sábado, 28 de febrero de 2026
¡Abajo la agresión militar de Estados Unidos e Israel contra Irán!
Estados Unidos e Israel iniciaron en las últimas horas un ataque militar conjunto contra Irán que ya dejó decenas de muertos, gran parte de ellos civiles, según agencias de prensa iraníes. El presidente estadounidense, Donald Trump, habló de terminar con la “amenaza” del régimen iraní y llamó al pueblo de ese país a derrocarlo, y lo mismo hizo el primer ministro israelí, el genocida Benjamin Netanyahu. Uno de los ataques golpeó cerca del lugar donde se hallaba el ayatollah supremo, Ali Khamenei.
Por su parte, Irán respondió con ataques a bases estadounidenses en Qatar, Emiratos Árabes, Kuwait y Bahréin, y también lanzó misiles contra Israel.
Repudiamos la agresión imperialista y sionista contra Irán, que se desarrolla en medio de agresiones constantes contra el pueblo palestino (más de 500 muertos desde la entrada en vigor del “cese al fuego”), a dos meses de la invasión contra Venezuela, y en pleno ahogo contra Cuba. Derrotemos la ofensiva imperialista con la movilización de los trabajadores y los pueblos en todo el mundo.
El gobierno estadounidense venía desenvolviendo en las últimas semanas su mayor despliegue militar en Medio Oriente desde la invasión de Irak, en 2003, como parte de una nueva serie de amenazas contra Irán. A los más de 40 mil soldados que la Casa Blanca ya tiene desplegados en la región, se sumaron dos enormes portaviones (incluyendo el Gerald Ford, que es el mayor del mundo) y una flota de F-22 que arribó a Israel.
El 19 de febrero, Trump amenazó con un ataque militar si Teherán no se sometía a sus exigencias en un plazo de entre diez y quince días. Insistió en esa tónica en sus redes sociales y en el discurso sobre el estado de la Unión, el 24 de febrero. “No me complace que no estén dispuestos a darnos lo que necesitamos”, abundó el magnate este viernes 27.
Ultimátum
Estados Unidos exigía tres cosas: 1) Que Irán detenga su programa de enriquecimiento de uranio y se deshaga de las reservas con las que cuenta; 2) El desmantelamiento del programa de misiles balísticos, que tienen un alcance de dos mil kilómetros; 3) Cese del apoyo a Hezbollah y otros grupos de la región.
Las negociaciones entre los dos gobiernos se llevaban adelante con la mediación de Omán. La última reunión, antes del ataque, se llevó a cabo en Ginebra, Suiza, el jueves 26. Teherán, según lo que afirmó públicamente, se mostró dispuesto a pausar su programa de enriquecimiento de uranio y a ponerle un límite, pero no a cancelarlo. Según El País, en la reunión del jueves Irán habría presentado una propuesta al respecto. En cuanto al programa de misiles balísticos, lo consideró fundamental para su defensa, por lo que no lo puso a discusión.
Irán buscaba, a cambio de sus concesiones en el programa nuclear, que Estados levantara las sanciones económicas, pero la Casa Blanca no habría prometido más que no imponer sanciones nuevas. Este panorama revela que Estados Unidos estaba sometiendo a Irán a un ultimátum, sin intenciones de una negociación seria.
Yanquis, go home
La situación dentro de Irán es crítica desde el punto de vista económico y social. Las masivas movilizaciones populares que estallaron en diciembre mostraron el deterioro de las condiciones de vida en los últimos diez años, como resultado de la devaluación de la moneda y una elevada inflación.
Rechazar las agresiones militares contra Irán no implica un aval al régimen iraní, que montó una represión feroz contra las recientes protestas populares –con alrededor de dos mil muertos- y se asienta en el dominio de una burguesía enriquecida con el petróleo y la súper-explotación de la clase obrera.
Pero sí significa un repudio total a cualquier intervención imperialista, que solo puede agravar las penurias de las masas de Irán y del Medio Oriente -como lo revela la situación del pueblo palestino, que es víctima de un genocidio por parte del Estado de Israel, con apoyo político y militar de la Casa Blanca- y asegurar una dominación del imperialismo en la nación persa.
A la par que amenazaba a Irán, Trump puso en funcionamiento una “Junta de Paz” para la Franja de Gaza (avalada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y las burguesías árabes) que es, en realidad, un protectorado colonial que somete a los gazatíes y apunta a desarrollar un enorme negociado alrededor de la reconstrucción del territorio costero.
Retomemos, en todo el mundo, las grandes movilizaciones que se desarrollaron contra la agresión sionista-imperialista en Gaza, ahora con las consignas centrales de:
¡No a la agresión militar yanqui y sionista contra Irán! Fuera el imperialismo de Medio Oriente. No al genocidio del pueblo palestino y a la junta colonial de Trump. Por una federación socialista de pueblos de la región.
Gustavo Montenegro
viernes, 27 de febrero de 2026
Senado: maniobras a varias bandas
Hasta ahora, el interbloque alineado del kirchnerismo -llamado “Popular”- que conduce el formoseño José Mayans, tenía una nómina de 28 parlamentarios. De ellos, 21 provenían del bloque justicialista, a los que se les sumaban los dos santiagueños del Frente Cívico -Gerardo Zamora y Elisa Del Carmen Moreno. De los cinco que integraban el bloque de Convicción Federal, tras la fractura, sólo dos seguirán en el espacio: el puntano Fernando Salino y el riojano Jesús Rejal.
Por otro lado, trascendió que el nuevo bloque Convicción Federal podría terminar formando un nuevo interbloque con la salteña Flavia Royón y con los senadores de Misiones que responden a Carlos Rovira y también a la senadora tucumana Beatriz Ávila, que integra el monobloque Independencia y se referencia con Jaldo. Se ha formado un polo "minero".
Como consecuencia de estos desplazamientos, La Libertad Avanza impuso a la disidente Carolina Moisés como vicepresidenta de la Cámara, desplazando de ese lugar al kirchnerismo. Para viabilizar esta operación, el peronista Juan Manzur y el radical Maximiliano Abad se retiraron a la hora de votar a Moisés.
Esta maniobra fue impulsada por Patricia Bullrich. Entre senadores propios y bloques aliados, el gobierno ya reúne un total de 47 senadores, a sólo uno de reunir la mayoría especial de dos tercios, decisiva, por ejemplo, para nombrar jueces en la Corte Suprema.
En otra interna, que envuelve a distintas camarillas del gobierno nacional, Karina Milei y los Menem se quedaron con las manos vacías. Un acuerdo que reunió a Bullrich con Victoria Villarruel, los radicales, los senadores de Provincias Unidas y los bloques de los gobernadores del peronismo dialoguista, se repartieron todos los cargos del Senado. Así fue rechazada la promoción de la senadora Nadia Márquez para relevar a Bartolomé Abdala en la presidencia provisional, un puesto clave en la línea de sucesión presidencial. Las vicepresidencias, además de Moisés (Convicción Federal), se repartieron entre Carolina Losada (UCR) y Alejandra Vigo (Provincias Unidas).
Por debajo de esos cargos, tanto en los puestos de secretario parlamentario, secretario administrativo, prosecretario parlamentario, prosecretario administrativo, fueron designados integrantes de los diferentes bloques digitados por Villarruel y Bullrich. Sólo un cargo menor, el de prosecretario de coordinación operativa, quedó en manos de un senador que responde directamente a la Casa Rosada.
La crisis en el Senado hoy pone de manifiesto la fragmentación del peronismo, pero también las divisiones en el seno del oficialismo.
Daniel Blanco
26/02/2026
Macri y la red Epstein: cuando la “seguridad” es negocio del espionaje internacional
En 2014, Jeffrey Epstein -vinculado con Ghislaine Maxwell, hija del magnate Robert Maxwell, señalado históricamente por sus lazos con la inteligencia israelí- se convirtió en uno de los principales inversionistas de Reporty Homeland Security, empresa que promovía una aplicación de “alarmas de seguridad” fundada por exmiembros de las Fuerzas de Defensa de Israel. Dicha app tenía acceso a la ubicación del usuario aun cuando estaba desactivada y generaba mapas con una precisión escalofriante. En documentos internos informaba: “Con Reporty, las autoridades tienen el poder de controlar a la masa en la red social” (Infonews, 21/02).
Paralelamente en la Ciudad de Buenos Aires se comenzaba a diagramar el proyecto “Ciudad Segura” ejecutado por la policía federal -que dependía del Ministerio de Seguridad de la Nación-, sin licitaciones digitalizadas y con cada pedido de acceso a la información demorados. El plan incluía cámaras, patrulleros con reconocimiento de patentes, centros de monitoreo y fibra óptica financiada por Mer Group, otra empresa israelí. Esta firma enviaba reportes técnicos a Epstein sobre la instalación del sistema en Argentina y habría sugerido contratar a los mejores abogados para esquivar posibles conflictos legales por invasión a la privacidad (Politicar, 22/02).
Los documentos revelan así un entramado donde capitales privados ligados al complejo de seguridad israelí, empresarios locales y funcionarios argentinos confluyen en la implementación de dispositivos de vigilancia masiva, bajo el paraguas del combate al delito.
Dentro de los archivos también aparecen nombres de modelos argentinas, envíos de dinero a Roberto Giordano, quien organizaba desfiles de moda y la venta de un avión Gulfstream por US$ 10 millones al magnate por parte de “Fred” Machado, vinculado a José Luis Espert con el escándalo del narco que lo dejó fuera de las elecciones. Además, los mails mencionan vínculos con Joe Lewis, magnate dueño de parte de La Patagonia. Existe la posibilidad de que el pederasta que manejaba la red de trata haya visitado la Argentina y se descubrió una invitación a la que él habría aceptado justo antes de haber sido capturado (Página 12, 7/02).
Lejos de ser episodios aislados o simples “amistades peligrosas”, el caso expone cómo el capital opera por encima de cualquier límite legal: Epstein no era solo un delincuente con contactos en las altas esferas, sino parte de una red internacional donde confluyen finanzas, inteligencia, negocios de seguridad y poder político. Su injerencia en proyectos de vigilancia masiva en Argentina revela que el Estado no actúa como árbitro neutral, sino como instrumento que garantiza la acumulación y habilita mecanismos de control social sobre la población trabajadora. Las tecnologías de “seguridad”, financiadas por capitales ligados al complejo militar y de inteligencia, subordinan derechos y garantías a la rentabilidad y a intereses políticos extranjeros, convirtiendo la seguridad en un negocio multimillonario y en una herramienta de disciplinamiento. Frente a esto, la salida no pasa por reformas cosméticas, sino por cuestionar de raíz el dominio del capital sobre el poder político y la clase obrera.
Iara bogado
Fuentes:
https://infonews.com/escandaloso-plan-de-ultra-vigilancia-que-envuelve-a-macri-con-epstein-e-israel.html
https://politicar.com.ar/contenido/1543/el-socio-oculto-de-macri-como-el-pedofilo-epstein-financio-la-vigilancia-masiva-
Reino Unido, un peón de los Estados Unidos
El ex director de BAE Systems, segundo mayor contratista militar del mundo y constructora de aeronáutica comercial, Mike Turner, recientemente declaró en medios británicos que el Reino Unido mantiene una dependencia operativa en términos de defensa con los Estados Unidos. Turner señaló que en un conflicto de alta intensidad como el de las Islas Malvinas, en 1982, el Reino Unido se encontraría en una “total dependencia” de EE. UU., en “relación a componentes críticos y marcos regulatorios que condicionan el uso, modificación y sostenimiento de parte de su material aéreo” (Escenario Mundial, 18/2).
Turner, que no es un improvisado en la materia, señaló que la defensa británica mantiene una problemática de base, ya que gran parte de las aeronaves de la Real Fuerza Aérea funcionan con componentes, software, armamento o certificaciones que dependen de las normas de control que se encuentran bajo la égida estadounidense, y que en un cuadro de conflicto “podría traducirse en restricciones operativas si Washington decide no acompañar" (ídem).
El telón de fondo de la dependencia tecnológica del Reino Unido son los controles de exportación de armamentos digitado por los EE. UU. desde 1976, a través del Reglamento sobre el Tráfico Internacional de Armas (ITAR, por sus siglas en ingles), ente encargado de suministrar licencias o imponer restricciones para la comercialización y el uso de materiales destinados a defensa. El cumplimiento del ITAR consiste en salvaguardar la tecnología de defensa y la propiedad intelectual de Estados Unidos. Según la Lista de Municiones de los Estados Unidos (USML), los artículos de defensa y los datos militares restringidos incluyen algunos de los siguientes: vehículos de lanzamiento, misiles balísticos, torpedos, armamento en general, aviones y naves espaciales. Para proteger esta información, cualquier empresa o gobierno que quiera hacer negocios con los EE. UU., o con contratistas del gobierno, debe adherirse al ITAR, y su incumplimiento puede dar lugar a fuertes multas, pérdida de privilegios de exportación e incluso a cargos penales. El ITAR, a través de las décadas, se ha convertido en una poderosa herramienta que cercena la autonomía industrial y la operatividad en materia de defensa a “socios o enemigos” de los EE. UU.
La gestión Biden, durante 2021, comenzó a flexibilizar las reglas impuesta por el ITAR para alguno de sus socios, y en esta línea de acción rubricó un acuerdo con el Reino Unido y Australia -conocido como AUKUS- una nueva alianza estratégica militar, autónoma de la OTAN, que tiene como objetivo final por un lado contrarestar el avance chino en el área geográfica del Indopacífico, y por el otro, el control de las rutas marítimas árticas, el control del Atlántico Sur, que sirvan como puente para el ingreso a la Antártida. Siguiendo los pasos de Biden, Trump introdujo en la Declaración de Seguridad Nacional, aprobada a finales del 2025, la lógica de “disuación por negación” en el Indopacífico para coartar el despliegue chino en la zona, mediante la combinación de superioridad militar, alianzas regionales y el control del entorno operativo. Así las cosas, la AUKUS se presenta como una alianza militar a medida de los intereses geoestratégicos de los EE. UU. y mantiene bajo su órbita la operatividad y dependencia en materia de defensa a sus socios.
En lo que concierne al Atlántico Sur, el Reino Unido mantiene con base en el archipiélago de las lslas Malvinas, una presencia militar permamente con un despliegue de 1.200 efectivos constantes, que realizan permanentes ejercicios aéreos, marítimos y terrestres, reforzando su presencia y su capacidad de respuesta en la zona, con una lógica de “dispositivo sostenido” más que de despliegue ocasional (ïdem). Dando cuenta del lugar estratégico que tiene la zona para el Reino Unido, a comienzos de febrero, las Fuerzas Británicas de las Islas del Atlántico Sur (BFSAI) recibieron la visita de la contralmirante Jude Terry, Secretaria Naval y Directora de Personal y Entrenamiento de la Real Armada Británica, en las Islas Malvinas. La funcionaria mantuvo reuniones con personal desplegado y recorrió instalaciones militares, incluido el complejo de Mount Pleasant, principal base operativa en el archipiélago (Escenario Mundial, 10/2).
En su dependencia tecnológica y operativa, el Reino Unido se ha convertido en un peón norteamericano en el Atlántico Sur en su tablero guerrerista, ya que su capacidad militar se encuentra atada a los devaneos de Trump. Pero como los movimientos y reacomodamientos en una época de guerras no son lineales, en los últimos días se conoció que el primer ministro británico Keir Stamer no autorizó a los EE. UU. para que utilice bases militares de Fairford, en Gloucestershire -que alberga bombarderos pesados estadounidenses- y la base conjunta en Diego García, en el océano Índico, para que sean utilizados en una posible embestida norteamericana sobre Teherán. Por los acuerdos bilaterales entre ambos países, cualquier operación militar lanzada desde estas bases militares necesita el permiso previo del Reino Unido. Ante el revés británico, “Trump anunció la retirada del respaldo estadounidense al acuerdo impulsado por Starmer para transferir la soberanía del archipiélago de Chagos a Mauricio. El mandatario calificó la cesión como un “gran error” y sostuvo que Diego García constituye un activo estratégico irremplazable para la proyección militar estadounidense” (Escenario Mundial, 19/2), lo que traducirá en un resquebrajamiento de las relaciones diplomáticas entre los “aliados”, con implicancias sobre la Islas Malvinas.
El largo brazo guerrerista del trumpismo no solo busca un cambio de régimen en Medio Oriente que le permita hacerse de los recursos petroleros y energéticos de la región, sino que, a su vez, busca establecer “un cerco político y económico contra todos sus rivales internacionales, en primer lugar, China y Rusia, pero también contra sus ‘aliados’ de la Unión Europea”. Si bien los esfuerzos militares de los EE. UU. se encuentran concentrados en una avanzada sobre Irán, en la trumpista Declaración de Seguridad Nacional, en lo que concierne a América Latina, redefine el concepto de “America First” (América Primero) y, en este sentido, legitima el uso de instrumentos militares, económicos y coercitivos para impedir la presencia o influencia de potencias rivales, en especial China y Rusia, en zonas consideradas vitales para la seguridad estadounidense, como Groenlandia, el Canal de Panamá o las principales rutas marítimas del continente americano, como el paso bioceánico del Estrecho de Magallanes, sin descartar enfrentamientos con naciones “aliadas”. Desde esta perspectiva se plantea una militarización en regla de la seguridad hemisférica, y tiene en el gobierno de Milei un activo político estratégico, para convertir a la Argentina no solo en un protectorado económico-financiero de facto, sino en una base militar que le permita avanzar sobre el Atlánco Sur y la Antártida.
Lucas Giannetti
26/02/2026
jueves, 26 de febrero de 2026
miércoles, 25 de febrero de 2026
Los obreros de Fate marcan el camino
En el mismo momento que el gobierno liberfacho se apresta a festejar la aprobación de la reforma laboral en el Senado, los medios de comunicación, incluso los vinculados estrechamente al oficialismo, no pueden dejar de mostrar el tendal de cierres de empresas y despidos que crecen en toda la Argentina como hongos después de la lluvia. El cierre de Fate, que amenaza dejar a casi 1.000 trabajadores sin su fuente de trabajo, ha catalizado esta situación ante el conjunto de la población. Quienes sacaron las cuentas con precisión concluyeron que por día cierran 30 empresas y pierden el empleo 730 trabajadores registrados. Los que logran conservarlo se ven sometidos a una desvalorización creciente de su salario. Al menos desde hace ocho meses los salarios caen mes a mes contra una inflación que no ha dejado de crecer en el mismo lapso.
Es esclarecedor que la aprobación de la reforma sea precedida por un reguero de despidos masivos. Esto porque refuta la especie en boga de que si los trabajadores acceden a la pérdida de sus derechos entonces podrán conservar su empleo. Detrás de este relato patronal se esconde la idea falsa de que en Argentina el problema es el alto costo laboral. Como ya señalamos, los salarios no solo vienen perdiendo contra la inflación, sino que lo hacen desde niveles bajísimos. La caída del salario directo también se traduce en la caída del salario diferido e indirecto (jubilación, obra social), pues ambos son porcentajes del primero. Los apologistas a sueldo del capital se quejan sin embargo de que medido en dólares el salario en Argentina es de los más altos de la región, pero omiten, claro, que la inflación en dólares en Argentina ha sido aún más alta que en esos países. Por lo tanto, para el trabajador ese salario equivale a consumir menos que en el pasado.
De fondo, la causa radica en que la revalorización del peso no ha sido el resultado de un fortalecimiento de la economía y de un incremento de la productividad del trabajo, sino de un proceso especulativo impulsado por el gobierno, en el cual juega un papel central la suba de la tasa de interés para rearmar el carry trade, evitar una disparada del dólar y un mayor salto de la inflación.
Los capitalistas, incluidos los que integran el lote de la burguesía nacional, se quejan del alto costo financiero, pero simultáneamente se aprovechan de este proceso especulativo para conseguir ganancias cuantiosas. Es muy probable que una apertura general de cuentas de las empresas ante sus propios trabajadores exponga que las ganancias conseguidas mediante la especulación financiera compensan total o parcialmente lo perdido por la recesión. ¡La consultora 1816 estima que las ganancias por carry trade en dos años fueron del 88% en dólares! Estamos ante ganancias únicas a nivel mundial, que en última instancia son bancadas por la expoliación directa de los trabajadores y de los gastos sociales del Estado.
Los despidos y la reforma laboral son parte inseparables de la ofensiva del capital sobre el trabajo. Por la dinámica misma de la economía capitalista, la aplicación de la reforma laboral debe abarcar al conjunto de los trabajadores. El debate legal sobre si la ley se aplica de modo retroactivo o no para los trabajadores actuales no se resolverá en los tribunales, como promete la CGT, sino en las fábricas, las escuelas, los comercios y las fincas.
Los capitalistas alegarán que no pueden competir si sus trabajadores mantienen derechos que no tienen los de la competencia, por el simple motivo que ésta los contrató luego de la aprobación de la ley. De acá se deduce una conclusión muy simple: el primer acto de los capitalistas luego de la aprobación de la reforma laboral será aplicar despidos masivos, valiéndose de las indemnizaciones más bajas, con el propósito de contratar nuevos trabajadores con convenios flexibles por empresa.
Es lo que sospechan con razón los compañeros de Fate respecto del cierre. ¿O alguien puede asegurar que Madanes Quintanilla no abrirá nuevamente su empresa de neumáticos cuando cambien “las condiciones de mercado”, pero contratando nuevos trabajadores con menos derechos y especialmente con menos organización sindical? Terminar con la vanguardia de la clase obrera en Fate y en todas las empresas donde existe un activismo que lucha es un objetivo que une al gobierno de Milei, a las patronales y, aún más, a la burocracia sindical de todo pelaje.
El triunvirato de la CGT no se hizo el tiempo de acercarse hasta San Fernando para darle al menos un apoyo formal a los trabajadores de Fate. Aunque se acercaron decenas de delegaciones encuadradas en la CGT y la CTA, producto del brutal impacto nacional del conflicto. La CTA, por su lado, mantiene en sus filas a Pedro Wasiejko, el burócrata expulsado de la dirección del Sutna y repudiado por los trabajadores, que se pasea por los medios acusando a la dirección clasista del sindicato de ser responsable de la crisis de las empresas por no haber aceptado salarios a la baja y los despidos masivos.
Aunque la UIA llore en sus comunicados por el crecimiento de las importaciones, lo cierto es que los grupos empresariales nacionales también se valen de las compras al exterior para extorsionar a sus propios trabajadores, sea para imponerles rebajas salariales o convenios flexibles. En última instancia la burguesía puede reciclarse en importadora y obtener su plusvalía que se le asigna al capital comercial. Los Paolo Roca ya cerraron nuevos contratos con el Estado y los Madanes Quintanilla prometen poner en San Fernando una empresa de energía. Pero para los trabajadores la reconversión tiene otro carácter: es perder su trabajo actual y reciclarse en una empresa de aplicación o en un nuevo empleo con un convenio flexible. Es decir que la reconversión equivale a un retroceso de su condición material y la pérdida de su organización de clase.
El impacto desigual que genera el crecimiento de las importaciones en las distintas clases sociales que componen la sociedad argentina debe ser tenido en cuenta para combatir la idea peregrina de un frente de los trabajadores con sus patrones nacionales. Esto plantea, desde ya, una cuestión de programa. Los trabajadores enfrentan las importaciones masivas a partir de un programa de defensa de sus puestos de trabajo, del salario y de las condiciones de empleo conquistadas. Por eso como planteo transicional es necesario luchar por el control obrero de las importaciones, para determinar qué debe ingresar y qué no, y por la apertura de las cuentas de las empresas para poder combatir los beneficios extraordinarios de la burguesía instalada en el país, que aprovecha las medidas proteccionistas para vender por encima del precio de producción -es decir, por encima de la ganancia media.
La aprobación de la reforma laboral no cierra un proceso, sino que abre un período de grandes confrontaciones de clase. Por eso los que se apresuran a sentenciar una derrota histórica de la clase obrera argentina exponen no solo su desmoralización irreversible, sino un desconocimiento de la crisis de conjunto del régimen económico y político. El ataque a los convenios, la fragmentación de las vacaciones o la reducción y el pago en cuotas de las indemnizaciones no alcanzan para sacar a la Argentina de su condición de país en bancarrota. Se pasa por alto que Milei necesitó no uno sino dos salvatajes el año pasado para poder zafar de un estallido financiero y monetario, y que debió apelar otra vez al Tesoro yanqui para pagar los vencimientos de deuda de enero.
El cuadro de estabilidad relativa puede caerse como un castillo de naipes por múltiples motivos, sea una crisis financiera, mayores choques internacionales que golpeen los puntos de apoyo del gobierno (¡Trump!) o un número creciente de luchas obreras y populares. La historia de nuestra clase obrera muestra que este ascenso de luchas puede tener como detonante una gran gesta obrera que, recogiendo el apoyo creciente del pueblo, pueda transformarse en el principio de un ascenso popular más amplio y extendido. Ni que decir que la lucha de los obreros de Fate con el Sutna a la cabeza va reuniendo esa condición. Por lo pronto, los trabajadores judiciales resolvieron la ocupación del edificio del fuero laboral en rechazo al traspaso a la Ciudad de Buenos Aires, acarreando despidos de trabajadores y el alineamiento judicial para aplicar la reforma, así como también lo hicieron los metalúrgicos de Aires del Sur en Tierra del Fuego.
La perspectiva de enfrentar la reforma esclavista con un reguero de luchas fabriles está fuera del radar de todas las fuerzas patronales que se declaran opositoras, y de la burocracia sindical que derrama derrotismo mientras llama a prepararse para las elecciones del 2027. Para el peronismo el “industricidio” no es un arma del capital contra la clase obrera, sino una consigna para subordinar a la clase obrera a los intereses de los patrones nacionales, defensores a morir de la reforma laboral laboral libertaria. De acá se deriva otra conclusión: la lucha por enfrentar la reforma laboral con la movilización de los trabajadores es inseparable de la lucha por superar al peronismo en todos los planos de la política nacional.
Es la hora de luchar en serio. Los capitalistas tomarán la aprobación en el Senado de la reforma laboral como una señal de largada contra sus trabajadores. Ante esto llamamos a defender a los compañeros de Fate y su permanencia por la defensa de los puestos de trabajo. La exigencia al Estado nacional y provincial para que aseguren la continuidad laboral de todos los trabajadores ocupa hoy el puesto N° 1 en un programa de emergencia de la clase obrera. El método Fate debemos extenderlo a todas las fábricas que cierren o apliquen despidos masivos. La burguesía teme como a la peste las ocupaciones de fábrica porque cuestionan el sacrosanto derecho de propiedad.
Se presenta, también, una lucha de fondo por el salario. La aceleración de la inflación ha venido para quedarse mientras las paritarias se ajustan penosamente al 1% mensual. El lanzamiento de paros por el salario ocupa un lugar central, porque la clase capitalista se vale de la recesión y la amenaza de despidos para imponer reducciones salariales.
Para esto el activismo debe organizarse en los lugares de trabajo y regionalmente para incrementar su capacidad de acción. Las luchas en las fábricas y lugares de trabajo para derrotar la reforma laboral esclavista no la harán la burocracia sino el activismo obrero y popular.
Gabriel Solano
OTAN-Rusia: Cuatro años de guerra
El frente
Desde el inicio de la invasión a gran escala de Rusia el 24 de febrero de 2022, las cifras exactas son difíciles de verificar. Según una estimación con cierto consenso, las bajas militares, esto es, los muertos, heridos y desaparecidos del lado ruso, se estiman en 1.2 millones y, entre una quinta y una cuarta parte de esa cifra, serían muertos. Del lado ucraniano el total de bajas suma unas 600.000, con unos 140.000 muertos. Las proyecciones podrían llegar a 2 millones para la primavera de este año.
Del lado civil las bajas verificadas hasta enero/febrero 2026 en Ucrania son de 16.000 muertos y más de 40.000 heridos desde 2022. 2025 fue el año más letal para civiles (2.500 muertos). En Rusia, por ataques ucranianos con drones y misiles se calcula unos 7.300 civiles muertos.
Negociaciones
En noviembre, se conoció el "plan de paz" ruso-estadounidense de 28 puntos. Ucrania debería ceder la parte del Donbás que controla, reducir el tamaño de su ejército y comprometerse a no unirse a la OTAN. Ucrania y sus aliados europeos han replicado con un plan propio de 20 puntos. Se han celebrado tres rondas de conversaciones trilaterales. Hasta el momento no han llegado a ningún acuerdo ni siquiera sobre un alto el fuego. Los negociadores de Moscú deslizan que existe una “fórmula Anchorage”, acordada entre Trump y Putin en su cumbre en Alaska en agosto pasado, que incorpora las demandas de Rusia.
Las famosas garantías de seguridad prometidas por los aliados occidentales no contemplan el ingreso de Ucrania a la OTAN, una de las líneas rojas establecidas por Moscú, pero sí un resguardo “similar al Artículo 5”, en referencia a la cláusula de la organización, que considera cualquier ataque a un miembro como una agresión a todos, la denominada defensa colectiva. Pero el artículo 5 constituye la espina dorsal de la OTAN. A todos los efectos prácticos sería una incorporación de facto de Ucrania en esa alianza. Muchos observadores consideran que las garantías propuestas carecen de una operatividad creíble. Ningún país europeo ha expresado su disposición a participar en un conflicto cinético a gran escala con Rusia en territorio ucraniano en caso de una nueva agresión.
Territorio
Rusia controla aproximadamente el 20 % del territorio ucraniano, incluyendo la Península de Crimea anexada desde 2014.
En todo 2025, Rusia capturó unos cinco mil kilómetros cuadrados a un costo altísimo (83 bajas por kilómetro ganado en promedio). El frente de esta guerra se mueve muy lento: avances rusos de 15–70 metros por día en las zonas más activas, según las fuentes especializadas en el mapeo diario. El conflicto tiene un costo en vidas que ya supera con creces muchas guerras modernas. Ucrania responde con contraataques tácticos locales, drones y misiles de largo alcance, pero depende fuertemente de la ayuda de sus aliados.
Quienes se sorprenden de que Ucrania resista a pesar de ser significativamente inferior en número y recursos a su adversario, pasan por alto que la Unión Europea y EE. UU. han sumado la friolera de 400.000 millones de dólares en apoyo militar y económico desde el inicio del conflicto. En cuatro años el respaldo occidental para alimentar la máquina de guerra es equivalente a reconstruir una economía mediana desde cero varias veces.
La OTAN no ha desplegado tropas en la línea del frente (por ahora), en cambio suministra entrenamiento, inteligencia y armas en proporciones industriales, incluido ATACMS, Storm Shadow, F-16, Patriot, es decir, armamento de ensueño de las principales potencias. Al mismo tiempo ha fortalecido su flanco este con más tropas en el Báltico y sobre todo Polonia. Kiev recuperó terreno en 2022 y 2023 (Kharkiv, Kherson), pero hace mucho que se encuentra en defensiva estática con drones y misiles de largo alcance por toda respuesta.
La prensa, sobre todo británica y estadounidense, destaca que la guerra ya dura más que la lucha que libró la Unión Soviética contra la Alemania nazi: una muestra del fracaso de Putin para alcanzar sus “objetivos estratégicos”. Con las diferencias que acarrean ochenta años de distancia entre ambas, el Ejército Rojo, luego de purgas y golpes autoinfligidos llegó a sumar entre 11 y 12 millones de soldados activos, con movilización total, en una población de 170 millones de almas. La Federación Rusa tiene en comparación un ejército permanente de 1,3 millones, la mitad destinado a Ucrania, sin movilización total, sólo parcial. El ejército ruso depende de voluntarios y contratados. Por su parte, Ucrania compensa su inferioridad relativa en cuanto a números de soldados disponibles con tecnología de sus aliados.
En el campo de batalla se ha establecido un punto muerto. El frente de 1.200 kilómetros está ahora tan saturado de drones que el movimiento es mortal. Los ataques rusos contra la infraestructura y ciudades ucranianas se han intensificado desde finales de 2025; forma parte de la campaña para diezmar el sistema eléctrico y algo más: Putin se empeña en la demolición del Estado ucraniano. La centralidad de la disputa territorial ha llevado a algunos observadores a proponer la creación de un nuevo país, una Ucrania oriental.
Economía
Un foco de discordia con dimensión propia son los activos rusos congelados en el exterior por 210.000 millones de euros, que Alemania, Polonia, los países bálticos y Finlandia pretenden usar para financiar la guerra y la reconstrucción. Bart de Wever, primer ministro de Bélgica -país donde se encuentra la mayor parte de los activos-, exigió que sus aliados proporcionaran garantías financieras contra demandas, sanciones y otras represalias por parte de Rusia. EE. UU. se opone a utilizar los activos para financiar un préstamo a Ucrania; el imperialismo yanqui reclama exclusividad en el pillaje internacional.
Hungría, Eslovaquia y Chequia también se oponen a una confiscación de esos activos. El punto ha fracturado el eje franco-alemán: “El canciller alemán, Friedrich Merz, estaba haciendo un último esfuerzo para persuadir a los líderes de la UE de utilizar 210.000 millones de euros en activos soberanos rusos congelados para ayudar a Ucrania cuando se dio cuenta de que le faltaba un aliado crítico: Emmanuel Macron” (Financial Times, 21/12/25). Los intereses de esos activos han sido utilizados para el reembolso de préstamos otorgados a Ucrania.
En una larga investigación publicada en noviembre, el Wall Street Journal consigna que Kirill Dmitriev, el titular del Fondo Ruso de Inversión Directa, impulsa un plan para que las empresas estadounidenses utilicen los aproximadamente 300.000 millones de dólares en activos del Banco Central ruso, congelados en Europa, para proyectos de inversión ruso-estadounidense y una reconstrucción de Ucrania liderada por Estados Unidos. Paralelamente, “empresas estadounidenses y rusas podrían unirse para explotar la vasta riqueza mineral del Ártico. Dmitriev había argumentado durante meses que no había límites a lo que dos antiguos adversarios podían lograr: sus industrias espaciales rivales, que compitieron entre sí durante la Guerra Fría, podrían incluso emprender una misión conjunta a Marte con SpaceX, de Elon Musk” (WSJ, 28/11).
Este plan quedó parcialmente sepultado cuando la UE aprobó aplicar el Artículo 122, una disposición de "crisis" que le permite al bloque respuestas rápidas en situaciones excepcionales sin la necesidad de pasar por el proceso legislativo ordinario, para condicionar la entrega a Moscú de los activos rusos inmovilizados a un plan de paz y al pago de reparaciones por parte de Rusia. Da muestra de otra fractura, esta vez entre EE. UU. y la UE.
La economía rusa, según una columnista del británico The Economist, ha alcanzado lo que los montañistas denominan la “zona de muerte”, por encima de los 8.000 metros, “donde el cuerpo humano se consume a sí mismo más rápido de lo que puede repararse” (The Economist, 16/2). Describe cómo la economía se ha bifurcado en dos sistemas metabólicos distintos: uno que comprende la industria militar y afines, “los órganos vitales que reciben un flujo sanguíneo prioritario. Estos sectores contratan e invierten. Tienen acceso prioritario a la mano de obra, el capital y las importaciones”. El segundo sistema abarca todo lo demás: la empresa privada y las industrias de consumo, que se han quedado al margen. Actualmente el sector de defensa ruso representa el 8 % del PIB. La pregunta entonces es qué pasaría si Rusia intentara desmovilizar (reducir drásticamente) su sector militar. La oligarquía financiera rusa está atrapada: si sigue en modo guerra, se agota lentamente (inflación, déficit, dependencia de petróleo); si intenta salir, riesgo de crisis inmediata (desempleo, caída del PIB, inestabilidad social).
Ucrania y sus aliados no están lejos de esta condición. Aunque el Complejo Militar Europeo es una entelequia (no existe como tal, sino industrias nacionales de cada Estado desconectadas), el rearme europeo estimula la “renta militar”, una redistribución interna hacia activos diseñados para la destrucción. Como sentencia The Economist, “El cuerpo metaboliza su propio tejido muscular para obtener energía”.
Rusia
Fuentes de inteligencia estadounidense citadas por los medios han indicado que Putin mantiene la ambición de capturar toda Ucrania, algo muy discutible, aunque Putin ha impugnado a la Ucrania actual como “una creación de Lenin”, quien habría cedido algunas de las "tierras históricas" de Rusia: “Soviet Ukraine es el resultado de la política bolchevique y puede llamarse con razón «Ucrania de Vladimir Lenin»" (21/2/2022). Reclama para la oligarquía financiera el derecho a “corregir” el error histórico de los bolcheviques. Queda patente el carácter reaccionario y contrarrevolucionario de la ocupación militar de Ucrania por parte de Rusia.
Ucrania
Zelensky, un intérprete de los designios de la OTAN, subió al poder como el representante de una de las camarillas en que se divide la oligarquía con asiento en Ucrania. Golpeado por casos de corrupción se ha visto obligado a remover a su colaborador más cercano, Andriy Yermak, un personaje oscuro señalado insistentemente como un advenedizo: “También están surgiendo divisiones dentro de la delegación ucraniana. Un sector, centrado en Budanov, cree que los intereses de Ucrania se benefician más de un acuerdo rápido liderado por Estados Unidos (...) otro sector, aparentemente aún influenciado por el controvertido exjefe de gabinete Andriy Yermak, quien dejó el cargo en medio de un escándalo de corrupción, se muestra mucho menos entusiasta. El Sr. Zelenski parece estar equilibrándose entre ambos” (The Economist 17/2). Kyrylo Budanob. de la facción que controla los servicios de inteligencia, enfrentada a Zelensky, ha ganado peso en el último periodo. Según informa el New York Times, “En las negociaciones de las últimas semanas, los funcionarios han discutido la idea de formar una zona desmilitarizada que no esté controlada por ningún ejército, según tres personas familiarizadas con las conversaciones que solo quisieron hablar anónimamente para discutir negociaciones delicadas” (18/2). Esto sugiere que la facción de Budanov, muy cercana a Washington, está impulsando su agenda a expensas de la facción alineada con Yermak-Zelensky. Existe una tercera tendencia, vinculada al aparato militar que encabeza Valeri Zaluzhny, un general de cuatro estrellas que fue comandante en jefe durante el primer tramo de la guerra hasta su destitución en 2024. Normalmente aparece como el principal rival de Zelensky en las encuestas, a quien supera en todos los sondeos de popularidad. Un acuerdo entre las facciones de inteligencia y militar seguramente podría desplazar a Zelensky, algo que resuena con más fuerza cada vez.
Conclusión
Los exámenes de la situación mundial, en un 95 % de los casos, están regidos por la geopolítica, entendida como la visión que explica los conflictos principalmente por rivalidades entre Estados, control de territorios, recursos, esferas de influencia, equilibrios de poder, ocultando las causas profundas. Este marco distorsiona la realidad al presentar los hechos como si fueran "juegos de ajedrez" entre potencias. Ignora que la raíz de las crisis, guerras y, en última instancia, la barbarie no está en las "ambiciones" de Putin, Trump o Xi Jinping, sino en el régimen social subyacente. Pese a las apariencias, el motor real de la historia no ha cambiado, sigue siendo el conflicto entre clases sociales: explotadores versus explotados, capital contra trabajo, no entre naciones o "civilizaciones".
La geopolítica sirve de ideología encubridora: presenta la crisis terminal del capitalismo como si fuera una cuestión de malos líderes o ambiciones imperiales.
Camilo Márquez
23/02/2026
La AFA no “somos todos”
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) oficializó la suspensión de la novena fecha del torneo Apertura. Por lo tanto, no habrá futbol entre el 5 y el 8 de marzo. La medida impulsada por Tapia y el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, es una represalia por haber sido citados ambos a declarar por una acusación de evasión fiscal y retención de aportes millonarios. Aunque para la dirección de la AFA la asociación “no tiene deuda alguna exigible”, es evidente que la indagatoria profundiza la ofensiva política del gobierno sobre el futuro de los negocios del futbol. Casi en las puertas del próximo mundial la gestión de Tapia está en el peor momento de sus 8 años de gestión.
"Chiqui" Tapia intenta combinar iniciativas rabiosamente capitalistas siguiendo el modelo de la COMEBOL y la FIFA, ampliando los negocios del fútbol sumando más equipos, más campeonatos, más sponsoreo, más televisación y apuestas deportivas. Este modelo ´internacional´, Tapia lo aplica con sus propios “métodos” mafiosos.
El futbol argentino atraviesa una importante crisis. La inmensa mayoría de los clubes está quebrada; muchos de ellos, con inhibiciones por deudas impagas que ni siquiera les permite renovar sus planteles. La ampliación masiva de clubes y campeonatos en el mundo ha abierto además un importante mercado en otros continentes. Actualmente África, por ejemplo, es un importante proveedor de futbolistas. De algún modo, Argentina está cerrando la etapa de oro de exportación de futbolistas, lo que conspira con la economía de los clubes que solían “salvarse” con una venta extraordinaria que saneaba transitoriamente sus finanzas.
Así las cosas, los clubes apelan a las finanzas de la AFA. La inmensa mayoría de los dirigentes de los clubes tiene deudas con Tapia. Algunos ya tienen hipotecado el ingreso de las televisaciones por “adelantos” de la AFA. Ser opositor a Tapia equivale a quedar “sin red” y a verse perjudicado en los certámenes y en sus propias finanzas. Ser amigo de Tapia, por el contrario, trae beneficios.
Tapia gobierna la AFA con los métodos de una republiqueta, pero no se ha adaptado al esquema mundial de entrada de capitales a los clubes de fútbol, que no está referida solamente a la creación de Sociedades Anónimas, sino a variables de composición mixta entre la asociación de capitales con el “club social y deportivo”.
Los dirigentes de los clubes, hoy presionados y chantajeados por Tapia, han rechazado los ingresos de capitales y, por lo pronto, sólo pueden recurrir los “auxilios” que llegan desde la AFA. Estas “ayudas” son una especie de “deuda externa”, que para los clubes se ha transformado en algo impagable.
La “ayuda” de la AFA a través de financieras “flojas de papeles” ha llevado a los clubes a seguir con el esquema de dependencia de Tapia y por eso “acompañan” el paro patronal decretado por la dirección de la AFA. Los clubes “tapistas" se ha apresurado a emitir comunicados de apoyo para dejar en evidencia a aquellos dirigentes remisos al apoyo y que tantean como posible salida de su actual asfixia económica una inyección capitalista.
Tapia no parece tener la cintura de Julio Grondona, que sorteó a los tiempos políticos que atravesó el país -ya fueran milicos, peronistas o radicales- y parece haber elegido el camino de la confrontación y presentarse como una suerte de “perseguido político”. Pero se agotan sus tiempos.
Los logros de la Selección Argentina le están quedando lejos. Tapia no tendrá el apoyo de los campeones mundiales, quienes todos juegan en equipos que son sociedades anónimas o clubes con ingreso mixto de capitales – o peor aún, franquicias como la de la MLS norteamericana.
Las tendencias capitalistas mundiales a las sociedades anónimas están presentes, con o sin Tapia. Son tendencias más fuertes que las de un puntero político del fútbol. Después de las indagatorias posiblemente asistamos a una intervención de la AFA. Emulando a Donald Trump, se “normalizará” la asociación para abrir el camino a un “presidente" que se adapte mejor a los negocios capitalistas mundiales.
El parate del futbol del 5 al 8, a diferencia de otros paros del futbol donde estaban pendientes reivindicaciones de los futbolistas, será esta vez un paro patronal sin perspectiva alguna y profundizará aún más la crisis del fútbol argentino.
Juan Ferro
25/02/2026
martes, 24 de febrero de 2026
Los trabajadores de FATE dan la pelea
Ya transcurrieron cinco días del cierre de la planta de FATE por parte de su patronal, y de la determinación de una vanguardia de la fábrica de ocupar su predio en rechazo al cierre y a los despidos.
Desde entonces, la patronal y el gobierno han desplegado una escalada de maniobras contra los trabajadores. El propósito es desmontar la ocupación de la planta, consumar el cierre y asestarle una derrota al conjunto de la clase obrera del Neumático.
El gobierno ha dictado una conciliación obligatoria que sigue la ruta de otras “conciliaciones” recientes, en el Neumático y en otras industrias: apunta a desmovilizar a los trabajadores, mientras la patronal desconoce sus términos aparentes y prosigue con su ofensiva. En FATE, la empresa no ha tomado la menor iniciativa para reabrir la planta: adujo, primero, falta de “materias primas”, lo que los trabajadores desmintieron; la planta se encuentra en perfectas condiciones de producir de inmediato. La verdad es otra: en estas horas, la gerencia patronal está lanzada a una ofensiva de ofrecimientos económicos a los trabajadores -muchos todavía se encuentran dentro de su periodo de vacaciones- para que se desvinculen.
La patronal y el gobierno
La patronal de FATE ha protagonizado diferentes choques con los gobiernos de turno, en torno al comercio exterior (exportación-importación). Esas divergencias existen también con el gobierno de Milei. Pero a Madanes y a Milei los une un objetivo estratégico: destruir a la vanguardia de trabajadores que se ha desarrollado en FATE. La escalada de “retiros” o arreglos no tiene el propósito de reanudar la fábrica con un efectivo de trabajadores menor - el “núcleo duro” rechaza los resarcimientos. Madanes quiere consumar el cierre de FATE; el gobierno también. Por un lado, para reemplazar al personal actual por otro encuadrado en la contrarreforma laboral y sin la misma tradición de lucha. Del otro, para llevar la presión política al límite; el activo industrial de la planta no se encuentra en venta, ni hay acreedores defaulteados. Las patronales de Pirelli y Bridgestone miran con expectativa a FATE: esperan su desenlace para avanzar en su propio “industricidio”. La propaganda oficial y patronal envenena las pantallas de la tele y las páginas de los diarios culpando a los trabajadores de la crisis industrial. Esa crisis, por donde se la mire, es resultado del parasitismo capitalista: Madanes, como toda la gran patronal nacional, ha lucrado con los intereses de la deuda pública y se propone poner a la planta a producir bienes relacionados con la “energía” (paneles solares, baterías), o sea llegar a un acuerdo con los productores de China.
Los trabajadores
El “desacato” de la patronal a la conciliación es completo. La vanguardia de la lucha que el miércoles pasado se subió a los techos de la fábrica no se ha movido de allí, y lo mismo ocurre con la presencia de compañeros en el predio exterior a la planta. La directiva del Sutna se encuentra a la retaguardia, entre festivales y audiencias. Reúne asambleas erráticas e informativas, o sea sin debate ni resoluciones, ni tampoco del conjunto de las fábricas del gremio, o coordinadoras de la zona norte del conurbano.
Una parte sustancial de los trabajadores de FATE permanece a la expectativa de los acontecimientos. La gran mayoría no se ha acogido a los arreglos. Muchos compañeros se acercan a la planta ocupada. Está ausente un camino de lucha que envuelva al conjunto del sindicato del Neumático. O los trabajadores quiebran la voluntad de cierre de la patronal por la vía de la ocupación y de la lucha, o la patronal cierra y despide a los 920 efectivos y al conjunto de los tercerizados.
El reclamo por la reapertura de FATE no puede quedar en la denuncia del “no acatamiento de la conciliación” por parte de la patronal, cuyo plazo, por otra parte, es de diez días.
En momentos en que la patronal está empeñada en dividir con maniobras a la base de trabajadores, se impone la convocatoria a una asamblea general de trabajadores del Neumático en las puertas de FATE; acompañadas por un paro general del Neumático garantizado con piquetes en las tres plantas. La decisión de la base de volcarse a la ocupación no ha sido una suma de actitudes individuales - es una consciencia colectiva y responsabilidad de la dirección. Un plan de lucha del Neumático, resuelto en asamblea general, puede convocar y conquistar el apoyo y piquetes de las fábricas de la zona, de las otras fábricas del grupo, como Aluar, y de toda la clase obrera.
La primera gran batalla contra la reforma laboral se libra en San Fernando.
Comité de Redacción Política Obrera
23/02/2026
Galeno ART: cierre y despidos
Luego de que Galeno no presentara el plan de regularización exigido para revertir un déficit de capital mínimo de $ 12.954 millones, la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) sentenció la disolución de la empresa aseguradora. Mediante la Resolución Sintetizada 56/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, se resolvió la disolución automática y la liquidación forzosa de los bienes de la aseguradora de riesgos del trabajo, que había comenzado a operar en el año 1996.
El grupo liderado por Julio Fraomeni inició a finales del 2025 un proceso de liquidación que terminó de efectivizarse con la revocatoria de su autorización para operar por la SSN.
La caída en desgracia de Galeno se da en un marco de record de juicio laborales, que en 2025 superó holgadamente los 130.000, dando cuenta de las condiciones de higiene y seguridad de las fábricas y lugares de trabajo. En 2017, cuando también se registraron más de 130.000 juicios, el gobierno de Mauricio Macri, con el aval de la UIA y de la burocracia sindical, reformó la Ley de Riesgo del Trabajo fijando parámetros para las indemnizaciones y dispuso la creación de un Cuerpo Médico Forense en cada provincia, pero en la práctica no han sido puestos en funciones, una de las demandas de las ART, y denuncian, en términos de sus intereses, un “abuso” de los peritos judiciales que establecen los porcentajes de incapacidad en los juzgados laborales. Desde la Unión de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (UART), Mara Bettiol, presidente de la cámara empresarial señala que "el Sistema de Riesgo del Trabajo tiene una ley que acaba de cumplir nueve años de vigencia y el Poder Judicial no la cumple. La ley obliga a que el Poder Judicial conforme los cuerpos médico forenses". Al día de hoy las ART le dan cobertura a más de 10 millones de trabajadores en todo el país.
En este cuadro de situación, las ART miran de reojo la contrareforma laboral, ya que, especialistas en la materia señalan que de la ley se desprenden “ambigüedades” en algunos artículos, como los relacionados con la eliminación de incentivos para la registración y la precarización de cálculos indemnizatorios que generarán un gris que terminará resolviéndose en los tribunales, incrementándose la litigiosidad. Desde las ART claman para que la reforma laboral incluya medidas que terminen con “el flagelo de juicios por riesgos del trabajo". Desde LPO señalan que “una de las ART líderes se contactó con Federico Sturzenegger y decidieron abortar las negociaciones cuando advirtieron que le habían dado la idea al ministro para desregular también a las ART y quitar su obligatoriedad. ‘Las ART ya fueron’, fue el mensaje que se escuchó en el Ministerio de Modernización” (LPO, 19/2). Ante la avanzada “modernizante” de los liberticidas contra las condiciones de trabajo, para terminar con la mercantilización de la salud de los trabajadores es imprescindible un seguro del Estado bajo control de los trabajadores, por medio de comisiones obreras electas y con derecho a veto sobre condiciones laborales. A su vez, la cuestión seguridad e higiene debería formar parte de las paritarias, por medio de representantes electos por los trabajadores. La mejor “ley” sobre enfermedades y accidentes laborales en la historia argentina fue la paritaria y la huelga general de 1975. Allí, se impusieron en los convenios de ese año, las mejores condiciones laborales de la historia de la clase obrera argentina: la protección a la salud de la mujer, el reconocimiento de los certificados médicos de los trabajadores y las cláusulas gatillo frente a la inflación; además, se le impusieron a las patronales normas de seguridad que reducían accidentes. Desde la dictadura militar, pasando por los sucesivos gobiernos sólo se actuó destruyendo los convenios del ’75.
Lucas Giannetti
22/02/2026
Sáenz, un promotor público de la contrarreforma laboral
Oculto detrás del poncho, Sáenz se confiesa más papista que el papa, aunque de todos modos resulta por lo menos confuso, para una parte de los trabajadores, porqué los legisladores salteños que responden al saencismo critican la ley, pero de todos modos la aprueban.
Ya en la sesión de senadores de la semana pasada, la representante de Sáenz y de los capitales mineros, Flavia Royón, había votado a favor del proyecto de ley criticando la ley. Dijo en su alocución que: "con esta reforma no se solucionan los problemas y tampoco se genera empleo". Votó a favor pero también cuestionó el Fondo de Asistencia Laboral, que representa un vaciamiento a los recursos previsionales, un punto de apoyo para una nueva privatización de las jubilaciones. En sus términos, representa un golpe a la recaudación del estado y en particular de las provincias. El mandato del gran capital es superior, ya que, "las reglas claras" que le atribuye a la contrarreforma laboral son la luz verde para que las patronales impongan condiciones de mayor precariedad contra la clase obrera para abaratar sus costos, sobre todo las empresas mineras, que en Salta gozan de un régimen de tercerización que las exime de responsabilidades patronales. Cuando se produjo la crisis del artículo 44, que ingresó por la ventana al proyecto de contrarreforma laboral, Sáenz, y después Royón, esperaron a que el gobierno nacional aceptara quitarlo del articulado para recordar que descontarles el salario a los trabajadores que solicitan licencias por enfermedad y accidentes no sería "saludable".
Públicamente el gobernador de Salta salió al rescate de la Ley, justificó el conjunto del articulado reaccionario y antiobrero en nombre de retirar el artículo 44. La abolición de la jornada de 8 horas y la eliminación de las indemnizaciones no serían un problema para Sáenz y sus legisladores.
Ya no es un secreto que el salteño se haya convertido en un pilote de la política liberticida de Javier Milei en el Congreso, como un representante de los intereses capitalistas del norte del país, una especie de caudillo federal de la burguesía. Durante la última sesión de diputados que terminó por aprobar la contrarreforma laboral, el salteño hizo gala de la arquitectura legislativa que ha conformado con el bloque Innovación Federal, que integran diputados de Misiones, San Luis, Formosa y Salta, para facilitar el quórum y luego sumar votos positivos.
En el caso de Diputados, fue Pablo Outes, exfuncionario del riñón del saensismo, quien tomó la palabra, con dificultades para hablar de hecho, para defender la contrarreforma laboral en nombre de la abrumadora precariedad laboral que reconoció existe en Salta. En su alocución dijo que el modelo de reforma que estaban votando sirve para las provincias del interior en donde el 50 % de los trabajadores está en la informalidad.
Outes se equivoca, según los últimos relevamientos oficiales, en Salta, el 60 % de los trabajadores se encuentra en la informalidad: tres mil de ellos por lo menos, son ordenanzas de escuela bajo los programas "volver al trabajo", contratos firmados con municipios, para tareas de limpieza y mantenimiento de las escuelas por $100,000; trabajadores de la salud, agentes sanitarios, enfermeros y médicos que el gobierno de Sáenz contrata como monotributistas; ocurre lo mismo con la totalidad de la planta de docentes de la UPATECO, solo por mencionar algunos en el estado.
El gobierno de Salta se valió, al igual que las patronales, de todos los mecanismos que habilitaron los gobiernos capitalistas, para precarizar a los trabajadores. Las estadísticas que usan Sáenz y Outes para justificar sus votos en el Congreso, son su propia responsabilidad. Su defensa común con el bloque de LLA de la contrarreforma laboral tiene el propósito de legalizar la situación de informalidad que antes los condenaba.
En los últimos años han crecido en Salta los accidentes laborales, sobre todo en sectores de construcción e industria; sin embargo el gobierno se jacta de haber reducido la litigiosidad. A propósito del debate de la contrarreforma laboral en el senado en diciembre pasado, Flavia Royón reivindicó que en Salta se haya incorporado a un cuerpo de médicos forenses para los juicios por accidentes de trabajo. A la senadora saencista no la entusiasma que hayan bajado los accidentes sino lo contrario, que en una tendencia al alza de los accidentes laborales, las denuncias se desmantelen antes de llegar al juicio. Entre patrones se cubren las espaldas. Anoche en la sesión, otro peronista como Outes, le revoleó el carpetazo de un juicio laboral que el saencista perdió contra un obrero, que sufrió una descarga eléctrica mientras trabajaba en su empresa de adoquines; el hombre perdió la movilidad en el 84 % de su cuerpo, Outes jamás cumplió con el pago de la indemnización. Sáenz y sus legisladores defienden la contrarreforma laboral porque representa una defensa de los intereses de su propia clase social, contra los trabajadores.
La preocupación mayor del gobernador salteño es en lo inmediato, su reelección como gobernador en dos años o eventualmente su incursión en algún cargo nacional. Con el libreto liberticida, Sáenz viaja a Nueva York la próxima semana para no perder terreno en la disputa por el protectorado de Estados Unidos sobre Argentina, sus recursos naturales y particularmente el litio.
La masa de trabajadores en Salta, los más y menos precarizados, tienen algo en común: un empobrecimiento galopante que los fuerza a recorrer una experiencia acelerada contra los gobiernos patronales. En la tierra de los autoconvocados docentes, esa profunda tendencia de lucha, tiene que discutir con qué dirección política enfrentará la próxima etapa, marcada por giros, contragiros, crisis y revoluciones.
Violeta Gil
22/02/2026
lunes, 23 de febrero de 2026
Un fallo de la corte derechista de Estados Unidos golpea el orden imperialista internacional
Desde el inicio de su segundo gobierno, Donald Trump ha convertido a los aranceles de importación en un arma de la guerra imperialista mundial. Estados Unidos no es solamente el mayor mercado internacional para las mercancías extranjeras, sino que registra también el mayor déficit de comercio exterior. La absorción de los excedentes de la producción extranjera lo ha convertido en un pulmotor de la economía mundial. El balance de estas cuentas contradictorias ha sido establecido por el incremento de la deuda pública norteamericana, que supera los 38 billones de dólares y paga intereses anuales de 1 billón. Los países con superávit comercial con Estados Unidos han financiado la salida de sus excedentes mediante la compra de la deuda estadounidense. El mecanismo de la deuda pública ha inundado a los mercados internacionales de un creciente capital ficticio, que está compuesto por las deudas públicas, por las deudas privadas que se pueden obtener ofreciendo un bono del estado, por la capitalización de los intereses de esas deudas y por las deudas generadas en cada uno de los mercados nacionales. El capital ficticio, a ojos de buen cubero, es veinte veces superior al PBI internacional, que supera los 120 mil billones de dólares.
Dicho esto, el viernes pasado la Corte Suprema de Estados Unidos declaró inconstitucionales los decretos de Trump que han impuesto aranceles extraordinarios al resto del mundo en los últimos casi diez meses. A la Bolsa de Nueva York le llevó solamente un día hacer algo parecido el 4 de abril del año pasado, al derribar una suba de aranceles fuera de toda proporción, con un derrumbe de acciones y títulos públicos, conjuntamente. Trump se vio forzado a rebobinar y bajar considerablemente las tarifas, con algunas excepciones relevantes (China, Vietnam, Brasil). El propósito de esa suba estrafalaria aranceles era reequilibrar el comercio exterior de EEUU (en especial en cuanto a manufacturas) y recaudar un dinero suficiente para reducir la deuda pública mediante el pago en efectivo de los intereses. De acuerdo a cálculos oficiales, habría obtenido un adicional de 180 mil millones de dólares en estos meses –un 80 % del aumento de la recaudación en el período-. El financiamiento del estado mediante derechos de exportación era una práctica corriente en el siglo XIX, cuando los sistema financieros e impositivos internos aun tenían escaso desarrollo. Como lo acaba de hacer valer la Corte norteamericana, sólo el Congreso tiene la facultad de legislar sobre esos derechos. Lo singular del caso no es esto, sino que esta misma Corte, con amplia mayoría de derecha y ultraderecha, no ha hecho respetar el mismo precepto constitucional cuando se trata de la guerra o de la deportación sin proceso de personas, y es responsable de la derogación del derecho al aborto, que en Estados Unidos es de jurisdicción de los estados federales. Tampoco ha intervenido para juzgar a Trump por el intento de golpe del 6 de enero de 2021, como lo ha hecho la Corte brasileña con Bolsonaro o lo acaba de hacer, a cadena perpetua, la Corte de Corea del Sur con el destituido presidente, culpable de organizar un golpe militar. En cualquier caso, la declaración de inconstitucionalidad de los aranceles de Trump habría sorprendido a la camarilla de gobierno, porque las audiencias judiciales del caso parecían indicar una tendencia a reconocer esa facultad al poder ejecutivo.
La sentencia de la Corte, obviamente, ha sido saludada por aquellos que quieren creer que Trump es una pesadilla nocturna, que se disiparía en las elecciones parlamentarias de fin de año y en las presidenciales de 2028. Frente al ‘autoritarismo’ y el estado de excepción, incluso con jueces de derecha, triunfa el estado de derecho y la división de poderes; los moros fascistas por la costa son un espejismo de políticos catastrofistas. Pero dimes y diretes aparte, la cuestión es si el imperialismo norteamericano se encuentra en declinación o no, en el marco de una decadencia histórica del capitalismo y en un período de guerra mundial. La conversión de Estados Unidos en una nación en guerra no se va a transitar en línea recta; los tropiezos, reversiones y rebeliones están claramente inscriptos en una crisis de naturaleza histórica. Trump ha sufrido un duro revés en Minnesota, y se ha visto obligado a reacomodar el juego. Es muy probable que el fallo de la Corte constituya una respuesta preventiva al intento declarado de Trump de copar la Reserva Federal. Que la oligarquía financiera norteamericana apoye el ajuste fiscal, el despido masivo de funcionarios estatales y los subsidios a las compañías de Inteligencia Artificial (algo que había empezado Biden), no significa que esté dispuesta a entregarle las llaves del Banco Central, el sistema cardíaco del capitalismo. Ni Hitler pudo lo que quiere Trump; Hjalmar Schacht, un ‘liberal’, mantuvo el control de Banco Central de Alemania (1934-39) para financiar el veloz rearme alemán con una política monetaria ‘creativa’ pero ‘ordenada”. Las contradicciones del trumpismo norteamericano son tan explosivas como infinitas.
El fallo de la Corte ha creado contradicciones insolubles en la práctica. Habilita el reclamo de la devolución de los aranceles pagados por los importadores, lo que lleva a cuestionamientos judiciales sin términos. Por otro lado, los importadores trasladaron el impuesto a sus clientes, que se cuentan por millones. La legislación arancelaria norteamericana es tan diversificada que autoriza el establecimiento de tarifas por parte del Poder Ejecutivo, por distintas razones y emergencias; los altísimos gravámenes al acero, aluminio, medicinas y otros rubros siguen en pie. Mediante la invocación a una ley de 1974, Trump ha respondido con la imposición de una tarifa generalizada del 15 %, por al menos cinco meses. Esta decisión ha desatado una crisis político comercial internacional verdaderamente inusitada y por demás explosiva.
Ocurre que esta tarifa del 15 % altera acuerdos ya firmados con una gran mayoría de países. Trump ha advertido que cualquier revisión de esos acuerdos sería declarada hostil por parte de Estados Unidos. Argentina, por caso, ha firmado un acuerdo leonino a favor de EEUU, pero que incluye el nuevo arancel general del 15 por ciento, que ahora deberá pagar. China y Brasil, dos adversarios comerciales de Trump, salen beneficiados, porque los aranceles que ahora se derogan son más costosos para ellos que ese 15 por ciento. Lo contrario ocurre con los ‘aliados’ europeos; Gran Bretaña acordó con Trump tarifas bajas, que integran el paquete derogado por la Corte, y pasará a tener que pagar el nuevo arancel general. La encrucijada política del resto del mundo es sencillamente brutal: o reclaman la vigencia de lo establecido por la Corte, que beneficia a una mayoría de otros países, o se someten a una orden inconstitucional de Trump, lo cual los convierte en semicolonias. Peor aún, debería desatar una crisis constitucional en cada país entre los poderes legislativos y ejecutivos. El Congreso de Argentina no podría aprobar el acuerdo que Milei firmó con Trump, porque sencillamente ha dejado de estar vigente. Scott Bessent, el secretario del Tesoro de Trump, ha declarado que el nuevo 15 % recaudaría la misma suma que lo que aportaron los aranceles derogados.
De las numerosas enseñanzas que se desprenden de esta crisis, hay una que prevalece: la crisis irreversible de la dominación imperialista internacional pone en crisis a los regímenes políticos de cada uno de los estados y representa un obituario para el estado de derecho que reivindica el orden capitalista. El antagonismo entre el desarrollo de las fuerzas productivas, por un lado, que solamente puede ser internacional, y los estados nacionales y las relaciones de producción capitalistas, del otro lado, ha llegado a un paroxismo histórico.
Acorralado por la crisis política norteamericana, Trump se apresta a lanzar una guerra contra Irán y el Medio Oriente.
Jorge Altamira
22/02/2026
La ley de amnistía absuelve al aparato represivo cooptado por la CIA
La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves, por unanimidad, la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, que permite la liberación de una parte de los presos políticos que permanecen detenidos o condenados.
La presidenta Delcy Rodríguez promulgó la ley dos horas después y pidió revisar los casos no contemplados en el texto para beneficiar a más personas, en un intento de lograr una absolución para los propios. “Hay que saber pedir perdón y hay que también recibir el perdón”, dijo en una alusión a un borrón y cuenta nueva para todas y todos, chavismo incluido. “Amnistía no solo para ellos, para nosotros también”, reclamó Nicolás Maduro desde la cárcel en Nueva York, según relató su hijo, Nicolás Maduro Guerra, ante manifestantes chavistas reunidos la semana pasada.
La oposición remarcó que no se trata de una amnistía verdadera. María Corina Machado declaró que no puede haber perdón sin memoria, en clara alusión a la falta de juicios y condenas de la represión por parte del gobierno. La ley fue aprobada después de semanas de discusión. Una de las disputas fue provocada por la inclusión, entre los amnistiados, de los acusados por violaciones a los derechos humanos. Esta inclusión explícita finalmente fue abortada debido a la presión internacional. La Corte Penal Internacional tiene procesos iniciados contra el gobierno venezolano. Es el mismo argumento que utilizan los genocidas de Argentina para evitar las extradiciones a Europa. En el caso de Venezuela, el gobierno español no se dio tiempo ni a respirar antes de reclamar que se le quiten las sanciones a Venezuela no bien fue sancionada la ley. El consenso internacional ya no le reclama elecciones libres al chavismo residual. Basta con que haya entregado el manejo de los hidrocarburos y esta “amnistía” que no autoriza la oposición política activa.
El otro gran cuestionamiento es el alcance para los exiliados. Esto fue salvado permitiéndoles ser representados por un abogado pero, como la ley contempla que tienen que comparecer en el país, hay duda sobre las garantías de no ser apresados cuando retornen. Además, quedan fuera de la ley los acusados que promuevan una invasión extranjera en Venezuela, en clara alusión a María Corina Machado y Leopoldo López, y el texto exige que los beneficiados “hayan cesado en la ejecución de los hechos constitutivos de delito”, una condición que deja afuera a quienes continúan su activismo desde el extranjero.
En una sincronía que parece pautada, Donald Trump le revocó el Estatus de Protección Temporal a 600.000 venezolanos exiliados y se ha apresurado a expulsarlos. Es el caso de Carlos Roberto García, exalcalde de Mérida, quien fue acusado por el gobierno de Maduro por no reprimir las movilizaciones opositoras en 2017.
Delcy Rodríguez ordenó la liberación de presos políticos desde los primeros días de ejercer el protectorado. No obstante, la mayoría recibió medidas de libertad condicionada. Hubo familiares de presos políticos en huelga de hambre hasta que se promulgó la ley. Juan Pablo Guanipa, uno de los primeros liberados, fue nuevamente encarcelado por iniciar una manifestación reclamando la liberación de la totalidad de los opositores. Por presión internacional fue nuevamente liberado y cuestionó con dureza la ley aprobada por la Asamblea Nacional, y sostuvo que no constituye una amnistía real. “Lo aprobado hoy en el Palacio Legislativo no es ninguna amnistía. Es un documento chucuto que pretende chantajear a muchos venezolanos inocentes y que excluye a varios hermanos que siguen injustamente tras las rejas”, afirmó. El opositor aseguró que la liberación de los presos políticos no constituye un acto de clemencia. “Ninguno de ellos debió estar preso”, indicó y denunció que persisten violaciones a los derechos humanos en el país. “Los centros de tortura en Venezuela siguen abiertos, cientos de venezolanos siguen en el exilio, las leyes que usan para reprimir siguen vigentes y hay decenas de oficiales de nuestra Fuerza Armada Nacional que siguen presos por alzar la voz frente al saqueo de nuestra patria”, afirmó.
La ley, compuesta por 16 artículos, no especifica de manera detallada los delitos alcanzados por la amnistía ni prevé la restitución de bienes incautados, la revocación de inhabilitaciones políticas ni el levantamiento de sanciones impuestas a medios de comunicación, aspectos que habían sido considerados en versiones anteriores.
Mientras funcionarios oficiales aseguran que cerca de 900 personas fueron liberadas en el último año, la organización Foro Penal contabiliza 450 excarcelaciones de los considerados presos políticos desde el 8 de enero. Resta todavía liberar a 644, según estos datos.
El protectorado de facto que inauguró Donald Trump el 3 de enero, lejos de abrir un período de primavera política, precisa de un reforzamiento del aparato represivo del chavismo residual, al cual tiene pensado mantener regimentado, articulándolo con la CIA.
Mantener encorsetada cualquier oposición popular al protectorado de Trump es necesario cuando, según datos de las mismas autoridades venezolanas, se espera para 2026 una inflación superior al 800 %, la deuda pública supera el 180 % del PBI y la pobreza sigue en aumento.
Aldana González
22/02/2026
domingo, 22 de febrero de 2026
Cascos Blancos argentinos a Gaza, el compromiso de Milei en la Junta de Paz
Este decimocuarto viaje es una nueva muestra de la subordinación incondicional de Milei a Trump y al criminal de guerra Benjamín Netanyahu. El mandatario argentino busca alinear a la Argentina con la política belicista y crecientemente fascistizante del presidente yanqui, pidiendo pista para integrarse activamente a su agenda internacional.
La reunión de la Junta por la “Paz”, que supuestamente trazará la hoja de ruta para la reconstrucción de Gaza, coincide con un despliegue militar estadounidense descomunal en Medio Oriente y con promesas de un ataque inminente contra Irán, una exigencia persistente del sionismo.
El formato del encuentro fue, en sí mismo, una demostración de vasallaje: Trump y sus socios se dirigieron largamente a los presentes, quienes contaron con apenas dos minutos “estrictos” (sic) para saludar y detallar cómo colaborarían con la Junta. Ni los feroces jeques árabes —expertos en eliminar opositores— ni el presidente turco Erdoğan, con miles de presos políticos en sus cárceles, se apartaron del libreto.
Sin límite de tiempo hubo presentaciones de Marco Rubio -secretario de Estado- Jared Kushner - yerno de Trump-, Steve Witkoff -enviado especial de la Casa Blanca a Medio Oriente-; del embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz; del ex primer ministro británico, Tony Blair; y del Alto Representante de la Junta para la Paz en Gaza, Nickolay Miadenov.
“La costa de Gaza tiene 42 kilómetros de longitud y podemos convertirla en una nueva Riviera mediterránea con 200 hoteles turísticos”, se ufanó el multimillonario sionista Yakir Gabay, uno de los integrantes del gobierno colonial que Trump proyecta para Gaza. La propuesta es hacer negocios con el genocidio: construir hoteles sobre los cadáveres palestinos y convertir a los sobrevivientes en mano de obra esclava.
Durante el discurso de apertura, Trump elogió reiteradamente a Milei y lo buscó entre los presentes. “¿Dónde está el presidente Milei?”, preguntó con una sonrisa antes de destacar su desempeño electoral. Y se felicitó a sí mismo por el apoyo brindado a Milei en las elecciones legislativas de octubre.
“No se supone que deba apoyar a nadie, pero lo hago cuando me gusta…”, se explayó Trump, y agregó: “Tengo muy buenos antecedentes apoyando candidatos en Estados Unidos, pero ahora respaldo líderes extranjeros. Apoyé a Orban y a este caballero, Milei, que estaba un poco atrás en las encuestas y terminó ganando de manera aplastante”. (El fascista Viktor Orbán busca su reelección en abril).
Cuando volvió a dirigirse a Orbán, Trump reiteró los elogios a Milei y destaco que Estados Unidos desembolsó unos 20.000 millones de dólares del Tesoro para “contener las turbulencias financieras” en Argentina y rescatar al gobierno de una posible derrota electoral.
Milei viajó acompañado por el canciller Pablo Quirno, mientras su hermana Karina Milei permaneció en Buenos Aires siguiendo de cerca el debate por la contrarreforma laboral en la Cámara de Diputados.
Ausencias elocuentes
A pesar de la música de los Village Voice y de Elvis, y el repugnante aire festivo de los genocidas y sus cómplices, a la fiesta de Trump faltaron muchos invitados.
Washington esperaba por lo menos que acudieran 45 jefes de estado de los 60 países invitados. Fueron 27. Se ausentaron los aliados atlánticos de Estados Unidos en la OTAN y también Japón. De Europa, solo participaron Hungría y Bulgaria, mientras que Italia se limitó a enviar un observador.
Netanyahu, que se encontraba en el congreso del AIPAC, prefirió regresar a Israel y envió a su canciller en señal de protesta por la presencia de Turquía y Marruecos, países que considera aliados de Hamas.
Por América, solo asistieron Paraguay, El Salvador y Argentina. México envió un observador.
China y Rusia no fueron invitadas, una señal inequívoca de que la Junta por la Paz funciona como un ensayo general de un nuevo bloque bélico.
Trump debió conformarse con aliados asiáticos como Arabia Saudita, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Pakistán y Qatar, pero minimizó el desaire: “En términos de poder y prestigio, nunca hubo nada igual, porque estos son los líderes más destacados”, afirmó.
Una alianza imperial
La Junta de Paz fue creada por Trump, quien se autonombró presidente vitalicio. Es el único con potestad para designar miembros y ejercer poder de veto. Aunque al principio la presentó como creada para supervisar su plan de paz en Gaza, luego amplió su alcance a otros conflictos internacionales, en un intento explícito de reemplazar a las Naciones Unidas.
Ahora dio un paso más: anunció que la Junta “va a supervisar a las Naciones Unidas y asegurarse de que funcionen correctamente” y prometió un aporte estadounidense de 10.000 millones de dólares, sin precisar su origen. También afirmó haber reunido otros 7.000 millones de dólares de países árabes y asiáticos.
Argentina fue eximida de pagar el aporte obligatorio de 1.000 millones de dólares para integrar el organismo.
Al tomar la palabra, Milei se declaró “listo” para contribuir en la etapa inicial de “estabilización” en Medio Oriente. Destacó la experiencia argentina en misiones de paz y destacó el liderazgo internacional de Trump.
Afirmó que la paz solo puede construirse sobre “derechos innegociables” como la vida, la libertad, la propiedad privada y la libertad de expresión, principios que definió como “base de la nueva política exterior argentina”.
Aunque no ofreció aportes económicos, Milei anunció el envío de Cascos Blancos -una fuerza civil humanitaria dependiente de Cancillería- y dejó abierta la posibilidad de una participación con Cascos Azules, aunque eso requeriría autorización del Congreso Nacional.
El gobierno dio un paso más de integración a la política genocida de Trump y el sionismo.
Olga Cristóbal
20/02/2026
"No son peronistas traidores, es una disidencia articulada para que salga la reforma laboral"
El gobierno logró el quórum gracias a legisladores peronistas.
La aprobación de la reforma laboral en Diputados volvió a contar, como ocurre con todas las leyes troncales del gobierno de Milei, con la colaboración de la cantidad necesaria de peronistas.
En una jornada de contundente paro nacional en rechazo a la reforma esclavista, el oficialismo pudo sesionar gracias a que dieron quórum los legisladores que responden a los gobernadores Raúl Jalil de Catamarca y Osvaldo Jaldo de Tucumán, además de los de Gustavo Sáenz de Salta, y el santacruceño Claudio Vidal que mandó a José Garrido a sentarse en su banca.
A la hora de la votación, mientras sonaban cacerolas en todos los barrios porteños luego de la represión a los manifestantes que quedaban por la tarde en Congreso, aportaron votos desde Provincias Unidas y también de La Neuquinidad.
"Nosotros no creemos en esto de los peronistas traidores. Ya son muchas veces. Esta es una disidencia articulada. ¡Hay que poner los huevos y los ovarios para salir ahora millones de argentinos contra esta reforma esclavista y contra toda la política entreguista del gobierno de Milei!".
Fue Néstor Pitrola quien, con esas palabras, denunció todo esto en plena sesión, cuando intervino para la presentación del dictamen del Frente de Izquierda en rechazo a la reforma laboral. Después de impugnar punto por punto los ataques a los derechos de los trabajadores y acusar que se empuja al movimiento obrero al siglo XIX, cuestionó también el carácter dominguero que la CGT le dio al fuerte paro nacional.
Contra ese colaboracionismo de la burocracia sindical peronista, que viene negociando solo salvar sus cajas mientras barren las conquistas obreras, resaltó la importancia de la movilización del sindicalismo combativo para abrir la perspectiva de un plan de lucha hacia la huelga general.
Romina Del Plá fue otra diputada del Frente de Izquierda que señaló, además de a quienes dieron quórum y votaron la ley, que "también son cómplices los que han permitido que avance el trabajo precario y el monotributo en el empleo público y privado, que ahora es el argumento para arrebatarle derechos a los trabajadores que han podido defenderlos".
Así, dio una significación profunda a la complicidad peronista con esta reforma antilaboral, bajo cuyos gobierno se generalizó la evasión de los convenios colectivos de trabajo y los derechos de una enorme masa de trabajadores que sufren el fraude laboral y la tercerización, que se quiere legalizar con la ley esclavista. Es por su carácter de fuerza política capitalista que el peronismo no se plantea voltear esta ofensiva del gobierno de Milei.
Como agregó también Romina, en la vereda de enfrente estamos los compañeros de Mariano Ferreyra, asesinado por una patota de la Unión Ferroviaria cuando acompañaba la lucha de los tercerizados por el pase a planta; los compañeros del Polo Obrero, que organizan la lucha contra la desocupación y la precarización laboral; y quienes avanzan con este ataque no saben que se enfrentan a un movimiento obrero que se empieza a rebelar contra semejante atropello.
Al calor de las peleas que se vienen, se va a forjar una nueva dirección política de los trabajadores, para dejar atrás las "traiciones" del nacionalismo burgués.
Prensa Obrera
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