lunes, 24 de octubre de 2022
No aceptamos que se limpien la cara con Mariano Ferreyra
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación a través de un tuit recordó a nuestro compañero Mariano Ferreyra a 12 años de su asesinato. El comunicado es un verdadero acto de encubrimiento por partida doble: del pasado y del presente. Omite que la patota sindical que asesinó a Mariano lo hizo en defensa de un negociado de la burocracia de Pedraza que a través de cooperativas se beneficiaba con los tercerizaciones, haciendo grandes diferencias con lo que pagaba a trabajadores precarizados y lo que recibía para gastos en personal, entre otros curros. Pero la burocracia de la Unión Ferroviaria no actuaba sola. Las concesiones a las cooperativas eran manejadas desde la secretaría de Transporte, desde la cúpula de Ferrocarriles Argentinos, es decir, el gobierno con sus funcionarios estaba metido hasta los pies en el negociado de las tercerizaciones.
También omite que Cristina Fernández de Kirchner avalaba fuertemente al “instigador” Pedraza, al que consideró un sindicalista modelo. En un acto, un año antes del asesinato de Mariano, junto a Moyano y acompañada por el ministro de Trabajo, Tomada, de Interior, Randazzo, y Julio de Vido, Cristina se declaró “una profunda admiradora de la organización sindical” de Pedraza. Y para completarla señaló que “hay dos gremios (…) que no están para destruir, que no están para obstruir, sino para construir (…) Entonces, mostrémosles a los argentinos (…) que lo que buscan no es imponer un modelo sindical (…) sino mejoras a sus trabajadores”. Los trabajadores precarizados que se manifestaban reiteradamente, y a los cuales Mariano apoyaba activamente, exigiendo ser contemplados en el convenio ferroviario y su efectivización como trabajadores eran la refutación de lo que dijo CFK en ese acto, mostraban la complicidad del gobierno con la burocracia patronal y explotadora. Eran la denuncia de un mecanismo corrupto al amparo del Estado que pagaron con su vida no solo Mariano sino también las 52 víctimas de la Masacre de Once en febrero de 2012.
La complicidad continuó después del asesinato en la búsqueda de la impunidad para Pedraza, en lo cual se destacó Tomada, y para evitar que los funcionarios ligados al negociado terminarán siendo juzgados. La Secretaría de DD.HH. se cuida de explicar por qué asesinaron a Mariano, en el ataque a la movilización de los tercerizados, si lo hiciera sería sin ningún tipo de dudas una autoincriminación del peronismo. Y una condena a toda la política del kirchnerismo y del gobierno del FdeT: las tercerizaciones se han incrementado, con toda la carga de precarización. Es la reforma laboral en ejecución, es la norma a la cual está sometido más del 40% de la población económicamente activa.
Seguramente la Secretaría que dirige el cristinista Pietragalla argumentará que su terreno son los derechos humanos, no los laborales. Acá también hay un pérfido encubrimiento: dicen que “el ataque contó con la complicidad de un comisario y un comisario inspector de la Policía Federal”, para ocultar que en realidad la policía federal y la de la provincia de Buenos Aires actuaron juntamente para liberar la zona y permitir la acción de la patota que atacó a la manifestación de los tercerizados ferroviarios, y a la cabeza de la Federal estaba Aníbal Fernández como ministro de Seguridad, el mismo lugar que ocupa ahora, desde el cual reprime con los métodos más bárbaros a mujeres mapuches.
La Secretaría de DD.HH. quiere usar el recordatorio de Mariano para blanquear al kirchnerismo y el gobierno de CFK por su responsabilidad en el asesinato y también para ocultar que las tercerizaciones, las patotas sindicales y el ataque a los trabajadores siguen fuertemente presentes en esta nueva versión del peronismo gobernando en nombre del FMI. Lo mismo sucede con el pronunciamiento de algunos sectores de La Cámpora. Rechazamos los homenajes del gobierno, de La Cámpora y de todos aquellos que pretendan lavarse la cara con Mariano Ferreyra. El crimen de Mariano fue un crimen contra toda la clase obrera para defender una política de ataque a los trabajadores. Las banderas socialistas que levantó Mariano en su vida son las que levantamos para terminar con un régimen que hunde a los trabajadores en la precarización, la pobreza y el derrumbe de sus condiciones vida.
Eduardo Salas
Grave: el presupuesto 2023 plantea un recorte del 15,5% para Educación
Si calculamos a precios de 2022 los fondos para el Ministerio de Educación pasarán de $870.044 millones este año a $735.467 millones el año próximo. De un total de 23 de las denominadas jurisdicciones presupuestarias, Educación está entre las seis que efectuarán mayores ajustes, superado solo por Ambiente y Desarrollo (-15,8%), Transporte (-17,3%), Salud (-19,2%), Economía (-20,8%) y Turismo y Deportes (-26,0%) (Infobae, 23/10).
El Presupuesto 2023 plantea un incremento del 54% en transferencias a las universidades nacionales con respecto al presupuesto ejecutado vigente, y con respecto a una inflación proyectada del 60%, con lo cual allí hay una disminución del presupuesto universitario. En la comisión de Presupuesto, Romina Del Plá, diputada del PO-FIT-U, exigió una respuesta sobre cómo va a resolver el Ministerio de Educación los reclamos docentes que continúan extendiéndose por todo el país y reclamó que “el Fondo Nacional de Incentivo Docente se incrementa en un 33% en el Presupuesto con una inflación del 60% proyectada, lo que constituye una disminución. Hace tiempo venimos reclamando además que se incorpore al básico, con características de salario en blanco, porque sino los jubilados no lo perciben y tenemos una disminución directa de los salarios”.
También denunció la precarización laboral a la que se ven sometidos los docentes y que las políticas del gobierno buscan reforzar: “no están garantizadas las condiciones de infraestructura ni de nombramientos docentes para llevar adelantes las jornadas completas y extendidas que el gobierno plantea y que incluyen la 5° hora en primaria, puesto que ni siquiera puede garantizarse la jornada escolar mínima, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, por la falta de espacio físico para la cantidad de estudiantes. Además los docentes que poseen dos cargos, necesarios por los salarios que se sostienen, van a tener una jornada laboral de no menos de 11 horas más el viaje al trabajo”.
Por otro lado, se incluyó un planteo defendido por Emiliano Yacobitti (PRO) que, para sorpresa de nadie, implica un ataque a la educación pública. Consiguió que se puedan deducir los gastos en educación (obviamente privada) del Impuesto a las Ganancias. Esto implica un incentivo a que más familias trabajadoras se vuelquen a pagar por la educación primaria, secundaria y universitaria, ya que el límite de edad para que los padres puedan deducir la educación de sus hijos será a los 24 años (Prensa Obrera, 21/10). Nada nuevo de parte del vicerrector de la UBA que negoció con Massa un recorte en la partida para las universidades nacionales.
Ante el ataque a la educación por parte de oficialistas y opositores, queda planteada su defensa en manos de docentes, estudiantes y familias. Esas luchas estarán presentes en los actos del Partido Obrero.
Prensa Obrera
sábado, 22 de octubre de 2022
Falleció el Dr. Antonio Elio Brailovsky
Antonio Elio Brailovsky era Licenciado en Economía Política, especialista en Medio Ambiente y docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Universidad de Belgrano.
También se desempeñó como Profesor Invitado en las Universidades de Salta, La Plata, La Matanza, Río IV, Mar del Plata, San Martín y San Andrés en Argentina; en las Universidades Ezequiel Zamora, José Antonio Páez y Pedagógica de Maracay en Venezuela, y en las Universidades: Nacional Sedes Medellín y Maracay, Central de Bogotá y Surcolombiana de Colombia.
Brailovsky fue Convencional Constituyente de la Ciudad de Buenos Aires, rol desde el cual escribió los textos básicos para el capítulo ambiental de esa Constitución. Como Defensor Adjunto, estuvo a cargo de la primera Defensoría del Pueblo Ambiental del mundo en la Ciudad de Buenos Aires.
Autor de decenas de obras de investigación en temas ambientales y de narrativa. Algunos de sus libros son: Memoria Verde: Historia ecológica de la Argentina; Historia ecológica de Iberoamérica; Buenos Aires, ciudad inundable; Historia Ecológica de la Ciudad de Buenos Aires; Ésta, nuestra única Tierra; La ecología en la Biblia; Mariano Moreno, tiempo de opresión.
Brailovsky padecía cáncer. Al momento de su muerte se encontraba con su esposa en su vivienda ubicada en la localidad bonaerense de Pehuajó.
Durante varios años tuve el privilegio de contarlo como columnista en temas ambientales y de ecología en el programa “Metrópolis” que se emite los martes de 21:00 a 22:00 por FM La Boca (90.1). Aquí reproduzco una de las últimas entrevistas que hicimos en el Día Mundial del Medio Ambiente
El mundo está avanzando en las peores decisiones energéticas
-Doctor, he leído por ahí algo que lo toca de cerca, que avanza la mega obra para reducir la contaminación del Riachuelo.
-No, no es reducir la contaminación del Riachuelo, es cambiar la contaminación de lugar, que no es exactamente lo mismo.
-Ya me parecía cuando vi ese título.
-Es decir, la contaminación del Riachuelo es algo muy visible que está ahí nomás. Lo que están haciendo es un caño muy grande para enviar las cloacas y las descargas industriales sin tratar, lejos, río adentro. El problema es el cambio climático, es decir, el Río de la Plata es un estuario, esto significa que el agua vuelve con las mareas. Además, que con el cambio climático está ascendiendo el nivel del mar, está ascendiendo el nivel del río, por lo que va a volver mucho más frecuentemente. Vamos a tener más sudestada y durante cada vez más tiempo la contaminación del Riachuelo va a apuntar hacia las tomas de agua. De modo que es bastante peor que escupir para arriba.
-¿Por qué hacen esto? Parece irracional como lo plantea usted.
-Depende para quién. El problema es que en la medida en que los funcionarios no son demasiado idóneos y no hay demasiado control las obras públicas las terminan decidiendo los contratistas. Al contratista lo que le interesa es un inmenso consumo de cemento y una obra inmensa, cuanto más grande mejor. Más allá de que sea útil el problema es la falta de control de lo que se va a hacer, de evaluaciones de impacto ambiental y demás.
-Yo no sé si sigue integrando usted esta suerte de comisión asesora que se había conformado en algún momento. Pero si deciden hacer una obra de esta naturaleza, una inversión importantísima, ¿los que se supone que son expertos en el tema son consultados?
-Definitivamente no. Aparecen los proyectos y uno supone que los hacen los contratistas, los que van a ganar las licitaciones. No me pregunte cómo saben que van a ganar una licitación antes de ganarla, porque eso ya hace al folclore de la picaresca criolla.
-Bien, quiero que conversemos un poco acerca de la aprobación del trigo HB4, porque eso ha generado numerosos debates. Uno de los aspectos que genera discusión es su resistencia al glufosinato de amonio, herbicida que es más tóxico que el glifosato, pero los que están a favor de la aprobación del trigo HB4, lo consideran un punto menor. Sin embargo, la empresa Bioceres en las presentaciones de sus productos dice lo contrario. ¿Cuál es su evaluación respecto de este tema?
-Argentina tenía y tiene muy buen mercado del trigo tradicional, no necesita trigo transgénico. Han dicho que le ponen resistencia a las sequías y demás, pero lo importante es que tiene resistencia a un herbicida que se supone matará al resto de las malezas. Herbicida vendido por empresas asociadas, entonces la cosa es vender las semillas y el herbicida.
El problema es que cuando uno entra en la hoja de seguridad del herbicida, del glufosinato de amonio, que lo fabrica la empresa BASF, una química internacional, uno empieza a mirar toxicidad en ecosistemas no se sabe, toxicidad a largo plazo no se sabe, capacidad para producir cáncer no se sabe, capacidad para nacimientos deformes no se sabe. Se sabe en aquellos aspectos que se sabe, ya sea toxicidad pura, cuánto hace falta para matar a alguien, eso está investigado. Efectos a largo plazo, si provoca cáncer, si provoca nacimientos deformes no se sabe.
Ahora el nivel de irresponsabilidad que significa aprobar que algo se tire masivamente en los campos, no que se haga en un laboratorio, sino que se tire a campo abierto en cientos de miles de hectáreas, algo cuyas consecuencias no se saben, encima una de las pocas cosas que sí se sabe es que es muy peligroso para la vida acuática. En ningún lugar dicen a qué distancia de los cursos de agua hay que fumigar.
Los funcionarios y los empresarios están desesperados porque haya dólares, les han dicho que esto trae dólares y no han preguntado más. A la población se le vende publicidad entonces la gente cree saber algo porque le entregan la publicidad de la empresa. Por supuesto un canal de televisión donde avisan las empresas que invierten en esto dirán que esto es una maravilla, llamarán a un supuesto especialista que lo defienda. Pero a mí me parece realmente muy peligroso, por un lado, aplicar masivamente un herbicida cuyas consecuencias sobre el medio ambiente y sobre la salud pública no se conocen.
-¿Qué significa que es un herbicida más tóxico que el glufosinato?
-Que cantidades más pequeñas provocan más daño. La toxicidad de un producto se mide por la cantidad que puede hacer daño. El glifosato se necesita más para dañar. Esto para producir el mismo daño lo hace con menos cantidad.
-Pero digamos, ¿ya conocemos cuáles son las consecuencias de la aplicación del glufosinato?
-Sí, absolutamente.
-Eso está estudiado.
-El glufosinato de amonio, hay un montón de precauciones extremas que hay que tomar cuando se aplica. Esa parte es la que está estudiada, la que se sabe que llaman los médicos intoxicación aguda. El problema es la intoxicación a largo plazo, es decir, con cuántos poquitos a lo largo de cuánto tiempo la gente va a desarrollar cáncer. Esa cantidad de poquitos y de tiempos no se sabe. Tal vez no haya mucho interés en investigarlo, claro.
-Lo quiero llevar a una problemática ajena hasta cierto punto, porque se desarrolla en otra parte del mundo que es el conflicto en Ucrania. ¿Cómo incide ese conflicto en la contaminación atmosférica causada por combustibles fósiles? Y, ¿en qué medida afecta la preservación del planeta, por lo menos el objetivo de eliminar para el 2050 la totalidad de las emisiones de carbono originada por carbón, petróleo o gas?
-Por un lado, hay que tener en cuenta que los peores contaminantes existentes son los explosivos, es decir, no son solamente los gases de efecto invernadero como los caños de escape de los automóviles, sino que cada explosivo que tiran son gases que afectan la atmósfera y el clima.
Por otro lado, esta guerra ha servido como pretexto para que se disparara una estampida de proyectos gasíferos carboneros y petroleros en todas partes. Con la idea de ‘vamos a bloquear a los rusos’ y la única manera de bloquear a los rusos es producir más allá y postergar todos los proyectos climáticos.
-Un buen ejemplo de eso sería Vaca Muerta.
-Sí. Y un pésimo ejemplo serían los proyectos de exploración y explotación de petróleo en el Mar argentino donde también en ambos casos se incursionan en tecnologías peligrosas. Una cosa es sacar petróleo a pocos metros del suelo, en el caso de Comodoro Rivadavia, o como se hacía hasta ahora en el mar, sacar petróleo a 200 metros de profundidad, y otra cosa es sacar petróleo o gas a 3.000 metros donde la empresa que lo haga no tiene ningún control con lo que está pasando, y no tiene ninguna manera de reparar un accidente si ocurre. Así que lo que se está haciendo es avanzar en las peores decisiones energéticas.
Mario Hernandez | 22/10/2022
El “Alfa”, Alberto Fernández y el “honor” de los que le roban al pueblo para pagarle al FMI
En las últimas horas la vocera presidencial Gabriela Cerruti anunció que el gobierno le iniciaría acciones legales… ¡a un participante de Gran Hermano! Quien recibiría la denuncia es “Alfa”, un hombre que asegura “tener conexiones” dentro del régimen político, y que montado en esa presunta autoridad de palabra comentó en una charla con otra participante que conocería a Alberto Fernández y que “lo habría coimeado” varias veces.
Si bien los vínculos del “Alfa” con los personeros del régimen político no están del todo claros (aunque se lo puede ver en fotos con Reutemann o Menem), una eventual denuncia concretaría un hecho muy grave. El gobierno estaría avanzando en una censura contra una denuncia por corrupción, por incompleta o inconsistente que sea. El abogado al frente de las acciones legales, Gregorio Dalbón, las presentaría bajo el alegato de “dañar el honor” del mandatario. Esto cuando el presidente viene de jactarse hace solo unos días en el Coloquio de Idea de haber sido el que “logró” el acuerdo con el FMI y el que viene desarrollando su programa de ajuste. ¿Buscan preservar “el honor” de los que saquean las cajas de los jubilados para pagar la deuda, los que someten a la tercera edad y a la población trabajadora más empobrecida a una vida de indigencia o ajustan a las infancias? ¿De qué honor habla Dalbón para defender a un gobierno que convalida una de las mayores estafas contra la Argentina?
Cerruti decía a su vez que Fernández hizo de la “transparencia” un signo distintivo de su gestión, lo cual es falso. Su gobierno está salpicado por hechos concretos, quizás siendo el más recordado el vacunatorio VIP, agravado por la confirmación de que mientras la policía mataba pibes en los barrios por violar la cuarentena él hacía reuniones sociales en Olivos. O la corruptela que estalló ni bien asumido su gobierno por irregularidades en la provisión de alimentos a los comedores populares.
De hecho, el vínculo del “Alfa” con funcionarios menemistas puede dar mucho que hablar. Alberto Fernández, como la mayor parte de los integrantes del gobierno del Frente de Todos, fue funcionario en la “década infame” de los ’90 al frente de la Superintendencia de Seguros de la Nación, y es uno de los principales acusados del desvío millonario de fondos del Instituto del Reaseguro que debía supervisar como integrante de su directorio en beneficio de empresas privadas de seguros. Esto fue revelado en 2004 por el periodista Julio Nudler, de Página/12, que denunció luego una censura por parte del diario, lo que hizo un fuerte eco en el ámbito periodístico. El denominado “Caso Nudler” despertó un malestar entre los trabajadores de prensa, que pusieron sobre el tapete muchos casos de censura de las patronales de los medios a distintos trabajos de investigación y artículos.
Entonces, la intención de Cerruti y el gobierno de presentar a Fernández como un adalid de la “transparencia” y exonerarlo de cualquier caso de corrupción es otro capítulo del mismo cuento. El alcance de las palabras del “Alfa” todavía están carentes de comprobación, claro. Pero lo que es seguro es que estamos frente a un hecho que detrás de su ridiculez encubre un propósito grave. Todo el régimen político heredero del menemismo que nos gobernó en las últimas décadas no solo es responsable de largos años de hambre popular, sino también de hechos escandalosos de corrupción, de censuras y persecuciones para barrerlos bajo la alfombra.
Manuel Taba
Juicio por la Masacre de Wilde: los testimonios
El Tribunal Oral en lo Criminal 3 de Lomas de Zamora continuó el miércoles y jueves con las rondas de testimonios en el juicio por la Masacre de Wilde, ocurrido en enero de 1994. Los testigos dejaron en claro no solo la responsabilidad de la policía de la brigada de Lanús en el asesinato de las cuatro personas que iban en dos autos sino que también salió a la luz el intento de la propia brigada en encubrir esta masacre.
El testimonio de Jorge Guzmán, un hombre que el 10 de enero de 1994 estaba almorzando junto a su esposa en una parrilla en la localidad de Wilde, fue quizás uno de los más importantes hasta ahora. Entre otras cosas, el testigo detalló que vio gente disparando desde un auto, “muchas” personas vestidas de civil, y un arma que se intentó “poner” en las manos de una de las víctimas (Norberto Corbo) cuando el mismo estaba herido en el suelo. Señaló que vio como las personas de civil comenzaban a juntar las vainas luego de la balacera.
Otros testimonios dejaron en claro que Norberto Corbo y Correa (ambos asesinados) eran remiseros contratados para ir hasta Wilde y Punta Lara respectivamente, y no tenían antecedentes delictivos. El primer informe oficial señaló que había sido “un operativo de prevención del delito” contra “un grupo armado” que había asaltado una sucursal bancaria y se había “enfrentado a tiros” con la policía.
El testimonio de Marcos Ariel Rodríguez (uno de los 7 policías imputados) dejó en claro cómo es el funcionamiento de las brigadas distritales de la policía: la actuación sin unifocrme, con autos de civil, son moneda corriente en el desarrollo de sus tareas policiales. La prevención, según señala Rodriguez, “no es tarea de las brigadas y sí de las comisarías”, contradiciendo los primeros informes que brindó la policía luego de la masacre donde se señalaba que los 11 policías de la brigada salieron a realizar “tareas de prevención” y luego confirmados por la defensa de los 7 policías que señalaron en la primera jornada del juicio que “estos policías solo salieron a patrullar una zona en prevención de delitos”. La realidad es que las brigadas de civil protagonizaron una verdadera emboscada y dispararon al menos 300 tiros contra los dos autos.
Marcos Ariel Rodríguez estuvo 20 años prófugo. Aseguró a jueces que no participó del hecho, y sufrió amenazas que lo obligaron a irse a Córdoba y nunca supo que lo buscaban. Situaciones estas de las que no dan crédito los familiares.
La liberación de las zonas, el espionaje y el fusilamiento, para luego disfrazarlo de enfrentamiento entre “delincuentes” y la policía, son recursos que se repiten en los casos de gatillo fácil. No hay nada nuevo bajo el sol. Hasta el día de hoy, y luego de cuatro jornadas de testimonios, no hay ninguna prueba de que aquel 10 de enero de 1994 haya existido un enfrentamiento. Las familias exigen no solo conocer “quién mató a quién” sino que además exigen que se “saque el velo a la corrupción policial entrelazada con la corrupción política y judicial”.
La tercera y cuarta jornada del juicio por la masacre de Wilde dejó al descubierto como actuó, y actúa, el aparato represivo estatal. La actuación de civil de estas bandas mafiosas contra los trabajadores y la juventud (como el reciente caso de Lucas Gonzales) pone de manifestó la incompatibilidad de la organización de la seguridad de la población y el régimen que enmarca la actuación del aparato represivo del Estado.
Justicia por las víctimas de la masacre de Wilde, el Estado es responsable.
Lucas Benvenuto
21/10/2022
A espaldas de la docencia se discute una reforma laboral y educativa
El 11 de octubre, la CTERA y otros sindicatos docentes nacionales concurrieron al ministerio de Educación para comenzar a debatir un borrador de un “Convenio Colectivo marco” y “elaborar una normativa que sirva de piso para los derechos de las y los docentes de todo el país”. Se informa de la existencia de “distintos materiales” cuyo contenido no es conocido por absolutamente ningún docente en el país. Bajo esta burocrática metodología, habrá una nueva reunión el 2 de noviembre.
La realidad es que las condiciones laborales de la docencia ya están siendo objeto de permanentes contrarreformas, comenzando por CABA, que pasan bajo la relajada mirada de la UTE y CTERA. Trabajar los sábados, enseñar ‘educación financiera’, hacer pasantías en empresas, cambios en el escalafón, licencias y la lista sigue. Bajo el gobierno de Macri se impulsó el ‘Plan Maestro’ que fue aprobado por todos los gobernadores en el Consejo Federal de Educación para convertir a la educación en una plataforma de pseudo capacitación laboral. Se implementaron las antieducativas evaluaciones estandarizadas “Aprender” que perduran y se aplicaron este año.
El reciente coloquio patronal de IDEA lanzo un mensaje claro sobre la educación: “la necesidad de incentivar la articulación entre el sector privado y público para que los jóvenes terminen la secundaria con las capacidades necesarias para el mercado laboral. Allí se mencionaron los casos de Toyota y Natura como ejemplos de involucramiento de las empresas en la educación y se remarcó la necesidad de crear carreras más cortas, fortalecer los oficios y profundizar las capacitaciones de upskilling dentro de las compañías” (Infobae, 14/10). Devaluar conocimientos para generar una fuerza de trabajo barata y precarizada, que es lo que plasma en todas las reformas curriculares y académicas.
Se ha comenzado a implementar la 5ta hora en la escuela primaria, en provincias enteras como Tucumán, y en forma parcial en otras. El cambio no apunta a mejorar la actividad pedagógica porque se hace en edificios que se caen a pedazos, con pésimos servicios alimentarios, en condiciones de hacinamiento y con salarios docentes bajísimos. Es por ello que la propia implementación de esta reforma ha enfrentado resistencias y no llegó a efectivizarse. El cambio apunta a adecuar la escuela pública a otras reformas laborales en el mundo del trabajo, con la mira puesta en una mayor extensión horaria de la jornada.
Los estatutos docentes provinciales son objeto de permanentes ataques que, si bien en algunos casos no llegan a alterar el texto de la ley, se imponen de hecho. En Buenos Aires, por ejemplo, proliferan las contrataciones a docentes que desconocen por completo el Estatuto (FINES, ATR, FORTE, etc). También se pretende modificar el régimen académico, en sintonía con una devaluación completa de los conocimientos impartidos en la secundaria. El SUTEBA ha dado el beneplácito a la eliminación de la formación básica en arte (FOBA) que ha generado un enorme movimiento de lucha docente y estudiantil.
Sin dudas, la pulverización del régimen previsional docente está en la mira permanente del FMI y, por lo tanto, del gobierno y la burocracia sindical de Yasky y Baradel que se reunió en sigilo con el embajador norteamericano Stanley. La docencia conquistó con la lucha el 82% móvil. Al inicio del gobierno de Alberto Fernández, se insinuó una posible reforma bajo el cuento de ser una “jubilación de privilegio” que se frenó ante un gigantesco repudio de toda la docencia. El FMI apunta, sin embargo, a disolver estos regímenes, aumentar la edad jubilatoria, imponer una prestación jubilatoria mínima de indigencia y dar paso a la privatización de las jubilaciones. Luego, los acuerdos paritarios nacionales lo único que logran es consagrar cifras “no remunerativas” que no se consideran para las jubilaciones. Los docentes bajo régimen jubilatorio nacional reciben solo dos actualizaciones en el año.
El secretismo de la burocracia sindical anticipa que este “convenio colectivo marco” apunta, como mínimo, a oficializar estas y muchas otras contrarreformas laborales y educativas que la docencia viene enfrentando provincia por provincia, en forma aislada. La CTERA aísla estas luchas, pero no tiene empacho en ponerle la firma a posibles acuerdos colectivos nacionales sin mandato alguno.
Las condiciones laborales de la docencia solo pueden ser defendidas mediante la lucha y la puesta en pie de un congreso de bases que elabore un programa para la educación sobre nuevas bases sociales.
Emiliano Fabris
21/10/2022
viernes, 21 de octubre de 2022
El kirchnerismo reivindica las jubilaciones de miseria
Para la titular de la Anses, la camporista Fernanda Raverta, las jubilaciones están holgadamente por encima de lo que se necesita para vivir.
En la Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional -que trató el Proyecto de Presupuesto 2023 que ya tiene dictamen y que será aprobado por los bloques mayoritarios en el recinto el próximo martes 25 de Octubre-, la diputada por el Partido Obrero-FITU Romina Del Plá intervino señalando la desesperante situación que atraviesan las y los jubilados en nuestro país, toda vez que el haber mínimo se encuentra por debajo de la línea de indigencia, y que, aún con el “bono extraordinario” que el gobierno nacional ha decidido pagar frente a la galopante inflación, es indisimulable el ajuste brutal y su consecuencia en un deterioro de las condiciones de vida de las y los adultos mayores.
Del Plá remarcó la presentación de cuatro proyectos impulsados por el bloque del PO-FITU y de trabajadores sobre regímenes jubilatorios, que implican una mejora sustancial tanto de los haberes jubilatorios como de la forma en la que se liquidan los mismos, e hizo hincapié en la necesidad de aplicar el 82 % móvil para las y los jubilados.
Sin embargo, lo que resulta evidente para cualquiera, es decir, que con jubilaciones de $43.000 no alcanza para vivir, no solo fue negado por la titular de la Anses sino que, incluso, reivindicado. En la presentación, Fernanda Raverta afirmó que la canasta básica total por adulto, a septiembre del 2022, fue de $29.546; por lo tanto, la jubilación mínima estaría por encima de lo que necesita un jubilado para vivir.
Para la titular de la Anses, a los casi 5 millones de jubilados que cobran el haber mínimo les alcanza (¡y sobra!) para vivir dignamente. Una provocación para el conjunto de las y los jubilados que vienen reclamando una recomposición inmediata de sus haberes. La exposición fue criticada por la diputada Romina Del Plá por tener “un grado de cinismo intolerable que expresa la realidad paralela en la que está sumergido el gobierno nacional, que cree que un jubilado puede vivir con jubilaciones de miseria”.
Es que la realidad es bien distinta a lo que plantean las filminas que presentó Raverta. En los últimos días, la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires difundió su estimación del costo de la canasta básica del jubilado para septiembre, la cual ascendió a unos $151.579, una cifra ninguneada por la propia Raverta, que la calificó de “subjetiva” y “deseada”, diciendo además que no puede considerarse como estimación real. De lo que no pudo dar cuenta la funcionaria es que el monto de la Defensoría de la Tercera Edad equivale a más de tres veces la jubilación mínima (sumando el bono esporádico decretado), y de que aquel creció en los últimos seis meses un 55,9%, cuando la actualización del haber mínimo fue en ese tiempo de apenas un 35,7%.
Cuando parecía que más bajo no se podía caer, la propia proyección del gobierno demuestra que -según la Oficina de Presupuesto del Congreso- en pesos constantes el gasto en jubilaciones y pensiones es hoy un 17% menor a 2017 y que el presupuesto 2023 contempla una caída respecto del presupuesto actual. Además, importa resaltar que en la proyección del presupuesto 2023 lo que más aumenta es la PUAM, con un 19,7% de crecimiento interanual, lo que expresa cómo se está condenando a millones de jubilados y jubiladas al 80% del haber mínimo. Se trata de un ajuste en regla, mientras aumentan los gastos para el pago de los intereses de la deuda externa.
Queda claro que el gobierno defiende jubilaciones de miseria y un presupuesto nacional a medida del FMI. La exposición de la funcionaria tuvo como objetivo intentar disimular la profundización del ajuste contra las jubilaciones y contra las y los trabajadores que viene desarrollando el gobierno del Frente de Todos, de la mano del FMI, que tiene en agenda una nueva reforma previsional, aún más reaccionaria y confiscadora. La orientación antiobrera del presupuesto se ve plasmada también en las migajas que el gobierno destina a las jubilaciones, lo que lo convierte en absolutamente invotable para cualquiera que defienda los intereses populares, y desnuda el carácter patronal de todo el FdT, incluido el kirchnerismo.
Abajo el ajuste contra los jubilados. Luchemos por jubilaciones equivalentes al costo de vida y que estén indexadas a la inflación, así como por el 82% móvil y la restitución de todos los aportes patronales.
Cecilia De
El bono “para indigentes” deja afuera a los indigentes
Después de dos meses de largado el famoso “dólar soja” que iba a financiar un bono para la población vulnerable, el gobierno dio a conocer los requisitos para cobrarlo. Pues bien, se establecen condiciones tan restrictivas que el universo de potenciales beneficiarios se reduce a la mínima expresión. Han armado un bono a la medida del ajuste impuesto por el FMI.
No se puede tener trabajo registrado, ni siquiera como monotributista (aunque estar inscripto en el monotributo tampoco implique estrictamente estar trabajando). No se puede tener jubilaciones ni pensiones. Tampoco prestación por desempleo, ni beca progresar, ni asignación por embarazo. Tampoco estar cobrando la asignación por hijo ni ningún programa social.
Como si esto fuera poco, cruzarán el padrón con quienes son propietarios de automotores, motocicletas o inmuebles, como si la sola posesión de un inmueble asegurara una fuente de ingresos para poder subsistir. Agravando las condiciones, no podrán cobrarlo quienes estén bancarizados, incluso con billeteras virtuales, que son de amplia circulación en los barrios populares a falta de cuentas “formales”. En el caso de los jóvenes cruzarán los datos de todo el grupo familiar.
Las condiciones dejan afuera del cobro a gran parte de la población que no tiene para comer, puesto que una familia necesitó en septiembre 56.732 pesos para no ser indigente. Las prestaciones con las cuales se cruza el programa, como el Potenciar Trabajo, son muy inferiores a esa suma. Por ejemplo, si se sumara el cobro del Potenciar Trabajo al del bono, no se llegaría entre los dos a cubrir la necesidad de alimentación de una familia. Lo mismo, se suman requisitos que no tienen nada que ver con el nivel de ingresos, como la exclusión de billeteras virtuales o la inscripción en el monotributo. Lo mismo ocurre con la propiedad de motocicletas cualquiera sea el modelo, que están muy extendidas en las barriadas del interior frente a la falta de transporte público.
Por el dólar soja, el gobierno emitió para pagarle a los sojeros casi 600.000 millones de pesos. Pero cuando se trata de la población que no tiene para comer, restringe al mínimo el cobro de manera tal que deja afuera a millones de familias en la indigencia. El bono está adaptado a las exigencias ajuste del FMI, y en línea con la nueva ministra de desarrollo Social, Tolosa Paz, que trata de vagos a los desocupados, y deja sin asistencia la enorme proliferación de familias que concurren a los comedores populares de todo el país, muchísimos con niños en edad escolar.
El día del anuncio, desalojaron con represión en el barrio La Resistencia de Merlo y a los municipales de Moreno. Todos por debajo de la línea de pobreza e indigencia.
Rechazamos esta nueva burla al pueblo y seguimos reclamando trabajo genuino, apertura universal a la inscripción de los programas sociales, y un salario mínimo de emergencia acorde a la canasta de pobreza, hoy en 128.214 pesos.
Juan García
El informe de Unicef sobre el ajuste contra las infancias en el Presupuesto 2023
Las infancias son las más atacadas por el ajuste fondomonetarista.
Según un documento de Unicef presentado por un miembro de ese organismo en la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados, el Presupuesto 2023 fondomonetarista elaborado por el gobierno del Frente de Todos contempla un ajuste en las políticas que tienen que ver directamente con la vida de las infancias. Esto, en un país donde más de la mitad de los menores de 14 se encuentra bajo el umbral de la pobreza.
El informe indica que el presupuesto transversal 2023 para la niñez se reduce interanualmente un 0,2% del PBI y casi un 15% si se lo compara con el panorama inflacionario que se espera para 2023. Estos recortes impactan en la oferta educativa y de cuidado para las infancias, así como en las prestaciones alimentarias.
Las erogaciones destinadas a la construcción de establecimientos educativos para nivel inicial son, según el escenario de inflación que se considere, entre un 14 y un 28% más bajas en términos reales respecto del presupuesto 2022. A su vez, “entre los programas del sector educativo que muestran signos de alerta para 2023 se encuentra el de ‘Infraestructura y Equipamiento’, con reducciones en términos reales de entre el 2% y el 18% según el escenario considerado” (La Nación, 19/10).
De acuerdo a Unicef, las asignaciones familiares podrían caer en términos interanuales entre un 6 y un 14%, las asignaciones contributivas entre un 9 y un 16%, y las Asignaciones Universales por Hijo y Embarazo sufrirían un desplome que podría alcanzar un 10%. Si se lo compara con la peor situación inflacionaria, el presupuesto destinado a la Tarjeta Alimentar caería un 30% interanual.
Estos embates contra los trabajadores y las infancias se sumarán a los que el gobierno nacional vino realizando este año. Massa recortó hace poco, en 30 mil millones de pesos, el presupuesto destinado al programa “Conectar Igualdad”, del cual dependen muchísimos jóvenes. Asimismo, ajustó sobre discapacidad, lo que atenta contra las trayectorias educativas especiales de los niños. No obstante, el Frente de Todos ya viene avanzando en la poda de montos destinados a programas sociales.
El carácter ajustador del Presupuesto 2023 tiene que ver con su orientación social. Se trata de una “ley de leyes” hecha a la medida de los intereses patronales y del FMI. Los recortes que tienen lugar en los presupuestos relacionados a las infancias se replican en los montos destinados a la educación universitaria, a la salud, a los programas sociales y al salario. Estamos ante un fuerte ajuste, en un cuadro de bancarrota económica.
La juventud y las infancias no tienen futuro con el peronismo en el poder. Tampoco con Juntos por el Cambio, porque sus políticos aplican ajustes allí donde gobiernan. Derrotemos este ataque contra las infancias y los trabajadores con la movilización popular.
Prensa Obrera
La clase obrera de Francia ganó las calles
Hubo marchas en 150 ciudades
En el marco de un paro general, alrededor de 300 mil personas -según los números brindados por las centrales sindicales- se movilizaron en Francia este martes 18 en apoyo a la extraordinaria huelga en las refinerías de petróleo y en demanda de aumentos salariales. La convocatoria partió de la CGT, Fuerza Obrera (FO), Solidares y la FSU. También se sumaron organizaciones juveniles (MNL, Unef, La Vie Lycéenne). La CFDT, central sindical, boicoteó la jornada.
Hubo 150 manifestaciones, la más importante en París, en la que participaron 70 mil personas, según los organizadores. Cientos de colegios fueron bloqueados por las organizaciones juveniles, acompañando el paro de maestros. El sector educativo rechaza una reforma que busca incrementar las prácticas de los alumnos en empresas, en desmedro de su horario formativo.
En la capital, la represión policial contra algunos contingentes de manifestantes dejó como saldo algunos heridos y detenidos.
Aunque en términos generales la adhesión al paro no habría sido abrumadora, se destacó en el transporte (sobre todo ferroviario), la energía y el sector educativo.
Los obreros de las refinerías continúan la huelga iniciada a fines de septiembre por un incremento de salarios. La decisión oficial de imponer servicios mínimos en las plantas de ExxonMobil (bajo penas de hasta seis meses de prisión en caso de incumplimiento) precipitó el llamado al paro general, como defensa del derecho a huelga. No es lo único que hizo el Ejecutivo: también apeló al uso de stocks estratégicos y el incremento de las importaciones de combustibles. Aun así, la primera ministra Elisabet Borne reconoció el martes que al menos un 25% de las estaciones de servicio tienen problemas de abastecimiento.
Gustavo Montenegro
jueves, 20 de octubre de 2022
Suba del piso de Ganancias: una estafa renovada
Sergio Massa anunció una suba por decreto del piso del Impuesto a las Ganancias, pasando de $280.000 brutos a 330.000. La suba del piso es tan sólo del 18 %, algo holgadamente superado por la inflación y los aumentos paritarios. Con paritarias que están pasando el 90 %, el nuevo piso en vez de disminuir la cantidad de trabajadores que pagan el impuesto, la termina subiendo. La suba del piso ha quedado muy por debajo de una actualización por RIPTE -índice salarial- y todavía más respecto de la inflación -que apunta arriba del 100 %.
El reclamo de la suba del piso de ingreso del Impuesto a las Ganancias recorre a todo un sector de la clase obrera, que ve cómo los aumentos paritarios que conquista son confiscados por la AFIP.
La novedad en este caso es que la suba del piso del 18 % no se corresponde con ningún índice, ni RIPTE ni INDEC, es un número caprichoso que no sale de ningún lado. Es decir que se ha desindexado el piso del Impuesto a las Ganancias, algo que, por ejemplo, no se había realizado en la última actualización, en donde se pasó de un piso de 225.000 a 280.000, siguiendo la variación del índice de salarios (RIPTE).
La resultante de esta modificación arbitraria es que la cantidad de trabajadores que pagarán ganancias seguirá subiendo, algo que cuestiona los propios fundamentos del piso -una invención de Massa y Guzmán-: "en los fundamentos de la medida se explicó que ese piso salarial sería actualizado en forma periódica de tal manera que sólo quedaran alcanzados por Ganancias 940.000 asalariados de altos ingresos, como supervisores, jefes, gerentes." (Clarín)
El decreto no modifica ni el "mínimo no imponible" ni las alícuotas que afectan a los salarios superiores al piso, por lo que quienes superan el piso pagan un verdadero tarifazo. Todo esto ocurre sin que la CGT ni la oposición macrista protesten contra este saqueo de los salarios. El kirchnerismo sindical tampoco abrió la boca. En definitiva, se trata de conjunto de defender un ajuste a la medida de lo que reclama el FMI.
La suba del piso además de ser tardía -es solo a partir de noviembre, por lo que rige solo para dos meses- no tiene carácter retroactivo, por lo que a los cientos de miles de trabajadores que ingresaron en el impuesto desde la actualización del piso de mayo no se les devolverá ni un peso.
En definitiva, la suba desindexada del piso es una nueva estafa a los trabajadores.
Pablo Busch
17/10/2022
Mariano Ferreyra, 12 años después
Mariano Ferreyra participaba de la lucha por el pase a la planta permanente de los tercerizados del exferrocarril Roca. El sindicato que supuestamente debía acompañar y encabezar su reclamo, la Unión Ferroviaria, era, por el contrario, quien llevaba adelante la mayor escalada de agresiones contra los propios tercerizados. Las amenazas contra los “zurdos de mierda” eran la moneda corriente con la cual los dirigentes y matones de la UF trataban a los trabajadores en lucha. El Ministerio de Trabajo, cómplice de esta hostilidad, ignoraba el reclamo por el pase a planta.
La investigación del crimen de Mariano puso de manifiesto las razones económicas de esta complicidad de la burocracia sindical y el Estado para con la tercerización. Los trabajadores en condición precaria eran contratados por cooperativas fraudulentas, algunas de las cuales pertenecían a los propios dirigentes de la Unión Ferroviaria. A través de estas “cooperativas”, que servían a los contratistas privados del ferrocarril, tenía lugar una fabulosa malversación de subsidios estatales en favor de los concesionarios y de la propia cúpula sindical. La tercerización laboral le permitía a éstos pagarle a los trabajadores la tercera parte de los fondos públicos que recibían, y desviar a sus arcas la diferencia entre el salario de convenio y el que efectivamente percibían los precarizados. Este régimen corrupto, extendido al conjunto del servicio, explicaba también el desquicio general del mantenimiento ferroviario: un año y tres meses después del crimen de Mariano, se produjo la masacre de la estación de Once, con 52 víctimas fatales.
El crimen de Mariano reveló otra asociación criminal: la de la burocracia que perpetró el crimen, por un lado, con el Estado y su aparato represivo, del otro. El juicio penal puso de manifiesto la “liberación” de la zona del crimen por parte de la policía Federal y el intento de ocultamiento de esa conducta -y de los propios responsables del crimen-, a través de la manipulación de los videos policiales que registraron los hechos. El entonces jefe de gabinete y actual ministro de Seguridad, Anibal Fernández, fue el encargado de reivindicar esa complicidad policial: “la policía hizo lo que tenía que hacer”, señaló horas después de la emboscada.
Por sobre todas las cosas, el asesinato de Mariano Ferreyra desató una impresionante movilización popular. Al día siguiente del crimen, 60.000 personas marcharon a Plaza de Mayo reclamando justicia. La movilización, que se extendió luego al interior de las organizaciones obreras, juveniles y barriales, golpeó con fuerza al corazón del gobierno. No podía ser de otra manera, ya que sacó a la luz la conspiración política, económica y criminal que unía al Estado y al gobierno con los concesionarios del ferrocarril y la burocracia de los sindicatos. Semanas antes del crimen de Mariano, Cristina Kirchner había participado de un acto con Pedraza y otros dirigentes de la UF, a los que elogió como representantes del “sindicalismo que construye”. Intentando borrar las huellas de esta complicidad, el gobierno kirchnerista quiso cooptar la lucha por Mariano. Pero la movilización por el juicio y castigo a sus asesinos se desarrolló sin la menor confianza en el gobierno y el Estado. Sobre esa base, se logró la condena a sus responsables materiales y a sus organizadores e instigadores, en la cabeza del propio Pedraza. La justicia, sin embargo, dejó impune al elenco de funcionarios y empresarios que ampararon o encubrieron el plan criminal.
El crimen de Mariano fue un punto de inflexión en nuestra reciente historia política y, naturalmente, en la de nuestra clase obrera. Desnudó, por un lado, el carácter parasitario de los intereses sociales y políticos que se agitaban detrás de la pretendida “reconstrucción de la burguesía nacional”, uno de los lemas fundamentales del kirchnerismo. El gobierno “nacional y popular” resultaba ser el ejecutor de una operación de desfalco de los fondos públicos en beneficio del capital. Su expresión mayor fue el pago “serial” de la deuda externa en favor de los fondos internacionales. La burocracia de los sindicatos, ya devenida en burocracia empresaria, mostraba como nunca antes su hostilidad visceral para con la clase obrera. Desde entonces a hoy, el kirchnerismo ha sobrevivido en el escenario político como una criatura subordinada de esa misma burocracia y del pejotismo. Con ellos, improvisó la coalición política que recogió los restos de otro desfalco nacional –el que consumó el macrismo-.
En otro plano, Mariano Ferreyra es la expresión de una juventud entregada a la causa de la clase obrera y el socialismo, en oposición a la exaltación cosmética o “identitaria” de una juventud asociada al carrerismo estatal o parlamentario. Doce años después, varios de los nombres y apellidos ligados al crimen de Mariano transitan los escritorios ministeriales y recintos parlamentarios. Lo hacen como responsables de la precarización laboral creciente, del 50 % de pobreza y del acuerdo a rajatablas con el Fondo Monetario Internacional. Son los espectros de una historia que los condenó, sin remedio, hace doce años atrás.
Marcelo Ramal
19/10/2022
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