Las políticas y reformas del gobierno de Javier Milei están haciendo estragos en la economía de la mano de la ofensiva de las patronales contra los trabajadores. Aunque gran parte de las medidas oficiales son impulsadas con el compromiso de la generación de empleo formal y en nombre de los trabajadores informales, lo cierto es que en dos años de gobierno “libertario” la informalidad laboral creció en 376.000 puestos laborales y el desempleo pasó al 7,5% de la Población Económicamente Activa. Un gobierno negrero y antiobrero, que destruye el trabajo y solo gestiona los intereses de las patronales y el capital financiero.
Se trata de números que se desprenden del informe de Trabajo e ingresos, elaborado por el Indec, correspondiente al cuarto trimestre de 2025, que da cuenta de un crecimiento del trabajo informal que llegó al 43% del mercado laboral, y un salto preocupante del desempleo en los últimos dos años del 5,7% al 7,5%, equivalente a 1,7 millones de nuevos desempleados.
Estamos ante el agravamiento de todos los indicadores económicos de los trabajadores, gracias a las medidas implementadas por un gobierno que viene impulsando un conjunto de reformas antiobreras en supuesto beneficio de los trabajadores informales y del empleo. El ataque a los derechos de los trabajadores son solo no ha mejorado ninguno de estos indicadores, sino que ha habilitado a las patronales para hacer de las suyas, valiéndose de la no registración de sus trabajadores, del fraude laboral y de todo tipo de artimañas para desconocer derechos laborales sin consecuencia alguna.
La punta de lanza de esta política patronal y negrera de Milei fueron las reformas laborales introducidas con la Ley Bases, donde el gobierno suprimió las indemnizaciones por nula o deficiente registración laboral, con el pretexto de que liberar las manos de las patronales generaría más empleos a cualquier costo. La realidad es que ahora las patronales gozan de un régimen de privilegios, casi sin consecuencias legales por la no registración de sus empleados, lo que ha fomentado el trabajo no registrado y el fraude laboral con la utilización del monotributo y otras artimañas para evadirse de convenios laborales incluso mal pagos.
Tomadas las cifras de conjunto estamos ante un universo de 13 millones de trabajadores registrados y 9 millones de trabajadores informales, de los cuales el 60% son asalariados, mientras que la parte restante serían cuentapropistas. Una porción significativa de la sociedad que no accede a cobertura de obra social ni ART, ni a aporte jubilatorios ni a otros beneficios, como bancarización y acceso al crédito.
Cabe señalar que esta realidad se da en los marcos de una transformación negativa del mercado laboral, destruyendo las fuentes laborales con el cierre de lugares de trabajo y despidos en el sector público y privado que sirven a engrosar las filas de los desocupados y de los trabajadores que caen en el monotributo, en las aplicaciones de reparto y como conductores de Uber y otras apps, donde no se le reconoce derecho alguno. No hay ninguna "destrucción creativa" como argumenta Milei para justificar el cierre de establecimientos.
Este crecimiento de los trabajadores informales se da particularmente en rubros masivos, como el de Comercio con 210.000 nuevo empleados bajo esta situación, cuando en la comparativa de los empleos formales del sector estos crecieron solo en 4.000 puestos. En la industria manufacturera el empleo informal creció en 87.000 trabajadores, mientras que se perdieron 63.000 puestos de trabajo formales, según datos de la consultora Invecq en relación al informe del Indec.
Esto se da en un periodo de crecimiento del desempleo bajo el gobierno “libertario”, con la pérdida de 182.000 puestos en el sector privado y 80.000 en el empleo público. Una política favorecida por Milei, como bien lo acaba de dejar en claro la patronal de Lumilagro, reivindicando el despido de 170 trabajadores para pasar a importar termos de China, adaptándose al esquema comercial propuesto por el gobierno.
En la construcción la caída se da tanto en el sector registrado (47.000 empleos menos) como en el informal (96.000 puestos perdidos), siendo uno de los sectores más golpeados por el ajuste oficial y que más mueven e inciden en la economía en general.
La burocracia sindical asiste a este proceso como colaboradora del ajuste oficial, dejando pasar todas las medidas antiobreras y adaptándose a las presiones y a la ofensiva patronal, mientras negocian sus privilegios de casta que Milei les asegura para evitar conflictos sindicales.
Las patronales, a diferencia de los trabajadores, tienen la capacidad de reconvertir sus negocios para seguir haciendo plata, pasando de productoras a importadoras, desentendiéndose de los trabajadores, o incluso precarizándolos aún más y hasta empleando por fuera de la ley sin ninguna consecuencia.
El gobierno “libertario” es responsable de esta situación, con Milei a la cabeza, estafando a la población con promesas falsas y un relato que solo busca defender los intereses patronales y abaratar “costos laborales” y salarios a toda costa, denigrando a los trabajadores a condiciones de semiesclavitud, como lo plantea la reforma laboral recientemente sancionada. Hay que derrotar a este gobiernos con la organización independiente de los trabajadores y la lucha de clases, como lo hacen los trabajadores del Sutna enfrentando el cierre de Fate y diversos sectores en lucha.
Marcelo Mache
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