viernes, 15 de mayo de 2026

Debate sobre la Ley de Salud Mental


La discusión sobre las leyes de salud mental no puede separarse del contexto político, social y económico de un capitalismo en crisis. Discutir los aspectos técnicos de una ley separados de la ideología de las clases sociales que la impulsan es arrastrar al conjunto social que la demanda a una nueva frustración. Para el capitalismo la salud mental es irrelevante y forma parte del sistema punitivo. El loco es el resto improductivo de la sociedad: no es un sujeto de derecho sino un estorbo, una molestia, un gasto. En realidad, la salud en general del pueblo forma parte de la misma mirada, la productividad que produce ganancia es el dios capitalista, el resto es un gasto que sacrifica los presupuestos y el llamado superávit fiscal. 
 La nota de la época está dada por la baja de los llamados gastos sociales o la subejecución de los mismos y por el incremento de los presupuestos de guerra, los déficits fiscales y el endeudamiento de los Estados dirigidos a subsidiar a las empresas privadas, y la especulación en bonos públicos. La transferencia de ingresos ha creado una clase capitalista parásita que vive del empobrecimiento generalizado de las clases obreras y del conjunto de los trabajadores. 
 La desocupación, la baja de salarios y jubilaciones, la pérdida de derechos laborales, la precariedad, las condiciones de vivienda y sanidad en las barriadas obreras... enferma. 
 Los filósofos progresistas del régimen insisten en que una de las cuestiones centrales del presente está dada por la pérdida de perspectivas de la juventud y hasta por un fatalismo que recuerda la vieja consigna del “no futuro”, que ahora vuelve a acompañar a las nuevas generaciones. Esta consigna ya ha atravesado a por lo menos tres generaciones. Es la que no parece envejecer. Pero no son las actuales generaciones las que carecen de futuro ni las anteriores, sino el propio capitalismo que en su decrepitud arrastra a los jóvenes de hoy, de ayer y de siempre a la senda de la barbarie. 
 Los progres, los reformistas, los liberales humanistas y todo el resto de demagogos observan, miden y opinan sobre la pobreza como un fenómeno social ajeno y reversible: se trata de que el capitalismo se humanice, de que comprenda la injusticia social que provoca. 
 Observar la pobreza no es lo mismo que vivirla y lo mismo sucede con la enfermedad mental. Al interpretar el “sentido de la vida” desde el punto de vista liberal, las legiones académicas se sitúan a una enorme distancia con respecto a la realidad miserable de la población. Repito: la pobreza enferma y el crecimiento de los trastornos mentales es una manifestación viva de esto.
 Para los representantes del régimen y para aquellos que vergonzosamente se suman a esta cruzada sanitaria, el tema pasa por una ley y con esto el problema quedaría resuelto. El debate se traslada a qué hacer con los enfermos mentales y no con las causas de la enfermedad mental. Se trata de humanizar los tratamientos en el caso de los burgueses con una formación más humanista, o endurecerlos y discriminar al loco marginándolo de la sociedad, para los más fascistas; aunque, tanto unos como otros, discutirán el fenómeno de la locura como algo de lo que hay que ocuparse siempre y cuando no desequilibre los presupuestos destinados al pago de deudas, gastos armamentísticos, pagos por corrupción y todas las lacras que acompañan la llamada “economía social de mercado”. 
 El llamado proceso de desmanicomialización tan promocionado en nuestro país desde finales de los años 90, que se sostenía en teorías humanísticas y derechohumanistas, basado en experiencias italianas (Trieste), terminó convirtiéndose en otra forma de ajuste. El cierre de manicomios (llamados monovalentes, porque las palabras importan) terminó por echar a los locos a la calle, sin ningún tipo de red social de contención o devolviéndolos a su precariedad de origen, con lo cual también los devolvieron a sus propios precursores etiológicos. El discurso interdisciplinario conforme con este proceso acompañó las medidas desmanicomializadoras hasta su puesta en marcha y, sintiéndose reconocido y aprobado por los mandantes de turno, empezó a justificar aun aquellos casos donde la indefensión de los enfermos los volvía a situación de calle o al suicidio social. La premisa de cerrar áreas enteras de hospitales psiquiátricos estaba cumplida y los colocaban como los representantes de una tendencia mundial progresista y moderna. Las certificaciones académicas, los trabajos y publicaciones de investigación, las charlas y conferencias en el país y en el exterior justificaban los sacrificios de los enfermos. Rindió un lucro descarado tanto al Estado, que logró bajar los presupuestos de salud, como a sus teóricos que incrementaron su prestigio y abultaron sus billeteras. 
 Para el capitalismo y sus representantes parlamentarios, ejecutivos y legislativos la locura es un resto, una anomalía, una fractura subjetiva. Responder con políticas de DD.HH., de atención, de desarrollo vital al enfermo mental es sentido como una dádiva. ¿Acaso podría ser de otro modo para un régimen que desconoce estos derechos a la población corriente, sobre todo a la clase obrera? 
 Tanto el kirchnerismo en su momento como el mileísmo en la actualidad, con sus procesos de leyes de salud mental, de lo que tratan es de que el loco que pueda pagar sea asistido y el que no pueda, que se haga cargo de su padecimiento, “después de todo el Estado no es responsable”. 
 La desmanicomialización fue un gran negocio que fructificó en clínicas privadas, centros de atención, ONG y todos aquellos que de una u otra manera entienden la enfermedad como un negocio. La locura atravesó los presupuestos de las obras sociales con una carga de corrupción que continúa hasta el día de hoy. ¿Acaso los tratamientos privados llevaron a una política humanística del tratamiento de la enfermedad mental? En absoluto. Las denuncias que recaen sobre estos centros dan testimonio del abandono, el maltrato y la absoluta falta de una terapéutica destinada a los enfermos. 
 La demanda de una ley de salud mental debe ser contextualizada en una realidad social concreta. Sería utópico esperar de un gobierno que toma al diferente como “parásito”, que plantea que los jubilados sean asistidos por sus familiares, que desarrolla las tesis hitlerianas sobre la discapacidad (idiotas), etc., que vaya a proponer una ley de salud mental que beneficie a los enfermos mentales. 
 La discusión de cualquier ley de salud mental pasa, en primer lugar, por la denuncia del régimen social que lleva a la humanidad a la barbarie, donde la locura aparece como una consecuencia de esta política criminal. 
 Cualquier ley de salud mental tendría que ser discutida en términos de lucha política contra el Estado, donde se empiecen por cumplir con las reivindicaciones de los trabajadores de la salud. 
 Son los trabajadores de la salud los que deberían tener en sus manos la discusión de cualquier proyecto de salud mental y garantizar con su movilización y su lucha que este proyecto se lleve adelante. 
 Los familiares de los enfermos mentales deben ser convocados a esta lucha como hoy están convocadas las familias con integrantes discapacitados. 
 Mejorar las condiciones de vida de los enfermos mentales pasa por una lucha del movimiento obrero y el pueblo por mejorar sus condiciones salariales, laborales, de vivienda, de salubridad. 

 Daniel Cadabón 
 13/05/2026

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