En marzo de este año vence la moratoria previsional aprobada en febrero 2023 y el gobierno no tiene en sus planes renovarla. De ese modo, deja sin posibilidad de jubilarse a buena parte de la población que no pudo reunir los aportes necesarios fruto de la informalidad laboral a la que fue sometida, afectando particularmente a las mujeres que dedicaron su vida a las tareas de cuidado no remuneradas.
En un país como Argentina, con el 30% de la fuerza de trabajo no registrada, cada vez más personas accedieron a la jubilación por la vía de la moratoria. Tres de cada cuatro nuevos jubilados en el último año, el 81% en 2023 y el 65% en 2022. De conjunto, el 67,7% de los 5,6 millones de jubilados actuales requirió de una moratoria para poder jubilarse. Cabe destacar que recae sobre esos adultos mayores la obligación de comprar los aportes faltantes (pagando una cuota o a través de descuentos), cuando deberían hacerse cargo las patronales que incurrieron en fraude laboral.
Con la decisión de Javier Milei de no extender la moratoria previsional, todos aquellos en edad de jubilarse que no pudieron alcanzar los treinta años de aportes requeridos deberán recurrir a la Pensión Universal del Adulto Mayor (Puam), la cual equivale al 80% de la jubilación mínima y, además, es incompatible con la pensión por viudez y no reconoce los años de aportes. Sin mencionar que extiende en los hechos la edad jubilatoria de las mujeres, ya que se puede solicitar recién a los 65 años. De esta manera, el gobierno avanza en un objetivo estratégico de la clase capitalista y el FMI: que las jubilaciones pierdan su carácter de salario diferido y pasen a ser meras pensiones asistenciales.
Esta condena a la indigencia más absoluta se posa con más fuerza sobre el colectivo femenino. Sucede que 79,4% de las mujeres que cobra una jubilación no hubiese podido hacerlo sin un plan de moratoria (ente los varones el porcentaje llega al 47,5%). Lo cual configura un futuro sombrío para las nuevas camadas de adultas mayores, carentes de aportes previsionales tras haber destinado su tiempo al trabajo doméstico.
Mientras el gobierno priva del derecho a jubilarse a quienes trabajaron toda la vida, a través de la Ley Bases habilitó una moratoria para que los capitalistas que defraudaron al fisco puedan pagar los impuestos adeudados en cómodas cuotas y sin recibir sanciones. La doble vara es total: Milei premia a los evasores y castiga a los perjudicados.
Lo cierto es que el grueso del ajuste de la gestión libertaria se descargó sobre los jubilados. Según la OPC, el poder de compra promedio de las jubilaciones registró una caída del 21% real a noviembre pasado respecto del mismo período de 2023. A su vez, en los primeros once meses de 2024, de cada $100 recortados, $22,1 correspondieron a las jubilaciones. Ni qué decir que el haber mínimo apenas alcanza los $265.907 más un bono extraordinario de $70 mil.
Como si fuera poco, el oficialismo prevé aplicar una reforma previsional que termine de hundir los haberes. Según trascendidos, esta podría incluir un aumento de la edad jubilatoria, la liquidación de los regímenes especiales -como el de los docentes y el de los trabajadores de Luz y Fuerza, quienes aportaron un mayor porcentaje del sueldo a lo largo de su vida laboral- y recortes a la pensión por viudez, “por ejemplo, (estableciendo) una duración equivalente a la duración del matrimonio o unión convivencial o mantenerla solo para casos excepcionales” (Clarín, 2/1).
Es necesario que todo el pueblo ser rebele contra esta ofensiva hacia los trabajadores jubilados. Ganemos las calles por una nueva moratoria con aportes a cargo del Estado y los capitalistas, una jubilación mínima equivalente a la canasta del adulto mayor y recomposición del poder adquisitivo de todos los haberes. Para recapitalizar la Anses es necesario reponer los aportes patronales y registrar a todos los trabajadores en actividad.
Sofía Hart
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