A diez días de los despidos en el Estado: un primer balance

El gobierno nacional afirma haber despedido, hasta la fecha, a 15.000 trabajadores estatales. Según Milei, su propósito es alcanzar los 70.000 despidos en total. Todas las semanas se dan a conocer nuevas tandas de cesantías. Sin ir más lejos, al término de Semana Santa, se conocieron 500 despidos nuevos en el ex Ministerio de Trabajo y el cierre del Plan ENIA, un programa de prevención del embarazo adolescente, dependiente del Ministerio de Salud, en el que trabajaban más de 600 personas distribuidas en todo el país. Otros organismos donde se sumaron despidos fueron ANSES y Cultura.

 UPCN se ufana de haber conseguido “mesas de negociación”. Es evidente que la burocracia de Andrés Rodríguez no tiene el propósito de parar la sangría y reincorporar a los cesanteados, sino negociar caso por caso. UPCN desautoriza expresamente cualquier manifestación de lucha, dentro y fuera de las oficinas. Amedrenta a los trabajadores, sobre cuyos medios de vida negocia con los funcionarios, advirtiéndoles que luchar empeorará su situación. Otros sindicatos que intervienen en el ámbito del Estado Nacional siguen una línea similar. Son mensajeros de la política de amenazas instalada con la existencia de los contratos trimestrales. Muchos contratos anuales, además, han sido reemplazados por otros semestrales. El sindicato de la ANSES, APOPS, ha convocado a un paro para el 10 de abril. Su propósito es ´encuadrar´ a los trabajadores de las UDAIS -oficinas de atención al público- que vienen organizando asambleas y generando ocupaciones de hecho. 

 Por su parte, ATE, bajo la cobertura de una supuesta “estrategia legal”, regatea los despidos de delegados, embarazadas, congresales o discapacitados, es decir, los casos en los que considera que obtendría un fallo judicial favorable, aunque se trata de un puñado frente a la masacre laboral de Milei. En una segunda línea, promueve entre los trabajadores responder mediante carta documento el telegrama de despido rechazándolo por no cumplir con cuestiones básicas como señalar con nombre, apellido y DNI de quién estaría siendo desvinculado. Esto naturalmente deja afuera a todos los contratados, trabajadores precarizados durante décadas en algunos casos, cuya situación presenta como inapelable. Los paros y medidas de la última semana son desarticuladas por los mismos convocantes. Por ejemplo, en el caso del paro de 24 horas convocado para el pasado viernes 5, la convocatoria se conoció lo suficientemente tarde como para que los trabajadores no se enteraran o lo hicieran cuando ya estuvieran en sus puestos de trabajo. Cada facción de ATE promovió citas distintas. 

 El sábado 6, ATE Cultura realizó un festival en la explanada del CCK. Se estima que, a lo largo de todo el día, pasaron por allí unas 20.000 personas. No fueron pocos los organismos donde el activismo y la preocupación genuina de los trabajadores fueron el factor de organización de las asambleas. Apoyar las autoconvocatorias es fundamental ante la política criminal de la burocracia sindical. 

 Donde las asambleas votaron las permanencias dentro de los edificios, recogieron el apoyo de otros sectores en lucha e incluso del público. 

 Reincorporación de los trabajadores y trabajadoras estatales. Coordinemos con los docentes, los metalúrgicos, los jubilados y la juventud universitaria.

Valu Viglieca - Delegada General Adjunta de ATE Cultura

08/04/2024

Dengue: la enfermedad “democrática” de la pobreza y el ajuste

Los nuevos datos de la epidemia ponen de manifiesto un crecimiento catastrófico de los contagios. Ya suman más de 230.000 casos registrados y 161 muertes.

 En las últimas semanas, los especialistas han señalado que el dengue, al que consideran una enfermedad “democrática” pues no distingue entre ricos y pobres, reconocen que el factor pobreza potencia el avance de la enfermedad. Significa que hay coincidencia general en que el factor climático y el mosquito son los factores de riesgo clave para la propagación de la enfermedad, pero que las condiciones de vida de las personas son determinantes para poder poner una barrera defensiva y tener mayores chances de evitar el contagio.

 Las estadísticas oficiales corroboran que, en las jurisdicciones más pobres del país, el porcentaje de contagios es mayor que en el resto. Catamarca, Chaco, Formosa y Tucumán encabezan el lote de provincias con mayores tasas de contagios. Son provincias donde el dengue ya se ha transformado en endémico. En esas jurisdicciones los niveles de pobreza superan el 50 %, más acentuado incluso en las zonas periféricas o en los conglomerados que rodean las ciudades capitales. 

 En todas esas concentraciones urbanas, la calidad de las viviendas, el hacinamiento, la forma de almacenar el agua y de tratar o no los residuos son factores que favorecen el avance del dengue. 

 María Victoria Boix, directora de Ciudades del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), sostiene que el 92 % de la población argentina es urbana y precisa que uno de cada tres hogares en la Argentina presenta problemas graves en su vivienda. De ese total, un tercio tiene condiciones “tan malas” que requieren de una vivienda nueva, mientras que el resto tiene inconvenientes cualitativos; por ejemplo, falta de conexión a un servicio básico como agua, luz o cloacas y hacinamiento crítico (más de tres personas por habitación). Esos problemas son los que profundizan las posibilidades de contraer dengue. 

 Luego destaca que del último censo se desprende que 93 % de las viviendas particulares tienen agua de cañería, pero 16 % no accede vía red y 43 % no cuenta con cloacas. 

 Boix apunta las “altísimas diferencias” que existen por provincias. Por ejemplo, en Misiones, el 77 % no tiene cloacas mientras que en la ciudad de Buenos Aires esa cifra cae a 1,5 %. Señala que, en las últimas décadas, en la Argentina se dio una expansión “desordenada” de las ciudades con dos fenómenos: más villas y asentamientos y más barrios cerrados. “Hay más de 6.000 barrios populares en los 33 conglomerados urbanos del país -añade-. Hay una situación crítica; el 90 % no tiene agua corriente, el 97 % no tiene red cloacal, el 99 % no tiene gas y el 66 % no accede a la energía eléctrica formal. Los dos primeros ítems son cruciales para la salud; en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), 85 % de los barrios populares están expuestos a factores de riesgo”. 

 Por su parte, Adolfo Rubinstein, director del Centro de Implementación e Innovación en Políticas de Salud (Ciips) del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria, y exministro de Salud de la Nación bajo el gobierno de Macri, sostiene que hay un “vínculo absoluto” entre pobreza y dengue. Plantea que existen diversas capas de factores, como geográficos y climáticos, pero como los determinantes “más importantes” aparecen los sociales. 

 “En infraestructura pobre hay desde falta de tratamiento de las aguas a falta de recolección de residuos y gente que vive hacinada -dice a La Nación, 8/4-. Así los focos de la enfermedad empiezan a asentarse con más impacto en las zonas más pobres, en áreas no endémicas, en las zonas marginales de las ciudades. No es que solo se enfermen los pobres, pero la proporción es mayor”.

 El infectólogo Eduardo López planteó que se consideró al dengue “como una enfermedad de climas subtropicales y tropicales, pero que con el cambio climático y la deforestación se urbanizó, entró a las grandes ciudades”.

 López abunda en que la pobreza “favorece” que la reproducción de la enfermedad sea “más fácil y rápida”, ya que en una habitación donde hay cinco personas el mosquito transmisor pica a más individuos en menos tiempo. “¿Cómo hablar de descacharreo a quien no tiene agua o pedirle que pongan un mosquitero en la cama? No se puede, no tienen cómo”, agrega, y sugiere que, por ejemplo, el Estado podría preparar citronela que como repelente dura menos, pero tiene eficacia, y entregarla a precio bajo o gratis. 

 Por su lado, el médico cordobés Sergio Konig, quien es consultor en gestión de salud y exasesor del Ministerio de Salud de Chile y durante la pandemia de COVID-19 colaboró con el gobierno de Córdoba, es enfático al aseverar que el dengue tiene que ver con la pobreza de la población y de “quienes gestionan el tema”. Konig sostiene que “a diferencia del COVID, en el que todos eran imponderables, al dengue lo conocemos hace décadas –enuncia–. La pobreza genera más condiciones para que se extienda, pero bastaba con hablar con expertos en cambio climático para que nos dijeran que tendríamos cada vez más días de alta temperatura y humedad. Era relevante haberlo previsto; comprar insecticidas, repelentes, repartir rollos de film para que en los barrios carenciados tapen los cacharros; educarlos en el manejo de la situación. El dengue como reproducción del mosquito aflojará con la baja de la temperatura, pero los que fueron picados seguirán complicando”. 

 Se suma a los otros expertos en reclamar “focalizar” las acciones en los lugares donde hay certeza de que se van a complicar: “Donde hay más vulnerabilidad, hay que hacer fumigaciones en la calle; después de cada lluvia había que hacerlas. Esa era una herramienta relativamente simple y no se hizo. Hay que romper el círculo de pobreza de gestión”.

 Repelente, vacunación, descacharreo 

 La pobreza viene creciendo a niveles históricos en las últimas décadas y con diferentes gobiernos. Las políticas que están en curso no solo están agravando todo el cuadro de pobreza heredado, sino que también hay una política de salud del gobierno de Milei que hemos calificado de criminal, porque no han tomado ninguna medida efectiva para enfrentar la epidemia limitándose a dar consejos sobre los “pantalones cortos o las camisas de manga corta”; se ha opuesto a impulsar una vacunación masiva, que tanto la ANMAT como la Conain han recomendado en las zonas de alta densidad de contagio y focalizadas sobre las franjas etarias más afectadas. Tampoco el Gobierno ha podido dar respuesta al tema de la falta de repelentes, o a su precio abusivo al que no pueden acceder las familias pobres, existiendo en el país en varias provincias laboratorios estatales nacionales, que entre otras cosas fabrican repelentes siendo muchos distribuidos en forma gratuita o a precios más accesibles. 

 La sugerencia de que el que quiere repelente lo puede importar y que el Gobierno, atendiendo a los reclamos ha flexibilizado los trámites para poder concretarlos, fue respondido por Verónica Pastoriza, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Tucumán, quien admitió que el faltante de repelentes en muchos locales y farmacias es generalizado y preocupante. Consideró que la apertura de las importaciones tendrá un impacto positivo porque la producción local no está dando abasto, aunque consideró que es una compra mucho más onerosa. “Escuché de algunas personas que intentaban importar estos artículos y cualquier frasco chico cuesta alrededor de 30 dólares”, comentó, y sostuvo que “Al no haber repelentes, mucha gente se volcó al espiral, que hoy tampoco se consigue”, precisó.

 Sobre la vacuna contra el dengue, remarcó que, si bien hay una demanda que se satisface en vacunatorios privados, no es tan elevada debido al costo de cada dosis (son dos de $70.000 cada una aproximadamente) y al que las familias pobres les resulta imposible acceder.

 La política de ajuste de Milei y del conjunto de los gobernadores, con algunas excepciones en aspectos limitados (algunas jurisdicciones fabrican repelentes, en otras se están aplicando la vacunación regionalizadas y focalizada), sostienen que la lucha contra el mosquito es un problema individual, que el tema de los repelentes los va a solucionar el mercado y, en paralelo, han procedido a congelar los presupuestos nacionales de salud y con ello la planta de personal, imponiendo paritarias con salarios a la baja, o dando por concluida las obras de refacción o ampliaciones de las instalaciones en los hospitales. 

 Hoy la mayoría de los centros de salud de todas las jurisdicciones están desbordados, con numerosos casos que no llegan a ser atendidos porque no pueden soportar 4 o 5 horas de espera, o muchos no tienen los recursos para trasladarse a los centros de salud que cuentan con personal en condiciones de atender esta patología y distinguirla de la eventualidad de que pueda ser otra enfermedad. Prácticamente no se hace testeo y ya las estadísticas de contagios y muertes son cuestionadas en diversos ámbitos. 

 El avance imparable de la epidemia y la inacción de los gobiernos ha dado lugar a que en diversos ámbitos comiencen a impulsarse autoconvoctorias, como ha ocurrido en la localidad de Los Ralos, Tucumán, reclamando más personal en el hospital de la zona o distribución de repelentes en las escuelas, ante los contagios masivos y las muertes de personal. 

 Bajo el capitalismo decadente, lo que está ocurriendo con el dengue, como antes con el COVID-19, es una expresión de la barbarie a la que nos conduce este sistema. Hoy los reclamos elementales tienen que nacer de autoconvocatoria y coordinación e integrados a la lucha más general de los trabajadores. La perspectiva para una salida duradera a todas estas calamidades es el socialismo.

 Daniel Blanco 

 08/04/2024

Condenan a Joe Lewis, el magnate inglés usurpador de la costa del Lago Escondido

Pero no lo condenan por los delitos cometidos en la Argentina, sino por varios delitos financieros como el tráfico de información confidencial. 

 Un Tribunal en Nueva York llevó el caso en el que Lewis inicialmente se declaró inocente: se le imputaba proporcionar información confidencial a sus allegados, pareja circunstancial, choferes, con las que se hicieron literalmente ricos. Lewis les informaba sobre qué acciones incrementarían su valor en los próximos días, por tener conocimiento sobre resultados experimentales en la industria farmacéutica. Así, sus conocidos compraban acciones a bajo precio inmediatamente antes de que fueran a aumentar. Esas personas se hicieron millonarias con este proceder. 

 El fiscal y la jueza del tribunal de Nueva York calificaron los hechos como innegablemente graves y calculados. El fiscal comentó que "En Estados Unidos ni siquiera los multimillonarios están por encima de la ley". Pero la ley se acomoda a los multimillonarios. De una pena de entre tres y doce años lo condenaron a tres, pero con libertad condicional por su avanzada edad, 86 años. 

 El mismo Lewis admitió haber participado en una trama que se extendió desde 2013 hasta 2021 y que le reportó millones de dólares. Finalmente se declaró culpable de conspiración para cometer fraude de valores, junto con dos cargos adicionales de fraude de valores. Estos delitos conllevan penas máximas de cinco y veinte años de prisión, respectivamente. 

 En una de las instancias más llamativas, en 2019, Lewis prestó 500.000 dólares a cada uno de sus dos chóferes para invertir en acciones de Mirati Therapeutics, antes de la publicación de unos resultados clínicos que levantaron sideralmente su precio. Estos choferes luego utilizaron sus consejos para obtener beneficios sustanciales.

 Lewis, cuya fortuna se estima en 6.200 millones de dólares, según Forbes, se hizo un nombre como especulador de divisas en las décadas de 1980 y 1990. A todo este fraude le aplican tres años en libertad condicional. 

 Mientras tanto, sus negociados en Argentina quedan impunes, como la compra al menos sospechosa de la tierra de Lago Escondido y la usurpación del acceso al Lago. En su exclusiva estancia se reúnen jueces, fiscales, empresarios y operadores políticos para complotar, como han revelado los chats filtrados de participantes de aquellos encuentros. 

 Cohecho, coima o como se le quiera llamar. No hay justicia para los estafadores millonarios. 

 Elena Florín 

 08/04/2024

Indexación y dolarización: más que un tarifazo en el gas, un asalto a mano armada

Como parte del golpe de Estado económico contra la población, en rescate del capital en plena crisis, el gobierno de Milei la emprendió con aumento de las tarifas de gas, que llegará al 5.000 %. El cargo fijo de las boletas de gas -es decir lo que se paga solo por estar conectado a la red y tener medidor- pasará -en los sectores de menores ingresos- de $800 a $20.000, al que se suma el cargo variable, es decir, lo que se cobra según lo que se consume y los impuestos. 

 Estos ítems que figuran en la boleta del gas se calculan a partir del precio del gas en boca de pozo (o importado), el precio que se paga por el transporte por gasoductos y el de la distribución por caños de menor presión hasta cada domicilio. A esto se le suman los impuestos. Son estas compañías petroleras, transportistas y distribuidoras las que verán resguardadas sus ganancias gracias a la indexación y dolarización que les otorga esta decisión estatal del gobierno de Milei. El “ahorro” en materia de subsidios será destinado al pago de la deuda. Este camino lo inició Massa, cuando a requerimiento de este organismo del FMI otorgó el tarifazo de septiembre de 2023. Una rueda que gira en el vacío y nos mete en una crisis cada vez más grave.

 Indexación 

El secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, en un tweet publicó lo que deberán pagar los hogares de bajos, medios y altos recursos, con un cierto consumo (100 m3 aproximadamente) y van desde $15.000 hasta $24.000, pero es un engaño, porque parte de esta “reestructuración tarifaria” es la indexación mensual por tipo de cambio, hasta alcanzar el ´precio pleno´. El gran consumo de gas se produce entre los meses de mayo a septiembre: a partir de mayo se pondrá en marcha una “Fórmula de actualización de los cargos de distribución y tasas y cargos por servicios”, que se aplicará de manera automática todos los meses tomando en cuenta la evolución del índice de salarios, precios mayoristas y el costo de la construcción. 

 Además, dentro del cargo fijo se va a incluir la totalidad del precio de la distribución. Antes se repartía la mitad en el cargo fijo y la mitad en el variable. Esto beneficia a las empresas distribuidoras porque ya no recibirán menos en los meses de menor consumo. A raíz de ese cambio, la suba del cargo fijo da un incremento porcentual tan alto que el gobierno optó por mensualizar su cobro para tratar de disimular el impacto. Ahora, el monto que figura en los cuadros tarifarios es mensual. Por lo tanto, para obtener la suba porcentual real hay que tomar como base para el cálculo la mitad del cargo fijo que figuraba en el cuadro tarifario anterior.

 El valor del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST, uno de los tres precios con que se calculan las tarifas) está fijado en dólares, pero como la tarifa se cobra en pesos, todos los meses se ajustará el precio del PIST tomando en cuenta la cotización promedio del dólar oficial en la primera quincena del mes previo al ajuste. Este precio se fijó en un valor similar para todo el país, cuando antes, en la Patagonia, era poco menos de la mitad de lo que pagaba en el resto del país debido a las bajas temperaturas. Es decir, el aumento tarifario será mayor aún para las provincias de la Patagonia.

 No es suficiente, porque la resolución 41/2024 del 27 de marzo pasado estableció nuevos precios del gas en el PIST que varían de acuerdo al período del año. Por ejemplo, los clientes de Metrogas tendrán en abril un precio del gas de 2,89 dólares por millón de BTU (unidad de medida de las calorías del gas), entre mayo y septiembre ese precio sube a 4,43 dólares y entre octubre y diciembre baja nuevamente a 2,89 dólares. Esto significa que en el período de mayor consumo de gas la tarifa será sustancialmente mayor y no será compensado por quitar la mitad del precio de la distribución del cargo variable, al cargo fijo, que solo beneficiará a las compañías distribuidoras (en este caso, Metrogas). 

 El Gobierno no puede usar la excusa de que impulsa un ahorro de energía y menor incidencia en el cambio climático (que además niega), porque las categorías de cada usuario se definen a partir de sus consumos anuales, tomando en cuenta los 12 meses previos a la emisión de la factura. Por lo tanto, la baja de categoría como consecuencia de una reducción en el consumo tiene una gran inercia y, si un usuario consume menos, tendrá una reducción inmediata en el cargo variable, pero no en el cargo fijo, cargo que ahora es sustancialmente más alto porque la totalidad del precio de la distribución se cobra por esa vía. 

 El exfuncionario de Massa, Agustín Gerez -al que alabó Paolo Rocca, presidente de Techint, por la construcción estatal del gasoducto Néstor Kirchner-, se manifestó en contra de estas medidas de gobierno, pero dijo que su camino es “desarrollista”, que el congelamiento de tarifas lleva a la desinversión. ¿El precio de gas subsidiado en Vaca Muerta no era para que las compañías inviertan? Ni siquiera aumentó la capacidad de procesamiento de hidrocarburos. Los hogares siguen teniendo cortes de electricidad en verano y los usuarios de gas en garrafas son un tercio de la población, mientras las empresas han recibido o reciben desde el Estado o desde los usuarios precios “protegidos”. Tanto peronistas como derechistas y libertarios rescatan a las compañías y al FMI, desde su turno a cargo del Estado. Obviamente que en ninguno de estos gobiernos se ha conocido el costo real y por lo tanto la renta de las compañías petroleras y de energía.

 El tarifazo y la huelga general 

En el desarrollo de esta crisis, los choques entre sectores capitalistas aumentarán. Un representante de las Pymes manifestó que “en Argentina, el millón de BTU se paga a un valor mayor que en Europa” (añadimos: en guerra). 

 Los aumentos de tarifas afectarán aún más a la población, por su impacto directo y por los aumentos de los precios del resto de la canasta familiar. Los despidos, los salarios a la baja y ahora este súpertarifazo no pasarán sin multiplicar las luchas, como ya estamos viendo con las que están en proceso. Es la otra rueda que también está girando. La huelga general y las coordinadoras se hacen necesarias, más que nunca. 

 Silvia Jayo

 08/04/2024

La contrarreforma antilaboral al tope de la agenda capitalista

La contrarreforma antilaboral avanza porque está en la agenda de toda la burguesía Ya los gobernadores y bloques “dialoguistas” tienen en sus compus lo que sería la nueva ley ómnibus, condición del “pacto de mayo”. Y hasta hay fechas tentativas para su tratamiento en abril. Habrá choques y crisis por el paquete fiscal, los impuestos coparticipables o no, las cajas jubilatorias provinciales, los subsidios y exenciones y otros rubros. Se trama no discutir por incisos y solo algunos artículos en particular. En fin, todo está atado con alambre salvo el rumbo del ajustazo, la demoledora licuación de ingresos, los despidos y la recesión fulminante. Pero ha surgido un tema de fuerte “consenso”, la reforma laboral, que hasta podría ser un tema fundamental para hacer pasar otros más polémicos como los enumerados. Para Massot, el expresidente de la bancada del PRO, la reforma laboral “es el único elemento ‘expansivo’ en la política económica de Milei”. 

 Trasciende que podría sacarse del articulado “reformista” del megaDNU suspendido por la Justicia, la obligación de una autorización expresa del trabajador para habilitar el descuento sindical por recibo de sueldo, como guiño para neutralizar o atenuar la resistencia de la dirigencia sindical peronista, tan celosa de sus cajas. Conviene entonces recordar qué quedaría y si el capítulo sería “más tragable”. 

 Los artículos 73, 79, 86, 87, 88 y 97 del DNU, en realidad, no dejan títere con cabeza en materia de derechos laborales. Habilitan la eliminación de la indemnización que se reemplaza por un fondo tipo Uocra administrado por la Anses, elimina las multas por trabajo informal, amplía a ocho meses el período de prueba, habilita el banco de horas eliminando virtualmente las horas extras, anula la ultraactividad de los convenios después de su vencimiento hasta nuevo acuerdo (que puede ser nunca), dispone guardias del 75% en las huelgas de sectores declarados “esenciales” y del 80% en actividades declaradas “trascendentales” (educación, transporte, aeronáutica, salud, bancarios, gastronómicos, aduaneros, etc., etc., etc.) que abarcan el 60% de las actividades, prohíbe toda asamblea no autorizada por la patronal que pueda “entorpecer” la producción y criminalizan “acciones de bloqueo, toma de establecimientos, intimidación, amenazas” y otros difusos tipos penales en el marco de una huelga. 

 Como se aprecia, sea como capítulo de la ley ómnibus, sea como ley aparte, se está discutiendo una contrarreforma antilaboral para borrar cien años de conquistas obreras que limitan la explotación del capital. Estas disposiciones arrasan con la jornada laboral conquistada a principios del siglo pasado, con la indemnización y sus actualizaciones, dejando al empleado a merced de su empleador. Arrasa también con los convenios colectivos al eliminar su vigencia por falta de acuerdo al vencimiento, lo que los deja en manos del sector patronal que así podría ir arrojando directamente a ley general de contrato con solo no aceptar un nuevo convenio colectivo. Agreguemos aquí que Milei, en su discurso del 1°de marzo en el Congreso, hizo eje en el convenio por empresa (a la baja, por supuesto), algo que ya tiene mucho recorrido desde los ’90 en numerosas actividades industriales. Y las actividades “esenciales y trascendentales” anulan el derecho de huelga para la mayoría de las actividades a las que luego podrían ir incorporando otras, recordemos la arbitrariedad en la declaración de esencialidad durante la pandemia por parte del gobierno anterior. 

 La propaganda derechista que envenena diciendo que habrá puestos de trabajo por eliminar las “regulaciones” que significan derechos conquistados es una mentira venenosa que debería estar siendo puesta a debate por todas las direcciones sindicales, fábrica por fábrica, lugar de trabajo por lugar de trabajo. Lo que perdimos en los ’90, al contrario, llevó a una desocupación del 18% en el año 1998, luego con todos los derechos perdidos fuimos también a una desocupación del 26% con Duhalde en 2002. Son derechos que no recuperamos en la reactivación de principios de siglo con el kirchnerismo y ahora vienen por todo. A Milei le encanta la Argentina agroexportadora de principios del siglo XX, salvo las conquistas obreras y jubilatorias que supimos conseguir con huelgas y sangre obrera en esa época y décadas después.

 La contrarreforma antilaboral avanza porque está en la agenda de toda la burguesía, grande, mediana y chica. Por eso la apoyan desde Milei hasta Cristina y por eso la burocracia sindical busca adaptarse, porque priorizan el sistema y su lugar en él al interés de clase. A esta ofensiva la podemos parar solo los trabajadores, desbordando a la burocracia sindical desde todos los costados, para que el movimiento obrero en su conjunto, ocupado y desocupado, sea el gran protagonista de un paro activo y un plan de lucha que culmine en la huelga general. Entremos con esta posición al debate abierto por el paro nacional. No queremos una medida para descomprimir, necesitamos un canal para derrotar el plan Milei.

 Néstor Pitrola

Denuncia judicial contra la ministra Pettovello por discriminación a la población migrante

El martes 26 de marzo dieciséis organizaciones sociales presentaron una medida judicial solicitando el cese de la suspensión del pago a los beneficiarios del ex Potenciar Trabajo que vieron interrumpido su cobro luego de la resolución tomada por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Luego de presentar un amparo colectivo las organizaciones piqueteras se movilizaron desde Tribunales hasta el Obelisco para plantar una permanencia que duró hasta las últimas horas de la tarde.

 En lo que va del año, 45,000 trabajadores fueron cesanteados de su pago por haber realizado viajes a países limítrofes por cuestiones personales, enfermedades de familiares, fallecimientos, trámites, etc. En ninguno de los casos se pudo corroborar un cambio en la situación social de las familias suspendidas. 

 Se trata de familias que hace décadas viven y trabajan en el país y se les quiere cercenar el derecho a circular, transformándolos en rehenes de este gobierno y ciudadanos de segunda que no tienen derecho a ver a sus familiares por situaciones de salud, fallecimientos u otros motivos. Se han denunciado casos de suspensiones a trabajadores que viven en pueblos fronterizos y cruzan todos los días caminando para trabajar, ya que muchas veces son parte de una misma comunidad como se da entre La Quiaca y Villazón. O casos en Tierra del Fuego, que para pasar por tierra a territorio argentino en Santa Cruz deben cruzar por Chile. 

El abogado patrocinante de la causa declaró: “el Ministerio de Capital Humano ha violentado derechos y garantías constitucionales como el derecho al trabajo, a la igualdad, el principio de no discriminación, el derecho a migrar y a la libre circulación y el derecho de todas las personas del mundo a tener una reunificación con sus seres queridos y familiares”.

 Se trata de un ataque discriminatorio contra la población migrante que tiene un enorme peso en los barrios populares y villas de todo el país. 

 Fidelina Cárdenas, de Villa Celina, declaraba en la radio abierta: “Fui a Paraguay porque el padre de mi hijo falleció, luego me afectó la pandemia, me quede allá y no pude ingresar más, cuando regrese me incorporé a mi trabajo”. María de Cáceres también fue a visitar a un familiar enfermo de ese país; “necesito la plata porque solamente cuento con ese ingreso”, señaló. 

 “Apareció que tengo residencia vencida y no es cierto, yo dependo del plan porque sufro del corazón”, dijo Isaías de Florencio Varela. Natalia de Echeverría ni siquiera viajó al exterior, estuvo en cama por embarazo de riesgo y le quitaron el plan. Capital Humano señaló que en algunos casos “se equivocó” en el cruce de datos, pero todavía no repuso los planes. 

 Nelly y Noelia viajaron a Bolivia para visitar a familiares enfermos. “Perdí el plan, que utilizaba para poder estudiar”, dijo Noelia, que vive en Ciudad Oculta. 

 Las organizaciones acompañantes de los damnificados reclaman la inmediata restitución de los ingresos de los cesanteados. El plan de lucha continúa en la jornada nacional convocada por todas las organizaciones piqueteras. ¡Abajo los despidos discriminatorios!

 Ezequiel Coego

Los jubilados necesitan casi $700.000 para cubrir una canasta básica

Son datos de la Defensoría de la Tercera Edad que recogen los aumentos en los principales rubros de consumo de adultos mayores. 

 El relevamiento periódico realizado por la Defensoría de la Tercera Edad arrojó que los jubilados requieren de al menos $685.041 para cubrir una Canasta Básica de los Jubilados para el mes de marzo. Con la jubilación mínima en $134.445 y los intentos del gobierno por cristalizar esta situación con una reforma previsional por decreto, los jubilados se llevan la peor parte del ajuste y el plan motosierra.

 La medición de la Defensoría tiene en cuenta la evolución de los gastos en rubros como alimentos ($197.610), vivienda ($117.000), medicamentos ($108.717), limpieza ($93.190), transporte ($46.000), insumos de farmacia ($45.220), servicios ($26.394), recreación ($26.000) y vestimenta ($25.000), dando cuenta de un salto del 239% interanual en los principales gastos de los adultos mayores.

 Las jubilaciones están muy lejos de cubrir estos montos. Para comenzar, alrededor del 60% de los jubilados perciben la mínima de $134.445 más los $70.000 del bono, llegando apenas $204.445 de indigencia. Mientras que el haber medio de los jubilados que no accedieron a la moratoria se ubica en $299.407 y los beneficiarios de la Pensión Universal para Adultos Mayor (Puam) solo cobran $107.557 ($177.557 con el bono).

 El gobierno de Javier Milei, y los gobierno precedentes, vienen licuando las jubilaciones redirigiendo esos recursos al pago del FMI y el capital financiero, agudizando la crisis social y económica que viven los adultos mayores, con “jubilaciones de asistencia” y sin posibilidad de reforzar sus ingresos por otra vía. 

 A esta gravosa situación se suma el riesgo de que el gobierno avance con la motosierra sobre los gastos del Pami, comprometiendo los programas de acceso gratuito y descuentos en medicamentos del cual dependen millones de jubilados. 

 A fin del mes de marzo vence el convenio del Pami con los laboratorios y farmacias, del cual depende la provisión de más de 5,5 millones de afiliados, con un 75% de los medicamentos totales que se entregan de forma gratuita. 

 El gobierno nacional se encuentra realizando auditorías internas, mismo procedimiento con el que en otras áreas, como en medicamentos oncológicos y alimentos, interrumpió y cortó las entregas habituales con distintos pretextos. Mientras que desde el Pami argumentan como en Nación que “no hay plata”, en tiempos donde el gobierno insiste con una reforma laboral que, entre otras cosas, propone reducir los aportes patronales, entre ellos los dirigidos al financiamiento del Pami. 

 Además, los ingresos del Pami se ven ajustados por la caída de las jubilaciones y los salarios -de los cuales dependen-, y por las “compensaciones” en bonos que representan una parte significativa de lo que se cobra pero no aportan.

 Desde el gobierno y los prestadores no solo tienen en mira la provisión de medicamentos gratuitos, lo que supone la incorporación de nuevas restricciones para achicar antojadizamente las entregas, sino también el acotamiento del programa de Precio Pami, que implica una reducción de los precios de alrededor del 50% en los medicamentos. 

 Esto importa debido a que según el Informe sobre los medicamentos más consumidos por las Personas Mayores en Argentina, que realizan tres entidades, diez de los medicamentos de uso frecuente de los jubilados tuvieron un aumento promedio interanual del 474% en el mercado. Muy lejos de las actualizaciones jubilatorias. 

 La motosierra de Javier Milei implica una poda a fondo sobre los haberes jubilatorios castigados bajo el Frente de Todos y el macrismo, exponiendo a los adultos mayores a situaciones límites, e incluso a riesgo de su salud y de sus vidas, como se está manifestando en otros ámbitos donde impactan los recortes oficiales.

 La jubilación no debe ser tratada como una asistencia social, como pretenden los gobierno capitalistas y como augura que hará el gobierno con los aumentos vía decreto por debajo de la inflación. Sino responder a la lógica de salarios diferidos, garantizando el 82% móvil y un piso que parta necesariamente de la cobertura de todos los gastos básicos. Junto a la recomposición general de los salarios y el control del Pami en manos de trabajadores y jubilados. 

Por estas razones los jubilados luchan, junto a trabajadores ocupados y desocupados, para derrotar el plan de ajuste de Milei y abrir paso a las reivindicaciones obreras y populares.

    Marcelo Mache

Gobierno y "oposición" traman un nuevo ataque al salario, las jubilaciones y el derecho laboral

La trastienda de la nueva “ley Bases”. 

 El gobierno arrancó el feriado extralargo con un nuevo ataque a los jubilados, otra vez enmascarado bajo la forma de un choque ‘federal’. En el DNU que publicó el último día hábil de la semana dispuso suspender cualquier ajuste sobre las deudas previsionales del Estado nacional con las provincias que mantienen regímenes jubilatorios especiales. Entre ellas, Buenos Aires, Santa Fe, Cordoba y Entre Ríos. En 2017, Macri se había comprometido a financiar parcialmente esas cajas previsionales, a cambio, claro está, de que sus gobiernos iniciaran una “armonización” -o sea, nivelaran para abajo las jubilaciones conquistadas por sus trabajadores hasta sumirlas en el rasero miserable de los haberes nacionales. Como el Estado nacional acumula una importante deuda por ese compromiso, Milei resolvió `desindexarla´, lo que equivale a su completa licuación. Más que un recorte, es un últimatum: los fondos sólo aparecerán cuando las conquistas jubilatorias que permanecen en esos distritos sean definitivamente arrasadas. En estas transferencias amputadas a las provincias interviene otra cuestión de fondo: para el pago de esta deuda con los distritos, se contemplaba tomar recursos del Fondo de Garantía del Anses (FGS), que acumula en este momento unos 40.000 millones de dólares. 

 Ahora, el ‘pagadios’ incluido en el DNU libera al FGS de esta obligación previsional. Según informa Clarín (1.4), la “preservación’ del FGS está ligada a la intención de que “el FGS, la mesa de dinero más grande de la región, pase a ser controlado directamente por el Ministerio de Economía”. La ‘universalización’ de la miseria previsional, por lo tanto, está ligada a la confiscación del gigantesco fondo constituido con los aportes jubilatorios. En el mismo DNU que consagra este despojo, el presupuesto 2023 es “corregido” para reducir en un 42% el déficit del gasto corriente, pero aumentando en un 60% los pagos de deuda. La administración corriente del Estado ha sido subsumida a una operación de los comisionistas de la deuda pública, que ahora pretenden embolsarse el ahorro previsional. 

 La ley Bases

 Este congelamiento de las transferencias previsionales no ha interrumpido las negociaciones entre los gobernadores y Milei en torno de la “ley Bases”. Del macrismo al pejotismo, ningún gobernador ignora que los fondos retaceados podrán ser al menos parcialmente compensados por otra vía, si aseguran su voto a la megaley. Por lo pronto, el paquete fiscal incluirá la restitución del impuesto al salario (¨ganancias¨) para aquellos que superen 1, 2 millón de pesos mensuales -es el valor de una canasta básica más un alquiler en la Ciudad de Buenos Aires, en febrero de este año. El impuesto al salario golpeará de lleno, entre otros, a los trabajadores petroleros del sur. El santacruceño Vidal abrió el paraguas, pero aclaró que escucha ‘ofertas’,o sea, alguna otra compensación en materia de fondos. 

 Las bancadas macristas y radicales no sólo digirieron los recortes previsionales, sino que le han redoblado la apuesta al gobierno. Acaban de pedirle que incluya en la ley bases a la ‘reforma laboral’ inserta en el DNU 70, la cual deroga las multas laborales, amplía el período de prueba, elimina el régimen de indemnizaciones y barre con el derecho de huelga. Los dialoguistas “sólo” han pedido que se elimine la cláusula que convertía en optativos a los aportes sindicales -es decir, la preservación de la caja para la burocracia de los sindicatos. De esta manera, retoman el camino que había transitado en diciembre Armando Cavalieri con algunos funcionarios, y que en ese momento fue desestimado por los duros Caputo y Posse. Ahora, este toma y daca se plantea en el escenario “integral” de la megaley. La oferta de los dialoguistas, además, sustrae del cuestionado DNU 70 a la liquidación del derecho laboral, y lo somete al escrutinio parlamentario. Este puente a la burocracia sindical es también un puente al peronismo, que se torna estratégico de cara a la votación de la ley Bases en el Senado. Los diarios relatan, además, el apoyo de los gobernadores peronistas del Norte a la restitución de ganancias. De parte del kirchnerismo, el “campeón del impuesto al salario”, no encontrarán oposición en este punto. Los dialoguistas aportan el libreto de un acuerdo parlamentario, pero el destino del mismo se juega en un acuerdo con el peronismo. 

 La mentira del superávit 

La apropiación frenética de los fondos previsionales, la nueva confiscación a los salarios y la escalada de despidos en el Estado demuestran, por otra parte, que Milei-Caputo no han conseguido nada en relación al alardeado déficit cero. Los datos de superávit del primer bimestre sólo han sido un dibujo, armado sobre la base de la postergación de pagos y de la licuación del 40% de los haberes jubilatorios. Los recursos amasados sobre esa base han sido devorados por los intereses de la deuda pública, que ha crecido exponencialmente con la devaluación y la hiperinflación. Para la supuesta baja de la inflación, la única carta del gobierno es una recesión brutal, que apunta a disciplinar a la clase obrera y a sus reclamos salariales. En cualquier caso, por delante están los nuevos tarifazos en la luz y el gas. Si el gobierno los posterga, vuelven las cuentas en ‘rojo’; si los habilita, sella el pasaporte a la rebelión popular, advertida hasta por el FMI. 

 Por debajo de las conspiraciones antiobreras de la casta -la oficialista y la opositora- en Argentina se pone en marcha una movilización de la clase obrera, que sacude a sus capas más profundas. Es lo que ocurre con los siderúrgicos y metalúrgicos, contra la licuación de los salarios y las suspensiones; en los piquetes y ocupaciones de edificios estatales, contra los despidos; en las huelgas docentes en el interior, que se levantan contra los gobernadores del ajuste y la burocracia sindical kirchnerista. La lucha contra el gobierno mesadinerista y criminal se abrirá paso con independencia de los agentes políticos y sindicales de un régimen social agotado, que parió a Milei y que, ahora, negocia con él una “gobernabilidad” a costa de los trabajadores.

 Marcelo Ramal

 03/04/2024

La reivindicación de las FF.AA. y de Malvinas por Javier Milei, un agente de la corona británica

La ceremonias oficiales de conmemoración del 2 de Abril, fecha de la ocupación de Malvinas por parte de Galtieri y la Junta Militar, han sido una verdadera patraña. El gobierno ha alcanzado, en esta jornada, el punto más alto de un discurso sistemáticamente impostor. Mientras renombra “Héroes de Malvinas” al salón Pueblos Originarios, se apresta a recibir a Laura Richardson, jefe del Comando Sur del Pentágono, fingiendo ignorar que sin el concurso del presidente Reagan y del gobierno norteamericano de la época, el traslado de la flota británica al Atlántico sur simplemente no habría tenido lugar. Para ello fue necesario que Estados Unidos habilitara el reabastecimiento de los portaviones ingleses en la Isla Ascensión, una base militar estadounidense a cuatrocientos kilómetros de las costas brasileñas. La guerra contra Argentina fue coprotagonizada por Gran Bretaña y por Estados Unidos, no solamente por la primera. En estos mismos días, el renacido patriota, Javier Milei, ha autorizado la compra de aviones militares norteamericanos usados, en poder de Dinamarca, sin proveer el armamento correspondiente. Desde 1982, el Reino Unido ha establecido un boicot al rearme de las Fuerzas Armadas de Argentina, acompañado sin fisuras por la OTAN. Después de 42 años de impunidad de las FFAA locales, por parte de todos los gobiernos que se turnaron desde entonces, la única hostilidad concreta y efectiva contra ellas ha partido de Londres y de Washington. Alfonsín les dictó el punto final y la obediencia debida; Menem el indulto a las Juntas; y Cristina Kirchner encaramó a César Milani, un especialista en espionaje y responsable de secuestros bajo la dictadura. Milei y Villaruel se apropian de una “reconciliación” muy antigua. De acuerdo a la crónica de los diarios del miércoles 3, este embuste ha sido rechazado por una mayoría de los militares entrevistados, en retiro o efectivos. 

 En franela con otra rebautizada nacionalista, la vicepresidenta Villaruel (que para los comunicadores oficiales sería varón, porque la llaman vicepresidente), Milei anunció “una hoja de ruta” para recuperar Malvinas que, para Clarín, consiste en lo siguiente: “volver a ciertos entendimientos en comunicaciones aéreas con Gran Bretaña y las Malvinas, acuerdos en materia pesquera, hidrocarburíferas y también en acuerdos para que los británicos levanten el embargo para las compras militares argentinas”. No hay nada nuevo aquí, porque es lo mismo que planteó la canciller Mondino, apenas asumió el gobierno actual; algo mejor, sin embargo, a la infamia de Patricia Bullrich de canjear deuda externa por el territorio del Archipiélago. Fiel a su admiración por Margaret Thatcher, Milei pone por delante los intereses de las multinacionales, no la soberanía territorial de Argentina, no ya sólo de Malvinas sino del estratégico Atlántico sur. La IV Flota del Pentágono ambiciona convertir a esta área marítima en un lago de la OTAN – con alcance al sur de África. Varios mandatarios de las provincias patagónicas han rechazado estos propósitos. El residente de la Rosada debe incluso pensar con “hojas de ruta” similares, podría retomar la otra ruta de dolarizar el sistema monetario. 

 Como ocurrió el 24 de Marzo pasado, el otro gran embuste de la jornada de ayer fue reiterar la reivindicación de la ocupación de Malvinas. Ese operativo no fue antiimperialista, como sostuvieron los izquierdistas de la época ni revolucionario, sino al revés – reaccionario. No por nada, lo encabezó, días antes, el secuestrador Alfredo Astiz, enviado por la Junta a las Islas Georgias, y el primero en rendirse ante los británicos. La ocupación de Malvinas fue el último recurso disponible para la Junta Militar para evitar una caída de la dictadura, acosada por una inmensa moviliización obrera (la jornada de la CGT del 30 de Marzo previo, en la se combatió por largas horas con la policía) y por la inminencia de un default de la deuda externa. La dictadura presumió que sería apoyada por Donald Reagan y su canciller Douglas Haig, los cuales, en efecto, buscaron intermediar en el conflicto, pero sólo para chocar con la obstinación de la Thatcher, que también veía en peligro su propio gobierno. Lo que buscaban los millitares era establecer una “soberanía compartida” que se convertiría en total al cabo de cincuenta años. En resumen, una operación pro-imperialista y reaccionaria. La dictadura vio frustrada la expectativa de que prosiguiera el desmantelamiento parcial de la flota británica, que obedecía a una crisis presupuestaria del Reino Unido. Nada de esto: la “dama de hierro” reunió en Londres a los portaviones y acorazados dispersos por el mundo, para encarar la recuperación de las Islas. Política Obrera, nuestro partido, no apoyó la ocupación, como sí lo hizo todo el arco político – Alsogaray, el peronismo, la UCR, otros partidos, el partido comunista y el PST. 

 Cuando la confrontación se hizo inevitable, con la llegada de la flota, todos los partidos tradicionales abandonaron el apoyo al gobierno militar y reclamaron una negociación con los ingleses. Nuestro partido, en cambio, había anunciado, el mismo 2 de abril, que si se llegaba a la guerra llamaría a movilizarse por la derrota de la flota británica. La dictadura conservó su gabinete durante la guerra, con el ministerio de Economía en manos de Juan Aleman, un agente del capital suizo y británico. Galtieri rechazó la ayuda ofrecida por la Unión Soviética: primero, el anticomunismo, después la patria. La reivindicación de la ocupación de Malvinas es, como se ve, y ha sido siempre, una impostura. Se la ha querido convertir, desde siempre, en la ocasión para reivindicar a la dictadura. Nunca se ha opuesto, a la ocupación de Malvinas por parte de los ingleses, y a su transformación en base militar en constante crecimiento, una política antiimperialista. Bajo la ‘democracia’, el alineamiento con el imperialismo norteamericano ha sido continuo.

 La mayor patraña del gobierno anti-obrero actual ha sido improvisar un discurso malvinero mientras vienen en manada los emisarios norteamericanos para alinear militarmente a Argentina con la OTAN. El pretexto ahora es China. Pero como lo acaba de demostrar un estudio del experto Gabriel Tokatlian, director del departamento internacional de la Universidad Di Tella, el predominio militar norteamericano en América Latina es abrumador; la injerencia de Rusia y China, por el contrario, casi nula. 

 El patriotismo de la burguesía nacional es simplemente una farsa y, peor, un instrumento para imponer la reacción política más violenta. 

 Jorge Altamira 

 03/04/2024

Milei confirmó la eliminación del Fonid por decreto

¿Qué espera Ctera para convocar al paro nacional? 

 El 26 de marzo pasado, otra vez vía decretazo 280/2024, Milei eliminó definitivamente el Fonid (Fondo Nacional de Incentivo Docente), que quitó $276.000 millones del financiamiento nacional a la educación, que equivale a una doble reducción: de numerosas partidas para el área y de un porcentaje del salario docente de casi el 20%. 

 Seis días antes, Milei –también por decreto- oficializó los vouchers para solventar parte de las cuotas de los alumnos que concurren a la educación privada, que significan prácticamente el mismo monto del eliminado Fonid, una verdadera provocación. De conjunto, se subsidiará a los empresarios-mercenarios de la educación, a quienes le garantizarán la cuota de 2.409.006 de alumnos de 6.000 escuelas privadas (Infobae, 20/3). 

 Además, las escuelas privadas cuentan con subsidios estatales para cubrir salarios y gastos, desde el 80% del total de esas erogaciones.

 Mientras esto ocurre, como el mismo Roberto Baradel informa, “el gobierno tampoco está enviando los recursos destinados a programas educativos, comedores escolares e infraestructura, transferencias que recibían todas las provincias, parte del 6 por ciento del Producto Bruto Interno que, como establece la ley, debe invertirse en educación” (Página 12, 30/3). 

 Ctera, quejas y súplicas 

Con fecha 30 de marzo, Ctera emitió un comunicado que rezaba: “Desde Ctera rechazamos enérgicamente la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente por un DNU del gobierno de Milei”.

 Sin embargo, la energía no cruzó el umbral de la queja. En cuanto a las “iniciativas”, la dirección ceterista sólo se redujo a pedir “a las diputadas y los diputados, a las senadoras y senadores nacionales que se trate en una sesión especial el restablecimiento del Fonid. Actualmente existen nueve proyectos presentados de distintos bloques con respecto a esta demanda”. Muchos de esos proyectos eran de diversos sectores de la oposición abiertamente colaboracionista con Milei, como algunos diputados del bloque de Pichetto y de diversos gobernadores del Pro que, a cambio de transar con el gobierno nacional la conformación de las presidencias de las comisiones en la Cámara de Diputados, boicotearon la sesión que estaba programada justamente para discutir esos proyectos. La bancada peronista, que tiene un proyecto al respecto, jamás planteó una sesión para su tratamiento, contando con los diputados para hacerlo. 

 Reclamamos a Ctera un plan de lucha en serio 

Ctera está actuando frente al brutal ajuste antieducativo como ATE y las CTAs con los miles de despidos con los que avanzó el gobierno… lo deja pasar. 

 El único proyecto realmente consecuente de restitución del Fonid es el presentado por Romina Del Plá en nombre del FIT-U, porque revierte los límites originales del Fonid convirtiendo a esa suma como un aporte permanente, ajustable por inflación, remunerativo y por esa vía un ingreso que también llegue a los docentes jubilados, y que integre un salario que parta de una canasta básica general que esté por encima de la línea de pobreza. Y, porque como se señaló en la importantísima audiencia de presentación, solo se lo va a conquistar con la lucha, es decir, con un plan de acción con paros progresivos y movilizaciones hasta derrotar el ajuste de Milei 

 Daniel Sierra

"Malvinas: El gobierno de Milei está cometiendo un acto de traición a la patria" / Gabriel Solano

El primer plan de ajuste. O ¿por qué Milei y Moreno son lo mismo? - La Sartelli por el Mango

"La economía de Milei es un rodrigazo sin plan" - Damián Bil

"Los despidos son enormes y van a venir más porque no hay capacidad de compra" / Néstor Pitrola

Los militantes de la austeridad necesitan salarios millonarios para ajustar en los medios públicos

La empresa estatal Radio y Televisión Argentina (RTA) designó a tres funcionarios con sueldos millonarios para que implementen el ajuste que anunció el presidente Javier Milei en la TV Pública y Radio Nacional. 

 Se trata del ingeniero Eduardo González, como coordinador general de RTA, quien comenzará a trabajar este lunes 1° de abril, con "una remuneración mensual de $4.002.155,72". Eduardo González es un directivo de confianza del interventor Diego Chaher, quien ya cobra un sueldo de $4.890.000. Ambos trabajaron en el Grupo América, de los empresarios Daniel Vila, José Luis Manzano, Daniel Hochbaum y Claudio Belocopitt y Eduardo Eurnekian, todos amigos de Milei.

 También se aprobó la asignación presupuestaria para que el 1° de abril comiencen a cobrar $3.479.675,43 otros dos funcionarios: Vanesa Paola Canale, como gerente de Personal de la Unidad de Negocios de la Televisión Pública; y Mario Fernando Viera, como gerente general de Gestión de Personal de RTA, la empresa estatal que maneja la TV Pública, Radio Nacional y Radiodifusión Argentina al Exterior (RAE).

 Estos últimos dos funcionarios ya eran gerente y subgerente de Recursos Humanos en RTA, desde la gestión anterior. Los dos eran muy cercanos al exministro Aníbal Fernández, quien había logrado designar a varios funcionarios en la gestión de Rosario Lufrano al frente de RTA. Lo que demuestra que a la hora de ajustar, hay perfectas condiciones para lograr la simbiosis entre kirchneristas y libertarios.

 Estos nombramientos se producen después de la renuncia del Director ejecutivo de la TV pública, Juan Parodi, quien en poco más de un mes de gestión tomó la tarea de desguazar la programación del canal. 

La tarea de la nueva dirección es achicar la planta de todos los medios públicos aunque todavía no quede claro el fin último. Hubo versiones sobre el interés del gobierno en vender los terrenos, calculados, solo los de la TV pública, en 400 millones de dólares, pero fue desmentido, de momento, por el vocero presidencial Adorni. Las privatizaciones, dada la crisis general que atraviesan los medios de comunicación, se ve poco probable. Por lo tanto, lo único cierto es la intención de despedir trabajadores a como sea. Hasta ahora los retiros voluntarios no tuvieron ningún éxito en Télam. Y en el gobierno tienen en cuenta la experiencia del macrismo. 

 En aquel momento, Hernán Lombardi, dispuso el despido de 350 empleados de los 950 que trabajaban allí, pero 180 de ellos fueron reincorporados, luego de fallos de la justicia laboral. Los jueces dieron como válidos argumentos contra el cierre, como no declarar el proceso preventivo de crisis, o afirmar que los empleados de Télam están amparados por la Ley de Empleo Público. 

 Por lo tanto, desde el gobierno preveen que puede haber trabas legales como las que pasaron entonces, y que generaron que reincorporaran a gente que ya había cobrado su indemnización. Por eso barajan la idea de un plantel mínimo como alternativa, si los cierres lisos y llanos encontraran trabas en el ámbito judicial. 

 Para abril, el nuevo organigrama contempla la eliminación de 57 direcciones de RTA, incluidas todas las emisoras del interior de Radio Nacional, junto con los de las radios FM Clásica, Rock y Folklórica, la mayoría de los cuales ya habían renunciado . 

 Además, se elimina la Dirección de Géneros y Diversidad de RTA, que fue creada a mediados de 2020 por la entonces presidenta Rosario Lufrano. 

 En Radio Nacional la morosierra está más avanzada. Como parte del plan de ajuste que encaró en ese momento la gestión del radical Javier Monte, Radio Nacional despidió 500 empleados a principios de año, cuando no renovó la mayor parte de los contratos que vencían el 31 de diciembre. Eso provocó el levantamiento de la mayor parte de los programas de Radio Nacional, algunos que venían de la gestión encabezada por Rosario Lufrano, pero también otros que venían de la gestión macrista de Ana Gerschenson. En marzo arrancó su gestión como director de la radio Héctor Cavallero, con más de 100 despidos de trabajadores que se desempeñaban tanto en el área periodística como administrativa, en su mayoría contratados. 

 En Télam sigue el acampe y las actividades de difusión motorizadas por SiPreBA ante el cierre y el vallado de la agencia, pero los sindicatos hacen circular en todas las empresas las esperanzas en soluciones parciales, como la continuación de un funcionamiento mínimo y la venta de algunos edificios, cuando lo evidente es la necesidad de unificar la lucha contra los cierres y los despidos en primer lugar, y retomar el reclamo por los salarios de hambre que es una cuestión que afecta a los trabajadores de todos los medios de comunicación.

 Esto se da en el contexto de despidos en los medios privados y acuerdos salariales a la baja en la TV y en la radio, y el congelamiento total en medios gráficos. Sumado a los miles de despidos en el Estado, el inmovilismo de la burocracia es criminal. Es hora de recoger el guante que tiró Andrés Rodríguez, la semana pasada, cuando dijo "¿Quieren un paro? Háganlo ustedes". Es hora de coordinar para organizar la huelga general.

 Luciana Diaz

 01/04/2024

Miles de cooperativas de trabajo van al cierre

Tras varias semanas de denuncias y amenazas, el gobierno anunció la suspensión de 10.420 cooperativas de trabajo. Según el vocero presidencial, Manuel Adorni, la mayoría de éstas se encontraría en una situación irregular. Para Adorni, el cierre de estas cooperativas es “otra caja que desaparece y que los argentinos dejan de sostener”. 

 El Ministerio de Capital Humano tomó la decisión tras revisar las actas y formularios del conjunto de cooperativas, donde se puso el foco en aquellas que tuvieron suspensiones previas pero que siguieron funcionando. Una parte del entramado de cooperativas a nivel nacional paga sus sueldos a través del plan Potenciar Trabajo; según Adorni serían 300 las cooperativas a las que se destinaban 34 millones de dólares al año. Debelarán cuáles son las afectadas cuando se publique en Boletín Oficial la resolución sobre el INAES. 

 A pesar de los paños fríos de las entidades cooperativistas, la revisión puede afectar al conjunto de las unidades inscriptas. Desde las cooperativas agrarias de la zona centro del país, yerbateras del litoral, vitivinícolas de Cuyo, las textiles, de construcción y de servicios. Solo en el sector denominado ‘cooperativas de trabajo’ se emplean unos 300.000 trabajadores. Nación se cuidó de aclarar que la baja en el caso de las proveedoras de servicios de luz, cable, agua, telefonía o internet en las localidades del interior sería analizada con extremo cuidado. 

 El INAES quedo absorbido dentro de la Secretaría de Niñez y Familia. Su titular, Pablo de la Torre, adelantó que son miles las que tienen irregularidades inaceptables, como las repeticiones de titulares, correos, domicilios o directamente la falta de presentación de sus balances contables; otorgó un plazo de 30 días para regularizar. Especialistas del sector advirtieron acerca de la legalidad del procedimiento -” una matrícula se entrega por un proceso administrativo y se desarma también por un proceso administrativo”. 

 Judicialización

La Secretaría presupone que el gobierno de Alberto Fernández sistematizó la creación de cooperativas para el desvío de fondos. Adelantó que “a partir de un informe se determinó que el padrón de cooperativas vigentes aumentó desmedidamente un 139 % en los últimos cuatro años. Unas 12.425 cooperativas fueron constituidas, aumentando de 9.978 a 23.836”. 

 El expresidente del INAES, Alex Roig, del Movimiento Evita, explicó que el aumento en el número de cooperativas se debió simplemente a una moratoria lanzada por el gobierno anterior. Javier Milei pasó el INAES de la Jefatura de Gabinete al área de Capital Humano.

 Previamente a estos anuncios el gobierno llevó adelante una ronda de denuncias judiciales respecto al destino de los fondos FISU (Fondo de Integración Socio Urbana) en particular hacia la UTEP de Juan Grabois, la principal beneficiada. Otro de los apuntados es Emilio Pérsico, exsecretario de Economía Social, que autorizó partidas para emprendimientos del Movimiento Evita de su propia titularidad. “Eso fue cerrado durante la gestión anterior. Yo mismo me acerqué y dije: me equivoqué. Consulté lo que tenía que hacer y seguí los pasos que me dijeron”, comento Pérsico al ser consultado. 

 Según La Nación, unas 144 cooperativas del entramado del peronismo recibieron el grueso de los fondos del ministerio -17 mil millones de pesos-. Las investigaciones llevan también hacia 110 ONGs que son parte del mismo entramado. Es a partir de esta condena administrativa del propio Pérsico que el INAES pasó a investigar la cuestión en forma general. Y donde la Secretaría de Niñez y Familia a cargo de Pablo de la Torre decidió llevar el tema al área de legales del Ministerio.

 Precarización, negreo y políticas sociales

 Un porcentaje de las cooperativas en existencia obedece a las diferentes “capas geológicas” de políticas sociales del ex Ministerio de Desarrollo Social. Intendentes, gobernadores y organizaciones registraron una multiplicidad de cooperativas, que bajo la órbita del Potenciar Trabajo, y antes con el Argentina Trabaja, sirvieron de paraguas para una extendida precarización laboral en los servicios que brinda el Estado. Esto se entrelazó con un desvío de fondos y/o un sostenimiento económico. Según justifican diferentes medios, esto era saneado regularmente al asumir una nueva administración y también se dio en los cambios de mano del ministerio: de Daniel Arroyo a Juan Zabaleta y de Zabaleta a Victoria Tolosa Paz.

 Más allá de los desmanejos y la precarización del ‘Estado Presente’ del kirchnerismo, continúa una implacable política de ataque, ajustes y despidos. Aún está por determinarse el volumen de despidos y cierre de puestos de trabajo que producirá esta medida, ya que el número de integrantes de las cooperativas ronda desde una docena a cientos de trabajadores. Este recorte sobre los trabajadores más flexibilizados del Estado, se suma a los 15.000 despidos de los contratados en las diferentes dependencias estatales anunciados para finales de marzo. 

 Las organizaciones que son parte vertebral en los esquemas cooperativos y de la llamada ‘Economía Popular’ entienden que la medida no se va a concretar: “La suspensión de una matrícula es un procedimiento habitual ante la falta de presentación de balances. La matrícula la otorga el directorio de INAES, que tiene como miembros a representantes del sector cooperativo y de las mutuales además de los del Estado. Puede haber detrás de esto, una maniobra para desfinanciar.”, concluyeron sin dar muchas garantías. 

 En el caso de Aysa, ya avanzó con la baja de los convenios en sus propias cooperativas de trabajo, afectando a 2.500 trabajadores. Buena parte de estas 250 cooperativas están a cargo de la CCC, el ala ‘maoísta’ de Unión por la Patria. Este miércoles protestaron frente a la Jefatura de Gabinete donde fueron reprimidos por la Policía de la Ciudad. Los cooperativistas de obras de agua y saneamiento denuncian falta de pago desde diciembre por obras ya realizadas e incluso denuncian haber desarrollado tareas durante años bajo los programas: “Agua+Trabajo”, “Cloacas+Trabajo” y “Conectarte”. Como si fuera poco a estos trabajadores que quedaron en la calle se le suman más de 200 despedidos de la propia planta permanente de Aysa.

 Leonardo Perna 

 31/03/2024

La crisis electoral en Venezuela y América Latina

Las elecciones generales previstas para el 28 de abril próximo en Venezuela, han desatado, como ha ocurrido en el pasado, una crisis política, aunque de alcance y envergadura diferente. Maduro había concertado con el gobierno de Biden una suerte de “elecciones libres” a cambio de una atenuación de las sanciones comerciales impuestas por Estados Unidos. Para concretar este compromiso tuvieron lugar diferentes reuniones en el pasado reciente que en definitiva no han roto el impasse. 

 En principio, el gobierno vetó la candidatura de la ultraderechista María Corina Machado, por medio de una resolución del Consejo Nacional Electoral, que alegó irregularidades cometidas por Machado en el pasado. Machado había obtenido su candidatura por medio de una elección primaria de los partidos de oposición – la Plataforma Unitaria - en la que se impuso por una mayoría aplastante. Existe una unanimidad de opiniones de que vencería al gobierno en comicios regulares; en su campaña ha reunido audiencias numerosas. Machado encabeza el ala extrema de la derecha; propició, por caso, una invasión norteamericana para, según ella, “restablecer la democracia”. Machado es una firme aliada de Javier Milei e integra la Internacional Negra de la ultraderecha de diversos países.

 Luego de repetidas afirmaciones de que mantendría la candidatura a pesar de la proscripción, Machado designó en su reemplazo a una profesora de filosofía de 80 años, Corina Yoris, con el apoyo de la PU. Yoris tampoco fue aceptada por la CNE. Para evitar un vacío político en las semanas que faltan para las elecciones, la PU apuntó como candidata a un ex embajador – González Urrutia. El gobierno, a su turno, legalizó las candidaturas de varios opositores para neutralizar a la Plataforma Unitaria, aunque proscribió al partido comunista, que ha roto con el PSUV hace cinco años.

 En las condiciones descriptas, la reelección de Nicolás Maduro está descontada, a pesar de que el 80% de la población se encuentra bajo el nivel de la pobreza y la economía dolarizada; el bolívar, que circula para el pago de los empleados públicos y se transa por medio de tarjetas de débito, ha perdido por completo su valor. 

 Llama la atención, en este escenario, que el gobierno haya rechazado diversas alternativas de transición política, como la que insinuó una eventual candidatura de Henrique Capriles, ex gobernador del estado de Miranda y el último desafiante electoral de Hugo Chávez. El desplazamiento de Capriles ha sido funcional a la elección de María Corina Machado como candidata opositora. Capriles se había convertido en abogado de una “unión nacional” y podía contar con el apoyo eventual del gobierno de Biden; se insertaba, por otra parte, en los acuerdos del gobierno venezolano con el norteamericano para, por un lado, aligerar el boicot económico contra Venezuela y, por el otro, para extender las concesiones a las empresas norteamericanas en el cuenca petrolera del Orinoco. En semejante transición, el control de las FFAA habría seguido firmemente en manos del mal llamado ‘chavismo’, así como las gobernaciones de diversos estados. Fue lo que había hecho Daniel Ortega, en Nicaragua, cuando perdió las elecciones contra Violeta Chamorro. Pero en un año electoral en EEUU, una operación de contención de la ultraderecha habría significado ofrecer a Trump un terreno ventajoso para su campaña. En esta medida, la crisis político-electoral en Venezuela es un espejo de la división política en la ciudadela del imperialismo mundial. China, el rival geopolítico designado por Estados Unidos, también ha recibido concesiones petroleras significativas.

 Los vetos electorales en Venezuela han desatado una crisis en América Latina. A la serie de gobiernos que se encuentran alineados contra el régimen venezolano, se han añadido las críticas de López Obrador, Petro y Lula a las proscripciones. Ninguno de estos críticos ‘progresistas’ asume, sin embargo, la responsabilidad por el fracaso de las negociaciones que tenían el propósito de concertar una transición política; no hay, en las críticas, la menor mención a la extorsión económica que el imperialismo ejerce contra Venezuela. Las coincidencias entre derecha e izquierda del campo patronal latinoamericano en la desautorización a Maduro, deja ver la posibilidad de algún correctivo electoral hasta la fecha de clausura de candidaturas. Mientras tanto, siguen las persecuciones contra los opositores, a los que se atribuyen complots y atentados contra las autoridades.

 Los ataques de Milei a Lula, López Obrador y Petro se enmarcan en el propósito de producir un cambio de régimen político en Venezuela y un giro a la ultraderecha en América Latina. Ninguno de los mencionados ha denunciado esta política de derechización; Petro ya ha enmendado las relaciones con Argentina, mientras Lula procedió a vetar los actos oficiales de conmemoración del golpe militar de 1964 – como Milei-Villaruel lo hicieron el reciente 24 de Marzo , con la declarada intención de recomponer relaciones con las FFAA de Brasil que lo metieron preso y lo proscribieron en 2018; que gobernaron con Bolsonaro; y que respaldaron el complot golpista de enero de 2023. 

 América Latina se encuentra frente a una enorme presión para reajustar su política a las condiciones de la guerra mundial en desarrollo. Es una plataforma de enorme magnitud para el abastecimiento de materias primas para la economía de guerra que se viene perfilando en los países de la OTAN. Por otro lado, es un eslabón débil potencial de la cadena política del imperialismo, puesto que los ajustes económicos brutales contra los trabajadores la colocan de nuevo como un escenario de grandes rebeliones populares. 

 Jorge Altamira 

 01/04/2024

Las “relaciones carnales” con Estados Unidos significan coloniaje y negociados

Llega la generala Laura Richardson. 

 ¡Fuera yanquis de Argentina y América Latina! 

El día 2 de abril, en un nuevo aniversario del inicio de la ocupación de las Islas Malvinas por parte del gobierno genocida que estaba bajo el mando del general Galtieri, llegará a la Argentina la generala del Comando Sur del ejército de Estados Unidos, Laura Richardson. Como ocurre reiteradamente con el gobierno de Milei, un fanático proyanqui, se trata de una nueva provocación política de profundo sentido antinacional. 

 La llegada de la jefa militar se producirá luego de la visita del jefe de la CIA, William Burns, y del secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken. La generala estadounidense, que ya ha visitado el país durante el gobierno anterior y se reunió con quien era la vicepresidenta, Cristina Fernández, viene para reforzar el alineamiento sin titubeos de nuestro país a EE.UU. 

 Como gesto donará un avión Hércules C-130 a la Fuerza Aérea. Pero el plato fuerte es la venta de armas de su país a la Argentina, en concreto, de 24 aviones F-16, que hoy están en Dinamarca. Un avión de guerra, que EE.UU. ya no produce para su fuerza aérea, pero que exporta. Es que es un arma que tiene más de 40 años. Es decir, un país devastado por el aumento de la miseria y el hambre gastará 700 millones de dólares en un reforzamiento del armamentismo. 

 Esto es toda una indicación que las FF.AA. del presidente y de la vice se aprestan a participar al servicio de EE.UU. en la política de sometimiento en el “patio trasero”. Pero es solo el tema de las armas lo que mueve la visita de la generala Richardson, que se reunirá con la ministra Patricia Bullrich y con el ministro Petri; también tiene en su agenda una visita a Neuquén para reunirse con el gobernador Rolando Figueroa y visitar las instalaciones de una base de “ayuda humanitaria” que financió el Comando Sur que ella dirige. Los intereses yanquis en Vaca Muerta se han metido en la agenda. 

 Con un ojo en la base china

 La provincia de Neuquén reúne la condición de alojar en su jurisdicción una base para “estudiar el espacio profundo”, que depende del Ejército chino, y la mencionada base de “ayuda humanitaria” financiada por el Ejército yanqui.

 Es que la disputa por la venta de los F-16 se cruza con la intención de Argentina de adquirir aviones de guerra a China o la India, que son más modernos que los que tiene Dinamarca, fabricados en los años 80. 

 Los “liberales” se adaptan a las tendencias a la guerra que recorren el planeta, al igual que en su momento lo hicieron los “nac&pop” . Colocan el dinero que roban a salarios y jubilaciones y el “ahorro” en puestos de trabajo (estatales, educación y salud) al servicio del armamentismo.

 El frente único que ya ha movilizado contra la base “humanitaria” instalada en Neuquén debate las acciones a encarar para repudiar la visita a la provincia de la generala. 

 ¡Fuera yanquis e ingleses del territorio nacional! ¡Por la unidad socialista de América Latina! 

 Norberto E. Calducci

La responsabilidad del peronismo frente a los despidos de Milei

Milei lanzó un plan de guerra contra los trabajadores 

En un reciente reportaje Máximo Kirchner halagó a Milei porque hace lo que propuso en la campaña, dándole así legitimidad a los miles de despidos, suspensiones, licuación de salarios y jubilaciones del gobierno reaccionario. Palabras similares tuvo también Massa que, como el hijo de Cristina, postula que hay que esperar el final del mandato del gobierno antiobrero: “nuestro rol más importante en esta etapa no es hablar, sino escuchar” – dijo- mientras vaticinaba “que la sociedad argentina tendrá pérdida de puestos de trabajo y que había que prepararse para tener espalda para ayudar a vecinos y comercios que no van a poder pagar la luz, y ni les cuento si se confirma el aumento del gas”. (Clarín, 28/3). Cristina directamente estableció coincidencias claves con Milei respecto de achicar el Estado, ir hacia una reforma laboral y avanzar sobre la escuela pública. 

 Con esta orientación de fondo, las burocracias sindicales peronistas de las CTAs de Hugo Yasky y de Hugo “Cachorro” Godoy y de la cegetista UPCN de Andrés Rodríguez están dejando pasar sin mover un pelo los más de 15 mil despidos que Milei pretende implementar culminando el mes de marzo, cesantías que apenas serían una parte de una ofensiva declarada de no menos de 70 mil despidos en el aparato del Estado nacional. 

 Daniel Catalano, secretario general del ATE yaskysta, acepta las cesantías masivas con pleno conocimiento de causa: “Llevamos un poquito más de 10 mil despidos. Es muy probable que lo que dijo Milei sobre los 15.000 despidos quizás sea así. Quizás un poco más o menos. Lamentablemente estamos en ese número con compañeros que tiene más de 20 años de antigüedad” (Clarín, 29/3). 

 Por su parte, el secretario general de ATE nacional, versión CTA Autónoma, Rodolfo Aguiar, en medio de la ola de despidos, le preguntaba a Milei por sus redes sociales: “Señor Presidente Javier Milei, ¿en serio piensa en despedir a la mitad de los empleados públicos?”.

 Andrés Rodríguez directamente negó que fuera necesaria ninguna acción de fuerza, mucho menos un paro.

 Despidos y suspensiones en el ámbito privado 

 Pero la sangría no sólo es estatal. Sólo en el mes de febrero, se registraron 16.480 despidos, frente a ninguno en el mismo mes de 2023, y se debieron a la “pronunciada caída de ventas, cierres de empresas, ajuste de gastos de municipios y paralización de la obra pública”. A su vez, hubo 16.553 suspensiones contabilizadas, como las de Acíndar, y cientos de retiros voluntarios, que no son otra cosa que cesantías encubiertas. 

 En la Uocra, desde la asunción de Milei, “se han perdido 50 mil puestos de trabajo directos y más de 100 mil indirectos”. (Página 12, 30/3). Hay suspensiones masivas en la UOM. Mientras, su secretario general, Abel Furlán, hace esfuerzos para contener la bronca de los metalúrgicos, a pesar de reconocer que “la apertura de importaciones y la reforma laboral en ciernes generarán que la merma de puestos de labor se cifre en 70.000 personas (Anred, 23/3). A eso sumemos miles de despidos en la industrias textil, calzado, alimentación, frigoríficos, en el comercio, la madera, fábricas de muebles, alimentación, y un largo etcétera. 

 La CGT, estratégica para que pasen los despidos 

 “Días atrás, Pablo Moyano, uno de los secretarios generales de la CGT, aseguró que a Javier Milei hay que cansarlo hasta que se vaya. No obstante, aclaró que nadie quiere que (Milei) se vaya antes, un 2001, hay que derrotarlo con los votos” (Ambito, 28/3). Las declaraciones de Moyano coinciden plenamente con la actitud de los “gordos” de la CGT, como Daer y Acuña, que han comenzado un raudo proceso de negociación con el gobierno nacional, a partir del “desembarco de Julio Cordero, el abogado del grupo Techint, al frente de la Secretaría de Trabajo. Cordero es un viejo conocido para los jefes cegetistas. Hay una interacción y trabajo compartido por años, señalaron varios de los gremialistas que lo llamaron la semana pasada apenas trascendió su nombramiento” (Clarín, 30/3). Para la burocracia sindical el lejano y aislado paro del 24 de enero ha dado sus frutos. 

 La política criminal de dejar pasar el intento de 15/20 mil despidos estatales de un saque es un aporte estratégico del peronismo y de la burocracia sindical en favor del gobierno minoritario de Milei, que enfrenta una resistencia creciente desde abajo de parte de los trabajadores estatales y del conjunto de la clase obrera y de los sectores explotados. Hay que frenar con la lucha lo que sería un golpe enorme para el conjunto de la clase obrera. 

 Para derrotar a Milei, delimitación del nacionalismo burgués

 La resistencia obrera y popular al gobierno reaccionario es una de las principales características de los primeros 100 días de Milei en el poder. Los 500 piquetes contra el desabastecimiento de los comedores populares, los paros de la docencia de las provincias y de las universidades, las movilizaciones metalúrgicas, el 8M y el 24M, el repudio popular contra el ajuste previsional, contra los tarifazos que vienen crecen, junto a la lucha de los trabajadores estatales que, a pesar de la parálisis de las burocracias sindicales, salen a enfrentar los despidos. Estas luchas son la base para imponerle el paro general a las centrales burocráticas, y un plan de lucha ascendente que derrote a Milei. Esa lucha va asociada necesariamente a la necesidad de romper con el peronismo que, al igual que con Macri, le está permitiendo a Milei avanzar con el plan de guerra contra el pueblo argentino.

 ¡Paro nacional y movilización a Plaza de Mayo ya, para derrotar los despidos estatales de Milei! 

 Daniel Sierra

El rol de Acindar y Techint bajo la dictadura, desenmascarado en un gran documental

“Ellos fueron, ellos son – Su golpe, nuestra lucha”, un material imperdible para entender nuestra historia de ayer y de hoy. La presentación fue en el auditorio de ATE en Capital Federal Con la presencia de trabajadores de Siderca, Télam, estatales, documentalistas, referentes del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia y de organizaciones de izquierda se llevó a cabo este viernes 22, en el auditorio de ATE, el preestreno de “Ellos fueron, ellos son – Su golpe, nuestra lucha”, nuevo documental del colectivo Silbando Bembas que muestra la complicidad del Grupo Techint y Acindar en la desaparición de obreros metalúrgicos bajo la última dictadura militar.

 A días de un nuevo aniversario del golpe, con un gobierno negacionista del genocidio, y en medio de rumores de la concesión de la prisión domiciliaria a los militares condenados por torturas y asesinatos, la presentación constituyó un aporte invaluable. Más aún, considerando que el gobierno está impulsando también la modificación de la ley de seguridad interior y una nueva reglamentación de la ley de defensa nacional para posibilitar el accionar del ejército en la represión interna. En paralelo, la ministra de seguridad, Patricia Bullrich, anunció el envío de un proyecto al parlamento para castigar con prisión efectiva los cortes de calle y bloqueos fabriles.

 El documental de Silbando Bembas, precisamente, parte de la enorme lucha fabril de los ’70. A través del testimonio del “Negro”, obrero de Acindar que ingresa a la planta ubicada en Villa Constitución en 1973 (se trata de un narrador ficcional que condensa la experiencia de varios trabajadores), pone de manifiesto la combatividad y conciencia que han ganado los obreros de ese coloso de la industria metalúrgica, que los lleva a recuperar el cuerpo de delegados y la Comisión Interna y a protagonizar un levantamiento con toma de plantas incluido (también son ocupadas Marathón y Metcon) contra la intervención burocrática que decide expulsar a esa comisión. La huelga, liderada por un Comité de Lucha, con asambleas que involucran a miles de obreros, triunfa: cae la intervención y alrededor de diez mil personas de la pequeña Villa Constitución celebran en las calles. Estos hechos son conocidos como el primer “Villazo”, del que están por cumplirse cincuenta años, y conducen –en noviembre de 1974- a la recuperación de la seccional de la UOM de manos de la burocracia peronista. Unos meses antes, las comisiones internas metalúrgicas habían convocado a un histórico plenario antiburocrático nacional en la ciudad. “El Cordobazo hizo tronar la tierra”, reflexiona el “Negro” sobre el clima beligerante que vivía entonces la clase obrera. 

 Ante este ascenso proletario, las patronales instigaron medidas represivas. En marzo de 1975, se produjo la “operación Serpiente Roja del Paraná”, en que miles de efectivos policiales, militares y de la Triple A, con el apoyo de patotas de la burocracia, ocuparon Villa Constitución, allanaron las casas de los obreros y encarcelaron a casi toda la directiva del sindicato recuperado. Frente a este operativo, estalló una huelga de casi 60 días que paralizó la localidad, conocida como el segundo “Villazo”, que incluyó la formación de una Comisión de Mujeres con familiares de los obreros que jugó un papel clave en el sostenimiento de las medidas de fuerza. Pero la huelga fue derrotada. Acindar estaba en manos de José Martínez de Hoz, quien fue poco después ministro de Economía de la dictadura. Bajo el gobierno militar, continuaron los asesinatos y desapariciones que habían empezado en aquel operativo del año previo, bajo el gobierno peronista. 

 Mechado con la palabra del “Negro”, el documental ofrece el testimonio de activistas del “Villazo” y de la actualidad del gremio metalúrgico. También hay registros de las luchas actuales en las plantas. Y, a partir de la interpretación en off de distintos actores, se repasan algunos comunicados de las grandes patronales instigando la represión y la “normalización” de la situación en los lugares de trabajo. En especial, se menciona el documento de la central empresaria APEGE, días antes del golpe de Estado.

 La patronal del Grupo Techint, dueña de Siderca, en la localidad de Campana, también instigó la represión y colaboró en la desaparición de activistas obreros, algunos de los cuales fueron secuestrados en la propia planta. El documental presenta el testimonio de compañeros que estuvieron secuestrados en el Tiro Federal, cerca de la fábrica, y en el mismo club Siderca, perteneciente a la empresa. Techint estaba liderada por Agostino Rocca, quien antes de radicarse en Argentina fue director del Instituto de Reconstrucción Industrial del Estado fascista italiano, en los años ’30. Los descendientes de Agostino hicieron negocios con los gobiernos democráticos, y en la actualidad, uno de los abogados de la compañía es el secretario de Trabajo del gobierno de Javier Milei. 

 Se estima que dos tercios de los desaparecidos por la represión estatal y paraestatal eran obreros (en Siderca, hubo 92 casos, sobre un plantel de 5.000 trabajadores). Uno de los aspectos que el film muestra es la resistencia de la clase obrera al golpe, a pesar del terror militar y paramilitar. Decenas de plantas son tomadas el 24 de marzo de 1976, a lo que siguen importantes huelgas en los meses subsiguientes. 

 El documental ofrece no solo un material de incalculable valor para reconstruir la memoria sino también una estética propia. Las imágenes nocturnas de las humildes Villa Constitución y Campana, con sus faroles redondos, lo mismo que las postales del asado a la vera del Paraná que comparten los protagonistas, mientras va cayendo la tarde, entre charla y charla, son de una singular belleza y melancolía. 

 La contundencia de los testimonios y del trabajo de producción e investigación supera el obstáculo de la falta de registros audiovisuales de aquella época. Unas pocas imágenes de los obreros sonrientes, aferrados a los alambrados de Acindar durante las tomas del “Villazo”, es todo lo que hace falta. 

 Un documental imperdible para comprender nuestra historia de ayer y de hoy. 

 Gabriel Martinez

Despidos en el Equipo de Relevamiento y Análisis de los Archivos de las Fuerzas Armadas

Otro golpe contra los derechos humanos.

 La Secretaría de Derechos Humanos de ATE sacó un comunicado denunciando la destrucción de la política de archivos y derechos humanos. Este proceso abarca dos cuestiones. 

 Por un lado, fueron despedidos 10 de los 13 trabajadores de los Equipos de Relevamiento y Análisis (ERyA) de los Archivos de las Fuerzas Armadas. Estos despidos se enmarcan en la política de recorte del gobierno libertario, a lo largo de esta semana se produjeron miles de despidos en el Estado, aplicando la reducción del 20 % de empleados públicos y del 70 % del gasto público que pidió Milei. Los que sufrieron este recorte no fueron solo contratados que se irán sin indemnización, sino también trabajadores de planta permanente. 

 Por otro lado, representa un retroceso en las causas de delitos de lesa humanidad, pues saca a los civiles del trabajo con los archivos de las FFAA. El trabajo que realizaba la ERyA era el de investigar en algunos de los archivos de las FFAA, por medio de programas de “fortalecimiento de la democratización” de esa institución. Tales análisis e investigaciones eran requeridas por el Ministerio Público Fiscal y por el Poder Judicial para avanzar en causas judiciales que investigan delitos de Lesa Humanidad en todos los periodos de interrupción de la democracia, como expresa el comunicado de ATE. ATE denuncia que tal decisión fue tomada por el ministro Luis Petri, Claudio Pasqualini (Secretario de Estrategia y Asuntos Militares), Lucas Erbes (Director Nacional de Derechos Humanos) y Jerónimo Peres Vieyra (asesor de Erbes). 

 El desmantelamiento de áreas dedicadas a la causa comenzó hace semanas. En Entre Ríos, el gobierno de Rogelio Frigerio dio la orden de desarticular el Registro Único de la Verdad que, al igual que el ERyA, se encargaba de concentrar y analizar archivos de la última dictadura. Estos cierres de áreas y programas relacionados a la investigación de delitos de lesa humanidad, ponen en peligro el acceso de la sociedad a estos archivos y supone un estancamiento en su normalización y modernización archivística. 

 El caso del ERyA toma relevancia en un contexto de política videliana de parte de los integrantes del gobierno nacional, Milei y su secuaz Villarruel, una política de ataque a todos quienes reclamamos justicia por los desaparecidos y asesinados en la última dictadura cívico-militar y pedimos por la apertura de los archivos de ese periodo. Esta política videliana consta, también, de conocer la “historia completa” de la última dictadura, avanzando hacia un intento de lavado de cara de las FFAA, diciendo que cometieron “excesos contra los terroristas”, reviviendo la teoría de los dos demonios.

 Desde Política Obrera denunciamos los cierres de estos programas y pedimos por la reincorporación de los despedidos en todos los organismos del Estado. Nos pronunciamos nuevamente, gritando que fueron 30.000 y fue genocidio. Exigimos la apertura de los archivos de la última dictadura cívico-militar. 

 Vicky Medina 

 30/03/2024