Durante 2024 y 2025, los fondos fiduciarios que continúan activos o conservan recursos recaudaron más de $8,2 billones, acumulando un superávit cercano a los 3.000 millones de dólares, según informa el medio La Nación. Pero una parte sustancial de esos recursos no fue utilizada para los objetivos establecidos por ley (obras públicas, vivienda, subsidios, etc.), sino que terminó colocada en letras y títulos públicos bajo la órbita del Ministerio de Economía.
Desvío de fondos
Los números oficiales dan cuenta del mecanismo por el cual el gobierno desvía los fondos de los tan mentados fideicomisos. En 2024 los fideicomisos ejecutaron apenas el 55,8% de lo recaudado y en 2025 el 69,5%. Durante el primer trimestre de 2026 la ejecución alcanzó el 69,7%. El dinero restante no desaparece sino que se transforma en financiamiento para el Tesoro mediante inversiones financieras.
El resultado fue un excedente de unos 2.030 millones de dólares en 2024 y otros 973 millones en 2025. En el primer trimestre de 2026 se sumaron 239 millones. De mantenerse la tendencia, el excedente de este año rondaría los 956 millones, llevando el monto acumulado no ejecutado del trienio a unos 4.000 millones de dólares.
Milei presentó durante la campaña a los fideicomisos como “cajas de la política” que debían liquidarse para devolver recursos a la población. No solamente no devolvió esa plata, sino que ahora utiliza esos fondos para mostrar un resultado fiscal emparchado que se construye saqueando recursos de la población trabajadora.
Vivienda, infraestructura y zona fría
El caso del Fondo de Integración Socio Urbana (Fisu) es particularmente revelador, creado supuestamente para financiar infraestructura, servicios y mejoramiento habitacional en barrios populares –algo que el peronismo tampoco destinó a tal fin-, fue sometido a un proceso de disolución fallido por el gobierno. En la actualidad los desembolsos de este fondo cayeron 94%, desviando los recursos y dejando paralizados 636 proyectos que alcanzaban a 193.266 familias.
El Fisu acumuló $204.000 millones en letras del Tesoro y bonos, otros $64.000 millones en un fondo común de inversión y $95.600 millones depositados en cuentas corrientes del Banco Nación. Mientras las familias esperan obras y soluciones habitacionales, el dinero destinado a ellas se destina a la bicicleta financiera de Mieli y Caputo.
Las consecuencias de esta política se vuelven todavía más graves frente a la recurrencia de fenómenos climáticos como los asociados a El Niño, que incrementan el riesgo de lluvias intensas e inundaciones. El Fondo de Infraestructura Hídrica, financiado con un 5% del impuesto a las naftas y un 9% al GNC precisamente para prevenir y mitigar estos desastres, recaudó unos $375.400 millones, pero ejecutó apenas el 31%: alrededor de $116.000 millones. El 88% del fondo permanece prestado al Estado mediante Letras del Tesoro, mientras municipios y provincias enfrentan anegamientos, pérdidas materiales y obras hidráulicas postergadas. La plata que debería estar destinada a evitar que el agua llegue a las casas termina financiando al gobierno.
La misma lógica alcanza al transporte, la infraestructura hídrica y los subsidios al gas. Entre los fondos vigentes se encuentran los destinados al sistema de infraestructura del transporte, infraestructura hídrica, consumo residencial de gas, garantías, economía del conocimiento y energías renovables. Para este año se proyecta que coloquen en instrumentos financieros un 40% más de lo que prevén destinar a sus objetivos específicos.
Caputo y la bicicleta financiera
El fondo creado para financiar los descuentos en las tarifas de gas, denominado zona fría, recauda recursos mediante cargos específicos que pagan los usuarios. Retenerlos para mejorar artificialmente las cuentas fiscales pone en cuestión la continuidad de un beneficio que alcanza a millones de hogares y abre la puerta a nuevos aumentos sobre las tarifas.
La política de Caputo no consiste entonces en eliminar las “cajas de la casta” para devolverle dinero a la población. Consiste en redirigirlas para sostener títulos públicos y la ingeniería financiera del gobierno. El gobierno funciona como un garante de los negocios financieros.
El llamado “déficit cero” aparece así como una construcción contable asentada sobre el incumplimiento de partidas y la postergación de necesidades populares. No hay ninguna política de destrucción de las “cajas de la casta”, sino una apropiación del gobierno para seguir desviando y transfiriendo fondos y recursos de los trabajadores al pago de la deuda y al FMI y el capital financiero. Echamos a la casta gobernante para terminar con el saqueo de la población trabajadora, y abrir paso a las reivindicaciones populares insatisfechas.
Marcelo Mache
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