitler o Benito Mussolini. Aunque había transcurrido más de un año de su muerte, ocurrida el 1° de noviembre de 1974, el comisario Villar fue de algún modo inspirador del golpe militar del 24 de marzo de 1976. Sobre todo, de la metodología desplegada por las bandas asesinas del proceso. "Sin duda no era ultra izquierdista, pero tampoco pertenecía a la ultraderecha. Era un policía de raza que creía sinceramente en la represión que debía ejercer, como última razón, en un organismo depositario de la fuerza y designado para encauzar los desbordes violentos". En su libro Seguidme, una apología de la figura de Villar, el comisario Jorge Muñoz –uno de sus principales colaboradores— hizo esta curiosa referencia ideológica del feroz represor, pero a la vez lo definió de manera rotunda: "Un policía de raza". Villar asumió con fervor el rol de perro de caza a sueldo que desde el poder se le asigna al policía en defensa del sistema. En esa función, reprimió todo lo que había que reprimir, hasta a la propia policía. Por todo eso, hoy sigue siendo un símbolo, una personalidad respetada entre sus pares, las nuevas generaciones de represores formados a su imagen y semejanza.
"La psicología del individuo, difiere esencialmente del de la masa; el hombre solo –
bueno o malo– es una voluntad consciente y activa. La multitud en cambio es inconstante. Este es el terreno del mal y, muy raramente del bien; y constituye evidentemente el caldo de cultivo donde fermentan los instintos, que los agitadores han explotado ampliamente.
Es la Policía la que debe dictar la ley a los insurrectos y no éstos a ella; por eso habéis sido instruidos en los principios de la ofensiva, y los hombres que conduciréis en el futuro, nunca recibirán de vosotros la orden de ¡Adelante! sino la de !!!SEGUIDME!!!".
El discurso (enfatizado sin escatimar signos de admiración en el libro de Muñoz) fue pronunciado por Villar en 1969, como cierre de un curso para jefes de las policías provinciales sobre "Desórdenes urbanos". Un tema fundamental para los vigías del poder, en el año del Cordobazo y otras importantes movilizaciones populares contra la dictadura de Juan Carlos Onganía. Concientizar a la tropa sobre la peligrosidad de las masas y subyugar al policía como instrumento ciego del poder, fueron la constante prédica de Villar. En un tiempo donde todavía se buscaba el eco revolucionario en la cabeza de los uniformados llamándolos a "apuntar el fusil hacia otro lado", Villar llegó a decir, en un mensaje difundido por Radio Nacional: "Cada policía federal sabe que ha dado mucho, pero también sabe que ni el todo es suficiente. Cada agente federal viste siempre su uniforme, como lo hacen todos los policías del mundo, sin saber si esa será la última vez, pero lo hace con orgullo, piensa que su vida seguirá siendo útil hasta después de su muerte". La absurda satisfacción de ser carne de cañón en defensa de un sistema perverso.
El grupo represor especializado de la Policía Federal comenzó a gestarse en 1969, pero adquirió forma en 1971. Villar, por entonces director general de Orden Urbano, tenía la jefatura de los principales cuerpos represivos: Guardia de Infantería, Policía Montada, Unidades Móviles, División Perros. De hecho comenzó a formarse una estructura paralela. La logia de "Las Caras Felices", que se reunía en la sede de la Fundación Renato Salvatori, en el barrio de Belgrano, fue el punto de partida, según el ex-policía Rodolfo Peregrino Fernández. Los policías reunidos en torno de la figura de Villar constituyeron una de las vertientes principales en la conformación de la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A). El propio comisario Muñoz, en su libro, reconoce que en agosto de 1970, al hacerse cargo de la Dirección de Tránsito de la Federal, Villar dio su primera "respuesta" al creciente protagonismo popular. Luego de realizar un curso de especialización en Francia, en 1963, tomó el modelo de la "force de frappe" (pequeño grupo altamente tecnificado, con tremendo poder de ataque) diseñado por Charles De Gaulle y creó las "brigadas antiguerrilleras". El Cuerpo de Unidades Móviles, tal su denominación formal, fue comandado personalmente por Villar no sólo en la Capital Federal sino también en acciones cumplidas en Córdoba, Tucumán y en otros lugares del país. En esos años, uno de sus principales colaboradores, desde la jefatura del Cuerpo de Guardia de Infantería, fue el comisario Silvio Colotto.
Después del Cordobazo Villar tomó debida nota. Los "federales" fueron convocados a Córdoba el 15 de marzo de 1971. Ese día estalló el "Vivorazo", denominado así porque fue la respuesta a la patoteada verbal del gobernador cordobés Camilo Uriburu, quien dijo que iba a desalojar a la "víbora roja" del famoso Barrio Clínicas. Ese día hubo paro general y acto público en la plaza Vélez Sársfield, a pesar de la militarización de la ciudad. Por la noche, varios centenares de hombres llegados desde Buenos Aires y al mando de Villar, realizaron detenciones, allanamientos ilegales y todo el repertorio aplicado después por la dictadura del ’76.
Villar volvió a Córdoba el 22 de octubre de 1972, también para reprimir huelgas y movilizaciones. Frente a la delegación de la Policía Federal, sus secuaces detuvieron a un ciudadano cordobés al que subieron por la fuerza a un carro de asalto, donde le dieron uno de los habituales tratamientos "antiguerrilleros". El hombre, ni bien se repuso, hizo la denuncia ante la policía provincial. Villar y su patota, con escopetas y ametralladoras en mano, tomaron la comisaría cuarta, donde se había hecho la acusación. En su afán por llevarse el expediente con la denuncia, Villar le pegó unas bofetadas al comisario cordobés, mientras sus hombres rompían todo a su paso. Los policías cordobeses se nuclearon y buscaron revancha, rodeando a los federales en el Parque Sarmiento. Debió intervenir el Tercer Cuerpo de Ejército para apaciguar los ánimos. Ante tamaño escándalo, el general Jorge Cáceres Monié, jefe de la Policía Federal, dispuso el pase a disponibilidad de Villar y de algunos de sus hombres. La sanción se prolongó unos meses, hasta el 29 de marzo de 1972, cuando el policía fue reivindicado en un acto público por el propio Cáceres Monié‚ y por el presidente de facto general Alejandro Agustín Lanusse. Retornó a la acción en agosto de 1972, ascendido al grado de comisario mayor, cuando se puso al frente de las tanquetas Shortland que derribaron la puerta de la sede del Partido Justicialista para secuestrar los féretros con los cadáveres de los presos políticos fusilados en Trelew.
Según Muñoz, el comisario Villar pidió retiro voluntario en enero de 1973, pero lo cierto es que su condición de retirado fue obligatoria a partir de mayo de ese año, cuando Héctor Cámpora asumió como presidente. El 28 de enero de 1974 fue convocado nuevamente por el Poder Ejecutivo, por gestión del entonces ministro de Bienestar Social José López Rega y del general Jorge Osinde, con la aprobación inmediata del presidente Juan Domingo Perón. Lo nombraron primero subjefe y luego jefe de Policía y por decreto 312/74 fue ascendido a comisario general. Junto con Villar, retornó al servicio activo otro represor y moralista implacable, el comisario Luis Margaride, designado superintendente de Seguridad Federal. En el breve ínterin como pasivo, Villar había creado junto con Colotto la agencia privada de seguridad e investigaciones Intermundo S.R.L.. "La canalización de dicha actividad le haría también famoso dentro del campo privado empresarial, ya que muchos industriales querían contar con su especial asesoramiento...", comentó Muñoz en su libro sobre este paso dado por Villar. Con el correr de los años, la agencia pasó a llamarse Escorpio y uno de sus nuevos propietarios fue el general Carlos Suárez Mason. Uno de los trabajos iniciales de Intermundo fue encargarse de la custodia personal del creador del Opus Dei, monseñor José María Escrivá de Balaguer, que visitó Buenos Aires en 1973.
En su nueva etapa como activo, además de Margaride, el comisario Villar se rodeó de hombres que, como él, habían sido en algún momento cuestionados y hasta encarcelados por la propia policía. Las acusaciones contra esos personajes iban "desde el asalto a la extorsión, el contrabando, el tráfico de drogas y la trata de blancas" (citado por Ignacio González Janzen en su libro La Triple A). La nómina incluía a Esteban Pidal, Elio Rossi y "el chacal" Héctor García Rey, quien fue jefe de la policía de La Rioja en 1984. Fue destituido de ese cargo por el entonces gobernador y años más tarde presidente Carlos Menem. García Rey, en abierta complicidad con Zulema Yoma, esposa del mandatario, salió a defenestrar a Menem y lo "acusó" de tener colaboradores de pasado izquierdista. La acusación la hizo aprovechando una de las tantas crisis matrimoniales entre Menem y Zulema, quien llegó a amotinarse en la sede policial para apoyar a García Rey, en contra de su propio marido.
Otros secuaces de Villar en su retorno al servicio fueron el subcomisario Juan Ramón Morales, el subinspector Rodolfo Almirón Cena y los suboficiales Jorge Ortiz, Héctor Montes, Pablo Mesa, Oscar Aguirre y Miguel Ángel Rovira. Los nombrados Almirón Cena y Morales fueron custodios personales de López Rega y huyeron con él cuando abandonó la Argentina. Almirón se desempeñó en 1983 como custodio del dirigente derechista español Manuel Fraga Iribarne, según denunció la revista Cambio 16. González Janzen sostiene que "decenas de activistas de derecha fueron incorporados formalmente a la Policía, y en el Estado Mayor de Villar apareció un ex militante de Tacuara, Federico Rivanera Carlés". En los años ochenta, Rivanera Carlés lideró el pro-nazi Movimiento Nacionalista Social.
El auge de la Triple A coincidió con la presencia de López Rega en el gobierno y de Villar en la Federal. Uno de los asesinatos más notorios de la organización ultraderechista fue el del diputado peronista Rodolfo Ortega Peña, ocurrido el 31 de julio de 1974. Según el policía Peregrino Fernández, el comisario Villar tenía "odio personal y enconado" contra Ortega Peña. Minutos después del crimen, Villar llegó a la comisaría 15°, en cuya jurisdicción fue cometido el crimen del legislador. "Secreto de sumario" fue lo único que dijo ante los periodistas. Las sospechas apuntaron siempre hacia los hombres del entorno más íntimo de Villar. La Brigada de Explosivos fue otra creación del supercomisario. El cuerpo de elite fue responsable de muchos actos terroristas, por ejemplo de la bomba que mató a José Colombo, director del diario El Norte, de San Nicolás.
En noviembre de 1974, a Villar lo mató una carga de tres a cinco kilogramos de gelinita. El explosivo había sido colocado en el interior del crucero Marina, propiedad del policía, anclado en un sector del arroyo Rosquete, en el Tigre. Sólo estaban a bordo el superpolicía y su esposa. La custodia personal se quedó en puerto, a salvo, mirando cómo volaba todo. En un primer momento, el hecho se le adjudicó a Montoneros y hasta se conoció un presunto comunicado reivindicatorio de la organización guerrillera, firmado por tres supuestos comandos desconocidos hasta entonces y que después jamás reaparecieron. En noviembre de 1986, el juez federal Alberto Piotti reabrió la causa y las sospechas recayeron sobre López Rega. En su libro, el comisario Muñoz denostó a la Triple A y sostuvo que sus "acciones descontroladas tampoco contribuían a la tarea de pacificación dentro de la orgánica que había impuesto Villar. Para ello ordenó una investigación y la penetración de grupos que pudieran estar proclives a emprender acciones extremas y actuar por cuenta propia contra la subversión. Los resultados de dicha averiguación quedaron dentro de su conocimiento confidencial; pero al parecer llegaron a preocuparlo". Como entre bueyes no hay cornadas, nada dijo sobre la posible responsabilidad de algunos miembros de la Triple A en el atentado. Está claro que tampoco puede darse crédito al despegue que hace de Villar de la organización terrorista, recurso al que apelaron otros notorios miembros de la Triple A como Aníbal Gordon o el comisario Colotto, quien aseguró públicamente, años después, que Villar fue asesinado por hombres vinculados a la Federal.
Aunque parezca extraño, no debe descartarse alguna diferencia de forma dentro de la organización terrorista. Villar era un verdugo clásico y quería una "ofensiva" policial frontal, sin tapujos, con los jefes a la cabeza, como manifestó en su discurso del ’69. "Cruzado de la eterna lucha entre el Bien y el Mal, no defendió un orden cualquiera sino el Orden Natural. Amaba a su Dios y a su Patria y combatió implacablemente a los enemigos de estos valores superiores. Su vocación no era la represión sino el orden", dijo Muñoz en su apología de este represor de marca mayor.

Carlos Rodríguez
Periodista* rodriguezcarer@yahoo.com.ar

* Carlos Rodríguez es periodista de la Sección Sociedad e integrante de la Comisión Interna gremial del diario Página 12. Autor, entre 1984 y 1998, de la "Galería de Represores" que se publicaba en el periódico "Madres de Plaza de Mayo".

sábado, 4 de noviembre de 2017

La Reforma Laboral // Romina Del Plá en la TV Pública

"La reforma laboral es una ofensiva contra los trabajadores" // Néstor Pitrola en C5N



El dirigente nacional del Partido Obrero, Néstor Pitrola, estuvo en el programa "Minuto Uno" en C5N debatiendo sobre la reforma laboral.

Un ataque a fondo a la clase obrera



Pongamos en pie al movimiento obrero

Entonado por el resultado electoral y la connivencia de la CGT, y contra lo que había anticipado en la campaña electoral, Triaca presentó un proyecto de ley a la brasileña, de 145 artículos que atacan a fondo los derechos de los trabajadores. Ninguna asamblea obrera aprobaría este misil antiobrero, que la CGT viene pactando a espaldas de millones de compañeros. La moneda de cambio del Triunvirato es reforzar el sindicalismo vertical y patronal, y el manejo de las obras sociales, el llamado “modelo sindical”, incluido el ataque a los sindicatos de base y al clasismo. El moyanista Schmid, después de aplaudir el discurso de Macri en el CCK, dijo que no logra todavía “decodificar” a este presidente.
La ley destruye pilares como la “irrenunciabilidad”, por lo cual el contrato de empresa o individual puede traspasar a la baja la Ley de Contrato de Trabajo.
Estrictamente, deja de haber una ley de contrato de trabajo. El concepto de “trabajo” abarca por igual al empresario que al trabajador, borrando todo vestigio de frontera de clase y profundizando el ataque ya perpetrado por Cristina Kirchner en el Código Civil, al quitar la prelación del derecho laboral. Se ataca el concepto de que el trabajador es el eslabón débil de la cadena de explotación patronal. En esa línea del Código Civil vuelve a profundizar las garantías del régimen de tercerización, eliminando la responsabilidad solidaria de la empresa principal.
Pero va más lejos al permitir que el trabajador contrate trabajadores y más aún, habilita la cuadratura del círculo al permitir el “monotributista en relación de dependencia”, lo que liquida el concepto mismo de contratación laboral capitalista. Coloca a ese trabajador como un paria equivalente al trabajador en negro, pero peor, porque no puede litigar demostrando el fraude laboral. El fraude es ahora legal.
La burocracia sindical dice resguardar el “convenio colectivo”, lo cual es falso si ese convenio puede ir a la baja por empresa y hasta en forma individual, pero además se habilita el ataque más vasto desde la dictadura para que esos convenios arrasen conquistas centenarias. Estará permitido extender la jornada hasta 10 horas sin extras, perforando la histórica ley 11544 de la jornada de ocho horas. Cuando arrecia la desocupación, se extiende la jornada laboral posible. Ya el reciente convenio de Atilra, un sindicato con fuerte presencia kirchnerista, habilitó extras simples en fin de semana, atacando el descanso hebdomadario de fin de semana.
Se rebajan las indemnizaciones eliminando aguinaldo, extras y otros pagos en su cómputo, y se habilita a la formación de “fondos de cese laboral” como el de Uocra, donde el trabajador aporta a su propio despido. La ley no los impone, pero los habilita, para que las burocracias comiencen su trabajo de demolición. En esa línea consagra el “banco de horas”, que no pudo generalizar Menem en los ’90 a partir del convenio de General Motors. O sea quebrar la jornada, sin extras, que el propio trabajador autocompensa.
La reducción de aportes patronales progresiva hasta 11.500 pesos en 2022 golpea la recaudación previsional. Su contraparte será la caída del poder adquisitivo de las jubilaciones (modificación de la movilidad jubilatoria), la eliminación de los regímenes especiales y la eventual elevación de la edad más adelante. El “caramelo” del aumento de licencias por paternidad es una burla, en medio de semejante usurpación de derechos. El blanqueo laboral, por su parte, es un “jubileo” a los evasores. Pero, además, fracasó con Cristina, porque rige una ley idéntica desde 2014.
La presentación de una sola ley ómnibus, centraliza la campaña de lucha. Dejar el debate de esta ley en manos de los legisladores patronales de Cambiemos y del pejotismo, que declara subordinar su accionar a la burocracia sindical entreguista, es un suicidio. Hay que quebrar el pacto Macri-CGT. El Partido Obrero impulsa inmediatas asambleas de base y plenarios de delegados con mandato de los lugares de trabajo, llama a reagruparse a todas las fuerzas combativas del movimiento obrero para la acción común y que la reforma antilaboral no pase.
Llamamos a defender a todos los sindicatos inscriptos y a los cuerpos de delegados y seccionales recuperados, y a todas las organizaciones de base del movimiento obrero. Un Congreso con Mandato de Bases de todos los sindicatos argentinos, sin distinción de centrales sindicales, unificados, debería resolver un inmediato plan de lucha para quebrar la ofensiva. Nuestros parlamentarios, los que están y los electos, se ponen al servicio de esta causa suprema de los trabajadores argentinos.

Néstor Pitrola

Santiago Maldonado: apartan de la causa a la Procuraduría contra la Violencia Institucional



La decisión de la fiscal, con el asentimiento del juez, puede significar una carta blanca para la Gendarmería y los funcionarios públicos.

La fiscal Silvina Ávila apartó de la investigación por la desaparición y asesinato de Santiago Maldonado a la Procuraduría (Procuraduría contra la Violencia Institucional). Para la fiscal, la participación del organismo –que colaboraba con ella en la investigación– dejó de ser necesaria cuando el juez Gustavo Lleral asumió la dirección de la causa.
La Procuvin era el único estamento del Ministerio Público Fiscal que estaba investigando específicamente el accionar de la Gendarmería Nacional en el contexto de la muerte de Maldonado. Su apartamiento habría sido avalado por el juez Gustavo Lleral, quien no realizó manifestación alguna al respecto.
La separación le viene como anillo al dedo al gobierno nacional, que desde el 1 de agosto intenta correr de escena a la Gendarmería Nacional de su responsabilidad por la desaparición –y ahora por la muerte– de Santiago Maldonado, luego de que la fuerza ingresase a sangre y fuego en la Pu Lof (comunidad mapuche) de Cushamen.

Encubrimiento recargado

Dos días atrás Mauricio Macri, luego de haber mantenido ‘silenzio stampa’ frente al caso, aprovechó para volver a reforzar el accionar de encubrimiento de Patricia Bullrich, Marcos Peña y Elisa Carrió.
En una entrevista con La Nación +, el mandatario se enredó en sus propios dichos, al exigir "no digan que esto fue una desaparición forzada porque es imposible que un gobierno democrático participe en hacer desaparecer a nadie” –una falacia que huele a confesión, ya que para que se configure el crimen de desaparición forzada de personas no es impedimento que se trate de un gobierno democrático.
Por el contrario, la actuación de este gobierno fue de enardecer la actividad represiva y, en particular, sobre lo ocurrido en el territorio ancestral mapuche, de un intenso encubrimiento: no se peritaron inmediatamente los escuadrones de GNA; los vehículos fueron peritados recién 10 días después de la desaparición, previamente lavados; y se montaron un sinnúmero de versiones sobre el paradero de Santiago.
No olvidemos que la Gendarmería tenía en sus manos las fotos que demostraban que él estaba en la Pu Lof aquel día, mientras el gobierno operaba para negar incluso su presencia en el lugar. La aparición del cuerpo de Santiago vino a confirmar lo que afirmó el movimiento popular desde el primer día: que se encontraba allí junto al pueblo mapuche levantando los reclamos por tierras y contra el procedimiento ilegal que soporta Facundo Jones Huala.
En sus nefastas declaraciones, el presidente se hizo eco de las operaciones de Clarín respecto de supuestos testigos falsos, pero agregando un condimento adicional, con la aserción de que “todos los días aparecía una declaración de la otra parte afirmando cosas”. A confesión de parte, relevo de prueba: si quienes pugnamos por la justicia y la verdad somos “la otra parte”, los asesinos son el gobierno y el Estado.
En este cuadro, advertimos que el apartamiento de la Procuvin puede ir de la mano con la impunidad: si la fiscal Ávila, con el asentimiento del juez Lleral, cree que no debe continuar actuando el organismo, puede significar que entienda que el accionar de la Gendarmería Nacional no fue la responsable de la muerte de Santiago y por ende, se extiende a los funcionarios públicos la carta blanca.

Liliana Alaniz, Asociación de Profesionales en Lucha

Qué hay detrás de la detención de Boudou



Con un show mediático similar al que acompañó la detención de De Vido, hoy se produjo por orden del juez Ariel Lijo la del ex ministro de Economía y vicepresidente kirchnerista Amado Boudou, y de su socio y mentado testaferro José María Núñez Carmona.

La orden se produce en el marco de la causa que investiga al ex funcionario por enriquecimiento ilícito, por variadas inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales. El escrito del magistrado le imputa los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero (vinculando también a Alejandro Vandenbroele, Juan Carlos López y Agustina Kämpfer), al tiempo que reseña “graves actos de corrupción” por los que se tramitan otros expedientes –como el caso Ciccone y la compra de autos de alta gama.
Con todo, el fundamento de la detención no debe buscarse en las profusas actividades criminales de Boudou, por las que debería estar preso desde hace muchos años, sino en los propósitos del gobierno macrista de desviar la atención pública de su plan de guerra contra los trabajadores y de tapar su propia corrupción. La corrupción kirchnerista es funcional a este propósito distraccionista.

“No te gobiernan textos, sino tratos”

La disposición de Lijo fue precedida por una abierta apretada en el Consejo de la Magistratura contra él y otros jueces (como Daniel Rafecas) por parte de operadores judiciales afines al macrismo para que aceleraran la causa, denunciándolos por "demoras excesivas" (Página 12, 3/11). Después de dormir el proceso durante varios años, Lijo parece reacomodarse a los nuevos tiempos políticos.
Mientras Elisa Carrió, consultada por la prisión a De Vido, asegura emocionada “no pensé que me tocaría ver una república”, el partido de gobierno echa mano de favores, extorsiones y golpes institucionales para garantizarse una justicia adicta con métodos semejantes a los que usaba el kirchnerismo. El macrismo junto con el PJ y el Frente Renovador acaban de resolver en la Provincia de Buenos Aires la suspensión (tendiente a la destitución) del juez Luis Federico Arias por resoluciones favorables a docentes, inundados y contra los tarifazos –entre otros.
En la “república” de la diputada se suman episodios nuevos todos los días al comprometimiento del presidente y su familia en los Panamá Papers y por la quiebra del Correo Argentino, como el que envuelve a Jorge Macri en una causa por lavado de dinero. Ni hablemos de Odebrecht y el esquema de corrupción en la obra pública que involucra a todos los gobiernos. La acusación de “negociaciones incompatibles con la función pública” que pesa sobre Boudou por la causa Ciccone debería extenderse al ministro de Energía Aranguren, quien fuera accionista y presidente de Shell y acaba de dar exenciones a las petroleras por $4.600 millones; y al flamante titular de Agroindustria y presidente de la Rural, Etchevere, cuya asunción vino de la mano con la eliminación de la obligación de liquidar las divisas de las exportaciones.
Como denunció oportunamente el Frente de Izquierda, los adalides de la “transparencia” son opacos de toda opacidad.

Unidos y dominados

El macrismo opera a la inversa de aquel exitoso film “Mentiras que matan”, en el que el presidente de los Estados Unidos buscaba tapar un escándalo político inventando una guerra: con la detención, procura distraer sobre la avanzada bélica contra la población trabajadora.
La detención de Boudou, que ocupará 24 horas por día, 7 días por semana a los medios oficialistas, llega en la misma semana que la presentación del borrador de la reforma laboral archiantiobrera; cuando se procede a una reforma jubilatoria que solo en 2018 quitará $100.000 millones a los trabajadores pasivos y mientras se avanza en la privatización de la ya deficientes salud y educación públicas.
CFK denunció en un comunicado una "persecución judicial" contra la oposición que tendría el propósito de "atemorizar a los dirigentes de la oposición para que sean sumisos ante la segunda fase del ajuste que se busca implementar”. Pero mucho antes de estos hechos el kirchnerismo se había asociado a las políticas de ajuste: basta ver las votaciones en el Congreso, el ataque contra los docentes en Santa Cruz y la reciente firma de la burocracia K del gremio lácteo a un convenio flexibilizador que es modélico para la reforma laboral. No es una cuestión de "presiones judiciales": el factor de fondo de este acompañamiento es el apoyo del conjunto de la clase capitalista, sus mandantes, al plan de guerra anunciado por el macrismo.
En el gran desafío que tienen los trabajadores en estas horas, que es tomar la iniciativa para quebrar la ofensiva antipopular, resulta fundamental su demarcación de los corruptos y ajustadores de ayer y de hoy.

Tomas Eps @tomaseps

viernes, 3 de noviembre de 2017

¿La CGT va a entregar a los trabajadores ante la reforma flexibilizadora de Macri?

Ante la ofensiva del gobierno contra los derechos obreros, la CGT y el sindicalismo peronismo siguen de brazos cruzados. ¿Qué van a hacer los sindicatos y centrales ante el plan de Macri?

El Gobierno nacional ha presentado un proyecto de reforma laboral que significa un brutal ataque a las condiciones de trabajo y de vida de la clase trabajadora. Reforma laboral significa precarización, significa despidos, significa suspensiones. Significa quita de derechos para los trabajadores y de mayores beneficios para los empresarios.
Es como un viaje al pasado. Recuerdo cuando en Zanon recuperamos la Comisión Interna la primera bandera que hicimos fue contra la reforma laboral que impulsaba el gobierno de Menem. Algunas propuestas de Macri son todavía peores. Y Macri y los empresarios van a avanzar todo lo que permitan avanzar. Después de las elecciones muestra esta envalentonada contra los sindicatos y los derechos de los trabajadores, así como ha hecho con el estado represivo que terminó con la desaparición y muerte de Santiago Maldonado.
Y es como un viaje al pasado también por la complicidad que tuvieron en los 90 la mayoría de las cúpulas sindicales. Hoy la historia parece repetirse. El día que adelantó sus “reformas”, el triunvirato de la CGT “aplaudió por cortesía”. Después, hizo silencio. Ahora, dice que se puede frenar en el parlamento, justo con los diputados y senadores que le vienen dando “gobernabilidad” a Macri votando las leyes que necesita.
La burocracia está dispuesta a negociar nuestros derechos, como lo ha hecho otras veces. Ya algunos de los triunviros han dicho tras los anuncios del lunes que “nosotros vamos a colaborar en lo que sea”. Ni disimulan.
Durante casi dos años ha mantenido un pacto con Macri y los empresarios, que permitió el ajuste al pueblo trabajador. Una entrega que está regada por millones de dólares para las cúpulas sindicales, en un pacto para sostener “el modelo sindical peronista” y por qué no en algunas amenazas de “carpetazos”.
Ya el primer paso lo dieron en el Sindicato Petrolero, con la venda petrolera que firmó Guillermo Pereyra, un senador del Movimiento Popular Neuquino que junto al gobernador Gutiérrez y Macri lo presentaron en la Casa Rosada como un gran triunfo. Y eso ya costó 3.000 puestos de trabajo a los obreros petroleros acá en la provincia de Neuquén. Que han sido por goteo, que han sido tapados por la burocracia sindical, pero ya son 3.000 familias en la calle.
También lo hizo Atilra para la industria lechera, con la flexibilización del convenio y la entrega de derechos que tenían los trabajadores y el propio sindicato.
Hay que romper ese pacto de la CGT con el gobierno. Si la clase trabajadora no puede desplegar sus fuerzas, con paros y movilizaciones, nos van a hacer retroceder décadas nuestros derechos. No podemos confiar en “sus negociaciones”, ni tampoco en “sus diputados”.
Por eso es muy importante que desde cada sindicato, desde las organizaciones obreras, desde cada comisión interna empecemos a tener como norte enfrentar la reforma laboral que se viene que es un intento para tener trabajadores esclavos. Hay que levantarse y pelear en forma unificada. Las CTA y las corrientes y sindicatos que dicen oponerse, deben convocar a medidas cuanto antes. No podemos esperar que la reforma se trate para movilizarnos. Será tarde. Tendrán todo cocinado.
Las centrales y sindicatos deberían convocar a asambleas en cada lugar de trabajo para discutir entre todos cómo enfrentarla.
Desde el Movimiento de Agrupaciones Clasistas que impulsamos con el PTS y compañeros independientes en decenas de gremios vamos a pelear por ese camino, y convocamos a todos las organizaciones y trabajadores que quieran pelear juntos para tirar abajo los planes flexibilizadores de Macri y compañía.

Raúl Godoy
Dirigente ceramista y diputado del PTS-FIT | Neuquén

"El único límite al ajuste serán la conflictividad y la protesta social"

Entrevista a Julio Gambina, Director de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas (Fisyp)

M.H.: Es inevitable preguntarte por tu opinión sobre el proceso electoral que vivimos el domingo 22 de octubre.
J.G.: Creo que se resolvieron algunas incógnitas, principalmente en las Provincias de Buenos Aires y Santa Fe. Las PASO las habían ganado Cristina Fernández de Kirchner y Agustín Rossi en Santa Fe y en estas elecciones, utilizando jerga futbolística, podemos decir que el macrismo dio vuelta los resultados y consolidaron de esa manera una hegemonía en 13 provincias argentinas, 5 de las cuales son las más grandes en población y en PBI, Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza. Con lo cual aquel proyecto político de carácter provinciano o vecinal, como se decía que era el macrismo, ocho años gobernando la Ciudad de Buenos Aires hasta que llegó el 2015 y que basaba su poderío en la CABA, ha adquirido carácter nacional.
Estamos hablando de casi un 42% de los votos con las distintas formas que asume la identidad de Cambiemos, con lo cual hay un fenómeno nuevo en la Argentina. Yo vengo diciendo que hay dos fenómenos nuevos en el siglo XXI en la Argentina respecto de identidades políticas, uno es el macrismo que se acaba de consolidar como hegemónico, aún siendo primera minoría; el otro es el kirchnerismo que es la segunda minoría en esta oportunidad y que llegó a ser mayoría en la elección presidencial de 2011 con el 54%, por eso las dos grandes novedades son macrismo y kirchnerismo.
No hay que apurarse a matar al kirchnerismo, como muchos están haciendo a estas horas. Hace muy poquito habían subestimado al macrismo. Hay que pensar muy seriamente que tenemos un presidente que por primera vez desde 1916 no es ni radical ni peronista y que intenta construirse hegemónico de un nuevo régimen de representación política en la Argentina, que han estallado las representaciones políticas tradicionales en nuestro país. Hay radicalismo en Cambiemos, en la base de apoyo aunque es un socio menor, no muy tenido en cuenta a la hora de la toma de decisiones principales. Pero también hay radicales en el kirchnerismo e incluso por fuera, con Massa está Margarita Stolbizer que viene del Radicalismo y esto muestra que el Radicalismo está estallado, pero también el Peronismo. Hay Peronismo en el macrismo, en el kirchnerismo, por fuera de ambos, Randazzo ha sido la expresión más fiel pero también está la concepción de que Massa podría volver al Peronismo. Por lo tanto, me parece que es un elemento muy importante para el debate actual político en la Argentina, cuál es la representación política actual.
Hay mucho mesianismo, religiosidad si se quiere, cuando muchos se preguntan por qué gana Macri, hay mucho de mensaje religioso, evangélico, al amor, no muy distinto al que hacía Scioli cuando aludía a “Con esperanza”, “Con amor”.
En el discurso de Macri post electoral aparecieron estas concepciones y en la conferencia de prensa posterior o en todos sus discursos aparecen mensajes que uno puede considerar vacíos de contenido o incluso con una fuerte dosis de engaño. Por ejemplo, el lunes a la mañana explicando el aumento de los combustibles diciendo que ahora aumentan porque los precios argentinos son convergentes con el precio internacional del petróleo que ahora está subiendo pero él está convencido de que va a bajar en el futuro y que, por lo tanto, los precios de las naftas van a subir y van a bajar en la Argentina. Esto no está sustentado por ningún estudio.
M.H.: En la esperanza.
J.G.: Sí, esperanza, amor. Por eso digo, ojo con la mística en el discurso político, tanto del oficialismo como de la oposición. Esto expresa también lo que venimos conversando hace tiempo, la crisis de representatividad, de alternativa popular, de una izquierda que aglutine a todo el espectro; si ves solo la Capital, hay un 10% de votación a ofertas de izquierda pero no entró ningún diputado nacional porque hubo división, fragmentación y hay una parte de la izquierda que no votó a la izquierda. O sea que hay una amplia izquierda partidaria y movimientista que no pudo lograr expresar una voluntad, por falta de articulación, que existe, y eso habla también de las dificultades que hay para construir alternativa política en la Argentina. Con lo cual creo que estas elecciones son interesantes para pensar la realidad, que la realidad hay que pensarla más allá de las elecciones, que no solo existe manifestación popular a través del voto, sino también en la crítica y la protesta social.
Vamos a ver ahora cuando se expliciten las audiencias por el incremento de las tarifas, cuál va a ser la respuesta de la sociedad. Recordemos que Macri y su gabinete querían instalar una actualización de las tarifas sin anestesia a fines de 2015, principios de 2016 y la protesta social no lo permitió, la justicia salió al rescate del Poder Ejecutivo revirtiendo el proceso de actualización de las tarifas, pero la verdad es que sin protesta social no había intervención de la justicia y no había postergación de la actualización tarifaria. Con lo cual habrá que ver el tipo de respuesta que genera la sociedad ante el eventual aumento de las tarifas a corto plazo.
La inflación sigue desatada, hoy a dos días de las elecciones el Banco Central incrementó las tasas de las Lebac, en 150 puntos básicos o sea llevó las tasas de interés a más de 27,5% lo que muestra que en la Argentina hay una orientación y privilegio a la economía especulativa, es muy difícil que los bancos compitan con esa tasa de interés y van a preferir invertir en letras del tesoro, letras del Banco Central, activos financieros ofrecidos por el sector público en lugar de orientar préstamos al sector productivo privado de la economía.
Estamos lejos de un proceso de reactivación productiva, aunque hay algunas señales de las cuentas nacionales de cierta recuperación de la economía pero que no tiene impacto en la pequeña y mediana empresa, mucho menos en el sector mayoritario de la población consumidora de menores ingresos. Por lo tanto, esto genera condiciones para pensar en términos de aceleración del conflicto social. La reforma laboral por ejemplo. El gobierno está anunciando que viene una convocatoria al debate con empresarios, no hay duda que los empresarios van a privilegiar la rentabilidad de sus inversiones a costa de los derechos y beneficios de los trabajadores, por eso el eje es el costo laboral, nunca el costo financiero. Cuando hablan de costo fiscal se refieren a las contribuciones patronales para la seguridad social. La patronal coincide con el gobierno en afectar los derechos e intereses de trabajadoras y trabajadores.
La CGT ha hecho reuniones la semana pasada para prepararse ante el eventual triunfo del macrismo y generar condiciones de negociación con el nuevo gobierno. Estamos hablando del sector mayoritario y hegemónico de la CGT, podemos poner por fuera a los camioneros, a los bancarios, a los sectores vinculados a la Corriente Federal y obviamente a las CTA, la Autónoma y la de los Trabajadores que obviamente no van a ser convidados al debate y si lo son va a ser como actores marginales, de reparto porque lo que va a promover el gobierno a partir del consenso electoral será ir a buscar a los sectores sociales favorables a la política de ajuste y restructuración regresiva que es lo que anticipa la reunión de la OMC en diciembre o el ensayo que va a haber en noviembre en Bariloche discutiendo la agenda del G20 que pasa a presidir la Argentina en el 2018.
Tenemos un consenso electoral previsible acrecentado respecto de lo que pasó en las PASO y lo que aconteció en diciembre de 2015 y que le genera condiciones al gobierno para querer avanzar en su proyecto. El único límite va a ser la conflictividad y la protesta social, la capacidad de frenar el ajuste y la orientación de la política oficial.

No hay que subestimar el proyecto político publicitario propagandístico que representa el PRO

M.H.: Abordaste varios elementos en tu análisis, tarifas, reforma laboral, reforma previsional, y se me ocurre preguntarte por el impacto que significó el reconocimiento del cuerpo de Santiago Maldonado que no parece haber afectado electoralmente al oficialismo.
J.G.: Creo que todavía hay un impacto político muy fuerte de voto al macrismo por crítica al gobierno anterior y, por lo tanto, hay un bloque impactado por la desaparición forzada de Santiago Maldonado en el kirchnerismo y en la izquierda, no digo izquierda partidaria, sino izquierda social, intelectual, izquierda cultural; es una parte de la población que es difícil mensurarla en porcentaje.
Pensá que el macrismo rondó un 42% de aceptación, no me animaría a decir que el resto del 58% fue conmovido por el caso Maldonado, pero podríamos decir que si no se movió el amperímetro de los votantes al macrismo, uno puede pensar que del resto de la población una parte importante sí fue conmovida. Por lo tanto, tenés una sociedad partida en el punto de vista político donde las opciones electorales no se mueven.
Hubo groseras intervenciones públicas de Carrió días previos a las elecciones, el propio gobierno la mandó a callar, hubo mucha especulación y temor de que las apariciones públicas de Carrió, envalentonada, ensoberbecida por lo que hablaban las encuestas podían hacerla perder votos, aparentemente no los perdió y si lo hizo fueron muy pocos porque el resultado electoral superior al 50% muestra que en la CABA ese discurso barrió y alguien que saca esa cantidad de votos no es sólo de los sectores de altos ingresos que cuanto mucho son entre el 15 y el 20% de la población, por lo tanto, hay muchos sectores medios y de bajos ingresos que han optado por el liderazgo que tenía Carrió en la lista de diputados para la Ciudad de Buenos Aires.
O sea que hay elementos políticos muy importantes que hay que mensurar. Lo dije al principio y voy a insistir en esto, no hay que subestimar el proyecto político publicitario propagandístico que representa el PRO, Cambiemos y Macri en particular, Vidal, el propio Larreta que está subido en la infraestructura desplegada en la Ciudad de Buenos Aires, hablo del Metrobus, la Ciclovía, ciertas inversiones en infraestructura que generan visibilidad a la política de gobierno y que los afirma en un discurso por la gestión que se presenta desideologizado, lo que no quiere decir que lo sea realmente, es un discurso favorable a la concentración del capital, a los beneficios a los sectores más concentrados pero me da la impresión que el tema Maldonado más allá de las elecciones, está vinculado a la capacidad de debate político que puede instalar el movimiento popular.
Todavía no se conoce la autopsia, sabemos la identidad, hay muchas hipótesis en torno de cuáles fueron las causas de la muerte de Santiago Maldonado, todo eso se va difundiendo, se genera acción psicológica, pero habrá que conocer los resultados oficiales, formales y luego las opiniones de un conjunto de técnicos y profesionales que están dando vueltas. Hay una especie de diagnóstico que hace la sociedad popular y todo eso va a construir elementos de configuración social que van a estimular el conflicto por la defensa de los derechos humanos en un sentido integral.
Estamos hablando de la vida de una persona, del sufrimiento de una familia, de una persona que fue muerta en circunstancias de protesta y represión con fuerzas de seguridad presentes, en este caso Gendarmería, con lo cual no hay un juicio cerrado por la sociedad. Los tiempos son largos, hay que pensar que en la Argentina hubo movimiento de DD HH contra la represión, hubo juicio contra las Juntas militares, hubo leyes del perdón y luego de varios años de protestas y movilizaciones hubo nulidad de las leyes de Punto final y Obediencia debida lo que habilitó a juicios y encarcelamientos que no han terminado. Todavía está pendiente la crítica del conjunto de la sociedad a los represores de la dictadura militar. Con lo cual el caso Maldonado no termina con que si impactó o no impactó en este proceso electoral. No está dicha la última palabra, es mucho lo que hay que continuar debatiendo y uno de los debates más importantes que va a haber en la próxima etapa es si se va a habilitar o no la política de la represión al conflicto social.
Se viene, como bien señalás, la reforma laboral, la reforma fiscal, la reforma educativa que hay que poner muy en el centro de la discusión. La reforma penal, la reforma de salud que empezó antes de las elecciones y que tiene que ver con el cambio de las funciones y prestaciones del hospital público, una restricción a los derechos de la salud muy fuerte. Eso es previsible que genere respuesta social de mayor o menor magnitud, pero lo que está puesto en cuestión es la defensa de los derechos humanos en sentido integral, de los derechos sindicales, sociales; mucho más de lo que aconteció el domingo hay un debate en el escenario político que tiene que ver con la calle, con la organización social y popular y, sobre todo, con la construcción de alternativa política, que me parece que es el gran desafío de la época.

En Argentina y a nivel mundial hay una crisis de alternativa política anticapitalista

M.H.: Mencionaste al pasar al G20, la OMC y las reuniones que ambas van a desarrollar en nuestro país, con la responsabilidad de asumir la presidencia de esos organismos. Quiero dejar este tema para una futura entrevista, porque tengo mis dudas de los resultados, no sé si Trump no va a terminar pateando el tablero de todo esto. Pero estuviste en Cuba en una importante reunión, la Tercera conferencia de estudios estratégicos y me imagino que habrás tenido oportunidad de compartir con otros colegas de distintas disciplinas la visión respecto de la situación mundial.
J.G.: Sí. Es muy interesante lo que preguntás porque ahí participaron intelectuales chinos, por ejemplo, estadounidenses, sin perjuicio de una cantidad de profesores, académicos e intelectuales cubanos y de toda América Latina, de países europeos, asiáticos, africanos, donde se generó un debate sobre la situación mundial.
Hay un nivel de incertidumbre a nivel mundial importante, lo que representa el liderazgo de Donald Trump que de alguna manera ha pateado el tablero con sus críticas a la globalización y donde pone por delante un programa nacionalista “First America”, “Primero EE UU” y, por lo tanto, rompe con una tradición de un EE UU promotor de la globalización capitalista, de la globalización neoliberal, al punto que hoy China es quien levanta la bandera de la globalización.
China viene tomando una serie de medidas que son trascendentes y muy poco discutidas, por ejemplo, viene tomando decisiones muy concretas para instalar el Yuan como moneda mundial, es un gran comprador de petróleo y viene formalizando contratos que en vez de pagarlos con dólares lo hace con yuanes, que es la moneda nacional china. Esos yuanes con que China paga el petróleo que importa pretende que sean cambiados por dólares a través de la venta de los bonos del Tesoro de EE UU y China es un gran atesorador de esos bonos. Esto le genera problemas a EE UU y su política de dominación mundial.
Digamos que China ya desplazó a EE UU como el territorio de la fabricación mundial y pretende competir y desplazarlo como el país que define la divisa a escala mundial, que discute cuál es la moneda hegemónica en el sistema mundial. Con lo cual estamos asistiendo a un momento de confrontaciones, discusiones que son fundamentales y que América Latina tiene que mirar con mucha atención porque históricamente ha estado vinculada a Europa, al imperialismo británico, y más recientemente y en los últimos años, sobre todo en el siglo XX, pensando en la dominación estadounidense y ahora China se ha convertido en el primero, segundo o tercer socio comercial y prestamista de varios países de América Latina.
Macri pretendió que llegaran inversiones externas de EE UU, Europa, Japón y, sin embargo, terminó negociando con China contratos que había empezado a negociar el kirchnerismo. A falta de inversores estadounidenses y europeos, bienvenidos sean los chinos. Lo que pasa en la economía y en la política mundial en la Argentina tiene mucha importancia y por eso la apuesta del gobierno Macri a esta reunión de la OMC y a lo que representa la agenda del G20 liderada por la presidencia de la Argentina.
M.H.: Inclusive había una expectativa respecto de que en estas reuniones se iba a poder anunciar la firma del acuerdo del Mercosur con la Unión Europea y ya los negociadores de la UE han adelantado que posiblemente esto no va a ser así. O sea que hay que ver en qué terminan estas reuniones.
J.G.: Me parece que lo importante es, como decíamos para lo local y nacional, la respuesta del movimiento popular en la Argentina, también el tema de la liberalización mundial depende de lo que hagan los pueblos. Hay una jornada de acción global contra la OMC que representa el desembarco en la Argentina de varias redes y articulaciones de movimientos populares, obreros, campesinos e intelectuales que van a intentar mostrar una discusión del movimiento social popular latinoamericano y mundial contra la ofensiva liberalizadora del gran capital. Con lo cual también en el plano mundial hay que ver los niveles de resistencia.
Hay una discusión de quién lidera el capitalismo mundial si EE UU, la UE con Alemania a la cabeza, Japón, o China y sus articulaciones con Rusia, India, Irán lo que en su momento se denominó los Brics o la perspectiva de un proyecto alternativo. Así como en el país hay una crisis de alternativa política a nivel mundial desde que cayó la URSS no hay una perspectiva clara anticapitalista como construcción, pero en ese plano Cuba es muy importante.
Este encuentro en el que estuve también se hacía en conmemoración de los 50 años de la muerte del Che. En Cuba se están reabriendo los debates económicos y políticos que generó el Che en su momento y entre muchas de las cuestiones que se discuten el Che planteaba la perspectiva de lucha contra la mercantilización de la economía. Pensar una economía productora de bienes de consumo y no de bienes de cambio, bienes de uso y no de cambio, no pensar en producir para vender sino para satisfacer necesidades. Esa es una concepción cultural que está muy lejos de ser hegemónica en ningún país del mundo, pero es una idea sustentada por el Che a comienzos de los ´60 y que es importante ponerla en discusión en la agenda contemporánea como una forma de resolver los problemas de la vida cotidiana, de la población más perjudicada por el orden capitalista contemporáneo.

Mario Hernandez

jueves, 2 de noviembre de 2017

"Están sosteniendo un régimen parasitario del subte" // Marcelo Ramal



Intervención del legislador porteño Marcelo Ramal en el debate sobre la concesión del Subte de Buenos Aires.

Cómo enfrentamos el plan de guerra de Macri



El paquetazo anunciado por Macri es un verdadero plan de guerra contra los trabajadores. Las medidas fueron festejadas por el gran capital con una inmediata suba de la Bolsa, y por una consultora internacional con la mejora de la calificación de la deuda argentina. Después de todo, el repago del gigantesco endeudamiento oficial exige un ataque en regla a las conquistas de los trabajadores, al sistema previsional, de educación y salud pública. Esta política condujo a un cambio acotado de gabinete: se le entregó a la Sociedad Rural el Ministerio de Agricultura encumbrando a su presidente como ministro; y se nombró un nuevo ministro de Salud para llevar adelante el plan de Cobertura Unica de Salud (CUS), que introduce la privatización del hospital público mediante un recorte de las prestaciones gratuitas.

A la medida del gran capital

Uno de los puntos más esperados por los capitalistas era la reforma impositiva. El plan anunciado por Macri reduce los impuestos que tributa el capital. Esto vale para la reducción de los aportes patronales a la Anses, pues se establecerá que las patronales no paguen hasta los primeros 10.000 pesos de cada salario. Otro beneficio directo al capital será la reducción del impuesto a las Ganancias, con sólo declarar que se reinvierten utilidades. Mediante una apretada a las provincias, el gobierno apunta a una reducción del pago de Ingresos Brutos por parte de las empresas, que buscará ser compensado con impuestazos a la vivienda y otros ajustes (despidos de estatales).
Para disimular este enorme beneficio al capital el gobierno anunció impuestos a la renta financiera, que bien vistos terminarán perjudicando a los sectores medios en detrimento de los bancos y grandes especuladores. No sólo queda excluído de todo impuesto la compra de títulos públicos por parte de extranjeros y la compra y venta de acciones en la Bolsa local. Tampoco tributarán los Fondos Comunes de Inversión (FCI) que manejan los bancos. En cualquier variante, la recaudación que pueda obtenerse por esta renta financiera está muy lejos de compensar lo que dejará de percibirse por la rebaja de otros impuestos. De este modo, tendremos un agravamiento del déficit fiscal y una necesidad de mayor endeudamiento. El ´gradualismo´, que el gobierno alega para justificar la toma de casi 100.000 millones de dólares de deuda en lo que va de su mandato, encubre que el endeudamiento apunta a resarcir al gran capital a costa del saqueo del Estado, ya sea a través de los subsidios que siguen embolsando mientras imponen tarifazos, o mediante la reducción de los impuestos vigentes.

Disparen contra los jubilados...

La reducción de los aportes patronales a la ANSES tiene como contraparte necesaria la aplicación de una reforma previsional que afectará sensiblemente las conquistas de los trabajadores y jubilados. Esta ofensiva comienza con un cambio en la composición de la llamada “movilidad”, que pasará a depender de los índices de inflación y no –como hasta ahora- de la combinación que resulta del aumento de salarios y de la recaudación impositiva. El índice armado por el kirchnerismo partía de un principio negativo, ya que descargaba la crisis sobre las espaldas de los jubilados.
Fue lo que sucedió en el 2016, cuando la reducción de los salarios y la recaudación significó para los jubilados una pérdida de unos 10 puntos en sus haberes. Ahora, ante la previsión de un rebote de la economía –y de la recaudación- el índice se limita a registrar la inflación, convalidando la confiscación sufrida en el 2016. Gracias a esta modificación se le sustraerá a los jubilados 100.000 millones de pesos durante el año que viene
La movilidad basada en la inflación equivale a un congelamiento de las actuales jubilaciones, el 75% de las cuales no llegan a cubrir la canasta básica del jubilado. Pero la reducción de impuestos que reclaman los capitalistas ni siquiera permitirá hacer frente a estas jubilaciones de miseria. Por eso, Macri prepara una suba de la edad jubilatoria.
También ha trascendido que está en carpeta la vuelta de las AFPJs, bajo la forma de un aporte y un haber complementario para los trabajadores de mayores ingresos.

... y los trabajadores

Pero el capítulo principal del paquetazo es la reforma laboral, que no tiene nada que envidiarle a la brasilera: se eliminarán horas extras para adaptar la jornada de trabajo a las necesidades estacionales de las empresas; se introduce la polifuncionalidad, permitiendo a las patronales pisotear los convenios; se reducirán las indemnizaciones habilitando -como en Brasil- a que éstas sean financiadas por los propios trabajadores; se avanza aún más en la tercerización, eliminando la responsabilidad del empleador principal; se legaliza un régimen de pasantías descalificadas, que pasarán a formar parte de los convenios colectivos como categoría ultra-flexibilizada.
El gobierno presenta al abaratamiento del despido como una política favorable a la creación de empleo, omitiendo que en los 90´ la entrega de conquistas laborales no evitó -sino que posibilitó- una desocupación récord de 4 millones de personas.

Oposición cómplice

No sólo los empresarios dieron su conformidad a estas medidas. Los gobernadores pejotistas hicieron lo propio, asegurando los votos de sus senadores para avanzar en la aprobación de la parte de este paquetazo que requiera pasar por el Congreso. Pero la pieza fundamental llamada a garantizar el avance de esta política es la burocracia sindical, que concurrió con sus principales exponentes al cónclave macrista. Aun antes de que la reforma laboral pase por el Congreso la burocracia la está aplicando en sus respectivos gremios. Esto incluye a los sectores del kirchnerismo, como lo prueba el acuerdo flexibilizador suscripto por Atilra con la patronal lechera. La directiva de Atilra está enrolada en la Corriente Federal kirchnerista que encabeza Sergio Palazzo, de la Bancaria. Esta entregada del kirchnerismo tiene su manifestación en otros planos. No sólo la propia Alicia Kirchner estuvo presente junto a los gobernadores del PJ en la reunión con Macri. La renuncia de Gils Carbó a la Procuración General, sin la menor denuncia respecto del asedio oficial, es la expresión más acentuada de la incapacidad del kirchnerismo de levantarse como oposición al macrismo.
A cambio de la entrega de la clase obrera a la ofensiva capitalista, la burocracia quiere obtener una defensa de sus propios privilegios. En ese sentido debe entenderse el cuestionamiento de Macri a los sindicatos simplemente inscriptos, que ponen en cuestión el unicato de la burocracia sindical.

Que intervengan los trabajadores

La premura del gobierno en lanzar este plan de guerra revela que es conciente de que su triunfo puede tener características efímeras. La amplitud de la alianza antiobrera que se ha formado muestra que el destino del gobierno depende de que pueda imponerle a los trabajadores una derrota histórica.
Es necesaria, por lo tanto, una campaña de denuncia de este paquete reaccionario, reclamando en primer lugar asambleas en todos los sindicatos para que ningún convenio se pueda firmar sin la aprobación de los trabajadores. El activismo debe tomar la iniciativa de convocar plenarios en cada zona, reunir fuerzas para la pelea en los sindicatos y apoyar a los conflictos que se desarrollen.
El necesario tratamiento parlamentario que requiere este paquete reaccionario y negrero planteará la necesidad de una respuesta de conjunto. Es necesario preparar desde ahora una movilización general, por medio de la agitación y la organización. Los sindicatos combativos que vienen de realizar una movilización al Ministerio de Trabajo contra la reforma laboral están llamados a tomar una nueva iniciativa, involucrando a más sectores del movimiento obrero, pero también de la juventud ante el ataque de Macri a la educación y la universidad pública, de organizaciones de jubilados y populares en general.
Llamamos al Frente de Izquierda a valerse de la votación obtenida para realizar una campaña de esclarecimiento ante el conjunto de la población y sobre todo ante el sector más activo de la clase obrera y la juventud.

Gabriel Solano

Derrotamos el intento de fraude en Libertador

Victoria del Frente de Izquierda en las barbas de Blaquier.

Con la apertura de las dos urnas cuestionadas en la elección, se constató la votación por la lista del FIT donde en las planillas oficiales figuraba 0 votos. En la urna 1270, la lista del FIT obtuvo 37 votos y en la urna 1379, 11 votos. Con este resultado se supera al radicalismo, que en el escrutinio definitivo anunciado por la junta electoral figuraba ganando por 2 votos, 4889 a 4887.

Un triunfo popular

Frente a la enorme repercusión que tuvo la denuncia de fraude en los medios y entre la población, que se preparaba para una masiva movilización contra el fraude, el gobernador Morales salió a pedir la apertura de las urnas, hasta ese momento negada por la justicia. Luego de la apertura y de la constatación de la maniobra, el juez federal Cardozo atribuyó a "un error humano" el fallo en el registro de los certificados de escrutinio de las autoridades de mesa.
Para arrancar la apertura de las urnas cuestionadas, el FIT tuvo que hacer la denuncia correspondiente e ir a los medios, convocó una conferencia de prensa y una movilización el día lunes 30 de octubre en Libertador. Vinieron a acompañar el reclamo y la movilización Nicolás Del Caño, electo diputado nacional por el FIT en la provincia de Buenos Aires, y Julio Quintana, diputado provincial por el Partido Obrero-FIT de Salta y dirigente nacional del PO, además de los referentes locales. También se han manifestado en contra del fraude y por el reconocimiento del triunfo del Frente de Izquierda organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, el sindicato de obreros azucareros de Ledesma y cientos de vecinos de la ciudad de Libertador y de la provincia.
No es casual que este intento de fraude se produzca en la tierra de Blaquier, quien se ha servido de los diferentes gobiernos para defender sus intereses e incrementar su imperio.
Este triunfo es un gran impulso para todos los trabajadores, especialmente para los obreros de Ledesma y el triunfo de su reclamo por un aumento salarial, y también por el reconocimiento de las elecciones sindicales, el primer fraude a la manifestación popular que se realizó en Libertador, cuando el Ministerio de Trabajo pretendió primero desconocer el llamado a elecciones del sindicato y luego el triunfo de la lista Gris, que encabezó la enorme huelga de más de 20 días contra un aumento salarial por debajo de acordado en el sector.
Todavía falta la oficialización del tribunal electoral permanente de la provincia, pero ya podemos asegurar un triunfo de las listas del FIT y la consagración de dos concejales en Libertador.

Iñaki Aldasoro

Absolución a delegados de Perfil: gran victoria contra una ofensiva antiobrera y antisindical



Resultado de una larga lucha.

El fallo absolutorio de los compañeros de la Editorial Perfil –entre ellos la totalidad de los integrantes de la Comisión Interna- es una enorme victoria de la lucha de los trabajadores de prensa, que fue acompañada, a lo largo de los cuatro años que duró la causa judicial, por amplios sectores democráticos, sindicales combativos, políticos y de los derechos humanos.
Los compañeros habían sido acusados de “atentar contra la libertad de prensa” y por “haber impedido la salida de las publicaciones de Perfil de la planta de impresión de la empresa”. Esto, en el marco de un paro de actividades realizado a fines del 2013, para reclamar la reincorporación de compañeros despedidos. Se trataba de dejar establecido que era penable cualquier demora que una medida de fuerza pudiera ocasionar en la salida o distribución de una publicación o emisión periodística. Y, en consecuencia, dejar abierto el pedido de desafuero y posterior despido, en el caso de los delegados, y el despido directo en el caso de los que no lo son.
El proceso acusatorio, llevado adelante “de oficio” por la fiscalía, ante una denuncia de la patronal, tuvo una enorme repercusión porque pretendía bloquear toda posibilidad de lucha y hasta de organización gremial en el gremio de prensa.
La decisión de actuar por propia iniciativa y la saña puesta en juego por el fiscal a lo largo del juicio, dieron cuenta de que se trataba de sentar jurisprudencia contra la lucha obrera y en beneficio de todas las patronales de prensa, en una etapa de concentración de estas en grandes monopolios.
Que esto era así lo dio cuenta el diario Clarín, que en su edición de hoy publicó una nota donde transcribe y adhiere al reclamo de la cámara patronal (Adepa) de que los compañeros fueran condenados porque habrían cometido el delito de “ataque a la libertad de expresión”.
Los aplausos y los cánticos de alegría y de triunfo, que comenzaron en la sala de audiencias y se extendieron por los pasillos del edificio judicial al darse a conocer la sentencia, fueron la respuesta a este intento de avasallamiento a la lucha y la organización de los trabajadores. También fue un desahogo de la tensión acumulada a lo largo de los cuatro días del juicio oral.
En la sala -donde no quedaba una sola butaca vacía- había una mayoría de trabajadores de prensa, entre ellos directivos del sindicato de Prensa (Sipreba), de la Federación Nacional de Trabajadores de Prensa, acompañados por otros dirigentes sindicales y políticos, entre ellos los legisladores porteños Gabriel Solano y Marcelo Ramal y el diputado nacional Néstor Pitrola.
El fiscal, que pidió en dos oportunidades sendas postergaciones de la fecha para hacer su alegato, mostró la inconsistencia de sus argumentos y debió recurrir a la tergiversación de testimonios y a asentar su argumentación, básicamente, en los dichos de los altos directivos de la empresa que pasaron por el tribunal.
Su endeblez era tal que se vio obligado a pedir la pena mínima de un mes y medio de prisión en suspenso para los seis compañeros, con cínicas argumentaciones de reconocimiento a la “importante labor, ad honorem, que realizan desde hace años estos delegados en defensa de sus compañeros”. Es que el objetivo central de su ataque consistía en lograr la culpabilidad de los compañeros, y no importaba centralmente la duración de la pena.
Los alegatos de la defensa fueron contundentes. Desarmaron uno por uno los planteos del fiscal y las intenciones persecutorias que se escondían detrás de su incriminación a los compañeros.
Claudia Ferrero, una de las abogadas, destacó que el fiscal pretendía que se identificara el ataque a la libertad de prensa con el perjuicio del interés material empresario. “Pero justamente –dijo– esa es la consecuencia natural de cualquier medida de fuerza masiva de los trabajadores, que se afecte el normal funcionamiento de la actividad empresaria”.
Además, no son las patronales sino los trabajadores los que sufren diariamente la censura por parte de las empresas, cuando se ven impedidos de exponer con libertad sus ideas en los medios donde trabajan si estas no coinciden o no colisionan con los de la empresa propietaria.
Y solo en situaciones excepcionales ha sucedido lo contrario. Por ejemplo cuando, a mediados de 1987, los trabajadores de Clarín, La Nación, Crónica, La Prensa y Ámbito Financiero se levantaron contra la decisión de sus patronales de publicar una solicitada a favor del dictador Jorge Rafael Videla y lograron evitar que apareciera.
Ferrero denunció la patraña del fiscal de colocar como “testigos imparciales” a quienes ocupan los más altos cargos directivos en la empresa, a lo que debió recurrir porque hasta los efectivos policiales que actuaron entonces y que fueron aportados como testigos por la fiscalía, declararon que en el momento del conflicto no habían constatado delito alguno.
A su vez, el otro abogado de la defensa, Fernando Gómez, destacó que si se hablaba de delitos, el más flagrante en esos días lo había cometido la empresa con el despido de un miembro de la Junta Electoral en el mismo momento que se realizaban elecciones de delegados, señalando que era la patronal entonces la que debía estar en el banquillo de los acusados.
La lucha de los compañeros dio como resultado este triunfo de enorme trascendencia para todos los trabajadores de prensa, ya que desbarató el intento de criminalizar la protesta gremial, de convertir la lucha por la defensa de los intereses de los trabajadores en un delito penal y liquidó este ataque antiobrero, en defensa de la organización sindical y de los derechos de huelga y protesta.
Como destacó Rubén Schofrin, delegado de Perfil y secretario adjunto del Sipreba, “se trató de un ataque a fondo no solo contra los trabajadores de Perfil sino contra la organización del conjunto de los trabajadores de prensa del país” ya que “sería como retroceder al siglo XIX en cuanto a la posibilidad de defensa de los derechos de los trabajadores”.
Un importante triunfo de los trabajadores en el marco de la ofensiva macrista de liquidar derechos sindicales y las organizaciones sindicales de lucha de los trabajadores, a la cual el fiscal apuntalaba con su ataque antiobrero.

Nelson Marinelli

Otra operación de La Nación: Telefónica confirma que el llamado a Santiago Maldonado del 2 de agosto existió



Fue realizado un día después de la represión y fue atendido durante 23 segundos. El diario de los Mitre publicó una falsa información contraria.

Finalmente se conocieron los resultados de los pedidos de informes realizados a las compañías telefónicas para confirmar la realización de la llamada de Ariel Garzi al celular chileno de Santiago Maldonado un día después de que se desatara la represión a los manifestantes que cortaban la ruta 40 en Cushamen, Chubut, y que fuera la última vez que se vio con vida al joven hace tres meses.
José Luis Pérez Elías, apoderado de Telefónica Móviles Argentina S.A., responde a los requerimientos de la justicia y dice que, ante la pregunta sobre si la llamada podría registrarse como recibida cuando en realidad sólo podría ser una conexión entre antenas, que el ticket de 23 segundos indica que la llamada sí existió. Garzi había dicho que escuchaba el sonido de un lugar cerrado y que se escuchaban pasos, por eso la justicia pregunta si se podría deber a un acople del teléfono emisor de la llamada. Pérez Elías dice que les resulta imposible determinar el origen del posible acople. Y dice: “Se trata de una llamada exitosa (b contesta) con una duración total desde que es atendida de 23 segundos”.
Los resultados son contundentes. Esto no impidió que el diario La Nación y otros medios de comunicación se plegaran a una operación de prensa en la que se informa lo contrario a lo que indica el apoderado de Telefónica y que los llevó a asegurar que la llamada de Ariel Garzi no existió jamás.
El especialista Ariel Garbarz explicó que, según surge de las consultas a Chile, la llamada fue recepcionada por antenas argentinas y, por lo tanto, esa información no podría ser brindada por la compañía trasandina.
El operativo de encubrimiento impulsado desde el Estado, que busca proteger a Patricia Bullrich, al coordinador de la represión y funcionario Pablo Noceti y a la Gendarmería Nacional, es realizada por medios que han preferido esquivar la verdad con el fin de complacer a gobierno.
Más que nunca se debe reclamar que se sepa qué pasó con Santiago Maldonado y que los culpables de su muerte, que se produjo como resultado de la represión de la Gendarmería, y sus mandantes políticos asuman su responsabilidad.

Antonia Torrebruna

Etchevehere, el ministro de la Sociedad Rural



Un nombramiento que corona dos años de superbeneficios al capital agrario. Denuncias por reducción a la servidumbre y maniobras fraudulentas.

“No se sabe a ciencia cierta, pero los trascendidos de por qué Macri finalmente aceptó en el cargo a Buryaile al asumir en diciembre de 2015 son varios. Uno indica que uno de sus asesores más fuertes le indicó que elegir a [Luis Miguel] Etchevehere no era conveniente políticamente en el arranque de su gestión, debido a la imagen negativa que la Sociedad Rural tiene en algunos sectores (…) Ahora, con el espaldarazo político que significó el triunfo en las elecciones legislativas, Macri parece que finalmente eligió al ministro que siempre quiso en Agroindustria”
Sin afán de sutilezas, La Voz del Interior caracteriza de este modo la designación del nuevo ministro de Macri. La designación grafica que el Estado es un comité administrativo de negocios de la burguesía, como dijera Marx. Al prescindir de la intermediación de la "casta política" y nombrar a capitalistas en la gestión ministerial directa de sus propios intereses, por otra parte, el gobierno contribuye sin quererlo a que se visualice más nítidamente la naturaleza de clase del poder estatal.
El partido de gobierno, al que escándalos como los del Correo Argentino y los Panamá Papers no le han impedido embanderarse como un miliciano anticorrupción, tampoco se sintió molesto por la causa que pesa sobre Luis Miguel Etchevehere por “reducción a la servidumbre” de varios de sus empleados, o por la que lo investiga por haber recibido 900.000 pesos del Banco Nación mediante una maniobra fraudulenta.
Lo cierto es que la colocación del terrateniente entrerriano al frente de la cartera viene a coronar dos años de gobierno dedicados sistemáticamente al beneficio de las patronales agrarias.
Durante los mismos, el macrismo ha procedido a la eliminación del conjunto de las retenciones al agro (salvando la soja, que bajó del 35% al 30% y que a partir de enero próximo se beneficiará de sucesivas reducciones mensuales). También a una importante devaluación, que al tiempo que redujo los salarios reales hizo las mieles de los agroexportadores.
Etchevehere tendrá como tarea avanzar en un camino que viene recorriendo como lobbysta patronal, que es el de la creciente superexplotación laboral en el sector –ya de por sí marcado por salarios de miseria, el trabajo no registrado y el trabajo infantil.
En julio fue firmante, junto con la ‘mafia gremial’ macrista de Uatre, de un “acuerdo de competitividad” que apuntaba a fondo contra los derechos de los peones rurales, al punto de consagrar por escrito labores demoledoras y extenuantes –entre otros ejemplos, con la eliminación de un tope máximo de peso de carga para los cosechadores de arándano, o sumando horas de trabajo nocturnas en el sector avícola. En tal oportunidad, los pedidos de la burguesía del sector de ir “más a fondo” daban cuenta de que el acuerdo era apenas una hoja de ruta, hacia la eliminación de cualquier barrera en la explotación del trabajo rural.
Que Etchevehere será el ministro de la reforma laboral negrera en el campo también lo dejó en claro la salida de su antecesor Ricardo Buryaile por la puerta grande: el último gesto del radical, que parte ahora como embajador de la Unión Europea, fue participar de la firma del nuevo convenio lechero, que por su liquidación de conquistas históricas de los trabajadores ha sido referido como un modelo por el conjunto de las patronales.
La Rural tiene sus socios también en los gobernadores (peronistas o socialistas, como en el caso de Santa Fe). Y supo hacer fabulosos negocios durante la "década ganada" kirchnerista (pese al altercado de la 125), durante la que se expandió a todo vapor la frontera sojera.
Y en la burocracia de la Uatre, que ha hecho de la entrega de las conquistas de los trabajadores rurales su línea de conducta. Por eso el "Momo" Venegas fue despedido con honores por los empresarios del campo.
Para enfrentar al gobierno de la Sociedad Rural, impulsamos la organización independiente de los trabajadores del campo y la ciudad, uniendo la defensa de sus reivindicaciones elementales a un programa de desarrollo y transformación integral del país.

Tomás Eps (@tomaseps)

Juicio a los delegados de Perfil: "Se intenta criminalizar la protesta social"



Los trabajadores del gremio de Prensa en forma masiva y una gran cantidad de conocidos periodistas -entre ellos, Ernesto Tenenbaum, Gustavo Sylvestre, Alfredo Leuco y Víctor Hugo Morales- se han manifestado públicamente en reclamo de la absolución de los periodistas de la Editorial Perfil –incluida su Comisión Interna-, llevados a juicio oral bajo el cargo de atentar contra la libertad de prensa, por haber realizado un paro contra los despidos que realizó la patronal el día de la elección de delegados en la empresa.

El emocionante discurso de Sergio Maldonado por los tres meses sin Santiago

"A tres meses, hay una impunidad total del gobierno"



A tres meses, 120 mil personas se movilizaron por Santiago Maldonado. Las más de ciento veinte mil voces presentes en la Plaza de Mayo a tres meses de la desaparición de Santiago Maldonado, coreaban fuerte las consignas de la convocatoria: “Justicia por Santiago”, “El gobierno es responsable”, “Fuera Bullrich”. La movilización se replicó en numerosísimos puntos del país, como se reseñó en el palco.

miércoles, 1 de noviembre de 2017

Anuncios de Macri // Néstor Pitrola en Crónica



El dirigente del Partido Obrero, Néstor Pitrola, estuvo debatiendo sobre los nuevos anuncios que hizo el día lunes el presidente Macri

La Asamblea Constituyente del 57 y el Artículo 14 bis



Asamblea Constituyente de 1957. A la derecha el socialista Alfredo Palacios

El 25 de octubre de 1957 se sancionaba el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional, y tiene su historia.

Situación política, ecónomica y social hacia 1957

Pasados dos años del golpe del 55, la situación de los partidos políticos, mostraba al peronismo prohibido, proscrito y reprimido, con muchos de sus dirigentes y militantes presos o en el exilio. Dentro del radicalismo, la unidad ideológica no era demasiado sólida, lo que llevaría a la fractura, dividiéndose en la Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI) y la Unión Cívica Radical del Pueblo (UCRP).

El golpe de Estado de 1955

Por el Decreto 3.838, del 12 de abril de 1957, el gobierno dictatorial de la autodenominada Revolución Libertadora declaró necesario considerar la reforma parcial de la Constitución de 1853, con las reformas de 1860, 1866 y 1898. Para tal fin, se llamó a elecciones de representantes para una Convención Constituyente, conforme al sistema electoral de representación proporcional.
El Interventor de la CGT, Capitán de Navío Alberto Patrón Laplacette dirigió el 1º de mayo en 1956 un mensaje radial para todo el país, en el cual fijó los objetivos de los golpistas frente al mundo sindical, afirmando que “Todos sabemos por qué fue intervenida la CGT. Triunfante la Revolución que por ser pura, tal vez demasiado ingenua, los dirigentes sindicales que medraron al amparo del régimen depuesto, esos dirigentes, llenos de culpas y de dinero mal habido, arrastran a sus compañeros a una huelga general política. Esa huelga que nació muerta, que no tuvo calor popular, que podía haber perturbado aún más la marcha del país, ya exhausto por diez años de saqueos, originó, como digo, la intervención de la central obrera y sus organismos”. Después de destacar el apoyo de las FF.AA a “la acción de los trabajadores”, manifestó “que no se interprete torcidamente, no se ha pretendido suplantar a los trabajadores de las direcciones de sus organizaciones, pero entiéndase bien: a los trabajadores. Hemos sustituido sí a quienes titulándose trabajadores, los vendían ignominiosamente”.
Luego expresó: “De esta experiencia los gremios saldrán renovados, con nueva vida, difundidas, con un nuevo espíritu: trabajar por sus derechos y conquistas sindicales, sin intervenir en la política y sin sometimiento de ninguna especie de ningún partido y menos aún de ningún hombre. Los trabajadores deben saber elegir bien por la experiencia y por la libertad de que gozan, porque no tendrán ambiciones políticas ni estarán atados al carro de ningún tirano. Además, en las próximas elecciones en los sindicatos sabrán elegir bien, porque se cuidaran de los comunistas como siempre lo han hecho. Los comunistas no construyen, destruyen. Felizmente son pocos, pero desgraciadamente están organizados. Ellos hacen huelgas con cualquier motivo, no tienen problemas, sus salarios perdidos le son abonados y no precisamente por los patrones. A esa gente que no cree en el país, que basa sus inspiraciones en regímenes extraños, repudiados por todos los hombres libres, no hay que seguirlos”.
Fueron varias las medidas adoptadas por los trabajadores contra los atropellos y la mano dura de las patronales, como el boicot, trabajo a desgano, sabotajes, incluso la huelga. De las fábricas a los barrios obreros, se fue extendiendo una red de solidaridades anónimas, ayudando y colaborando con los cientos de detenidos y perseguidos.
Las comisiones internas fueron las más agredidas, pero fueron reemplazadas y desde la clandestinidad tomaron en sus manos las respuestas obreras.
Las luchas salariales de fines de 1956 ayudaron a consolidar el movimiento de oposición. Se fueron dando paros de los trabajadores de los gremios metalúrgicos, construcción, calzados, gráficos, textiles, carne. Por otra parte, surgieron diferencias y oposiciones entre viejos y nuevos líderes sindicales. Entre estos últimos estaban Vandor, Gazzera, Olmos.
A partir de la aplicación del Plan Prebisch, la carestía aumentaba mes a mes. Desde enero, 3000 obreros y obreras de la empresa Philips durante varias jornadas reclamaron el reconocimiento de los delegados y la comisión interna. Se sumaron al conflicto los obreros de Siam, Piazza, Siambreta.
Las luchas se extendieron a los obreros de la construcción de Mar del Plata, al frigorífico La Negra, del caucho, textiles, bancarios que reclamaban el reconocimiento de sus representantes, levantamiento de las intervenciones y aumentos salariales. Los bancarios lograron una “ayuda de emergencia” de $400 mensuales para el periodo de diciembre de 1955 a febrero de 1956. Además el gobierno, a mediados de febrero, decretó un sueldo mínimo de $1120 y un aumento del 10% sobre los sueldos que excedieran el mínimo.
Para finales de marzo, los golpistas decretaron que habría elecciones de delegados a las comisiones paritarias para discutir los convenios colectivos de trabajo, que se realizarían bajo el control de las intervenciones militares. El decreto encerraba una serie de medidas discriminatorias, de exclusiones, tramposas, carentes de elementales normas de democracia. Entre las instrucciones del interventor de la CGT podemos mencionar que no podían ser electos los obreros menores de 25 años, ni los extranjeros, y tampoco los que estaban “comprendidos en las inhabilitaciones para ejercer la representatividad gremial”, los peronistas y comunistas. Por esos motivos los comicios estuvieron viciados de una serie de irregularidades, lo mismo sucedió con las comisiones paritarias en las discusiones de los respectivos convenios.
El presidente provisional en su discurso del 1º de Mayo anunció que en un lapso de 150 días todo quedaría normalizado, pero pasaron luego varios meses antes de que se concretaran. Posteriormente las elecciones se realizaron con una serie de irregularidades.
Durante los últimos tres meses del año volvieron con intensidad los conflictos. A fines de octubre, el gremio textil realizó un paro de 24 horas, que obligó al Ministerio de Trabajo a convocar al Comité de Huelga, y posteriormente se desató una violenta represión con allanamientos de domicilios, persecuciones, detenciones y despidos en las grandes empresas. En noviembre se sumaron los bancarios y los telefónicos por salarios, siendo intervenido el sindicato. Finalmente lo hicieron los trabajadores ferroviarios, construcción, transporte automotor, del tabaco, de la carne, gráficos, metalúrgicos.
Todas esas luchas dejaron una gran experiencia en el movimiento obrero, a pesar de las modestas conquistas logradas.
Un sector del movimiento obrero, a comienzos de 1957, creó la “Comisión Intersindical de Gremios Normalizados”, que decidió para el 1º de mayo realizar en todo el país actos públicos. En Rosario, la asamblea sindical se hizo bajo el lema “Por una Central Única, la CGT, y su inmediata entrega a los trabajadores”, con estos reclamos: “Por la defensa y autonomía de las delegaciones regionales del Ministerio de Trabajo, Por un solo sindicato por industria, Contra la carestía de la vida, Por la fijación de precios máximos, Por el salario vital, mínimo y móvil, Por la inmediata libertad de todos los presos gremiales sin causas ni procesos, Por la derogación de la Ley de Residencia 4144, Por el levantamiento del estado de sitio, Por la derogación de los decretos de prórroga de los convenios y pago de la retroactividad, Por el levantamiento de las inhibiciones, Por la derogación de todos los decretos represivos”.
Un Plenario Nacional de la Comisión Intersindical convoca a un paro general para el 12 de julio, que fue todo un éxito, y obligó al gobierno provisional a liberar a la mayoría de los presos gremiales y políticos, levantar el estado de sitio y conceder algunas mejoras, como el salario familiar.
Para esa época, existían cuatro agrupamientos obreros, la CGT Única Intransigente, el Comando Sindical, la CGT Negra, y la CGT. En julio se unificaron en la CGT Auténtica, cuyo secretario general fue Andrés Framini.
Luego de las elecciones de convencionales para reformar la constitución del 53, la disputa pasó al plano sindical. El 1° de septiembre de 1957, el diario La Prensa tituló “Estallaron bombas en varios sitios de esta ciudad”, informando que los hechos habían sucedido en los baños de los cines Metropolitan, Sarmiento y Luxor, en un subte de la línea B cuando salía de la estación Carlos Pellegrini, en vías del Ferrocarril Mitre entre las calles Cramer y Arredondo, interrumpiendo el servicio, y en un subte al llegar a la estación Río de Janeiro. En ninguno de los casos se informaron sobre víctimas.
Durante la campaña electoral, la UCRP puntualizo especialmente que “la UCR, era la de siempre, la de Alem e Yrigoyen, donde militan hombres como Balbín, Zavala Ortiz, Larralde, Sabattini” y sostenía los siguientes principios: Libertad Sindical, Reforma Agraria, para que el Agricultor sea Dueño de la Tierra, Defensa de la Libertad y Seguridad del Trabajador Argentino, Derecho de Huelga, Código Nacional del Trabajo, Limitación de las facultades del Presidente de la República, Defensa de YPF y del Petróleo Argentino.
Las elecciones se realizaron el último domingo de julio de 1957. Con el peronismo proscrito, éste votó en blanco.

EN BLANCO 2.1115.861VOTOS
UCR DEL PUEBLO 2.106.524 VOTOS
UCR INTRANSIGENTE 1.847.603 VOTOS
SOCIALISTAS 525.721 VOTOS
DEMOCRISTIANOS 420.606 VOTOS
PARTIDOS DE CENTRO 47.695 VOTOS
DEMÓCRATAS 269.089 VOTOS
DEMÓCRATAS PROGRESISTAS 263.915 VOTOS
COMUNISTAS 228.451 VOTOS

A pesar de este resultado, por la aplicación del sistema D` Hont, de representación proporcional, la UCRP obtuvo 75 bancas en la convención y la UCRI 77. Por el rechazo de la reforma estaban la UCRI, Unión Federal y el Partido Laborista: 80 convencionales, en favor los demás partidos: 123 delegados.
El Partido Comunista obtuvo tres bancas, que fueron ocupadas por Rodolfo Ghioldi, Pedro Tadioli e Irma Othar.
Al comenzar las sesiones plantearon la nulidad de la Convención, por parte de la UCRI lo hicieron Oscar Alende, Oscar López Serrot, pero también lo hicieron otras fuerzas como el Partido Laborista -Cipriano Reyes, Ricardo Ovando-, el Partido de los Trabajadores: Juan C. Deghi y la Unión Federal: Enrique Ariotti.
Básicamente se denunciaba al gobierno de facto sin facultades para derogar una Constitución, declarar la necesidad de la reforma constitucional e impedir la participación del peronismo. Denunciaron que el verdadero objetivo de la Convención era convalidar el retorno a la Constitución de 1853 y eliminar definitivamente los derechos sociales y económicos establecidos por la Constitución de 1949.
La UCRP, el Partido Socialista (Alfredo Palacios, Nicolás Repeto, Américo Ghioldi, Teodoro Bronzini), el Demócrata Progresista, Demócrata Cristiano y los Conservadores (Luis M. Otero Monsegur, y Emilio Hardoy), votaron a favor de la legalidad de la Convención Constituyente.
Pero además, aún dentro de la UCRP existían divisiones: Por un lado, los unionistas, liderados por Miguel Ángel Zavala Ortiz, máximo favorito de los fusiladores para la sucesión de Aramburu, luego fue canciller de Illia, y donde militaban Perette, Sammartino –aquel del aluvión zoológico-, Tamborini, Mosca, Mor Roig; por otro, los sabbatinistas, conducidos por el cordobés Amadeo Sabattini, representaban el residual sector de centroizquierda nacional y popular del partido –un poco herederos del yrigoyenismo, no tan lejanos a Perón, Sabattini hasta recibió la propuesta de ser vice en 1946-; y, por último, el sector de Balbín, con una postura intermedia entre ambos, abiertamente antiperonistas como los unionistas, pero no del todo renuentes al legado social del texto de 1949.
En esas circunstancias las 62 Organizaciones, resolvieron un paro general de 48 hs para los días 22 y 23 de octubre. El ejército rodeo las fábricas y patrullo las calles, los soldados fueron instruidos en el manejo de los tranvías, y se intervinieron el Sindicato Gastronómico de la Capital Federal, la Unión Tranviarios Automotor, ATE, y la Federación Aceitera, y varios sindicatos fueron allanados. Profusos carteles murales y una campaña por radio y TV pretendieron tergiversar los motivos de la huelga y difamar a sus dirigentes. El paro fue total.
Después del paro, las 62 Organizaciones emitieron una declaración en la que señalaron el éxito del paro, denunciaron la responsabilidad del gobierno por su negativa a satisfacer los reclamos obreros, se pronunciaron contra todo nuevo golpe de Estado y reiteraron el petitorio que motivo la lucha: 1) aumento general de emergencia para hacer frente a la carestía de la vida; 2)libertad inmediata de todos los presos gremiales y levantamiento del estado de sitio; 3) derogación de los decretos 824 y 10.596, de prórroga de los convenios y reglamentación de huelgas, más los siete decretos de “incentivación de trabajo” que anulan las conquistas obreras; 4)solución de los conflictos de los gremios de telefónicos, telegrafistas y vestido; 5) reanudación del congreso de la CGT.

Se sanciona el artículo 14 bis

Tras el retiro de la Constituyente de los diputados de la UCRI, se hizo difícil mantener el quórum. Crisólogo Llarralde, entonces presidente de la UCRP, debió realizar más de un viaje a Santa Fe para lograr que al menos se votase el Artículo 14 bis.
En la elaboración de dicho artículo, tuvo un papel destacado el convencional entrerriano Luis María Jaureguiberry, de la UCRP, quien en el debate definió la iniciativa como una transacción de contenido histórico entre los que querían mantener la intangibilidad de la Carta Magna del ‘53 en su redacción y los que deseábamos colocarnos en nuevos tiempos para no marchar a la zaga en principios de avanzada social.
El Artículo 14 bis, contiene tres tipos de derechos. En el primer párrafo, contiene los derechos personales del trabajador en relación de dependencia; en el segundo, reconoce los derechos colectivos del trabajo, propios de las asociaciones gremiales y, finalmente, otorga los derechos de la seguridad social atribuidos a la persona, sean trabajadores en relación de dependencia o no, y a la familia.
Plantea que: “El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial”.
“Queda garantizado a los gremios concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo”.
“El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna”.
El Dr. Horacio Zamboni, dijo en el 2010, en su discurso en el Primer Plenario de Delegados de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines, sobre uno de los puntos fundamentales de dicho artículo “¿En qué consiste el Salario Mínimo Vital y Móvil, y desde cuándo se plantea? Se lo hace desde el siglo XIX, y como una defensa sobre todo, y esto lo sigue siendo hoy, para los trabajadores que no están sindicalizados. Porque no tienen modo de defenderse. Entonces, la Ley dice, que independientemente de lo que pacten los contratos individuales, las relaciones de dependencia, porque vamos a ser claros compañeros, en medio del campo el peón no está en condiciones de discutir con el patrón, y decirle “quiero 5 pesos más”. Lo manda a la calle con la familia”.
“Entonces, esta Ley, que no se establece por primera vez acá, sino en Australia, a fines del siglo XIX, por razones distintas, porque en el campo no pagaban los salarios, entonces nadie se iba al campo, y el gobierno lo estable-ció”.
“El Salario Mínimo Vital, lo de Móvil viene después con la inflación, cuando pierde valor la moneda. Vamos a tener que ver esto, porque hay un proceso inflacionario, tenemos que discutir si este proceso va a ser hiper-inflacionario, si la inflación va a ser muy grande. El convenio colectivo vigente tiene la Comisión Salarial Permanente para este tipo de casos. Y alguna vez se han reajustado cuando los salarios eran, lamentablemente, muy bajos”.
¿Cómo define el Decreto 33.302 de 1945 el Salario Mínimo Vital? “Salario vital mínimo es la remuneración del trabajo que permite asegurar en cada zona, al empleado y obrero y a su familia, alimentación adecuada, vivienda higiénica, vestuario, educación de los hijos, asistencia sanitaria, transporte o movilidad, previsión, vacaciones y recreaciones".
“Esto debe ser estimado por un sistema que fija el Decreto. Y acá la realidad fue más rica que esta reivindicación que es anterior al peronismo, pero que se concreta en el programa político del peronismo, en el ‘45 y en el ‘46. Aunque ya dije, en el sindicalismo el Salario Mínimo Vital se reclama desde el siglo XIX. ¿Cómo se determina esto? Se determina por un Consejo que crea el propio Decreto, que además es zonal, porque el costo de vida es distinto. Por ejemplo, no es lo mismo Capital Federal, Formosa, el Chaco, o las zonas del sur. Se define que debe cubrir todo eso. En vez, en Argentina cuando se ha sometido a la negociación salarial, terminó violando sistemáticamente este principio, que está consagrado en el Artículo 14 bis de la Constitución, sobre todo a partir del ‘76 y durante la era menemista. ¿Por qué? ¿Qué es lo que impuso? Se impuso la teoría contraria a esto, la teoría primitiva, del capitalismo primitivo, la del patrón de estancia, la del dueño de las fábricas, la de la omnipotencia del capital, “el salario lo fijo yo y el mercado, voz trabajás por tanto, si no te gusta te vas”.
“Esta fue, más o menos, la realidad del trabajador individual y de las organizaciones sindicales. Que sea que estaba prohibido por los militares, o que sea que estuvieran acosados por el proceso de precarización laboral, que alcanza su punto máximo con el menemismo. Las organizaciones sindicales tienen el derecho a la negociación colectiva, pero no sacan nada, no pueden sacar nada, no van a la huelga porque están asustados, pero también hay que decirlo, en algunos casos las direcciones sindicales traicionaron a las bases. Porque iban y firmaban salarios a la baja.
Porque iban y firmaban negociando, por ejemplo, que la hora de trabajo se componga, me acuerdo de los mineros, cuando llegan a la boca de la mina, y no en la hora de ingreso al establecimiento, con lo cual se comían dos horas de salario. Tiempo trans-currido, viajando en el camión para llegar a la mina”.
“En esta situación este principio y esta política se olvidó. Los convenios no lograban mantener, porque, recordemos compañeros, que desde el Golpe Militar hasta hace muy poco tiempo, el nivel del salario real cayó en más de 50 %. Los trabajadores pasaron a ganar, la mitad de sus salarios. Y en algunos casos, y estamos hablando de trabajadores formales, mucho más. Con lo cual, dicho sea de paso, se achicó el mercado interno, cayó la industria, con lo cual se produjo un espiral hacia abajo, como dicen los economistas, en vez de una espiral hacia arriba”.
Por su parte el Dr. Matías Cremonte, explicó sobre el derecho de huelga que está en el Artículo 14 bis “El antecedente había sido la Constitución peronista de 1949, que fue totalmente distinta y cambió de paradigma incorporando derechos sociales, pero de la huelga no decía nada. El redactor y autor intelectual de 1949 fue el constitucionalista Arturo Sampay y argumentaba que no estaba porque la consideraba un hecho, una libertad natural que tienen los trabajadores”.
Afirma además que en su segundo párrafo queda garantizado a los gremios el derecho de huelga. “Si uno se pregunta qué quiso decir con gremio y por qué no dijo sindicato, u organización sindical, hay que recordar que no son sinónimos. En los debates de la Convención Constituyente se dieron discusiones muy interesantes, donde se explicaba que es un derecho de los gremios y que se entiende al gremio como el colectivo que corresponde a una misma actividad o profesión u oficio, es el género. El sindicato es la especie, la asociación que deciden, o no, formar voluntariamente los trabajadores de ese gremio”.
Finalmente, la Ley de Asociaciones Sindicales (23.551) menciona a la huelga como derecho de los sindicatos, pero de ninguna manera se puede interpretar como derecho exclusivo de los sindicatos. Es decir, indudablemente los sindicatos pueden convocar a medidas de fuerza, pero los trabajadores sin el sindicato, también.

Leónidas Ceruti
Historiador