Cumbre entre Putín y Trump en Alaska

"Zelenski tendrá que firmar algo" 

 El asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, confirmó que los presidentes Vladimir Putin y Donald Trump se reunirán en Alaska el próximo 15 de agosto: "Rusia y Estados Unidos son vecinos cercanos, comparten frontera. Y parece completamente lógico que nuestra delegación simplemente cruce el estrecho de Bering” (Kommersant 9/8). 

 Los términos para un acuerdo de paz requieren que Ucrania ceda regiones a Rusia. “Estamos viendo un territorio que se ha disputado durante tres años y medio”, dijo Trump a la prensa. “Habrá intercambio de territorios para beneficio de ambos”. La prensa norteamericana repite que no está nada claro qué significa esto. “Ucrania controla solo unos 10 kilómetros cuadrados de territorio ruso en la región occidental de Kursk. Rusia, por su parte, controla alrededor de una quinta parte del territorio soberano de Ucrania”, se desconcierta el Washington Post. “La oferta, que Putin transmitió el miércoles al enviado especial estadounidense Steve Witkoff en Moscú, desencadenó una turbulencia diplomática para obtener mayor claridad sobre los detalles de la propuesta” caracteriza el Wall Street Journal (8/8). El canje posiblemente se refiera entre territorios ocupados y otros que no lo están aún en el este de Ucrania. 

 Siempre según el WSJ, Putin presentó esta semana al gobierno de Trump una amplia propuesta de cese del fuego, exigiendo importantes concesiones territoriales por parte de Kiev, y el reconocimiento global de ellas, o sea de la UE.

 Altos funcionarios estadounidenses, ucranianos y sus aliados europeos planean reunirse en el Reino Unido antes de la cumbre, informa Axios: “Para tratar de alcanzar posiciones comunes”. Trump mantuvo una conferencia telefónica con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, y varios líderes europeos para informarles sobre la reunión de Witkoff, (el enviado especial de Trump) con Putín; Witkoff informó a los participantes que Putin acordó poner fin a la guerra si Ucrania acepta ceder sus regiones de Luhansk y Donetsk, que las fuerzas rusas han ocupado la mayor parte del tiempo, así como Crimea. 

 “Al menos algunos participantes de la llamada quedaron con la impresión de que Putín había accedido a renunciar a su reclamación sobre otros dos territorios ucranianos que Rusia controla parcialmente: Jersón y Zaporiyia. Esto habría sido una concesión significativa respecto a las posiciones rusas anteriores.” (Axios 8/8). 

 Kiev teme que Trump cierre un acuerdo sin tenerlos en cuenta. Los medios británicos enardecen la previa anunciando que Ucrania “está en el menú”. Para impedir esta eventualidad advierten que incluso si Zelensky aceptara las demandas de Putín, necesitaría convocar un referéndum porque no puede ceder territorio según la constitución de Ucrania. Premeditadamente, Trump respondió públicamente: “Saben, no está autorizado a hacer ciertas cosas", refiriéndose a Zelenski. "Le dije: 'Bueno, tendrás que conseguirlo rápido porque, ya sabes, estamos muy cerca de un acuerdo'” (Washington Post 8/8). 

 La reunión en Alaska se concreta luego de que Trump emplazara a Putín a poner fin a la guerra so pena de aumentar las sanciones económicas contra la Federación rusa. Esta amenaza fue ejecutada en parte, al duplicar los aranceles a las importaciones indias del 25 al 50 por ciento por comprar y revender el crudo ruso. 

 Una reunión entre Putín y Trump no podría tener lugar sin antes haber arribado a un acuerdo que la justifique. Pocos han prestado atención a la frase de ayer del asesor de Putin, Yuri Ushakov. Este afirmó que Trump había presentado algunas propuestas sobre Ucrania y que el Kremlin las consideraba bastante aceptables, aunque aún estas condiciones no han sido reveladas.

 Es la primera vez que Moscú anuncia oficialmente su acuerdo con las condiciones para un alto el fuego en Ucrania. Esto no significa que las condiciones no cambien, esto fue exactamente lo que ocurrió en mayo: Moscú aceptó el plan propuesto por Trump, que preveía un alto el fuego en el frente, el reconocimiento del estatus ruso de Crimea por parte de Estados Unidos, el levantamiento de las sanciones antirrusas y garantías de que Ucrania no se uniría a la OTAN. Sin embargo, este plan fue revisado posteriormente: con la participación de los europeos y Kiev se eliminaron algunos puntos previamente acordados con Moscú, y Putin lo rechazó. En última instancia EE.UU. tampoco estaba dispuesto a esas concesiones. 

 Putín exige además un cambio de régimen en Ucrania, lo que denomina “el problema jurídico”. Esto es, quién firma el acuerdo de alto el fuego y el de una futura paz. Según la constitución de Ucrania, el presidente es elegido cada cinco años y no prevé ningún mecanismo para prorrogar sus poderes, ni siquiera en condiciones de ley marcial, que solo dispone extender los poderes de la Rada, el parlamento. Montado sobre este punto, el Kremlin desconoce a Zelensky.

 Es importante remarcar que no estamos presenciando un apaciguamiento de la guerra, sino que nos encontramos ante el preludio de un nuevo salto. El momento elegido por Trump para confirmar la reunión con Putín fue cuando intercedía en el acuerdo entre Armenia y Azerbaiyán, con la cesión del control del corredor de Zengazur a Trump. Aunque no figura en el papel, Armenia planea retirarse de la OTSC el próximo año. La OTSC es la alianza militar fundada por Rusia en Eurasia que integra junto a otros cinco estados: Armenia, Bielorrusia, Kazajstán, Kirguistán, y Tayikistán, su histórica área de influencia.

 Estados Unidos ha prometido la membresía de la OTAN a Armenia y Azerbaiyán a cambio de firmar este acuerdo, que daría a la alianza acceso al Mar Caspio en virtud del corredor Zangezur, un proyecto de infraestructura para conectar el territorio azerí con su enclave autónomo de Najichevan, a través de Armenia. En resumen, Trump está aprobando un plan para continuar el cerco de la OTAN sobre la Federación Rusa. 

 El alto el fuego prepara el escenario para más guerras. 

 Camilo Márquez 

 09/08/2025

“Tarjetear” para comer: una tendencia que no para de crecer

Junto con el endeudamiento personal y la morosidad. Nuevos informes y estadísticas confirman que la contracara del crecimiento en el otorgamiento de créditos personales, de entidades bancarias y las “fintech” (billeteras virtuales), es que estos se destinan a consumos a corto plazo, por un lado, y que crece las dificultades para su pago a término generando altísimos intereses, por el otro. 

 Según un informe del Centro de Estudios para la Recuperación Argentina (CentroRA) de la Facultad de Ciencias Económicas (UBA), en lo que va del mandato de Milei, el uso de tarjeta de crédito para realizar las compras en supermercados pasó del 39% al 46% del total de las compras registradas. Esto significa que, para comprar alimentos, productos de higiene, artículos de primera necesidad, se usa cada vez menos el dinero en efectivo y tarjetas de débito, el cual pierde valor en términos de poder adquisitivo. Por cadena nacional, el presidente Milei mintió descaradamente al afirmar que estábamos asistiendo a una suba del poder adquisitivo del salario –no otorgo tampoco evidencia alguna finalmente de esta realidad. A su vez, este informe de la UBA refleja una caída acumulada en las ventas de los supermercados del 7% y del 19% en ventas mayoristas durante el mismo periodo y los leves incrementos de los últimos meses están vinculados a este proceso de endeudamiento.

 En este sentido, el diario La Nación publica otro informe de la procesadora de pagos Payway, que mide el uso que hacen los argentinos de los medios de pago electrónicos y digitales, y refleja que en el segundo trimestre de este año volvieron a crecer las compras con tarjeta de crédito y del volumen total operado con tarjetas, las de crédito representaron un 63,22%. Los planes de cuotas crecieron frente al trimestre anterior (de 32,22% a 34,84%), mientras que el plan Cuota Simple –que ya terminó– cayó de 7,76% a 6,82% y el pago en una cuota bajó de 60,02% a 58,34%. 

 Este endeudamiento viene acompañado de un confiscatorio costo financiero. Hacer el pago mínimo de la tarjeta y refinanciar la deuda, una opción que va creciendo, tiene intereses elevadísimos: la Tasa Nominal Anual ronda el 85%. Y si no se abona ni siquiera el pago mínimo, se aplican punitorios que superan el 100 %, lo que agrava el efecto "bola de nieve". Estos costos se replican en las billeteras virtuales, a las cuales acuden la inmensa masa de fuerza de trabajo que se encuentra bajo la “informalidad laboral”. Según Martín Kalos, director de Epyca Consultores, las tasas de interés positivas (con respecto a la inflación) son efecto de la “política monetaria del Banco Central que apunta a que no siga subiendo el precio del dólar”. Este “intervencionismo” estatal del gobierno “libertario” no ha impedido, sin embargo, las corridas cambiarias y la suba del dólar, mientras se hipoteca la economía familiar. 

 Es por ello que se multiplica otra estadística, la que refleja el crecimiento en la morosidad en el pago de la tarjeta de crédito y otras deudas. Un reciente informe del Banco Central de la República Argentina (BCRA) plantea que las líneas de créditos vinculadas al consumo (préstamos personales y tarjetas de crédito) tuvieron una mora del 4,9 %. Luego, se informa que en el último año se duplicó el retraso del pago del resumen de la tarjeta de crédito. La irregularidad pasó de 1,9% a 3,8%. También subió la morosidad en préstamos personales de líneas destinadas al consumo, con un nivel de incumplimiento que pasó de 4,1% a 5,6%. Luego, según el último informe de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), en febrero del 2025 la mora de las financiaciones a familias subió alcanzando el 2,9% siendo la mayor alza en las tarjetas de crédito. Otro relevamiento de la consultora Quantum Finanzas, del economista Daniel Marx, indicó que entre noviembre de 2024 y abril de 2025 la morosidad de los hogares creció del 2,5 al 3,7 %, un 46 % de incremento en apenas seis meses. 

 Como señalamos anteriormente, se estima que a la fecha el 91% de los hogares argentinos tenía algún tipo de deuda según un relevamiento realizado por el Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (IETSE) y que el 30,5 % corresponde a deudas con tarjetas de crédito. 

 En este cuadro de hogares endeudados y sin posibilidades de hacer frente a siquiera los pagos mínimos de la tarjeta de crédito, se agudizará la ya estrepitosa caída del consumo. 

 Emiliano Fabris

 09/08/2025

La "ocupación total" de Gaza, nuevo salto en la barbarie sionista

Un plan que agrava la hambruna y la masacre. 

 El gabinete de seguridad israelí aprobó el jueves, a instancias del primer ministro, Benjamin Netanyahu, un plan de ocupación total de la Franja de Gaza, que fue previamente anticipado a la prensa por un vocero del mandatario. 

 La ocupación total del territorio costero, que ya se encuentra bloqueado, invadido y devastado por las tropas israelíes, implicaría operaciones en áreas densamente pobladas y un nuevo desplazamiento de su ya castigada población, probablemente hacia campos de concentración masivos como el que Netanyahu pretende instalar en Rafah, en el sur del enclave. 

 Como fruto del bloqueo total impuesto en marzo, el pueblo gazatí se encuentra sometido a la hambruna, que mata diariamente a varias personas (se estima que ya hay casi 200 casos fatales), y a los asesinatos en las filas de reparto de asistencia humanitaria. A esto se sumó una noticia que confirma el nivel desesperante al que ha llegado la situación: un camión con ayuda, aparentemente trepado por pobladores hambrientos, volcó y aplastó a más de veinte personas. 

 Mientras los pueblos del mundo asisten horrorizados a estas escenas, el presidente estadounidense Donald Trump sostiene su apoyo a Netanyahu, y la Unión Europea, más allá de declaraciones para la tribuna, mantiene todos los vínculos con Israel, incluyendo la venta de armas. 

 Los familiares de los rehenes se movilizaron a las puertas del edificio donde se reunía el gabinete de seguridad, conscientes de que el plan aborta toda posibilidad de alcanzar un cese al fuego y pone en peligro la vida de los cautivos. 

 Pero el plan también genera -por razones tácticas- fisuras en el establishment israelí. El jefe del ejército, Eyal Zamir, advirtió que la ocupación total podría arrastrar a Israel a un “hoyo negro” y a un desgastante ataque de guerrillas contra sus soldados. Varios ex funcionarios del aparato de inteligencia, por su parte, difundieron recientemente un video en que marcan, igualmente, discrepancias con la conducción militar de la ofensiva. 

 Para Netanyahu, sin embargo, el plan de una ocupación total es vital para galvanizar a su coalición de gobierno, que quedó seriamente debilitada por la crisis con los partidos ultraortodoxos. 

 Ante el recrudecimiento de la hambruna y los crímenes de Israel, se plantea redoblar las acciones y movilizaciones de repudio a nivel internacional. En Argentina, tenemos una cita importante este sábado 9, en que el Comité de Solidaridad con el Pueblo Palestino convoca a marchar a Plaza de Mayo contra el genocidio y los planes del gobierno argentino para recibir a Netanyahu en nuestro país.

 Gustavo Montenegro

Kicillof presentó un libro sobre Bergoglio para distribuir en las escuelas: la histórica alianza Estado-Iglesia, al servicio de hacer pasar el ajuste

En el acto participaron Alberto Sileoni, director de Cultura y Educación, y el arzobispo de La Plata, Gustavo Carrara. 

 Axel Kicillof presentó esta semana el libro “El Maestro, el humanismo del Papa Francisco”. En palabras del gobernador bonaerense, el texto no se trata solamente de un homenaje, “sino de la decisión de una política educativa”. Presentó el libro como un rechazo al ajuste educativo –que él mismo ejecuta en Buenos Aires– y utilizó palabras de Bergoglio para hacer demagogia electoral en la crítica a Milei sobre su ataque en regla que destruye a la educación pública. El material fue elaborado por la Dirección General de Cultura y Educación, el cura José Pepe di Paola y Adriana Puigróss, exministra bonaerense.

 Kicillof se jacta de que, en materia de educación en la provincia de Buenos Aires, la ESI se encuentra establecida como un derecho, aunque no existen materialmente los recursos para que esto se traslade a la realidad. Los docentes bonaerenses venimos desarrollando una sistemática lucha en defensa de nuestros salarios y por el presupuesto educativo frente a la crisis edilicia, la falta de alimentos, nuestras condiciones de trabajo y herramientas pedagógicas en el marco de una crisis social y económica que se recrudece todos los días. 

 Solo para colocar un ejemplo, según el Anuario 2024 de gestión de la Provincia de Buenos Aires, en los últimos cinco años se construyeron apenas 2 escuelas promedio por distrito. En lo que respecta a nuestros salarios, luego de la última paritaria, con el sueldo de agosto un maestro de grado sin antigüedad cobrará $670 mil, cuando la línea de pobreza supera el $1.200.000. El ajuste de Milei se aplica perfectamente de la mano gobernador peronista en la provincia. 

 Pero puntualmente y a lo que esta presentación se refiere, tiene que ver con una política de carácter reaccionaria. Es el peronismo el que sostiene las relaciones entre las Iglesias y el Estado y por lo tanto el que bloquea la implementación de la ESI laica. Son conocidos y sólidos los lazos del peronismo con las iglesias, al punto que donde mientras promulgan ser la provincia que ejecuta la llamada “semana de la ESI” en las escuelas, contienen en el calendario escolar del portal ABC días religiosos, como el de la Virgen de Luján, o implementan Secretarías de Culto a las iglesias evangélicas (como hizo Magario en La Matanza). Las capacitaciones en ESI para los docentes son casi nulas, sin obligatoriedad y de carácter reducido. 

 La presentación de un libro promovido por el Estado y la Iglesia católica en un contexto nacional donde el gobierno de Milei se identifica de manera directa con los sectores más reaccionarios de la sociedad, coloca al gobernador Axel Kicillof en el terreno de los liberfachos y atacando deliberadamente a la ESI usando como fachada el humanismo clerical, mientras pasa el ajuste. El progresismo bonaerense promulga homenajes a Bergoglio para distribuir en las escuelas como material de enseñanza, de quien fuera en vida uno de los máximos encubridores de curas pedófilos y acallador de las víctimas sobrevivientes que hasta el día de hoy no encuentran reparación alguna. El papel del Arzobispado platense cuenta con larga trayectoria en materia de abusos eclesiásticos, los más conocidos: Eduardo Lorenzo y Raúl Sidders. 

 La pelea contra el oscurantismo clerical y por la separación definitiva de la Iglesia y el Estado continúa vigente no solo por el cuadro de descomposición social y la política reaccionaria que defienden quienes se postulan como salida a la crisis. La defensa de la educación pública y la ESI pasa por enfrentar a los responsables de la debacle educativa y a quienes buscan destruir la educación pública. Todas las avanzadas reaccionarias vienen prosperando tras años de ajuste y ataques sobre las espaldas de los laburantes por parte de los que nos gobernaron todas estas décadas. 

 Entre esas peleas, tenemos una oportunidad frente a las elecciones provinciales del 7 de octubre, reforzando la pelea en defensa de la educación pública, los salarios y la ESI laica y científica con el voto al Frente de Izquierda Unidad. 

 Rocío García

Un fallo bochornoso confirma el procesamiento de Vanina Biasi por denunciar el genocidio en Gaza

Vanina Biasi, legisladora electa de la ciudad de Buenos Aires 

La sala 1 de la Cámara Criminal y Correccional Federal ratificó el procesamiento de la dirigente del Partido Obrero y legisladora porteña electa, Vanina Biasi, a raíz de mensajes en redes sociales en que denunció el genocidio contra el pueblo palestino. Se trata de un nuevo fallo bochornoso, en especial si se tiene en cuenta que la hambruna inducida contra el pueblo de Gaza, los crímenes en las filas de reparto de ayuda humanitaria y el plan de “ocupación total” del territorio costero, anunciado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, le han dado toda la razón a nuestra compañera en sus aseveraciones.

 El fallo de la cámara confirma el procesamiento dictado por el juez federal Daniel Rafecas, quien dictó la medida en una causa que tiene como querellante a la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (Daia) y a la operadora mediática del sionismo, Romina Manguel. Bajo una falsa premisa, que equipara antisionismo y antisemitismo, y, por tanto, toda crítica al Estado de Israel con una crítica al pueblo judío, Biasi fue acusada de violar la ley antidiscriminación (ley 23.292), que se pena con un mes a tres años de prisión. Además, ratificaron un embargo por 10 millones de pesos. 

Los argumentos son tan endebles que, en este nuevo fallo, el voto del juez Mariano Llorens –uno de los tres integrantes del tribunal- no refuta el planteo de la defensa de que antisionismo no es igual antisemitismo, sino que critica el “contexto” y las formas en que las opiniones fueron vertidas.

 “Si bien se comprenden las diferencias enfatizadas por la defensa, lo cierto es que lo trascendente, a la hora de ponderar la gravitación de estos asuntos, es comprender la dimensión integral del hecho. En otra época, con otras tecnologías y otros canales de expresión, esa sutileza podía adquirir sentido y despejar un terreno de otro. Sin embargo, en el ecosistema digital que rodea nuestra vida actual, los mensajes difundidos a través de redes sociales adquieren una lógica propia que puede transformar su sentido original”, dice Llorens (negritas nuestras). 

 Sigue el fallo: “A diferencia de la comunicación interpersonal, en la que la relación entre los participantes del discurso, el contexto y los matices que le impriman pueden racionalizarse con mayor precisión, en el espacio virtual ese cariz pierde especificidad, masificándose y descontextualizándose (…)” (negritas nuestras).

 El argumento es insólito, porque responsabiliza a Biasi, no por lo que dijo, sino por cómo se puede interpretar lo que dijo y por hacerlo desde sus redes sociales y no, por caso, desde algún dispositivo del pasado (de otra época), o en forma “interpersonal”. 

 Las consecuencias que esto supone para la libertad de expresión son graves. En nombre de las distorsiones que introducen las redes -donde, dicho sea de paso, opera un ejército de trolls del oficialismo especializado en la tergiversación-, habría que autocensurarse de antemano a la hora de emitir opiniones políticas, por el riesgo de que sean malinterpretadas. Todo esto muestra que la causa contra Vanina no solo es una mordaza a los que denuncian el genocidio, sino un ataque más general a la libertad de expresión. 

 El voto conjunto de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, en tanto, señala: “Más allá de las explicaciones brindadas por la propia Vanina Biasi en su descargo -junto con los argumentos expuestos por su defensa respecto de la intención subjetiva de su mensaje y del alcance que pretendía darle a sus expresiones, lo cierto es que, en el marco en que fueron realizadas, se observan como perjudiciales y discriminatorias para la comunidad judía, afectando su dignidad y derechos, y excediendo el umbral de protección que el orden jurídico le reconoce a expresar libremente sus ideas”.

 ¿Por qué ofendería a la comunidad judía? Según los magistrados, “Biasi ha empleado expresiones tales como ‘nazi’; ‘Estado terrorista, genocida’; ‘genocidio’; ‘apartheid’; ‘antisemita’; ‘racismo’; ‘exterminio’; ‘fascista’; ‘Holocausto’, entre otras. Si bien el uso aislado de dichos términos, no configuraría, en abstracto, una conducta penalmente relevante, en el caso concreto, y atendiendo el contexto comunicacional y el contenido global en el que fueron proferidos, su significación adquiere una connotación típica”. 

 Este voto, por tanto, retoma el planteo de que no se puede acusar al Estado de Israel como tal por el genocidio en curso en la Franja de Gaza, pese a que dicha denuncia incluye hoy a organismos internacionales, Estados y aun rectores de universidades israelíes.

 La cámara que confirma el procesamiento de Biasi es la misma que ratificó el procesamiento de Eduardo Belliboni y la dirección del Polo Obrero, en noviembre de 2024, en la causa trucha por supuestas irregularidades en el manejo de planes sociales que impulsa el gobierno de Milei, como parte de sus políticas de criminalización de la protesta social. Es un ensañamiento contra los luchadores.

 La confirmación del procesamiento –que será apelado ante una cámara de casación- desató rápidamente mensajes de solidaridad con Vanina por parte de organizaciones sociales, periodistas y diputados nacionales. 

 Este 9 de agosto, marchamos a Plaza de Mayo contra el genocidio en Gaza, contra la persecución a quienes denuncian la masacre y contra la invitación del gobierno argentino a Netanyahu a la Argentina. 

 Absolución de Vanina Biasi. Antisionismo no es antisemitismo. 

 Gustavo Montenegro

Islas Malvinas: la reserva petrolera de la OTAN

El gobierno liberticida avanza a paso firme en la entrega de los recursos naturales que se encuentran en las Islas Malvinas y en Atlántico Sur. En 1998, exploraciones dieron cuenta de que sobre el espacio marítimo de la Islas Malvinas yacen, aproximadamente, 1,7 mil millones de barriles de crudo de alta calidad, valuados en 127.000 millones de dólares, según un informe realizado por Netherland Sewell & Associates (NSAI). Esta expoliación por parte del imperialismo y los capitales financieros se da mientras la Argentina importa combustible por un valor de 5.000 millones de dólares anuales Sobre este millonario botín hidrocarburífero ya hay proyectos de explotación del yacimiento que se encuentra dentro del llamado “limite exterior” de la plataforma continental del Estado argentino. Las empresas que se han anotado para llevar adelante el proyecto son la británica Rockhopper Exploration, con sede en Londres y que cuenta con accionistas de fondos de inversión de EE.UU. y Europa y la israelí Navitas Petroleum, especialista en la explotación marítima de crudo, que está integrada por capitales sionistas y estadounidenses y mantiene contratos militares con el gobierno del Reino Unido. La empresa israelí ha comprado la mayor parte del paquete accionario (hasta el año pasado poseía el 65 % de las acciones) con lo cual, el mayor flujo de ganancias se dirigirá hacia Israel y Estado Unidos (The Telegraph, 30/06/2024). Según ha trascendido, el proyecto estima la extracción de 300 millones de barriles de petróleo en los próximos 30 años, lo que equivale a una ganancia estipulada en 25 mil millones de dólares. Por su parte, el gobierno británico obtendrá en concepto de regalías 6.000 millones de dólares.

 Esta semana se dio a conocer que Rockhopper ha conseguido un financiamiento de 140 millones de dólares para poder comenzar a desarrollar la primera etapa del proyecto en Sea Lion, a 220 kilómetros al norte del archipiélago que conforman las Malvinas. La empresa británica se ha hecho de este monto a través de la colocación de más de 198 millones de nuevas acciones, apuntalando de esta manera la injerencia británica – israelí en el Atlántico Sur. El proyecto, que no es denunciado por el gobierno de Milei, llevará adelante tareas de extracción más precisamente en el “denominado Bloque 14/10, dentro de las licencias de producción PL032 y PL004b, emitidas de forma unilateral por el Reino Unido.” (Escenario Mundial 3/08/2025). Se terminaron las dilaciones, por falta de financiamiento, para comenzar con la explotación y la misma se iniciará en el último trimestre del 2025, según declaraciones del CEO de Rockhopper, Sam Moody: “Estamos en la mejor posición posible para alcanzar la decisión final este año y completar la Fase 1 sin más dilución accionaria” (Idem) La primera etapa del proyecto tiene como objetivo la perforación de siete pozos de crudo, un pozo inyector de gas y tres de agua. Si todo marcha sobre rieles para los capitales británico–israelíes, la segunda etapa podría iniciarse rápidamente, lo que implicaría una producción de 55.000 barriles de crudo a diario. Rockhopper y Nativas proyectan en etapas venideras del proyecto extraer 150.000 barriles día a día y, aprovechando el carácter entreguista del gobierno libertario, planean extender la extracción de crudo al bloque Isobel – Elaine, zona marítima que también se encuentra en disputa.

 Impacto ambiental 

Uno de los puntos en conflicto es el de impacto ambiental. La ordenanza de las Islas Malvinas sobre minerales en alta mar, estipula que los proyectos de extracción deben sortear una Evaluación de Impacto Ambiental. En 2024 el diario británico The Telegrapfh en advirtió sobre una posible crisis en torno a la explotación de las reservas en cuestión, ya que “los planes podrían ser políticamente vergonzosos para el Reino Unido. La cantidad de petróleo producido abriría un enorme agujero en las promesas del Reino Unido de reducir las emisiones”. El primer ministro Keir Starmer y el laborismo, han hecho bandera, en la campaña electoral del pasado año, con una rápida transición a la emisión cero de CO2 (dióxido de carbono), y, a su vez, prometieron prohibir nuevas explotaciones de petróleo y gas en aguas bajo control del Reino Unido.

 La coartada del gobierno laborista se encuentra en que es la administración que se ocupa de las islas la que tiene voz y voto sobre los derechos de perforación en las aguas aledañas a las islas. Por su parte, John Birmingham, titular adjunto de la cartera de recursos naturales, sobre esta cuestión sentenció que “los hidrocarburos en alta mar tienen el potencial de ser una parte importante de nuestra economía en las próximas décadas” (Ídem), borrando de un plumazo uno de los puntos del programa laborista en pos de las suculentas regalías a recibir a futuro. La gobernación de las Islas Malvinas recibió el informe presentado por Nativas, en el que se puede leer que “continuará haciendo todo lo que sea razonablemente posible con respecto al monitoreo y la gestión para minimizar los impactos/riesgos ambientales durante las Fases 1 y 2 de Desarrollo”, agregando que “las evaluaciones de impacto y riesgo se revisarán periódicamente para garantizar que los controles permanezcan vigentes y que las actividades que conducen a impactos y riesgos potencialmente significativos estén sujetas a una mejora continua cuando existan oportunidades” (Agenda Malvinas, 28/04). Así justifica Nativas la rapiña de recursos naturales en el Atlántico sur.

 Entrega libertaria 

Este saqueo de recursos naturales está avalado por la política exterior de los libertarios. Mariana Plaza embajadora argentina en el Reino Unido es promotora en lo que se ha dado en llamar “doctrina Plaza” y que consiste básicamente en estrechar vínculos con las autoridades británicas para cooperar en diferentes ámbitos y como contrapartida la Argentina abandona todo reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur.

 Con la pandilla libertaria en el poder se acentúa la tendencia a que las Islas Malvinas y las aguas en disputa del Atlántico Sur estén bajo control del imperialismo británico, con la estratégica situación en el que se encuentran los corredores bioceánicos, en el marco de la guerra comercial en curso. La estación final del imperialismo es que las Malvinas se conviertan definitivamente en una base militar y petrolera al servicio de la OTAN y del sionismo, que busca drenar recursos para hacer frente a las guerras que promueve en Medio Oriente, con el fin de reconfigurar el mapa político de la región, para ponerla bajo su égida y la de los Estados Unidos. 

 Lucas Giannetti

 08/08/2025

Persecución política: los fundamentos fascistas de la Cámara Federal para confirmar el procesamiento de Vanina Biasi por ´antisemitismo´

La Cámara Federal porteña rechazó la apelación de la defensa y confirmó el procesamiento de Vanina Biasi, exdiputada nacional y legisladora electa de la Ciudad, por el delito de “incitación a la discriminación”. El fiscal Carlos Stornelli denunció a Biasi por la publicación de ocho tweets en X, entre el 27 de noviembre de 2023 y el 29 de enero de 2024. Stornelli le imputó “discriminación religiosa, alentando o incitando a la persecución o el odio” (artículo 3 de la ley 23.592, también llamada “Ley Antidiscriminatoria”). Prevé una pena excarcelable de de un mes a tres años de prisión. La DAIA se presentó como querellante. Para Mauro Berenstein, presidente de DAIA, las publicaciones de Biasi reproducen “clásicos estigmas de antisemitismo moderno”, potenciados por “la condición de funcionaria pública de Biasi´” (Infobae, 7/8). Berenstein se refiere a ´funcionaria pública´ de manera dolosa, cuando los fueros parlamentarios otorgan inmunidad de opinión. 

 El juez Daniel Rafecas consideró que “la sumatoria de mensajes agraviantes hacia la comunidad judía superaban los límites de la libertad de expresión” (La Nación, 8/8). El mismo Rafecas había descartado por falta de mérito la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman por la firma del memorándum con Irán, por parte de Cristina Kirchner, sin importar que el estado sionista denuncie a ese país como “una amenaza existencial” al estado de Israel; en el campo del kirchnerismo hay una corriente sionista que encabeza Wado de Pedro, con fuerte compañía. El derecho de opinión política no sólo no sería ´absoluto´ entonces sino que además carga con el agravio de “la sumatoria”, o sea que tendría un cupo. 

 Además de ordenar su procesamiento, Rafecas le impuso a Biasi un embargo de 10 millones de pesos sobre sus bienes. A los camaristas Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi el monto les pareció “razonable” (Infobae,7/8), por lo excesivo. Ente las ´pruebas´ contra Biasi se cuentan un dictamen del Centro Simón Wiesenthal y los testimonios de caracterizados sionistas, como Alejandro Finocchiaro, diputado del PRO, y María Fabiana Loguzzo, ambos representantes argentinos ante la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA), y el juez penal de La Matanza Marcelo Fiumara, que se anota en cuanto curso auspician las embajadas de Israel y Estados Unidos para acumular ´expertise académica´ en el encubrimiento de sus crímenes de guerra. Por otra parte, la definición ´funcional no jurídica´ de la IHRA -que la legislatura porteña aprobó con el voto favorable de macristas, kirchneristas, radicales y el FITU, y la sola oposición de la legisladora de AyL- es la base de la persecución contra Biasi como también contra Alejandro Bodart, del MST (partido que denunció el voto del FITU). La “sumatoria” de Stornelli no le hace ‘un descuento’ a este voto del aparato del Partido Obrero. Si considera concluida la instrucción, Rafecas está en condiciones de elevar la causa de Biasi a juicio oral. Mientras tanto, Netanyahu ha ordenado la ocupación militar completa de la Franja de Gaza, para llevar a su conclusión lo que la opinión pública mundial y gran parte de la sionista, en Israel, considera un genocidio 

 Los fundamentos del camarista Llorens son delirantes. “La lectura que el receptor hace en sus redes del mensaje suele ser lineal y generalizada, y es justamente esta pérdida de matices lo que lo convierte en una enunciación pública que interpela colectivos enteros como si fueran homogéneos, otorgándole a la masividad de su repercusión la capacidad de transformar expresiones subjetivas en palabras hostiles, sobre todo cuando refuerzan estereotipos o legitiman prácticas de exclusión”. Sobre la base de esta premisa, Stornelli debería procesar a todo el elenco de comunicación digital del gobierno, experto en difundir noticias falsas, atacar y apretar, incluso con datos personales y privados, a cualquier crítico. “Ese carácter masivo, anónimo, desordenado, impone una mayor responsabilidad en los momentos y modos de su uso frente a los potenciales daños que pueden derivarse de la multiplicación descontrolada de lo que allí se lanza, emancipado ya de todo origen y sentido”, dice la Cámara. Con estos argumentos, la libertad de expresión sólo podría ejercerse en el ámbito de la privacidad personal, porque toda opinión, por el medio que sea, puede ´derivar en su multiplicación descontrolada´. La preocupación principal de los camaristas es que la denuncia de la masacre de Gaza, por parte del sionismo, no provoque mayores ‘daños’ contra sus perpetradores, que es en definitiva todo el imperialismo mundial, que ha armado a Israel, incluidas las ojivas nucleares. La “multiplicación descontrolada” de las denuncias de genocidio podría afectar decisivamente a la camarilla de Milei. La Cámara ha roto la imparcialidad que debe regir a todo proceso de justicia y se comporta como guardia pretoriana del capitalismo en una época de guerras imperialistas. 

 El desorden psicológico de la fundamentación no es, sin embargo, caprichoso o adaptado al caso en juicio. Es un ataque a la agitación política, que va dirigida a la masa, es repetitiva y tiene el propósito de liberar a los pueblos de la tutela hipnótica o alienante del estado capitalista. Los camaristas están claramente indispuestos a las recomendaciones del Qué Hacer, de Lenin, el mejor tratado de política que se haya escrito hasta el momento. Los camaristas quieren prohibir esta agitación en X, para lo cual ya se ha desarrollado -al menos en parte- un patrón algorítmico con fines políticos, que favorece la agitación del fascismo. X como las demás redes sociales, no vacilan en censurar los contenidos destinados a movilizar a las masas contra el régimen capitalista. 

 Los jueces -siguiendo la definición de la IHRA- afirman que “cualquier referencia al estado israelí, a la cultura hebraica o a la religión judía terminan confundiéndose como expresiones de una misma idea que ve, en cualquier representante de esa comunidad, a ese otro al que se lo cataloga como violento, cruel, villano, incluso nazi”. ¿Que hacer con la masa de judíos y la prensa sionista que denuncia el genocidio en Gaza? Habría que encarcelarla, precisamente lo que trama el actual gobierno de Israel, de acuerdo a la prensa occidental. Tendríamos, entonces, un antisemitismo judío, un verdadero oximorón. Es lo que invoca, precisamente, una parte de la prensa israelí, que recuerda que las doce tribus de Israel se enfrentaron hace más de 2.400 años en una guerra civil. 

 De acuerdo a la cadena argumental de la Cámara, en el país del “nunca más” no está permitido esbozar una crítica a la política del régimen genocida de Israel. “Los magistrados coincidieron en que, dado que el Estado de Israel es el único Estado judío en el mundo, toda crítica a ese país puede ser comprendida como una descalificación al pueblo que allí reside” (Infobae). Pero Benjamín Netanyahu, el premier del intocable gobierno israelí, tiene pedido de captura internacional por sus crímenes de guerra, por un tribunal internacional que está por encima de la Cámara argentina. ¿Stornelli pedirá su detención si, como se rumorea, pisa suelo argentino en septiembre? 

 Dijeron que en sus tuits Biasi alude “a hechos históricamente trágicos, dolorosos y universalmente condenados -como lo son el Holocausto y otras formas de persecución antisemita-, cuyo recuerdo constituye una herida aún abierta para esa comunidad y un llamado ético permanente -a la sociedad en general- a la no repetición”. Para los jueces, en razón de esto, Biasi “banaliza eventos de extrema gravedad”. Esto mismo le cabe al pueblo palestino, no en el pasado sino ahora, cuando todavía es posible frenarlo. 

 Este sábado participaremos en la marcha mundial por Gaza con estas posiciones y el reclamo al Congreso nacional a que vote la ruptura de las relaciones diplomáticas con el presente régimen de Israel. 

 Jacyn 

 08/08/2025

Represión y ajuste en todos los flancos

El ataque del gobierno a las personas con discapacidad. 

 Además de las oprobiosas imágenes de fuerzas de seguridad reprimiendo a jubilados y personas con discapacidad, se suma la miseria salarial de los prestadores, el cierre de instituciones especializadas y la eliminación directa de pensiones. 

 En la provincia de Río Negro, se enfrenta una grave situación en la Junta de Discapacidad, situada en el hospital de Villa Regina, que atiende a personas desde Chimpay hasta Cervantes, abarcando un área geográfica de 165 km. Al iniciar el trámite de renovación de mi certificado de discapacidad (tengo secuelas de poliomielitis), me informan que no hay médico auditor disponible, lo que ha causado una acumulación de más de 300 expedientes. Hace un año, la médica encargada dejó de percibir sus honorarios, dependientes del Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia, dirigido por Juan Muena, quien también ha negado la entrega de alimentos e insumos para comedores y merenderos. Irónicamente, ahora es candidato de JDRN (Juntos Defendemos Río Negro).

 Esta situación coincide con la línea de ajuste del gobierno de Milei, que conduce a la vulneración de derechos tan básicos como el de recibir una pensión. Al no emitirse la renovación del certificado, se pierde el derecho a una pensión, que, por cierto, es de un monto exiguo y no contempla el lucro cesante de quienes actuaron como cuidadores. 

 Es muy grave y requiere con urgencia la designación de un médico que atienda las auditorías. Esto ocurre en muchos puntos del país, se conocen situaciones terribles relacionadas con la renovación del Certificado Único de Discapacidad (CUD) y las auditorías para seguir percibiendo la Pensión No Contributiva (PNC). 

 El gobierno, a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), ha lanzado la obligatoriedad de auditorías para casi un millón de beneficiarios de la PNC. Los medios informan que el 60% de las personas no se presentaron a verificar su situación. Sin embargo, la realidad es que muchos no lo hicieron porque no reciben las notificaciones en sus domicilios, quedando así sin efecto el CUD por no presentación. Esta información llega a quien se entera, lamentablemente, solo después de que se les da de baja las prestaciones. 

 Esta situación se alimenta de una campaña de estigmatización hacia las personas con discapacidad, donde funcionarios las describen como mentirosas y argumentan que a la mayoría no le corresponde la pensión ni el CUD, obligándolas a someterse a “auditorías” en las que son tratadas de manera displicente. 

 Recibimos relatos de personas a las que ni siquiera se les examinan sus análisis y diagnósticos médicos, siendo despedidas con un degradante "usted no tiene el 66%". Cabe aclarar que todas estas personas ya habían obtenido su CUD de manera correcta a través de Juntas Evaluadoras formadas por tres médicos especialistas en la materia, designados por el Gobierno. 

 Las auditorías están a cargo de profesionales médicos del PAMI y personal de la Agencia Nacional de Discapacidad. Es fundamental señalar que los beneficiarios de la PNC reciben un monto que no alcanza ni a la cuarta parte de la canasta básica. Actualmente, se trata de alrededor de $384.000, sumando un bono extraordinario de $70.000, y en el caso de la PNC por invalidez o vejez, es de aproximadamente $220.000.

 Hasta la fecha, se ha suspendido el beneficio a más de 100.000 personas y se busca alcanzar las 250.000. La cuestión de fondo es que jubilados y personas con discapacidad somos considerados “la variable de ajuste”. 

 Es imperativo redoblar la lucha para imponer la aprobación de leyes en el Senado y derrotar al gobierno de Milei. La salida para los trabajadores es un paro general con continuidad hasta la huelga general, para derrotar a este gobierno antiobrero y a todos los gobernadores del ajuste. 

 Con ese objetivo estratégico, el Plenario de Trabajadores Jubilados y Tribuna Disca se unirá al Plenario del Movimiento Obrero Combativo del clasismo y los sectores antiburocráticos el 16 de agosto. 

 Norma Dardik 

Silvia Gabay 

  Plenario de Trabajadores Jubilados y TribunaDisca

Cierre de listas: un nuevo condimento a la crisis

Hay que garantizar la derrota del gobierno en el Congreso ganando las calles. 

 Para los trabajadores la única salida es derrotar a Milei en sus propios términos.

 Finalmente se cerraron las alianzas que competirán en las elecciones nacionales del próximo 26 de octubre. Una lectura de los acuerdos alcanzados permite sacar algunas conclusiones: prácticamente en todas las provincias el gobierno aparecería con listas enfrentadas a los oficialismos locales. Entre las excepciones estará CABA, donde el mileísmo se engulló al PRO en el distrito que el macrismo gobierna desde hace 18 años y solo obtendría los últimos dos diputados expectables, sin que el nombre del partido aparezca en la boleta y con una crisis interna que no parece tener retorno; en este triunfo de Milei no se nos escapa el hecho de que la “pastelera” haya tenido que recurrir al PRO e incluso haya pedido una foto de Macri en la Rosada para sellar el acuerdo y garantizar un triunfo rotundo en octubre. 

 El acuerdo con el PRO en CABA se extendió a otras provincias, acelerando la desintegración del PRO e incluso del radicalismo; es lo que sucedió en Córdoba, sin que finalmente un acuerdo asegure un triunfo electoral. Luego habría listas comunes con el oficialismo en Entre Ríos, Mendoza (aunque con una división en la coalición gobernante en la provincia), Chaco y San Luis (cuyo gobernador desistiría de presentar una lista propia). Una cosecha magra. 

 El frente de gobernadores conocido como “Grito Federal” y ahora llamado “Provincias Unidas” presentó lista propia en 10 distritos, y un acuerdo que involucra a Ocaña, Larreta y Carrió se inscribió en CABA, con un sector del radicalismo que armó lo propio. Estos acuerdos buscan pararse como una versión “civilizada” del ajuste y enfrentada al kirchnerismo. El peronismo logró cerrar listas comunes en prácticamente todas las provincias y el 17, cuando se presenten los candidatos, se podrá verificar si se producen grietas.

 El carácter de la derrota del gobierno en el Congreso 

El enfrentamiento electoral entre el gobierno y la oposición en las provincias debe ser caracterizado y la sesión de este miércoles 6 en Diputados clarifica los alcances del mismo. La sesión debía tratar proyectos de ley que expresan reclamos populares muy sentidos como los del Garrahan, el financiamiento a las universidades, el rechazo a los decretos “desreguladores” que involucran al Inti, Inta, cultura, entre otros, así como el rechazo a los vetos presidenciales sobre jubilados y discapacitados –incluidos los fondos para Bahía Blanca que ya fue rechazado por el Senado–, pero el quórum se logró con la deserción de diputados de los gobernadores del flamante “Grito Federal”–los de Chubut y Jujuy, uno de Santa Cruz y otro de Santa Fe, no dieron quórum–; lo mismo sucedió con los diputados que responden a Sáenz de Salta y Jaldo de Tucumán, junto a los mendocinos.

 La sesión constituyó una derrota para el gobierno porque en forma abrumadora se votaron los proyectos propuestos por la oposición, pero no se pusieron en debate los vetos porque según todos los indicios no se alcanzaba a tener los dos tercios necesarios para rechazarlos. Los diputados de la oposición están habilitando y dejando correr un régimen de vetos que otorga a Milei un poder discrecional. Es decir, las Cámaras votan a sabiendas de que luego el veto presidencial hará el trabajo sucio sin oposición de ellos. Así Milei logró llegar a donde llegó a pesar de sus escasas fuerzas parlamentarias, golpeando en la crisis de los partidos históricos de la Argentina que están atados a los reclamos capitalistas contra los trabajadores.

 La oposición –que domina el Congreso– no está centrada en los reclamos populares que ellos votan y luego Milei veta, no puede ser de otra forma porque ellos son los ejecutores del ajuste en sus provincias, municipios, etc. que es lo que hace que el ajuste sea realmente efectivo. Y no reniegan de ello, orgullosamente lo sostienen –como lo hicieron los gobernadores del “Grito Federal” en su declaración inicial de “principios”.

 Esa oposición responde mayormente al peronismo e incluye a todas sus variantes, desde los colaboracionistas como Jaldo, Jalil o Sáenz hasta los “enemigos” jurados de Milei como Kicillof que ajusta a sus docentes y trabajadores de la salud mientras aumenta los beneficios a los capitalistas que operan en la provincia. El papel fundamental lo juega la burocracia peronista, que usa los sindicatos para sostener este ajuste y los reclamos patronales. 

 La única oposición real estuvo en la Plaza del Congreso con los jubilados, discapacitados, docentes, trabajadores del Garrahan, Inti y del Inta –entre otros–, gaseados y golpeados por las fuerzas represivas que capitanea Bullrich. Las perspectivas de quebrar los vetos y con ello la política de ataques sobre los trabajadores –que es la esencia del gobierno de Milei– están en el impulso a la intervención popular, a la movilización y los métodos históricos de los trabajadores. Hay que preparar desde ya una gran movilización contra los vetos, organizar la intervención de los trabajadores mediante asambleas, plenarios, para ir hacia un paro activo con ese objetivo. 

 Otra vez, es la economía 

La oposición de los gobernadores es la expresión de la crisis que azota al gobierno. Lo que Milei plantea como su mayor éxito –haber estabilizado la economía y bajar drásticamente la inflación– y su arma para ganar las elecciones es en realidad una bomba que puede estallar incluso antes de octubre. Para lo cual falta aún mucho si se considera que desde abril el FMI tuvo que intervenir dos veces para impedir que se desmadre la situación, primero otorgándole el préstamo de 20.000 millones de dólares y luego habilitando que el gobierno no cumpliera con las condiciones que él mismo le puso para dárselo. 

 El acercamiento del dólar al techo de la banda cambiaria (hoy de $1.460) es el fracaso de todos los intentos de contenerlo mucho más cerca del piso de $1.000 fijado originalmente, y para impedir lo que finalmente está sucediendo el gobierno se endeudó, aumentó las tasas de interés a una escala descomunal para secar la plaza de pesos, sin lograrlo, y armando un esquema de deuda en pesos insostenible. Intervino en el mercado del dólar futuro acumulando compromisos del Central, lo que ya le costó 500.000 millones de pesos de pérdida en julio; mientras, los vencimientos en dólares –por todo concepto: deudas del Estado nacional, de los provinciales, privados, etc.– suman hasta fin de año la friolera de U$S10.000 millones sin que haya reservas para cubrirlos, mientras la fuga de capitales alcanzó según algunos cálculos en los últimos tres meses 9.000 millones de dólares. 

 La “disparada” del dólar no parece ser episódica, analistas privados lo llevan a más de $1.500 pesos para el año que viene, mientras la subida alienta un nuevo ciclo de carry trade en un cuadro donde el gobierno puede intervenir abiertamente si toca el techo de la banda. La preocupación central del oficialismo es cómo repercute en los precios, o sea, si dispara el índice inflacionario. Los supermercados están recibiendo listas con aumentos significativos en estos días, lo que de aplicarse agravaría el derrumbe del consumo (19% en el primer semestre en relación a igual período de 2024); el gobierno quiere apelar a las importaciones y a los “beneficios” de la caída de la ventas y presionar para que no suban los precios, lo que a su turno agravará la recesión: un círculo vicioso que deja en claro que el rumbo fijado por la dupla Milei-Caputo no es sustentable no ya en el largo plazo sino en el corto.

 Nuestras tareas 

Sobre esta base emergen los reclamos de los grupos capitalistas, que los oficialismos provinciales salen a defender y que presionarán para que la población los vote como si respondieran al interés general de las provincias, para luego ir a hacer lobby en el parlamento. Nada que no haya sucedido bajo otros gobiernos; es la esencia de la democracia capitalista, pero que los trabajadores no pueden aceptar porque tras ello van sus derechos laborales, previsionales, su salud, su educación, es decir, el deterioro integral de sus condiciones de vida. Milei ha sostenido, sin que ningún gobernador lo contradiga, que el próximo paso es ir a fondo con las “reformas estructurales” (laboral, previsional y tributaria), de ello se viene haciendo eco incluso Cristina Fernández de Kirchner para que no queden dudas de que el tema no está sujeto a demagogias. 

 La campaña electoral debe ser abordada teniendo en cuenta esta configuración de fuerzas. Para los trabajadores la única salida es derrotar al gobierno de Milei en sus propios términos, es decir, en la defensa de sus ingresos, de los puestos laborales, de la salud y la educación pública, de las condiciones de trabajo; y eso supone un programa diametralmente opuesto al de Milei y sus opositores, un programa que partiendo de los reclamos populares termine con el saqueo del país desconociendo la deuda pública usuraria, nacionalizando la banca, rompiendo con el FMI y estableciendo el monopolio del comercio exterior. 

 Está claro que el voto a la izquierda es un paso fundamental para que las luchas, los reclamos y el programa de la clase obrera tenga una expresión política, sea un punto de referencia y se meta en la crisis con independencia de las fuerzas patronales en pugna. 

 A su vez, la campaña electoral para una fuerza de la clase obrera y de la izquierda, y la defensa de un programa de salida de los trabajadores, debe estar al servicio del impulso de las luchas, del agrupamiento de la vanguardia bajo una perspectiva clasista, socialista, lo que indica claramente una independencia política fundamentalmente del peronismo en todas sus variantes. Por eso mientras el Frente de Izquierda conforma sus listas en todo el país, mientras alista a sus candidatos, estamos organizando y apoyando las luchas en curso y marchamos hacia el plenario del sindicalismo combativo, del movimiento piquetero de lucha, de las organizaciones de jubilados –que día a día suma nuevas adhesiones– que se realizará el próximo sábado 16 en la Facultad de Sociales de la UBA. Allí el activismo que pelea en las calles forjará un programa, establecerá las condiciones para recuperar los sindicatos de manos de la burocracia y definirá un plan de acción en la perspectiva de la huelga general para derrotar a Milei y los gobernadores del ajuste. 

 Eduardo Salas

"El descontento de la población tiene que expresarse en el voto al FIT-U" // Romina Del Plá en LACA

Myriam Bregman: "Que un gobierno negacionista utilece la frase "Nunca Más" es una vergüenza".

Retenciones cero para las mineras: otra ofrenda de Milei al saqueo del país

Festejan los que explotan las riquezas naturales y fugan sus ganancias al exterior. 

 El gobierno de Milei estableció por decreto un régimen de retenciones cero para las mineras, beneficiando a los grupos capitalistas que saquean el país reventando sus recursos y fugando sus ganancias al exterior. 

 La quita aplica para la minería no metalífera, metalífera, de rocas de aplicación, combustibles, y de piedras preciosas o semipreciosas. Las compañías que operan en esta industria, que ya habían sido beneficiadas por el Rigi mileísta, quedarán exentas de pagar impuestos por la explotación de los recursos, embolsándose ganancias mayúsculas. El gobierno, además, viene de rebajar las retenciones al capital agrario. 

 Pero no aplica la misma vara con respecto a los trabajadores, que siguen afectados por el IVA y el impuesto a las ganancias, a la vez que sufren las rebajas salariales, los ataques a las jubilaciones, los tarifazos y los recortes en salud y educación. Cada vez queda más claro que "el ajuste más grande de la historia" tiene un marcado carácter de clase: beneficia a una minoría capitalista y degrada las condiciones de vida de la mayoría trabajadora. 

 El gobierno justificó la medida en nombre del equilibrio fiscal, prometiendo que entrarán dólares. Pero esto solo supone beneficios extraordinarios para grupos capitalistas que son conocidos por desarrollar una política de saqueo en toda la línea, fugando sus ganancias al exterior y burlando el pago de tributos a través de la subfacturación de exportaciones y la sobrefacturación de importaciones. Uno de los casos más conocidos en la materia fue el de la minera Livent.

 Al igual que la rebaja de las retenciones para el agro, la medida opera como un intento de restar presiones devaluatorias en momentos en los que los dólares que entran son utilizados por el gobierno para pagar intereses de deuda, garantizar la fuga de capitales en curso o para mantener estable el tipo de cambio y sostener el carry trade confiscatorio. 

 Milei sostiene que el sector minero "representa el quinto complejo exportador del país y explica, en promedio, el 80 por ciento de la canasta exportadora de provincias como Jujuy, Santa Cruz, San Juan y Catamarca". Que su medida no beneficiará al pueblo en su conjunto lo demuestra el hecho de que estas provincias, en las que operan las mineras, están fuertemente empobrecidas. Cabe destacar que se trata, además, de un sector de la industria que no genera muchas fuentes de trabajo. La contracara de ese empobrecimiento ha sido el enriquecimiento de ese "quinto complejo exportador". La política del gobierno, entonces, agudizará la desigualdad social en todo el país. 

 También hay que tener en cuenta que las multinacionales dejan pasivos ambientales difíciles de sanar y afecciones en la salud de los pueblos. Por eso ha habido luchas muy importantes de trabajadores en rechazo al saqueo minero, como en San Juan, donde Barrick Gold, en la mina Veladero, vertió cianuro en el agua; o en Chubut, donde hace poco hubo importantes protestas contra la megaminería de uranio que el gobernador Torres busca promover de la mano de Milei. 

 Se impone la necesidad de nacionalizar el comercio exterior, establecer un control obrero, de técnicos y comunidades sobre la actividad, y de suspender todo emprendimiento rechazado por las comunidades afectadas.

 Nazareno Suozzi

Pettovello le robó 8.300 millones de pesos a los comedores

La operación fue ejecutada a través de un convenio con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el marco del programa “Abordaje Comunitario del Plan Argentina contra el Hambre”.

 La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, fue denunciada penalmente por la reasignación irregular de más de 8.300 millones de pesos originalmente destinados a comedores populares, cuyo destino aún no fue justificado. Mientras el hambre y la desocupación crece en la población, el gobierno persigue y judicializa a las organizaciones que luchan contra el programa de guerra oficial, desvía fondos, oculta documentación y retiene alimentos arrumbados en galpones.

 La operación, ejecutada a través de un convenio con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), incluía el desembolso de $14.000 millones para la compra de leche, arroz y fideos en el marco del programa “Abordaje Comunitario del Plan Argentina contra el Hambre”, junto con otro proceso licitatorio a la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) por $7.000 millones. Ambos convenios fueron firmados en plena escalada del reclamo de las organizaciones sociales por alimentos para los comedores populares. Sin embargo, el Ministerio no presentó documentación alguna que acredite qué se hizo con más de la mitad de los fondos transferidos. El fiscal federal Franco Picardi advirtió que no existen actas, órdenes de compra ni constancias de entrega que permitan verificar el destino de ese dinero, y que el Estado pagó una comisión del 3% por “costos” de gestión, sin que se haya concretado la adquisición prevista de un millón de unidades de cada producto.

 La licitación, gestionada por el entonces secretario Pablo De La Torre, fue otorgada a cuatro empresas, una de las cuales se retiró antes de cumplir. Aunque el Ministerio argumentó que parte de los fondos fueron reasignados para incrementar un 40% el valor de las raciones alimentarias, no existe ninguna resolución ni expediente que lo respalde. Para el fiscal Picardi, esta falta de documentación impide reconstruir el circuito financiero completo y verificar si el dinero se utilizó según los fines establecidos en el programa. La causa fue cerrada por el juez federal Ariel Lijo, íntimo del presidente Javier Milei, pero el fiscal apeló la decisión y solicitó que se obligue al Ministerio a presentar todos los documentos, resoluciones y convenios omitidos. 

 Recordemos que este no es el único frente judicial que enfrenta la ministra: también fue denunciada por haber cortado la entrega de alimentos a más de 40.000 comedores populares en todo el país. La gravedad del escándalo se agudizó con la aparición de depósitos en Villa Martelli y Tucumán repletos de alimentos a punto de vencerse, lo que desmintió por completo el argumento oficial de que no había mercadería para entregar. La justicia obligó a Pettovello a distribuirlos, pero nuevas denuncias con fotos y videos indicaron que todavía hay productos retenidos, mientras miles de familias obreras siguen sin acceso a comida básica. 

 En paralelo, Pettovello también fue denunciada por haber transferido más de $6.700 millones a la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), cuando solo estaba autorizada a hacerlo por hasta $2.700 millones. La operación dejó fuera de todo control estatal la licitación y compra de alimentos con fondos públicos, pero además, la OEI cobró una comisión de casi $340 millones —equivalente al 5% del monto total transferido— pese a que sólo ejecutó compras por la mitad del dinero recibido, y fue utilizada como intermediaria para contratar funcionarios del ministerio sin nombramientos oficiales, en muchos casos cobrando sobresueldos en dólares. La Justicia investiga si este esquema fue parte de una estructura de financiamiento político ilegal dentro del Ministerio de Capital Humano. Todo esto mientras el pueblo padece hambre y se le niega la asistencia alimentaria más elemental. 

 Mientras le sacan el plato de comida a los más pobres, arman corruptelas con contratos truchos, financian sobresueldos en dólares, y llenan de plata a todos los parásitos que viven del Estado mediante su desfalco. Al mismo tiempo, la justicia no investiga a Pettovello pero si persigue a cuenta del gobierno a quienes se organizan en los barrios contra el hambre, como con la causa trucha contra el Polo Obrero. 

 El ajuste de Milei es un saqueo que empobrece al pueblo para enriquecer a los mismos de siempre. La única salida es organizarnos y enfrentar este régimen de hambre y corrupción en las calles. 

 Camila García

Arsénico en el agua de red proveniente del Río de la Plata: afecta a 8 millones de bonaerenses

Un reciente estudio del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) muestra que el conjunto de la provincia de Buenos Aires se encuentra expuesta a la contaminación por arsénico en el agua de consumo. Si bien la exposicón al elemento tóxico se encontraba diagnosticada para cuatro millones de argentinos en 2016 (según el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria) el nuevo mapa podría duplicar esas cifras debido a la detección del elemento en concentraciones tóxicas para el agua de red proveniente del Río de La Plata. 

 El arsénico tiene una amplia distribución en las aguas subterráneas de la llanura chaco-pampeana. Es un elementos perteneciente a la tabla periódica que se depositó en el suelo por fenómenos eólicos fluviales y erupciones volcánicas hace más de 4.000 años. Genera grandes complicaciones en zonas como el noroeste de la provincia de Buenos Aires, donde el agua de pozo representa la principal forma de acceso al recurso. La provincia de Buenos Aires tiene dos grandes acuíferos (reservas de aguas subterráneas): El Pampero, más superficial, que se nutre de la infiltración por la lluvia; y el Puelche, más profundo, que recibe aportes de agua desde el Pampero. Por cuestiones químicas, el Pampero es más salado y suele evitarse para consumo humano, industrial o agrícola, mientras que el Puelche suele ser el que contiene arsénico y requiere un tratamiento de potabilización en caso de superar el umbral de 0,01 mg/L para la OMS y 0,05 para el código alimentario argentino. ¿Cómo llega el arsénico desde los 40 a 100 metros de profundidad al agua de red proveniente del Rio de la Plata?

 Tomemos el caso de la ciudad de La Plata. Allí el 50% de las muestras de red dio positivo. 

 La ciudad de La Plata, en los últimos 30 años, ha visto crecer sin ningún plan de contingencia el cinturón hortícola en el marco de la “revolución verde”, convirtiéndose en el más grande de Argentina, ya que produce el 70% de las hortalizas que se consumen en el AMBA. En este proceso de crecimiento se ha visto transformado el método de cultivo, para pasar de un modelo de invernaderos que permiten el cultivo de hortalizas en períodos más adversos. Los invernaderos generan una demanda mayor de agua de riego. 

 La ubicación de este cinturón se encuentra en la periferia de la ciudad, donde no llegan ni el agua de red ni el sistema de cloacas. El cinturon fue desarrollándose en dirección sur por la cotización de las tierras al oeste. Es interesante que el cono de depresión del acuífero Puelche se movió en la misma dirección como imagen del consumo y demanda que genera la producción hortícola. 

 En esos terrenos, los arrendatarios -generalmente grupos familiares ampliados que se autoexplotan- tienen limitados, por reglamentación, el desarrollo de infraestructura de contingencia habitacional. Y conviven la extracción de agua de pozo del Puelche con pozos ciegos improvisados. Estudios realizados por la Universidad Nacional de La Plata han señalado, desde 2010, las problemáticas ecológicas y sanitarias de este fenómeno. El grupo Taller de Agua, perteneciente a la Facultad de Ciencias Exactas, detectó en esta zona que el 70% del agua de consumo tenía bacterias intestinales y nitratos producto de la contaminación entre los pozos. 

 Acá tenemos dos procesos. Por un lado el aporte de bacterias y materia orgánica a los acuíferos subterráneos, los que aceleran el proceso de solubilidad del arsénico por reacciones químicas de oxido-reducción; y, por el otro, el movimiento de una importante masa de agua con arsénico hacia la superficie en forma de riego. A esto hay que sumarle la pérdida de absorción del suelo por el mismo proceso agrícola. Basta recordar las imágenes de la inundación de 2013, donde el agua corría por los invernaderos como en una autopista. Este cóctel facilita el movimiento masivo de los contaminantes subterráneos hasta el Río de La Plata, donde las plantas potabilizadoras no están equipadas para filtrar arsénico. 

 El Río de La Plata viene anunciando este proceso de sobrexplotación del suelo. Ya desde 2005 se registra un aumento año tras año de los florecimientos de cianobacterias, las cuales surgen bajo condiciones de abundancia de nitrógeno y fósforo en el agua. Estos elementos forman los nutrientes principales de los suplementos que se utilizan en la fertilización agropecuaria y llegan hasta el Río desde cada vertiente. 

 El arsénico en el agua de red no es un fenómeno aislado. Es producto de un desarrollo desorganizado y caótico de la urbe, donde el ambiente es sólo un bien de uso para desarrollar la reproducción del capital; no un medio para desarrollar la potencialidad productiva humana en armonía con la naturaleza. 

 En la actualidad se está construyendo una nueva planta potabilizadora financiada por el Fondo Kuwait y ABSA y podrá abastecer un mayor volumen de agua al gran La Plata. Esta planta potabilizadora viene en carpeta desde 2012, cuando la movilización de activistas quebró el convenio que Scioli había firmado con Mekorot para construirla. Durante el gobierno de los Fernández fue Wado de Pedro quien trajo a la empresa israelí -instrumento de guerra del régimen genocida de su país- pero finalmente la obra en La Plata quedó en mano de los árabes.

 El municipio, dirigido por el peronista Alak, está reemplazando 124 mil metros de cañerías de agua red pero no tiene un plan de abastecimiento para nuevos barrios de la ciudad. El perfil de estas obras parece apuntar a fortalecer un esquema de entrega de agua de calidad más caro y apto para el consumo y otra linea de agua, no apta para el consumo -en este caso, más barata. Esta segunda linea es la que se distribuye actualmente en la red, saturada de sarro, cloro y ahora arsénico. 

 La presencia de arsénico en las redes de agua requiere un plan de obras públicas que empiece por evitar el consumo de agua de pozo y la utilización de pozos ciegos; para eso es necesario un conjunto de obras sanitarias, apuntado a generar mejoras habitacionales en los barrios de trabajadores. A la vez se requiere el mejoramiento de las técnicas que potabilizan de agua del río bajo el nuevo paradigma (arsénico, cianobacterias, sarro, exceso de cloro), y es necesario una fuerte investigación sobre la contaminación con arsénico del suelo y las aguas superficiales y su procedencia.

 Sergio Yeti 

 05/08/2025

El espionaje es política de Estado

Semanas atrás, trascendió que el Plan de Inteligencia Nacional (PIN) contempla el seguimiento sobre opositores y críticos del programa económico oficial, al eje Estados Unidos-Israel y a todo aquel que buscara “erosionar la confianza de la opinión pública sobre los funcionarios” o “generar pérdida de confianza” en las políticas del gobierno. El periodista de La Nación, Hugo Alconada Mon, ha revelado que, por orden del Jefe de Operaciones de la SIDE, Diego Kravetz, también se ´monitoreaba´ a sectores ´vulnerables´ -una expresión que ha usado Ricardo Arriazu, un decano del capital financiero local, para llamar la atención hacia la posibilidad de un levantamiento popular. El Ministerio de Seguridad ,que dirige Patricia Bullrich, ha ordenando el ´ciberpatrullaje´ e incluso tareas de infiltración en redes sociales por parte agentes encubiertos. 

 Alconada Mon reveló la existencia de un informe redactado por los servicios focalizado en las actividades realizadas el pasado 9 de julio, cuando confluían las celebraciones por el día de la Independencia, el cierre de alianzas electorales en la provincia de Buenos Aires y la habitual marcha de los jubilados de los miércoles. El documento -titulado Hechos Previstos 09JUL25- da cuenta de que la SIDE monitoreó qué protestas gremiales, convocatorias callejeras y hasta actos culturales estaban previstos para ese día. 

 La Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones de Jubilados y Pensionados denunció que el pasado 9 de julio “en horas de la mañana se hicieron presentes en nuestro local agentes de fuerzas de seguridad llegadas en un móvil. Atendidos por uno de nuestros compañeros requirieron una serie de datos sobre la convocatoria pública a la actividad de ese miércoles a las 15 horas en el Congreso. Hora y lugar de la convocatoria, cantidad estimada de asistentes, recorrido de la marcha, qué organizaciones y personalidades sociales y políticas concurrirán fueron algunas de las preguntas que efectuaron”. También denuncian que, el sábado pasado, la policía se presentó con pretensiones similares en el cabildo abierto convocado por la Junta Interna del Hospital Garrahan el sábado pasado, realizado en el auditorio de ATE, y en la reunión del colectivo Ni Una Menos. 

 Más recientemente, la AGD UBA denunció que personal de la Policía de la Ciudad se hizo presente en su sede central, ubicada en la calle Chile del barrio de San Cristóbal, mientras se desarrollaba una asamblea. Allí, la policía “interrogó a lxs conpañerxs de la dirección del sindicato sobre la actividad que se iba a realizar e incluso requirió los nombres de los responsables”. Una camioneta policial permaneció a metros de la entrada del local sindical hasta que finalizó la asamblea.

 Con respecto al ´ciberpatrullaje´, un jubilado se encuentra bajo arresto domiciliario, desde hace un mes, por postear en Facebook proclamas contra la masacre del pueblo palestino en Gaza (Anred, 4/8). Las fuerzas de seguridad no tienen facultades para decidir tales cosas, ni se conoce algún dictamen judicial de esas característica 

 Espionaje, política de Estado 

La infiltración y el espionaje han sido prácticas irrenunciables de todos los gobiernos de la democracia argentina. En los gobierno de Alfonsín y Menem, con ´Coti´ Nosiglia y Hugo Anzorreguy, respectivamente, la SIDE fue una urdiembre de conspiraciones y operaciones políticas de todo tipo. Bajo el gobierno de la Alianza, el ministro de Interior, Federico Storani, puso al descubierto su infiltración, en un plenario del Polo Obrero, en diciembre del año 2000, realizado en la sede de FATPREN, denunciando una conspiración para derrocar a De la Rúa, lo que de todos modos se produciría un año más tarde. El gobierno de De la Rúa debutó matando a docentes en huelga en el puente Corrientes-Resistencia y se despidió de la misma manera, masacrando en los alrededores de Plaza de Mayo. El 26 de junio de 2002, en la represión del puente Pueyrredón, bajo el gobierno Duhalde, tuvo lugar una operación a gran escala, con inteligencia previa, infiltrados a cargo de protagonizar todo tipo de desmanes y francotiradores apostados en los techos. El saldo fueron los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. Aníbal Fernández había tomado a su cargo la infiltración en la Asamblea del Bloque Piquetero Nacional, que había tenido lugar el fin de semana previo. Rebautizado como Hannibal, tuvo una participación manifiesta en el asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra, pero esta vez bajo el gobierno de Cristina Kirchner.

 Los ´nac & pop´ adoptaron el Proyecto X -un programa de delación a cargo de Gendarmería- y el ´monitoreo de zonas calientes´, de manera ´preventiva´, en lo que se denominó la “doctrina de seguridad democrática”, con el concurso militante de Horacio Verbitsky, el vacunado de privilegio, y Nilda Garré, ministra de Interior. Mauricio Macri, para concluir, mandó a espiar a todo el mundo, incluso a su propia tropa, en operaciones por las que todavía mantiene cuentas pendientes en la Justicia. 

 Es necesario un plan de lucha contra la infiltración del Estado, mediante la coordinación de informaciones y un protocolo de acción en casos definidos. El espionaje de la SIDE y el Ministerio de Seguridad está comandado por la CIA y el Mossad, como quedó claro en numerosas ocasiones y, ultimamente, en el intercambio de información que se ha acordado bajo el pretexto del ingreso sin visa a Estados Unidos. Luego de la visita de la caza de inmigrantes de la Seguridad Nacional de EE.UU., Trump anunció que se reservaba, de todos modos, la autorización del ingreso de turistas y una cadena de aranceles para el turismo desde cinco mil a quince mil dólares. 

 ¡Bienvenidos al reino de la libertad! 

 Jacyn 

 05/08/2025

“Milei quiere consolidar un pinochetismo popular”, Eduardo Sartelli

"Vamos a un paro de 48h y vigilia con actividades para defender el Conicet"/ Rocío bec. doc. Conicet

Actualidad política: la campaña electoral sobre un tsunami

El ‘desasosiego’ de los mercados por estos días ha estado marcado por el fracaso de la licitación de deuda pública del martes pasado, cuando 3 billones de pesos quedaron sin ser refinanciados sobre un total de vencimientos de 10,5 billones de pesos –una friolera del 30 por ciento. Lo que agravó el desastre es que el mismo mercado, o sea un puñado de bancos, despreció la oferta de tasas de interés del 66 % anual, frente una inflación prevista del orden del 28 %. En lugar de esto prefirieron salir a la compra de dólares baratos y apostar a una devaluación ‘generosa’ del peso. En la hoja de ruta de los bancos figuran nuevos vencimientos de bonos del Estado para agosto y octubre, que en conjunto representan 60 billones de la moneda ‘argenta’ –el nombre de pila de la nueva divisa argentina que merodea la cabeza de Milei. La labor de refinanciar esa suma se hace cuesta arriba y seguramente acabará en otro desastre, en especial cuando Trump se encuentra en plena cruzada económica contra sus rivales internacionales y una inminente ampliación de la guerra de la OTAN contra Rusia. La ofensiva de Trump contra Brasil está fuera de toda proporción, porque exige el castigo a los jueces que multaron a Elon Musk por el uso fascista de la red X y la violación de la leyes brasileñas. El destino del Mercosur está puesto en la balanza. Según las informaciones más recientes, el cuevero Caputo forzaría a los bancos a guardar el dinero excedente en la forma de una suba drástica de los encajes, lo cual no solamente afectaría la tasa de interés del dinero bancario, sino que obligaría al Banco Central a remunerar el dinero inmovilizado y volver al mil veces maldecido “déficit cuasi fiscal”. Lo más probable es que se convierta en un obituario. En este cuadro, FIEL, la oficina de estudios de la UIA, reveló un retroceso del PBI del 1,6% en junio. 

 Pero el GPS de la deuda marca rojo no sólo en la deuda en pesos sino en la de dólares. Mañana, 1 de Agosto, “Argentina, informa Clarín, deberá pagar 800 millones de dólares por comisiones e intereses” de la deuda con el FMI, y otros 800 millones a partir del 1 de Septiembre. El Tesoro deberá comprar las divisas al Banco Central, que tiene reservas negativas. Desde 2018, el FMI ha cobrado intereses por 13 mil millones de dólares, lo cual representa un promedio del 25% en dólares sobre la totalidad del préstamo. Si se agrega el pago de capital e intereses, en los próximos cuatro años, el total se iría a 26 mil millones de dólares. Desde 2018, asimismo, se han pagado intereses y comisiones a otros organismos internacionales por 10.400 millones de dólares. Dos economistas -Carlos Rodríguez y Walter Graziano- que primero se convirtieron en libertarios y ahora en sus renegados, han observado, muy oportunamente, en Clarín, que la deuda con esos organismos no fue aplicada a los objetivos asignados, sino desviados al pago de intereses a otros acreedores, e incluso a financiar fuga de capitales –siempre con la excusa del “equilibrio fiscal’ o “el macroeconómico”. En definitiva, una sangría financiera sin precedentes, que se apresta a explotar por todas sus costuras. El Banco Central, luego de la ‘purificación de pecados’ a que lo sometió Caputo, ha vuelto a la esfera de la prostitución de la que nunca ha salido. Ha comprometido varios billones de pesos para asegurar el tipo de cambio futuro, mientras el actual o ‘spot’ salta la tranquera, asumiendo en los próximos meses una pérdida extraordinaria de dinero cuando esos compromisos lleguen al vencimiento. Dada toda esta madeja de maniobras, es imposible conocer cuál es el monto real de la deuda pública bajo todas sus facetas. Por ejemplo, el monto de capital e intereses por los préstamos “repo” firmado con bancos internacionales (incluido uno de China), con la garantía del oro y de bonos de deuda, para pagar vencimientos de deuda en dólares. El juicio por YPF -que se disputa en Nueva York- implicará endeudamientos mayúsculos, incluso con independencia de la sentencia final. Si el jinete pierde las riendas del matungo tendremos una hiperinflación “libertaria” –el reverso de una política deflacionaria de un año. El mercado es un factor, sino de arbitrajes fugaces y de desequilibrios estratégicos. Las deudas bancarias de las familias, simplemente para sobrevivir, han provocado un gran salto en la cartera de “incobrables” de los bancos. ¡

Nada más sólido que todo esto para una campaña electoral! 

 Más allá del arribismo irrefrenable de las huestes de los partidos patronales, lo que explica la pulverización del peronismo y el fraccionamiento de los libertarios, es el derrumbe financiero que acabamos de describir –una deuda de más de 600 mil millones de dólares, cuando se juntan las de provincias, municipios, la pública y privada, la registrada y la que no, la indisputable y la judicial. Seis gobernadores acaban de anunciar que harían rancho aparte de los dos polos, aunque sólo estén elevando su precio. Argentina sólo necesita un liderazgo socialista y revolucionaria para cargarse a toda esta podredumbre y abrir un rumbo histórico nuevo junto a la clase obrera y a los trabajadores de todos los países. 

 Jorge Altamira 

 31/07/2025

Scatturice, el hombre de las ´valijas misteriosas´, se queda con Educ.ar

En octubre de 2024, el empresario Leonardo Scatturice, ´empresario´ surgido del ambiente de los servicios de inteligencia, amigo de Santiago Caputo y puente con la gestión trumpista y el gobierno de Milei, se hizo de la licitación de la renovación de licencias para proveer soporte de conectividad (WiFi) a todas las escuelas del país, servicios por los que recibirá del Gobierno nacional un monto de 78.650.000 dólares para OPC Tech, empresa que oficia como mascarón de proa del empresario radicado en Miami. 

 Educ.ar, el portal educativo oficial, que depende de la Secretaria de Educación, entre 2017 y 2018, equipó con redes locales de Cisco Meraki a más de 40.000 escuelas de gestión estatal por medio del Plan Nacional de Conectividad Escolar. En noviembre de 2021 se llevó adelante la primera renovación de 209.828 licencias de Cisco Merakis. El adjudicatario de la misma fue la empresa Distecna S.A., al momento, representante de Cisco en la Argentina, por un monto de 16.864.496 dólares y la fecha de vencimiento se estableció para el 16 de noviembre de 2024. Es decir que “si se toma como referencia el valor anual que se desprende del total abonado, renovar el 100 % por tres años hubiera tenido un costo proporcional cercano a US$22.482.661.” (La Nación 27/07). Scatturice lo hizo por más de 70 millones de dólares. 

 Eduardo Roberto González fue designado en julio de 2024 como interventor de Educ.ar y estuvo en el cargo hasta el 31 de octubre del mismo año. El 4 de octubre Gonzáles se tomó licencia por una semana de su cargo y delegó su firma a quien se designó como gerente general a través de una resolución, Matias Hanono, quien el 10 de octubre haciendo uso de sus facultades otorgadas cerró un acuerdo con OCP Tech S.A., que en agosto de 2024 se presentó para renovar 223.828 licencias por 3 años, por un monto de 78 millones de dólares, presentación avalada por Cisco Systems Argentina que certificó a la empresa de Scatturice como la única autorizada en la Argentina como canal de reventa. OCP Tech se impuso a empresas como Dinatech y DTE S.A., que presentaron presupuestos en la licitación, por medio de una contratación directa por exclusividad. Según ha trascendido, las dependencias públicas que tenían que evaluar las distintas ofertas licitatorias no contaron con todos los presupuestos en competencia, una instancia necesaria en la gestión capitalista de los fondos públicos que permitan reajustar los precios. Sugestivamente, la Secretaria de Educación rubricó con Educ.ar un acuerdo de colaboración para llevar adelante el proceso de licitación, en el que se estableció “una cláusula de confidencialidad, por la cual quedó prohibida ‘la divulgación, ya sea en forma oral o escrita, a persona humana o jurídica, pública o privada, de la información que surja de las acciones derivadas del presente’” (Idem). 

 El 23 de octubre, antes de que fuera relevado de su cargo por decreto presidencial, González recibió una carta firmada por los síndicos de Educ.ar en la que le solicitaban la derogación del contrato y explicitaban que se debía convocar a una licitación pública, aduciendo que la firma delegada de Hanono de un contrato de esta magnitud invalidaba todo el proceso licitatorio. 

 A comienzos de noviembre de 2024 fue designado como interventor de Educ.ar al ingeniero Gastón Mariano Martín, que el 14 del mismo mes, “emitió un informe tras una revisión de informes técnicos, administrativo-financieros y dictámenes jurídicos, en el que concluyó que el procedimiento podía ratificarse.” (La Nación 30/07/2025) Pocos días después se ratificaba por parte del interventor la adjudicación a OCP Tech de la licitación por casi 80 millones de dólares. 

 Las estrechas relaciones entre Scatturice y el gobierno liberticida, se materializan en los más de 260 procesos administrativos que OCP Tech tiene con el Estado “en carácter de proveedor, contratista o representante legal de distintas sociedades” (ídem). Hay quienes sostienen que haya salido a la luz los vericuetos de este contrato con Educ.ar responden a un tiro por elevación contra Santiago Caputo, y se ha dejado deslizar que la opereta estuvo montada por Martin Menem y contaría con la injerencia operativa del entorno del ex SIDE, Horacio “Jaime” Stiuso. Los choques entre las camarillas que pululan en el gobierno se manifiestan en medio del proceso electoral, dando cuenta de la situación de crisis que atraviesa al régimen en su conjunto. 

 Lucas Giannetti

 01/08/2025