En los últimos días, miembros de la comunidad wichi Lapacho 2, al norte de la provincia, volvieron a denunciar los desmontes indiscriminados en territorios de la comunidad. El cacique apuntó contra la empresa Desdelsur SA, una compañía cien por ciento nacional, afincada en el departamento San Martín, dedicada a la producción de legumbres, aceites, y en el último periodo ganado. La eliminación del monte nativo por parte de ésta y decenas de empresas en la región, afecta directamente el sustento de las comunidades, por la destrucción de especies como chañar, mistol y algarrobo, cuyos frutos forman parte de la dieta tradicional, además de plantas medicinales y fibras como el chaguar, esenciales para las artesanías que se venden en los mercados al turismo.
Todo el chaco salteño es una zona arrasada por topadoras al servicio de la expansión de la frontera agrícola. La patria agroexportadora celebra junto a los pulpos extranjeros que arriendan miles de hectáreas cuando ya no pueden comprarlas, como lo hace la norteamericana Seaboard Co., en Orán. Las comunidades de la región sobreviven a pesar de las condiciones de desalojo y exterminio a las que los sometieron todos los gobiernos, provinciales y nacionales.
Esta denuncia en el norte se suma a las luchas de la comunidad Diaguito Calchakí de las Pailas, en Cachi y Lule en San Lorenzo, contra los terratenientes locales y la oligarquía salteña que se apoya en la justicia y el parlamento para avanzar con desalojos. En el caso de Cachi, fue la inmensa movilización popular que se desarrolló contra la brutal represión y desalojo de familias en la comunidad Las Pailas, lo que obligó a la justicia a restituir cuarenta de las cuarenta y cuatro hectáreas que habían ordenado desalojar. La propiedad de esa tierra se la atribuye la familia Wayar, oriunda del departamento Cachi, que ya posee miles de hectáreas en la región de La Aguada, una quebrada y valle fértil para cultivos, en la que está impulsando un gigantesco negocio inmobiliario. Walter Wayar, uno de los integrantes de la familia de "originarios", fue intendente de Cachi, diputado del departamento, Vice Gobernador de la provincia durante el gobierno de Juan Carlos Romero y posteriormente Senador.
Wayar fue uno de los terratenientes locales que marchó el 6 de agosto pasado denunciando la extranjerización de la tierra. Uno más de los terratenientes nacionales "que supimos conseguir", que exige su derecho de propiedad, para acaparar tierras, recursos y explotar trabajadores en nombre del "derecho nacional".
Este es el derecho que Sáenz y su senadora Flavia Royón, lobbysta de los capitales mineros en Argentina, defienden cuando dicen preservar la "soberanía nacional". Son garantes de la propiedad de la tierra en favor del gran capital nacional o extranjero y de los negocios inmobiliarios, a costas del desalojo de familias obreras. Bajo el gobierno de Sáenz y los gobiernos de Urtubey y Romero, en Salta avanzó como en ninguna otra provincia, la concentración de tierras en manos extranjeras y capitales nacionales. La hipocresía se disfraza con el poncho salteño para llevar adelante las peores atrocidades contra el pueblo trabajador.
El slogan “la patria no se vende”, con la que Sáenz buscó liderar el bloque de gobernadores aliados, que forzó a Milei a retirar los capítulos de tierras y fuego del proyecto original de propiedad privada, terminó rescatando el carácter reaccionario del proyecto, que habilita desalojos exprés en todo el territorio, cosa que en Salta ya existe por legislación local.
Pero detrás de esta consigna, los gobernadores arrastraron a la izquierda y al kirchnerismo en un frente común el 6 de agosto pasado. Las corrientes del frente de izquierda (PTS, PO, MST, IS), se diluyeron detrás de la burguesía nacional, en nombre de defender su propio derecho a explotar la tierra, las comunidades y los trabajadores que habitamos en ella.
El debate en el Congreso Nacional puso al desnudo el carácter de clase del estado burgués, en el marco del régimen capitalista, éste defiende el derecho de los Wayar, Desdelsur SA., terratenientes locales, la burguesía y capitalistas “nativos”, contra los trabajadores y las comunidades.
Es necesario contribuir con esta claridad, y fijar las diferencias que existen, entre los socialistas, que defendemos el interés común de los explotados, de acceder a la tierra, a la vivienda, al trabajo y al salario; en contraposición a los que defienden el derecho de las patronales, la burguesía y los terratenientes, nacionales o extranjeros, a explotar y desalojar a los trabajadores.
Instintivamente esta confrontación se desarrolló masivamente el 6 de agosto pasado, en todo el país, contra el gobierno de Milei. Será tarea de un partido revolucionario, que en adelante esa tendencia progrese con una mayor conciencia política.
Violeta Gil
15/08/2026
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