La minera Barrick Gold tuvo tres vertidos contaminantes en San Juan que no fueron informados a la población. Así lo confirmó un documento oficial (del Ministerio de Ambiente), incluido en la causa judicial. En la Puna jujeña, el gobierno provincial viola las leyes que protegen a los pueblos indígenas y dio luz a la minería del litio, que pone en riesgo las Salinas Grandes y la vida de 33 comunidades kollas y atacama. Ante la avanzada minera, con fuerte apoyo del gobierno nacional, la Unión de Asambleas Ciudadanas se reunió en Jáchal (provincia de San Juan), denunció la complicidad del poder político y judicial con las empresas, exigió el retiro de Barrick Gold y advirtió de que resistirán la presentación de nuevos proyectos.
El 12 de septiembre pasado, trabajadores de la mina Veladero (de Barrick Gold, la mayor empresa del sector) avisaron por WhatsApp a sus familiares de un derrame contaminante y pidieron que no tomaran agua. El aviso llegó, siempre mediante los vecinos, a todo el pueblo de Jáchal. Empresa y gobierno provincial guardaban silencio. Hasta que, un día después, tuvieron que reconocer el derrame de cianuro y agua contaminada. Barrick Gold precisó que habían sido 15.000 litros, negó la contaminación y descartó que haya llegado al río. Una semana después, el 21 de septiembre, reconoció que se trató de 224.000 litros. El 23 de septiembre confesó que habían sido un millón de litros y que la contaminación había llegado al río.
En diciembre, un informe oficial sobre el vertido, de la División Operaciones del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal, determinó que se “acreditó contaminación” en cinco ríos directamente vinculados a la zona de operaciones de Barrick Gold (ríos Potrerillos, Jáchal, Blanco, Palca y Las Taguas).
La semana pasada, una pericia del Ministerio de Ambiente de la Nación que consta en el expediente judicial (y difundida por el periodista Juan Pablo Parrilla, de Infobae) confirmó los temores y denuncias de la comunidad sanjuanina: la minera tuvo otros derrames. Sucedieron el 31 de julio y el 29 de noviembre de 2011. Y el 22 de marzo de 2012.
Se repitió el mecanismo de septiembre pasado: ni Barrick Gold ni el gobierno provincial informaron a la población. La empresa los calificó como de una gravedad “baja” (a los dos primeros) y de “media” (al de 2012). La Asamblea Jáchal No Se Toca no cree en los informes de la minera y afirmó que, como en septiembre, la contaminación fue mucho peor a la reconocida por Barrick Gold.
Del 24 al 27 de marzo se realizó en Jáchal el XXVI encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), espacio de referencia contra el extractivismo, donde confluyen organizaciones territoriales de todo el país. Se trataron cuatro grandes temáticas (megaminería, fracking, agronegocios y contaminación urbana). Se recordaron las medidas tomadas por el gobierno nacional en favor del extractivismo (la eliminación de retenciones al agronegocio y a las mineras, los despidos en la Secretaría de Agricultura Familiar, los subsidios a las petroleras, entre otros). Hubo coincidencia en dos puntos fundamentales: señalar que el presidente Macri intentará profundizar el extractivismo y, por otro lado, que las resistencias territoriales se multiplicarán.
En Jujuy también comenzó el relanzamiento de la megaminería. Y en uno de los lugares más frágiles y de mayor conflictividad: las Salinas Grandes, una extensa planicie blanca que suele ser la foto más buscada de los turistas. Allí viven y trabajan desde hace generaciones los pueblos originarios Kolla y Atacama. Y es también una gran reserva de litio (mineral que se utiliza para baterías de teléfonos, computadoras y autos eléctricos). Desde hace al menos seis años se alinearon en la causa empresas multinacionales, gobiernos y científicos para explotar el litio. Los tres actores minimizaron los riesgos ambientales (afectación del salar y contaminación del agua dulce).
Tampoco contemplan los derechos de los pueblos indígenas. Según la legislación vigente (incluida la Constitución Nacional), los estados deben obtener el consentimiento, libre, previo e informado sobre cualquier acción que pudiera afectar a los territorios indígenas. Nada de eso sucedió en Jujuy, donde la Mesa de Pueblos Originarios de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, que reúne a 33 comunidades, denunció la violación de los derechos, se movilizó frente al poder político y afirmó que no quieren minería en su territorio. La causa judicial tramita en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara aplicar los derechos indígenas).
El gobierno de Gerardo Morales asumió con el discurso público de respetar los derechos indígenas. Creó el Ministerio de Ambiente (designó a María Inés Zigarán) y la Secretaría de Pueblos Indígenas (al frente de Natalia Sarapura, referente del Consejo de Organizaciones Aborígenes de Jujuy –COAJ–). El gobierno provincial visitó las Salinas Grandes, se reunió con las comunidades, tomó nota de las necesidades (desde caminos y escuelas, hasta políticas activas para el trabajo local) y se mostró dispuesto al diálogo y trabajo conjunto.
El 8 de marzo, la minera canadiense Dajin Resource anunció en el exterior la firma de un acuerdo para operar en 90.000 hectáreas de Salinas Grandes. Mantuvieron reuniones con los secretarios de Minería de Nación (Daniel Meilán) y de Jujuy (Miguel Soler). No hubo ninguna participación de las 33 comunidades originarias que viven en el lugar (que se enteraron por los medios de comunicación). Clemente Flores, vocero kolla, reiteró el rechazo de las 33 comunidades a la minería y advirtió una escalada de acciones directas en defensa del territorio indígena.
Tres días de asamblea
“Estamos tomando agua contaminada, sin embargo el derrame generó más conciencia y organización, podemos decir que movimos montañas”, afirmó la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) en su comunicado de cierre de su XXVI encuentro nacional, en el que remarcó el fortalecimiento de la Asamblea de Jáchal y la Asamblea Sanjuanina contra la Contaminación y el Saqueo. El accionar de Barrick Gold, incluida la persecución a quienes denuncian, ocupó un lugar central en las tres jornadas del encuentro. Esa semana se conoció que el juez sanjuanino Pablo Oritja procesó a nueve directivos de la empresa y que el gobierno provincial estableció una multa a la compañía por 145 millones de pesos. “La multa y los procesamientos son insuficientes. Los verdaderos responsables son el ex gobernador José Luis Gioja, el ex titular de hidráulica Jorge Eduardo Millón y el ex secretario de minería de la provincia Felipe Saavedra, entre otros”, denunció la Asamblea de Jáchal.
Darío Aranda
Rebelión
martes, 5 de abril de 2016
Argentina y Brasil: una relación comercial cerca de la bifurcación
Brasil es el principal socio comercial de la Argentina, pero su complicada situación económica desbalancea esta relación comercial, y pone en jaque a la industria automotriz nacional.
La economía brasileña se encuentra sumergida en una fuerte recesión, la mayor en 80 años, y sus pronósticos para 2016 no son alentadores. En 2015 el retroceso de su PBI fue de 3,8 % y se prevé que para 2016 retroceda cerca de 4 %, quedando a las puertas de la depresión económica.
Los datos de su economía, que ya cuenta con más de 1.500.000 despidos, el cierre de miles de fábricas y cifras de desempleo que en febrero han alcanzado el 8,2%, son consecuencia de las medidas tomadas por el Gobierno para enfriar la economía y revertir el déficit fiscal. A este recesivo escenario económico se suma como agravante la crisis de régimen político.
En Argentina con el recambio de gobierno se encuentra en marcha un plan de ajuste, que hace pocos días estrenó un nuevo tarifazo en transporte, gas y agua. El acuerdo entreguista con los fondos buitres y la vuelta a los mercados internacionales de crédito, anticipan un panorama con mayor intervención imperialista en las decisiones económicas.
Desde el estudio Bein prevén una caída del 2,4% en el PBI este año y una inflación del 36%. La pérdida de empleos es una de las principales preocupaciones de los trabajadores, y los efectos de la crisis de Brasil han empezado a hacerse notar en sectores claves como la industria automotriz.
Brasil: el principal socio comercial de la Argentina
La retracción de la actividad económica del gigante brasileño impacta sobre la relación comercial que sostiene con la Argentina, que para el mes de marzo registró un descenso de 14,9 %, comparando con igual mes de 2015, según la consultora Abeced. Debido a la caída del consumo interno, Brasil demanda menor cantidad de productos argentinos; pero tiene la necesidad de colocar mayor cantidad de bienes en nuestro país.
De acuerdo a los últimos datos publicados por el INDEC, en el mes de febrero de este año las exportaciones argentinas totalizaron 4.127 millones de dólares -aumentando un 7 % con respecto al mismo mes del año anterior- y las importaciones ascendieron a 4.029 millones de dólares.
Particularmente las exportaciones en febrero a nuestro principal socio comercial alcanzaron los 724 millones de dólares, mientras que las importaciones desde Brasil fueron por 1.015 millones de dólares. Dentro de los productos vendidos a Brasil en febrero se destacan los MOI (Manufacturas de origen industrial) por una suma de 478 millones de dólares, de los cuales sobresalieron productos clasificados como “Material de transporte terrestre” por 307 millones de dólares. En menor medida existen exportaciones de productos primarios (148 millones de dólares en febrero) y Manufacturas de origen agropecuario que alcanzan los 86 millones de dólares en el mismo mes.
Los productos importados desde Brasil pueden desglosarse entre: Vehículos automotores de pasajeros (209 millones de dólares), Piezas y accesorios para bienes de capital (204 millones de dólares), o Bienes intermedios (314 millones de dólares) entre otros.
Los datos del primer bimestre de 2016, en comparación con igual período de 2015, arrojan que las exportaciones a Brasil cayeron un 20 %, totalizando la suma de 1.229 millones de dólares; mientras que las importaciones han aumentado para el mismo periodo un 1 % con respecto a 2015, siendo de 1.886 millones de dólares. Este cambio de dinámica, se explica en gran parte por el enfriamiento de la actividad económica en Brasil.
Mientras la relación comercial resulta deficitaria para Argentina, según anuncios del Gobierno brasileño el pasado viernes, Brasil registró un superávit comercial de 4.435 millones de dólares en marzo, el fenómeno obedece a la fuerte caída de las importaciones como subproducto de la recesión.
El efecto de la recesión brasileña en la industria automotriz nacional
La estratégica industria automotriz, que juega un importante rol tanto en Brasil como en Argentina, se ha convertido en el eslabón que sufre los impactos de la recesión económica brasileña y la traslación de sus efectos a la Argentina por la dependencia regional existente entre ambos mercados.
Brasil ha llegado a ocupar el 5to lugar dentro de la producción internacional de automóviles, y en 2013 según la cámara ANFAVEA, la cantidad de vehículos producidos alcanzó un pico de 3 millones de unidades. Este año se prevé que la producción sea de 1,8 millones de unidades. Esta gran caída de la producción automotriz es acompañada con despidos en el sector, caída en las ventas internas e incluso la posibilidad de cierres de fábricas.
La producción nacional automotriz en 2015 fue de 543.467 unidades, de acuerdo con los datos de ADEFA. En los primeros dos meses de 2016 sumó 51.959 unidades, un 27 % menos que igual periodo del año pasado. Las exportaciones del sector que se destinan en un 82,6 % a Brasil, cayeron abruptamente. Entre enero y febrero de este año se exportaron a Brasil 14.930 unidades, un 38 % menos que en 2015. Más allá de los efectos “estacionales” de los primeros meses del año, es necesario tomar nota que el parate en Brasil afecta cada vez más la producción nacional.
Las ventas internas a concesionarios de febrero subieron en un 19,3 % con respecto a igual mes del año pasado, totalizando las 52.593 unidades vendidas. Sin embargo estos valores representan una caída del 4 % en relación a las ventas de febrero de 2014 (54.793 unidades), y de un 22,3 % si lo comparamos con febrero de 2013, cuando las ventas fueron de 67.696 vehículos (nacionales e importados).
Los poderosos empresarios del sector, ya se preparan para la baja en la producción con cierres de turnos, suspensiones y retiros voluntarios. Desde La Izquierda Diario recolectamos información de distintas empresas, como la autopartista Kromberg de Pilar (proveedora de Volkswagen y Mercedes Benz), donde se anunciaron suspensiones todos los viernes durante 4 meses. La Fiat de Córdoba, que exporta el 60 % de su producción a Brasil, anunció suspensiones a 1500 operarios los días viernes y posiblemente los lunes del mes de abril. Ford y General Motors, también han anunciado planes para reducir personal.
En Volkswagen Pacheco se anunció esta semana un plan de suspensiones y en la sede de Córdoba se ha suspendido el turno noche de las plantas Mq200 a y b, afectando a 130 trabajadores. Además hay suspensiones todos los viernes, y se registraron 150 pre jubilaciones y retiros voluntarios. Dentro de las autopartistas, se cuentan al menos 4 que han cerrado: Johnson Controls, ArZinc, Punch Automotive, Parana Metal.
Los intentos “contra-restantes” del macrismo
La dependencia comercial con Brasil de la industria automotriz nacional es estructural. Dentro del marco regional del Mercosur, las empresas multinacionales, tanto terminales como autopartistas, han organizado su producción y abastecimiento de piezas, de modo tal que los mercados se complementan. En consecuencia, algunas de las contradicciones que describimos son muestra de los problemas que podrían profundizarse de no encontrar una vía de escape para la producción nacional.
Desde el macrismo, presionados por los empresarios han intentado idear medidas que salvaguarden al sector, que fue uno de los más dinámicos en el país pos 2001. Implementar la Ley de Autopartes, impulsada desde la burocracia del SMATA, es una posibilidad que se baraja. Otra medida está relacionada a “limitar” la importación de algunas piezas, aplicando licencias no automáticas. También han anunciado la aplicación de un plan de financiamiento de 0KM a bajas tasas. Además, Mercedes-Benz lanzó la nueva Sprinter Combi (un vehículo con capacidad de 10 a 20 pasajeros), que promete abrirse paso a la competencia por fuera del acuerdo Argentina Brasil. En marzo se comenzó la exportación del nuevo modelo a Estados Unidos y Canadá. Se trata de un total de 8.600 unidades que reportarán divisas al país por más de 300 millones de dólares.
Mientras tanto las consecuencias de la crisis recaen sobre los obreros de las plantas terminales y autopartistas. Sus salarios no se pagan al 100% los días de suspensiones, y tampoco se cubren los aportes patronales obligatorios por ley. Desde las patronales ofrecen considerables sumas de dinero para quienes acepten retiros voluntarios. Buscan reducir el personal en las fábricas, preparando el terreno que les posibilite avanzar sobre los extenuantes ritmos de producción. Es necesario denunciar estos planes de ofensiva patronal, que seguramente cuenta con la complicidad del SMATA, y luchar para frenar los despidos como lo vienen haciendo los trabajadores estatales. En apoyo a los trabajadores y sus puestos de trabajo, los diputados del FIT, Nicolás del Caño y Myriam Bregman han presentado un proyecto de ley para prohibir los despidos.
Guadalupe Bravo
@GuadaBravo
Luces y sombras de los Panama Papers
Una espectacular denuncia con llamativas ausencias. El perfeccionamiento de la industria del secreto, tan vieja como el capitalismo.
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés) con sede en Washington y el periódico alemán ’Süddeutsche Zeitung’, junto a un equipo de 376 periodistas de 76 países trabajaron sobre los documentos que ayer vieron la luz pública con el nombre de ‘Panamá Papers’.
Según el anuncio, la información contenida es gigantesca: unos 11,5 millones de documentos internos del poderoso bufete de abogados Mossack Fonseca, la mayor empresa creadora de sociedades fantasma en paraísos fiscales de todo el mundo. Mossak Fonseca tiene base en Panamá, pero posee sucursales en Hong Kong, Miami, Zurich y más de 35 otros puntos alrededor del globo. Según informaron algunos de los periodistas que participaron de la pesquisa, los documentos equivalen a 46 veces el material disponible en Wikileaks.
La firma de abogados panameña es una de las principales creadoras de sociedades pantalla en el mundo, estructuras fantasmas que pueden ser usadas para esconder a los reales propietarios. Los archivos internos filtrados contienen información sobre 214.488 estructuras offshore relacionadas con empresarios, celebrities y políticos en más de 200 países. ICIJ publicará a principios de mayo la lista completa de compañías y personas vinculadas a ellas.
Mossack Fonseca ha dejado sus huellas en operaciones y negocios que van desde el tráfico de diamantes en África, hasta el mercado internacional del arte y otros emprendimientos que se benefician del secretismo. El bufete prestó servicios a miembros de la realeza del Medio Oriente como los reyes Mohammed VI de Marruecos y el rey Salman de Arabia Saudí.
Los archivos muestran, por ejemplo, cómo el primer ministro de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson, y su esposa eran los controladores secretos de una compañía offshore que tenía millones de dólares en bonos bancarios islandeses durante la recordada crisis financiera de ese país.
Dejan al desnudo las sociedades de alrededor de treinta de las 500 personalidades más adineradas del mundo que figuran en el ranking de la revista Forbes. Están incluidos capos de la droga, evasores de impuestos y hasta un criminal sexual condenado.
Lionel Messi, jugador del Barcelona y de la selección argentina también aparece en los documentos, así como -para variar-, miembros de la Federación Internacional de Fútbol Asociado.
Aparecen en los archivos, multimillonarios amigos de la infancia del presidente ruso Vladimir Putin, socios del presidente mexicano Enrique Peña Nieto, familiares del Rey Juan Carlos de España, de los presidentes o expresidentes de Siria, Egipto, Pakistán, Ghana, Malasia, Costa de Marfil, Sudáfrica, Guinea y hasta de la República Popular China. Hay infinidad de funcionarios de menor rango (diputados, presidentes de bancos centrales u organismos estatales), de muchos países, en la mayoría de los casos semicoloniales o dependientes.
El presidente Mauricio Macri, su padre Franco y su hermano Mariano aparecen como administradores y directores de Fleg Trading Ltd., constituida en Bahamas en 1998 y disuelta en enero de 2009. Siendo jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Macri no dio a conocer su vinculación con Fleg Trading en sus declaraciones patrimoniales de 2007 y 2008.
También dicen presente en los archivos, el intendente de la localidad de Lanús, el macrista Néstor Grindetti y un ex secretario de Néstor Kirchner.
Ausencias sin aviso
El mérito de los Panamá Papers es que ponen en evidencia los mecanismos ‘legales’ e ‘ilegales’ con los que operan los empresarios y la casta política que gobiernos para sus intereses, con el objetivo de ocultar escandalosas ganancias, evadir impuestos, fugar capitales o lavar dinero.
Lo que extraña de los documentos que hasta ahora se dieron a conocer es que no incluyen a personalidades o líderes políticos relevantes de potencias imperialistas como los EE.UU. o Alemania. De Inglaterra sólo aparece el padre del primer ministro David Cameron y algunas figuras legislativas menores, también varias personalidades secundarias de Francia.
Sobre estas llamativas ausencias pueden establecerse algunas hipótesis. Una de ellas es que la ‘investigación’ impulsada por un consorcio periodístico con sede en EE.UU. y un diario alemán, tienen motores geopolíticos non sanctos. En Argentina, cobró relevancia la aparición del presidente Macri, pero en el mundo, Vladimir Putin y los dirigentes chinos están en el ‘ojo de la tormenta’.
La otra posibilidad es que los dirigentes de esos países tengan mucho más avanzado el desarrollo de las técnicas del secretismo para ocultar sus negocios.
Lo que se descarta por completo es que estén libres de culpa y cargo como para tirar la primera piedra.
Estas ausencias ponen un manto de duda sobre los intereses y objetivos de los documentos panameños.
La industria del secreto
El sistema offshore depende de una amplia ‘industria’ global de banqueros, contadores, abogados y otros intermediarios que trabajan para proteger los secretos de sus clientes. Estos expertos en secretismo utilizan firmas anónimas, fondos y otras entidades ‘de papel’ para crear estructuras complejas que pueden ser usadas para disfrazar los orígenes del dinero.
Desde su base en Panamá, una de las principales zonas de secreto financiero muncial, Mossack Fonseca funda compañías anónimas en ese país, en las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos fiscales.
El análisis que hizo el equipo del ICIJ de los archivos filtrados arrojó que más de 500 bancos, sus subsidiarias y sucursales han trabajado con Mossack Fonseca desde los ’70 para asesorar a sus clientes en el manejo de compañías offshore. UBS estableció más de 1.100 compañías offshore a través de Mossack Fonseca. HSBC y sus filiales crearon más de 2.300.
Las operaciones que destapan los Panamá Papers no hacen más que llevar hasta niveles insospechados un modus operandi inherente al capitalismo y que tiene un pilar ‘legal’ tan fundamental como el derecho a la propiedad privada: el secreto en general y bancario-comercial en particular.
Terminar con ese infame secreto siempre fue un reclamo de los socialistas. Mientras toda la sociedad discute públicamente cuánto debe valer el salario de los trabajadores moneda por moneda, a los capitalistas los asiste el derecho sagrado al secreto de sus multimillonarias ganancias. Pero este reclamo elemental para terminar con el secreto comercial va íntimamente relacionado a la necesaria nacionalización de la banca y la creación de una banca estatal única controlada por los trabajadores.
Hace casi cien años, el revolucionario ruso Vladimir Lenin ya explicaba el mecanismo que hoy descubre el último grito del periodismo internacional. Pero no lo describía solamente para denunciar las ‘inmoralidades’ de funcionarios y empresarios corruptos y elevar al cielo un reclamo ruidoso en nombre del ‘honestismo’ impotente, sino para terminar efectivamente con esas estafas ‘legales’, mediante la nacionalización de la banca. Porque “es imposible ejercer un efectivo control de cualquier tipo sobre los bancos por separado y sus operaciones (aun suponiendo que se suprima el secreto comercial, etc.) porque no se puede seguir las complicadísimos confusas y astutas maniobras a qué se recurre al hacer los balances, al fundar empresas o sucursales ficticias, al emplear los servicios de testaferros etc. etc.” (“La catástrofe que nos amenaza y cómo luchar contra ella”. Obras Selectas. IPS pág. 228.).
Un siglo después, lo que demuestran los Panamá Papers es que los capitalistas son una banda de conspiradores que, junto a su personal político, han utilizado el novísimo desarrollo tecnológico de las últimas décadas para el perfeccionamiento de los métodos de una ‘industria’ tan vieja como la burguesía misma: la ‘industria del secreto’. Una contradicción y un hecho bochornoso que deja en evidencia su propia descomposición social y moral.
Fernando Rosso
@RossoFer
lunes, 4 de abril de 2016
“Panamá Papers”: Macri debe comparecer ante el Congreso
Las revelaciones constituyen un factor de crisis política, en momentos en que Macri intenta blandir una imagen anticorrupción (detención de Jaime) como taparrabos para hacer pasar el ajuste.
La filtración de millones de documentos que involucran a figuras políticas y empresariales de todo el mundo en la creación de sociedades offshore (habitualmente empleadas para maniobras de evasión impositiva, lavado de dinero y menesteres semejantes) ha desatado un tembladeral internacional que recién comienza y amenaza con empequeñecer las revelaciones de Wikileaks. Numerosos jefes de Estado aparecen coludidos con el grupo Mossack y Fonseca, experto en la formación de estas sociedades y que cuenta con oficinas en todo el planeta. La investigación es difundida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).
En Argentina, los voceros del gobierno han salido a tratar de atenuar el impacto causado por la revelación de que el presidente Mauricio Macri aparece como director en una empresa offshore en las Islas Bahamas, Fleg Trading Ltd. En su defensa, el gobierno ha dicho que Macri no era accionista sino un director ocasional. Pero como ha señalado el ex titular de la Inspección General de Justicia (IGJ) Ricardo Nissen, “nadie constituye una sociedad off shore para ser director ocasional. Mi experiencia me demuestra eso: que los que participan suelen participar como accionistas. Nunca vi una sociedad off shore que no sea utilizada con fines ilícitos” (Página 12, 4/4).
Las revelaciones constituyen un factor de crisis política, en momentos en que Macri intenta blandir una imagen anticorrupción (detención de Jaime) como taparrabos para hacer pasar el ajuste.
A la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, le tocó el trabajo del bochorno: alegó que la creación de sociedades en paraísos fiscales “no es delito”.
El presidente Mauricio Macri debería comparecer en el Congreso Nacional para brindar explicaciones.
Las revelaciones salpican también a Daniel Muñoz, ex secretario privado de Néstor Kirchner. ‘Nacionales y populares’ y macristas aparecen en la misma vereda.
A nivel internacional, la filtración involucra a empresarios amigos del presidente ruso Vladimir Putin, a familiares del líder chino, Xi Jinping, al padre del primer ministro británico David Cameron, a Pilar de Borbón (hermana del rey emérito Juan Carlos), a uno de los empresarios predilectos del presidente mexicano Enrique Peña Nieto (Armando Hinojosa Cantú, el constructor de la mansión del mandatario azteca). Habría no menos de 57 personas vinculadas con el “Petrolao” a las que se ha detectado alrededor de 200 sociedades offshores previamente desconocidas, según el madrileño El País.
La primera repercusión política de relevancia podría ser la caída del gobierno de Islandia. La oposición reclama la renuncia del premier Sigmundur Gunnlaugsson y elecciones anticipadas.
Un régimen de evasores
El Panamá Papers explota no mucho después de que Hervé Falciani filtrara una lista de decenas de miles de evasores entre clientes del HSBC. El régimen capitalista opera con buena parte de sus finanzas en las sombras.
La investigación periodística ha mostrado sólo la punta del iceberg.
G.M.
Marcelo Ramal denunció “un golpe institucional para privatizar la Ciudad”
Marcelo Ramal, legislador porteño por el Frente de Izquierda, denunció que la ley de creación de la Agencia de Bienes del Estado “es un verdadero golpe institucional para la privatización de la Ciudad”. Ramal fijó esta posición en las reuniones conjuntas de las comisiones de Presupuesto, Planeamiento Urbano y Desarrollo Económico donde se trató el proyecto.
“La Agencia habilita a la venta de las tierras públicas y permite que lo recaudado se asigne a un fondo especial, o sea, a una caja paralela”. “Es la extensión a gran escala del 'modelo' de Puerto Madero, Corporación del Sur o AUSA, y que conducirá a la mayor privatización de tierras en la historia de la Ciudad”. “En lo que constituye un verdadero autogolpe, la legislatura renuncia al control sobre el patrimonio y los recursos del suelo, y permite la existencia de un verdadero Estado “aparte”. “Ese Estado estará formado por emprendimientos inmobiliarios o desarrollos empresariales subsidiados, mientras la ´otra´ Ciudad afronta el costo de la saturación edilicia, los impuestazos, el encarecimiento y la falta de vivienda o el deterioro sanitario y educativo”.
Ramal denunció también el pacto en curso entre el PRO y el kirchnerismo para “maquillar el proyecto” .“En nombre de un difuso aval legislativo a las futuras enajenaciones, el kirchnerismo habilitará al remate inmediato del Tiro Federal y el mercado Dorrego, las megaprivatizaciones que el PRO ya ha comprometido a sus interesados”.
El Frente de Izquierda anticipó su rechazo al proyecto en la sesión.
“La Agencia habilita a la venta de las tierras públicas y permite que lo recaudado se asigne a un fondo especial, o sea, a una caja paralela”. “Es la extensión a gran escala del 'modelo' de Puerto Madero, Corporación del Sur o AUSA, y que conducirá a la mayor privatización de tierras en la historia de la Ciudad”. “En lo que constituye un verdadero autogolpe, la legislatura renuncia al control sobre el patrimonio y los recursos del suelo, y permite la existencia de un verdadero Estado “aparte”. “Ese Estado estará formado por emprendimientos inmobiliarios o desarrollos empresariales subsidiados, mientras la ´otra´ Ciudad afronta el costo de la saturación edilicia, los impuestazos, el encarecimiento y la falta de vivienda o el deterioro sanitario y educativo”.
Ramal denunció también el pacto en curso entre el PRO y el kirchnerismo para “maquillar el proyecto” .“En nombre de un difuso aval legislativo a las futuras enajenaciones, el kirchnerismo habilitará al remate inmediato del Tiro Federal y el mercado Dorrego, las megaprivatizaciones que el PRO ya ha comprometido a sus interesados”.
El Frente de Izquierda anticipó su rechazo al proyecto en la sesión.
Panama Papers: Laura Alonso justificó a Macri
Lo hizo desde su cuenta en Twitter. Afirmó que “constituir una sociedad en un paraíso fiscal no constituye delito en sí mismo”.
La titular de la Oficina Anticorrupción salió a defender, desde su cuenta en la red social Twitter, a Mauricio Macri. Lo hizo para justificar al presidente, luego de que se diera a conocer a nivel mundial que era parte de quienes habían tenido o tienen cuentas a su nombre en paraísos fiscales.
El escándalo, que tiene magnitud mundial, salpica a personalidades de la política, empresarios y del mundo del deporte, entre otros.
Alonso había protagonizado otro escándalo similar hace pocas semanas, cuando defendió los acuerdos secretos entre las petroleras Chevron e YPF. Ella misma había criticado el carácter secreto de los mismos cuando era diputada nacional opositora. La funcionaría dijo, para justificar esa decisión, que “se había informado mejor”.
Macri implicado en el escándalo de Panama Papers
Los datos que se dieron a conocer lo sindican como director de Fleg Trading Ltd. Presidencia emitió un comunicado para intentar explicar esa situación.
El diario La Nación, uno de los medios que dio a conocer la noticia y participó de la investigación que reveló los Panama Papers, difundió en su página web la información que compromete a Mauricio Macri con una de las sociedades que funcionó en un paraíso fiscal.
En el sitio se señala que “integró, junto con su padre y su hermano Mariano, el directorio de una sociedad offshore registrada en las islas Bahamas desde 1998, identificada como Fleg Trading Ltd. Se trató de una derivación del holding que los Macri habían montado en Argentina y en Brasil. Fleg Trading Ltd. funcionó hasta 2009, año en que Macri ejercía como jefe de Gobierno porteño, aunque los documentos que analizó LA NACIÓN no clarifican si para entonces el actual Presidente seguía vinculado a esa sociedad offshore o ya se había retirado".
El diario también habló con voceros del gobierno que salieron a señalar que “dicha sociedad, tenía como objeto participar en otras sociedades no financieras como inversora o holding en Brasil. Estuvo vinculada al grupo empresario familiar. De allí que el Sr. Mauricio Macri fuera designado ocasionalmente como director, sin participación accionaria (…) la actuación de Mauricio Macri fue circunstancial y solo cubrió formalmente el cargo en el directorio”.
Hace momentos se conoció además un comunicado emitido por la Presidencia de la Nación donde se señala que “el Señor Mauricio Macri nunca tuvo, ni tiene una participación en el capital de esa sociedad”.
Además indica que “el presidente Macri no ha declarado dicho activo en su declaración jurada fiscal, pues solo se deben consignar los activos y nunca ha sido accionista de esta sociedad por lo que no corresponde incluirla”.
Se puede acceder a la documentación de los Panama Papers en la cuenta de Twitter de Wikileaks.
LID
Una visita al infierno fiscal de Macri
La filtración de millones de documentos conocida como Panamá Papers incluye a Macri como director de una empresa off shore en Bahamas. La operación no fue incluida en sus declaraciones juradas. El Gobierno sacó un comunicado para afirmar que no hubo delito.
Una filtración internacional de documentos sobre empresas que mueven dinero en paraísos fiscales involucró a Mauricio Macri, uno de los cinco mandatarios en funciones que figuran en la lista. El presidente argentino aparece como director en una empresa off shore en las Islas Bahamas, Fleg Trading Ltd, en la que también figura su padre, Franco Macri. Según especialistas en el área, este tipo de empresas suelen ser utilizadas para evasión impositiva. Macri no la incluyó en su declaración jurada cuando era jefe de gobierno porteño, a pesar de que figuró como director. La sociedad existió hasta 2009. El gobierno nacional salió a responder a la denuncia a través de un comunicado en el que sostuvo que no era accionista, sino “director ocasional”. Su función en esa empresa no fue aclarada, así como tampoco cuáles eran sus negocios: se mencionó que participaba como inversora en Brasil. También aparecieron documentos que mencionan a Daniel Muñoz, ex secretario privado de Néstor Kirchner, en una cuenta abierta en 2013, años después de dejar su cargo, y al intendente de Lanús, Néstor Grindetti, cuando era el responsable de la economía porteña con Macri como jefe de gobierno. La filtración generó un tembladeral político a lo largo del planeta: involucró tambièn idirectamente a siete ex jefes de estado, a 128 funcionarios de diferentes gobiernos -incluidos el presidente ruso Vladimir Putin y el primer ministro britànico David Cameron, pero a traves de allegados-- y a 29 de las personas más ricas del mundo, entre celebridades y deportistas de 202 países. La lista incluye a 570 argentinos, entre ellos a Lionel Messi.
Conocida como “Panamá papers”, la filtración provino del Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ es su sigla en inglés), que reúne a 107 entidades periodísticas en 78 países. El diario alemán Süddeustche Zeitung recibió de una fuente anónima 11,5 millones de documentos de un estudio de abogados de Panamá, Mossack Fonseca, que –según la denuncia– muestran a lo largo de 38 años (1977-2015) cómo se dedica a crear empresas fantasma y ayudar a cometer presuntos delitos como lavado de dinero o evasión impositiva en 202 países. La empresa de abogados negó los cargos.
En la investigación trabajaron más de 300 periodistas de distintos países, que revisaron los documentos. Sobrepasan en cantidad a la filtración de WikiLeaks –es 46 veces más grande– y muestran empresas por las que dirigentes a nivel global ocultan su patrimonio. Entre otros, participaron el diario inglés The Guardian, el francés Le Monde, el Miami Herald, la BBC y, en la Argentina, el diario La Nación y Canal 13.
Entre esas compañías figura Freg Trading Ltd, una empresa off shore creada en las Islas Bahamas –un paraíso fiscal– vinculada al estudio de abogados Mossack Fonseca. ICIJ publicó en su web un documento del 31 de marzo de 1998 en el que figuran como directores Franco Macri (presidente), Mauricio Macri (vicepresidente) y Mariano Macri (secretario). Según informó este sitio, la sociedad se disolvió en enero de 2009, cuando Macri ya llevaba dos años como jefe de Gobierno.
En sus declaraciones juradas de 2008 y 2009, Macri no mencionó a esta empresa. Sí declaró 158 mil dólares en bienes en el exterior, cuyo lugar no especificó (aunque es probable que se tratara de propiedades que tiene en Punta del Este). ICIJ cita al vocero personal de Macri, Iván Pavlovsky, quien respondió a los investigadores que esa empresa no figura en su declaración jurada porque no él era accionista. Indicó que la empresa era parte del holding familiar y que hacía negocios en Brasil.
Rápida defensa
Un comunicado del gobierno nacional reiteró estos argumentos ayer ante la difusión de la noticia: “Macri nunca tuvo, ni tiene una participación en el capital de esa sociedad. Dicha sociedad, que tenía como objeto participar en otras sociedades no financieras como inversora o holding en Brasil, estuvo vinculada al grupo empresario familiar y de allí que el señor Macri fuera designado ocasionalmente como director, sin participación accionaria. Sí constó en la declaración jurada de su padre, Franco Macri”. La estrategia para desligarse de la denuncia pareció remedar a la que Macri utilizó en la causa por las escuchas ilegales: culpar a su padre. Sobre las declaraciones juradas, el gobierno nacional indicó que no la declaró “pues sólo se deben consignar los activos y nunca ha sido accionista de esa sociedad por lo que no corresponde incluirla”.
Diversos especialistas advirtieron a este diario que, si Macri recibía una remuneración como vicepresidente de la empresa, debería haber sido declarada, no así si no tenía ningún bien involucrado. Con velocidad, la secretaria de Lucha contra la Corrupción, Laura Alonso, afirmó que no hay delito en conformar una sociedad off shore: “Constituir sociedad en paraíso fiscal no es delito en sí mismo, señores”, escribió en su cuenta de Twitter la funcionaria que tiene como rol investigar posibles actos de corrupción en el Estado nacional. Según comentarios en el gobierno nacional, Alonso analiza actualmente un proyecto para que Macri ponga todos sus bienes en un fideicomiso ciego, lo que garantizaría que no haya conflicto de intereses en sus actos de gobierno.
Luego Alonso citó un artículo del portal de La Nación: “No es delito, salvo que se pruebe que haya sido un vehículo para blanquear activos, concretar una evasión impositiva u otro delito. El mundo off shore es una amplia industria global de banqueros, abogados, contadores y otros intermediarios que trabajan coordinados para proteger los secretos financieros de sus clientes”.
Declaraciones juradas
El ex titular de la Inspección General de Justicia (IGJ) Ricardo Nissen aseguró a Página/12 que “nadie constituye una sociedad off shore para ser director ocasional. Mi experiencia me demuestra eso: que los que participan suelen participar como accionistas. Nunca vi una sociedad off shore que no sea utilizada con fines ilícitos. Nunca”. “Las empresas off shore existen en paraísos fiscales en países distintos del de origen. ¿Para qué sirven? Para poner activos que no querés poner en la Argentina. Normalmente, se utilizan para evadir impuestos. Pero se utiliza también para evitar acreedores, dejar a personas afuera de herencias... En fin, hay un espectro enorme para utilizar las sociedades off shore”, explicó el profesor titular de Derecho Comercial de la UBA y de la Facultad de Derecho de la Universidad de Avellaneda.
Otros funcionarios ligados a áreas de lavado de activos consultados por este diario prefirieron esperar a conocer todos los documentos sobre el Presidente para opinar. Pero difirieron de esa caracterización publicitada por Laura Alonso. “Las sociedades off shore que se radican en países con secretismo fiscal o bancario suelen servir para maniobras de evasión fiscal, lavado de dinero, blanqueo de fondos del narcotráfico o de trata de personas. Todo esto según los estándares de la GAFI”, indicó un funcionario judicial que conoce de cerca la temática.
“Macri en 2007 declara tener el 20 por ciento de Socma. En 2008, ya no declara acciones en esa empresa. En 2015, vuelve a declarar ese 20 por ciento. Las declaraciones juradas de Macri son absolutamente truchas. Está denunciado e impugnado por esto”, advirtió la dirigente de Nuevo Encuentro Gabriela Cerruti, quien el año pasado denunció a Macri por el contenido de sus declaraciones juradas. “Lo de director ocasional es absurdo –afirmó Cerruti–. Los dueños de las empresas no son directores de otras empresas que funda el holding familiar. Lo que sí es cierto es que en 2007 y 2008 es cuando ellos hacen operaciones con su propia empresa para sacar fondos de la Argentina. Es el momento de la venta ficticia de Iecsa a Angelo Calcaterra, primo del Presidente. Esa plata nunca aparece, nunca fue declarada. Habría que ver si esa plata pasó a través de Panamá.”
Otros involucrados
Otro de los mencionados en la filtración fue el intendente de Lanús y ex secretario de Hacienda porteño, Néstor Grindetti. Figura como parte de una sociedad en Panamá entre julio de 2010 y julio de 2013 y también como titular de una cuenta en Suiza. Una escritura pública del 2 de julio de 2010 muestra que el estudio Mossack Fonseca le dio un poder especial a Grindetti para operar Mercier International. El 15 de julio de ese año Grindetti recibió otro poder para manejar una cuenta en el banco Clariden Leu AG, que está radicado en Suiza. Voceros de Grindetti indicaron a este diario que recibió esos poderes para hacer inversiones financieras e inmobiliarias que luego no se concretaron. “No puso plata, no se puso en marcha la actividad. Los contadores de él no la declararon porque no llegó a poner dinero”, argumentaron.
Entre los documentos, también figura Daniel Muñoz, ex secretario privado de Néstor Kirchner. Tanto él como su esposa, Carolina Pochetti, fueron accionistas con 25 mil dólares cada uno de Gold Black Limited, una empresa creada en las Islas Vírgenes Británicas en 2013, dos años después de haber dejado la función pública. Muñoz fue acusado por Miriam Quiroga de ser quien llevaba “bolsos de dinero” de Olivos a Santa Cruz, una denuncia que luego la ex secretaria no sostuvo judicialmente. También fue denunciado por Mariana Zuvic, de Cambiemos, por presunto lavado de dinero y Muñoz le contestó con otra denuncia por calumnias e injurias. Además, fue investigado por presunto enriquecimiento ilícito por el juez Claudio Bonadio y fue sobreseído.
Werner Pertot
Una filtración internacional de documentos sobre empresas que mueven dinero en paraísos fiscales involucró a Mauricio Macri, uno de los cinco mandatarios en funciones que figuran en la lista. El presidente argentino aparece como director en una empresa off shore en las Islas Bahamas, Fleg Trading Ltd, en la que también figura su padre, Franco Macri. Según especialistas en el área, este tipo de empresas suelen ser utilizadas para evasión impositiva. Macri no la incluyó en su declaración jurada cuando era jefe de gobierno porteño, a pesar de que figuró como director. La sociedad existió hasta 2009. El gobierno nacional salió a responder a la denuncia a través de un comunicado en el que sostuvo que no era accionista, sino “director ocasional”. Su función en esa empresa no fue aclarada, así como tampoco cuáles eran sus negocios: se mencionó que participaba como inversora en Brasil. También aparecieron documentos que mencionan a Daniel Muñoz, ex secretario privado de Néstor Kirchner, en una cuenta abierta en 2013, años después de dejar su cargo, y al intendente de Lanús, Néstor Grindetti, cuando era el responsable de la economía porteña con Macri como jefe de gobierno. La filtración generó un tembladeral político a lo largo del planeta: involucró tambièn idirectamente a siete ex jefes de estado, a 128 funcionarios de diferentes gobiernos -incluidos el presidente ruso Vladimir Putin y el primer ministro britànico David Cameron, pero a traves de allegados-- y a 29 de las personas más ricas del mundo, entre celebridades y deportistas de 202 países. La lista incluye a 570 argentinos, entre ellos a Lionel Messi.
Conocida como “Panamá papers”, la filtración provino del Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ es su sigla en inglés), que reúne a 107 entidades periodísticas en 78 países. El diario alemán Süddeustche Zeitung recibió de una fuente anónima 11,5 millones de documentos de un estudio de abogados de Panamá, Mossack Fonseca, que –según la denuncia– muestran a lo largo de 38 años (1977-2015) cómo se dedica a crear empresas fantasma y ayudar a cometer presuntos delitos como lavado de dinero o evasión impositiva en 202 países. La empresa de abogados negó los cargos.
En la investigación trabajaron más de 300 periodistas de distintos países, que revisaron los documentos. Sobrepasan en cantidad a la filtración de WikiLeaks –es 46 veces más grande– y muestran empresas por las que dirigentes a nivel global ocultan su patrimonio. Entre otros, participaron el diario inglés The Guardian, el francés Le Monde, el Miami Herald, la BBC y, en la Argentina, el diario La Nación y Canal 13.
Entre esas compañías figura Freg Trading Ltd, una empresa off shore creada en las Islas Bahamas –un paraíso fiscal– vinculada al estudio de abogados Mossack Fonseca. ICIJ publicó en su web un documento del 31 de marzo de 1998 en el que figuran como directores Franco Macri (presidente), Mauricio Macri (vicepresidente) y Mariano Macri (secretario). Según informó este sitio, la sociedad se disolvió en enero de 2009, cuando Macri ya llevaba dos años como jefe de Gobierno.
En sus declaraciones juradas de 2008 y 2009, Macri no mencionó a esta empresa. Sí declaró 158 mil dólares en bienes en el exterior, cuyo lugar no especificó (aunque es probable que se tratara de propiedades que tiene en Punta del Este). ICIJ cita al vocero personal de Macri, Iván Pavlovsky, quien respondió a los investigadores que esa empresa no figura en su declaración jurada porque no él era accionista. Indicó que la empresa era parte del holding familiar y que hacía negocios en Brasil.
Rápida defensa
Un comunicado del gobierno nacional reiteró estos argumentos ayer ante la difusión de la noticia: “Macri nunca tuvo, ni tiene una participación en el capital de esa sociedad. Dicha sociedad, que tenía como objeto participar en otras sociedades no financieras como inversora o holding en Brasil, estuvo vinculada al grupo empresario familiar y de allí que el señor Macri fuera designado ocasionalmente como director, sin participación accionaria. Sí constó en la declaración jurada de su padre, Franco Macri”. La estrategia para desligarse de la denuncia pareció remedar a la que Macri utilizó en la causa por las escuchas ilegales: culpar a su padre. Sobre las declaraciones juradas, el gobierno nacional indicó que no la declaró “pues sólo se deben consignar los activos y nunca ha sido accionista de esa sociedad por lo que no corresponde incluirla”.
Diversos especialistas advirtieron a este diario que, si Macri recibía una remuneración como vicepresidente de la empresa, debería haber sido declarada, no así si no tenía ningún bien involucrado. Con velocidad, la secretaria de Lucha contra la Corrupción, Laura Alonso, afirmó que no hay delito en conformar una sociedad off shore: “Constituir sociedad en paraíso fiscal no es delito en sí mismo, señores”, escribió en su cuenta de Twitter la funcionaria que tiene como rol investigar posibles actos de corrupción en el Estado nacional. Según comentarios en el gobierno nacional, Alonso analiza actualmente un proyecto para que Macri ponga todos sus bienes en un fideicomiso ciego, lo que garantizaría que no haya conflicto de intereses en sus actos de gobierno.
Luego Alonso citó un artículo del portal de La Nación: “No es delito, salvo que se pruebe que haya sido un vehículo para blanquear activos, concretar una evasión impositiva u otro delito. El mundo off shore es una amplia industria global de banqueros, abogados, contadores y otros intermediarios que trabajan coordinados para proteger los secretos financieros de sus clientes”.
Declaraciones juradas
El ex titular de la Inspección General de Justicia (IGJ) Ricardo Nissen aseguró a Página/12 que “nadie constituye una sociedad off shore para ser director ocasional. Mi experiencia me demuestra eso: que los que participan suelen participar como accionistas. Nunca vi una sociedad off shore que no sea utilizada con fines ilícitos. Nunca”. “Las empresas off shore existen en paraísos fiscales en países distintos del de origen. ¿Para qué sirven? Para poner activos que no querés poner en la Argentina. Normalmente, se utilizan para evadir impuestos. Pero se utiliza también para evitar acreedores, dejar a personas afuera de herencias... En fin, hay un espectro enorme para utilizar las sociedades off shore”, explicó el profesor titular de Derecho Comercial de la UBA y de la Facultad de Derecho de la Universidad de Avellaneda.
Otros funcionarios ligados a áreas de lavado de activos consultados por este diario prefirieron esperar a conocer todos los documentos sobre el Presidente para opinar. Pero difirieron de esa caracterización publicitada por Laura Alonso. “Las sociedades off shore que se radican en países con secretismo fiscal o bancario suelen servir para maniobras de evasión fiscal, lavado de dinero, blanqueo de fondos del narcotráfico o de trata de personas. Todo esto según los estándares de la GAFI”, indicó un funcionario judicial que conoce de cerca la temática.
“Macri en 2007 declara tener el 20 por ciento de Socma. En 2008, ya no declara acciones en esa empresa. En 2015, vuelve a declarar ese 20 por ciento. Las declaraciones juradas de Macri son absolutamente truchas. Está denunciado e impugnado por esto”, advirtió la dirigente de Nuevo Encuentro Gabriela Cerruti, quien el año pasado denunció a Macri por el contenido de sus declaraciones juradas. “Lo de director ocasional es absurdo –afirmó Cerruti–. Los dueños de las empresas no son directores de otras empresas que funda el holding familiar. Lo que sí es cierto es que en 2007 y 2008 es cuando ellos hacen operaciones con su propia empresa para sacar fondos de la Argentina. Es el momento de la venta ficticia de Iecsa a Angelo Calcaterra, primo del Presidente. Esa plata nunca aparece, nunca fue declarada. Habría que ver si esa plata pasó a través de Panamá.”
Otros involucrados
Otro de los mencionados en la filtración fue el intendente de Lanús y ex secretario de Hacienda porteño, Néstor Grindetti. Figura como parte de una sociedad en Panamá entre julio de 2010 y julio de 2013 y también como titular de una cuenta en Suiza. Una escritura pública del 2 de julio de 2010 muestra que el estudio Mossack Fonseca le dio un poder especial a Grindetti para operar Mercier International. El 15 de julio de ese año Grindetti recibió otro poder para manejar una cuenta en el banco Clariden Leu AG, que está radicado en Suiza. Voceros de Grindetti indicaron a este diario que recibió esos poderes para hacer inversiones financieras e inmobiliarias que luego no se concretaron. “No puso plata, no se puso en marcha la actividad. Los contadores de él no la declararon porque no llegó a poner dinero”, argumentaron.
Entre los documentos, también figura Daniel Muñoz, ex secretario privado de Néstor Kirchner. Tanto él como su esposa, Carolina Pochetti, fueron accionistas con 25 mil dólares cada uno de Gold Black Limited, una empresa creada en las Islas Vírgenes Británicas en 2013, dos años después de haber dejado la función pública. Muñoz fue acusado por Miriam Quiroga de ser quien llevaba “bolsos de dinero” de Olivos a Santa Cruz, una denuncia que luego la ex secretaria no sostuvo judicialmente. También fue denunciado por Mariana Zuvic, de Cambiemos, por presunto lavado de dinero y Muñoz le contestó con otra denuncia por calumnias e injurias. Además, fue investigado por presunto enriquecimiento ilícito por el juez Claudio Bonadio y fue sobreseído.
Werner Pertot
domingo, 3 de abril de 2016
“Agencia de Bienes”: un cheque en blanco hacia la privatización de la Ciudad
La Agencia de Bienes SE, que la Legislatura ya ha votado en “primera lectura”, es un emprendimiento de privatización de tierras de alcance vasto. Junto con la Corporación Puerto Madero y la Buenos Aires Sur, completa la totalidad del territorio de la Ciudad como objetivo de megaemprendimientos inmobiliarios
La Agencia de Bienes SE, que la Legislatura ya ha votado en “primera lectura”, es un emprendimiento de privatización de tierras de alcance vasto.
Junto con la Corporación Puerto Madero y la Buenos Aires Sur, completa la totalidad del territorio de la Ciudad como objetivo de megaemprendimientos inmobiliarios. A partir de ella, el gobierno de Larreta pretende dar un salto en una orientación que viene de décadas atrás. La Corporación Puerto Madero fue creada bajo la intendencia de Carlos Grosso (1989-1992) y la Corporación del Sur bajo el gobierno de Aníbal Ibarra (2000-2005). Menemistas, seudoprogresistas y macristas compartieron el objetivo de la entrega de la Ciudad en beneficio del capital financiero e inmobiliario.
La operatoria de la agencia sigue la de las anteriores corporaciones privatistas: se transfieren las tierras e inmuebles de dominio de la Ciudad para su venta y el desarrollo de proyectos especulativos. Sustraen así las enajenaciones al voto de los dos tercios de la Legislatura, previsto por la Constitución de la Ciudad. Además, el producto de las ventas queda por fuera del presupuesto estatal y alimenta una serie de cajas paralelas al margen de cualquier control. De esta misma forma, la Corporación del Sur acaba de vender los terrenos de Casa Amarilla, que estaban destinados a viviendas del Instituto de Vivienda de la Ciudad.
En el proyecto de la Agencia de Bienes se prevé la venta del Tiro Federal para el Parque de la Innovación, que según sus propios impulsores “será un polo de la escala de Puerto Madero” (La Nación, 8/2). Detrás del señuelo tecnológico se prevé un megadesarrollo inmobiliario. También se prevé la venta de “El Dorrego” en Colegiales, para la construcción del Centro Metropolitano Audiovisual. De la letra de la ley se eliminó toda otra especificación de los terrenos afectados, por lo tanto se transfieren todos. En carpeta se encuentran la venta del Design, la concesión del Autódromo y terrenos en la Costanera.
Estos proyectos alimentarán con obras millonarias a la patria contratista de los Caputo e Irsa. Este ajuste a través de la venta del patrimonio público agravará todas las contradicciones sociales, económicas y políticas.
El resultado del remate de tierras y la especulación es la expulsión de la población trabajadora. De los que trabajan en la Ciudad sólo la mitad vive en ella. La valorización del m2 empuja a la venta de la vivienda única. Para un asalariado resulta cada vez más difícil afrontar el aumento del costo de vida, del ABL y expensas. La mitad de la población es inquilina y los alquileres han aumentado un 40% en los últimos tres meses. Es por eso que se ha duplicado la población en villas en la última década. La negativa a urbanizar las villas obedece a la espera de mejores condiciones para una expulsión de su población, a través del mercado o de la fuerza, y así poder recuperar esas tierras para la especulación.
Otra consecuencia es la pérdida de espacios verdes públicos, que ha llevado a que la relación entre habitantes y m2 verdes sea, en la Ciudad de Buenos Aires, una de las peores del planeta. La saturación de los servicios públicos, resultado de la anarquía en el desarrollo urbano, la padece la población con cortes de luz y de agua. Los problemas de tránsito son insuperables si la población es expulsada cada vez más lejos de sus trabajos, y con la extensión del subte paralizada.
La creación de la agencia tuvo una primera votación favorable en diciembre. El PRO contó con los votos del bloque kirchnerista, su gran socio en la privatización de la Ciudad, como lo prueban la venta de los terrenos ferroviarios, los bares en plazas, y varias otras enajenaciones. La participación en estos negociados y la conformación de los directorios de la Agencia de Bienes, la Auditoría General o la Defensoría del Pueblo han sido la moneda de cambio para sellar estos pactos contra la población.
En la Comuna 13 ya han comenzado a levantarse voces contra la venta del Tiro Federal. Planteamos la necesidad de una movilización enérgica en defensa del patrimonio público, para ponerle un freno al remate. Una consulta popular, puesta en pie desde abajo, por las organizaciones vecinales, los consejos consultivos de las comunas y los sindicatos de trabajadores de la Ciudad significaría un enorme pronunciamiento en ese sentido.
Facundo Lahitte
La detención de Jaime
Jaime ha sido detenido por la compra multimillonaria de trenes europeos. En simultáneo con esta detención, el gobierno aplica un tarifazo de dimensiones fabulosas que tiene entre sus principales beneficiarios a los mismos grupos económicos que lucraron con el festival de subsidios del kirchnerismo.
Por orden del juez Julián Ercolini, el ex funcionario kirchnerista Ricardo Jaime, quien dirigió y orientó la política de transportes del país durante años, fue arrestado en la ciudad de Córdoba. Su detención se concretó junto a la de su testaferro, Manuel Vázquez, quien fue detenido en Puerto Madero. También sería citado a declarar como imputado el ex secretario de transporte Juan Pablo Schiavi.
Jaime ha sido detenido por la compra multimillonaria de trenes europeos. Según Infobae (2/4), “buena parte de lo comprado era inservible, se pagaron sobreprecios y además hubo retornos que pagó el Estado argentino como recargo del precio estipulado. Y que cobraron Jaime/Vázquez”.
En simultáneo con esta detención, el gobierno aplica un tarifazo de dimensiones fabulosas que tiene entre sus principales beneficiarios a los mismos grupos económicos que lucraron con el festival de subsidios del kirchnerismo y que son responsables del mal funcionamiento del transporte y del vaciamiento ferroviario en particular, que condujo a hechos como la masacre de Once.
Cabe destacar que Jaime no resulta encarcelado por su responsabilidad en la masacre de Once. Si bien fue condenado a seis años de prisión, permanecía en libertad hasta tanto la sentencia quedara firme. Del mismo modo, no fue juzgado aún por la defraudación en el ferrocarril Belgrano Cargas, un asunto que involucra también a los asesinos de Mariano Ferreyra.
Cárcel efectiva a Jaime y a todos los responsables de la masacre de Once, abajo el tarifazo.
G.M.
Macri, entre los abrazos de Obama y el país del ajuste
Tarifazos, pobreza y crisis social. Macri, los bolsillos y la batalla contra la corrupción. Jaime y Schiavi. Peronismo, gobernadores y Senado. Las CGT, su unificación y progresismo.
La semana que termina deja tres hechos que dan la pauta de las contradicciones políticas de la situación: la contundente votación a favor del acuerdo con los fondos buitre en el Senado; el anuncio de brutales tarifazos y la detención de Ricardo Jaime por acusaciones de corrupción. Como no podría ser de otra forma, los analistas los principales medios hablan de esas cuestiones.
En La Nación, Jorge Fernández Díaz, señala que “Mauricio Macri gana a cada rato batallas políticas gigantescas. La semana pasada consiguió el padrinazgo explícito del presidente más poderoso de la Tierra; el miércoles último logró el acompañamiento del peronismo y del resto de la oposición para solucionar por fin el conflicto con los holdouts (…) Macri pierde combates en las góndolas, los sueldos, los trenes, los colectivos y las facturas. Su administración no supo exigirles en diciembre a los empresarios de la alimentación un armisticio de seis meses y ahora no alcanzó a comunicar bien esta suerte de shock tarifario dentro de su prudente película de gradualismo”.
Julio Blanck, en Clarín, indica que “los precios son cada vez más nuevos y los salarios se ponen cada día más viejos. La inflación de este mes se proyecta más allá del 5%. La medición de la pobreza hecha por la Universidad Católica dijo que pasamos del 29% que dejó Cristina al 32,5% luego de los tres primeros meses de Macri. Se puede argumentar, con razón, que esta es la parte dolorosa en el proceso para ordenar la economía y ponerla de pie. Suena lindo. Pero son 13 millones de compatriotas pobres”.
En el mismo diario, Ricardo Kirschbaum agrega que “los tarifazos, por más inevitables que sean, tienen un alto costo político. Y por eso mismo no es un costo totalmente endosable al kirchnerismo, que especula revivir con ese desgaste (…) está claro que este tiempo será un tiempo social, con la conmoción que se produce cuando se intenta esta variable de política económica. Este mes y el próximo serán de paritarias y todos los ajustes repercutirán sobre la inflación. El sindicalismo ya ha pedido la palabra y hará sentir su peso sobre un gobierno que tiene un margen acotado de acción si no quiere contradecirse”.
Para la Corpo mediática, el ajuste “doloroso” no deja de ser “inevitable”.
Desde Página/12 Mario Wainfeld señala que “la asimetría entre los avances políticos del macrismo y el desquicio económico social que provoca adrede signará este año y el próximo, solo para empezar”. El periodista, hablando de los despidos en el Estado, afirma que en la modalidad de “Planta Transitoria (…) Los trabajadores aportan al sistema de seguridad social, tienen derecho a vacaciones y aguinaldo, cobertura de obra social pero se pueden cesar sus servicios cuando vence el plazo (…) Es habitual que bajo ese velo se encubran relaciones permanentes, es una forma de burlar la ley. Hay otras modalidades de contratación que dejan inerme al empleado público”.
Wainfeld, como ocurre casi siempre, justifica el balance del kirchnerismo, en lo que hace a esta situación, afirmando que “en 2003 el porcentaje de contrataciones irregulares era altísimo. El kirchnerismo resolvió muchas situaciones, llamó a concursos... Mejoró el porcentaje de situaciones regularizadas sin poner fin a la dispersión y a la supervivencia de variantes de fraude laboral. Una mirada atenta y necesaria demostraría que el desempeño fuer dispar en diferentes áreas del Estado”.
Pero una mirada atenta también demostraría que el empleo precario siguió estando ampliamente extendido en el Estado en todos sus niveles. Eso facilita hoy enormemente el programa macrista de ajuste.
Por su parte Joaquín Morales Solá, desde La Nación, es quien “pone el cuerpo” a bancar al gobierno y afirma que “el populismo es siempre una receta que resulta cara. El cristinismo agotó todos los stocks que tenía el país: el energético, el ganadero y los dólares del Banco Central, entre otros. Modificar esa política es un camino de decisiones a veces impopulares, otras veces injustas. El trayecto no tiene atajos. O se cambian de raíz esas políticas públicas o el sueño concluye en una pesadilla parecida a la gran crisis de principios de siglo”.
Giros
La detención de Ricardo Jaime y la orden para que Juan Pablo Schiavi no puedan salir del país debe incluirse dentro de un giro político, donde la pelea macrista contra “la corrupción” (solo la ajena) se convierte en ariete para sortear los problemas de la crisis social y el ajuste.
Julio Blanck señala que “aunque llegó prometiendo ser implacable con la corrupción, al gobierno de Macri la perspectiva de Cristina enjuiciada no pareció atraerle demasiado (…) Pero hubo un momento en que esa postura timorata se modificó. El escenario económico parece determinar un cambio de conducta (…) el estruendo del espectáculo de la corrupción podría compensar en parte los desagrados de la economía, al menos por el tiempo que el Gobierno estima imprescindible para iniciar la recuperación. Sin pan, pero con circo”.
Eduardo Van der Kooy, desde las mismas páginas, agrega que “no hay noticias alentadoras para los bolsillos. Tampoco se avisaron pronto en el otro campo. ¿Alcanzaría la detención de Ricardo Jaime para atenuar esa carencia? (…) tal aparente desacople disparó la reacción intempestiva de Elisa Carrió. También el activismo de la Oficina Anticorrupción. En pocos días Laura Alonso solicitó que el Estado se constituya como parte querellante en las causas Hotesur y Ciccone, que tiene procesado a Amado Boudou. Por la misma razón, pidió la indagatoria de Ricardo Echegaray, ex jefe de la AFIP y actual titular de la Auditoría General de la Nación (AGN)”.
Herencia, provincias y nación
Es Horacio Verbitsky quien se propone hacer una suerte de justificación del rol jugado por los gobernadores al presionar a sus senadores para votar el acuerdo con los fondos buitre.
Afirma el periodista de Página/12 que “atribuir el resultado a un cambio de clima político o a la habilidad de un par de operadores (…) es una interpretación simplista que prescinde del análisis de algunos condicionamientos estructurales de la política argentina, cuyo centralismo no depende del temperamento de los gobernantes sino de la desigualdad de recursos entre la Nación y las Provincias (…) Para medir el declive de las autonomías provinciales, basta recordar que a mediados del siglo pasado las provincias financiaban con recursos propios el 80 por ciento de su presupuesto. En las actuales condiciones los gobernadores serán transversales a cualquier gobierno nacional, con independencia de sus definiciones políticas”.
Agrega además que “la peor derrota del kirchnerismo no debe buscarse en una votación en el Congreso, que podrá revertirse mañana, sino en la perpetuación de esas dos fallas estructurales: la falta de autonomía de las provincias ante la Nación y de la Argentina en el mundo, sin las cuales no hubiera sido posible la regresión política que implica la Alianza Cambiemos”.
Verbitsky escribe como si no hubieran pasado 12 años de gobiernos kirchneristas, marcados además por un crecimiento de la economía que llegó a alcanzar “tasas chinas” como se afirmaba en un momento. Esa relación entre Nación y provincias, lejos de intentar subvertirse, se mantuvo y profundizó bajo el kirchnerismo.
Yendo en el mismo sentido, Morales Solá afirma que “el peronismo está dividido entre los que gobiernan y los ideológicos. Los que gobiernan (gobernadores e intendentes) prefieren resolver los problemas antes que empeorarlos. Un ejemplo: el senador Miguel Pichetto se reunió con los principales intendentes peronistas bonaerenses dos días antes de que el Senado tratara el acuerdo con los holdouts. Pichetto ya tenía la opinión de los gobernadores, que apoyaban el acuerdo. Los intendentes le dijeron lo mismo”.
La burocracia sindical y el progresismo
La visita de las conducciones sindicales al Congreso de la Nación y su reunión con múltiples legisladores de la oposición fue otro de los hechos políticos de la semana.
En relación a eso Horacio Verbitsky escribe que “la presencia en el Congreso de los secretarios generales de las tres CGT y las dos CTA marca un punto de inflexión, que para algunos puede parecer liviano y tardío, mientras para otros presagia el comienzo de la luna de hiel con el gobierno. La presencia de un centenar y medio de diputados de la oposición es un dato político de primer orden, más allá de las diferencias de enfoques que subsisten entre los distintos bloques y centrales”.
Por su parte, Martín Granovsky, desde el mismo diario, afirma que “el foco, en el mundo sindical, alumbra una perspectiva: la unificación de las tres organizaciones con la sigla CGT que hoy conducen Hugo Moyano, Luis Barrionuevo y Antonio Caló. Ocurrirá de aquí a octubre si el diablo no mete la cola (…) Sin embargo hay otro foco posible. No se contrapone con el anterior y se vincula con un concepto que la jerga sindical suele llamar “unidad en la acción”. Es decir, la coincidencia sobre objetivos inmediatos y formas concretas de protesta más allá de la central de pertenencia”.
La única “unidad de acción” hasta el momento ha sido la gestión parlamentaria de los reclamos y la emisión de comunicados o documentos. Entre tanto, más de 100.000 puestos de trabajo se han perdido.
El periodismo progresista parece haber encontrado en este discurso de las conducciones sindicales un nuevo lugar donde depositar sus esperanzas en el marco de la crisis que atraviesa al kirchnerismo en su conjunto.
Es un hecho que las conducciones sindicales, al asistir al Congreso, toman una ubicación política que el peronismo en su conjunto no puede llevar adelante. Pero eso se hace en desmedro de llevar adelante medidas de lucha para enfrentar el ajuste.
Las acciones de los trabajadores estatales, de las que se dio cuenta en la edición de ayer, muestran una amplia disposición a la lucha y hacen más que necesario romper la tregua de las conducciones sindicales y garantizar un verdadero plan de lucha contra el ajuste.
Eduardo Castilla
@castillaeduardo
Punto final para la jubilación de amas de casa
El gobierno de Macri indicó que la moratoria previsional que permitía jubilarse a quienes no tuvieran treinta años de aportes y que vence en septiembre de 2016 no será renovada.
Así lo confirmó el titular de la Anses, Emilio Basavilbaso, quien aseguró que están trabajando en una nueva ley jubilatoria.
En el año 2004, durante el gobierno de Néstor Kirchner, se puso en vigencia una moratoria previsional por la cual todas aquellas personas que tuvieran edad para jubilarse pero no la cantidad de aportes requeridos que exige el sistema pudieran hacerlo.
Si bien el objetivo era para varones y mujeres en general, de las 2.700.000 personas que accedieron a la jubilación, el 86 por ciento son mujeres.
Por esta razón es que la moratoria terminó siendo conocida como “la jubilación para amas de casa”. La no renovación de la misma perjudica directamente a miles de mujeres que han trabajado toda su vida pero dentro de la informalidad previsional.
Se estima que el 36 por ciento de las trabajadoras no tienen asegurados ni los aportes previsionales ni la obra social.
Es que históricamente los trabajos asignados a las mujeres fueron de una inequidad absoluta: tareas de limpieza, largas jornadas en el campo por una paga diaria mísera y en negro, sin olvidarnos del rol de cuidadoras por excelencia de todo familiar enfermo.
Aún aquellas que estudian y llegan a ser profesionales también son víctimas de una sociedad machista que las obliga a dejar sus trabajos para dedicarse al cuidado de los hijos, tarea sin recibo de sueldo que las llevará a una vejez sin respaldo económico alguno.
La moratoria ideada por el kirchnerismo surge en realidad como una salida de emergencia ante su rotunda negativa de incluír en la agenda el reconocimiento del 82% móvil. Y yendo un poco más profundo, tampoco eliminaron la informalidad laboral que se tradujo en una brutal precarización, sobre todo para las mujeres. Es por eso que esta moratoria actuó a modo de frazada corta, cubrió el acceso a una jubilación, pero dejó sin solución el verdadero origen de la falta de aportes: un trabajo en blanco.
Cifras dadas por Anses indican que 9 de cada 10 personas que se jubilan con esta moratoria son mujeres, por lo que la medida que tomó el gobierno de Macri las afectará directamente a ellas.
Pero no solo se trata de no continuar con la moratoria, Basavilbaso sostuvo que es necesario que exista una nueva ley que contemple un haber mínimo lo más universal posible.
La universalidad a la que se refiere el titular de la Anses, no es más ni menos que reducir el valor de estas jubilaciones mínimas a un importe más bajo todavía ya que sostiene que: “es injusto que la gente que contribuye reciba lo mismo que la gente que no contribuye”.
Este argumento sobre la supuesta injusticia no solo es canalla sino que parte de una premisa equivocada, en nuestro país cerca del 40 por ciento de los trabajadores están en negro, de modo que no aportar al sistema de previsión social no es una decisión que pueda tomar el trabajador sino una condición impuesta por la patronal.
Recordemos que Basavilbaso fue el director del Instituto de la Vivienda de la Ciudad, organismo que según estadísticas que publica el propio gobierno porteño, no construyó un metro cuadrado en tres años. Además de subejecutar el presupuesto del Instituto y no brindarle solución a las personas que viven en las villas.
Es el mismo que el año pasado fue interpelado a raíz de la muerte del joven Cristian Crespo que cayó de una escalera en mal estado dentro del Complejo Habitacional Soldati, responsabilidad del Instituto. Finalmente tuvo que dejar su puesto en ese organismo y como premio lo nombraron al frente de la Anses.
Si bien el kirchnerismo fue el hacedor de esta ley, no le dio el status de permanente, dejándole vía libre a Cambiemos para dejarla sin efecto.
De hecho, ni siquiera la Asignación Universal por Hijo puede validarse como años de aportes, que luego puedan ser utilizados para estas mujeres que se dedicaron a cuidar a sus hijos. Un punto más que demuestra el corto y perentorio alcance de esta moratoria.
Por su parte, Basavilbaso confirmó que buscarán sancionar una nueva ley jubilatoria, claro que indicó que la discusión puede durar los cuatro años de mandato macrista. No hay que saber leer entre líneas para entender que lo que se disponen a hacer es lisa y llanamente negarle la posibilidad a miles de mujeres a tener una vejez digna, cobrando la jubilación que corresponde por tantos años de trabajo no reconocido.
Ochenta y seis por ciento de mujeres que accedieron a la moratoria no son solamente un número, son miles de mujeres que dentro o fuera de sus casas trabajaron sin opción ni posibilidad de exigir un sueldo en blanco. Eliminarla sin siquiera tener una alternativa para garantizar una solución es vulnerar una vez más un derecho humano básico.
Julia Lorenzo
Así lo confirmó el titular de la Anses, Emilio Basavilbaso, quien aseguró que están trabajando en una nueva ley jubilatoria.
En el año 2004, durante el gobierno de Néstor Kirchner, se puso en vigencia una moratoria previsional por la cual todas aquellas personas que tuvieran edad para jubilarse pero no la cantidad de aportes requeridos que exige el sistema pudieran hacerlo.
Si bien el objetivo era para varones y mujeres en general, de las 2.700.000 personas que accedieron a la jubilación, el 86 por ciento son mujeres.
Por esta razón es que la moratoria terminó siendo conocida como “la jubilación para amas de casa”. La no renovación de la misma perjudica directamente a miles de mujeres que han trabajado toda su vida pero dentro de la informalidad previsional.
Se estima que el 36 por ciento de las trabajadoras no tienen asegurados ni los aportes previsionales ni la obra social.
Es que históricamente los trabajos asignados a las mujeres fueron de una inequidad absoluta: tareas de limpieza, largas jornadas en el campo por una paga diaria mísera y en negro, sin olvidarnos del rol de cuidadoras por excelencia de todo familiar enfermo.
Aún aquellas que estudian y llegan a ser profesionales también son víctimas de una sociedad machista que las obliga a dejar sus trabajos para dedicarse al cuidado de los hijos, tarea sin recibo de sueldo que las llevará a una vejez sin respaldo económico alguno.
La moratoria ideada por el kirchnerismo surge en realidad como una salida de emergencia ante su rotunda negativa de incluír en la agenda el reconocimiento del 82% móvil. Y yendo un poco más profundo, tampoco eliminaron la informalidad laboral que se tradujo en una brutal precarización, sobre todo para las mujeres. Es por eso que esta moratoria actuó a modo de frazada corta, cubrió el acceso a una jubilación, pero dejó sin solución el verdadero origen de la falta de aportes: un trabajo en blanco.
Cifras dadas por Anses indican que 9 de cada 10 personas que se jubilan con esta moratoria son mujeres, por lo que la medida que tomó el gobierno de Macri las afectará directamente a ellas.
Pero no solo se trata de no continuar con la moratoria, Basavilbaso sostuvo que es necesario que exista una nueva ley que contemple un haber mínimo lo más universal posible.
La universalidad a la que se refiere el titular de la Anses, no es más ni menos que reducir el valor de estas jubilaciones mínimas a un importe más bajo todavía ya que sostiene que: “es injusto que la gente que contribuye reciba lo mismo que la gente que no contribuye”.
Este argumento sobre la supuesta injusticia no solo es canalla sino que parte de una premisa equivocada, en nuestro país cerca del 40 por ciento de los trabajadores están en negro, de modo que no aportar al sistema de previsión social no es una decisión que pueda tomar el trabajador sino una condición impuesta por la patronal.
Recordemos que Basavilbaso fue el director del Instituto de la Vivienda de la Ciudad, organismo que según estadísticas que publica el propio gobierno porteño, no construyó un metro cuadrado en tres años. Además de subejecutar el presupuesto del Instituto y no brindarle solución a las personas que viven en las villas.
Es el mismo que el año pasado fue interpelado a raíz de la muerte del joven Cristian Crespo que cayó de una escalera en mal estado dentro del Complejo Habitacional Soldati, responsabilidad del Instituto. Finalmente tuvo que dejar su puesto en ese organismo y como premio lo nombraron al frente de la Anses.
Si bien el kirchnerismo fue el hacedor de esta ley, no le dio el status de permanente, dejándole vía libre a Cambiemos para dejarla sin efecto.
De hecho, ni siquiera la Asignación Universal por Hijo puede validarse como años de aportes, que luego puedan ser utilizados para estas mujeres que se dedicaron a cuidar a sus hijos. Un punto más que demuestra el corto y perentorio alcance de esta moratoria.
Por su parte, Basavilbaso confirmó que buscarán sancionar una nueva ley jubilatoria, claro que indicó que la discusión puede durar los cuatro años de mandato macrista. No hay que saber leer entre líneas para entender que lo que se disponen a hacer es lisa y llanamente negarle la posibilidad a miles de mujeres a tener una vejez digna, cobrando la jubilación que corresponde por tantos años de trabajo no reconocido.
Ochenta y seis por ciento de mujeres que accedieron a la moratoria no son solamente un número, son miles de mujeres que dentro o fuera de sus casas trabajaron sin opción ni posibilidad de exigir un sueldo en blanco. Eliminarla sin siquiera tener una alternativa para garantizar una solución es vulnerar una vez más un derecho humano básico.
Julia Lorenzo
Paro nacional: el lunes los docentes se movilizan
La Izquierda Diario dialogó con la dirigente docente de Suteba La Matanza y diputada electa por el PTS/FIT, Nathalia González Seligra.
¿Cómo afectan los anuncios del gobierno a los docentes?
- Esta semana pegó un salto la política del macrismo en 100 días de gobierno. Con el aval de los senadores del Frente para la Victoria, votaron el acuerdo con los fondos buitres, aplicaron un aumento descomunal de tarifas y transporte, y avanzaron con la segunda tanda de despidos en el Estado. Inclusive los docentes de la provincia de Buenos Aires aún no cobramos el miserable aumento salarial acordado con la burocracia sindical de Ctera y Suteba en las paritarias, que quedó muy por detrás de la alta inflación. Mientras por ejemplo la vicepresidenta Gabriela Michetti dice cínicamente que le afectan las tarifas, cuando gana más de $120.000. ¿Por qué no vive ella con el salario de una maestra?
Ante esta situación, ¿qué proponen hacia el paro nacional del lunes?
- Los docentes de izquierda de Suteba, UTE y Ademys, ante el creciente malhumor social, paramos el lunes y nos movilizamos a la casa de Neuquén a repudiar el cierre de la causa del asesinato del maestro Carlos Fuentealba. Luego nos dirigimos a la casa de Mendoza, cuyos docentes enfrentan un duro ataque al salario del gobierno de Cambiemos como es el Ítem Aula, para finalizar en el palacio Pizurno por el triunfo de las luchas de Santiago del Estero, Santa Cruz, Jujuy y Tierra del Fuego que enfrentan gobiernos del PRO y FpV. Ante esta preocupante situación, lo que está planteado es un paro activo nacional de los docentes junto a los estatales, y un plan de lucha contra el ajuste, la entrega y los despidos. Para eso, le exigimos a la CTA debatir democráticamente la continuidad de la lucha, con asambleas y plenarios de delegados con mandato.
Por último, informó que el día lunes 4 de abril acompañará la movilización docente la diputada nacional por el Frente de Izquierda, Myriam Bregman.
¿Cómo afectan los anuncios del gobierno a los docentes?
- Esta semana pegó un salto la política del macrismo en 100 días de gobierno. Con el aval de los senadores del Frente para la Victoria, votaron el acuerdo con los fondos buitres, aplicaron un aumento descomunal de tarifas y transporte, y avanzaron con la segunda tanda de despidos en el Estado. Inclusive los docentes de la provincia de Buenos Aires aún no cobramos el miserable aumento salarial acordado con la burocracia sindical de Ctera y Suteba en las paritarias, que quedó muy por detrás de la alta inflación. Mientras por ejemplo la vicepresidenta Gabriela Michetti dice cínicamente que le afectan las tarifas, cuando gana más de $120.000. ¿Por qué no vive ella con el salario de una maestra?
Ante esta situación, ¿qué proponen hacia el paro nacional del lunes?
- Los docentes de izquierda de Suteba, UTE y Ademys, ante el creciente malhumor social, paramos el lunes y nos movilizamos a la casa de Neuquén a repudiar el cierre de la causa del asesinato del maestro Carlos Fuentealba. Luego nos dirigimos a la casa de Mendoza, cuyos docentes enfrentan un duro ataque al salario del gobierno de Cambiemos como es el Ítem Aula, para finalizar en el palacio Pizurno por el triunfo de las luchas de Santiago del Estero, Santa Cruz, Jujuy y Tierra del Fuego que enfrentan gobiernos del PRO y FpV. Ante esta preocupante situación, lo que está planteado es un paro activo nacional de los docentes junto a los estatales, y un plan de lucha contra el ajuste, la entrega y los despidos. Para eso, le exigimos a la CTA debatir democráticamente la continuidad de la lucha, con asambleas y plenarios de delegados con mandato.
Por último, informó que el día lunes 4 de abril acompañará la movilización docente la diputada nacional por el Frente de Izquierda, Myriam Bregman.
sábado, 2 de abril de 2016
Tarifazo buitre
Abajo el tarifazo. Que se abran los libros de los privatizadores, para que salten sus desfalcos a costa de los usuarios y trabajadores. Ningún despido, reparto de las horas de trabajo entre todos los compañeros, sin afectar el salario. Por paritarias sin techo, la abolición del impuesto al salario y el 82% móvil para los jubilados.
El gobierno no ha tenido empacho en llamar “normalización económica” al nuevo zarpazo que aplicará sobre las tarifas.
El servicio de agua tendrá subas de hasta el 500 por ciento.
El gas prevé triplicar sus tarifas.
El transporte público aumentará entre un 50 y un 170 por ciento.
Esta escalada de tarifazos se suma al aumento de la luz, cuyas boletas llegarán en estos días con hasta un 600 por ciento de incremento.
Y, por supuesto, a la carestía general en alimentos y otros productos de la canasta familiar.
La “preocupación oficial” por la inflación es una farsa: la “normalización” del gobierno es la inflación sin límite en favor de los monopolios capitalistas.
Los mismos que se quedaron con la plata de los subsidios a lo largo de todos estos años y vaciaron los yacimientos, la distribución de energía o los servicios de transporte.
El macrismo, en definitiva, premia a los “empresarios” mimados por el kirchnerismo.
Mientras descargan el sostenimiento de estos parásitos sobre nuestro bolsillo, el presupuesto público queda liberado para sostener a otros parásitos: los buitres de la deuda, que se llevarán 20.000 millones de dólares este año, sólo en concepto de intereses.
Pero los mismos que liberan tarifas y precios reclaman un techo para las paritarias.
Mientras la inflación anual se va generosamente al 40%, quieren arreglarnos con un 25% o menos. Para ello, nos extorsionan con despidos en masa.
Los Moyano, Caló y compañía hacen mutis por el foro. Mientras el salario se derrumba, preparan un “paseo” para dentro de un mes.
En oposición a los ajustadores y sus cómplices, es necesario organizarnos y debatir un programa:
Abajo el tarifazo. Que se abran los libros de los privatizadores, para que salten sus desfalcos a costa de los usuarios y trabajadores. Ningún despido, reparto de las horas de trabajo entre todos los compañeros, sin afectar el salario. Por paritarias sin techo, la abolición del impuesto al salario y el 82% móvil para los jubilados.
Partido Obrero
El pago a los Buitres en el senado
El diputado nacional por el Partido Obrero en el Frente de Izquierda participó de #LaNoticiaDelDía por C5N
Triunfo de los estatales de La Plata
Reincorporamos a todos los despedidos del Ministerio de Agroindustria
El 29 de febrero, el Ministro de Agroindustria de la Provincia Leonardo Sarquis decidió despedir a la mitad de la planta temporaria (39 compañeros) con la excusa de que son ñoquis. Ese mismo día nos enteramos que el listado de despedidos había sido confeccionado por UPCN.
Desde la Junta Interna de ATE convocamos para el día siguiente a una gran asamblea del ministerio que discutió un plan de lucha por la reincorporación. A partir de ese momento se desarrolló un gran movimiento dentro del ministerio que le quitó a UPCN el poder de contención y de negociación: asambleas masivas, permanenecias en el piso 7 de la torre 1 (donde están todos los despachos de las autoridades de Agroindustria), fuertísimas batucadas, cortes de calle y Radios Abiertas junto a los municipales. Las movilizaciones en los días de paro fueron fundamentales, ya que nos permitieron llevar una columna de 60 compañeros a la marcha contra los despidos y el cierre de la paritarias de un 15% trucho de aumento acordado por UPCN y gremios afines, lo que confirma que son co-ejecutores del ajuste de Vidal.
En todas las iniciativas que llevamos adelante se fueron sumando numerosos compañeros de planta permanente y temporarios no despedidos. Cuando la batucada pasaba, los trabajadores salían a aplaudir. El ministerio completo estaba afichado con carteles que pedían la reincorporación, pero también denunciando al glifosato y a Monsanto, empresa de la que viene el ministro, así como el vaciamiento del ministerio y los despidos, que no responden a una limpieza de ñoquis sino al ajuste que la gobernadora Vidal quiere llevar adelante. Echando a biólogos y veterinarios en el ECAS (Estación de Crías de Animales Silvestres), a obreros en el vivero Darwin, a ingenieros agrónomos, veterinarios y obreros en las Chacras Experimentales, periodistas en el área de Prensa, al único mecánico de automotores, etcétera.
Fue con este método con el que conseguimos el inicio de una negociación que comenzó con el jefe de gabinete del Ministerio de Trabajo y de Agroindustria hasta reunirnos con los dos ministros de ambas carteras. A todas las reuniones fuimos movilizados. Así fuimos reincorporando compañeros, cada día que pasaba estábamos más cerca de ganar. Sin embargo, la clave fue no haber aflojado en ningún momento y mostrar que la intensidad de nuestra lucha era por la reincorporación de la totalidad. Recibimos la solidaridad de innumerables delegados y juntas internas, entre la que se destaca la de Educación, ATE provincia, los SUTEBA combativos de la zona y Centros de Estudiantes, como el de Arquitectura de la UNLP.
Las reincorporaciones son hasta el 31 de Agosto y por eso ahora vamos a una campaña por el pase a planta permanente, organizando a todos los contratados y temporarios, y en medio de los tarifazos vamos por el aumento de salario igual a la canasta familiar. Hoy hay en pie una Junta Interna con una gran periferia, hemos duplicado las afiliaciones y hay en marcha una campaña de desafiliaciones a UPCN, que ha desenvuelto una campaña de amedrentamiento y amenazas que ha causado indignación.
Luego de un mes de conflicto, hemos quebrado la hegemonía de UPCN en uno de sus bastiones y reincorporamos a los trabajadores. Ahora no nos para nadie.
María Flor Stevani, delegada de ATE- Ministerio de Asuntos Agrarios
No a los despidos y vaciamiento de Nextel
Los sindicatos telefónicos deben intervenir con una política independiente de los diferentes intereses patronales en disputa. Defendiendo la estabilidad laboral y las condiciones de trabajo de todos los trabajadores, sin distinción entre planta permanente, contratados, fuera de convenio, convencionados, afiliados o no afiliados.
El 29/03 se produjeron 20 despidos en Nextel, que se sumaron a otros 70 que se venían dando en áreas de cobranzas, crédito, ventas, la Fundación Nextel y otros sectores desde que la empresa fue comprada por Cablevisión/Clarín en septiembre del año pasado. En el día de hoy se han producido nuevos despidos que forman parte de un vaciamiento que incluye el cierre de sucursales y edificios, despidos masivos y persecuciones anti sindicales en la empresa Nextel a nivel nacional. Primero comenzaron con los “fuera de convenio” (figura fraudulenta usada para precarizar trabajadores que deberían estar encuadrados en el convenio telefónico) y ahora siguen con trabajadores convencionados, es un ataque en toda la línea.
Los delegados de Nextel han impulsado una asamblea permanente y la exigencia de una intervención de Foetra, el sindicato telefónico de Buenos Aires, que el 30 de marzo se hizo presente con una movilización de 200 delegados y compañeros en la sede de Paseo Colón, epicentro de los despidos, y luego se movilizó al edificio de Puerto Madero, que está en los planes de cierre. Nextel, comprada por Cablevisión, comparte ahora las acciones con el grupo financiero Fintech, que a su vez compró a Telecom. Se trata de una concentración sin precedentes del suculento negocio de las telecomunicaciones, donde pretenden avanzar con una política de vaciamiento y "reestructuración" a costa de un ataque brutal a los trabajadores y usuarios, que también se ven afectados por el vaciamiento, mal funcionamiento por falta de inversiones, equipos y terminales.
Los sindicatos telefónicos deben intervenir con una política independiente de los diferentes intereses patronales en disputa. Defendiendo la estabilidad laboral y las condiciones de trabajo de todos los trabajadores, sin distinción entre planta permanente, contratados, fuera de convenio, convencionados, afiliados o no afiliados. Ningún despido. Por el correcto encuadramiento de los “fuera de convenio”. No al vaciamiento y cierre de sucursales y edificios. Que se adelante la paritaria salarial. Por una gran movilización de todo el gremio. Por el paro y ocupación de Nextel hasta la reincorporación de todos los despedidos.
Pablo Eibuszyc, delegado Foetra
viernes, 1 de abril de 2016
Nuevo ataque al bolsillo: suben 100 % las tarifas del transporte
El boleto mínimo de colectivo costará $ 6 a partir del 8 de abril. Suben también el tren y el subte. Mazazo a los trabajadores mientras continúan los subsidios y los negocios para los empresarios.
El gobierno de los CEO obtuvo una victoria en el Senado con la aprobación al pago de los buitres, para lo cual fue indispensable el apoyo del FpV. No pasaron ni 24 horas, que aprovecharon este triunfo para lanzar un nuevo golpe sobre los trabajadores y los sectores populares, con tarifazos al transporte y nuevos despidos en el Estado.
El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, informó ayer un duro tarifazo al transporte durante una conferencia de prensa que brindó en Casa Rosada, luego de tener que cambiar de lugar a último momento por una protesta de los trabajadores del Ministerio de Hacienda que fueron despedidos y reclaman la reincorporación de más de 100 estatales. El funcionario estuvo acompañado por Roberto Fernández, dirigente de la UTA, y otros sindicalistas.
El Ministro de Hacienda, Prat Gay, había dicho en el Congreso que necesitaban aprobar el pago a los holdouts “para evitar el peor ajuste”. Sus afirmaciones no duraron ni un mes, y Cambiemos volvió a ajustar. En ese mismo debate en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, la diputada Myriam Bregman (FIT-PTS) le respondió a Prat Gay que “el ajuste ya comenzó” con los miles de despidos en la Administración Pública y los despidos en el sector privado. Efectivamente, como lo señaló Bregman, lo de Prat Gay se trataba de “una amenaza extorsiva” para aprobar el proyecto del oficialismo.
Cambiemos, pasados los 100 días de gobierno, demuestra una vez más que es un gobierno de CEO que administran para los empresarios. Todas las medidas que tomaron beneficiaron a las patronales, como la devaluación, el fin del cepo, la eliminación y reducción de retenciones en el agro y la industria, el acuerdo con los buitres, los tarifazos, los despidos en el Estado y la llegada de Obama.
El ajuste no termina acá: el próximo mes ya anunciaron las subas de agua y gas. Hoy suben las naftas un 6%, segundo aumento del año, que se suma al incremento del mismo monto en enero, y acumula una suba de 12% en 2016. En el día de ayer se vencieron miles de contratos de trabajadores estatales, y cientos de ellos no pudieron ingresar a sus puestos de trabajo. La respuesta no se hizo esperar. Asambleas, paros y cortes se realizaron ayer en repudio a los despidos.
Mientras se anuncia un nuevo ataque al conjunto de los trabajadores, la tregua de las direcciones sindicales continúa. Ayer Roberto Fernández de la UTA hasta justificó la suba de tarifas diciendo que “no voy a ser hipócrita, hay que pagar tarifa para funcionar". Ante la tregua de las conducciones, el Frente de Izquierda denuncia a la burocracia y exige un paro activo contra el ajuste, los despidos y la entrega.
Nuevo cuadro tarifario
El boleto mínimo de colectivo en Capital Federal y el conurbano bonaerense subirá a $ 6 a partir del 8 de abril, y la tarifa de tren aumentará entre $ 2 y $ 4, de acuerdo a las diferentes secciones. El cambio de tarifa implica una suba del 100 % para el colectivo y para las tarifas de trenes entre 82 % y 100 %, de acuerdo a los diferentes ramales. Los pasajeros de las líneas Sarmiento, Mitre y San Martín que antes compraban el pasaje a $ 2 para tarifa mínima ahora abonarán $ 4 y quienes pagaban el valor base de $ 1,10 en los ramales Roca, Belgrano Sur y Urquiza deberán pagar un mínimo de $ 2.
El subte costará $ 7,50 dentro de dos meses porque se "requiere de audiencia pública" para poder aplicar ese aumento. El boleto aumentó casi 600 % en cuatro años, desde 2012. Cuando pasó de Nación a Ciudad, costaba $ 1,10.
Los jubilados y pensionados, los beneficiarios de planes sociales, empleadas domésticas y ex combatientes de Malvinas tendrán una tarifa social que será de $ 2,70 para los colectivos y de $ 0,90 a $ 1,80 para los trenes, dependiendo del ramal, de acuerdo a lo anunciado. Sin embargo, la tarifa social excluye a la gran mayoría de los trabajadores que tiene un ingreso promedio de $ 7.500, y que sufrirá un mazazo al salario con los aumentos al transporte, en un rubro que no puede dejar de usar porque lo necesita para viajar todos los días al trabajo o para llevar a sus hijos al colegio.
La justificación al tarifazo
Dietrich tuvo que reconocer que estaba dando una mala noticia. También el escenario de fondo lo demostraba: miles de trabajadores estatales se movilizaron contra los despidos en las cercanías de la Casa Rosada.
El ministro señaló que“a ninguno de nosotros nos gusta anunciar los aumentos. En el caso de los colectivos la tarifa no variaba desde junio de 2014 y todos saben la inflación que hubo en los últimos años".
El titular de la cartera de transporte indicó que “a pesar del aumento de tarifas, los subsidios estatales para el transporte público se incrementarán en un 20 % en relación a lo girado el año pasado, debido a la ampliación de la tarifa social y mantener el boleto mínimo.” Según el ministro, sin los subsidios del Estado el costo mínimo de un viaje en colectivo costaría alrededor de $ 13 y $ 13,5.
El ministro defendió los aumentos denunciando el "populismo" del kirchnerismo, que "terminó en la tragedia de Once", la "inequidad" respecto del costo del transporte en el interior del país y "la falta de sustentabilidad" del sistema. También justificó el tarifazo con aumento de la inversión en el transporte. Adelantó que en los próximos 15 meses el Estado invertirá 5.000 millones de pesos para ampliar la red de Metrobus en La Matanza, San Martín, y Tres de Febrero, y para renovar la flota de colectivos.
El impacto de las tarifas en la inflación
Ante el apagón de los datos de inflación del Indec, no es posible establecer el impacto directo de las tarifas en la inflación. Según publicó la agencia DyN, si se tomara la medición anterior, el índice de Precios al Consumidor Nacional Urbano (IPCNu) estableció para la región metropolitana una ponderación de 0,38 % para el autotransporte de pasajeros y de 0,19 % para la del transporte ferroviario. Entonces, un aumento del 100 % representaría un aporte de 0,57 punto porcentual en la inflación general, pero como el aumento empezará a partir del 8 de abril, incidirá en 15 de los 20 días hábiles del mes, con lo que el aporte a la inflación se reduciría a 0,4275 punto porcentual.
Este cálculo es una primera aproximación para evaluar el impacto de las subas, pero hay que recordar que el índice IPCNu difería de las estimaciones privadas con valores mensuales por debajo de los otros cálculos.
Por otro lado, en estos días se anunciaron también próximos aumentos de gas (300 %) y agua (300%- 500 %), que incidirán en la inflación.
Continuidad de negocios para las empresas del transporte
Los subsidios al transporte son presentados como un derroche de recursos, pero lo oculto es que son una forma indirecta de transferir recursos a los empresarios que se “ahorran” de pagar el costo de trasladar a sus trabajadores a sus lugares de trabajo. A pesar de esta relación, la quita de subsidios no impacta necesariamente en la ecuación de ganancias capitalistas, sino que golpean directamente en el poder adquisitivo de los trabajadores, que deberán destinar más de su salario a ese gasto.
En este caso, además, no sólo aumentan las tarifas que afectan directamente al bolsillo del trabajador, sino que al mismo tiempo los subsidios se incrementan un 20 %, según las declaraciones del ministro para mantener una tarifa a $ 6. Es decir, un golpe al salario más una nueva transferencia de recursos del Estado a las empresas.
Los subsidios al sector del transporte aumentaron sideralmente, según datos de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera (ASAP), en 2015 recibió por parte del Gobierno $ 51.096 millones en concepto de subsidios. El impacto fiscal de estas transferencias aumentó del 1,4% en 2006 a casi el 4,8% del PBI en 2015, de acuerdo al Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec).
Los subsidios al transporte sólo se destinaron a aumentar las ganancias de las empresas concesionarias ya que año a año recibieron más subsidios sin realizar las inversiones necesarias para reconstruir el sistema de transporte. Las malas condiciones de viaje afectan a millones de usuarios que viajan diariamente así como también a los trabajadores del sector que hasta mueren por las fallas de seguridad.
Además de la discusión por subsidios, existe otro negociado para las empresas, se trata de las obras para el transporte. Es conocido que las obras del Metrobús costaron doscientos millones de pesos más de lo previsto, y que los tres kilómetros del Metrobús 9 de Julio, otorgado a la empresa por 115 millones, tuvieron un costo final de 195 millones de pesos, es decir, un 70 % más de lo calculado. La empresa que hizo negocios con esta obra fue Riva S.A., la misma que se encargó del emprendimiento anunciado por el gobierno anterior para la Isla Demarchi. Otra de las empresas implicada en esta obra fue Caputo Construcciones, propiedad de Nicolás Caputo, amigo personal de Mauricio Macri desde los seis años. Los negociados siguen en el ferrocarril y en el subte de la mano de Roggio, quién fue el encargado de la ampliación del subterráneo.
Plan Nacional de Transporte
Millones de pasajeros viajan en tren, en subte, en colectivos en malas condiciones, incluyendo las condiciones de insalubridad para los trabajadores del sector. El transporte puede mejorar con los recursos existentes, como no pagando la fraudulenta deuda externa. En esta semana,Cambiemos logró aprobar el pago a los buitres con el apoyo del FPV que representa el mayor endeudamiento de un país “emergente” en los últimos 20 años. Con esos recursos se podrían realizar las inversiones necesarias para tener un servicio de calidad con tarifas accesibles. Hay que aplicar impuestos progresivos a las grandes fortunas para obtener más recursos y dejar de subsidiar a los empresarios.
Es necesario un Plan Nacional de Transporte, reestatización de todas las concesionarias y de todo el sistema ferroviario, controlado y puesto en funcionamiento por los trabajadores y organizaciones de usuarios populares.
Mónica Arancibia
@monidi12
Creado el Comité por la libertad de Milagro Salas
Integrado por diputados, parlamentarios del mercosur, juristas y dirigentes sociales
El acto de creación del Comité de Apoyo a la Liberación de Milagro Sala se realizó hoy en el Congreso, cuando denunciaron que la dirigente social no está detenida sino "secuestrada por el gobierno y poder judicial de Jujuy".
La conformación de este organismo para luchar por la libertad de Milagro Sala acusada de "asociación ilícita, defraudación al Estado y defraudación" y detenida desde hace cuatro meses en Jujuy fue realizada en el Salón C del nuevo Edificio de la Cámara de Diputados.
El presidente del bloque del Frente para la Victoria, Héctor Recalde, denunció que en la provincia de Jujuy "hay una asociación ilícita entre el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial que tiene secuestrada a Milagro Sala porque está privada de su libertad".
Además de Recalde asistieron a la conferencia sus pares de bloque Nilda Garré, Juliana Di Tullio, Diana Conti, Teresa García, Cristina Álvarez Rodríguez, Mayra Mendoza, Remo Carlotto y Carolina Gaillard, la diputada del FIT Myriam Bregman, los legisladores del Parlasur Jorge Taiana, Daniel Filmus y Eduardo Valdés, y la exdiputada Mara Brawer.
Concurrieron también los sindicalistas de la CTA Hugo Yasky, del Suterh Víctor Santa María, el exministro de de Educación Alberto Sileoni, el presidente consultivo de la Asociación Interamerica de Jurista, Beinusz Szmukler, el periodista Víctor Hugo Morales, y el legislador jujeño de Unidos y Organizados y militante de la Tupac, Germán Noro.
Taiana dijo que se han realizado "todas las gestiones para que se le permita como parlamentaria del Mercosur participar de las reuniones pero ésto no fue aceptado" por la justicia de Jujuy.
En tanto, Brawer, que será coordinadora de este organismo anticipó que se crearán cinco comisiones de parlamentarios, internacional, de comunicación, de actos locales, y de presupuestos.
El Comité tendrá como tareas llevar adelante acciones parlamentarias en el ámbito nacional, provincial e internacional; denunciar ante organismos y organizaciones internacionales sobre la detención de Milagro Sala; y coordinar acciones de incidencia sobre los gobiernos nacional y provincial.
Página/12
El acto de creación del Comité de Apoyo a la Liberación de Milagro Sala se realizó hoy en el Congreso, cuando denunciaron que la dirigente social no está detenida sino "secuestrada por el gobierno y poder judicial de Jujuy".
La conformación de este organismo para luchar por la libertad de Milagro Sala acusada de "asociación ilícita, defraudación al Estado y defraudación" y detenida desde hace cuatro meses en Jujuy fue realizada en el Salón C del nuevo Edificio de la Cámara de Diputados.
El presidente del bloque del Frente para la Victoria, Héctor Recalde, denunció que en la provincia de Jujuy "hay una asociación ilícita entre el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial que tiene secuestrada a Milagro Sala porque está privada de su libertad".
Además de Recalde asistieron a la conferencia sus pares de bloque Nilda Garré, Juliana Di Tullio, Diana Conti, Teresa García, Cristina Álvarez Rodríguez, Mayra Mendoza, Remo Carlotto y Carolina Gaillard, la diputada del FIT Myriam Bregman, los legisladores del Parlasur Jorge Taiana, Daniel Filmus y Eduardo Valdés, y la exdiputada Mara Brawer.
Concurrieron también los sindicalistas de la CTA Hugo Yasky, del Suterh Víctor Santa María, el exministro de de Educación Alberto Sileoni, el presidente consultivo de la Asociación Interamerica de Jurista, Beinusz Szmukler, el periodista Víctor Hugo Morales, y el legislador jujeño de Unidos y Organizados y militante de la Tupac, Germán Noro.
Taiana dijo que se han realizado "todas las gestiones para que se le permita como parlamentaria del Mercosur participar de las reuniones pero ésto no fue aceptado" por la justicia de Jujuy.
En tanto, Brawer, que será coordinadora de este organismo anticipó que se crearán cinco comisiones de parlamentarios, internacional, de comunicación, de actos locales, y de presupuestos.
El Comité tendrá como tareas llevar adelante acciones parlamentarias en el ámbito nacional, provincial e internacional; denunciar ante organismos y organizaciones internacionales sobre la detención de Milagro Sala; y coordinar acciones de incidencia sobre los gobiernos nacional y provincial.
Página/12
Malvinas, una causa antiimperialista
El 2 de abril se cumplen 34 años de la recuperación de las Malvinas, que llevó a la guerra con Inglaterra. En esta nota partimos de algunos interrogantes que siguen generando debate.
Este será el primer aniversario del conflicto bélico con Mauricio Macri como presidente y los gestos políticos no se hicieron esperar. Aunque en los 90 había dicho que recuperar las islas “sería un déficit adicional para el país”, las necesidades políticas hicieron que el flamante presidente deba presentarse como un defensor de la soberanía nacional aunque desde una versión más light, buscando mejorar los lazos con el primer ministro británico David Cameron, como pudo verse a comienzos de año en Davos.
Cada año las polémicas y los debates acerca de la derrota argentina y el rol del imperialismo cobran renovado interés. En esta nota nos vamos a detener en una serie de preguntas que cruzan la experiencia en Malvinas y que permiten afinar las discusiones que tenemos que dar los revolucionarios para comprender tanto el conflicto como su desenlace.
¿Es justo el reclamo de soberanía?
Las islas, usurpadas por los ingleses en 1833 tras la expulsión de la guarnición enviada desde Buenos Aires, forman parte del territorio argentino. Es incuestionable desde el punto de vista histórico y geográfico el derecho de Argentina sobre las islas. Gran Bretaña es una potencia imperial que se apoderó de las Malvinas sin ningún derecho, solo el de la fuerza.
No son los kelpers los que deben decidir sobre el futuro del territorio, como propuso en 2012 un grupo de intelectuales y periodistas argentinos (1) en sintonía con lo planteado por el gobierno británico y los isleños, quiénes votaron mantener la ciudadanía británica.
La autodeterminación -o sea, el derecho a decidir sobre su futuro, incluso la independencia o separación de una nación de otra- es un derecho democrático, elemental de todo pueblo que es sojuzgado por un país opresor. Sin embargo, en el caso de Malvinas, la población fue trasladada desde Inglaterra para asegurar la ocupación y garantizar así lo que se llama enclave colonial, en este caso de la usurpadora corona británica.
Al tomar partido por Argentina en 1982, ¿se estaba aceptando la aventura militar de Galtieri?
La ocupación de Malvinas por las fuerzas argentinas fue pensada como una forma de presión sobre Inglaterra, para acelerar las negociaciones con la mediación de EE.UU., con el propósito de conseguir algún logro y así mejorar la situación interna del gobierno militar. Pero fueron los ingleses los que frustraron sus planes. El desembarco argentino le dio al gobierno de Thatcher la oportunidad de salir de su propia crisis y aprovechar la situación para exacerbar el espíritu patriótico de su población.
Una vez que estalló la guerra, la ubicación en el bando militar argentino no significó a priori dar respaldo a la política de la dictadura, sino impulsar la defensa de la nación semicolonial (Argentina) contra la agresión imperialista. A estas clases de guerras, en las que un país colonial o semicolonial, se enfrenta a una potencia opresora, los socialistas revolucionarios las llamamos “guerras justas” o “guerras de liberación nacional”, donde sin dudar apoyamos a la nación oprimida contra la agresora. No somos neutrales en este tipo de guerras. A su vez, todo antiimperialista consecuente tenía la obligación de dejar en evidencia las intenciones de la dictadura -la denuncia de la “aventura militar” debía tener ese propósito- y levantar una política independiente aún en el terreno militar para derrotar a Inglaterra.
¿El triunfo argentino hubiese debilitado la lucha contra el gobierno militar?
La guerra puso en un primer plano la defensa de los intereses de la nación semicolonial, independientemente de su régimen político. El imperialismo podía haber salido de la guerra con suficiente poder como para elegir a un dictador afín a sus intereses (un Augusto Pinochet). No obstante, el desgaste de la dictadura no daba lugar a este tipo de salidas. La gente salió a las calles al grito de “los pibes murieron, los jefes los vendieron”. La derrota de Malvinas aceleró la crisis del gobierno militar que quedó sustentado por los dos grandes partidos, el PJ y la UCR, hasta fines de 1983. Pero al mismo tiempo, la derrota nacional fue clave para el avance del imperialismo en nuestro país, de la mano de los gobiernos democráticos, y en el resto de la región.
De todos modos, no había chances de derrotar al imperialismo si la conducción militar de la guerra seguía en manos de los genocidas. Levantar una política independiente -opuesta a la dictadura- para ganar la guerra, era la mejor forma de fortalecer la lucha contra el régimen y promover su caída revolucionaria.
¿Por qué los militares no podían derrotar a los ingleses?
Argentina podía no solo enfrentar la ofensiva inglesa sino también vencerla y darle una salida a la crisis política nacional. Para ello era necesario romper pactos como el TIAR (2) y combatir al imperialismo en todos sus frentes. La clave era golpearlo donde más le duele, es decir, afectando sus extraordinarias ganancias. Para ello había que expropiar sus empresas, confiscar los bancos británicos y negarse a pagar la deuda externa, que había crecido monumentalmente en los últimos años. Otra medida básica para lograr el triunfo era que la CGT y los sindicatos incentivaran a la población trabajadora para que se aliste en las tropas, ofreciéndoles instrucción y reclamando armamento adecuado mientras que era fundamental aprovechar las importantes movilizaciones antiimperialistas que se dieron en distintas partes del mundo. La CGT, siguiendo al peronismo, no cuestionó a la conducción militar sino que la apoyó.
Pero ni el gobierno de facto ni la burguesía local representaron una verdadera amenaza para el imperialismo. Su propio carácter de clase– y las ataduras económicas, financieras y políticas – les impidió tomar decisiones que afecten realmente las inversiones británicas en el país (como la suspensión de la deuda externa) y llevar una política clara de liberación nacional. La desastrosa experiencia bélica del gobierno y su rápida derrota en el ámbito militar demostraron que el triunfo sólo podría llegar de la mano de los trabajadores y el pueblo.
A pesar de que numerosos gobiernos burgueses adquirieron un discurso más o menos antiimperialista como el kirchnerismo, que se autoadjudicó el rol defensor de la causa Malvinas durante los últimos 12 años (a pesar de haber mantenido intactas las inversiones y los millonarios contratos con las multinacionales británicas), o el macrismo que ahora busca poner paños fríos en las relaciones diplómaticas con Inglaterra; lo que queda claro con la experiencia de Malvinas es que los únicos interesados en derrotar definitivamente a los colonialistas son quienes padecen diariamente su intervención, los trabajadores. Son los únicos que pueden mantenerse independientes de los intereses tanto del capital extranjero como de la burguesía nacional.
La Izquierda Diario
NOTAS
1. El grupo de 17 intelectuales y periodistas que firmaron el documento (entre ellos Beatriz Sarlo, Jorge Lanata, Luis Alberto Romero, Fernando Iglesias) defendieron el derecho de los isleños a decidir su propio futuro y el del territorio.
2. Tratado Interamericano de Asistencia recíproca firmado en 1947 que planteaba ayuda mutua frente a agresiones extranjeras.
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