Un nuevo gabinete a los tumbos, pero no improvisado

Un partido único en la Rosada. Milei estrenó la etapa posterior a las elecciones del 26 con una crisis política confusa. El jefe de gabinete Francos, que piloteaba las tratativas con los gobernadores y la pseudo oposición, terminó renunciando cuando ya se rumoreaba su despido. Su lugar fue ocupado por un recalcitrante de los hermanos Milei, Manuel Adorni. El lugar vacante del Ministerio del Interior, lo cubrió Diego Santilli, “cooptado” a LLA según Carlos Pagni Con estas movidas, las versiones de un “gabinete de coalición” terminaron archivadas. Se ha reforzado el régimen de poder personal o familiar, bajo la batuta de los hermanos Milei. Santiago Caputo no recibió ningún cargo formal -pero permanece como jefe omnipresente de los servicios de inteligencia, las agencias de recaudación y varios otros organismos estratégicos. El nuevo período debuta con una crisis palaciega. 

 Dos tercios con Milei

 Mauricio Macri y La Nación+ le han reprochado a Milei la decisión de “replegarse sobre sí mismo”. Pero LN es el vocero oficial de Macri. En el bloque parlamentario del PRO, se anuncian nuevos pasajes a la LLA. Mientras Macri anuncia un candidato propio para dentro de dos años, los Ritondo y Santilli ya están en el campo de “Milei 2027”. Otros que se mencionaban para un eventual “gobierno de coalición”, como los Jaldo y los Jalil -que CFK ha reivindicado como propios en su última Carta- hacen fila para alinearse con Milei. Jaldo se adelantó a sumar su apoyo a la reforma laboral. Entre los intendentes del conurbano ya hay varios que lo “miran con cariño”. La misma Cristina acaba de reivindicar la necesidad de esa reforma en la aludida Carta. Milei no quiere convertirse en una “pato rengo” arbitrando peleas en una coalición. Pretende, por el contrario, ir a una reelección, para poder gobernar con mano dura los dos años que vienen.

 En el Congreso, el oficialismo resolvió postergar el tratamiento del Presupuesto 2026 para las extraordinarias, donde contaría con un bloque propio acrecentado, más unas cuantas cooptaciones adicionales. En el paquete de las extraordinarias, se anota el proyecto de “olvido fiscal”, que permitiría el mayor blanqueo de fondos en moneda extranjera de la historia. Milei no faltó a la verdad cuando contabilizó para LLA a los “dos tercios” de los sufragios del domingo 26. Computaba a los ajustadores de “Provincias Unidas”, pero también a los Sáenz, Jaldo y Jalil. Un paso más, Kicillof ha salido a suplicar a la oposición bonaerense la aprobación del Presupuesto 2026 de la provincia, donde incluye la autorización para ampliar la deuda pública en el mercado local y eventualmente, con la venia del Estado nacional, con deuda del exterior. Ese reclamo lo suma al gobernador “Nac & Pop” al campo de los que fogonean la normalización económica con la intervención de los fondos locales y el capital financiero internacional. 

 El eje ordenador 

El eje ordenador del improvisado gabinete es el vínculo tutelado con Bessent y la oligarquía financiera. La Cancillería le fue adjudicada a Pablo Quirno, ex secretario de Finanzas y ex funcionario del J.P. Morgan. El cometido de Quirno es concretar la asistencia financiera que se anunció durante la campaña electoral. El anterior lugar de Quirno fue cubierto por Alejandro Lew, otro ex J.P.Morgan -y ex YPF bajo la gestión de los Fernández y Massa. Milei espera un respaldo de fondos contantes y sonantes para poner en marcha la flotación cambiaria y la acumulación de reservas. Los funcionarios yanquis que recibirán a Milei y Quirno en estos días tienen un pliego de condiciones muy amplio. Entre ellas se incluye un régimen local de semillas que “ampare” a las corporaciones de agroquímicos -y la cuestión de las patentes farmacéuticas. En lo que refiere a China, el gobierno de Milei ya se ocupó de paralizar proyectos binacionales de carácter científico, como ocurre con la radio-telescopio que se construye en San Juan. La cuestión de la dolarización de Argentina ha vuelto a ser colocada en la picota, pero no en función de las condiciones locales de Argentina, sino de las llamadas naciones emergentes en su conjunto. Según el Financial Times, Trump promovería el “uso global del dólar”, y particularmente en el continente, como una manera de contrarrestar la influencia de China. China acaba de inaugurar un clearing de monedas que procesa las transacciones en siete segundos, cuando el Swift, que maneja Estados Unidos demora algunos días. Apunta a desarrollar un espacio monetario centrado en su moneda, el remnimbi. Mientras tanto, Milei y Caputo todavía no saben cómo afrontar los vencimientos de deuda del 2026. La burguesía local reclama una baja de la estratosférica tasa de interés y la reanudación del crédito, para ponerle un piso a una crisis industrial y comercial que se agrava a diario. 

 Milei ha concentrado en su persona la representación política que le han empoderado Scott Bessent y Trump. Este es el eje político del nuevo gabinete –desordenado, pero no improvisado. 

 Marcelo Ramal 

 04/11/2025

Causa Villazo: absuelven a todos los represores de los obreros metalúrgicos

La represión durante 1975 a los activistas obreros de la gran huelga metalúrgica de 1974. 

 El veredicto emitido por los jueces Germán Sutter Schneider, Ricardo Moisés Vázquez y Otmar Paulucci, del Tribunal Oral Federal 1 de Rosario, sobre la causa del "Villazo" constituyó un acto que, según las querellas, está "fuera de toda proporción" con la evidencia. La sentencia, que investigó la represión del Operativo "Serpiente Roja del Paraná" de 1975 en Villa Constitución, se saldó con 15 absoluciones y solo dos condenas con penas significativamente reducidas. 

 Un punto crucial de la actuación fue que demostró la participación del poder empresarial y represivo en la coordinación del Operativo. Sin embargo, el Tribunal revirtió las condenas originalmente solicitadas: de los exgerentes de Acindar, Roberto José Pellegrini fue el único sentenciado (quien enfrentaba un pedido de prisión perpetua y fue condenado a solo seis años de cárcel), mientras que el otro gerente, Ricardo Oscar Torralvo, fue absuelto. Por otro lado, solo un ex integrante de la Policía Federal, Roberto Álvarez, fue sentenciado a ocho años de prisión.

 Los ex jerárquicos de la patronal fueron señalados por su rol directo en la entrega de legajos de activistas a las fuerzas de seguridad y la financiación de tareas clandestinas de secuestro y tortura. No obstante, el fallo minimizó el alcance de estos crímenes al rechazar la figura de lesa humanidad y al negarse a declarar el "Albergue del Soltero" de Acindar como centro clandestino. 

 Este desenlace judicial se produce en un contexto de ofensiva contra los derechos de la clase trabajadora que traza un paralelo contundente con el pasado. La lucha del Villazo en los setenta fue una batalla por la independencia sindical, la recuperación de las comisiones internas y, fundamentalmente, por frenar la flexibilización laboral y las condiciones de trabajo inhumanas. La Lista Marrón, victoriosa en la UOM, simbolizó que el problema sindical era a la vez un problema político por la dirección del movimiento obrero. 

 Hoy, la clase trabajadora se enfrenta a la reforma laboral impulsada por el gobierno progenocida de Javier Milei y Victoria Villarruel, cuyo objetivo es una flexibilización aún más profunda, buscando eliminar todo rastro de las conquistas históricas obtenidas a lo largo del siglo XX. El alto grado de desmovilización se explica por la dificultad en superar las conducciones burocratizadas. Hoy desmovilizan los mismos que colaboraron en el secuestro, la represión y el asesinato de activistas durante los gobiernos de Perón e Isabelita, y la dictadura de Videla, Massera y Viola. En las recientes elecciones del 26 de octubre, la derrota nacional del Kirchnerismo debe leerse también como un rechazo a las burocracias sindicales peronistas abiertamente desautorizadas por las bases. 

 Este fallo se inscribe en un presente marcado por un profundo ataque político contra la clase trabajadora, la desmovilización generalizada y las luchas atomizadas. La falta de notoriedad pública y de presión social sistemática en torno al juicio del Villazo facilitó la absolución de los represores y genocidas y la reducción de las penas a los condenados. 

 Ciro Poreba 

 04/11/2025

Myriam Bregman en Ciudadano Duka por Carnaval Stream

Reforma laboral: un proyecto reaccionario a dos bandas

Envalentonado por la última elección, el gobierno ha reactivado el proyecto de la ley de reforma laboral. Previsiblemente, éste contiene cambios importantes en perjuicio de los trabajadores, aunque también en perjuicio de la burocracia sindical. 

 La reforma laboral ´de Milei´ ya tiene casi dos años de extensión, desde la votación por parte del peronismo y la burocracia sindical de la Ley Bases, que fue el primer paso de la misma en materia de salarios, condiciones de trabajo y el alargamiento del periodo de prueba, y también, sinuosamente, del recorte de las indemnizaciones. 

 Aunque el sistema de indemnizaciones se mantiene dentro de la vieja ley Centeno, la aceptación del conjunto de la burocracia de miles de “Procedimientos Preventivos de Crisis” que permiten indemnizaciones en cuotas y recortes de hasta el 50%, actuó como una forma de recortarle a los trabajadores a casi la mitad sus derechos indemnizatorios, anulando en los hechos aplicación del artículo 244 de la Ley de Contrato de Trabajo (de despido sin causa).

 En relación a las indemnizaciones, Milei ha mandado al cajón su proyecto original de armar fondos de cese laboral en los sindicatos con el modelo de Gerardo “Batallón 601” Martínez, cambiándolo por un sistema “a la uruguaya”, con indemnización en cuotas y con limites en el reconocimiento de los años de antigüedad. El cambio no es menor pues, además de ser un brutal ataque a los trabajadores, es un recorte al propio poder económico de la burocracia.

 El sistema de indemnizaciones de la UOCRA no pudo aplicarse en estos dos años en ningún sindicato. Aunque Gerardo Martínez les explicó a los jerarcas de los gremios de las ventajas que tendría el sistema para los fondos sindicales, el asunto no prosperó por dos cuestiones fundamentales: 1) En la industria no rige la inestabilidad general del trabajo como en obras – la capacitación del obrero -que favorece su explotación - el capitalista lo perdería con la rotación permanente; 2) Pero lo sustancial del rechazo es que quieren un recorte brutal del pago de las indemnizaciones por ley, sin los intermediarios que aparecerían a través en esos “fondos de ceses laborales” a los que las patronales tendrían que pagarles una comisión por la administración de los mismos.

 En la UOCRA este fondo se llama IERIC (Instituto de Estadísticas y Registro de la Industria de la Construcción) donde cada trabajador tiene que pagarle una cuota mínima y las empresas también. La administración de esos fondos implica miles de millones de pesos y sus inversiones las decide su directorio, del cual la Uocra “formalmente” no participa, pero con un rango privilegiado en el directorio hay funcionarios pertenecientes a los asuntos jurídicos de la UOCRA, asesores de Gerardo Martínez en el ámbito sindical, nacional e internacional. 

 Milei ha tomado nota de este resorte económico de los fondos de Ceses laborales y ya no quiere dárselos a los sindicatos. Entiende que la burocracia sindical no juega el papel decisivo de contención de los gremios y además que pierde peso dentro de las propias áreas políticas del peronismo. Antes, en la llamada “rama sindical” del peronismo, habían encuadradas gobernaciones y concejales y sus representantes pululaban en el parlamento. Entonces un 30% de las listas peronistas era de la burocracia. Ahora, esa burocracia es considerada piantavotos y casi no ocupa cargos parlamentarios por su elevado desprestigio. 

 Las iniciativas del proyecto de Reforma Laboral para que las discusiones se hagan por empresa es otro ataque a los trabajadores que pierden la fuerza de una negociación general y, por elevación, también es un tiro a la propia burocracia, que ya se restó ella misma poder de negociación al discutir cada año sólo los salarios de convenio con techos digitados por el gobierno, que son solo un 50% del sueldo neto, pues lo demás es un “conformado” de premios de presentismos, producción, extras y acuerdos de planta. La discusión de que haya convenios por empresa está destinada a aumentar aún más el “conformado”, donde el convenio de rama juega un papel muy relativo y el destajo (“bonificaciones por producción”, etc.) es el factor central de los salarios. 

 La actual crisis de la dirección de la CGT, crudamente manifiesta en la elección de la nueva cúpula gremial, es antes que nada una expresión de su inmensa decadencia. La burocracia está debilitada, además, por la enorme pérdida de afiliados por los despidos masivos por un lado y, por otro, por una tendencia creciente a la desafiliación. Como lo adelantamos en Política Obrera, las actuales discrepancias en la burocracia son, antes que cualquier otra cosa, una pelea por sobrevivir en sus cargos. 

 Aún están en carpeta los proyectos de Ley mal llamados de “democracia sindical”, que circunscriben las reelecciones indefinidas y las “cuotas solidarias” de la patronal por la totalidad de trabajadores afiliados y no afiliados, que va a las arcas de cada sindicato. La discusión de estos proyectos fue parada temporalmente por Milei, pero los reflotará si logra establecer que se aprueben los convenios por empresa. 

 Juan Ferro

 03/11/2025

Cristina Kirchner en el laberinto

Una Carta plagada de contradicciones y fantasías. 

 Las elecciones del 26 de octubre pasado tuvieron características muy especiales. Le dieron la victoria, en primer lugar, a un gobierno que atravesaba una crisis financiera y fuertes probabilidades de un default. El evento produjo un giro significativo, como lo es la obtención la garantía de un respaldo del Tesoro norteamericano (“backstop”) a la camarilla de la ‘motosierra’ por un tiempo indefinido. Además de superar en número a sus rivales en los comicios, LLA dio vuelta el resultado en la provincia de Buenos Aires, donde había perdido por 14 puntos en las elecciones desdobladas. Según algunas consultoras, dos de cada tres votos por las listas liberticidas obedecieron al temor de un desmadre financiero y político – no a una confianza en el Gobierno. En estos términos estrictos, la llamada “crisis de representación” está más vigente que nunca, y lo mismo ocurre con la crisis financiera, cuyos fundamentos no han sido superados, y con la depresión de la industria. Todavía falta una nueva devaluación del peso – ahora bajo la consigna de “la liberación del mercado cambiario” y “una flotación de la moneda”, con el propósito de “acumular reservas”. Una publicación de ayer del Financial Times revela una discusión en el Tesoro estadounidense para impulsar la dolarización. Es lo que ha venido reclamando el The Wall Street Journal al menos desde agosto pasado. 

 En este escenario, la publicación de una inevitable Carta pos electoral, por parte de Cristina Kirchner, ha resultado un fiasco. Es así que, asegura, sin ofrecer ninguna prueba, que sin el desdoblamiento electoral decidido por Kicillof y la Legislatura bonaerense, con mayoría peronista, la unificación de la elección provincial con la nacional, como ella abogó en su momento, hubiera cambiado las cosas. El triunfo de Fuerza Patria, en septiembre, despertó el revanchismo de la oposición de derecha, como se manifestó en una mayor participación electoral en octubre. Si se acepta el raciocinio de que una alteración del mecanismo electoral podía evitar la derrota, hay que aceptar también que el estallido financiero que siguió (aunque no comenzó) con los resultados de septiembre, habrían precipitado un default, sin margen de tiempo para que interviniera Scott Bessent, el secretario del Tesoro. Ni Fuerza Patria, ni el peronismo, ni CFK advirtieron acerca de este desenlace catastrófico, ni ofrecieron un programa para hacerle frente. La Carta pone en evidencia la dimensión de la ceguera política de la firmante. Pero como dijo Jorge Taiana, cabeza de lista de FP en Provincia, la unificación de los comicios podía haber llevado a una derrota en ambos distritos, el nacional y el provincial, con la consiguiente pérdida de la mayoría en la Legislatura que reside en La Plata. 

 La Carta incurre también en una falacia no menor, cuando sostiene que la versión oficial del escrutinio esconde que los votos de FP en todo el país habrían sido del 35% - no del 31, achicando la ventaja de LLA considerablemente. Bien contado, sin embargo, FP obtuvo menos del 31%, porque incluye a la lista tucumana de Jaldo y al FP de Catamarca (Jalil y Corpacci), que son sucursales peronistas de los liberticidas. Jaldo y Jalil instruyeron el voto a favor del decreto, primero, y de la ley de Bases, después, y en estos días han sido invitados a la reunión con gobernadores convocada por Milei, de la cual fueron excluidos los cinco gobernadores del peronismo. CFK fue la responsable de armar un FP que le diera una fisonomía nacional, para lo cual promovió toda suerte de entuertos. En Catamarca, por ejemplo, entre el intendente Saadi y Jalil, o en Salta mediante la designación de Juan Manuel Urtubey – un camaleón que cortejó con el gobierno de Macri. En la descripción de su excepciona visión electoral, CFK no previó que Urtubey humillaría al kirchnerismo con la obtención de un menos que módico 13% de los votos en Salta. La lista bonaerense para las parlamentarias nacionales las armó la misma CFK para su fracción interna en el peronismo, sin espacio para incorporar candidatos de los barones del suburbano. En Santa Fe, otro caso, forzó a Ciudad Futura (y a Caren Tepp) a incorporar a Agustín Rossi y sus compañeros del juego de azar en Rosario. Todo esto, en definitiva, un armado derechista y hasta ultraderechista. Si se considera al conjunto del bloque derechista (como lo hicimos en las elecciones de octubre de 2017 que ganó el macrismo, o sea el mendocino Cornejo, Jaldo, Jalil y los gobernadores amigos), la derecha ha superado la mitad de los votos, aunque no del padrón electoral (debido al ausentismo), lo que lleva a un 30% nacional. Fuerza Patria ha quedado reducida, bien contado al 25-28% de los votantes, y el 15% del padrón.

 Con la cabeza ocupada por las internas y el fastidio por la victoria de Kicillof en las provinciales, la expresidenta se ‘olvidó’ de presentar un programa; se limitó a un gemido: “pongamos un freno a Milei”. Si es por este objetivo ‘genial’, la derrota es políticamente completa. Pero si hubiera presentado un programa, habría dejado a la vista el apoyo del kirchnerismo a la ‘reforma laboral’, a ‘la reforma previsional’, aunque con variantes propias menores. Es lo que reclama el conjunto de la gran patronal nacional, en la que abreva desde hace muchas décadas el peronismo. El kirchnerismo ha sido responsable del fenomenal achatamiento hacia abajo de las jubilaciones, y de las represiones a los movimientos de lucha independientes, como en el corredor fabril de la Panamericana y de la Unión Ferroviaria. En cuanto a la reforma previsional, ha adherido firmemente al impuesto al salario, reconvertido en impuesto a los ingresos – el más progresivo según Alejandro Bercovich. Ya en un plano más inmediato, el kirchnerismo no enfrentó el cuadro político de la especulación financiera, ni presentó en el Congreso para declarar nulo el acuerdo con Bessent-Trump – “el silencio es salud”, como se lee en los hospitales. Fuerza Patria, el décimo nombre travestido del peronismo, exhibió en las elecciones su completa nulidad política. El “temor a los ‘kukas’ se ha convertido en un espantapájaros paro los niños.

 La sentencia contra el peronismo no vino de la izquierda sino de la derecha. Esto marca el retroceso político de la clase obrera y la inutilidad del coqueteo de la izquierda oportunista con el peronismo. En tanto la clase obrera y los socialistas revolucionarios no sean quienes ajusten cuentas históricas con el peronismo, el nacionalismo burgués puede renacer de las cenizas del peronismo, como ha ocurrido efectivamente – en Argentina, del radicalismo al peronismo; en Venezuela, de la Acción Democrática al chavismo; en Bolivia, del MNR al MAS. Cristina Kirchner, que ya pasó de un menemismo fanático a la etiqueta “nacional y popular”, presenta en su Carta, una variante mezquina. ‘Aquí no ha pasado nada’, dice, hemos perdido otras elecciones intermedias, ya nos llamarán para el rescate (una suerte del ‘retorno de Perón’). En lugar de describir episodios que marcan una larga decadencia, fantasea con “el eterno retorno”. Es de este modo que se absuelve a si misma de la vacancia de poder que compartió con Alberto Fernández, cuando el ministro Massa se convirtió en una suerte de presidente de facto. 

 El gobierno de las dinastías políticas ha desaparecido de un capitalismo en fase histórica regresiva, reemplazado por cambios políticos bruscos e inesperados. La semana pasada, la centroizquierda le quitó el gobierno a la ultraderecha agresiva en Países Bajos; una activista contra el genocidio en Gaza, barrió en las elecciones presidenciales en Irlanda; mañana, un autodeclarado socialista ganará la jefatura de Gobierno en la ciudad de Nueva York, mientras Trump viola los derechos federales de los estados de la Unión y prepara el bombardeo a instalaciones militares en Venezuela. 

 Es tarea de los activistas decir las cosas como son, para evitar los laberintos del cristinismo. Es necesario un trabajo de preparación política -mediante la propaganda, la agitación, la organización y la lucha- para que la clase obrera arranque el poder político de la clase explotadora y de sus alternativas pro imperialistas y anti imperialistas, para construir el gobierno de los trabajadores e impulsar la revolución socialista latinoamericana e internacional.

 Jorge Altamira 

 03/11/2025

Las reformas laborales noventistas que ampliaron la desocupación y el hambre

Promesas de trabajo formal para aplicar modificaciones patronales que facilitaron despidos, precarización y flexibilización laboral.

 La reforma laboral que tiene en agenda Javier Milei, con el pretexto de una supuesta generación de empleo formal, tuvo su fracaso en los '90 y los años siguientes, con las sucesivas modificaciones al régimen laboral, que introdujeron mayor precarización y flexibilización y culminaron con el estallido social de diciembre del 2001, y un crecimiento exponencial de la desocupación y la pobreza. 

 El primer antecedente al respecto del menemismo vino con la reforma laboral con la sanción de la Ley de Empleo 24.013, a fines de 1991, cuyo propósito fue flexibilizar el trabajo y los contratos laborales para adaptarlos a las necesidades del mercado y las patronales. Con esta reforma, se incorporaban una multiplicidad de modalidades precarias de empleo, más conocidas como “contratos basura”, generando una división adicional entre los trabajadores, entre permanentes y contratados. 

 Como Milei, el argumento de Menem para vulnerar los derechos de los trabajadores, satisfaciendo los reclamos del FMI y las patronales, fue la supuesta creación de puestos de trabajo y la formalización de los existentes, cosa que nunca sucedió –las patronales prefirieron pagar las indemnizaciones creadas a tal fin (derogadas recientemente por Milei) antes que regularizar trabajadores, para bajar costos. Los capitalistas se valieron de estas reformas para perjudicar a los trabajadores, continuando con el trabajo informal, ampliando sus ganancias y el número de desempleados, haciendo creer las filas de los desocupados. 

 Ademas, el menemismo redujo las contribuciones aptronales a la seguridad social, vaciando la caja de la Anses y las jubilaciones: en un beneficvio extraordinario que nunca se retrotrajo y que es uno de los pilares de las jubilacioens de indigencia que paga actualmente el Estado. 

 A mediados de los '90 incluso avanzaron más allá, con el convenio del Smata y Fiat, aplicando la política de convenios específicos que luego serían replicados en la industria, donde se redujeron los salarios un 40%, se descalificó a los trabajadores a la condición de “aprendices” y se atacó la jornada de 8 horas, la estabilidad laboral y el régimen de vacaciones, todo bajo la condición de creación de 5.000 empleos formales que nunca existieron. 

 Ya a fines de la década y del segundo gobierno de Menem, en 1998, se sancionó la Ley 25.013, que introduciría reducciones en las indemnizaciones y facultades discrecionales para las patronales y los sindicatos para reformar las condiciones laborales de los convenios. Esta ley derogó la mayor parte de los contratos basuras de la Ley de Empleo, pero solo porque el régimen laboral ya había sido degradado a la misma situación de vulnerabilidad. 

 Lo que vino después de estas reformas antiobreras fue aún peor, con la conocida Ley Banelco (Ley 25.250) bajo el gobierno de Fernando de la Rúa, con el escándalo de las coimas en el Senado como agregado. Esta reforma planteaba la extensión del periodo a prueba (algo que hizo Milei recientemente con la Ley Bases), el ataque a la ultraactividad de los convenios, la habilitación de los convenios por empresa incluso por sobre convenios de mayor jerarquía (rama o industria) y beneficios para los capitalistas con la disminución de las contribuciones patronales y subsidios, entre otras cosas. 

 Todo este proceso, lejos de llevar a un crecimiento del trabajo gracias a las facilidades a las patronales y la flexibilización de las condiciones laborales, solo conllevó un aumento de la desocupación y una caída general de los salarios, con los capitalistas explotando una mayor rentabilidad. 

 Milei ahora pretende que volvamos a profundizar esta orientación, que siguen sucesivamente los gobiernos capitalistas para defender los negocios patronales, con el mismo latiguillo del trabajo, cuando la economía sigue hundiéndose y con el antecedente que todo ataque contra los trabajadores siempre vino de la mano de más despidos, desocupación, ajuste y pobreza. 

 Hay que derrotar eta ofensiva del gobierno y sus colaboradores, rompiendo con la política criminal de la burocracia cegetistas y el peronismo colaborador, con la movilización popular y la lucha de clases, deteniendo cualquier intento de una nueva reforma laboral antiobera en los términos en los que la población trabajadora le dijo que no a la reforma jubilatoria de Macri en 2017 y paró así la reforma laboral en carpeta del macrismo. 

 Marcelo Mache

Los gobernadores se alinean con la reforma laboral antiobrera de Milei y Trump

Una reunión para convalidar el Presupuesto 2026 de ajuste y la agenda reaccionaria del gobierno. 

 El presidente Javier Milei convocó a la casi totalidad de los gobernadores para sellar el apoyo a la reforma laboral antiobrera, la reforma tributaria y del Código Penal, con la linea de la continuidad del ajuste fiscal y del proyecto de Presupuesto 2026 presentado por el Ejecutivo nacional, tras la victoria electoral del oficialismo. El saldo de la reunión puso de relieve la adhesión de los gobernadores al ajuste nacional, replicandolo en sus provincias, y su subordinación a lo lineamientos del FMI, luego del fracaso electoral de la “linea de ajuste independiente” de Provincias Unidas. 

 La reunión contó con el núcleo duro del gabinete presidencial y con representación de 20 de las 24 jurisdicciones nacionales, con gobernadores, algunos vicegobernadores y el jefe de Gobierno porteño, y la ausencia anunciada -directamente no fueron invitados- de cuatro gobernadores peronistas, entre ellos el bonaerense Axel Kicillof. 

 Milei calificó la reunión como “extremadamente positiva”, dando cuenta de una subordinación total de los gobernadores a los planes del gobierno y el FMI, comenzando con la anunciada reforma laboral antiobrera, que plantea regresar a los trabajadores a la esclavitud, señalando que hubo “consenso absoluto” entre los asistentes respecto a avanzar en esta dirección. 

 El presidente de la nación, quien encabeza el ajuste sobre los trabajadores, no se privó de reconocer los esfuerzos de los gobernadores por replicar la misma política en sus provincias, manifestando que “hay que reconocer que las provincias hicieron un ajuste de un poco más de tres puntos. Estamos todos laburando en la misma línea”. 

 Que la reunión implicó un acto de subordinación total lo dejó de manifiesto que el gobierno pasó a un tercer plano cualquer agenda respecto al reclamo de los gobernadores por la coparticipación de impuestos, señalando que cada jurisdicción tendrá que resolver como financiarse e imponiendo su propia agenda, con el proyecto de Presupuesto 2026 de ajuste, el pacto fiscal y las reformas reaccionarias que anunció el gobierno. 

 Entre los ausentes de la reunión estuvieron Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego), debido a que siquiera fueron invitados -aunque Kicillof estuvo reclamando ser convocado. Se trata de un sector del peronismo que ha quedado disminuido tras las elecciones y que no expresa ninguna alternativa para los trabajadores frente a las tareas planteadas, siendo el mismo sector que fue a las elecciones legislativas dejando pasar el ajuste, ausente en las calles, cómplice de la extorsión del imperialismo norteamericano contra la población y subordinando toda lucha concreta contra el ajuste a “reforzar el Congreso”. 

 La mención de Milei respecto a que los gobernadores y las provincias se financien por sus propios medios está directamente vinculada a las presiones del imperialismo para explotar petroleo, minerales y los recursos de las provincia, como parte de la entrega de la Argentina a los Estados Unidos como garantía ante el endeudamiento nacional y los favores de Trump a Milei. 

 La reunión de Milei con los gobernadores deja expuesto que no existen diferencias de fondo entre las variantes capitalistas, quienes solo pujan por mejorar la posición de los mandantes capitalistas, utilizando a los trabajadores y sus reclamos como moneda de cambio. 

 Los trabajadores debemos reforzar nuestra organización independiente para derrotar la ofensiva antiobrera que prepara Milei, con una fuerte campaña contra la reforma laboral antiobrera y con el ajuste que impacta en Salud, Educación, Cultura, entre algunos sectores, y con la movilización popular y los métodos históricos de acción directa de los trabajadores. 

 Marcelo Mache

Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación: el andamiaje estatal al servicio del capital

A través del Boletín Oficial, el gobierno anunció la aplicación de la ley 27.738 “Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030” aprobada por consenso en octubre de 2023 a través de los “Lineamientos” desarrollados por el Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Darío Leandro Genua. 

 En la ley original se mencionan 10 desafíos estratégicos, desde erradicar la pobreza, y la vulnerabilidad ambiental, Bioeconomía y biotecnología alimentaria, el desarrollo de la industria espacial e informática, cómo investigar el Mar Argentino para un uso sostenible y la transición energética. Si bien es una falacia de conclusión pensar que una ley de Ciencia pueda lograr por sí sola “erradicar la pobreza”, los Lineamientos que decreta Genua se apoyan en las interpretaciones que hace el gobierno liberticida, a saber, disponer del conjunto del aparato científico tecnológico estatal como un subsidio directo hacia el capital. 

 En resumidas cuentas, los lineamientos estratégicos a abordar son cuatro, efectivamente los cuatro sectores que más divisas ingresan al país: Agroindustria, Minería y Energía, Economía del Conocimiento y la Innovación y Salud. Genua plantea que es necesario enfocarse sólo en estos 4 aspectos en términos de que el contexto global de “modificaciones en la composición y orientación de los flujos comerciales, financieros y tecnológicos” y una “demanda energética tanto en términos del consumo interno como en el comercio internacional” y que para ello es necesario financiar los aspectos que puedan “resolver vulnerabilidades internas al tiempo de responder a los desafíos globales”. 

 Lo que está planteando el Secretario en sus lineamientos es un ordenamiento del sistema CyT estatal en el marco de los requerimientos del imperialismo, que pide como tributo del rescate al gobierno el conjunto de los bienes públicos que posee el Estado Argentino y convertirlos en commodities que favorezcan los mercados financieros de la deuda nacional, entre ellos ya se encontraba el Plan Nacional Nuclear. 

 Para cada uno de los lineamientos se busca desarrollar las líneas que más rindan al capital, a saber: en Agroindustria busca promover la producción de alimentos, bioinsumos, aprovechamiento del Mar Argentino. En Minerales y Energía busca promover el uso eficiente de la energía, búsqueda y explotación de minerales y materiales fundamentales para la industria electrónica, energía nuclear y energías alternativas. 

 En Economía del conocimiento e Innovación hace referencia a “software y servicios informáticos, biotecnología, nanotecnología, audiovisual y videojuegos, servicios profesionales intensivos en conocimiento, robótica e industria 4.0.” y señala que dicha industria en 2024 se colocó tercera como generadora de divisas a nivel nacional, detrás de la agroindustria y el sector energético petroquímico. El principal punto que señala en este aspecto es la producción en el ámbito de la ciberseguridad y ciberdefensa. 

 En Salud remarca y elogia que “según datos de la Encuesta sobre I+D del Sector Empresario Argentino (ESID) que realiza la Dirección Nacional de Información Científica, en la última década se registró una importante expansión de las actividades de investigación clínica. Esto ha dado lugar a la instalación en el país de diversas empresas o instituciones que ofrecen servicios de gestión de investigación clínica al sector farmacéutico (CRO). Las CRO articulan con centros de investigación, instituciones médicas, hospitales, clínicas, fundaciones u otros actores, los cuales llevan adelante las investigaciones. A diferencia del segmento de laboratorios, este conjunto de firmas es liderado por filiales de empresas multinacionales” 

 Entre las tecnologías a priorizar señala que “Las tecnologías prioritarias son: Inteligencia Artificial y ciencia de datos, biotecnología, nanotecnología, robótica y automatización, TICs, tecnología nuclear, espacial y satelital, tecnologías médicas y bioingeniería, tecnologías cuánticas y tecnologías emergentes como la tecnología vestible (wearables) y las neurotecnologías.” 

 Una vez más, el gobierno toma el pulso de los especuladores internacionales que encuentran en Argentina un pool de siembra que va eliminando las legislaciones ambientales, que envenena a la población local con agroquímicos. El mismo pulso señala que, en el marco de una guerra del imperialismo norteamericano con China, el primero buscó asegurar su propia cadena de suministros en materia de minerales, litio y tierras raras, como así también hidrocarburos que suministren a los mercados que son negados a Rusia.

 Las empresas de IA han puesto el ojo en Argentina y en su programa nuclear como un botín que permita continuar con el desarrollo de una industria que hoy tiene características más de burbuja financiera que de maquinaria productiva.

 La contracara del conjunto de estas medidas es la desarticulación de cientos de grupos de trabajo que investigan ciencias básicas y que no hacen a los intereses de la burguesía que hoy se vuelca la especulación financiera, y a los subsidios estatales para subsistir.

 Los trabajadores de la ciencia y tecnología todavía no han puesto su voz en este escenario de desguace o lo han hecho bajo experiencias orientadas por las autoridades de las instituciones que buscan su propio salvataje, adaptándose a las demandas del aparato liberticida o apostando a un recambio favorable en 2027, que los han llevado al inmovilismo. Abramos un debate sobre la profundidad de la crisis y la inviabilidad del sistema actual. 

 Sergio Yeti

 31/10/2025

¿Qué significa la tregua que pactaron Donald Trump y Xi Jinping?

Este jueves 30, los líderes de Estados Unidos y China, Donald Trump y Xi Jiping, pactaron una tregua comercial de un año en una cumbre que celebraron en Busan, Corea del Sur. China acordó suspender durante un año los controles a las exportaciones de las estratégicas tierras raras, mientras que Estados Unidos suspendió los mayores controles a las exportaciones de semiconductores, y se suspendieron los nuevos aranceles recíprocos al transporte marítimo. A su vez, Estados Unidos redujo en 10 puntos porcentuales los aranceles a los productos chinos relacionados con el fentanilo, disminuyendo el arancel promedio al 45%, mientras que China acordó reanudar las compras de soja y habilitar el control de TikTok por una empresa norteamericana. 

 El repliegue se produce luego de la escalada que protagonizaron ambas potencias en las últimas semanas, que prefiguraba un choque con derivaciones inciertas. Sin embargo, este repliegue, no representa una reversión de la tendencia a una confrontación decisiva entre ambas potencias. Hacia adelante, se acelerará la carrera de ambos países para dominar las cadenas de suministro y hacerse de los recursos naturales, tecnológicos y militares para poder prescindir y, a su turno, someter a su adversario. 

 La escalada previa

 Recordemos que en el llamado “Día de la Liberación”, cuando Trump anunció aranceles exorbitantes para todo el mundo, China y Estados Unidos se enfrascaron en una escalada que llevó los aranceles recíprocos por arriba del 100 %. La decisión de China de restringir las exportaciones de siete elementos de tierras raras y los imanes relacionados —utilizados en armamento, automóviles y electrónica— fue un punto de inflexión en esa escalada. Es que China domina la mayor parte de la producción de tierras raras (entre un 60% y un 70%) y de su refinación (un 90%), y sus restricciones amenazaron con paralizar la industria yanqui y la industria automotriz internacional. Por esta razón, Estados Unidos redujo los aranceles sobre los productos chinos al 30 % como parte de una tregua de 90 días, que posteriormente se extendió, y China redujo sus aranceles sobre los productos estadounidenses al 10 % y comenzó a permitir nuevamente el flujo de tierras raras. 

 Esta dinámica había tenido un antecedente bastante inmediato. En diciembre de 2024, Washington había anunciado restricciones a las exportaciones a China con el objetivo de limitar el desarrollo de microchips avanzados para la inteligencia artificial con uso militar. El Estado chino respondió, en aquel momento, con la prohibición a la exportación de galio, germanio, antimonio y grafito, metales clave para la fabricación de semiconductores o baterías. 

 En el marco de la tregua arancelaria iniciada en mayo y prorrogada en agosto por otros 90 días más, Estados Unidos sostuvo las restricciones al envío de chips de alta tecnología al gigante asiático. China, por su parte, dejó de comprarle soja a Estados Unidos y recrudeció las investigaciones antimonopolio contra grandes empresas estadounidenses como Google, DuPont, Nvidia y Qualcomm. 

 Pero en las últimas semanas, faltando un mes y medio para que se venza la tregua arancelaria, se produjo un mayor recrudecimiento de las hostilidades. A finales de septiembre, la Oficina de Sanciones de Estados Unidos amplió la lista de empresas a las que se les prohíbe el acceso a la tecnología norteamericana, afectando especialmente a empresas chinas. A su vez, Estados Unidos impuso nuevos aranceles a los buques de fabricación china en puertos estadounidenses. Como respuesta a todo esto, China elevó a principios de octubre sus controles de exportación de tierras raras a un nuevo nivel. Así, estableció un régimen global de licencias que, de aplicarse con rigor, le otorgaba a China la posibilidad de dictar qué productos de alta tecnología se fabrican fuera de sus fronteras y quién los fabrica. Trump respondió amenazando con nuevos aranceles del 100% y con cancelar la cumbre entre ambos líderes del jueves 30. 

 Las razones del repliegue 

A diferencia de la guerra comercial impulsada por Trump bajo su primer mandato, la actual confrontación ha encontrado a China mejor preparada. Y es evidente que Xi le ha dado a Trump de su propia medicina. 

 Muy tempranamente China ha sido consciente del poder de fuego con el que cuenta con su cuasi monopolio de las tierras raras. Nos referimos a los 17 elementos químicos que resultan indispensables para la producción de autos eléctricos, teléfonos inteligentes y aviones de combate, entre otras cosas, que le otorgan a China un enorme poder en el control de la cadena de suministros. De hecho, ya en 1992 Deng Xiaoping había señalado que “así como Medio Oriente tiene el petróleo, China tiene las tierras raras”. En 2010 el gigante asiático utilizó su dominio de las tierras raras contra Japón, lo que motivó un pronunciamiento por parte de la Organización Mundial del Comercio contra China en 2012.

 Pero así como ha sido consciente de su potencial, China también lo ha sido de sus limitaciones en el terreno tecnológico, especialmente en el de los microchips, y de dependencias de las importaciones. Por eso en 2015 lanzó el programa Made In China 2025, con el objetivo de superar su atraso tecnológico, reducir su dependencia de las importaciones e incrementar su productividad laboral (ver la sección “La puja tecnológica” en “De donde viene y adónde va China”). El lanzamiento en 2013 de la Iniciativa de la Ruta y la Franja fue otra forma de sortear su dependencia comercial de Estados Unidos, diversificando su entramado comercial. Es por eso que, en septiembre de este año, el valor de las exportaciones chinas han crecido en un 8,3% interanual, a pesar de las restricciones norteamericanas y la caída del comercio con Estados Unidos. 

 En contraste con la previsión china, Estados Unidos recién ahora se ha volcado a superar su dependencia de las tierras raras producidas y refinadas por China. Trump ha planeado crear una reserva estratégica de minerales y establecer un precio mínimo para las tierras raras, agilizando los trámites de permisos y reduciendo drásticamente las normas medioambientales para acelerar la construcción de minas y plantas de procesamiento. De hecho la administración norteamericana ha tratado de adquirir minerales críticos por el orden de los mil millones de dólares, como parte de una campaña de acumulación de reservas, y el Estado yanqui se ha volcado a la adquisición de participaciones en empresas mineras, como MP Materials, Lithium Americas y Trilogy Metals (Financial Times 20/10).

 Esta dinámica es lo que explica que muchos hayan señalado que China mantiene una ventaja respecto a Estados Unidos en la guerra comercial. El semanario inglés, The Economist, tituló su editorial del 23 de octubre: “Por qué China está ganando la guerra comercial”. Chris Miller -el autor de Chip War, un libro dedicado a mostrar el rol de los chips como la infraestructura crítica de la civilización moderna y a analizar la puja entre ambas potencias por el dominio de los semiconductores- señaló en un reciente artículo de opinión que China “sigue ganando” la guerra comercial (Financial Times 27/10). Como balance de la cumbre entre Trump y Xi, un artículo publicado en The New York Times (reproducido por La Nación 31/10) afirma que “Xi sale fortalecido de Busan, pero deja que Trump cante victoria”. Mientras, el Financial Times sostiene que “China emerge como un ‘rival a la par' de Estados Unidos”, mostrando un contraste entre la situación de China con Japón, Malasia y Corea del Sur. Es que en las reuniones que mantuvo Trump con los mandatarios de los países asiáticos, estos se vieron obligados a hacer concesiones, incluyendo acceso a sus mercados y la promesa de invertir cientos de miles de millones de dólares en Estados Unidos, a cambio de una modesta reducción de aranceles. 

 Sin embargo, también hay que incorporar al panorama general que Trump afirmó no haber hablado en la cumbre sobre Taiwán, algo que le preocupa especialmente a China ante el armamento sistemático de la isla gracias a la asistencia del imperialismo yanqui. A su vez, Trump afirmó no haber aceptado la venta de los avanzados chips de IA Blackwell de Nvidia a China, aunque indicó que sí abordó el acceso a otros chips de la compañía. 

 La preparación de la ofensiva 

Sea como fuere, es claro que cada potencia apunta a superar, en el marco de la tregua, sus propios flancos débiles.

 Tal es así que, una vez concluida la cumbre Trump-Xi, el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, señaló que China “cometió un grave error” al amenazar con suspender las exportaciones de tierras raras, ya que “alertó a todo el mundo de ese peligro”, y que Estados Unidos se protegerá de una eventual nueva crisis de suministro de tierras raras “en un plazo de 12 a 24 meses”. Hay que apuntar también que Trump, en la víspera de la cumbre de Busan, anunció el retorno de las pruebas de las armas nucleares, interrumpiendo más de tres décadas de moratoria nuclear. Lo hizo en respuesta al gobierno ruso, que lanzó recientemente el misil crucero Burevestnik y el torpedo nuclear Poseidón, pero también como una señal de poderío militar a Xi Jiping. 

 Por su parte, China seguirá intentando superar su retraso en materia de desarrollo de semiconductores. En la cuarta sesión plenaria del XX Comité Central del PCCh, que tuvo lugar el 23 de octubre pasado, se sentaron las bases del nuevo plan quinquenal de China. Allí, volvió a quedar clara su determinación de dominar la manufactura avanzada y lograr la autosuficiencia tecnológica y, entre otras cosas, “acelerar la construcción de capacidades de combate avanzadas y propulsar la modernización de la gobernanza militar” (Comunicado de la IV Sesión Plenaria del XX Comité Central del Partido Comunista de China). Hay que recordar, a su vez, el impactante desfile militar que protagonizó el Ejército chino en Tiananmen, en el marco del 80 aniversario de la victoria china contra Japón, a principios de septiembre.

 El repliegue, como se ve, no inaugura un período de paz y estabilidad. Ambas potencias “retroceden” con el único objetivo de tomar impulso y lanzarse más decididamente a una confrontación decisiva.

 Pablo Giachello

Sudán: un nuevo capítulo de la barbarie en la guerra civil

La caída de El Fasher deriva en crímenes masivos contra la población civil. 

 La captura de la ciudad de El Fasher por parte de las Fuerzas de Acción Rápida (FAR) del general Mohamed Hamdan Dagalo, alias “Hemdeti”, derivó en uno de los episodios más brutales de la guerra civil sudanesa, cuando estas tropas emprendieron una espiral de crímenes contra la población civil. Se afirma, por ejemplo, que 460 pacientes y familiares fueron ejecutados a sangre fría en un hospital de la ciudad, y que personas con discapacidades, dificultades para huir, también fueron rematadas. A esto se suman las denuncias de violaciones masivas de mujeres y niñas. 

 La caída de El Fasher, una de las ciudades más importantes de la región de Darfour, corona un bloqueo de dieciocho meses en que las fuerzas de “Hemdeti” sometieron a la población local -al estilo de Israel en la Franja de Gaza- a la hambruna. Pero la historia viene de mucho más lejos: a comienzos de siglo, “Hemdeti” lideró las milicias Yanyaweed, que iniciaron una limpieza étnica contra las poblaciones negroafricanas (fur, masalit y zaghawa) de Darfour, tras una sublevación de los agricultores de la región contra el régimen sudanés, entonces bajo el puño del dictador Omar al-Bashir. 

 La guerra civil de Sudán, que en dos años y medio de conflicto ya dejó más de 50 mil muertos y 10 millones de desplazados, enfrenta a las FAR de “Hemdeti” con otro general, Abdel al-Burhan. Estas dos figuras protagonizaron un golpe militar en 2021 que puso fin a la experiencia de gobierno de transición cívico-militar, surgido poco después del levantamiento popular que puso fin a la dictadura de al-Bashir. Sin embargo, al-Burhan y “Hemdeti” comenzaron a librar pronto una pulseada de poder que planteaba, entre otros focos de conflicto, el de la integración de las FAR a las fuerzas regulares. 

 Con El Fasher en sus garras, las FAR alcanzan el control de la mayor parte de Darfour, una región que es importante tanto desde el punto de vista económico como territorial. Cuenta con oro y fronteras con Chad y Libia, a través de las cuales, las fuerzas de “Hemdeti” trafican minerales y reciben armamento de los Emiratos Arabes Unidos. 

 El gobierno de al-Burhan, en tanto, domina el este del país, incluyendo las costas sobre el Mar Rojo por donde se exporta el petróleo. En marzo, retomó el control completo de la capital, Jartum. Al-Burhan cuenta, según el diario madrileño El País (31/10), con el respaldo de Rusia, Egipto y Arabia Saudita. 

 Este escenario de fuerzas plantea la posibilidad de una nueva partición de Sudán, que ya vio independizarse al sur en 2011, tras dos guerras civiles sangrientas, que fueron seguidas por otra guerra civil entre los partidarios de Salva Kiir y Riek Machar, un conflicto que nunca se disipó del todo. 

 El golpe de al-Burhan y “Hemdeti”, en 2021, desplazó el centro de gravedad política desde las masas en lucha al ejército y reintrodujo a Sudán en el escenario de la barbarie y la guerra imperialista. Para salir de este pantano, se necesita una nueva oleada revolucionaria. 

 Gustavo Montenegro

Masacre en Río de Janeiro y crisis política

Mientras el imperialismo norteamericano prepara el asalto final sobre Venezuela. 

 La Masacre de Río de Janeiro, con un saldo de 132 muertos, no puede ser considerada por fuera del contexto internacional, de la injerencia de Trump y su política de intervención en América Latina bajo la acusación de “narcoterrorismo” a todo opositor político a sus posiciones. 

 Las primeras investigaciones oficiales sobre los eventos ocurridos en la madrugada del martes en los complejos Alemao y Penha, han confirmado la barbarie acometida por la policía. Los peritajes de los cuerpos evidencian signos de torturas, quemaduras, ejecuciones sumarias. Los jefes del operativo fingieron lamentar “una letalidad que se creía probable, pero no deseable”. Sin embargo, la megaoperación -que contó con la participación de 2.500 efectivos- y el traslado de los combates a la Sierra de la Misericordia fueron planificados previamente por las propias fuerzas policiales que interpusieron una “pared” de oficiales de élite, fuertemente armados, del Batallón de Operaciones Especiales (BOPE). Las bandas criminales, que el gobernador Castro busca catalogar como narcoterroristas -en sintonía con Trump- están lejos de suponer una amenaza al monopolio estatal de la fuerza. Múltiples analistas políticos brasileños, así como expertos en delito, aseguran que estos grupos, si bien están fuertemente armados, no tienen comparación con una fuerza regular, ni siquiera con organizaciones armadas como las FARC. Los asesinados fueron mayoritariamente jóvenes reclutados en los barrios más pobres de Río al servicio de un oscuro entramado delictivo. Jóvenes que combatían en ojotas y sin remera fuerzas de élite policial que los torturaron y asesinaron en la oscuridad de un monte. El principal objetivo del operativo era detener al capo narco “Doca”, que todavía se encuentra prófugo.

 La policía, en un operativo que demoró interminables horas, citó a los familiares para reconocer los cuerpos en los hospitales cercanos a las favelas – el IMF y el Hospital Getulio Vargas-. La situación terminó en represión ante el malestar de las familias por las demoras y la negativa a entregar los restos. 

 El operativo policial fue vitoreado por la ultraderecha brasileña como el modelo a imitar en todo el país. En las últimas horas, fue replicado en San Pablo por Tarcisio de Freitas, aunque en este caso, se trató de una acción sumamente medida –arrojó sólo una víctima mortal y un herido-. El operativo buscaba ejecutar órdenes de detenciones de la banda más imponente de Brasil: el Primer Comando Capital (PCC). A diferencia de las operaciones en Río, los destinos fueron barrios cerrados y urbanizaciones de ricos, donde viven los capos del delito. La operación, ampliamente publicitada, sin embargo, no logró encontrar a los principales implicados. Se sospecha que ninguno de ellos vive en Brasil. La violencia vista el martes en Río, conocida en las jornadas de miércoles y jueves, ha llevado a reactivar causas contra el gobernador Claudio Castro por abuso de poder político y económico, que se encuentran en la última instancia judicial, en manos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), e involucran al presidente del Parlamento regional, Rodrigo Bacellar. Al mismo tiempo, el juez Alexandre de Moraes, ha solicitado a Castro que se presente el próximo lunes 3 de noviembre ante el Tribunal Supremo Federal a declarar y dar cuenta sobre el operativo del martes, bajo riesgo de acusación de violar los derechos humanos.

 La ofensiva de la ultraderecha cuenta con un aval de Trump. Lula, por su parte, ha tomado distancia de las polémicas públicas con Castro. Ha firmado una resolución presidencial que eleva la protección a fiscales y policías. La derecha ha montado una operación política en su contra. El contraste político entre los dichos de Lula y la “cautela” oficial en sus declaraciones y acciones, contrasta con las de los dirigentes de base en las barriadas asediadas por la violencia narco y policial. Las denuncias de los delegados barriales en Alemao y Penha expusieron una situación de crisis humanitaria en las favelas.

 Por otro lado, la iniciativa de Castro busca esconder una profunda fractura política en las filas del bolsonarismo y la lucha intestina por la candidatura para enfrentar a Lula en 2026. Castro, una figura en declive, es catalogado como un oportunista por la prensa brasileña. De ahí, las acusaciones que ubican al megaoperativo como una acción electoral en favor de su política de mano dura. Las intenciones de Castro, egoístas y oportunistas, no están en juicio. Lo que debe ser caracterizado es el alcance político de este globo de ensayo ejecutado por los círculos bolsonaristas contra el gobierno nacional. Diversas investigaciones, aparecidas en Folha de Sao Paulo, denuncian que las autoridades militares nacionales ocultaron el operativo al gobierno nacional; también se denuncia la filtración del operativo al Comando Vermelho. Las irregularidades se multiplican rápidamente. La descomposición social y política de Brasil busca ser aprovechada por una banda cívico militar de delincuentes para alinear al país más grande de América Latina en una empresa de rapiña internacional. No pueden entenderse de otra manera las súplicas de Flavio Bolsonaro (hijo) a Donald Trump para que bombardee las costas de Brasil.

 Joaquín Antúnez 

 31/10/2025

¿Milei para rato? 😱 Elecciones, peronismo e izquierda con CHIPI Castillo

Análisis de las elecciones | Entrevista a Jorge Altamira en "¿Y si sale bien?" AM 530

Christian Castillo: "A la CGT todo lo que sea a favor de los trabajadores no le interesa."

Los votos no dan derechos para destruir el derecho laboral

Además, fueron comprados a crédito al imperialismo norteamericano. 

Nota de tapa de Política Obrera N° 131 edición impresa. 

 El sufragio universal es una gran conquista de la clase obrera: con anterioridad sólo tenían derecho al voto los propietarios masculinos. Fue arrancado por grandes revoluciones sociales o concedido por el poder patronal como un recurso para que ellas no se repitan. 

 Pero el sufragio universal se transforma en reaccionario si se lo toma como “un mandato” para destruir conquistas tanto o más importantes de la misma clase obrera, tales como la jornada de ocho horas, o el derecho a discutir colectivamente con las patronales las condiciones de trabajo, además del derecho a un salario mínimo equivalente al costo de la canasta familiar, y no en función del lucro sin tope del capitalista. 

 En el movimiento obrero, esta contradicción entre el ‘mandato’ del voto y los derechos de los trabajadores fue resuelta por nuestros bisabuelos. Mientras la burguesía liberal se esforzaba por convertir al voto en una forma disfrazada de poder absoluto, la clase obrera internacional multiplicó sus organizaciones sindicales y de otro tipo y, en especial, partidos políticos de masas propios. Con estos instrumentos ha advertido que el derecho de la única fuerza productiva de la sociedad tiene una universalidad de la que carece el sufragio de los individuos aislados etiquetados como ‘ciudadanos’.

 Javier Milei y su cohorte liberticida y corrupta han salido a festejar los resultados electorales del domingo blandiendo la decisión de destruir de raíz el derecho laboral en Argentina, arrancado por más de un siglo de luchas incluso revolucionarias. Lo quiere sacar en el Congreso, donde ocupará poco más de un tercio de las bancas; si no sale a su gusto, vetará las cláusulas que no le conformen. Después de unas elecciones que han sido parlamentarias, seguirá ejerciendo el gobierno del veto, o sea, del poder personal. Las elecciones del domingo han reforzado la tendencia reaccionaria del régimen político, incluso fascista. Los ‘democratizantes’ de todo cuño se rinden ante la supremacía del autoritarismo, como una pseudomanifestación de la soberanía popular. 

 La conclusión fundamental, entonces, de las elecciones del domingo es que debemos prepararnos para luchas cada vez mayores y más profundas. En ese cuadro y con ese espíritu debemos debatir con los compañeros que se encuentran sumidos en una confusión o incluso desmoralizados. Es la tarea que debemos emprender con la nueva generación obrera, principalmente. La camarilla de Milei ha agravado la crisis capitalista y se ha embarrado en sus contradicciones. 

 Pero la LLA ganó las elecciones de medio término gracias a un cheque a plazo, no a la vista, que sería de 40 000 millones de dólares. El Estado norteamericano intervino como tal en el mercado de cambios y de deuda de Argentina, ante el pánico que le produjo la derrota aplastante del mileísmo en la Provincia, el pasado 7 de septiembre. Financió la contención de la caída del peso con la vista puesta en un determinado resultado político-electoral; la banda liberticida sólo se encargó de la parte administrativa de los comicios. Con el despliegue del portaaviones más grande del mundo (el Gerald Ford) en las costas de Venezuela, Trump necesitaba reafirmar a Milei para emprender el asesinato de Maduro y Gustavo Petro, las operaciones de sabotaje en el territorio y la conversión de América Latina en un protectorado del imperialismo norteamericano. El presidente de Argentina es el títere de una potencia extranjera. 

 Es fundamental entender, sin embargo, que los liberticidas consiguieron la delantera frente a un espacio político desierto. Su principal rival electoral, el peronismo, se ha convertido en un aparato sin contenido. Como aparato patronal, no ha sido capaz de articular a la burguesía perjudicada por la depresión industrial. Correlativamente, esta burguesía industrial no se empeñó para nada en armar una oposición política, por el temor de desatar una guerra arancelaria con Trump. Guillermo Moreno, un vocero de Techint, llegó a escribir que el abordaje a Trump y a Bessent, el secretario del Tesoro norteamericano, era un camino correcto, solo que mal instrumentado. La patronal "nacional y popular" y sus representantes políticos ‘keynesianos’, han dejado el terreno libre a las huestes de Trump, del Pentágono y del JP Morgan. 

 El domingo pasado, la clase obrera alcanzó su máxima atomización como clase en un evento político. El crecimiento de luchas parciales no se ha convertido en una tendencia. En Argentina la izquierda se ha convertido en el portavoz de identidades socialmente heterogéneas y hasta antagónicas; ha perdido todo rastro de clase. La salida a esta crisis de la clase obrera parte también “desde el pie”. Es necesario emprender, a partir de una estrategia y un programa, un reclutamiento socialista en las nuevas generaciones. La tendencia histórica del capitalismo no es al progreso (desarrollo de las fuerzas productivas), sino a una guerra destructiva en todos los frentes, que las “nuevas tecnologías” no revierten ni atenúan, sino que la convierten en más catastrófica.

 29/10/2025

Rosso: “Hay una enorme capacidad de resistencia social, el desafío es organizarla desde ahora”

Jorge Altamira en 10N: "En el mundo y Argentina vivimos un período de profunda crisis y volatilidad"

La Corte Suprema falló a favor de un represor condenado por crímenes de lesa humanidad

Revocó la prórroga de la prisión preventiva a Carlos “Indio” Castillo, de la CNU. 

 La Corte Suprema, con una composición especial, resolvió revocar la prórroga de la prisión preventiva del genocida Carlos “Indio” Castillo, integrante de la Concentración Nacional Universitaria (CNU), condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos en La Plata y Mar del Plata. El tribunal dispuso que los jueces inferiores deberán ofrecer una justificación “minuciosa” y con “indicios concretos” para mantener detenidos a los criminales de la dictadura que no tienen condena firme, abriendo así la posibilidad de que decenas de represores reclamen su libertad.

 Con este fallo, la Corte acaba de dar una señal de impunidad celebrada por los sectores más reaccionarios del régimen: los defensores del terrorismo de Estado, los cómplices civiles de la dictadura y los impulsores de la “reconciliación nacional” que desde hace años reclaman la liberación de los genocidas. 

 Lejos de ser un “acto de justicia”, el fallo constituye un paso más en la ofensiva negacionista que impulsa el gobierno de Milei, alentada por personajes como Victoria Villarruel, Patricia Bullrich y el propio obispo castrense Santiago Olivera, quien celebró públicamente la resolución de los supremos y agradeció “la valentía” de los jueces que liberan genocidas. Olivera es un activo lobista de los represores, cercano a Villarruel y al Papa, que ya había pedido públicamente al gobierno “salde la deuda pendiente con los presos políticos” de la dictadura. 

 Un fallo hecho a medida 

El fallo fue firmado por Rosatti y Rosenkrantz, los mismos jueces que en 2017 habían intentado aplicar el 2x1 a los genocidas, junto a los conjueces Alejandro Tazza (Mar del Plata) y Abel Sánchez (Córdoba), ya que no hubo acuerdo entre los miembros del tribunal. 

 Con este pronunciamiento, los cortesanos reinterpretan su propia jurisprudencia y cuestionan los fundamentos con los que se mantuvieron detenidos a los responsables del genocidio. Afirman que “un Estado de Derecho no puede transgredir las garantías del debido proceso sin degradarse en sí mismo”, repitiendo casi textualmente los argumentos de los defensores de los represores, entre ellos el propio Olivera. 

 La Corte sostiene ahora que la prisión preventiva sólo puede extenderse con “indicios concretos” de riesgo procesal o entorpecimiento de la causa, minimizando los elementos que durante años se consideraron determinantes en los crímenes de lesa humanidad: la gravedad de los delitos, la red de complicidades que aún los protege, y la demora deliberada de la propia Corte en confirmar las condenas. 

 El fallo llega en un momento clave. Mientras el gobierno de Milei y los capitalistas avanzan con la reforma laboral, el saqueo jubilatorio y la represión a la protesta social, el mismo poder judicial que persigue a las organizaciones piqueteras que organizan a los más pobres, se dispone a liberar a los genocidas que perpetraron el terrorismo de Estado.

 Los crímenes de la CNU y la lucha de las querellas

 La CNU fue una organización paraestatal de la derecha peronista que actuó en La Plata y Mar del Plata desde 1974, antes del golpe, amparada por el gobierno de Isabel Perón, la burocracia sindical y el aparato represivo del Estado. Su función fue exterminar a la vanguardia obrera, estudiantil y popular que se desarrollaba al calor del ascenso revolucionario. 

 Desde Justicia Ya! La Plata, Apel y otras organizaciones populares que integran las querellas en los juicios contra la CNU, denunciaron desde el primer momento la responsabilidad del tercer gobierno peronista en la gestación del terrorismo de Estado y el papel de los organismos represivos parapoliciales como la CNU, la Triple A y las patotas sindicales. El propio Castillo fue condenado a perpetua en 2017, mientras su socio Juan José “Pipi” Pomares, asesor del PJ en la Legislatura bonaerense, fue absuelto por el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, en una muestra de impunidad política. Tras el reclamo de las querellas, Casación anuló esa absolución, pero el mismo tribunal volvió a dejarlo libre, desoyendo las pruebas y testimonios de las víctimas. 

 Esa trama de protección judicial, política y eclesiástica es la que hoy vuelve a activarse con este fallo de la Corte. Quienes siguen ocultando el destino de miles de compañeras y compañeros desaparecidos, quienes se amparan en la impunidad del poder, pueden volver a reclamar libertad. La Corte los habilita, mientras mantiene cajoneadas las condenas firmes de represores como Jaime Smart, ministro de gobierno bonaerense durante la dictadura. No son ex represores, siguen cometiendo los delitos por los que se los acusa, porque no dicen qué hicieron con sus víctimas. 

 Frente a este nuevo intento de retroceso, reafirmamos que la única justicia es la que conquistan los trabajadores y el pueblo en las calles, como lo hicieron durante décadas para que hoy gran parte de los genocidas esté tras las rejas. Ni perdón, ni olvido, ni reconciliación: juicio y castigo a todos los genocidas y sus cómplices civiles, políticos y eclesiásticos. 

 Camila García

Reforma laboral: la CGT entreguista no debe decidir por los trabajadores

Una burocracia sindical que viene colaborando con el ajuste de Milei y que pretende negociar una nueva entrega. 

 El anuncio del gobierno nacional, respecto a las tratativas para avanzar con una reforma laboral antiobrera, obligó a la burocracia sindical de la cúpula cegetista a emitir alguna opinión pública ante los medios -mas acostumbrada a manifestarse periódicamente por comunicados oficiales-, con declaraciones de Héctor Daer señalando que “si es para retroceder no va a haber ninguna negociación", como si lo adelantado por el gobierno no implicará ya una ofensiva general contra los trabajadores. La mención a un eventual rechazo a la negociación se da porque la burocracia sindical viene pactando el ajuste con el gobierno, integrando el Consejo de Mayo, sin ofrecer ninguna medida de acción directa en respuesta a los ataques contra los trabajadores. La CGT entreguista y colaboradora no debe decidir por los trabajadores.

 Las primeras palabras vinieron del cosecretario general de la CGT, Héctor Daer, quien agregó que de tratarse de una reforma laboral “regresiva” la central de trabajadores evaluaría realizar medidas de “presión política y gremial” para frenarla. Es decir que mientras el gobierno pisa el acelerador con esta ofensiva, desde la CGT esperan conocer la letra del proyecto para, en el peor de los casos, hacer lobby parlamentario, recurrir a la Justicia y alguna marcha de aparato como saludo a la bandera. 

 Para la burocracia sindical peronista, que viene de fracasar electoralmente como resultado de su colaboración con el ajuste, la deliberación y participación de los trabajadores ante el ajuste en marcha y la amenaza real de su profundización no solo no es importante sino que debe ser descartada. Incluso, este jueves en horas de la tarde se reunirá la “mesa chica” de la CGT a deliberar sobre el tema a espaldas de los trabajadores.

 La burocracia sindical viene participando de las mesas de ajuste con el gobierno nacional, con Gerardo Martínez (Uocra) integrado al Consejo de Mayo, razón por la que no solo es difícil creer que aún “desconozcan” los planes del gobierno -cuyas principales reformas fueron adelantadas por funcionarios públicos- sino que se han convertido en un pilar de la gobernabilidad y la viabilidad del ajuste contra los trabajadores. 

 Banco de horas (para evadir el pago de horas extras), extensión discrecional de la jornada laboral hasta 13 horas, salarios “dinámicos” atacando los pisos salariales de los convenios colectivos para transformarlos en techos, despidos baratos sin indemnizaciones, flexibilización y precarización laboral son alguno de los principales ejes de la reforma antiobrera de Milei. 

 Que Gerardo Martínez encabece la representación de la CGT ante el gobierno no es poca cosa: el convenio de la Uocra y el régimen especial de la construcción engloban algunas de las reivindicaciones patronales del momento, como el fondo de cese laboral en detrimento de las indemnizaciones por despido y salarios y condiciones laborales de los más baratos, lo que lo convierte en un convenio utilizado en la industria para precarizar trabajadores por medio de la tercerización y el fraude laboral. 

 Una porción importante de los trabajadores se encuentra bajo regímenes laborales que ya sufren de los efectos de reiteradas reformas laborales de hecho, con modificación de los convenios y regímenes específicos (trabajadores rurales, trabajadoras de casas particulares, construcción), que son el resultado de la colaboración de la burocracia sindical con las patronales y el Estado, entregando a los trabajadores a las peores condiciones.

 En otros gremios importantes, como Comercio -utilizado para maniobras de fraude laboral y tercerización principalmente en los servicios-, el burócrata sindical Armando Cavalieri fue uno de los que anticipó su predisposición para negociar la introducción del fondo de cese de desempleo en las negociaciones paritarias con las cámaras patronales, habilitando la reforma laboral convenio por convenio. 

 Las declaraciones de Daer se ajustan a lo manifestado recientemente por Luis Barrionuevo (Uthgra), respecto a la pasividad-colaboración de la burocracia sindical con el ajuste del gobierno para garantizar la gobernabilidad. No se puede depositar ninguna expectativa en la burocracia sindical entreguista, que ya adelanta que no hará nada por los trabajadores para enfrentar la reforma laboral.

 Los trabajadores debemos reforzar nuestra organización, ampliando la deliberación en los lugares de trabajo, para preparar la lucha contra la reforma laboral esclavista y antiobrera de Milei. Hay que desenvolver una intensa campaña contra la reforma laboral, con la participación de las organizaciones obreras, para derrotar la reforma laboral de plano, sin ninguna negociación y menos aún en manos de esta burocracia sindical entreguista. 

 Marcelo Mache

Brasil: el gobierno de Río celebró la masacre policial en las favelas

Ejecuciones a sangre fría, desapariciones y decapitaciones en el operativo. 

 El operativo del gobierno de Río dejó más de 130 muertos 

El gobierno estadual de Eduardo Castro convirtió a Río de Janeiro en un baño de sangre. La operación lanzada por su administración en las favelas, presentada como una acción contra el grupo narco Comando Vermelho (CV), ha dejado como saldo, hasta el momento, 132 muertos, según la Defensoría Pública Regional. Activistas y organizaciones de DD.HH. denunciaron que se violaron los derechos humanos con ejecuciones a sangre fría, desapariciones y asesinatos. 

 Muchos de los cadáveres fueron encontrados por familiares en la plaza de Penha, favela que, junto a la llamada Alemão, constituyeron los epicentros del operativo policial. Según vecinos y activistas, algunos cuerpos tenían la cabeza cortada, perforaciones de balas en la nuca y varios tenían las manos amarradas. O sea, las personas fueron eliminadas sin brindar resistencia. A pesar de estos hechos, Castro calificó el operativo como un "éxito" y aseguró que "las únicas víctimas fueron los policías", en referencia a los cuatro efectivos que fallecieron durante el operativo.

 La denominada Operación Contención, que incluyó el despliegue de más de 2.500 policías, drones, helicópteros y 32 blindados y vehículos demoledores, se ha transformado en la más sanguinaria de los últimos tiempos. Marcelo Menezes, secretario de la policía militar, aseguró que fue planificada hace meses. En los operativos Jacarezinho (2021), Villa Cruzeiro (2022) y Baixada Fluminense (2005) hubo 28, 23 y 29 muertos respectivamente. 

 Según la Universidad Federal Fluminense, bajo el gobierno de Castro, Río de Janeiro acumula los tres combates más sangrientos desde 1990. Contención superó, en cantidad de muertos, la conocida masacre de Carandiru (1992), que tuvo 111 muertos. La ONG Movimentos ha dicho que se trata de una "política de exterminio", con 2.905 civiles y 31 policías muertos en 707 incursiones desde 2007. 

 Para justificar el operativo y exigir un despliegue de las fuerzas armadas, el gobierno de Río alude a una "guerra" que no es tal, ya que no hay comparación posible entre el poder de fuego de la policía militar y bandas como el CV y el PCC (Primer Comando Capital), por más que estas dispongan de mejores armas que en el pasado. Además, la militarización no resolvería ningún problema, puesto que las fuerzas represivas están ligadas a los grupos delictivos. 

 Los gobiernos capitalistas brasileños nunca terminarán con el narcotráfico, porque para eso habría que expropiar y nacionalizar bajo control obrero el comercio exterior, la banca y todas las empresas capitalistas que sirven como plataforma de impulso a ese tipo de negocios.

 Lo que sí vemos es una política de Estado de ataque en toda la línea contra la población negra y pobre, sometida al miedo constante y a menudo al gatillo fácil. La policía comete muchas más matanzas y víctimas mortales que todos los grupos armados juntos (El País, 6/5/2023). Río de Janeiro tiene 1.018 favelas, según el Censo de Favelas de 2023 realizado por el Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos. Alrededor de 1,5 millones de personas viven allí –23% de la población–. 

 La derecha bolsonarista presiona por tipificar a CV y al PCC como “narcoterroristas” como una pantalla para introducir a las Fuerzas Armadas en la represión interna. Esto, en momentos en que su aliado Donald Trump promueve el golpismo contra Venezuela, con la excusa del “combate contra el narcotráfico”. 

 Tras algunos cruces iniciales por el operativo, el gobierno de Lula y el gobierno de Río llegaron a un acuerdo para la formación de una Oficina para Combatir el Crimen Organizado, con funcionarios de las dos administraciones, que prevé un mayor despliegue de las mismas fuerzas que llevan adelante masacres como la que acaba de enlutar a las favelas por estos días. Ambos niveles del Estado coinciden en profundizar la deriva represiva. 

 Es necesaria una intervención de la clase trabajadora para poner fin a esta barbarie. 

 Nazareno Suozzi

La guerra del narcotráfico contra el gobierno de Lula.

El bolsonarismo irrumpe en las favelas de Río de Janeiro con los métodos de la guerra civil 

 Un megaoperativo de 2.500 efectivos de la policía civil y militar, ordenado por el gobernador de Río de Janeiro, Claudio Castro, irrumpió en los complejos de favelas Penha y Alemão, en la zona norte de Río. El saldo oficial ascendía por estas horas a 120 muertos -entre ellos cuatro policías- y más de 80 detenidos, entre ellos, Thiago do Nascimento Mendes (“Belão do Quitungo”) y el operador financiero de Edgard Alves de Andrade (“Doca”), identificados como líderes del Comando Vermelho, una de las más antiguas y poderosas organizaciones narco de Brasil, sumada a una red extraordinaria de asistencia a los favelados. La intención declarada del operativo “Contención” era ejecutar 100 órdenes de detención. Fue realizado mientras Lula, presidente de Brasil, se encontraba en una cumbre en Malasia y mantenía reuniones con su homólogo Donald Trump. 

 La operación, que recibió el inmediato apoyo de los sectores políticos ligados a Jair Bolsonaro, estuvo precedida por diversas declaraciones del senador Flavio Bolsonaro, su hijo. En su cuenta de X había reposteado un vídeo de las lanchas bombardeadas por Estados Unidos en el Pacífico, “invitando” al gobierno estadounidense a realizar esas mismas operaciones frente a las costas brasileñas. Castro, aliado de Bolsonaro, había asegurado que este operativo era necesario ante los rechazos que imputa al Ejecutivo a enviar a las Fuerzas Armadas y dotarlas de vehículos blindados. “Río estaba sola”, se auto justificó Castro. Calificó el operativo como “una defensa del Estado” ante el “narcoterrorismo”. A diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, donde el Ejecutivo de Trump propina golpes de estado contra los estados que protegen a los inmigrantes, en Brasil varios estados urden golpes contra el gobierno nacional.

 El operativo político del bolsonarismo ha sido acompañado por la presentación de un proyecto de Ley impulsado por Unión Brasil, para declarar a ciertas bandas criminales como “terroristas”. Este punto de vista es acompañado por otros bolsonaristas declarados, como Tarcisio da Freitas, gobernador de San Pablo, y Romeu Zema de Minas Gerais. Eduardo Paes, quién ganó la alcaldía de la ciudad (no el estado) de Río con el apoyo explícito del PT y Lula en persona, acompañó el operativo con un video y con el compromiso de que no va a permitir “que la población sea rehén de bandas criminales”. La ultraderecha brasileña, que busca instaurar un estado de excepción para avanzar con medidas extraconstitucionales e imponer un estado policial, ha contado con un guiño de Páez. 

 Las imágenes y videos que se han viralizado muestran un escenario de guerra con todas las letras. La policía cercó los barrios del operativo y acompañó sus actividades terrestres con helicópteros – algo que la Corte Suprema prohibió en 2020, para luego rehabilitar en 2024. Barricadas improvisadas, escuelas cerradas y gente encerrada en sus casas esperando que el sonido de las balas cesara para volver a salir. La brutalidad policial recordó a los operativos de 2010, ejecutados también contra bandas de narcotraficantes con un saldo de más de 30 muertos. En los principales diarios de Brasil, el horror de los entrevistados grafica una jornada de barbarie completa, en una ciudad acostumbrada a redadas policiales y asesinatos cotidianos. 

 La mañana del miércoles ha dejado observar en su totalidad el espectáculo dantesco. Cadáveres trasladados a la plaza del barrio de Penha, luego de que las mujeres del barrio decidieron salir a buscar en los morros cercanos a sus esposos, hijos y familiares desaparecidos. La escena del horror es acompañada por el llanto y los lamentos de las familias que reconocen -sin intervención de autoridad alguna- los cuerpos uno a uno, mientras los cubren con plástico y telas. Hay denuncias de que al menos uno de los hombres se había entregado a la Policía y aun así fue asesinado. Los muertos encontrados esta madrugada no fueron informados por la policía, lo que ha despertado sospechas sobre ejecuciones extrajudiciales.

 El Comando Vermelho compite en diversos barrios de la ciudad por el control territorial. Desde el ascenso de Bolsonaro al gobierno, diversas bandas ligadas políticamente a la ultraderecha fueron al choque de estos grupos, conquistando territorios y monopolizando el control del tráfico de drogas y armas para usufructo personal. "Son todos carteles bolsonaristas que llegaron, inicialmente, para expulsar a los narcos tradicionales y lo hicieron, pero se afincaron y ahora son ellos los que trafican. Río vive una situación de violencia rutinaria", explicó Darío Pignotti, colaborador de Página 12 que reside en Brasil (Página12, 28/10). 

 Los medios definen el operativo como un “cortocircuito” entre Río y la presidencia de Brasil, que según denuncia el gobernador Castro, rechazó en tres oportunidades brindar la ayuda de las Fuerzas Armadas. Ahora, el reclamo es la declaración de Garantía de Orden Público (GLO), que garantiza el despliegue de las FFAA en el territorio. Al ser una competencia del Presidente, se descarta que pueda suceder a la brevedad. En una reunión de emergencia con el gabinete, Lula ha definido enviar una comitiva para reunirse con Castro y ofrecer plazas en cárceles federales para los más de 80 detenidos. La aberración de las acciones policiales ha generado un malestar entre las propias filas del gobierno petista. El presidente del Partido de los Trabajadores, Edinho Silva, calificó a la operación como desastrosa, destaca Página12. 

 El comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) asegura que este operativo viola el derecho internacional más elemental por su brutalidad. Las acciones del bolsonarismo, en su propio territorio, coinciden con el escalamiento de la intervención de Trump sobre el Mar Caribe y el Pacifico en su “acción contra el narcoterrorismo”, que es la pantalla para un cambio de régimen de Venezuela y Colombia. La presión sobre Brasil, desatada por la condena contra Bolsonaro, había disparado sanciones económicas contra las exportaciones brasileñas a Estados Unidos. 

 El bolsonarismo se vale del apoyo trumpista para desarrollar un método de guerra civil, lejos de un “operativo electoral” sobre la seguridad urbana -como han denunciado diversos referentes políticos brasileños- estamos ante un operativo de amedrentamiento contra los trabajadores y las libertades democráticas más elementales. En un plano más general, es la declaración de América Latina como territorio en disputa para alinearlo de manera irremediable en la conflagración mundial del imperialismo norteamericano. 

 Joaquín Antúnez

 29/10/2025

La Reforma Laboral que impulsa el Gobierno y cómo la enfrentamos

La burguesía se declara en un ‘preventivo de crisis permanente’.

 El gobierno de Milei ha colocado en el tope de su agenda una nueva reforma laboral. Aunque todavía no ha presentado su proyecto, el gobierno liberticida salió a buscar en el actual y futuro Congreso el refuerzo de sus habituales aliados, así como de una amplia parte de los gobernadores. La reforma ya había sido planteada en el “Consejo de Mayo”, que integra la CGT a través de Gerardo Martínez, burócrata sindical de la UOCRA. Cristina Kirchner, Itaí Hagman y Juan Grabois se han pronunciado reiteradamente a favor de una “modernización laboral”.

 El Gobierno impulsa la reforma y la “reducción del costo laboral” en nombre de “promover la creación de empleo y las inversiones”. En verdad, el “costo laboral” se encuentra por el piso, sin que ello haya redundado en ningún relanzamiento económico. La crisis industrial se ha agravado en medio de la caída permanente del salario. En las últimas décadas, el retroceso en el derecho laboral va de la mano con la reducción de los planteles, no de su crecimiento. Las patronales reclaman bajar “el costo de contratación”, pero lo que aprovechan es el menor costo de despedir trabajadores.

 La reforma laboral es un intento por legalizar los avances estratégicos antiobreros que ya se han consumado en los lugares de trabajo. El capital no quiere pagar en juicios laborales los derechos que ya incumplen en los hechos. Pero la llamada “industria del juicio laboral” es una impostura, porque sólo una minoría de los trabajadores agraviados van a juicio. La enorme mayoría renuncia a esa instancia, coaccionada económicamente por las patronales. 

 El proyecto de reforma laboral ha sido presentado por la diputada santafecina Romina Diez. El texto replica casi en su totalidad la reforma laboral de la Ley Bases, que fue frenada en primera instancia por la Justicia del Trabajo. Veamos sus principales puntos. 

 Renunciabilidad

 La reforma pretende terminar con la irrenunciabilidad de derechos laborales, un principio legal que invalida cualquier “acuerdo interno” que resulte violatorio del convenio colectivo o de la Ley de Contrato de Trabajo. La derogación de la “irrenunciabilidad” convierte a las leyes laborales y convenios en papel mojado y abre la puerta a las negociaciones por empresa y por trabajador.

 Indemnizaciones 

El proyecto también sustrae a los beneficios sociales y extrasalariales del cálculo de la indemnización. Actualmente, cualquier pago o estipendio que se repita todos los meses (viático, comedor, pago de teléfonos, etc.) es considerado parte del salario por la ley laboral y se contabiliza en el cálculo de las indemnizaciones. 

 El proyecto modifica el régimen de intereses en créditos laborales, estableciendo que “el total no podrá superar al capital -actualizado por la inflación- más una tasa de interés del 3 % anual". Esta disposición salda a favor del capital una larga discusión, porque muchos jueces venían imponiendo tasas de interés punitorias y elevadas a las empresas que dilatasen el pago de los fallos indemnizatorios. Adelantándose a la reforma, la Corte Suprema falló contra estas tasas punitorias, fomentando la dilación en los pagos. Aun así, varios jueces laborales continúan fijando tasas de interés más altas que el 3 % anual.

 La ley permite a las micro, pequeñas y medianas empresas abonar sentencias e indemnizaciones en hasta doce cuotas mensuales. De esa manera, legalizan lo que las empresas vienen haciendo actualmente, con la anuencia de la Secretaría de Trabajo. 

 Vacaciones 

La reforma flexibiliza la época de otorgamiento y permite la fragmentación en períodos no menores a una semana. La garantía de gozar de sus vacaciones en temporada de verano queda reducida a una vez cada dos años. Una vez más, sancionan lo que ya existe en los lugares de trabajo, pues las vacaciones se otorgan según la necesidad productiva del capitalista y no de la familia obrera.

 Banco de horas 

El texto de Romina Diez incorpora los “regímenes adaptados a los cambios en las modalidades de producción, incluyendo la gestión de horas extras, bancos de horas y francos compensatorios, siempre respetando (¡) un mínimo de 12 horas de descanso entre jornadas.” En nombre de la “modernización laboral”, el Gobierno busca derogar la jornada de 8 horas de trabajo, volviendo a jornadas extendidas adaptadas a la necesidad productiva del capital. Además, se busca terminar o reducir sustancialmente el pago por horas extras, que pasarán a ser parte del cómputo de las “horas flexibles". 

El sistema de banco de horas admite la extensión de la jornada a 13 horas diarias. Una disposición similar ha desatado en Grecia una huelga general. 

 Como esto ya ocurre con un sinfín de fábricas y establecimientos que tienen sistema americano de turnos, jornadas de 12 horas y turnos rotativos insalubres, lo que se busca ahora es darle un marco legal para generalizarlo. 

 Licencias médicas

 Se introduce un procedimiento para la verificación de certificados médicos gestionado por la Secretaría de Trabajo, que permite convocar peritos, repetir estudios y aplicar sanciones a los profesionales intervinientes en el otorgamiento de licencias. Si actualmente obtener un certificado médico que otorgue reposo laboral es una tarea compleja, esta disposición intimidatoria lo dificultará hasta lo imposible.

 Incentivos al despido 

La ley incorpora beneficios fiscales para empleadores que inicien nuevas relaciones laborales en los primeros 18 meses de vigencia de la ley, con porcentajes que varían según el tamaño de la empresa: 100 % para microempresas, 75 % para pequeñas, 50 % para medianas y 25 % para el resto, todos aplicables durante doce meses. Estos incentivos favorecen el despido de los antiguos planteles laborales, para reemplazarlos por trabajadores bajo las condiciones de la “reforma”.

 Un ataque al conjunto de la clase obrera 

La reforma laboral busca desmantelar el derecho del trabajo en beneficio del capital. Establece con carácter permanente los efectos de los recursos “preventivos de crisis”, donde se suspenden las leyes laborales y se pagan las indemnizaciones a la mitad y en cuotas. El desconocimiento de convenios colectivos y de leyes laborales, a cambio del contrato individual, conduce al desconocimiento de la organización obrera de fábrica encargada de defender esos derechos colectivos. La reforma, por lo tanto, apunta a imponer la autoridad indisputada de la patronal dentro del lugar de trabajo. 

 Los últimos conflictos obreros tuvieron relación directa con la anunciada reforma laboral y la que ya se implementó con la Ley Bases. En el último período, las patronales explotaron la parálisis de las ventas para despedir masivamente, limpiando la plantilla de trabajadores bajo el régimen de contratación anterior para reemplazarlos por una nueva generación de obreros, ajustados a las nuevas condiciones precarizadoras. Muchos trabajadores dentro de convenio se preguntan si la nueva ley los afectará. Los despidos de ILVA, Cortines, Pirelli, Volkswagen, Toyota, etc., responden por sí mismos a la pregunta. Ni qué decir que la cercanía de una nueva reforma acentuará la escalada de despidos en la industria.

 En todas esas fábricas, las patronales han contado con el concurso de la burocracia de los sindicatos para hacer pasar los despidos. Es claro que este posicionamiento anticipa la connivencia de la CGT con la nueva reforma laboral. 

 La lucha contra la reforma dependerá de las organizaciones de base de los trabajadores, de la reacción que se promueva en las fábricas y del impulso de los activistas. Está planteada una gran campaña de agitación y organización contra la reforma laboral antiobrera de Milei, que debemos desarrollar en directa conexión con la lucha por una nueva dirección, clasista y revolucionaria, en los sindicatos. 

Pablo Busch

 29/10/2025