El gobierno nacional envió al Congreso de la Nación un proyecto para regular la actividad de los lobbistas –grupos capitalistas y/o de poder que presionan en favor o en contra de proyectos legislativos según sus intereses-, bajo el encubrimiento de avanzar hacia una mayor “transparencia”, cuando lo cierto es que se trata de un blanqueo a medias de la presión que ejercen los capitalistas para imponer sus intereses a diario. Tal es la pantomima que el proyecto fue presentado junto a otras iniciativas parlamentarias que no ocultan su respaldo patronal, como la derogación del etiquetado frontal, la Ley de Ludopatía y el proyecto de Super Rigi.
La iniciativa oficial consiste en la creación de un Registro Público de Gestores de Intereses, en el cual deberán inscribirse las personas o empresas lobbistas que promuevan sus intereses tanto en el Congreso como ante el gobierno nacional, como si las coimas, “favores recíprocos”, presiones patronales, dádivas y “colaboraciones” pudieran reglamentarse y blanquearse en su totalidad.
Se trata de una pantomima por parte de un gobierno que ha hecho del lobby y la adquisición ilegal de voluntades, con los pactos con los gobernadores y sus representantes en el Congreso para la sanción de leyes antiobreras, una práctica constante, y que opera en los hechos como un mero intermediario del imperialismo, las grandes multinacionales y el capital financiero.
El proyecto para regular a los lobbistas viene acompañado de un proyecto de ley para la derogación del etiquetado frontal que lleva puesto el sello de las patronales y multinacionales alimenticias. Lo mismo ocurre con la presentación de un proyecto de Ley de Ludopatía al servicio de las casas de apuestas “legales”, para monopolizar un negocio que está haciendo estragos en la juventud y en los trabajadores. O la presentación del Super Rigi, un proyecto hecho a la medida de los intereses de las grandes multinacionales para hacer negocios en el país a cambio de migajas.
El proyecto en cuestión es presentado como un avance en la transparencia del vínculo público-privado, por parte de un gobierno que intenta embanderarse en la “lucha contra la corrupción” pero tiene al círculo más interno del Ejecutivo investigado por diversas causas, desde enriquecimiento ilícito, coimas y sobreprecios en la Andis, criptoestafas, vínculos con el narcotráfico, etc.
El amor del gobierno por la “transparencia institucional” llega tarde, luego de impulsar sendos proyectos patronales en favor de las mineras (modificación de Ley de Glaciares, Rigi), de los evasores y del lavado de dinero (Inocencia Fiscal), de la industria farmacéutica con la promoción de una Ley de Patentes en línea con los Estados Unidos, en favor de los terratenientes y latifundistas internacionales con la Ley de Extranjerización de Tierras, y en beneficio del conjunto de las patronales con la Ley Bases y la reforma laboral antiobrera. Solo la Ley de Modernización Laboral y la orientación de "déficit fiscal cero" contra la población representan dos grande políticas que pertenecen al lobby patronal contra los trabajadores.
Además, el gobierno plantea blanquear parcialmente las gestiones de los capitalistas en el Congreso, habilitando la adquisición de voluntades al mejor postor por medio de un mecanismo que incluye a un puñado de intervinientes para la sanción de leyes de carácter nacional, pero reprime sin miramientos a los trabajadores y jubilados cuando estos se manifiestan en contra una política gubernamental o en favor o en contra de una ley en el Congreso, llegando al punto de perseguir a manifestantes como si se tratara de delincuentes, extorsionadores o “terroristas”.
No se requiere de ninguna ley especial para saber que estamos ante un gobierno de lobbistas del capital financiero y el imperialismo: blanquear esta situación es solo a los fines de evitar futuras consecuencias penales por delitos como tráfico de influencias, cohecho y enriquecimiento ilícito, todo lo que el gobierno hace en favor de la casta.
Una ley para darle un marco “institucional” a los lobbistas no encubre la naturaleza del Estado capitalista, con las patronales al mando real de la dirección de los asuntos estratégicos del país, sino que la pone de manifiesto. La paradoja de esta situación es que de prosperar el proyecto oficial Milei debería registrarse como representante de las multinacionales, el capital financiero y el imperialismo. Hay que derrotar a este gobierno para asestarles un golpe a estos mismos capitalistas, que gobiernan por medio de sus “lobbistas no declarados”.
Marcelo Mache
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