Cinco magistrados del TSF aceptaron el pedido de la fiscalía de llevar a Bolsonaro a juicio, argumentando que existen indicios razonables “que apuntan a Bolsonaro como líder de la organización criminal”, cuyo plan contemplaba el asesinato de Lula y del juez Alexandre de Moraes y la elaboración de un decreto para justificar un “estado de defensa”. La conspiración se inició desde antes de los comicios de octubre de 2022 y culminó con el asalto a las sedes de los tres poderes en Brasilia en enero de 2023. El objetivo era desconocer la victoria de Lula da Silva en las elecciones de 2022, pero el complot no se consumó por falta de apoyo de los altos mandos del Ejército. Tras esa negativa, Bolsonaro animó a sus partidarios a asaltar la capital el 8 de enero de 2023, pocos días después de que Lula asumiera su mandato. Entre las pruebas figura los testimonios del teniente coronel Mauro Cid, ayudante del expresidente. Los exjefes del Ejército y la Fuerza Aérea dijeron haber recibido una propuesta de golpe de Estado de parte de Bolsonaro. El juez del TSF, Alexander de Moraes, afirmó que no hay duda de que Bolsonaro conocía la existencia de un documento llamado “propaganda golpista”, que fue discutido con el alto mando de las Fuerzas Armadas y con quienes intentaron anular el resultado de las elecciones de 2022. La sumatoria de pruebas llevaron a que Bolsonaro sea imputado por cinco cargos, entre los que se destacan el intento de golpe de Estado, intento de abolición violenta del estado de derecho (por su ataque a los poderes Legislativo y Judicial) y organización criminal armada (que, según explica la justicia, se desarrolló con orden jerárquico, contaba con influencia de sectores militares y presentó una división de tareas entre sus integrantes).
La decisión del tribunal entierra aún más las aspiraciones del líder opositor de regresar en algún momento al poder. A pesar de que Bolsonaro, que ya se encuentra inhabilitado políticamente hasta 2030 por cuestionar sin pruebas el sistema de urnas electrónicas, el expresidente insiste en que “por el momento, soy candidato”, aclarando que él es el plan “A, B y C” para 2026. En su cuenta de la red social X denuncia una persecución política y afirma que “el proceso contra mí avanza 14 veces más rápido que el de Mensalao y al menos 10 veces más rápido que el de Lula en Lava Jato”. Afirma que buscan proscribirlo debido a que ningún candidato lo vencería en 2026.
Es cierto que en estos momentos la imagen positiva del actual mandatario Lula se encuentra en su punto histórico más bajo del 24 %, debido a la crisis económica brasileña. Pero el bolsonarismo tampoco da muestras de vitalidad. El clan Bolsonaro buscó consolidar antes de la sentencia un apoyo político en el Estado y en las calles, con escaso resultado. Una protesta convocada en su apoyo en Río de Janeiro a principios de este mes, en la cual el expresidente buscaba reunir al menos un millón de personas, congregó apenas a cerca de 18.000 manifestantes. No son pocos los analistas que sostienen que su capacidad de movilización se ha desplomado. Bolsonaro ha convocado una nueva manifestación para el próximo 6 de abril en São Paulo.
A falta de un apoyo al interior de Brasil, la familia Bolsonaro busca la intervención de Estados Unidos. En una entrevista con The Wall Street Journal en noviembre pasado, Bolsonaro había afirmado que contaba con el apoyo de la administración Trump para poder eludir la prohibición de presentarse a las elecciones de 2026, y que éste ejercería presión sobre el gobierno de Lula mediante sanciones económicas contra Brasil. Ahora, el hijo de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, miembro del Congreso, sostuvo que dejará el Congreso y buscará asilo político en Estados Unidos, donde espera conseguir apoyo político para amnistiar a los condenados del motín del 8 de enero e impulsará sanciones contra el juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes. En una entrevista con el Financial Times el mes pasado sostuvo que Moraes cumplía los requisitos para las sanciones estadounidenses bajo la Ley Magnitsky, originalmente diseñada para castigar a funcionarios rusos y congelar sus activos en el país. “Mientras los problemas legales de su padre empeoran, afirma el Financial Times (25/3), Eduardo ha pasado gran parte de este año en Washington presionando a miembros del Congreso de Estados Unidos y a la administración Trump”. Según este diario mismo, “hay indicios de que la administración Trump está prestando atención a la campaña de la familia Bolsonaro”. El Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos votó en febrero de este año el proyecto de ley “No Censors on our Shores Act” que despojaría al juez brasileño de Moraes de su visa estadounidense, junto con las de otros funcionarios extranjeros acusados de censurar la libertad de expresión de las personas en Estados Unidos. La campaña de Eduardo Bolsonaro busca apoyarse en el conflicto que se desató el año pasado entre el ahora funcionario de la administración Trump, Elon Musk, y el juez de Moraes, cuando la justicia brasileña cerró su plataforma X durante más de un mes en Brasil por acusaciones de que difundía discursos de odio. Musk calificó al juez de dictador en X, acusándolo de usar las facultades del tribunal para investigar, procesar y silenciar a los adversarios de Da Silva en redes sociales. El grupo de medios de Trump demandó a de Moraes en febrero de este año por sus medidas para impedir que los brasileños accedan a Rumble, una plataforma de video con sede en Florida.
En su gira en Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro aseguró que "todas las reuniones que solicitamos son aceptadas", remarcando los estrechos vínculos que mantiene con el equipo de Trump, aunque se negó a revelar con qué funcionarios de la administración estadounidense se reunió durante tres viajes a Washington en enero y febrero, o dar detalles de las conversaciones. Aseguró que no estaba pidiendo una intervención directa de Estados Unidos sino “la restauración de la democracia y la libertad”.
El Wall Street Journal afirma que la decisión del TSF “supone un golpe a uno de los aliados más cercanos del presidente Trump en América Latina” (26/3). Eduardo Bolsonaro ha viajado varias veces a Estados Unidos desde que Donald Trump regresó a la presidencia. Un legislador del PT solicitó al Tribunal Supremo el 27 de febrero la incautación de su pasaporte debido a que Eduardo Bolsonaro ha intentado negociar con legisladores estadounidenses un proyecto de ley para "atacar e intimidar" al Tribunal Supremo de Brasil desde la investidura de Trump.
Algunos analistas dan por descontado que Bolsonaro será condenado por los delitos de los que se lo acusan. La situación, sin embargo, dependerá probablemente de los vaivenes políticos nacionales e internacionales. El periódico brasileño Folha de Sao Pablo (26/3) aseguró que uno de los cinco miembros del TSF, Luiz Fux, allanó el camino para cuestionar el acuerdo de culpabilidad de Cid y revisar las sentencias del 8 de enero, cuando expresó sus desacuerdos respecto a las posiciones del juez de Moraes y sostuvo que “juzgamos con una emoción violenta tras la tragedia del 8 de enero. Fui a mi antigua oficina, donde la ministra Rosa [Weber] era mi vicepresidenta, y vi un escritorio quemado, papeles quemados. Pero creo que los jueces, en su vida, siempre deben reflexionar sobre sus errores y aciertos”. Según Folha, “la postura de Fux esta semana sería, más que un giro hacia un mayor conflicto con Moraes, la marcación de posiciones y un llamado a la reflexión sobre detalles y matices de los casos que se tramitan en la Corte Suprema”.
El gobierno de Lula, por su parte, acorralado por la aceleración de la inflación y la caída de su imagen, busca no hacer olas y complacer las demandas de los sectores militares, los cuales brindaron un amplio apoyo al bolsonarismo en su ascenso al poder. Para este año, el gobierno de Lula decidió mantener la política adoptada desde 2023 de ignorar el aniversario del golpe militar de 1964, que cumple 61 años el próximo lunes 31. El diario Folha asegura que “Lula y militares mantienen un pacto de silencio en el aniversario del golpe de 1964”. El acuerdo prevé que la fecha no será celebrada en los cuarteles ni repudiada por el gobierno. “El silencio es parte del esfuerzo del ministro de Defensa, José Mucio Monteiro, para conciliar las demandas del gobierno del PT con el ánimo de los militares”. El gobierno de Lula evalúa que la fecha para la realización de actos en defensa de la democracia ya no sean el 31 de marzo sino el 8 de enero, en referencia a los atentados contra las sedes de los Poderes ocurridos en 2023. Esa iniciativa, sin embargo, “también ha sido una fuente de tensión en la relación entre Lula y los militares, (…) en parte por las acusaciones contra generales por participar en el intento de golpe de Estado del expresidente Jair Bolsonaro” (Folha, 26/3).
El candidato del presidente Lula a la jefatura del PT y favorito para las próximas elecciones internas, el ex alcalde Edinho Silva, adoptó por su parte una posición derrotista frente a un Bolsonaro en retirada. Aseguró públicamente que el bolsonarismo tiene base y que el PT, en cambio, tiene que “sudar sangre” para sacar 10 mil personas a las calles. Edinho Silva es el nombre que apoya Lula para liderar el PT.
Diversos medios han asegurado que la decisión del TSF de llevar a Bolsonaro a juicio se trata de una decisión histórica, ya que es la primera vez en la historia de Brasil que acusados de intentar un golpe de Estado serán juzgados por ese crimen. La dictadura militar (1964-1985), de la cual Bolsonaro es un ferviente admirador, culminó con una ley de amnistía para todo el personal militar. Pero los volantazos políticos en Brasil han demostrado una extrema volatilidad. Lula fue condenado por corrupción y lavado de dinero por el juez de primera instancia Sergio Moro en 2017 y, luego de más de un año y siete meses de prisión, fue liberado y en 2021 el Tribunal Supremo anuló la sentencia, para volver a la presidencia en 2022. El futuro político de Brasil no se definirá en los tribunales sino, antes que eso, en el terreno de la crisis mundial.
El Be
29/03/2025
