El gobierno anunció la reestructuración de la Arca (ex Afip), dando lugar a despidos masivos y a un esquema de recaudación tributaria más favorable a los evasores.
Utilizando como mascarón de proa la reducción de cargos jerárquicos en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Ejecutivo también busca recortar en un 45% «la estructura inferior» (Minuto uno, 7/1) de la entidad. De este modo, se prevé el despido de 3.200 trabajadores del organismo, que se sumarían a los 1.500 producidos durante el 2024. Así las cosas, la motosierra de Milei deja en la calle a nuevos empleados públicos idóneos en su tarea, mientras llena de ñoquis oficinas gubernamentales como Capital Humano o la cartera comandada por Adorni.
El desguace de la ex Afip está al servicio de la evasión fiscal, práctica sumamente extendida entre los capitalistas y su personal político, como lo demuestran el festival de emprendimientos inmobiliarios en el exterior que le encontraron a Cristian Ritondo, las sociedades offshore de Diego Santilli, o las de la familia Caputo. La hipocresía de Milei es total, porque mientras se embandera con el discurso de la «transparencia» sale al respaldo de todos estos defraudadores, y hasta habilita un blanqueo de capitales y una moratoria impositiva que los beneficia.
En la misma línea, el gobierno disolvió la Administración General de Puertos (AGP) para reemplazarla por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, que estará a cargo de la licitación de la Hidrovía del Paraná. Recordemos que el oficialismo busca devolverle la concesión de la misma a la empresa belga Jan de Nul, que ha sido responsable de convertir a la ruta fluvial en un emblema del contrabando y la subfacturación de exportaciones de los pulpos cerealeros.
Mientras premia a los evasores, proyecta estos hábitos espurios -propios de la clase capitalista y sus partidos- sobre las organizaciones piqueteras para perseguirlas políticamente y desarticularlas. Finalmente, cualquiera se da cuenta que los que verdaderamente defraudan al fisco viven en Puerto Madero o en Nordelta, no en medio de una villa sosteniendo los comedores populares para que los vecinos no se mueran de hambre.
Así las cosas, La Libertad Avanza aceita los mecanismos legales e ilegales para que los poderosos tributen lo menos posible. En contraste, el grueso de la carga impositiva del país sigue recayendo sobre los trabajadores, mediante impuestos al consumo como el IVA y el gravamen a los combustibles, la reposición de la cuarta categoría de Ganancias y la suba sideral del monotributo.
Es necesario una asamblea general entre todos los trabajadores del Estado (afiliados y no afiliados) para organizar un plan de lucha contra los despidos en la Arca y en el resto de las dependencias estatales. A su vez, esto muestra el contenido de clase del carácter regresivo del sistema tributario, y que solo un gobierno de trabajadores va a revertirlo haciendo que el erario público pase a financiarse íntegramente con impuestos a las rentas y fortunas capitalistas.
Sofía Hart
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