Cuarta ola en Europa

La ‘nueva normalidad’ es criminal 

 Una cuarta ola de contagios y de muertes está acechando a Europa. Durante seis semanas el número de casos y fallecimientos viene en constante aumento. Las temperaturas ya alcanzan los niveles de invierno; los gobiernos, por otro lado, han flexibilizado las restricciones.

 Europa es de nuevo "el epicentro" de la pandemia de covid-19, asevera el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para Europa, Hans Kluge. Afirma que "El ritmo actual de transmisión en los 53 países que forman la región europea es muy preocupante” y que la región “podría registrar medio millón de muertes más en los próximos tres meses”. La semana pasada, Europa, registró casi 1,8 millones de nuevos casos y 24.000 muertes, un 6% y un 12 % respectivamente más que la anterior. En las últimas cuatro semanas, el incremento de transmisiones alcanza el 55%. 

 Las causas del repunte de los contagios son, según la OMS la relajación de las medidas de salud pública por parte de los gobiernos en todo el mundo. Kluge destacó que solo con el uso masivo de tapabocas, en Europa, se hubieran podido salvar hasta 188.000 vidas. Por otro lado, hay una ralentización de la vacunación. Mientras en España, por ejemplo, el 80% de las personas están completamente vacunadas -con dos dosis-, en Francia y Alemania, la inoculación alcanza un 68% y 66% de la población, respectivamente. La situación se agrava en algunos países de Europa central y oriental; en el caso de Rusia sólo el 32% de las personas estaba vacunada al cierre del mes pasado.

 Los números 

 Alemania es uno de los países más afectados; en las últimas 24 horas se registró una cifra récord de casi 34.000 contagios. Lothar Wieler, del Instituto Robert Koch, pronosticó un resultado "aterrador" si no se toman las medidas necesarias. Parte de ello ya está ocurriendo: "las camas en los servicios de cuidados intensivos vuelven a escasear", advirtió el ministro alemán de Sanidad, Jens Spahn.

 El Reino Unido lleva semanas con cifras diarias de entre 37.000 a 45.000 contagios. El subdirector médico, Jonathan Van-Tam, manifestó que los niveles de contagios están aumentando "tan pronto en la temporada de otoño", lo que hace prever tasas "muy altas" en el invierno boreal. También alertó que las muertes a causa de la enfermedad están aumentando y apuntó a que los contagios están "penetrando" de nuevo en grupos sociales de edades avanzadas. 

 En la carrera por frenar las hospitalizaciones, el Reino Unido aprobó el molnupiravir, un medicamento en comprimidos contra el Covid-19, que puede reducir las internaciones en un 50 %. El primero en emprender una política para reducir internaciones fue Bolsonaro, por lo que hoy enfrenta una acusación de “genocidio”. La revista The Economist acaba de reportar que los cinco millones de muertes oficialmente reconocidas se encuentran muy lejos de la realidad – serían 19 millones. La mayor parte de los institutos de epidemiología avalan este número. 

 Los aumentos más dramáticos de víctimas mortales se han producido en Rusia: un promedio de más de 1.050 fallecidos, en los últimos siete; los contagios promediar los 40.000, en la misma cantidad de días. Putin se ha visto forzado a disponer una no laborable, con pago incluido. Rusia comparte con Ucrania los mayores registros de decesos. Esta última, en la última semana, alcanzó los 600 fallecimientos diarios y un promedio semanal de más de 23.000 nuevos casos. 

 El alza de infecciones también es exponencial en los Países Bajos. En la última semana de octubre, se registró un promedio de 7.711 nuevos casos por día, un 39% más que la semana anterior, según los funcionarios responsables de salud. El número de contaminaciones e ingresos hospitalarios está aumentando rápidamente”, dijo hace días el primer ministro Mark Rutte, al anunciar el restablecimiento de las restricciones sanitarias (Infobae, 5/11). 

 Por otra parte, Grecia batió este viernes, por quinta vez esta semana, su récord de contagios, con 6.909, el peor dato desde que comenzó la pandemia. Durante esta semana, en la que prácticamente cada día superó el récord de contagios, tan solo 2.588 de los casos reportados pudieron ser rastreados y relacionados con un contagio conocido, mientras que 150 provienen de desplazamientos desde el extranjero. Continuó además al alza el número de pacientes intubados, 450, mientras que esta semana los ingresos en las UCI griegas aumentaron 15 %; las del norte del país especialmente cerca del colapso (El Periodico, 6/11). 

 En Rumanía se registró esta semana el mayor número de muertes en 24 horas, con 591, además, de una media de 14.000 nuevos casos por día. Rumania atraviesa esta cuarta ola, con el sistema sanitario saturado, las ambulancias deben esperar en la puerta de muchos hospitales a que se liberen camas para poder dejar a sus pacientes. Las autoridades incluso plantean trasladar 200 o 300 enfermos al extranjero. 

 Con toda certeza estos números muestran que la pandemia aún no terminó. Los gobiernos del mundo hablan de la post pandemia para recortar gastos sociales y empujar a los trabajadores a producir ganancias para el capital; impulsando con ello, nuevos brotes y cepas mortales.

 “Es mejor ponerse a resguardo que lamentar”, sintetizó ayer, en un editorial, el South China Morning Post, un diario de Hong Kong, de propiedad de Jack Ma, el patrón de las Fintech, en lo que se entiende como un apoyo a las rigurosas cuarentenas que aplica China. En efecto, por medio del aislamiento, el testeo y el seguimiento de contactos estrechos, China ha reducido a un mínimo de mínimos los contagios y las muertes.

 En Argentina, por el contrario, Todes, Juntes, Libertaries e Izquierdistes, celebran la apertura. Los testeos han caído en forma abrupta y los seguimientos de casos sospechosos, reducidos a la nada. 

 Mauri Colón

 06/11/2021

#14N | Cuatro razones para que trabajadores y trabajadoras votemos al Frente de Izquierda Unidad

Tom Mascolo "El Estado pone más plata para la Iglesia que para la ESI"

Sobre el hidrógeno verde y la australiana Fortescue

Un régimen de saqueo y depredación ambiental. 

 El anuncio de Alberto Fernández, desde la cumbre climática COP 26 que se realiza en Glasgow, sobre una megainversión de la minera australiana Fortescue para la producción de hidrógeno verde en Río Negro, fue presentado como una gran novedad hacia la transición energética e incluso de desarrollo económico futuro del país. Nada más alejado de la realidad.

 En primer lugar, no se trata de un emprendimiento ecológico. La producción de hidrógeno verde, es decir a partir de fuentes de energía renovable (eólica en este caso), insume grandes cantidades de agua: es la materia prima para separar el hidrógeno del oxígeno, mediante electrólisis -lo cual demanda mucha energía. Según el sitio Oil Price, cada tonelada de hidrógeno requiere hasta 20 toneladas de agua, contando el proceso de purificación y las pérdidas (28/10/20). 

 Para darse una idea, el estudio de factibilidad realizado por el instituto alemán Fraunhofer para el caso de otro proyecto incluso de menor escala a ubicarse en la Laguna de la Retención consumiría por hora el 11% del caudal del canal Pomona – San Antonio. Del mismo curso de agua se abastecen las ciudades de San Antonio Oeste, Las Grutas y el puerto de San Antonio Este. Esto en una región que viene sufriendo una caída en los niveles históricos de los caudales, y cuando ya hoy se alerta sobre un previsible mayor estrés hídrico que afecte la generación hidroeléctrica y los cultivos de la zona, entre otros perjuicios (Observatorio Petrolero del Sur, 21/7).  

Por otro lado, el hidrógeno no es energía sino un vector que puede almacenarla. «Esto no es un detalle: una de las críticas a su producción a gran escala es que la tasa de retorno energético resultante de la electrólisis pone en duda su rentabilidad», sostienen especialistas de la Mesa de Transición Productiva y Energética de Río Negro (ídem, 15/6). El hecho de que se piense como un negocio de exportación hacia otros continentes contraría la elemental norma de aumento de la eficiencia energética que tanto se debate en la cumbres climáticas, porque es la antítesis de la cercanía entre los centros de generación y de consumo.

 Por lo demás. los mismos autores indican que en estos términos se trata de «un nuevo impulso al extractivismo, porque demandará minerales tanto para la generación y el transporte de electricidad como también para la construcción de electrolizadores». 

 El reciente anuncio oficial desde Escocia enfatiza que la australiana Fortescue invertiría tal vez unos 8.400 millones de dólares para un importante emprendimiento en la localidad rionegrina de Sierra Grande -aunque resta mucho trecho para su concreción. La empresa es la cuarta productora mundial de hierro, y casualmente se asentaría en la zona de la que fuera la mina Hipasam que funcionó hasta 1992 exportando ese mineral. La misma firma explota yacimientos de oro y cobre en San Juan, donde prevé ampliar su producción. Por eso muchos sugieren que estamos ante una suerte de máscara «verde» para lubricar la ofensiva megaminera que ensaya el gobierno nacional y los gobernadores (incluido el reciente fallo de la Corte Suprema contra la mendocina Ley 7722 que prohíbe el uso de cianuro y otros tóxicos). 

 El atractivo de la localización del nuevo emprendimiento sería la posibilidad de que la minera construya un puerto propio «para dedicarlo en forma exclusiva a la exportación de hidrógeno», según declaró la gobernadora Arabela Carreras en una entrevista con Radio Nacional. Es una reproducción de los puertos que ya cuentan otras mineras o las cerealeras sobre el Paraná, por donde se despachan al exterior sin control alguno las riquezas del país. Tanto es así que «Río Negro está negociando con el Ministerio de Desarrollo Productivo que lidera Matías Kulfas la instalación de una zona franca en Punta Colorada, que le permitiría a la empresa que desembarque allí contar con la exención al pago de diversos impuestos» (Diario Río Negro, 1/11). 

 Así las cosas, es evidente por qué Fortescue ya de antemano puso como condición contar con garantías de que podrá luego sacar del país sus ganancias en dólares. Estamos en la antesala de una reedición del pacto secreto que en 2013 firmaron YPF y Chevron para iniciar la explotación de Vaca Muerta, el cual entre distintos beneficios permitía a la petrolera yanqui eludir el cepo cambiario para girar sus utilidades al exterior. Es lo que muy parcialmente ya ofrenda el proyecto del oficialismo de nueva Ley de Hidrocarburos.

 No debe sorprender. Chile ha tomado la delantera en cuanto a poner en marcha la producción de hidrógeno verde, especialmente a partir del desembarco de firmas alemanas, porque ya la Agencia Internacional de energía lo calificó como la posibilidad de emprender el proceso con los costos más bajos del mundo. Sería un error adjudicar ello únicamente a dotes naturales como vientos constantes y disponibilidad de agua en cantidades necesarias, sino que se suman los menores costos de mano de obra y de energía. Alemania incluso ya viene explorando hace años la concreción de un polémico proyecto en la represa Inga 3 en el Congo.

 Estamos ante un retrato de cómo las potencias imperialistas pretenden cumplir su transición energética cargando los costes a las naciones semicoloniales; inclusive los pasivos ambientales. El gobierno argentino es tal vez quien más directamente expresa esto, ya que dedicó su estadía en Glasgow -al igual que antes en Roma en la cumbre del G20– a pedir nuevos desembolsos de los DEG del FMI. Como sabemos, estos no financian inversión alguna, sino el pago de una deuda usuraria. Es el mismo fin que persigue el proyecto de exportar hidrógeno verde, como garantía de repago al Fondo. 

 Por el contrario, cualquier reconversión productiva requiere invertir las divisas en un plan de desarrollo nacional. El hidrógeno verde podría tal vez ocupar un lugar importante en una transición energética, pero ello en función de un plan económico de los trabajadores y partiendo del derecho a veto de las comunidades afectadas por estos emprendimientos. El punto de partida, insistimos, debe ser la nacionalización de toda la industria energética bajo control obrero, y terminar con el régimen de saqueo cuyos pilares son el pago de la deuda y la fuga de capitales. 

 Iván Hirsch

Argentina, unas elecciones vestidas de gris

Restan menos de dos semanas para los comicios. Más allá de las predicciones, lo que parece seguro es que de los mismos no surgirán cambios sustanciales, sobre todo de cara a los que sobreviven con magros ingresos, amenazados por el empobrecimiento, la precarización y el desempleo. 

 La dificultad de “darlo vuelta”.

 El esfuerzo por remontar el resultado negativo de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias por parte del oficialismo reconoce varias líneas de acción, ninguna de las cuales ofrece garantías de “dar vuelta” el sufragio ciudadano. 

 Tal vez el escenario más halagüeño asequible para el gobierno sea el de revertir la derrota en la provincia de Buenos Aires. Un triunfo en el que es de lejos el principal distrito del país, aunque conviva con una ventaja de la oposición en el plano nacional, puede dar una cierta sensación de “empate”, incluso si el Frente de Todos (FdT) consigue un número de legisladores bastante menor al que hoy tiene, lo que puede comprender la pérdida del quorum propio en el Senado. 

 Otro objetivo factible y complementario es el de evitar una repetición de la derrota en provincias en que se eligen senadores, como La Pampa y Chubut, para aventar el riesgo de perder la mayoría en el Senado.

 De las medidas propiciadas por el gobierno nacional en las últimas semanas, son varias las que sólo tienen un efecto de alivio, y más bien pasajero, de la ominosa situación de la mayoría de la población. El muy reciente establecimiento de un amplio control de precios además del efecto concreto sobre el costo de los productos para el público, tiene un saldo simbólico: El del gobierno “poniéndose firme” frente a los oligopolios que manejan la producción y comercialización de los alimentos y otros productos de consumo masivo.

 Otra consigna orientada al mediano plazo, la de la transformación de planes en “trabajo genuino” es objetable en tanto que confunde trabajo con empleo y propone mecanismos de “estímulo” para los empleadores, que siempre redundan en que termina siendo el Estado el que financia a los empresarios.

 Otro campo de acción ha sido el de la movilización de los militantes. Se dio en dos planos diferenciados. La realización de grandes manifestaciones y actos públicos fue un esfuerzo en orden a mostrar a los partidarios del gobierno ocupando el espacio público y desplegando un entusiasmo que no estuvo presente en las PASO.

 La otra línea es la de buscar el voto barrio por barrio y hasta casa por casa, en despliegue de un activismo que asimismo estuvo ausente en la campaña anterior. Se busca atraer el sufragio de quienes se abstuvieron en los comicios anteriores, con más énfasis que en los intentos de volcar hacia el FdT a quienes emitieron votos positivos por otras fuerzas. 

 Distintos actores dentro de la coalición de gobierno han hecho pie en diferentes actos públicos. Los hubo organizados por La Cámpora, por las organizaciones territoriales, por los sindicatos, por las Madres de Plaza de Mayo. El presidente Alberto Fernández fue figura central en algunos y estuvo ausente en otros. El clima es de una disputa soterrada por exhibir compromiso y capacidad de movilización.

 El aspecto mediático de la campaña electoral oficialista ha sido cubierto por una consigna, el “sí a” en procura de algunas propuestas genéricas, un poco menos ambiguas que el inocuo “la vida que queremos” de la propaganda orientada a las PASO. También se desistió de exponer detalles acerca de la vida de los candidatos. 

 La derecha atiende su juego 

 “Juntos por el Cambio” utiliza algún hallazgo discursivo como el de menospreciar bajo la carátula de “platita” cualquier acción del gobierno orientada a volcar recursos hacia el consumo popular. La línea más general es no hacer mucho ruido, mantener una imagen de concordia interna y desarrollar una campaña de apariencia sobria, basada en un eslogan que denota una crítica implícita al llamado “clientelismo”. Bajo la consigna “yo decido” se exalta de modo implícito la preeminencia de la supuesta libertad individual frente a las presiones masificadoras del peronismo. 

 Hay otro combate que se aprovecha con fines electorales por la oposición, más tiene un alcance mucho mayor. Es el de la descalificación de lo que suele llamarse “violencia mapuche”. Se trata a la disputa por tierras de esa comunidad originaria como si fuera una insurgencia violenta contra la autoridad y, más aún, una amenaza para la soberanía nacional. Incluso se deniega la pertenencia étnica, al hablar de “pseudomapuches”.

 Más allá de las connotaciones racistas, hay un objetivo más general: La defensa a ultranza de la propiedad privada y de los negocios con el territorio en particular. La acompaña un claro objetivo de criminalización de la protesta, que incluso recurre a un lenguaje propio de la dictadura, al hablar de “subversión”. Para las clases dominantes El Bolsón, Guernica y también los cortes en la avenida 9 de julio de Buenos Aires, forman parte de acciones delictivas a las que pretenden “solucionar” mediante una represión creciente.

 Nada nuevo, por ahora. 

 Por su parte el gobierno sigue en la negociación por la deuda, al parecer resignado a quedar bajo la égida del Fondo Monetario Internacional. La voluntad manifestada una y otra vez de no ponerse “de rodillas” y el propósito proclamado de no aceptar medidas de ajuste “sobre el hambre del pueblo” amenazan quedar en el terreno de los buenos deseos. Por lo menos mientras no se baraje la suspensión del pago de la deuda y las expectativas estén puestas en una disminución de las sobretasas. 

 Todo indica que la mayoría de los ciudadanos asistirán (o no) a los inminentes comicios, con similar escepticismo y desencanto que el puesto en evidencia en las primarias. Más allá del futuro resultado electoral no se avizora una salida de la crisis actual. Al menos no una que excluya una política de ajuste más dura que la que ya se experimenta. Las mujeres y hombres de a pie tienen conciencia de la sombría perspectiva que se avecina y la confianza en que las instituciones democráticas puedan aportar respuestas se debilita día a día. 

 El interrogante pendiente es cuál es el camino para avanzar en la conformación de una nueva dirigencia, independiente de los “poderes permanentes” a los que nadie vota pero que sostienen la pretensión de decidirlo todo, ante la activa complacencia de unos y la reticencia parcial e inconsecuente de otros.

 Daniel Campione | 06/11/2021

Homenaje a Agustín Tosco, a 46 años de su muerte

Gran dirigente combativo del movimiento obrero argentino. 

 Con motivo de un nuevo aniversario de su fallecimiento, rescatamos un artículo en homenaje a Agustín Tosco publicado al momento de los hechos, en el periódico Política Obrera, antecesor de Prensa Obrera, N°248, el 11 de noviembre de 1975. 

 El jueves 6 murió Agustín Tosco, gran dirigente combativo del movimiento obrero argentino. Sus restos fueron acompañados por varios miles de trabajadores -10.000 informa La Opinión del 8-11- y despedido en su marcha hacia el cementerio de la ciudad mediterránea por otro multitudinario cortejo que, desde las veredas y las calles, manifestó su cariño y simpatía hacia quien constituyó por todo un período el símbolo inconfundible de la lucha contra la burocracia sindical.

 Agustín Tosco dejó de existir a los 46 años, prófugo de la policía peronista, cuyo gobierno intervino en agosto de 1974 el sindicato de Luz y Fuerza, que dirigía desde el año 1953. Dos veces preso bajo el gobierno militar, la lucha por su liberación constituyó en una y otra oportunidad bandera de denuncia y agitación de todo el movimiento obrero y democrático del país, que terminó quebrando a la dictadura. Sus enemigos, los que lo reemplazaron en la organización que él forjó y que apañaron su cesantía en la Empresa Provincial de Energía donde se empleaba desde hace 25 años, tuvieron que declarar un paro de 24 horas en su homenaje, para ocultar la evidencia de que el gremio paraba solo. 

 Tosco perteneció a la vieja generación de la vanguardia obrera que encabezó a los sectores antiburocráticos en los sindicatos. Se distinguió por su defensa de la independencia de las organizaciones gremiales frente al Estado, pero adoptando una posición de carácter reformista. Durante mucho tiempo, Tosco militó en el seno de la «Comisión Nacional Intersindical», ligada al Partido Comunista, y se enroló en las filas del «Encuentro Nacional de los Argentinos», del que se desvinculó más tarde, acercándose entonces al «Frente Antiimperialista y por el Socialismo» (ambos, el ENA y el FAS, agrupamientos de características «frente populistas»). 

 Tosco alcanzó gran relieve en la escena política a partir del «Cordobazo», movilización que, según él mismo, «lo había sobrepasado». A pesar de su gran lucha contra la burocracia, equivocada fue su posición frente al ascenso peronista: Tosco apoyó la fórmula del FREJULI [N. de E.: La lista del peronismo] en su provincia. Bajo la presión del PC, se opuso a estructurar una alternativa electoral clasista para el 23 de setiembre de 1973 [N. de E.: Elecciones presidenciales en las cuales triunfó Perón] y, en oportunidad de la primer gran huelga de Villa Constitución -aún en vida de Perón-, se opuso también a la formación de una Coordinadora Sindical Clasista a nivel nacional. 

 Tosco representó toda una fase del movimiento obrero nacional, con su extraordinario empuje, con su firme entereza en los peores momentos cuando un tribunal militar, después de la «ocupación militar» de la ciudad los primeros días de junio de 1969, lo condenó a 2 años y medio de prisión, con sus llamados a la lucha desde la cárcel, con su profundo humanismo que ha calado tan hondo en los trabajadores cordobeses. 

 Tosco es una parte insoslayable de la evolución política independiente de la clase obrera de nuestro país, que lo reconoce como carne y sangre de sus luchas, de sus triunfos y derrotas, que le marcan la senda de su emancipación como clase y la de la liberación nacional y social de todo el pueblo trabajador. 

 Rendimos nuestro homenaje a un gran dirigente combativo.

Desaparecidos cubanos, la historia real

Por una gran elección del Frente de Izquierda

"Hay una devaluación en marcha" // Néstor Pitrola en C5N

Vesubio III - Alegato Fiscal Alejandro Alagia Parte 5 - Viernes 5-11-21

✅ ¿Qué es el hidrógeno verde que se producirá en el país? | Entrevista con Hernán Scandizzo

Hidrógeno verde y contaminación

Desde Glasgow, el gobierno anunció un acuerdo con una empresa australiana para producir “hidrógeno verde” en el país. La inversión alcanzaría 8.400 millones de dólares en una década. 

 La empresa Fortescue Future Industries, que cotiza en la bolsa local, no confirmó estas negociaciones ni la suscripción de un mentado “memorando de entendimiento” (Clarín, 2/11). La empresa había indicado que el proyecto de Argentina era analizado junto a otros cinco proyectos más (ídem). Todavía no hay estudios de los costos de la extracción del hidrógeno, precios y los mercados para la exportación.

 “Energía verde” 

El hidrógeno “verde” es producido mediante energía renovable (eólica y solar), a diferencia del “hidrógeno gris”, que lo es mediante hidrocarburos. Sin embargo, presenta algunas dificultades, que han impedido su uso masivo. En primer lugar, es altamente inflamable, por lo que transportarlo y almacenarlo de manera segura es todo un desafío. Las dificultades para producirlo es el segundo problema (…) hay que separar al hidrógeno de las otras moléculas para usarlo como combustible y, para lograrlo, se requieren grandes cantidades de energía, lo que lo hace muy costoso” (Cronista, 1/11). La energía eólica y solar, cada vez menos costosa, también es contaminante. Están promovidas por enormes empresas energéticas, que plantean una “transición energética”, pagada por los estados, básicamente, por los trabajadores. 

 El litio es altamente contaminante y su proceso de extracción es costoso. Se utiliza para fabricar baterías de celulares, que no son reciclables. Algo similar ocurre con las baterías para autos eléctricos. “Las baterías de litio están lejos de los niveles deseados de costos, seguridad e impacto ambiental” (El País, 29/3). La extracción del litio se produce en países de América Latina, África y Asia. 

 Uno de los elementos fundamentales de la explotación del hidrógeno verde son los parques eólicos, cuyas enormes aspas no son biodegradables ni reciclables, y tienen una vida útil muy corta. Lo mismo sucede con los paneles solares. En EEUU hay campos enteros de paneles solares que quedan inutilizados y no son reutilizables. Los componentes de los paneles solares también son altamente contaminantes. Se estima que en pocos años se crearán más de 80 millones de toneladas de residuos por la fabricación de placas solares, extremadamente tóxicos, ya que contienen cadmio y plomo entre otros elementos (El País, 29/3). 

 Kulfas indicó: "Estuvimos trabajando un año en donde hicimos un trabajo técnico muy fuerte de revisión de las cuestiones técnico-legales de dónde se podía localizar el proyecto. Trabajamos muy bien con la gobernadora de Río Negro (Arabela Carreras) y con su equipo" (perfil). En el Alto Valle se desarrolla una enorme explotación hidrocarburífera, que ha contaminado las napas. La gobernación de Chubut se ha destacado por reprimir las marchas contra la mega minería en la provincia, y no caben dudas que estas cuestiones discutidas con la gobernadora tienen que ver con las condiciones políticas y sociales para garantizar que no haya protestas contra este proyecto.

 El gobierno que cifra sus expectativas en la inversión en “energía verde” promueve la minería contaminante, que destruye la cordillera, el agua y las poblaciones aledañas con enfermedades producto de la contaminación. La empresa australiana, que ya tiene una inversión minera en la cordillera sanjuanina para extraer cobre, ganó 10.300 millones de dólares en el último balance (Clarín, 2/11). El dueño de la empresa exporta hierro a China, tiene explotaciones en Colombia, Chile, Perú y Ecuador, y un enorme negocio ganadero, que es altamente contaminante. 

 No es cierta la afirmación de Alberto Fernández de que Argentina está por debajo de los niveles de contaminación mundial. Presentó en el Congreso la Ley de Hidrocarburos, que favorece la contaminación y el extractivismo, como así recortar impuestos y facilitar el giro de las ganancias. Asimismo, a pesar de decirle “Sí” a la Ley de Humedales en spots electorales, el gobierno la cajonea en el Congreso. Fernández apoya también la instalación de mega granjas porcinas, fábricas de pandemia, negociaciones lideradas por Capitanich en Chaco, con proyecto aprobados en la legislatura provincial, con el voto positivo de sus presupuestos provinciales por parte de todos los bloques. En Argentina los niveles de cáncer en las poblaciones cercanas al área sojera, que se expande, crecen dramáticamente y producen todo tipo de enfermedades, y la mortalidad infantil.

 La Argentina está “de remate”, por eso ofrece financiar inversiones con el dinero para pagar la deuda pública, que está prevista cancelar al ciento por ciento de su precio de emisión, cuando en el mercado cotiza a treinta y su ‘valor presente’ al momento de la reestructuración era cincuenta y ocho. Sería un subsidio al capital, como no se ha visto desde Menem, que el FMI acogería con aplausos.

 Emiliano Monge 

 03/11/2021

El “hidrogeno verde” – o “la gran Menem” de los Fernández

La visita de Alberto Fernández y su comitiva al G 20 tuvo su momento de euforia cuando el comunicado final de la reunión aludió a los sobrecargos pagados al FMI, de un lado, y a una reasignación de la moneda creada por el FMI -los DEG- en favor de los países “de bajos ingresos”, del otro. Sin embargo, se podía advertir la vaguedad del comunicado que, entre muchas cosas, recomendaba, por ejemplo, “un reparto global equitativo de vacunas” (sic). En la cuestión de la sobrecarga de intereses a pagarle al FMI, el gran reclamo de los Fernández, el G20 se limitó a exhortar a que se “continúe debatiendo” (sic). 

 Confirmando la inocuidad de las tratativas ante el G20, en cuestión de horas la negociación de Guzmán con el Fondo se corrió de eje: ahora, se baraja un waiver (perdón) al pago del vencimiento que operará en marzo. Es una confesión de que el acuerdo se encuentra en un impasse, y que el gobierno no ha logrado ni la más mínima concesión en sus reclamos. Pero de acuerdo a los periodistas con “llegada” al Fondo, el empantanamiento es recíproco. El ex director del FMI para asuntos de la región, Alejandro Werner, declaró a La Nación que el acuerdo con Argentina sería perfectamente inútil, ya que “no superaría los cuatro meses, y se volvería a incurrir en incumplimientos” (30/10). Menos apegados a los números, otras fuentes señalan, sencillamente, que el gobierno argentino habría perdido todo crédito político. 

 Los lenguaraces del oficialismo se apresuran a presentar a la eventual postergación del pago de marzo como una demostración de “firmeza” o “soberanía” en la negociación. Omiten lo elemental, a saber, que esa dilación sólo sería admitida a cambio de algo parecido a lo que el FMI llama “un plan”. Elementalmente, el gobierno debería acceder a un ajuste fiscal que pase por la reducción de subsidios –y por lo tanto una escalada de aumentos de tarifas. Luego, está la “reducción de la brecha cambiaria”, o sea, una devaluación de la moneda. Esa “tímida” aproximación a las pretensiones del Fondo encierra consecuencias socialmente explosivas. Estaríamos ante una versión agravada del ajuste que implementó Guzmán durante todo el primer semestre de 2021. O sea, la dilación de un acuerdo con el Fondo al precio de una política fondomonetarista. 

 El acuerdo, o su postergación, dependen en cualquier caso de los votos de Estados Unidos en el directorio del Fondo. Al respecto, el nuevo embajador yanqui en Argentina, al recibir el placet de su Senado, se encargó de establecer la ruta de cualquier concesión: de un lado, política regional “clara”, en oposición a Venezuela, Nicaragua y Cuba; del otro, distanciamiento económico con China, en particular, en el área estratégica de las telecomunicaciones. Para “comprar” los votos decisivos en el directorio del Fondo, el gobierno Fernández debería comprarse también una crisis diplomática y comercial, además de un choque con uno de sus aliados internos –el Consejo Agroindustrial sojero-aceitero-cárneo, que tiene en China a su principal mercado. 

 Agenda verde 

En la tierra de Adam Smith, donde tuvo lugar la cumbre climática, el gobierno FF desempolvó otra quimera para salir del atolladero, a saber, el canje de “deuda por clima”. El tema tiene varias aristas, y todas ellas refuerzan las contradicciones de la política oficial. Una de ellas es la utilización de los desvalorizados títulos de la deuda argentina, pero reconocidos a su valor nominal, para la inversión en proyectos ambientales supuestamente “limpios”. Los Fernández proponen la ‘gran Menem’, reconocer un valor 100 a unos títulos que se cotiza a 30. En esta y otras variantes, los “inversores” exigen, además, la libre repatriación de divisas, para lo cual es necesario eliminar el actual régimen de cambios. Alberto Fernández ha salido a ofrecer un negociado a algunos aventureros ambientales para salvar al gobierno.

 La gira oficial por Europa, en definitiva, no le aportó ningún respiro a la crisis terminal del gobierno FF. En todo caso, sirvió para poner de manifiesto el carácter reaccionario y aún más explosivo, de las “salidas” que se discuten en el desvencijado gabinete oficial. Es más necesario que nunca que la clase obrera intervenga políticamente en esta crisis en franco desarrollo. Con esa convicción, llamamos a impulsar un congreso obrero. El voto a la izquierda el próximo 14 de noviembre, contra las candidaturas de las patronales y el FMI, se inscribe en esa perspectiva.

Marcelo Ramal

03/11/2021

Las contradicciones de los preparativos de guerra del imperialismo norteamericano

Al momento de escribir estas líneas, las tensiones en el Estrecho de Taiwán entre la República Popular China y la República de China (conocida popularmente como “Taiwán”) han alcanzado puntos históricos y alimentado especulaciones de una guerra. 

 La cuestión taiwanesa está pendiente desde la Revolución de 1949, cuando el régimen nacionalista del partido Kuomintang huyó a la isla de Taiwán (llevándose consigo cuantiosa parte del Tesoro Nacional), desde donde siguió presentándose como legítimo gobierno de China, incluida la representación en la ONU. Esa situación cambió con el pacto Nixon-Mao, en 1974: la República Popular China fue reconocida globalmente como el legítimo gobierno de toda China, sin admisión de una incorporación de Taiwán. Es lo que sí ocurrió, sin embargo, con Hong Kong (bajo tutela británica) y Macao (territorio de Portugal). En Taiwán se consolidó una “grieta” entre el Kuomintang, de un lado, partidario de negociar una integración a la República Popular, el partido independentista, el PDP del otro. La fuerza integracionista tiene una base económica manifiesta – Foxcom, de la cadena Apple, ha invertido pesado en China, y cuenta con más de cien mil obreros directos. 

 Como consecuencia de los antagonismos comerciales, diplomáticos y políticos crecientes con China, Washington ha ido cambiando de línea. Sirviéndose de gobiernos aliados en la llamada Primera Cadena de Islas (compuesta por Japón, Taiwán, Filipinas e Indonesia), Washington ha acentuado su injerencia y patrullaje en el mar de China y un derecho de vigilancia en cuanto al acceso a los mares Pacífico e Índico. Como parte de esta política, EEUU alienta al gobierno taiwanés, de tendencia independentista. Ese gobierno no ha declarado la independencia, con el argumento de que ya es independiente, pero es claro que no lo hace porque sería una causa de guerra.

 China no tendría dificultades militares para tomar la isla por la fuerza (Breaking Defense 7/3/19), pero el asunto no se restringe a esto. Taiwán tiene 35 millones de habitantes; una acción semejante movilizaría militarmente al mundo entero. Taiwán sigue siendo un punto de negociación de alcance estratégico, que envuelve al conjunto de relaciones EEUU-China, a la Unión Europea y a Rusia. 

 Esta confrontación estratégica explica la política del gobierno de Biden. Primero, desarrollar una carrera armamentística contra China y Rusia, que incluye el desarrollo de armas hipersónicas y la inteligencia artificial. En el primer campo, China y Rusia llevan una ventaja significativa (Financial Times 16/10). En cuanto al segundo, el último responsable para el desarrollo de IA militar del Pentágono ha declarado que China ya ha ganado esta carrera (Reuters 11/10). Para atender a esta competencia político-militar, la cancillería norteamericana se ha concentrado en acelerar una salida a otros numerosos conflictos internacionales, aunque con fortuna relativa, como lo muestra, por caso, la belicosidad creciente de Turquía. Tercero, arrastrar a los aliados de EEUU a una suerte de frente unificado anti-chino, aunque con un inaudito nivel de improvisación y aventurerismo, a cada paso dado.

 Los enemigos 

En abril pasado, con el “apoyo inquebrantable” (Reuters 2/4) de Biden, el gobierno de Kiev comenzó preparativos para tomar por la fuerza las regiones separatistas orientales apoyadas por Rusia. EEUU apuntaba a neutralizar la alianza de facto de Putin con los chinos (The National Interest 16/4). EEUU venía de fracasar en el intento de utilizar el levantamiento popular en Bielorrusia en su favor; esto llevó al gobierno de Lukashenko a posicionarse firmemente junto a Putin (Tass 1/7). Por otro lado, Ucrania no es miembro de la OTAN, de modo que llevarla a una guerra contra Rusia, habría puesto en cuestión la consistencia de la Alianza (principalmente Francia y Alemania). 

 Biden hizo lo único que podía hacer: ofrecer a Putin una postergación indefinida de la integración de Ucrania a la OTAN. Con este enfoque levantó las sanciones que aún pesaban para las empresas rusas abocadas a terminar el gasoducto Nord Stream 2, para beneplácito de los alemanes disgusto de Kiev y Varsovia. No obstante, la relación bilateral no deja de deteriorarse y al momento de escribir estas líneas Rusia ha cortado los canales de comunicación diplomáticos con la OTAN (Reuters 18/10) y hay indicios de una nueva concentración de tropas en la frontera con Ucrania (The Washington Post 30/10).

 En el Medio Oriente, la negociación con Irán acerca del desarrollo de sus capacidades nucleares sigue en un impasse. Como hemos escrito hace unos meses, Arabia Saudita rápidamente entendió el cambio de dirección del viento la coalición que ha reemplazado a Netanyahu está atada con alambres. Por otro lado, la rápida huida de Afganistán ha socavado aún más la posición norteamericana de cara a las negociaciones con los iraníes (CNBC, 3/8), Pero, por sobre todas las cosas, ha abierto las puertas de Asia Central a China, que ha establecido con rapidez relaciones diplomáticas con el gobierno talibán (Global Times, 9/7).

 Los amigos

 El segundo eje de la política de Biden contra China consiste en “poner a los patitos en fila”: alinear a los aliados a la política de confrontación con el gigante asiático. Mientras que Trump declaraba agotado el sistema de alianzas que EEUU, Biden pretende encolumnarlo. Ocurre que la totalidad de ellos, de una u otra manera tienen intereses en China. Con total descaro, EEUU exige que miren más allá de ellos (War on the Rocks, 21/5). Este fue el eje de las respectivas reuniones de la OTAN y el G7 de hace poco más de un mes (DW News 14/6). El nuevo documento estratégico de la OTAN, por primera vez identifica a China como un ´desafío sistémico al orden global´ (DW News 15/6). 

 La utilidad militar de la OTAN, tal y como está integrada, para una guerra a librar en el ´patio trasero de China´, es bastante cuestionable. La mayoría de los estados miembros de Europa tiene capacidades militares muy disminuidas luego de décadas de ajuste a los presupuestos militares, y de acompañar los costosos fiascos estadounidenses en Afganistán o Iraq. Muy pocos países tienen una flota capaz de operar en el Pacífico, y son insignificantes frente a las que posee China. Tampoco les causa que la belicosidad norteamericana en Asia acabe destruyendo lo poco que queda de la unidad europea. La OTAN ha declarado a la totalidad del planeta como campo de intervención (Defence News, 22/10). Dentro de la OTAN opera una facción militarista europea, que sostiene que la salida al impasse del viejo continente es una guerra contra Rusia. 

 En la reunión del G7, pegada a la de la OTAN, fue presentada una iniciativa conocida como la B3W (“Build Back a Better World”) cuyo propósito es contrarrestar la Ruta de la Seda impulsada por China. Ofrece para ello financiamientos para infraestructura a los países cortejados o en la lista de Pekín. Sin embargo, prevalecen las dudas sobre la B3W: su método de financiamiento, los obstáculos políticos que enfrenta (Reuters, 13/6).

 La falta de apoyo en Europa para enfrentar a China se replica entre los países del Pacífico. El primer paso dado por los norteamericanos fue sacar al Quad, la alianza cuadrilateral del Indo-Pacífico (EEUU, Japón, India, Australia) del sarcófago. Al igual que lo que sucede con las potencias europeas, los intereses de estos países tampoco están alineados. EEUU fué abordando a otros países de la región. Tanto Indonesia como Singapur no tienen interés alguno en cerrar el estratégico Estrecho de Malaca a China. Vietnam se ha ido acercando a China. Corea del Sur reafirmó una posición equidistante entre EEUU y China (Global Times 27/5). En vista de esto, queda claro que la conformación del AUKUS (la alianza militar entre Gran Bretaña, Estados Unidos, Australia). Por medio del AUJUS, EEUU ha birlado a los franceses un negocio por venta de submarinos a Australia por cincuenta mil millones de dólares. La promesa de armar a los australianos con submarinos de propulsión nuclear llevará no menos de una década en materializarse y ha despertado protestas en Nueva Zelanda (The Diplomat, 19/9), que ya advirtió que no dejaría entrar a sus aguas los submarinos de sus vecinos. El verdadero propósito de los estadounidenses es convertir a Australia en una nueva base de operaciones militares. 

 Intríngulis estratégico 

EEUU se enfrenta, en resumen, a una crisis estratégica sin paralelo. A menos que decida abrir la caja de Pandora de la guerra nuclear, los bastiones políticos o militares que ha esparcido por el mundo, carece de solidez político-militar. Es posible, por otra parte, que China y Rusia actúen de manera coordinada: en caso de que se vean obligadas a enfrentar crisis terminales en Ucrania o Taiwán (Responsible Statecraft, 27/10). La debacle militar que enfrentarían los norteamericanos en este tipo de escenarios, marcaría un fin de época. El imperialismo norteamericano, sin embargo, no puede ‘des-escalar’ el despliegue militar en el planeta. 

 De este sucinto repaso, queda claro que cada paso que EEUU ha tenido que dar en su enfrentamiento con China, no le ha creado otra cosa que nuevos problemas y dilemas, y una marcha al abismo, que compromete a la humanidad entera. Nada más lejano de la caricatura que pintan los mentores de la solidez del imperialismo. 

 Leib Erlej

 03/11/2021

Resoluciones e indagatorias imputados Perez, Ruiz, Guardiola, Sakamoto, Jocker y Raffo

Alejandro Vilca "Hay un reconocimiento a la militancia del FITU entre los trabajadores"

Juicio La Pastoril - dìa 4 - Jueves 4/119:30 horas

Rostros del fascismo

El rostro de los neonazis de EE.UU. está también marcado por el rencor y el torrente de falsedades que rueda a través de las redes sociales.

El historiador francés Christian Ingrao se propuso desmentir la leyenda de que los ejecutores del Holocausto fueron gente primitiva, fanática, sin estudios, muy limitada intelectualmente. Investigó 80 casos de oficiales nazis que intervinieron de manera directa en la matanza e hizo el libro Creer y destruir. Los intelectuales en la máquina de guerra de las SS. Demostró así que numerosos niños alemanes que sufrieron como víctimas la Primera Guerra Mundial estudiaron luego, en los años 20, carreras universitarias, Leyes, Historia, Economía, Geografía, Sociología, y fueron reclutados masivamente para integrar las fuerzas más crueles del III Reich. Entre ellos hubo quienes se graduaron con honores en dos carreras; pero, eso sí, ninguno dudó a la hora de asesinar inocentes con sus propias manos. 

 Aunque cultos y dotados de una gran preparación intelectual, habían sido convencidos de que debían exterminar a los judíos porque significaban un peligro potencial para el pueblo alemán –de este modo se justificó ante sus jueces, en 1947, el coronel Walter Blume, doctor en Leyes, que había estudiado en Jena, Bonn y Münster. 

 Ingrao nos muestra un rostro peculiar del fascismo y prueba que la inteligencia y la cultura pueden acompañar a la barbarie si carecen de una base ética. No olvidemos que un poeta excepcional como el estadounidense Ezra Pound, antisemita feroz, se convirtió en vocero de Mussolini. 

 Un rostro digno de estudio muestra hoy el neofascismo europeo. Muchos analistas consideran que la estructura ideológica de estas corrientes radicales de ultraderecha resulta muy similar a aquella que sostuvieron sus antecesores en Italia, Alemania y la España franquista. Los imprescindibles chivos expiatorios ya no son judíos, sino inmigrantes de «razas inferiores», en particular los musulmanes. Al igual que Hitler, Mussolini y Franco, siguen siendo rabiosos anticomunistas. Detestan visceralmente todo mestizaje étnico y cultural, y sueñan con una Europa «pura», blanca y cristiana. También odian (odian mucho, con intensidad, con rabia) a feministas, homosexuales y activistas por los derechos de las llamadas minorías, emplean un lenguaje agresivo, enfático, bravucón, y acuden con facilidad a los peores insultos. Según una escritora española, el neofascismo tiende a arrastrarnos de igual forma hacia «el territorio donde es más fuerte: la mentira»:

 «La mentira es creada, alimentada con mimo, cultivada como se cultiva un virus letal en un laboratorio. Hay think tanks de expertos creadores generando noticias falsas a nivel industrial. Así ocurrió en las campañas de Bolsonaro y de Trump, con Steve Bannon actuando como maestro de ceremonias, el mismo que asesoró a Salvini y a Orbán, el mismo que en nuestro país aleccionó a Vox».

 El rostro de los neonazis de EE. UU. está también marcado por el rencor y el torrente de falsedades que ruedan a través de las redes sociales. Además, por la utilización sistemática del miedo. Son, lógicamente, «tipos duros», musculosos, racistas, homófobos, misóginos, amantes de las armas y de la violencia, que desprecian el arte auténtico y la inteligencia, consumen ávidamente la cultura chatarra yanqui y rinden culto a Trump y a todo lo que representa. Enloquecen ante la sola mención de la palabra «socialismo», aunque no entiendan su significado.

 A Umberto Eco, por cierto, le preocupaba el ascenso del neofascismo y nos advirtió que debíamos estar atentos a su lenguaje terrible, «incluso cuando adopte la forma inocente de un popular reality-show». 

 El fascismo miamense muestra un rostro curioso. Es capaz de aliarse con políticos de la más rancia estirpe franquista para participar, por ejemplo, en una manifestación contra Cuba. Busca publicidad a toda costa para ser legitimado. Odia como el que más, emplea instrumentos como la mentira, el insulto y la intimidación, y añade la clásica «chusmería» como ingrediente populista.

 El rapero y youtuber argentino Daniel Devita ilustró con videos impactantes su análisis de la fórmula usada por esa grotesca maquinaria fascista para chantajear a varios músicos cubanos y sumarlos vergonzosamente a la campaña contra la Revolución. Se trata de una fábula muy didáctica, triste, repulsiva, en la que se combinan provocaciones, insultos, groserías y verdaderos linchamientos a través de medios y redes sociales y amenazas públicas, que van desde el cierre inmediato de contratos comerciales hasta la posible revocación de tarjetas de residencia permanente en EE. UU. 

 ¿Cómo hablar de libertad de expresión, de pensamiento, de creación, después de ver algo así? ¿O de dignidad? ¿O de arte? ¿Cómo hablar realmente de «patria» o de «vida»?

 Abel Prieto | internet@granma.cu 

 3 de agosto de 2021 20:08:50

Estamos viendo en Yunior García la creación y la actuación de un contrarrevolucionario

Megacausa Campo de Mayo -día 100- Miércoles 3/11 10:00 hs.

Inflación: un problema de poder político

La recomposición de la tasa de ganancia de los formadores de precios y los intereses devaluatorios de los grandes exportadores empujan la inflación. Lo que está en juego es una disputa por el poder político

 Una vez más la inflación ocupa el centro de la escena política nacional. El acotado congelamiento de precios es visto como una medida electoral. Sin embargo una mirada más profunda permitiría ver el regreso de la puja distributiva que implica también una disputa de poder. 

 La inflación, como el endeudamiento externo y la fuga de capitales, son rasgos distintivos, limitaciones estructurales del capitalismo local, que ningún gobierno -sea cual fuera la fracción de capitales a cargo del comando del bloque de las clases dominantes- logró resolver.

 Conviene retomar aquí la formulación de los Economistas de Izquierda en un documento de principios del 2010: «En toda formación social capitalista la inflación es resultante de tensiones contradictorias al interior del proceso de producción que se expresan de distintas maneras según la coyuntura».

 Contrariamente a la teoría neoclásica que supone que es el mercado el que impone los precios de la economía, sostenemos que los precios son resultado de una doble disputa: por un lado al interior de la clases capitalistas por la apropiación del excedente económico, y por otro lado la tensión entre patrones y asalariados por la apropiación de renta (puja distributiva). Es este conflicto de intereses el que explica los procesos de suba de precios y que se expresa crudamente en estos días.

 La espiral se espiralizó 

 La evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre arrojó un 3,5 por ciento, cortando un sendero levemente descendente de varios meses, y reforzó un proceso inflacionario, que en los últimos 12 meses supera el 50 por ciento, y está en ascenso, derrumbando todas las previsiones del ministro de Economía. 

 Su evidencia encendió las alarmas gubernamentales, más aún al conocerse algunos datos de la primer quincena de este mes que proyectados lo dan nuevamente por arriba del 3 por ciento. En paralelo la corrida contra el peso presiona sobre los tipos de cambio ampliando la brecha entre el tipo de cambio oficial y el contado con liquidación y el llamado blue. Como sabemos nuestra economía muestra una interacción sistémica entre la evolución de los precios y el tipo de cambio que se potencian y realimentan mutuamente. En las condiciones actuales una disparada del dólar nos pone el borde de la hiperinflación. 

 ¿Qué empuja la inflación?

 La característica de esta coyuntura es que los precios básicos de la economía -sobre los que todo gobierno interviene- no influyen particularmente en la actualidad. El tipo de cambio oficial está controlado, las tarifas y los combustibles congelados, los salarios hace cuatro años que pierden frente a la inflación. No hay evidencias de inflación de costos. 

 Es evidente que en el país sobran pesos producto de que el gobierno financia con emisión parte del déficit fiscal y que luego se ve obligado a pagar altas tasas con las Leliq para esterilizar buena parte de esa emisión. Lo que se vuelca al consumo no tiene una magnitud tal para impulsarlo fuertemente. Por otra parte la capacidad instalada fabril es del 65 por ciento, es decir, las empresas tienen margen para aumentar la producción sin mayores costos. Tampoco se puede hablar de una inflación de demanda

 ¿Entonces qué empuja la inflación? La recomposición de la tasa de ganancia de los formadores de precios y los intereses devaluatorios de los grandes exportadores. También debe considerarse la inflación global que está en fuerte alza y presiona sobre nuestros precios internos. 

 Todo precio es político

 La respuesta del nuevo Secretario de Comercio Interior no se hizo esperar. Congelamiento de precios, retrotrayéndolos al 1° de octubre, de escasos 1432 productos la mayoría integrantes de la canasta básica. Una medida de emergencia que intenta romper la inercia pero que no ataca en su raíz el problema de la inflación estructural. No se resuelve con controles. Lo que está en juego es una disputa por el poder político. Las declaraciones de la COPAL, de las Cámaras de Comercio de Argentina y de EEUU, de la AEA, coincidentes con las de dirigentes de la oposición (no podemos trabajar a pérdida, habrá desabastecimiento) hablan de una puja distributiva pero también de una disputa por el poder político, no en el sentido destituyente, como proclaman ciertos sectores oficialistas, sino en el de condicionar toda política gubernamental que afecte la tasa de ganancia empresarial. 

 No hay mayores alternativas. Se necesita una clara y decidida política intervencionista estatal apoyada en el control social tendiente a garantizar precios y abastecimientos de los artículos de primera necesidad. 

 Control obrero de la estructura de costos de las formadoras de precios de esos artículos, transparentando las ganancias e imponiendo criterios de razonabilidad de las mismas (los sindicatos pueden impulsar comisiones autónomas de control de costos en cada fábrica y el gobierno darles la necesaria inmunidad que los proteja de la reacción patronal). Extender ese control a las cadenas de distribución y comercialización con amplia participación de los movimientos sociales. Centros Populares de distribución que garanticen que esos artículos lleguen a los sectores más necesitados. Desvincular los precios locales de los bienes exportables con mecanismos impositivos. finalmente una reforma impositiva progresiva que permita ir reduciendo el IVA compensándolo con aumentos en los impuestos a las Ganancias y Bienes personales. 

 En definitiva un programa para enfrentar eficazmente las tendencias inflacionarias en nuestro país requiere de una fuerte decisión política en cuanto a la intervención del Estado y el mayor protagonismo obrero y popular posible.

 Eduardo Lucita, integrante del colectivo EDI (Economistas de Izquierda).

Argentina en un cono de sombra

El país marcha hacia las elecciones legislativas del 14 de noviembre en medio de una gestión de gobierno que no ratifica su vocación “popular” con medidas concretas y con trabajadorxs y pobres bajo la presión de una situación económica y social insostenible. 

 Luego de la derrota sufrida en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, el gobierno nacional ha intentado el relanzamiento de su gestión y sus actividades propagandísticas, movido por la urgencia de revertir, o al menos atenuar, el traspié electoral en las elecciones generales. 

 Se especula hoy hasta el hartazgo acerca de qué sectores estarían ganando o perdiendo poder en el seno del gobierno y de la coalición Frente de Todos (FDT). Son elucubraciones que trascienden la coyuntura electoral y se proyectan sobre los dos años de gobierno que le quedan a la alianza oficialista. 

 Cristina Fernández de Kirchner ha convocado a sus partidarios a replegarse sobre la visión más clásica del peronismo, la de la alianza de clases, expresada en amplios entendimientos entre el capital y el trabajo. Ese pronunciamiento va acompañado por la idea de que hay que evitar los “extremos” y por lo tanto rechazar a los que quieren “expropiar todo a todos”. Tales manifestaciones “moderadas” y “serias” encuentran correspondencia con la actuación de los “hombres de orden” que han llegado al gabinete, con el jefe de gabinete Juan Manzur y el ministro de seguridad Aníbal Fernández a la cabeza.

 Si no logra mejorar el resultado del pasado septiembre, el FdT, con una proporción de votos en torno al 30% podría quedar muy debilitado, forzado a “consensos” bajo la inspiración del poder capitalista y de la oposición de derecha. Cabe el interrogante de si la adopción de esa política “consensuada” con los poderes fácticos no es ya decisión firme del gobierno, más allá de los sufragios que obtenga en noviembre. 

 La negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se prolonga. No hay indicios comprobables de que el FMI vaya a tener una actitud benévola hacia nuestro país, allanándose a un acuerdo que no imponga duras políticas de ajuste. 

 Siguen produciéndose actos masivos donde se protesta contra el Fondo y hasta se plantea el no pago de la deuda; el último de los cuales se realizó el 27 de octubre en el estadio de Deportivo Morón. El propio presidente Alberto Fernández proclamó allí su decisión de “no arrodillarse” frente a las exigencias del organismo internacional. El peronismo demuestra una vez más que conserva capacidad para movilizar a sus bases, lo que no equivale a tener respuestas políticas de mediano alcance. 

 Esas manifestaciones no alteran la decisión del poder económico local e internacional de exigir un acuerdo con el FMI, que constituya a su vez la oportunidad para imponer una reforma laboral, previsional y tributaria, en resguardo de sus intereses y despejando obstáculos para su dominio más pleno de la relación con lxs trabajadorxs.

 Mientras tanto arrecian las exigencias de que en la Patagonia se reprima a las comunidades originarias que ocupan tierras de propiedad privada o pública. Todo el arco conservador se juega allí una batalla importante, que le permite incluso reivindicar la función punitiva del Estado frente a un “enemigo interno” de contornos difusos. El gobierno oscila entre “lavarse las manos” y el envío de gendarmes listos para actuar. Más allá de las especificidades étnicas y regionales de los conflictos por la tierra en el sur del país, es el avance de la apropiación privada del territorio por los intereses del gran capital el que se encuentra en entredicho. Lo que pone allí en juego el establishment es la voluntad de que prevalezca la mercantilización de los bienes comunes a como dé lugar.

 Y más en general, a que la propiedad privada y el libre manejo de los medios de producción no sea objeto del más mínimo cuestionamiento. Pueden ser tierras tomadas por comunidades mapuche, una fábrica que sus trabajadoras y trabajadores pretendan recuperar, una empresa de la que alguna instancia de gobierno proponga la expropiación. La respuesta de los empresarios y sus aliados políticos y mediáticos es siempre similar: La reivindicación de que sus intereses son intocables.

 Es la misma posición que esgrimen cuando se resisten al control de precios establecido por el gobierno. Medidas de control, disfrazadas de “acuerdo”, como para no manifestar la decisión de intervenir con fuerza desde el aparato estatal. Lo mismo desata las iras de las cámaras empresarias y sus voceros oficiosos.

 Un “congelamiento” que no se sabe si tendrá incidencia real a la hora de disminuir la tasa de inflación o naufragará frente al desabastecimiento y las maniobras de los conglomerados de la industria alimenticia. Si no es así seguirán adelante los aumentos de precios que corroen todo el tiempo los ingresos en salarios, jubilaciones y prestaciones sociales.

 La realidad acuciante del deterioro generalizado del nivel de vida y el porcentaje pavoroso de pobres sigue sin ser enfrentada con políticas que puedan mejorar en serio la situación. Mientras se aplican paliativos, como aumentos en los salarios mínimos y en las asignaciones familiares, la perspectiva parece ser la de nuevas políticas de ajuste.

 Si la idea rectora es pagar la deuda, acordar con el Fondo y no afectar en lo más mínimo los intereses del poder económico, el resultado no es dudoso: Pobreza, precarización y desempleo para el corto y mediano plazo. 

 El único factor con capacidad para evitar este tipo de “soluciones” es el de la lucha popular. La movilización con capacidad para detener los avances del gran capital y enfrentar las tendencias a la resignación y el aislamiento que ganan a algunos sectores. Y apta para fortalecer la mirada en torno a una salida alternativa a la crisis, en la que los grandes capitales paguen por una vez sus prácticas destructivas.

 Daniel Campione

La reconquista imperial

EE.UU. y la Doctrina Monroe 

El imperio ha perdido toda compostura. En pocos días produjo dos noticias muy perturbadoras, que hablan de su enfermiza pretensión de recapturar el control total de los países de Latinoamérica y el Caribe, retrotrayendo las relaciones entre éstos y Estados Unidos al punto en que se encontraban antes del triunfo de la Revolución Cubana. 

 Una de ellas tiene que ver con la Argentina, y son las escandalosas declaraciones que el embajador nominado por Joe Biden para este país, Marc Stanley, hiciera en la audiencia de confirmación ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos. Sus palabras rezuman un rancio intervencionismo, propio de los años de la “diplomacia de las cañoneras.” Ratifican la vigencia de la Doctrina Monroe, que próxima a cumplir dos siglos sigue siendo la referencia fundamental del gobierno de Estados Unidos a la hora de definir sus relaciones con los países del área. Stanley no es un diplomático de carrera sino un despiadado picapleitos, razón por la cual fue presidente de la Asociación de Abogados Litigantes de Texas y de la Asociación de Abogados Litigantes de Dallas. Miembro del partido Demócrata (a quien ha aportado más de un millón y medio de dólares para distintas campañas electorales), Stanley es también lobista del estado de Israel. De ahí que en su agenda de trabajo tenga como una de sus prioridades que el Gobierno y el Poder Judicial de la Argentina averigüen y enjuicien a los responsables, entre los cuales mencionó como principales sospechosos al gobierno iraní y al Hezbolá. En materia económica habló de la recesión que afecta a la economía argentina desde el 2018 y la necesidad de un pronto arreglo con el FMI. Definió al país como un hermoso bus turístico pero cuyas ruedas no funcionan bien y declaró que metería presión sobre el tema de las tecnologías 5-G para evitar que se acreciente la influencia de China en la Argentina y de ese modo impedir que el gigante asiático “acceda a todos los datos e información de los argentinos.” Datos que, dicho sea al pasar, ya están a muy buen recaudo en numerosas agencias del gobierno de Estados Unidos gracias a su maridaje con las grandes empresas tecnológicas de ese país, integrantes de la famosa GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft). Stanley extremará sus gestiones para lograr que el gobierno argentino se sume a “los Estados Unidos y a otros países que exigen el respeto de los derechos humanos en países como Venezuela, Cuba y Nicaragua.” En suma: un abogado irrespetuoso y mandón, que ignora lo establecido en la Convención de Viena que prohíbe a los embajadores intervenir u opinar púbicamente sobre los asuntos internos de las naciones. Cree que un embajador es el equivalente contemporáneo de los procónsules romanos, dotados de poderes omnímodos para gobernar las provincias exteriores del imperio. Sería deseable que el gobierno argentino le negara el plácet para impedir que este tardío émulo de Spruille Braden -el embajador que organizó la Unión Democrática para combatir al peronismo en 1945- venga a inmiscuirse descaradamente en la vida política argentina. Sus desaforadas declaraciones justificarían sobradamente esta actitud, pero veo difícil que el gobierno adopte una decisión de ese tipo. Sobre todo cuando hasta ahora la Cancillería no ha emitido sonido alguno en relación a los aberrantes dichos de Stanley.

La otra mala noticia atañe a Latinoamérica y el Caribe en su conjunto, y tiene que ver con la declaración del general Mark A. Milley, Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. En la ceremonia que tuvo lugar en el Cuartel General del Comando Sur, en Doral (Florida) y en la cual la generala del Ejército Laura Richardson asumiera como nueva jefa del Comando Sur aquél definió al “Hemisferio Occidental” como “un barrio de vecinos. Este hemisferio nos pertenece a nosotros y a nadie más” –aseguró- “y estamos hombro con hombro en esta causa común para proteger a nuestro hemisferio de cualquier amenaza internacional.” El vocablo “nosotros” podría interpretarse de varias maneras, pero al mencionar a quiénes podrían ser los potenciales adversarios de tan idílico vecindario: China, Rusia e Irán, se puso de manifiesto que ese “nosotros” se refiere a Estados Unidos y no a las demás naciones. Washington ha caracterizado a esos tres países no sólo como adversarios sino también como enemigos. Milley apeló a una formulación ambigua reproduciendo el sutil juego de lenguaje de la Doctrina Monroe al proclamar aquello de “América para los americanos”, que en realidad quiere decir “para los estadounidenses”. Cuando el gobierno de Estados Unidos intentó ratificar esa consigna en la Primera Conferencia Panamericana realizada en Washington (2 de octubre de 1889/19 de abril de 1890) el delegado argentino, Roque Sáenz Peña respondió con una frase -“América para la humanidad”- que José Martí inscribiría con letras de oro en su espléndida relatoría de aquella conferencia en un libro titulado Nuestra América. El mensaje de Milley sucedió al del Secretario de Defensa de Joe Biden, el general Lloyd J. Austin III, quien poco antes había dicho que la misión del Comando Sur era trabajar en estrecho contacto con los gobiernos del área para “combatir” a ciertas enigmáticas “malignas influencias” que medran en la región.

La idea de que Latinoamérica y el Caribe “pertenecen” a Estados Unidos ha sido una constante en discusiones académicas en el último medio siglo, aunque siempre se apelaba a algunos eufemismos para evitar destempladas reacciones y no exacerbar el antinorteamericanismo latente en la región. Pero en tiempos de rápidos cambios en la correlación internacional de fuerzas, acelerados por la declinación del poderío global estadounidense, ese lenguaje cortesano ha sido abandonado y el relanzamiento del proyecto de dominación colonial se exhibe sin tapujos o falsos pudores. Todos los personajes mencionados en estas breves líneas dan fe de ello.

 Atilio A. Boron | 03/11/2021

Myriam Bregman "El fenómeno nacional fuimos nosotros la izquierda, somos tercera fuerza nacional"

Juicio Sheraton III - Últimas palabras y veredicto - Martes 2/11 14 hs.

"Alberto Fernández le pagó al FMI con el hambre popular" // Gabriel Solano

Alberto Fernández en la COP 26, lo único verde son los dólares que se van

Gasificación, transgénicos e hidrógeno verde solo para exportación, la agenda del gobierno en Glasgow.

 El presidente Alberto Fernández arribó a Glasgow para participar de la conferencia de la ONU sobre cambio climático, llamada COP 26, reeditando una pose de defensor del ambiente. Sin embargo, el presunto plan oficial que contiene las nuevas metas de reducción de las emisiones de carbono no implica plan alguno, como reconocen los propios funcionarios argentinos, aunque sí cuela la política de incentivos a las petroleras para la producción de gas en Vaca Muerta. La única prioridad del gobierno en realidad se juega en Roma, donde quedaron tras la cumbre del G20 Martín Guzmán y Gustavo Béliz para seguir negociando con el FMI. 

 «Tanto el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al 2030 como la Estrategia de Desarrollo Resiliente al 2050 se encuentran en constante y permanente elaboración. No existe tal cosa como un documento de Ambiente que se va a presentar en la COP 26», declaró un funcionario del Ministerio de Ambiente, Rodrigo Rodríguez Tornquist (Econojournal, 29/10). Es decir que no hay nada, ni habrá. 

 Dale gas 

El motivo de tan evidente impostura es bastante claro. A tal punto que los «Lineamientos para un Plan de Transición Energética al 2030» incluye un apartado titulado «gasificación» donde se fija que, «a través del desarrollo de sus cuencas hidrocarburíferas, costa adentro y costa afuera, Argentina buscará transformarse en un proveedor de gas natural a escala regional y global» (ídem). Así las cosas, la promesa es incentivar el fracking y la extracción de hidrocarburos, incluso sobre el mar -contra la voluntad popular, como puso de manifiesto la movilización de los vecinos de Mar del Plata contra la exploración sísmica en la zona. Es notorio que la delegación criolla haya dejado trascender que aprovecharán la estadía en la ciudad escocesa para reunirse con ejecutivos de multinacionales petroleras. 

 Por ese camino no solo se benefician los pulpos hidrocarburíferos -señalados como los grandes enemigos de la lucha contra el calentamiento global- y se incrementarán las emisiones de carbono y también metano, sino que a su vez se agravará la contaminación marina, cuando se estima que los océanos absorben una parte sustancial de los de gases de efecto invernadero y su acidificación les resta capacidad de absorción al tiempo que afecta la biodiversidad. Las promesas de que ello traerá desarrollo económico son refutadas por la población local, que apunta el daño que acarrearía para la pesca y el turismo, las dos principales actividades de toda la costa atlántica argentina. 

 Mientras el debate internacional ha puesto la mira sobre los ingentes subsidios estatales que se asignan a las empresas de combustibles fósiles, el gobierno argentino promete continuar con el sendero del Plan Gas que fija precios dolarizados para las petroleras y encarece toda la generación eléctrica. Producto de ello, si se cumple con la meta fijada en el Presupuesto 2022 de reducir el giro de fondos públicos al sector energético del 2,5 al 1,5% del PBI será a base de pasarle la factura a los usuarios con tarifazos, preservando los márgenes de ganancias de las empresas. Esto cuando gran parte de las inversiones en Vaca Muerta fueron costeadas gracias a las transferencias de fondos públicos: entre 2013 y 2019 Tecpetrol -la mayor productora de gas- recibió en subsidios más de el doble de lo que aportó entre Impuesto a las Ganancias y retenciones (Observatorio Petrolero del Sur, abril 2020). 

 Este esquema no solamente implica mayores emisiones sino graves pasivos ambientales. El caso de Vaca Muerta es demostrativo, especialmente por lo que sucede con el basurero a cielo abierto más grande de la Patagonia, donde se concentran los deshechos del fracking sin tratamiento ni control alguno. Hablamos de Comarsa, ubicada en Añelo sobre tierras fiscales -luego de las movilizaciones por el cierre de la planta Pino en un parque industrial en el oeste de la la capital neuquina, de la que aún no se efectivizó ningún plan para su cierre definitivo- donde se almacenan químicos, metales y hasta material radiactivo. La mayor parte de los líquidos son descartados en pozos sumideros que terminan contaminando las napas. La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas presentó una demanda que estima los pasivos ambientales en 5.000 millones de pesos (Canal Abierto, 17/8). A ello se suman centenares de siniestros recurrentes como incendios, la generación de sismos y la utilización de millones de litros de agua extraídos de Río Neuquén que agravan el estrés hídrico que sufren las poblaciones de la zona. 

 Vaca Muerta no solo se convirtió en el principal yacimiento del país, sino que es el único que ha repuntado la producción. Es a su vez la destinataria del proyecto de Ley de Hidrocarburos con que el gobierno intenta tentar a nuevos pulpos petroleros. Sin embargo, la consultora G&G Energy, que actúa como portavoz de las patronales, consideró de todas maneras que los beneficios fiscales y la posibilidad de girar dividendos al exterior «no van a generar una corriente general de inversión» sino que solo «permitirán optimizar su actividad a quienes ya están invirtiendo», máxime cuando exigen poder arrimar el precio interno con los internacionales en plena alza. La destrucción del poder adquisitivo, una inflación fuera de control y las presiones devaluatorias hacen que el tema sea explosivo; pero es indicativo de las contradicciones que plantea esta política.

 Chevronización renovable 

Este es el modelo de la supuesta transición energética que se viene, incluido para las fuentes renovables. Recientemente el presidente de la estatal Integración Energética Argentina (Ieasa) expresó en una entrevista al portal especializado EconoJorunal (21/10) que el proyecto de comenzar a producir hidrógeno verde a base de energía eólica «es similar a lo que sucedió con Vaca Muerta», cuyo puntal fue el pacto secreto YPF-Chevron. Ahora el presidente anunció el desembarco de la australiana Fortescue con una megainversión en Río Negro para generar hidrógeno verde… con únicos fines de exportación (Ámbito Financiero, 1/11). 

 La comparación importa porque aquel acuerdo confidencial con la norteamericana Chevron, que puso la piedra fundacional de la industria de los hidrocarburos no convencionales, implicó que esta cobró a YPF una tasa de interés en dólares del 7% por el desembolso de capital, además de embolsar el 50% de las ganancias (pudiendo sortear el cepo cambiario). Como desde entonces todas las petroleras financiaron sus inversiones con préstamos -a menudos autopréstamos de sus propias compañías en paraísos fiscales- desde 2019 los egresos de divisas por pagos de intereses y capital ya superaba en casi 2.000 millones de dólares a los ingresos, según un informe de Ejes (Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental). Un esquema leonino. 

 Lo dicho permite refutar el intento de emparentar el saqueo de Vaca Muerta con la lucha contra el calentamiento global. Lo único que interesa al gobierno es poder ofrecer garantías de repago para lograr cerrar un acuerdo con el Fondo, para lo cual necesita mostrar que convertirá el déficit energético en superávit. De ahí la promesa de concretar el gasoducto que permitiría exportar a Brasil. Que nada de esto traerá desarrollo lo confirmó nada menos que el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, quien en la previa a la presentación del proyecto de Ley de Hidrocarburos había rechazado el planteo de que las provincias también redujeran sus impuestos al sector, alegando que ya fueron reducidos medio punto hasta el 3% la alícuota de Ingresos Brutos y que en Vaca Muerta pagan regalías de las más bajas del mundo (Diario Río Negro, 26/8). 

 El mismo carácter fraudulento vale para todo el discurso oficial. Dentro de la comitiva que acompañó al presidente se encuentra el flamante ministro de Agricultura, Julián Domínguez, quien viene de reunirse con Bayer-Monsanto preocupado por el declive de las plantaciones de soja y promover la utilización de sus paquetes tecnológicos, desde las semillas fiscalizadas a los agrotóxicos, con la mira puesta en la divisas del agro para pagar la deuda. Como denuncian las organizaciones ambientales, significa que seguirán también las quemas y la deforestación.

 ¿Cómo emprender entonces un rumbo real de transición energética y mitigación del cambio climático? La apertura de los libros de la industria energética permitiría revelar los costos reales de producción y fijar en base a ello precios y tarifas acordes a las necesidades del país, y plantearía de manera palpable la necesidad de nacionalizarla bajo control obrero para ponerla al servicio de una plan real de reconversión productiva. En lugar de indemnizaciones millonarias como la que Cristina y Kicillof pagaron a Repsol, la expropiación a los pulpos petroleros debe gravarlos por los pasivos ambientales y la contratación de mano de obra en trabajos de remediación ambiental. Desde el vamos, es una perspectiva que se inscribe en la pelea por romper con el FMI y poner fin a un régimen de saqueo, incompatible con cualquier planificación de sustentabilidad ambiental ni económica.

 Iván Hirsch

G20: una reunión de impostores

Y un impuesto irrisorio a las tecnológicas. 

 Ninguno de los grandes problemas que recorren al mundo (pobreza, crisis energética, calentamiento global, desigualdad en los ritmos de vacunación contra el Covid, récord de refugiados y desplazados, guerras imperialistas en Siria y Yemen, etc.), encontró una solución en la reunión del G20 en Roma que se llevó a cabo este fin de semana. Y no podía ser de otro modo, porque en esa cumbre estaban los responsables de esa situación. 

 El foro que reúne a las grandes potencias y algunos de los llamados países “emergentes” encubrió su responsabilidad por medio de algunas declamaciones en el documento final. Se comprometió a cumplir con el planteo del acuerdo de París de que la temperatura no crezca más de 1,5 grados con respecto a los niveles preindustriales. Pero todas las promesas vienen siendo incumplidas, y el 2020, pese a la pandemia, marcó un nuevo récord en la emisión global de dióxido de carbono. Además, mientras se pontifica la meta de los 1,5 grados, la suma de los planes nacionales excede los niveles de emisión que permitirían lograr esos objetivos. 

 El cónclave acordó que se transferirán -de aquí a 2025- 100 mil millones de dólares anuales a los países menos desarrollados, para que puedan financiar la transición energética. Pero esa es una promesa incumplida desde los acuerdos de París, y ni siquiera se plantea que el desembolso de fondos tenga carácter retroactivo. Hubo un compromiso para dejar de financiar la puesta en pie de plantas de carbón, pero esto ni siquiera frena su construcción, sino apenas los incentivos estatales a las mismas. De las demás energías contaminantes, directamente no se dice nada. Por último, el G20 se propuso lograr la neutralidad en las emisiones de gases de efecto invernadero “a mediados de siglo o alrededor de esa fecha” (sic). Vaguedades y palabras al viento. 

 Mientras los jefes de Estado enunciaban estos pálidos compromisos, las organizaciones ambientalistas ganaban las calles de la capital italiana, en medio de un enorme despliegue represivo. Miles de personas participaron de la convocatoria impulsada por Fridays for Future. Manifestantes de Climate Camp que intentaban cortar la calle por donde pasarían las delegaciones internacionales fueron desalojados. A su vez, marcharon las organizaciones obreras combativas y trabajadores en lucha de Alitalia y Whirpool, que enfrentan los cierres y al gobierno ajustador de Mario Draghi.

 En cuanto a la vacuna contra el Covid-19, el compromiso fue “garantizar su producción y su distribución rápida y equitativa”, cuando se hace exactamente lo contrario. Según un informe de People’s Vaccine Aliance, un grupo de países ricos tendrán almacenadas 1.000 millones de dosis adicionales para febrero del año próximo.

 Mientras tanto, decenas de naciones apenas han comenzado sus procesos de vacunación. A los países más pobres apenas se les han entregado el 14% de las vacunas prometidas (Democracy Now, 22/10). De este modo, se prorroga la enfermedad y siguen apareciendo mutaciones. Además, el documento no dice nada de las medidas básicas que se necesitan para garantizar el aprovisionamiento de inmunizantes, como la abolición de patentes y la estatización de los pulpos farmacéuticos, que están haciendo ganancias siderales.

 El texto final del G20 introdujo, a propuesta del gobierno argentino, un pedido al FMI para que se pongan en debate las sobretasas que el organismo cobra por los préstamos que exceden la cuota que corresponde a la participación accionaria de cada país en el organismo. También plantea una redistribución de los Derechos Especiales de Giro (DEG). Pero se deja en pie todo el mecanismo de la deuda externa como arma de exacción y sometimiento de los países periféricos por parte del imperialismo. 

 La única medida tangible que adoptó el foro fue el establecimiento de una tasa mínima del 15% a las corporaciones, desde 2023. Es un reclamo de Estados Unidos, ya que sus compañías tecnológicas aprovechaban la disparidad de esas tasas a nivel global para asentarse fiscalmente en países donde la tributación es más baja (como Irlanda, donde hoy es del 12,5%). El 15% establecido es una cifra irrisoria, que contrasta con el ahogo impositivo que sufren las masas, que deben pagar impuestos como el IVA o ganancias, en el caso de los salarios. 

 La cuestión de la tasa impositiva era parte también de una pulseada de Estados Unidos con la Unión Europea. Por eso, Joe Biden dijo que el encuentro mostró “el poder de Estados Unidos”, por más que a renglón seguido matizara la afirmación, al aludir al trabajo “con nuestros socios aliados”. El mandatario estadounidense criticó, a su vez, a Xi Jinping y Vladimir Putin, los líderes de China y Rusia, que participaron del cónclave, pero en forma virtual, lo que fue interpretado por algunos medios como una distancia política. Biden les reprochó su falta de compromiso con el foro. En definitiva, las disputas entre las potencias, que se intensifican en el cuadro de guerra comercial y crisis capitalista global, se filtraron en el encuentro.

 Frente al agravamiento de las condiciones de vida y a la falta de perspectivas que plantea este régimen social, se plantea la organización independiente de los trabajadores en todo el mundo, para luchar contra el capital y sus gobiernos. 

 Gustavo Montenegro

Los secuestros, torturas y asesinatos de 37 militantes llegan a juicio

María Cristina Cournou y Nicolás Grandi militaban en el PRT-ERP. 

Fueron secuestrados en su casa de Paso del Rey, el 22 de junio de 1976. Delitos de lesa humanidad del Regimiento de Infantería 6 durante la dictadura 

 Desde este mes serán juzgados los militares responsables de crímenes cometidos durante la dictadura en perjuicio de los militantes que editaban y distribuían las revistas El combatiente y Estrella Roja. Los acusados son siete, pero hay dos que, por problemas de salud, podrían evitar ser juzgados. 

 Tras ocho años de investigación judicial, otros tres de espera y 45 después de sucedidos los hechos, finalmente el Tribunal Oral Federal 2 de la Ciudad de Buenos Aires dispuso el inicio del juicio de lesa humanidad por los secuestros, las torturas y los asesinatos de militantes que, en la zona oeste del Gran Buenos Aires, editaban y distribuían las revistas El combatiente y Estrella Roja, medios de difusión del PRT-ERP. Desde el próximo 26 de noviembre, un grupo de integrantes retirados del Regimiento de Infantería 6, localizado en la ciudad de Mercedes, responderán por esos crímenes cometidos contra 37 personas durante la última dictadura cívico militar. Entre ellas, figuran la hermana del cantante Víctor Heredia y la madre de les periodistas Bárbara y Camilo García. 

 La lista original que el juez federal Daniel Rafecas, al frente del megaexpediente que revisa la actuación del Primer Cuerpo del Ejército durante el terrorismo de Estado, elevó para que fueran sometidos a juicio oral y público tenía siete nombres: Luis Felipe Fernández Bustos, quien fue segundo jefe del Regimiento de Mercedes, Serapio Eduardo Del Río, a cargo de la Compañía de Infantería A; Gustavo Delfor González Sass, a cargo de la Compañía Comando y Servicios; Emilio Morello, a cargo de la Sección Apoyo de la Compañía de Infantería A; Luis Alberto Brun, a cargo de la Sección Apoyo de la Compañía de Infantería B; Martín Sánchez Zinny, a cargo de la Sección Tiro de la Compañía C; y Horacio Linari, a cargo de la Sección Tiro de la Compañía de Infantería A. 

 La elevación a juicio data de octubre de 2018. Tres años después, dos de los acusados, Del Río y González Sass, están al borde de quedar fuera del juicio por problemas de salud. A excepción de Del Río, que debería ocupar el sector de acusados en el tercer tramo del juicio por los crímenes cometidos en El Vesubio, se trata de la primera vez para todos ellos frente a un tribunal por su desempeño en el terrorismo de Estado.

 Los hechos por los que deberán responder tuvieron lugar entre marzo y junio de 1976 y engloban el ataque del Ejército contra la pata de difusión de la agrupación PRT-ERP: las revistas El Combatiente y Estrella Roja. Durante esos meses, la patota del Regimiento de Infantería 6 secuestró a por lo menos 37 personas, todas vinculadas con la producción de esas publicaciones: eran artistas, comunicadores y docentes militantes del PRT-ERP, de la Juventud Guevarista y del Partido de los Trabajadores Socialistas, mayormente establecidos en Luján. 

 El juez Daniel Rafecas dio por probados, también, los tormentos aplicados a cinco de esas personas y los asesinatos de otras ocho. Entre las víctimas, figuran Rocío Martínez Borbolla, madre de les periodistas Bárbara y Camilo García; y de la hermana de Víctor Heredia, María Cristina Cournou, y su compañero, que permanecen desaparecides. 

 Los jueces Jorge Luciano Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Javier Feliciano Ríos no definieron, aún, la modalidad en la que se desarrollará este juicio que, hasta el momento, es el último que figura agendado en el calendario judicial de este año abocado a los crímenes de lesa humanidad cometidos bajo el terrorismo de Estado. La representación del Ministerio Público Fiscal estará a cargo de María Ángeles Ramos. 

 Ailín Bullentini 

1 de noviembre de 2021

La crisis política arriba al punto de eclosión

El G-20 que se ha reunido el fin de semana en Roma, no es el que tuvo lugar en Buenos Aires hace cuatro años. En aquella ocasión, las grandes potencias celebraban, hasta las ´lágrimas´ de Macri, la ´conquista´ de Argentina. Hoy asiste a una bancarrota financiera monumental, combinada con una gigantesca crisis social. Como en el relato de la tragedia a la farsa, hoy celebra el oficialismo de Todes una recomendación de esas potencias al FMI para que considere la eliminación o rebaja de la tasa recargada de intereses por la deuda ha contraído Argentina. También celebra un llamado vago a distribuir en calidad de préstamos a las naciones más afectadas por la pandemia, una buena parte de la moneda creada por el FMI (los DEG), u$s650 mil millones, en favor de esos países. 

 Hasta los diarios de la ´opo´ quedaron sorprendidos por estas ´concesiones´ del G20 a Argentina, cuando habían depositado expectativas de que fuera exiliada del Grupo. Bien mirada, se trata de una apretada mayúscula, pues lo que viene a decir es que cuando Argentina llegue a un acuerdo con el FMI, las grandes potencias podrían conceder una rebaja de los intereses extraordinarios causados por un préstamo usurario al ex gobierno de Macri. Los 20 han dado a Argentina un ultimátum, todo lo contrario de una negociación indefinida. La política del G-20 se basa en la convicción de que se inicia o reinicia un período de ascenso económico, capaz de contener el estallido económico en Argentina. Lo que en 2020 fue atención por las consecuencias de la pandemia, ahora es una suerte de ofensiva. Los indicadores internacionales no revalidan, sin embargo, la confianza del imperialismo, ya que la actividad económica internacional sigue una curva de serrucho, asediada por quiebras importantes, como la de la china Evergrande. 

 El mensaje desde Roma se produce cuando se anuncian aumentos de precios vitales, que no cotizan en supermercados ni en los chinos: expensas, pre-pagas, gas comprimido, alquileres. Anticipan también una suba de los precios cotidianos en forma de espiral. La ´plata´ que secan estos aumentos, es considerablemente mayor que la que se ha distribuido con fines electorales. A esto se agregan los vaticinios de las encuestas, que dan por perdidas las elecciones al oficialismo, incluido el quórum en el Senado. La crisis pos electoral de noviembre hará empalidecer a la que siguió a la Paso. Los diarios adelantan una crisis de gabinete, que será más que eso, porque desatará un realineamiento de poder. 

 Dos columnistas de la Nación observan en los últimos días, lo que llaman un declive de la Vicepresidenta. Advierten lo que desde estas páginas fue caracterizado en diversas ocasiones; no es la oposición por donde pasa una salida, sino por el peronismo. Asignan para JxC un lugar subordinado en el desarrollo de la crisis. Lo que los columnistas no dicen es que un estallido político al interior del peronismo, y una nueva crisis de gobierno, tendrá un impacto enorme en todos los aparatos que actúan como correa de transmisión del estado en la clase obrera. 

 Con la perspectiva revolucionaria que deja a la luz este desarrollo, llamamos a los activistas y luchadores obreros a votar a nuestra corriente y a los partidos de izquierda (ver declaración de POLÍTICA OBRERA, 30.10), como un paso de separación del cadáver putrefacto del aparato peronista y de la burguesía. La autonomía política de la clase obrera es la cuestión estratégica del período que se abre. 

 Jorge Altamira 

 01/11/2021

Gran triunfo del clasismo a la burocracia en el Sutna // La Lista Negra obtuvo el 73% de los votos

Juicio Vuelos Campo de Mayo - día 43 Lunes 1/11 9:30 horas

Virrey Cevallos II: Alegato del Fiscal Pablo Ouviña contra Jorge Alberto Espina

Juicio La Pastoril - dìa 3 - Lunes 1/11 14:30 horas

Debate oficial de los candidatos a legisladores por la Ciudad de Buenos Aires // Canal de la Ciudad