La informalidad laboral alcanzó a cuatro de cada diez asalariados bajo el gobierno de Milei. A su vez, este prepara una reforma antiobrera en función de proyectar la ausencia de derechos que padece el sector no registrado hacia el conjunto de los trabajadores. Pretende convertir al país en una plataforma de mano de obra barata al servicio del lucro capitalista.
El dato proviene de un informe elaborado por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP-UBA), en base a estadísticas oficiales, correspondiente al tercer trimestre 2024. De allí se desprende también que la tasa de informalidad laboral supera el promedio en el caso de las trabajadoras de casas particulares (76,3%), los obreros de la construcción (67,3%) y los empleados de comercio (47%). Lo anterior muestra el fracaso que significó la política de otorgar incentivos patronales como aliciente para crear empleo formal: ni la reducción de aportes patronales consignado en el Plan Registradas redujo la informalidad en el servicio doméstico, como tampoco el reemplazo de las indemnizaciones por el fondo de cese laboral en el convenio de la Uocra contribuyó a generar puestos de trabajo de calidad en dicho rubro.
Semejante tasa de informalidad agrega preocupación sobre la decisión del gobierno de eliminar la moratoria previsional, negándoles el derecho a jubilarse a aquellos que no lograron reunir los años de aportes requeridos por culpa del fraude patronal, condenándolos a sobrevivir con una pensión de indigencia.
En momentos donde aquellos capitalistas afectados por el atraso cambiario reclaman por una reforma impositiva que los beneficie -agravando la presión fiscal y el ajuste sobre el pueblo-, debemos recordarles que ya se ahorran las contribuciones a la Seguridad Social de dos quintos de la fuerza de trabajo de Argentina. Además, retienen una mayor porción de la riqueza creada por los trabajadores pagándoles peores sueldos a quienes no están registrados. Sin ir más lejos, la brecha salarial entre los asalariados formales e informales asciende al 46%.
En ese sentido, el 40% del total de los trabajadores vive en hogares pobres, pero el porcentaje escala al 60% en el caso de los no registrados. Esta realidad desmiente el discurso del gobierno y los empresarios sobre que reducir las contribuciones patronales y flexibilizar los convenios colectivos permitiría mejorar los salarios. Finalmente, los que no tienen acceso ni a aportes jubilatorios, ni a vacaciones ni licencias pagas, ni al aguinaldo son los que perciben ingresos de bolsillo más bajos.
También se revela como falsa la premisa de que las inversiones decaen por culpa del supuestamente elevado costo laboral. Lo cierto es que este último se encuentra por el piso como resultado de la extensión del trabajo precario y la caída salarial, sin embargo, el índice de Inversión Bruta Interna Mensual (IBIM) cayó 17,1% interanual entre enero y noviembre 2024, según la consultora Orlando Ferreres. Son argumentos falaces a los fines de justificar una reforma antiobrera que incremente la tasa de beneficio del capital.
El estudio citado describe que la informalidad laboral trepa al 75% en las empresas de hasta cinco empleados. Un fraude que fue parcialmente legalizado con la Ley Bases, la cual borra la relación de dependencia en los establecimientos con hasta tres trabajadores, incorporando la figura del «colaborador». A fin de cuentas, no hay comunión de intereses posible entre los dueños de las Pymes y sus trabajadores, ya que los primeros no dudan en descargar sobre los segundos los costos de las políticas recesivas de Milei.
La no registración es casi cinco puntos superior en el caso de las mujeres, dado que los puestos de trabajo con alta tasa de feminización son los más precarios; lo cual deja en ridículo el negacionismo del gobierno respecto a la brecha de género. A su turno, la informalidad escala al 64% entre la juventud y al 67% entre las mujeres jóvenes específicamente.
Milei pretende conservar el apoyo de los capitalistas que le recriminan que pierden competitividad a causa del dólar planchado prometiéndoles una ofensiva en regla contra los trabajadores, liquidando sus conquistas históricas. Esto es nivelar para abajo las condiciones laborales de los registrados con la de los no registrados. Por su parte, la oposición patronal suscribe a esa agenda, como lo demuestran las referencias de Cristina Kirchner acerca de «modernizar las leyes laborales» y el apoyo del resto de los bloques a la reforma consagrada en Ley Bases, a la cual el peronismo se negó a enfrentar mediante la inacción de los sindicatos que dirige.
No queda más que organizar desde abajo la lucha en defensa de los convenios colectivos. Tarea asociada a la de barrer a la burocracia de los gremios y construir un polo clasista nacional dispuesto a desenvolver todas las tendencias combativas que anidan al interior de la clase trabajadora.
Sofía Hart
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